El Senado arrancó este miércoles con el debate de dos proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo, que ya cuentan con media sanción: la llamada “ley antimafias” y una iniciativa sobre regularización de armas y extensión del programa de entrega voluntaria. 

Miembros de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales -sin la presencia de senadores de Unión por la Patria- recibieron al director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien aseguró sobre la ley de abordaje integral del crimen organizado que “es un proyecto fundamental” porque “estamos hablando de crimen organizado frente a un Estado desorganizado”.  

La ley “es para crimen organizado, es por determinados delitos, es por una zona determinada, es un control equilibrado donde intervienen las fuerzas policiales; la decisión la toma el fiscal con inmediato control judicial, el que termina controlando todo es el juez, siempre; hay una intervención de las fiscalías con un control judicial como existe en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe”, explicó. 

En ese sentido, subrayó que “esta ley hace que trabajen conjuntamente las fuerzas federales, los jueces federales y los fiscales federales con las fuerzas provinciales y jueces y fiscales provinciales”. “Sin duda que la superposición de trabajo mejora el resultado”, consideró. 

El funcionario remarcó que la norma apunta a desarmar el poder económico que manejan las organizaciones criminales. “En el proyecto original pusimos la extinción de dominio”, recordó, aunque en la Cámara de Diputados por acuerdo con la oposición “se modificó y se puso el decomiso anticipado, lo que nos pareció muy acertado”, dijo. Sobre esto, afirmó que fue consultado con jueces y fiscales, quienes dieron el visto bueno. 

La senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro) planteó la duda respecto de la figura de decomiso anticipado, en relación a la constitucionalidad. “Respecto del decomiso le pedimos al juez que tenga certeza, no de un peligro, convicción, es decir, que dicte la sentencia anticipada”, respondió Soto. Mientras que el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) admitió que podría haber “un problema de nulidad, pero para eso están los jueces y por eso el decomiso tiene que ser hecho con rigurosidad y de manera excepcional, cuando las circunstancias lo aconsejen”. 

En una de sus intervenciones, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Carolina Losada (UCR), mencionó como en Santa Fe “las bandas narcos con los jefes en las cárceles no solamente organizaban ejércitos de sicarios, sino que vendían una especie de franquicias de territorios”. 

En otro tramo, el representante del Ministerio de Seguridad agregó que “la criminalidad cambia dinámicamente” y “nosotros tardamos para hacer una ley, pero ellos no”. Finalmente, defendió que este proyecto “es un cambio cultural, de concepto, de cómo se entiende la investigación y el delito”. 

Por otra parte, también comenzó a discutirse el proyecto sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. Para ello asistió el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, quien señaló que a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se le hicieron “siete modificaciones” en la Cámara de Diputados, que “le dieron mayor robustez y solidez” al texto, al tiempo de “un mayor consenso, muy buen acompañamiento (en la media sanción) y tenemos la expectativa de que esto ocurra en esta casa”. 

El funcionario afirmó que se busca “saber lo más cercano posible la cantidad de armas que hay en el país, quién las tiene y dónde”. Aclaró que con esta norma “no se están modificando los requisitos para ser legítimo usuario”, mientras que subrayó que el sistema de tenencia “en la práctica ha perdido eficacia”. 

En ese sentido, detalló que actualmente hay “una persona en condición regular y dos personas en condición irregular” sobre tenencia. “Las armas no se esfuman, alguien las tiene y el Estado necesita saber quién las tiene”, insistió y precisó que este año hay “vigentes casi 300 mil personas con su credencial de legítimo usuario”, de los cuales declararon 830 mil armas; sin embargo “hay 600 mil personas que dejaron vencer su credencial, y la inmensa mayoría había declarado armas” en un total de 986 mil. Además, hay más de 800 mil armas que “nunca tuvieron registración”.

Allan dijo que en años anteriores “el Estado gastó 226 millones de pesos y solamente el 2,8% regularizó su situación”. “Nosotros afrontamos otra forma, sí nos comunicamos con los vencidos; concientizando sobre las ventajas de estar a derecho”, manifestó y reveló que están “en plena reconstrucción de la base (de datos)”. Sobre esto, contó que a partir de un cruce de información con el Renaper, conocieron que “más de 120 mil personas están fallecidas”.

Sobre la prórroga del programa de entrega voluntaria, el titular de la ANMaC sostuvo que se busca extenderlo hasta 2027, por un plazo de cuatro años “para evitar los baches”. “Rosario es por lejos la ciudad donde la gente entregó más armas y la Justicia pide este programa, lo necesita”, dijo. 

Allan precisó que en 2017 se entregaron 11 mil armas; en 2018 casi 12 mil; en 2019 unas 7 mil; luego hubo un descenso y en el 2023 “volvió a subir a 4.200”. “Tenemos la expectativa de superar ese número” con la nueva prórroga, expresó e indicó que el año que viene está previsto un presupuesto de 57 millones de pesos para este programa, dado que la entrega se hace a cambio de un incentivo económico. 

También aclaró que “la delincuencia no blanquea en ninguna condición”. “Nosotros vamos a controlar el pedido: que (el arma) no tenga alta de secuestro, que no esté judicializada, que la numeración no esté adulterada, va a haber un exhaustivo examen previo a su regularización”. 

El otro ítem del temario tenía que ver con un proyecto sobre régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. Losada informó que desde el Poder Ejecutivo llegaron “algunas sugerencias” sobre el tema, que iban a ser remitidas a los senadores junto al borrador del dictamen “para que veamos si las tomamos o no” y en la próxima reunión poder debatir y dictaminar. 

Las comisiones de Legislación Penal, y Justicia de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un encuentro plenario para dar inicio al debate por el proyecto de ley que modifica al Código Procesal Penal (y Federal) con el fin de regular la realización del “juicio penal en ausencia” del imputado. Fue la primera reunión informativa sobre el tema.

En esta reunión fueron invitados a exponer el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el subsecretario de Política Criminal de cartera de Justicia, Alberto Nanzer; y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. Brevemente, los tres funcionarios explicaron aspectos generales del texto.

En primera instancia, el secretario Sebastián Amerio presentó los cuatro aspectos “más importantes” del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo: “El ámbito de aplicación, el supuesto de procedencia, la revisión posterior una vez que el imputado aparece y el principio de legalidad y su aplicación temporal en el tiempo”.

En consecuencia, el subsecretario Alberto Nanzer profundizó cada aspecto: “Argentina tiene una jurisprudencia donde deben removerse situaciones sobre crímenes internacionales”, refirió sobre el primer tópico, y mencionó “el derecho de las victimas a que el Estado emita una resolución”. También sostuvo que “hemos incluido el delito del terrorismo y el financiamiento del terrorismo”.

Con relación al segundo punto, se anticipó sobre la importancia de ir en un tratamiento “en espejo” sobre el Código Penal. Luego, explicó: “El juicio en ausencia es un supuesto de rebeldía agravada porque el imputado conoce el proceso, pero rechaza la legislación argentina”, y siguió: “El Estado hace esfuerzos razonables para emitir pedido de captura internacional y prevé el registro audiovisual del proceso”.

En tercer lugar, Nanzer amplió:  “Se prevén distintos supuestos al momento de ser aprehendido en el extranjero”, y detalló diferentes situaciones en caso de que el imputado sea aprendido: “Se le reconoce un derecho a ser oído, si la aparición es durante el proceso; si es luego de la sentencia, se le reconoce la posibilidad de aplicar recursos; si aparece con sentencia firme, podrá demostrar que no conocía la existencia del proceso y se le reconoce un nuevo juicio completo; y si sabía y rechazó la jurisdicción argentina, se le da el derecho a un proceso nuevo de revisión”.

En este aspecto, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia ratificó que la idea es “lograr una reglamentación al derecho a la defensa sin obstruir la posibilidad de llevar a cabo los juzgamientos”.

Por último, expresó que este proyecto busca ser “consistente con la ley de cooperación internacional” porque “exige la acreditación de que el condenado tenga un proceso con derecho a ser oído”, cerró.
La última intervención fue la del director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, quien nombró todos los proyectos presentados en la Cámara de Diputados y señaló que se trata de “juzgar algo que la comunidad internacional reclama”.

“Estamos hablando de genocidio, delitos de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada de personas que con la legislación actual si (el imputado) no es encontrado, prescribe”, refirió. En tal sentido, añadió: “Deben incorporarse herramientas jurídicas para los responsables de delitos graves”.

En el final, defendió el proyecto y reiteró: “No hay ninguna norma constitucional que prohíba el juicio en ausencia”, propició por a que el “derecho a la revisión es asegurar el derecho a la defensa, que está resguardado en casos de delitos graves”, y concluyó: “Es fundamental y es una deuda del Estado argentino para condenar delitos repugnantes y terribles”.

Este miércoles a partir de las 15.30, el Salón Arturo Illia será escenario de un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, para continuar el debate sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

Será la continuidad de la reunión que se realizó el pasado 10 de septiembre, oportunidad en la cual asistieron el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier. En esa ocasión, la titular de la Comisión de Seguridad Interior, la radical Carolina Losada, informó que en esta oportunidad se reunirían con el objetivo de poder dictaminar.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, y se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Durante ese debate, Fernando Soto hizo hincapié en su intervención en el artículo 2 que establece bajo qué ministerio u organismo estará el registro y precisó que “es una herramienta de investigación criminal, que se toman los datos de todas las personas imputadas, de todas las personas condenadas y se toman las muestras y evidencias que se encuentran en la escena del hecho. Las evidencias en la escena del hecho son de ADN, pero hoy en día ya no hace falta que se tengan fluidos en sangre, sino que basta el ADN de contacto en este lugar simplemente por la declamación microscópica de las células que entran en contacto con un objeto. Eso en un sistema que es la determinación del ADN hace que se obtenga un perfil genético que se traduce en un código de barras y se compara ese código de barras con el código de barras del imputado o del condenado”.

Así las cosas, el funcionario enfatizó que “el registro es una herramienta de investigación y estaba en la ley del 2013 que se había sancionado en este Congreso por unanimidad, porque en esa época recién se separaba justicia de seguridad, y establecieron que va a la dirección de registro del Ministerio de Justicia como un registro más”. Por eso señaló que “en ninguna parte del mundo los registros de información genética funcionan en el Ministerio de Justicia”, por lo que abogó por restituir lo que establecía originalmente el texto mandado por el Ejecutivo, de modo tal que el registro quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, por cuanto “tiene el enlace y el trabajo con la fuerza y seguridad. Es una función natural del Ministerio de Seguridad poder llevar esta ley a cabo”.

Puntos principales del proyecto

Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.

Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.

Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.

En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.

Con la ausencia del bloque de Unión por la Patria, un plenario de comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta comenzó a debatir este martes el proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, contó con la participación del director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier. La titular de la Comisión de Seguridad Interior, la radical Carolina Losada, informó que la próxima semana se reunirán con el objetivo de poder dictaminar.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

El primer expositor fue Soto quien contó que desde 1891 “no hay un cambio tan revolucionario en la identificación genética y criminal, que es a través de la identificación genética las huellas dactilares, algo que se desarrolló en Argentina con Vucetich y revolucionó la manera de establecer quién era el autor de un delito”.

“Tenemos la oportunidad histórica de extenderlo a un método que se utiliza en todo el mundo como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa en España, Francia, en Australia, en Gran Bretaña, en Canadá, en México, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en fin, en casi todo el mundo para establecer la identificación del autor de un delito”, consideró Soto.

Así, el funcionario resaltó que “se puede ampliar a través de la identificación de todos los imputados y todos los condenados por todos los delitos, pero esto no es solamente para la identificación criminal de alguien que va a ser juzgado, sino también como una herramienta fundamental para desvincular a alguien que tiene que demostrar su inocencia y, si no hay una herramienta como esto, es muy difícil probarlo”.

“Este sistema permite también poder utilizar la identificación genética para buscar personas extraviadas o desaparecidas. Sin perjuicio a la base de datos que está para el periodo de marzo 1976 y diciembre 1983 para los desaparecidos de la dictadura militar que eso sigue incólume y no se toca. Para los demás casos en que hay personas que se están buscando y hoy en día no hay ningún método para poder identificarlas, este sistema va a poder permitir en forma voluntaria -no por orden judicial- que los familiares aporten al registro su identificación genética y que se compare, con su consentimiento, con los restos de cuerpos que se encuentren o personas inconscientes que no puedan ser identificadas y establecer la identificación”, explayó.

El funcionario hizo hincapié en el artículo 2 que establece bajo qué ministerio u organismo estará el registro y precisó que “es una herramienta de investigación criminal, que se toman los datos de todas las personas imputadas, de todas las personas condenadas y se toman las muestras y evidencias que se encuentran en la escena del hecho. Las evidencias en la escena del hecho son de ADN, pero hoy en día ya no hace falta que se tengan fluidos en sangre, sino que basta el ADN de contacto en este lugar simplemente por la declamación microscópica de las células que entran en contacto con un objeto. Eso en un sistema que es la determinación del ADN hace que se obtenga un perfil genético que se traduce en un código de barras y se compara ese código de barras con el código de barras del imputado o del condenado”.

“El registro es una herramienta de investigación y estaba en la Ley del 2013 que se había sancionado en este Congreso por unanimidad, porque en esa época recién se separaba justicia de seguridad, y establecieron que va a la dirección de registro del Ministerio de Justicia como un registro más”, contextualizó, pero señaló que “en ninguna parte del mundo los registros de información genética funcionan en el Ministerio de Justicia”.

Soto comentó que han hablado con el ministro de Justicia para iniciar la gestión del traspaso, pero en Diputados se consideró que debería permanecer bajo esa órbita. “Para nosotros solamente se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”, opinó.

Así, solicitó que revisen el artículo 2 y que restituyan que quede el registro bajo el Ministerio de Seguridad porque “tiene el enlace y el trabajo con la fuerza y seguridad. Es una función natural del Ministerio de Seguridad poder llevar esta ley a cabo”.

“Esta es una oportunidad histórica para modificar un sistema que va a revolucionar la identificación criminal en Argentina, estamos en deuda en realidad porque Argentina siempre fue pionero desde Vucetich hasta en la época es que se investigaron los crímenes de la dictadura militar el equipo forense hizo la identificación genética criminal. Este mismo Congreso hace más de 10 años sancionó la ley y quedó en aguas de borraja”, argumentó Soto.

Y ratificó: “Es el momento para dar un cambio un giro revolucionario identificación criminal, poner en funcionamiento algo que ya existe. Es una herramienta puede ser que tenga razones para justificar indiscutible con la certeza del 99,99%. Por eso funciona tan efectivamente esta herramienta que nosotros le solicitamos que la aprueben y que, además, permitan que el Ministerio de Seguridad pueda desarrollar todas las herramientas para hacer una implementación que ya lo estamos haciendo con todas las provincias. Ya tenemos 10 provincias que nos piden la implementación y ya quieren una adhesión y poder implementar además y capacitar a todas las fuerzas de seguridad para levantar el ADN”.

“La Corte ya ha dicho de hace mucho tiempo que la extracción de una gota de sangre no afecta la integridad psicofísica de la persona, pero ni siquiera hace falta eso. Entonces con todo este método que, además es cada vez más rápido y más económico, el ADN cada vez más rápido y más económico, se puede hacer que no haya impunidad. Esto implica un ahorro enorme en investigación jurisdiccionales de juicios enormes sin poder definir una sentencia y los tratamientos psicológicos y médicos para las víctimas”, cerró.

A su turno, Gianni Venier compartió su experiencia y brindó detalles sobre el funcionamiento de este registro implementado en Mendoza desde 2016. También, destacó la reducción de costos, "desde el punto de vista sistémico" que permite su implementación, "la asepsia del sistema", la cantidad de hechos resueltos y que, su uso en la provincia, "ha sido una excelente decisión", finalizó.

Previamente la Comisión de Seguridad Interior mantuvo un encuentro para pasar a la firma siete proyectos de declaración sobre la conmemoración del aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional. También, los senadores acompañaron cinco proyectos de comunicación referidos a la solicitud de informes sobre aspectos vinculados al narcotráfico y el pedido de mayor presencia de Prefectura en aguas limítrofes con Paraguay, entre otros.