Si bien el autor del intento de magnicidio perpetrado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel, como así también sus supuestos cómplices, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, se encuentran detenidos, el diputado nacional Hugo Yasky reclamó a través de un proyecto de declaración el esclarecimiento del hecho.

La presentación de Yasky es concreta: “Reclamar, al cumplirse un año de los hechos, el esclarecimiento de los sucesos, las causas y las motivaciones que condujeron al atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”. Eso dice la declaración del legislador.

El planteo se ciñe a la postura del kirchnerismo duro y la propia CFK, de entender que los “responsables políticos” no han sido determinados. Textualmente el proyecto de Yasky sostiene que a un año de los hechos, “la orientación de la investigación fue parcializada y limitada al abordaje descontextualizado de los sucesos. Aún hoy, la información contenida en el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, quien fuera el autor material directo del intento a domicilio, no fue analizada apropiadamente”.

Sostiene Yasky que Brenda Uliarte sigue detenida “sin que se haya indagado, hasta la fecha, la responsabilidad de quienes motivaron su comportamiento, y con ello, el de Sabag Montiel”.

El líder de la CTA considera “probado que Caputo Hermanos inició la contratación del miembro de Revolución Federal Jonathan Morel incluso antes de que la organización iniciara su actividad en mayo de 2022”, y advierte que la primera manifestación de Revolución Federal frente a la Casa de Gobierno se produjo un día después de facturados fondos por 2 millones y medio de pesos a Caputo Hermanos, “por trabajos que no se realizaron”. Según el legislador, “los últimos pagos, que continuaron de a millones, corresponden al día anterior del atentado contra Cristina Fernández”.

El proyecto de declaración incluye al diputado Gerardo Milman, de quien observa que “sugirió a través de un proyecto legislativo días antes del atentado que se estaba pergeñando un falso ataque para victimizar a Cristina Fernández, al mismo tiempo que cuestionaba públicamente que se custodiara de manera adecuada su seguridad”.

Yasky denuncia “ausencia de investigaciones precisas y profundas para esclarecer estos sucesos”, que a su juicio “refuerza las sospechas sobre el estrecho vínculo entre los autores directos, el grupo marginal que les otorgó respaldo organizativo, las organizaciones políticas que les dieron cobijo institucional y económico, y los exfuncionarios de gobierno especializados en inteligencia criminal y política, antes durante su gestión en el Poder Ejecutivo y ahora como miembros de este cuerpo”.

Pese a la postura de la querella, el fiscal Carlos Rívolo solicitó este lunes a la jueza federal María Eugenia Capuchetti enviar a juicio oral a los tres detenidos por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.

El funcionario judicial acusó como coautores del intento de magnicidio a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la cabeza de la expresidenta, y a su novia Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta el lugar. En tanto, Gabriel Carrizo, identificado como el jefe de la “banda de los copitos”, figura como partícipe secundario.

Según señaló el fiscal en su dictamen, de casi 200 carillas, con las pruebas reunidas se corroboró que “la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación”.

Puntualmente a Sabag Montiel, Rívolo le imputó “haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”.

Sabag Montiel, “aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente apuntó hacia el rostro de Cristina Fernández de Kirchner, a corta distancia, una pistola semiautomática de acción simple”, detalló.

En el escrito, el fiscal descartó lo planteado por CFK sobre el financiamiento que habrían recibido los acusados para el atentado, con lo cual se espera que la querella apele. “La actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”, afirmó Rívolo.

A pesar del pedido de enviar a juicio a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, el fiscal seguirá investigando en otras derivaciones de la causa, a raíz de las distintas hipótesis que existen. A propósito de esto, el pasado 16 de mayo, los abogados de la vicepresidenta habían pedido que todavía no se pase a juicio, ya que estaba “pendiente la producción de muchas medidas de prueba”. En ese sentido, consideraron que “elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta” y “daña el descubrimiento de la verdad”.

Una de las pistas que la defensa de CFK insiste en que se investigue es la que salpica al diputado del Pro Gerardo Milman, a quien se lo habría escuchado decir “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”, justo dos días antes del atentado en presencia de sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdzewicz, quien a principios de este mes se presentó de manera espontánea en tribunales y aseguró que su celular había sido reseteado en oficinas de Patricia Bullrich. Posteriormente, la jueza Capuchetti -a quien la expresidenta reclamó sin éxito apartar de la causa- rechazó secuestrar el celular de Milman, como había solicitado el fiscal.

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, José Ubeira y Marcos Aldazábal, reafirmaron este jueves ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación por el intento de magnicidio que sufrió el primero de septiembre del 2022.

En la exposición de los abogados ante el camarista Leopoldo Bruglia desarrollaron las nuevas razones por las que buscan recusar a la magistrada en la causa por el atentado que sufrió CFK y por la que están detenidos Fernando Sabag Montiel, quien gatilló frente a la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, la persona que lo acompañó esa noche.

Ubeira definió como “incompatible” que la jueza Capuchetti continue al frente de la investigación por tener un nexo con estamentos de formación de la Policía de la Ciudad, donde está registrada como “investigadora”. En la causa es la fuerza policial porteña la que debe ejecutar diferentes procedimientos de la investigación.

“Nos parece incompatible que perciba un salario como investigadora violando el reglamento interno de la Justicia Nacional, que sólo autoriza a los jueces a ejercer la docencia en universidades”, enfatizó Ubeira. A su vez, el abogado aclaró que es una cuestión “funcional”, pero consideró que hubo “una actitud omisiva” de la Policía porteña en torno al atentado que sufrió la vicepresidenta.

Capuchetti había delegado la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, tras rechazar la recusación afirmando que tal vínculo con la Policía de la Ciudad no afectaba a su imparcialidad ni comprometía sus decisiones en el marco de la investigación.

De todos modos, Ubeira insistió: “Nos parece incompatible que pueda investigar a la Policía de la Ciudad siendo parte de ese poder político”. Tras la audiencia de este jueves, la Cámara debe resolver si ratifica la continuidad de Capuchetti en el expediente o si dispone su apartamiento como los abogados de la vicepresidenta solicitaron.

Así también, Ubeira afirmó: “No tendremos justicia con esta mujer”. Tras sostener que la jueza Capuchetti no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.

Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon en esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esta causa: antes había ocurrido otra en la cual se discutió el alcance de una medida dispuesta en la investigación.

“Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, lanzó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada. “La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”, indicó.

El abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP “no es una universidad” sino un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que consideró que no es una actividad habilitada para jueces.

En tal sentido, Aldazabal señaló: “Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando. Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación es una violación inédita a la independencia de poderes”.

En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada “pista Milman”, que es aquella que indaga si el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) hizo referencias al atentado fallido antes de que ocurriera.

Esa pista se investigó a partir de que un asesor de un diputado oficialista relató haber oído una conversación de Milman con dos mujeres en la que se habría referido a un potencial ataque (posiblemente contra la vicepresidenta) antes de la noche del jueves primero de septiembre, día que ocurrió el intento de magnicidio.

Tras la aparición de esa pista fue que se produjo la ruptura de la relación entre la querella y la Capuchetti. A partir de ahí, rechazó un planteo de los abogados de la vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, habló del ataque.

Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos. Por su parte, los abogados pretenden que se analicen los teléfonos desde el primero de julio y no, solo del 30 de agosto, día en el que oyeron a Milman referirse al hecho.

De tal modo, Aldazabal planteó: “Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional”.

las asesoras de Milman habían declarado como testigos y negaron haberse reunido con el legislador el 30 de agosto en la confitería Casablanca, pero luego, una filmación de las cámaras de seguridad confirmo que si estuvieron reunidos.

“Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no, y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga”, cerró el abogado Ubeira.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) se refirió a la carta que escribió desde la cárcel Fernando Sabag Montiel, acusado del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que estaría dirigida al líder de la agrupación “Nueva Centro Derecha”. “Es evidente que hay vínculos políticos con ‘la banda de los copitos’ y la Justicia lo está avalando”, advirtió.

En declaraciones a AM750, el legislador kirchnerista analizó sobre el tema: “La carta donde Sabag le pide a Hernán Carrol (referente de Nueva Centro Derecha) por un abogado, es una intimidación que se interpreta como ‘o me pagas, o hablo’ y la Justicia no quiere darse cuenta de los vínculos políticos”.

Apuntando contra el Poder Judicial por “seguir la línea editorial de La Nación y Clarín” durante la investigación de la causa, el bonaerense fustigó que “desde esos medios, incluso Mauricio Macri, quisieron instalar que fue un autoatentado o que estos chicos son ‘locos sueltos’ que actuaron por iniciativa propia”.

Además, Tailhade pidió que la Justicia investigue en conjunto la causa que investiga presuntos vínculos entre Revolución Federal y la empresa de los hermanos Caputo, porque considera que ese hecho y el intento de magnicidio “tienen relación directa”. En esa línea, afirmó que van por diferentes caminos (una la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y la otra la jueza María Eugenia Capuchetti) porque “es una estrategia de Comodoro Py”.

Tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y las detenciones de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, el presidente Alberto Fernández confirmó: “Se conocieron las conversaciones telefónicas de los detenidos y decían que después de Cristina irían por mí”.

Entrevistado en TeleCinco, de España, el presidente de la Nación afirmó: “Tengo que estar atento por si me pasa algo a mí, pero no puedo separarme de la gente. Uliarte y Sabag Montiel son una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad”.

Además el jefe de Estado dijo que “cuando alguien está dispuesto a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo, es muy difícil predecirlo. Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible; no es un marciano ni una persona fuera de nuestra sociedad, vive entre nosotros. No es un loco, es una persona en sus plenas facultades”.

Al ser consultado sobre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto relató: “Está bien y entera. Fue un momento de conmoción para todos. La imagen es muy dura, todos los sistemas de seguridad fallan; esa persona sabía que con cualquier resultado iba a ser apresado”.

“En Argentina después de la dictadura no ha habido crímenes políticos”, sostuvo el presidente, quien concluyó en que “los detenidos tienen plena comprensión de la criminalidad de sus actos”.

A propósito del reseteo de fábrica que tuvo el celular de Fernando Sabag Montiel, por el cual se podría perder información clave para la causa del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) enfatizó que “es un escándalo y un bochorno, alguien tiene que salir explicar que sucedió”.

En diálogo por Radio Pilar, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja consideró que “la investigación no debe quedarse un segundo más en Comodoro Py, donde perdieron la principal prueba a las 24 horas del hecho, tardaron tres días para descubrir que la novia del detenido estaba en el lugar y cuatro días para tomarle declaración a los amigos”. “La investigación es un cachivache”, calificó.

“El teléfono es un aparato a prueba de tontos, no se cometen errores con ese celular, o son tontos o pasó a propósito la pérdida de información, y yo dudo totalmente de la negligencia. No hay más que observar una deliberada voluntad de buscar la impunidad de Fernando Sabag Montiel”, denunció Tailhade.

Además, el kirchnerista añadió: “Estamos ante uno de los hechos judiciales más importantes después de la AMIA, se está investigando el intento de asesinato de la vicepresidenta, no hay tontos ni desprevenidos, hay una mano deliberada. Es demencial el trayecto que hizo el celular desde el juzgado hasta PSA, donde advierten que el celular estaba reseteado, es para meterlos presos ya”.

Respecto a las declaraciones de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está al mando de la investigación, cuando manifestó que se trataba de “un lobo solitario”, el legislador oficialista le respondió: “Es una irresponsabilidad decir que fue un hecho aislado a pocos días del hecho, cuando siguen apareciendo pruebas”. “La jueza que dice que no hay banda organizada. ¡Es una irresponsable! Debería ponerse a laburar”, lanzó.

“A cinco días del hecho no se pueden sacar conclusiones cuando resulta que es parte de una organización ‘neonazi’, que montaron falsos mensajes en móviles de televisión y además, sin ser militante kirchnerista, sabía los horarios de CFK. Hay una logística clara, fíjate que estando detenido e incomunicado se le cerraron las redes sociales y al celular se le borraron datos. Acá hubo inteligencia, logística y financiamiento”, aseveró.