El presidente de la Cámara baja bonaerense, el diputado Alejandro Dichiara, designó a través de una resolución las representantes para conformar la comisión Bicameral de Seguimiento e Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios, prevista en la Ley de Financiamiento 2026, sancionada a comienzos del mes de diciembre, pero recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, la ley N 15.561.

Según lo establecido en la normativa, la comisión estará integrada por siete diputados y cinco senadores, con representación de las minorías parlamentarias.

Bajo este esquema, la Cámara baja bonaerense avanzó en primera instancia y oficializó la nómina de legisladores que representarán a ese cuerpo a través de una resolución interna.

Los diputados oficialistas Ruben Eslaiman y Juan Pablo De Jesús, presidente y vice de Presupuesto también integraran la comisión Bicameral de Seguimiento.

Por el oficialismo fueron designados los diputados Rubén Eslaiman y Carlos Puglelli, ambos del Frente Renovador, junto a la camporista Mayra Mendoza, el representante del Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús, presidente de la comisión de Presupuesto y referente del grupo Esmeralda y Mariano Cascallares, por el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que fundó Axel Kicillof para su expansión federal.

De esta forma, la conformación de la comitiva busca sostener el equilibrio interno de la bancada de Fuerza Patria y garantizar la participación de los distintos sectores que la integran.

En representación de los bloques opositores, se designó a Diego Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal, y a Alejandro Rabinovich, presidente de la bancada del PRO, para integrar el esquema de control que establece la ley.

El diputado radical Diego Garciarena será el representantes de los intendentes radicales en el organismo de control.

En lo que respecta al Senado bonaerense, aún no se oficializaron los demás nombres que completarán la integración de la comisión. En tanto, la definición quedará en manos de la presidenta del Cuerpo, Verónica Magario, que deberá designar a los cinco miembros que representarán a la Cámara alta, también a través de una resolución.

La Comisión Bicameral fue incorporada durante las negociaciones parlamentarias que precedieron a la sanción de la norma que habilitó al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por hasta 3.685 millones de dólares y asistir financieramente a los 135 municipios bonaerenses.

La comisión, integrada por representantes de ambas Cámaras legislativas, tendrá la facultad de solicitar información trimestral sobre la ejecución presupuestaria y los indicadores económicos, tanto de la Provincia como de los municipios.

Además, el cuerpo deberá recibir los proyectos formulados por las comunas y acceder a información detallada sobre el estado de la deuda pública provincial.

Por último, el seguimiento se concentrará especialmente en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que tendrá un piso mínimo de 250 mil millones de pesos y se distribuirá en un 70%, de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y un 30% destinado a programas provinciales.

El gobernador busca que los jefes comunales comprometan a sus legisladores a votar una ley que autorice endeudamiento por hasta unos US$ 3685 millones o su equivalente en otras monedas. La totalidad de estas autorizaciones para edeudarse, pueden dividirse entre las que corresponden al PE, la Tesorería General para emitir Letras y las destinadas a las empresas de Servicios Públicos para que ellas tomen deuda.

Por una lado, El proyecto de ley de financiamiento para 2026 que envió Axel Kicillof a la Legislatura incluye un pedido para tomar deuda de 1990 millones de dólares, monto que servía de referencia para constituir un un fondo de fortalecimiento de inversión municipal, que se creará una vez aprobados esos recursos.

La idea es resistida por algunos, sino todos, los intendentes; comprometer fondos, pero justamente atados al financiamiento o toma de deuda, realmente obtenido por el gobierno central, resulta ser algo por decirlo de alguna manera “gaseoso”, impreciso, más allá de que sea poco o mucho el porcentaje, otro punto de la discusión.

De esta manera, Kicillof espera comprometer el apoyo de los intendentes para colocar deuda por US$1990 millones, que se suman a otros US$1045 millones que ya había pedido en mayo último, y que incluye en el nuevo proyecto de ley.

De hecho, el artículo 1° faculta al Ejecutivo, a endeudarse hasta por esta última cifra, monto equivalente a los servicios de amortización de deuda pública del ejercicio 2025.

Mientras que el artículo 2° amplía la autorización de endeudamiento al sector público provincial hasta un monto equivalente a US$1.990 millones, con el objetivo de cancelar o renegociar deudas financieras o judiciales, mejorar el perfil de vencimientos, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos de inversión o programas sociales en curso o nuevos.

El artículo 3° crea, con cargo al endeudamiento previsto en el artículo 2, el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para el año que viene, donde se establece que el 8 % de esa operatoria del Poder Ejecutivo se afectará, en la medida de su obtención y de manera automática conforme se produzca el ingreso de los fondos derivados de las operaciones de financiamiento que realice la Administración Central.

Los municipios que adhieran podrán utilizar esos recursos "exclusivamente para inversión", no para gastos corrientes, dice el proyecto original y que ahora sopesan los legisladores, acción que alguna modificación aportará.

Es decir que el 8% de la deuda autorizada a tomar de hasta US$ 1.990 millones, efectivamente tomada, será destinado automáticamente al fondo, cuya distribución se realizará según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la Ley 10.559. Esta totalidad se puede calcular en US$ 159,2 para los municipios y por lo tanto para el Ejecutivo quedaría 1830,8 millones de dólares.

De este modo, el gobernador espera que los alcaldes -de todos los bloques políticos- instruyan a sus legisladores para levantar la mano y votar la Ley de Financiamiento, que fue separada del Presupuesto y la Ley Impositiva para facilitar su tratamiento.

Pero hay un punto que hace ruido: es que si la provincia se endeuda por menos, las comunas recibirán menos. Muchos intendentes quieren que los montos no estén atados a la toma de deuda y sean fijos.

La demanda de estos fondos para el Gobierno de Kicillof tiene como principal objetivo el pago de US$ 2.545 millones en conceptos de servicio de deuda que incluyen los 830 millones de dólares correspondientes a los bonos que deben pagarse en marzo y septiembre del próximo año.

En el artículo 4°, el proyecto de ley autoriza a la Tesorería General a emitir Letras del Tesoro por hasta el equivalente a 250 millones de dólares; la única autorización de toma de deuda de corto plazo que solicita el Ejecutivo. El repago se hará con Rentas Generales o recursos provinciales afectados como garantía.

Mientras que el artículo 5° permite a Buenos Aires Energía S.A. endeudarse hasta 150 millones de dólares para financiar proyectos energéticos.

En tanto, el artículo 6° autoriza a Autopistas de Buenos Aires S.A. a endeudarse hasta 250 millones dólares para obras de infraestructura, bajo condiciones similares: recursos propios, fideicomisos y posibilidad de garantías compartidas con el Ejecutivo Nacional.

Cabe recordar que el Gobierno provincial contempla en el Presupuesto General que presentó para el ejercicio 2026 gastos por 43 billones de pesos y estima un superávit económico de 0,5 puntos, pretende fortalecer la inversión en obra pública, y según subrayó, no incrementa la carga tributaria sobre los sectores productivos.