El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires solicitó votar a favor de la media sanción proveniente de la Cámara baja.
En el marco de una reunión del Consejo Superior, la UBA le pidió a los senadores la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada semanas atrás en Diputados.
En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó: “El poder adquisitivo del salario en el transcurso del presente año ha registrado una pérdida real de su poder adquisitivo en torno al 40%” y además, señaló que “la evolución de los salarios en las universidades nacionales es incluso menor a la del resto de los trabajadores del sector público, cuyos salarios también han perdido significativamente en relación con la inflación registrada”.
“No se ha aprobado en el ámbito del Congreso Nacional una ley de presupuesto para el año 2024, motivo por el cual resulta menester un marco normativo que garantice la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales durante el presente ejercicio”, señalan desde la universidad.
Y destaca “Que la aprobación de este proyecto de ley generaría un impacto positivo en las Universidades Nacionales, permitiendo que cuenten con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión”.
Por lo tanto, se dispuso “solicitar a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación que apruebe el proyecto elevado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación referido al Régimen de Financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Se acordó que sea luego de su tratamiento en comisión. A propósito, se reclamó la puesta en funcionamiento del resto de las comisiones que faltan constituir.
En el inicio de la sesión de este jueves, el Senado se aprobó una moción de preferencia presentada por el senador radical catamarqueño Flavio Fama, para tratar en una próxima sesión la media sanción proveniente de Diputados sobre el financiamiento universitario.
Fue a mano alzada y con los dos tercios la aprobación, y al presentar la moción, Fama remarcó que “es un tema que urge al sistema universitario argentino”. Este proyecto, dijo, “viene a poner un hilo de calma a lo que son los gastos de funcionamiento y los salarios universitarios”, aclarando que “no incrementa los presupuestos históricos del sistema universitario”. Agregó Fama que el tema “no incrementa los presupuestos históricos del sistema universitario argentino, solo asegura la continuidad de los gastos de funcionamiento y los programas especiales (ciencia y técnica, extensión y desarrollo universitario)”.
Informó además el catamarqueño que los salarios del presupuesto están hoy 20% por debajo de la pauta que ha fijado el Gobierno nacional para toda la administración pública.
Por otra parte, el senador Fama pidió instruir al secretario Parlamentario para la implementación de todas las comisiones del Cuerpo. A propósito de las consecuencias que provoca esta situación, citó temas que hay pendientes de tratamiento y que cuentan con media sanción de Diputados, como el de los créditos UVA, como así también el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y advirtió que si el problema era la decisión de UP de no constituirlas, avanzar igual con su constitución, pues el Cuerpo tomó en su momento la decisión de funcionar.
Tomó la palabra el jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans, para dar el acuerdo de su bancada a avanzar con el debate de la cuestión universitaria. “Me alegra mucho escucharlo a Fama, que le haya entrado al tema que nosotros no desfinanciamos la educación”, señaló, aclarando que estaban también dispuestos a tratarlo sin despacho de comisión, sobre tablas. “Lo tenemos incorporado al tema, me alegra que lo haya entendido”, enfatizó.
Pero a continuación salió al cruce de los dichos de su par radical sobre las comisiones, atribuyéndole a ese sector y el oficialismo ser “los que violentaron el tema, robándonos un senador por comisión, violando la representación parlamentaria nuestra, nunca pasó... Ya que dan lecciones de urbanidad, como dice Serrat”. Mayans remarcó que esa situación estaba generando irregularidades en la constitución de las comisiones, por cuanto el oficialismo ahora no podía completarlas por cuanto estaban “violando el reglamento”. “Ahora se dan cuenta que la Cámara tiene 46 comisiones y bicamerales… Ustedes hicieron ese número, ese rejuntado que hicieron. Dicen que igual van a sesionar, hagan lo que quieran. ¿Cuánto tiempo les va a durar esto? Si quieren conformar las comisiones completas, háganlo… No lo pueden hacer”.
Igual, a continuación aclaró que estaban trabajando con el secretario Parlamentario, viendo cómo arreglar el problema, pero insistió en que había senadores que presiden dos comisiones, y otros senadores que “están recontrapasados de comisiones”.
“Vamos a integrar las comisiones, estamos hablando con secretario Parlamentario”, cerró Mayans.
“Una pena que tengamos que volver a ese tema”, señaló a continuación el senador salteño Juan Carlos Romero, que coincidió en que “probablemente hay algún senador que está excedido de las cinco (comisiones) que le corresponden”, pero aclaró que el reglamento dice que eso debe ser así “en lo posible”. “No es taxativo sobre la proporcionalidad”, sostuvo Romero, aclarando que en su momento UP, o el Frente de Todos, solía hacer lo mismo con provincias aliadas.
Rechazó también el término de “robar” lugares en las comisiones. “Robar no me gusta, porque robar roban los ladrones; ya toleramos lo de ‘ratas’, diría Cristina que es too much, y ‘ratas-ladrones’ ya sería mucho”. Cerró pidiendo que el tratamiento de financiamiento universitario debe hacerse después que pase por una comisión, “porque es un tema serio”. Y agregó: “Que sepamos conscientemente cuál es la realidad de los números. Tratemos de salir con despacho, si no hay, igual, pero por lo menos tengamos un par de debates en la comisión”.
Así se aprobó.
El portavoz presidencial sostuvo que el proyecto “aún tiene media sanción”, pero llegado al caso “se analizará”. Por otro lado, aseguró que, si el Congreso se aboca a tratar las iniciativas para quitarle la pensión y custodia a Alberto Fernández, “tomaremos posición”.
El Gobierno afirmó este viernes que “no está en agenda vetar” la ley de financiamiento universitario en caso de que sea aprobada en el Senado, pero siempre y cuando no “afecte el equilibrio fiscal”.
Así lo planteó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada tras ser consultado si el presidente vetará la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales que obtuvo media sanción de Diputados con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
“Del Poder Legislativo somos respetuosos. En el caso del tema del presupuesto universitario le falta su promulgación definitiva. Lo cierto es que nosotros siempre lo hemos destacado acá que hemos incrementado los gastos de funcionamiento, siempre estuvimos abiertos al diálogo y jamás estuvo en riesgo la educación pública, menos aún las universidades”, explicó Adorni.
“No hay mucho para decir hasta que efectivamente, en tal caso, ese proyecto tenga sanción definitiva. El presidente lo dijo que todo lo que tenga intención de destruir el equilibrio de las cuentas públicas, se van a usar todas las herramientas para evitarlo”, advirtió.
Sin embargo, el vocero afirmó: “El veto no está en agenda. Hoy no está en agenda vetar si eso tiene una sanción definitiva. Tenemos que ser respetuosos hasta que eso así sea. No sabemos cuál es la sanción definitiva de la ley y cuando eso suceda se analizará. Como premisa el presidente tiene en claro que todo lo que vaya con destruir el equilibrio en las cuentas será analizado su veto, todo lo que se considere que no, se respetará la decisión del Legislativo”.
Por otro lado, fue consultado sobre la postura del Ejecutivo ante el reclamo de varios sectores de quitarle la pensión y custodia al expresidente Alberto Fernández en el marco de las denuncias por violencia de género y qué decisión tomarán si el Congreso de la Nación les da tratamiento a los proyectos presentados por el Pro y la CC que van en ese sentido.
“Con el tema de la custodia de Fernández ratificamos lo que dijo la Dra. Patricia Bullrich vamos a mantener todo tal cual lo marca la ley y, en tal caso, como lo marca la justicia. No tenemos mucho para opinar, lo demás será un debate legislativo en donde llegado al caso tomaremos posición”, aclaró.
Sobre lo ocurrido en la sesión maratónica de este jueves en Diputados donde, previo a tratar el repudio del fraude electoral en Venezuela, el bloque de UP se levantó y se retiró dejando la sesión sin quórum –por lo que terminó cayéndose- Adorni opinó: “Cada uno es dentro de otro poder libre de hacer lo que le parezca mejor, entendemos que para el kirchnerismo tal vez es difícil pronunciarse en contra de un dictador, pero bueno son posturas, cada uno hace lo que le parece mejor”.
Es para el martes próximo y la convocatoria surgió como respuesta al comunicado difundido por el Gobierno este viernes, en el que afirman haber garantizado el financiamiento de las universidades públicas. Para los radicales, esto no es así.
El bloque de diputados nacionales de la UCR realizó este viernes un pedido de sesión especial para el próximo martes 21 a las 14, con el objetivo de tratar varias iniciativas por las cuales se buscar garantizar la actualización de las partidas presupuestarias de todas las universidades del país.
La sorpresiva convocatoria efectuada por la bancada radical vino inmediatamente después de un comunicado del Ministerio de Capital Humano en el que afirman que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado”.
En el mencionado comunicado difundido este viernes, se indica que como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, “el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país”.
Allí indican que “se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a $5.926.971.777 se incrementa a $14.224.732.213”.
— Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) May 17, 2024
Para los radicales, esto no soluciona el problema, pues el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias. En ese contexto, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
“El Gobierno no puede promover una nueva grieta en el país. No puede haber discriminación, docentes y alumnos de todo el país deben ser tratados de la misma manera, con el mismo criterio de exigencias y controles”, dijeron los radicales a través de un comunicado.
Así las cosas, el bloque envió este viernes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pidiendo una sesión especial el próximo martes 21 de mayo a las 14 para tratar los proyectos sobre financiamiento de universidades y declaración de la emergencia presupuestaria en educación.
El pedido fue firmado por los 34 integrantes del bloque radical en la Cámara baja. Asimismo, el temario propone proyectos impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de Innovación Federal. De este modo, el quórum estaría garantizado y la sesión no se caería como ocurrió el pasado 24 de abril cuando gran parte del bloque de la UCR no acompañó a la oposición.
Pedido de sesion especial Educacion.docxTras la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril, y la posterior sesión trunca, donde la mayor parte de la UCR no acompañó, se estableció una agenda de trabajo en la Comisión de Educación para avanzar con los proyectos presentados por UP, el FIT y el radicalismo.
En el temario están incluidos la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá; una actualización presupuestaria de Mónica Litza; y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.
También, figuran un texto sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro; las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo y Julia Strada; la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria; y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.
La reunión pedida por diputados de la UCR se llevó adelante para analizar una serie de proyectos relacionados con la emergencia del financiamiento de universidades.
La norma que establece las bases para garantizar la inversión educativa ya cuenta con dictamen de mayoría de la Comisión de Educación, por lo que ya está en condiciones de ser tratada en el recinto.
Desde Juntos por el Cambio hubo planteos respecto de los recursos de las provincias. El oficialismo se mostró abierto a consensuar la redacción hasta la llegada al recinto. Se propone un incremento del 8% del PBI a 2030.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este miércoles al proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo, enviado por el Poder Ejecutivo. El despacho cosechó 37 firmas, de las cuales 12 -de Juntos por el Cambio- fueron con disidencias.
El tema había sido cerrado este martes en la Comisión de Educación, cabecera de la iniciativa, por donde pasaron expositores de todos los sectores durante cuatro reuniones.
El Frente de Todos tenía la intención de debatir este miércoles el tema en el recinto, pero la sesión nunca se convocó y finalmente quedará para después del balotaje.
En el cierre del encuentro, desde el oficialismo ponderaron que haya más días para “pulir” el texto, a raíz de los reclamos que hubo por parte de la oposición sobre los recursos que deberán invertir las provincias.
La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (FdT), valoró el “intensísimo trabajo” realizado para poder llegar a la firma del dictamen. En su intervención, recordó que la primera Ley de Financiamiento Educativo fue impulsada por Néstor Kirchner en 2005, bajo la idea de “la educación como derecho y compromiso en su sostenimiento del Estado, que necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias”.
La entrerriana señaló que “reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante”, la iniciativa plantea pasar del 6% del PBI a 8% en la inversión para el área, con “la condición de que haya convenios bilaterales”. “Es un proyecto que va a impactar en el Presupuesto 2024”, dijo.
Sobre la expansión del financiamiento educativo, mencionó que hubo “una modificación en cuanto a la curva” de modo que “el impacto que se tenga sobre la educación obligatoria sea mayor que el que originalmente estaba previsto”. Y detalló que para la educación obligatoria está previsto alcanzar el 6,5% para 2030, mientras que para las universidades se proyecta alcanzar el 1,5% para 2032.
Por otra parte, resaltó “la incorporación de un artículo que atiende a los fines, objetivos y metas para que las provincias aporten a los municipios los gastos ligados a la finalidad y función en los niveles de educación para adultos, educación popular, educación no formal”; y también que se puso “un énfasis especial en el capítulo formación docente”.
“Hay una preocupación respecto al tenor de los convenios, nosotros entendemos que es necesario poner hoy más recursos en educación” algo que va en contra de “los dichos nefastos, infaustos de que la educación en Argentina debe financiarse con bonos”, lanzó en referencia a la propuesta del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el sistema de vouchers. “Este proyecto de ley recupera lo mejor de la tradición argentina en materia del compromiso del Estado con la educación”, agregó.
A su turno, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) anticipó el acompañamiento con disidencias, al tiempo que valoró el “gran trabajo de la Comisión de Educación” para acercar posiciones.
Sobre las diferencias, se refirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal y pidió que se mantenga el artículo que había traído el proyecto original. “Le estamos pidiendo a las provincias un incremento en sus erogaciones”, señaló y afirmó que se debe establecer que “el incremento no será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”. “Si le pedimos a las provincias que inviertan más para cumplir con esta ley, no las podemos juzgar después por incumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó.
Luego habló sobre la asignación específica de recursos coparticipables que se prevé, algo que es “válido, legítimo y constitucional hacerlo; nosotros compartimos que eso se haga”. Pero apuntó que “se establece la posibilidad de que las provincias tengan que disponer de recursos propios” y “eso ya es parte de la esfera de autonomía de los gobiernos provinciales”. “La decisión de invertir fondos tiene que ser de las provincias, no puede ser una imposición del Congreso”, añadió.
En esa línea, el puntano expresó: “Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participe la Nación y las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a hacerlo si no es por convenio”. Por eso, sugirió que se estipule que “en el caso que el incremento en el gasto consolidado que deben realizar las provincias y la Ciudad exceda a la asignación específica de los recursos coparticipables, podrán comprometerse recursos provinciales en tanto se instrumenten convenios entre Nación y provincias”.
Osuna volvió a tomar la palabra y aseguró que “acá lo que tiene que prevalecer es el interés supremo de resguardar el derecho de los chicos a la educación”. “Muchas veces vemos en gobiernos provinciales que las prioridades pueden no coincidir”, remarcó y defendió que “estamos contribuyendo a que efectivamente la prioridad de educación emerja”. “Hagamos el esfuerzo de asumir nosotros como legisladores esta responsabilidad”, pidió.
Otra de las voces desde la oposición fue la de Maximiliano Ferraro (CC-ARI), quien recordó que “no es un debate nuevo”. “Lo que no podemos hacer nosotros es poner un interés por encima de otro”, insistió, aunque aclaró que “por supuesto nosotros perseguimos el objetivo de la expansión del presupuesto”. Por eso, reclamó ver “de qué manera reforzamos los convenios” o que “haya leyes de adhesión o convenios ratificados por las Legislaturas”.
“Es un conflicto que tuvimos en 2005 y lo estamos teniendo ahora”, manifestó y completó que “tenemos que poder hacer el esfuerzo de encontrar una fórmula que compatibilice los dos intereses que perseguimos: la expansión con metas del presupuesto educativo y que eso no entre en colisión con el federalismo y los recursos de las provincias”.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) enfatizó que “la Nación no puede obligar a las provincias a gastar determinadas cuestiones en sus presupuestos” porque “es inconstitucional, no respeta la autonomía provincial”. “En el caso que las provincias no acepten, no firmarían los convenios. Si las obligamos a algo que ellas no están en condiciones económicas de hacer, no van a firmar los convenios, por lo cual la ley no va a ser aplicable”, advirtió.
En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), se mostró dispuesto a “acercar todas las posiciones posibles hasta que este tema llegue al recinto”. “Se nos abre una ventana de tiempo que nos permite ordenar todo aquello que es ordenable”, señaló y ratificó “la decisión de evaluar cada uno de los aspectos y ver si podemos llegar a una solución definitiva”.
No obstante, recordó que esta misma discusión se dio en el pasado y después “no hubo ninguna demanda de inconstitucionalidad por el artículo que figuraba en la ley original”.
El santafesino reivindicó que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, se dio un “diálogo permanente con cada una de las jurisdicciones” para poder llevar adelante políticas con “cofinanciamiento o financiamiento pleno por parte de la Nación”. “Lejos está el espíritu de condicionar, complicar, trabar la gestión económica-financiera de las provincias, al contrario, cada política que hemos llevado adelante hemos tratado de que se haga en acuerdo y con un fuerte compromiso de la Nación”, reiteró y concluyó diciendo que el consenso en torno al proyecto “es una gran noticia y una muestra de que cuando hablamos de unidad nacional es absolutamente posible”.
Finalmente, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), sostuvo que “tenemos dos visiones que no difieren en el fondo de la cuestión, lo que hay es una diferencia en el criterio constitucional”. Y pidió entonces “tratar de conciliar un texto que satisfaga las distintas cuestiones que se han planteado; creo que es posible” de manera de “ llegar al recinto con una propuesta lo más amplia posible”.
La Comisión de Educación avanzó en el tratamiento del proyecto de financiamiento educativo.
En la reunión disertaron funcionarios del Ministerio de Educación, sindicalistas, representantes universitarios y de instituciones. El proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que lo dictaminará este miércoles.
La Comisión de Educación de Diputados, presidida por la oficialista Blanca Osuna (Entre Ríos), llevó a cabo este martes su cuarta reunión informativa en la que profundizó el tratamiento del proyecto financiamiento educativo. El texto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), que lo debatirá este miércoles a las 10 a fin de dejarlo listo para el recinto en una próxima sesión.
Del encuentro participaron funcionarios del Ministerio de Educación, sindicalistas, representantes universitarios y de instituciones académicas, quienes hicieron hincapié en varias modificaciones en la redacción de la iniciativa.
Desde el Anexo “C” de la Cámara baja, Osuna destacó que el proyecto fue presentado hace “unos meses” por los ministros Jaime Perczyk y Sergio Massa y señaló que “tiene en el Congreso innumerables antecedentes, hay 13 proyectos presentados en la Cámara de Senadores, 19 en Diputados. Estamos hablando desde el 2007 en adelante poniendo ese punto en virtud de que tenemos una Ley de Financiamiento Educativo la que envió Néstor Kirchner siendo presidente y Daniel Filmus ministro de Educación y que fue debatida en este Congreso y aprobada en diciembre de 2005 y promulgada en el 2006”.
“Entre los proyectos que han circulado en esta cámara, el que tiene vigencia y que ponemos a la vista es el del 13 de febrero de 2023 del diputado Julio Cobos”, precisó y sumó: “El proyecto que vamos a estar analizando forma parte de una sucesión de reuniones la primera el 27 de septiembre, la segunda el 4 de octubre donde recibimos 15 oradores, la tercera reunión fue el 1ro de noviembre”.
Abrió la ronda de expositoras Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, quien retomó las palabras de la UNESCO respecto de que “todo dispositivo de educación es positivo, por analogía siempre discutir financiamiento es positivo”.
En ese sentido, celebró que esté en agenda proyectos para el financiamiento de la educación en general. “Todos los que estamos acá creemos que la educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados, por lo tanto, vale la discusión de la ley”, señaló y destacó aspectos “muy positivos” de la iniciativa tales como “poner en agenda el tema de la sala de 4 y de 5 y de 3, y sobre todo ponerlo en agenda a nivel nacional y no crecer de manera despareja a nivel federal”.
“Es muy importante que esta ley pueda afrontar y financiar los gabinetes psicopedagógicos de cada escuela. Me parece muy bien el tema del segundo idioma, el fortalecimiento de las escuelas técnicas, ampliar las jornadas en horas y en días del año, la inclusión, la capacitación docente, no ponernos colorados a la hora de hablar de analfabetismo porque todavía lo hay. Me parece muy bien un camino de ida hacia la capacitación de los chicos en robótica e informática y seguir recordando las prácticas y capacitación en las ESI”, enumeró.
También destacó de la ley la “introducción de dos aspectos fundamentales de la gestión de la educación” y explicó: “Tiene que ver con hacer un principal destaque del artículo 18 que habal de la Comisión de Seguimiento. Me parece muy importante que existan dispositivos en las leyes que uno pueda monitorear cómo va el avance de las leyes”. Además, ponderó el sistema de información o gestión del que habal el artículo 26.
A su vez, resaltó la “articulación entre las universidades y las escuelas, no debe ser un salto al vacío, no deben tener distintas posibilidades aquellos colegios más cercanos a las grandes ciudades y desproteger a los del profundo interior que tiene la Nación”. Moriñigo consideró que “tenemos que empezar a hablar del futuro del trabajo y del trabajo del futuro porque no podemos seguir enseñando como hace tiempo para un momento donde se nos viene con otra velocidad del conocimiento. Esta comunión entre universidad y escuela tiene que asociarse mucho más sobre todo a la hora de establecer la currícula de cada una de las materias de las asignaturas y contendimos mínimos del saber”.
El académico planteó que “el conocimiento en el mundo avanza de una manera veloz. Se tardó 1.500 años en duplicar el conocimiento. Luego se tomó 250 años en duplicar ese conocimiento y así ha ido avanzando”, y señaló que “somos de la generación que en el 2030 el conocimiento en el mundo se va a duplicar en 12 horas”, por lo que cuestionó que “no podemos tener un plan de estudio que dure 8 años. No podemos enseñarles de la misma manera”.
“Los contenidos de las escuelas y de las universidades tienen que tener otra velocidad y los diseños curriculares tienen que tender a contenidos que hablen sobre la alimentación, sobre la educación financiera y que hablen sobre una gestión ambiental”, sugirió.
Por último, expresó preocupación por que “se cumpla todo lo que se discute en función desde venimos desde el 2006 de la Ley Filmus con un poco grado de cumplimiento. Ojalá estas comisiones que tienen poder de monitoreo y cumplan su rol porque ahí tenemos esperanza sobre el cumplimiento”. Al respecto, indicó que será “positivo el consenso que se alcance de los diputados por el tema de la aplicabilidad de la curva”.
“Las veces que fuimos a buscar esta Ley Filmus lo que se nos contestó es que se lo llevó la variable salarial. Todo lo que el articulado trata de fortalecer a la hora de la educación si el ritmo inflacionario es como venimos, ojalá no se la lleve toda la variable salarial”, cerró el rector puntano.
A su turno, Marcela Browne secretaria de la CADE informó que “2 millones de niños de 45 a 2 años quedan sin cobertura y sobre todo en un sector mayoritariamente privatizado. Hoy el sector de 0 a 2 años es tierra del sector privado y esto no puede ser porque halamos de una desprotección total”.
En esa línea, sumó que “311 mil de 3 años sin cobertura, 80 mil de 4 años sin cobertura. Estaríamos hablando de 2 millones de niños y niñas de nuestra patria”, y apuntó para “quienes se les ocurra pensar que esto no es necesario”. Por otro lado, alertó: “Tenemos que pensar que hoy no tenemos sillas, no tenemos aulas necesarias para esa cantidad de niños por eso necesitamos ese porcentaje del 8% para esa infraestructura y también necesitamos formar docentes de nivel inicial para cubrir este volumen de personas”.
Browne hizo algunas sugerencias para mejorar la redacción del texto. Así, señaló como primer aspecto cuando se habla de modalidad de gestión “dice claramente de gestión pública y a las de gestión privada e invisibiliza el enorme esfuerzo que hacen las organizaciones sociales y comunitarias en los territorios acompañando a los jóvenes que, la mitad de los que mencioné, no recibiría educación”. Por ello, instó a que “en esta ley se recupere el espíritu de la ley nacional se retome las obligatoriedades del Estado para garantizar el derecho de los trabajadores y la educación de gestión social y comunitaria”.
Por otro lado, indicó que en el proyecto se menciona la inclusión educativa para personas con discapacidad, algo que estamos de acuerdo y celebramos, pero en contrapartida no menciona ni a los estudiantes en situación de educación domiciliaria ni hospitalaria, tampoco a las personas que están en situación de privación de libertad abandonada por el sistema judicial, tampoco a las personas que son jóvenes y adultos y es una modalidad totalmente desfinanciada. El espíritu de esta ley no es hablar de ciudadanos de primera y de segunda, con lo cual o lo mencionamos a todos o hacemos unas generales de la ley porque es delicado no mencionar a todos”.
“Celebramos los indicadores de la coparticipación, pero creemos que es importante desde el sentido de la justicia y de la equidad”, señaló y solicito “tener en cuenta los indicadores de eficiencia interna educativa porque los niveles de repitencia, de terminalidad que en pandemia se agudizaron notablemente y son muy distintos en el país federal”.
También destacó el articulado que hace referencia a las sanciones cuando “las jurisdicciones no hacen el esfuerzo educativo que les corresponde”, y sugirió: “Hay que generar recaudos para que el derecho a la educación sea garantizado más allá de las irregularidades de cada jurisdicción”.
Además, sostuvo que el articulado sobre los compromisos de inversión anual “no se comprende la redacción porque no especifica si son porcentajes. Si fuera en pesos estaríamos en un problema enorme porque en nuestro país el presupuesto por estudiante nos da muchas pistas, pero hablar de un gasto anual por alumno no inferior al verificado al año 2015 no nos alcanzaría a comprarle un lápiz y una goma. Pedimos especificaciones en el articulado”.
“Entendemos que el espíritu es recuperar lo del 2015 que fue el único año donde se cumplió el 6% de la inversión del PBI, pero como esta ley busca el 8% no se comprende bien”, indicó Browne y pidió también revisar ese aspecto.
En suma, solicitó que se revise la meta anual del ejercicio fiscal que establece la iniciativa porque “parecería ir en contra de los mismos propósitos de la ley porque si tenemos que revisar la meta en función de la recaudación tendríamos un problema”. Sobre este punto, sugirió que si se cumpliera el 50% del impuesto a las grandes fortunas “tendríamos 250 mil millones para cubrir. También un incremento del 10% de los bienes personales, la reducción del 20% de los gastos tributarios. Tenemos un listado de propuestas en materia tributaria donde los derechos se asocian a la justicia fiscal”.
A continuación, disertó el director de Educación del CIPPEC Esteban Torre celebró la discusión de la iniciativa que pone el foco en “la alfabetización, la extensión de la jornada, la referencia en aspectos claves en el nivel inicial, vínculo con el trabajo, que insista sobre la ESI, que garantice la entrega de libros, que apueste a los sistemas de integración, a políticas de evaluación del aprendizaje, entre otras”.
Torre consideró que los fundamentos se “podrían fortalecer de dos maneras. Por un lado, colocando al proyecto educativo que emana de la iniciativa como un componente fundamental de un proyecto de desarrollo y de un modelo de país. La educación es un motor del desarrollo económico y creemos que podría jerarquizarse de una manera mucho más clara. Por otro lado, el mensaje de los fundamentos da cuenta de un Estado que decide invertir en educación y sería bueno que los fundamentos hiciesen explica la aspiración de contar con un Estado eficiente que no solo aumenta la inversión, sino que las dirige a metas hace seguimiento para hacer su cumplimento efectivo”.
A su vez, el funcionario señaló que proyecto “propone una meta de financiamiento hacia 2030 del 6.5 del PBI para la educación no universitaria y del 1.5% del PBI para la universitaria. De esta forma, el subsistema universitario necesita una duplicación de su presupuesto mientras el resto de los niveles un aumento del 50%”.
“Se necesita hacer un ejercicio de priorización en el proyecto que persigue 40 objetivos”, planteó y se refirió a la Comisión de Seguimiento de Metas porque “hay objetivos que tienen metas de acá a unos años, pero otros no las tienen”, por lo que recomendó "poner metas escalonadas para objetivos prioritarios de primer nivel”. “Este proyecto tiene el potencial de ser la base de un consenso para construir un pacto educativo nacional y ponerlo en diálogo con un proyecto de desarrollo y con un modelo de país”, cerró.
En su presentación, Flavio Pinto de AIEPA alertó que “poco se va a poder hacer con este aumento si no hay consensos políticos básicos”, y resaltó que “este proyecto de ley es una gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de acá a largo plazo, que van a respetar todas las gestiones que vendrán en el futuro por al menos 10 - 15 años”.
“Lo necesitamos los ciudadanos a esta iniciativa. Necesitamos consensos políticos mínimos que perduren en el tiempo y, particular, que no sean discriminatorios de las escuelas de gestión privadas porque llegan a cuenta gotas a la gestión”, cuestionó y advirtió: “Desde la pandemia y con esta situación las escuelas están mal, muchas escuelas están cerrando, las familias necesitan libros o computadoras. No toda escuela de gestión privada es escuela de elite”.
En tanto, remarcó: “Esta ley es una oportunidad para hacer más equitativo la participación de todos los programas de nación para las escuelas de gestión privada”, pero pidió tener en cuenta la “situación en la que nos encontramos junto con la mayor matriculación, deserción escolar, sobre edad, situaciones de precariedad en aprendizajes. Esta ley es la oportunidad para focalizar en estas cuestiones. Esta es la realidad de la educación, si un chico aprende o no. Esta ley tiene que ser concreta con inventivos para las provincias”.
La directora en Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky, expresó: “Un incremento en el presupuesto universitario tal como está planteado en el proyecto nos parece fundamental para darle a las instituciones previsibilidad, permitiendo una planificación efectiva y concretarse en transformaciones reales”.
La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, agregó: “Más del 70% de la investigación se realiza en la universidad, por eso creemos que el Programa Nacional de Investigadores debe tener una mirada especial dentro de lo que significa la ley de financiamiento”.
Por su parte, la exdiputada nacional y congresal de SUTEBA, Nathalia González Seligra, resaltó que “la inclusión y el acceso a la educación tiene que cuestionar las políticas económicas y pensar una educación no subordinada a los intereses de multinacionales, extractivismo y capital financiero como creemos propone este proyecto”.
Walter José Merkis, ssecretario General de FATUN, opinó: “Creo que este proyecto garantiza lo que necesitamos, aporta a una proyección de un país que apunte a la grandeza que necesita y también a que su pueblo se pueda desempeñar en virtud de esta utilidad de la educación pública”.
En su alocución, Norberto Heyaca secretario general de FAGDUT destacó que “la universidad es la inversión a corto plazo y por eso la importancia, no solamente de mejorar como dice la ley la terminalidad, sino también agregar la posibilidad de que haya programas de recupero de aquellos que no terminaron por poco”.
“Mi preocupación es traer aquí la situación salarial, la situación con la que pretenden echarle la culpa a la docencia, que muchas veces sostiene las falencias de una educación pública justamente desfinanciada”, planteó Amanda Martín en su carácter de secretaria general adjunta de ADEMYS.
Leticia Medina, secretaria general de CTA Córdoba, avizoró: “Aspiramos a que la efectivización de este proyecto de aumento presupuestario pueda mejorar la calidad del trabajo docente, en particular un mejoramiento de las condiciones de dedicación horaria universitaria”.
Por último, el secretario General de FEDUN, Daniel Ricci, manifestó: “Creo que este consenso es importante, que vayamos avanzando cada vez con más derechos, no solamente para los universitarios y educadores, sino para toda la sociedad en general”.
Se propone tratarlo este miércoles, en la que será la última sesión antes del balotaje y podría ser la última también en la que se vea a Juntos por el Cambio como se lo conoce.
Si bien todavía no se ha oficializado, está clara la intención del oficialismo de realizar este miércoles una sesión en la que se propone tratar los proyectos de financiamiento educativo y el de seguridad del paciente. Esos serían los ejes de la última sesión en Diputados antes del balotaje, más homenajes por los 40 años de democracia.
La reunión todavía no ha sido oficializada, como sí sucedió con la reunión pedida por parte de la oposición para las 10 de la mañana del miércoles, con el fin de tratar una serie de proyectos vinculados a la situación de los rehenes argentinos en la Franja de Gaza, que las autoridades de la Cámara baja buscarán sin embargo desactivar, proponiendo formalizar una nueva declaración pública.
Se verá si lo logran, pero por lo pronto la reunión está convocada, con pocas chances de que se concrete. La sesión fue impulsada por una suerte de nueva alianza que conforman los libertarios y el macrismo duro del Pro, que formalizaron así de alguna manera la ruptura fáctica con sus pares de Juntos por el Cambio.
¿Y qué harán entonces los diputados de los otros bloques que integran JxC? Hay cuatro proyectos que serán puestos a consideración, de Javier Milei (el primero que presentó en sus dos años de gestión); Karina Bachey y Sabrina Ajmechet. El cuarto es de una diputada radical, Karina Banfi, y a partir de ello es que se espera que los diputados de la UCR se hagan presentes en la sesión, con lo cual de todas maneras no alcanzarían para conformar el quórum, y deberían sesionar en minoría.
Más tarde se espera que se realice otra sesión, convocada por el oficialismo, para tratar el temario mencionado al principio. Un detalle que estaría probando la intención decidida del FdT para llevar adelante la sesión fue la convocatoria a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para sesionar este miércoles a las 9, a fin de emitir el dictamen que falta para dejar habilitado el financiamiento educativo para su llegada al recinto.
De concretarse, será la décima realizada en un año complicado por ser electoral, pero también por las dificultades del oficialismo para reunir quórum por sí solo. Y en ese caso habrá superado la media planteada a principios de año por las autoridades de la Cámara, que se habían propuesto sesionar al menos una vez por mes. Así lo consiguieron, salvo en mayo, cuando no hubo ninguna reunión; a los efectos estadísticos, la breve sesión de 9 minutos del último jueves, para habilitar la jura de tres diputados, sirvió para cumplir con la media y si se hace la sesión de este miércoles, se habrá compensado la que no se hizo en mayo. Para lo que resta del año, deberá ponerse al día con la ley de leyes, el Presupuesto 2024, cuya presentación formal todavía no se ha hecho en la comisión que encabeza Carlos Heller, salvo el tratamiento de la separata.
El proyecto de financiamiento educativo ya tuvo tres reuniones informativas, los días 24 de agosto, 27 de septiembre y el 1 de noviembre. Este martes será la cuarta.
Hay consenso para que también se trate un proyecto que sí tiene dictamen desde hace tiempo y viene demorándose: la ley Nicolás sobre seguridad del paciente. Tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
Fue dictaminado el 7 de junio pasado en la Comisión de Legislación General, en base a proyectos de Fabio Quetglas y Mónica Macha.
La eventual sesión del miércoles también serviría para realizar homenajes por los 40 años de democracia. Recordemos que en la sesión del jueves pasado y la Asamblea Legislativa se vieron carteles alusivos a esa conmemoración, con la cara de Raúl Alfonsín, pegados en las bancas radicales.
El martes, la Comisión de Educación tendrá nuevos expositores, y el miércoles, en Presupuesto y Hacienda, el oficialismo avanzará con la iniciativa. JxC llevaría un dictamen de minoría.
El oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley de financiamiento educativo este martes a las 16 en la Comisión de Educación, a cargo de Blanca Osuna, de la Cámara baja, y al día siguiente, una hora antes de la sesión especial prevista para tratar otros temas, pero con vistas a la reunión que se hará por latarde, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), lo dejará listo para ser tratado en el recinto.
Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio irá con un dictamen de minoría sobre esa iniciativa que el oficialismo se propone aprobar este mismo miércoles.
En la reunión de este martes está previsto que haya nuevamente invitados, y para el miércoles el oficialismo intentará emitir dictamen, a fin de incorporarlo en una próxima sesión.
El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.
El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.
En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.
Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.
“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.
También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.
El oficialismo trabaja en la elaboración de un temario para realizar la última elección antes del balotaje. Podría ser la última sesión en la que se vea a Juntos por el Cambio como se lo conoce.
Las autoridades del oficialismo y la Cámara de Diputados trabajan para garantizar la realización de una nueva sesión para este miércoles 8 de noviembre. Así dejaron trascender hace tiempo representantes del bloque que encabeza Germán Martínez, pero también lo admiten desde la oposición, cuyos miembros han sido sondeados en torno a los proyectos que formarían parte del temario escogido para esa reunión.
De concretarse, será la décima realizada en un año complicado por ser electoral, pero también por las dificultades del oficialismo para reunir quórum por sí solo. Y en ese caso habrá superado la media planteada a principios de año por las autoridades de la Cámara, que se habían propuesto sesionar al menos una vez por mes. Así lo consiguieron, salvo en mayo, cuando no hubo ninguna reunión; a los efectos estadísticos, la breve sesión de 9 minutos del último jueves, para habilitar la jura de tres diputados, sirvió para cumplir con la media y si se hace la sesión de este miércoles, se habrá compensado la que no se hizo en mayo. Para lo que resta del año, deberá ponerse al día con la ley de leyes, el Presupuesto 2024, cuya presentación formal todavía no se ha hecho en la comisión que encabeza Carlos Heller, salvo el tratamiento de la Separata.
Según pudo saber parlamentario.com, para la sesión que buscarán concretar este miércoles el oficialismo se propone llevar al recinto el proyecto de financiamiento educativo. Para ello deberá sacar dictamen este martes, en la reunión que ha sido convocada por la Comisión de Educación. Aunque hay un detalle que podría complicar y que es que el proyecto necesitaría pasar por Presupuesto y Hacienda, donde todavía no lo han visto, y la reunión de este martes no es un plenario. Recordemos que este proyecto ya ha tenido tres reuniones informativas, los días 24 de agosto, 27 de septiembre y el 1 de noviembre.
Hay consenso para que también se trate un proyecto que sí tiene dictamen desde hace tiempo y viene demorándose: la ley Nicolás sobre seguridad del paciente. Tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
Fue dictaminado el 7 de junio pasado en la Comisión de Legislación General, en base a proyectos de Fabio Quetglas y Mónica Macha.
La eventual sesión del miércoles también serviría para realizar homenajes por los 40 años de democracia. Recordemos que en la sesión del jueves pasado y la Asamblea Legislativa se vieron carteles alusivos a esa conmemoración, con la cara de Raúl Alfonsín, pegados en las bancas radicales.
Otros temas que están listos para llegar al recinto, pero para su tratamiento el oficialismo debería contar con la anuencia de parte de la oposición son el proyecto de exteriorización del ahorro argentino, un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos firmado en diciembre del año pasado para revelar información sobre depósitos argentinos.
Tan difícil como ese proyecto, también está el de Máximo Kirchner para protegerá Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización y garantizar que en el futuro siga siendo una empresa pública.
Además, desde el 22 de agosto tiene dictamen el proyecto de ampliación de licencias laborales. También aguardan iniciativas tales como la que crea la figura del Promotor Comunitario, y otra sobre prevención y tratamiento del ACV, entre tantos otros.
La cuarta reunión para tratar la iniciativa que busca llevar la inversión educativa al 8% del PBI, imponer 190 días de clases y erradicar el analfabetismo, entre otros objetivos, se realizará este martes 7 de noviembre..
A cargo de Blanca Osuna, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para el próximo martes 7 de noviembre a las 16 para tratar de avanzar con el proyecto de ley de financiamiento educativo.
Según pudo saber parlamentario.com, más allá de que está previsto que haya nuevamente invitados, el oficialismo intentará emitir dictamen, a fin de incorporarlo a una sesión que se realizaría al día siguiente.
El proyecto fue presentado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, en la primera reunión a finales de agosto y en las siguientes reuniones expusieron funcionarios provinciales, rectores universitarios y representantes estudiantiles.
El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.
El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.
En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.
Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.
“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.
También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.
Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Comisión de Educación continuó con el análisis del proyecto sobre financiamiento educativo, en una reunión informativa donde fueron invitadas autoridades jurisdiccionales y otros actores del universo educativo.
En la tercera reunión informativa, estuvo presente el secretario de Evaluación e Información Educativa, quien defendió al proyecto de ley que propone una inversión en la materia del 8% del PBI, 190 días de clases y la erradicación del analfabetismo, entre varios objetivos.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de Blanca Osuna -recientemente reelecta-, se reunió este miércoles para reanudar el debate del proyecto de ley sobre financiamiento educativo, el cual fue impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa.
En esta tercera reunión informativa estuvieron presentes referentes jurisdiccionales, rectores, funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de estudiantes. Anteriormente, en la primera reunión, había sido defendido por el ministro de Educación, Jaime Perczyk.
En representación de los distritos de todo el país, estuvieron: Andrea Centurión, ministra de Educación de Catamarca; José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza; Gustavo Menna, vicegobernador electo de Chubut; Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno electa de la Ciudad de Buenos Aires; Sergio Siciliano, legislador porteño recientemente electo; Alicia Aluani, vicegobernadora Electa de Entre Ríos; y Pablo Urquiza, jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires;
Por el lado de los rectores asistieron a la reunión: Germán Pinazzo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Arnaldo Medina, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; y Hugo Andrade, de la Universidad Nacional de Moreno.
Desde el Ministerio de Educación de la Nación, estuvo Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa, y las representaciones estudiantiles fueron llevadas a cabo por: Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA); Sofía Yalj Harteker, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López; Francisco Bargas, referente de la Red Nacional de Centros de Estudiantes; y Camila Dabadie, integrante de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios.
Poco antes de las 17, la titular Blanca Osuna expresó que “es la tercera reunión (hubo otras dos el 24 de agosto y el 27 de septiembre)”, agregó que “estuvieron ministros provinciales, representantes de universidades nacionales, decanos, académicos, docentes, cooperadoras escolares, y el ministro de Educación de la Nación por eso ahora, damos continuidad con referentes de las provincias y CABA”.
En primer lugar, la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, agradeció el espacio para exponer y ser protagonistas mas añadió que “este proyecto plasma el trabajo que se ha hecho en el marco del Consejo Federal de Educación y que hoy son una realidad”.
Entre los temas destacados, la funcionaria catamarqueña mencionó que
“se requiere inversión para que estos proyectos sean políticas de Estado porque tenemos el compromiso de los 190 días de clases y que en la gestión pública y privada los alumnos tengan su libro de lengua y matemáticas en la mochila”.
En el tema, Centurión manifestó que “trabajamos en la formación continua de nuestros docentes y el plan alimentario escolar que ha marcado a la ruralidad de nuestra provincia”. “Con aporte del Gobierno nacional, el 60% de las escuelas primarias aumentaron una hora más y han llegado a jornada completa”, indicó.
Después, el director general de Escuelas de Mendoza, José Thomas, indicó que “en los últimos años no se ha visto reflejado en mejoras comparables al aumento en la inversión”, y pidió por un esquema de prioridades respecto a los objetivos.
En esa idea, agregó que “primero cumplamos lo que la ley (vigente)”, solicitó que “primero se invierta en la educación obligatoria y después se le aumente a las universidades”, y cuestionó que la comisión de seguimiento tenga solo 5 representantes de las provincias.
Del mismo modo, el vicegobernador electo de la provincia de Chubut, Gustavo Menna, recordó los años 90 y la falta de financiamiento, y advirtió que “toda asignación tiene que venir con una fuente de financiación muy clara”. “El tema del financiamiento es que la sanciona el Congreso, pero la responsabilidad es de las provincias”, siguió.
“No vemos en el proyecto de ley el aporte nacional para el financiamiento de esta ley y en Chubut aún se superponen espacios físicos. No los estamos viendo y nos puede llevar a repetir esa experiencia”, señaló Menna, y cerró: “Se les dan responsabilidades a las provincias, pero se le quitan recursos como con la quita del Impuesto a las Ganancias mi provincia pierde 30 millones de pesos”.
En representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvieron la vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, y el legislador Sergio Siciliano. En profundidad, el edil porteño pidió “¿saber de dónde sale ese 8%? Y mirar y en paralelo, el debate del Presupuesto 2024 con una política macro”.
También, recientemente electa, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, solicitó que “se tome en cuenta a un derecho sobre la salud integral informativa, el ciclo lectivo de 190 días, a la educación como servicio esencial”, y pidió por reformas para una “nueva escuela secundaria”.
El jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza, expresó que “este proyecto de ley va en el sentido de tener un proceso constante de preocupación en relación a la educación de nuestra sociedad para fortalecer el rol del Estado, del Ministerio de Educación y de las jurisdicciones”.
El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazzo, relató que en su casa de altos estudios “tenemos 2,5 hectáreas y un jardín maternal para que estudiantes puedan dejar a sus hijos que se financia con 38 millones de pesos mensuales, lo que representa menos de dos días de lo que CABA gasta en pauta publicitaria”.
El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, valoró el crecimiento de las casas de altos estudios en el conurbano bonaerense y expresó que “nuestras universidades se están beneficiando de la ley que dispone del 1% del PBI en ciencia y tecnología”
Asimismo, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, refirió que “en el siglo pasado la inversión era de 0.5 y ahora se duplicó y se agrandó en 19 universidades que son un capital social en el territorio”.
“Antes se creía que había territorios con derecho y capacidad a tener una universidad y otros que estaban bajo de la línea de pobreza no tenían necesidad de generarla. Fue una decisión acertada”, enfatizó Andrade, y cerró: “Las nuevas universidades garantizan derechos y la movilidad social”.
En representación a los claustros estudiantiles, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, expresó: “La primera definición del texto dice que hay consenso de que la educación es un derecho humano fundamental, pero me preocupa que ese consenso esté en riesgo y esté en puja”.
En tal sentido, defendió al proyecto de ley en cuestión y aseveró: “No hay lugar para los váuchers, la educación arancelada y los ataques a la educación pública”.
Con más dureza, la presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López, Sofía Yalj Harteker, cuestionó a la ley debatida y a la anterior por la situación de los centros: “Tenemos que señalar que acá se viene incumpliendo la ley vigente (del 6% del PBI)”.
“No contamos con edificios propios y compartimos otros niveles, tenemos problemas edilicios, no tenemos luz, hay goteras y esto no es algo exclusivo, sino que es moneda corriente de los institutos de la provincia, ya que los gastos caen en la cooperadora y eso es una privatización indirecta”, siguió Herteker.
Para cerrar, consideró que “necesitamos respuestas ahora, no esperar un proyecto de ley para cursar en condiciones”, y cerró:“Otra cuestión es el tema de las netbooks que no se han entregado en el nivel superior en la pandemia y no ocurre ahora y no lo plantea el proyecto de ley”.
Finalmente, el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola, manifestó que “en un momento donde hay voces que cuestionan la obligatoriedad de la educación, es muy importante que los representantes del pueblo argentino estemos convalidado el sistema educativo”.
Siguió que “Argentina tiene las tasas de escolarización mas alta de América Latina”, y amplió que “tenemos el 95,9 % de escolarización primaria y el 92% en escolarización secundaria”. “La mejor forma de defender esto es mejorando la educación pública a través de la inversión y el financiamiento”, afirmó.
Por último, advirtió que “es una ley institucionaliza el comportamiento del Estado y que no se llegó al 6, pero solo se desvió 0,5 del PBI”, y cerró que “el compromiso lo asume el Estado nacional y así pasa a las jurisdicciones porque siempre es un buen momento para invertir en educación, creemos que no es un problema sino una solución”.
El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.
El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.
En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.
Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.
“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.
También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FoNID) y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.
Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo será tratado este miércoles desde las 16.30. Asistirán representantes de las provincias y organizaciones estudiantiles.
La Comisión de Educación de Diputados, presidida por la entrerriana Blanca Osuna (FdT), reanudará este miércoles el debate sobre el proyecto de ley de financiamiento educativo. La reunión se realizará desde las 16.30 en la sala del segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.
La iniciativa, motorizada en plena campaña electoral de Sergio Massa, ya fue defendida en la comisión por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien aseguró en la primera reunión que “la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión”.
Desde la oposición solicitaron la necesidad de convocar a los gobernadores actuales y electos por el artículo que propone invertir los porcentajes entre las provincias y Nación. Para este encuentro están invitadas autoridades jurisdiccionales y organizaciones de estudiantes.
Puntos destacados del proyecto
El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.
El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.
En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.
Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.
“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.
También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.
Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este miércoles 1ero. de noviembre, Diputados seguirá debatiendo la iniciativa que propone 190 días de clases, llegar a una inversión educativa del 8% del PBI en 2030 y modificar las proporciones de Nación y las provincias.
La Comisión de Educación de la Cámara de baja, a cargo de la diputada nacional Blanca Osuna -recientemente reelecta-, convocó a una reunión para el próximo miércoles 1ero. de noviembre a las 16.30 en la sala del 2º piso del Anexo “C” para tratar el proyecto de ley sobre financiamiento educativo.
Esta iniciativa fue impulsada por el ministro/candidato Sergio Massa y ya tuvo en Diputados la presencia del titular del Ministerio de Educación, Jaime Perczyk, quien defendió al proyecto y expresó en la primera reunión que “la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión”.
Desde la oposición solicitaron la necesidad de convocar a todos los gobernadores actuales y electos por el artículo que propone invertir los porcentajes entre las provincias y Nación. Para esta reunión, fueron invitadas autoridades jurisdiccionales y organizaciones de estudiantes
El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.
El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.
En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.
Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.
“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.
También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.
Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La norma busca implementar un sistema nacional de evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos.
En la segunda reunión informativa de la Comisión de Educación, la oposición anunció que pedirá convocar a gobernadores provinciales. En esta ocasión expusieron 14 invitados.
Presidida por Blanca Osuna (FdT), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa, donde recibió a 14 especialistas para continuar el debate sobre el proyecto de ley sobre Financiamiento Educativo.
Esta vez, estuvieron presentes: Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán; Analía Cubino, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
También, expusieron ante Diputados Marcos Córdoba (decano de la facultad de Derecho de la UAI); Graciela Morgade, decana de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA; Mariano Nardowski, exministro de Educación de CABA (2007-2009); María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola; Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento; Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales; Héctor De Luca, director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora; Verónica Alzú, directora de la Técnica Nº8 de Quilmes; Javier Curcio, de la Fundación Alem; y Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte.
Por su parte, la oposición, a través del diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI), planteó “acordar una metodología para próximas invitaciones”. Luego, Sabrina Ajmechet (Pro), al igual que en la primera reunión, insistió con que deben ser invitados los gobernadores provinciales y anunció que van a presentar una carta para convocarlos.
El primer expositor fue Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán, quien, además de representar a su provincia, afirmó representar "al norte grande en su carácter federal”. “Nación es querer vivir juntos e imaginar un futuro en conjunto y consideró que este proyecto tiene características federales y debe ser un hecho determinante”, enfatizó.
Asimismo, destacó que “no hay desarrollo sin inversión y la ley tiene un principio de solidaridad entre el Estado nacional y los provinciales”. Además, sostuvo que “en 40 años de democracia podemos, estadísticamente, decir que se ha ampliado el derecho a la educación en la Argentina y el proyecto viene a ratificar este rumbo de acción”.
En representación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -así pidió que llamen a su provincia-, estuvo Analía Cubino, quien sostuvo que “la soberanía es tan fundante como la educación”.
“Hablo desde un federalismo construido de las provincias hacia el centro y esto viene a fortalecer un debate para materializar conquistas que hemos tenido en estos cuatro años porque este federalismo marca la ampliación de derechos”, agregó.
Del mismo modo, planteó que “mis 57.000 estudiantes y los 8.000 maestros son tan importantes como los del resto del país”. “Las políticas son fundamentales para el crecimiento de nuestra gente y no hay que olvidar que el espacio escolar es un espacio de cuidado”, añadió.
La ministra celebró el agregado del proyecto respecto a cuidados maternales porque “es una innovación en la ley que atiende a un reclamo genuino a los colectivos feministas”. “Celebro que se nos haya escuchado para la redacción de este proyecto y tenemos que profundizar un modelo de país”, cerró.
A su turno, Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró que se considere a la educación como una política de Estado: “La educación superior forma el desarrollo cultural y económico del país”.
“Es un bien público preferente, y es preferente en bien el Estado lo financie”, agregó. Sin embargo, advirtió que “el presupuesto normativo calcula la inversión necesaria que es duplicada cada 15 de septiembre con la Ley de Presupuesto”.
Además, sostuvo que “la educación superior no solo forma egresados, sino también genera conocimientos para el desarrollo del país y hay que cuantificar la dimensión del financiamiento necesario para apalancar esas grandes posibilidades”.
Luego, Marcos Córdoba afirmó que “la incorporación de la educación en el ámbito abre las posibilidades para la equiparación de los componentes en la búsqueda de la igualdad de la formación a través de la educación”. Asimismo, señaló que “el porcentaje de la formación pública y privada nos muestra que la inclusión debe ser de todos los sectores”.
Brevemente, Rubén Soro, rector de la UTN, manifestó: “Cuando hablamos de federalismo me siento bien porque tenemos más de 30 sedes en todo el país”, y agregó: “Me pone triste -por la primera reunión- cuando los sectores dicen que la educación es un gasto y el momento es ahora cuando peligra la salud y la educación porque estamos a muy poquitos días de unas elecciones y los acuerdos deben superar el sistema de país hermoso que tenemos”.
También, la rectora de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren, expresó que “la educación es un derecho fundamental de los argentinos”. “Celebro esta propuesta que promueve a todos los niveles de educación integral y desde la UnaM, que es una universidad de frontera con 68.000 estudiantes y 30 carreras de grado, sabemos que esto le mejora de la calidad de la vida de los argentinos y es parte del federalismo”, indicó.
A su turno, Graciela Morgade, doctora en educación y decana de la facultad de Filosofía y Letras, manifestó: “Coincido con Cubino en tematizar la construcción de jardines maternales”. Sin embargo, propuso ampliar dos temas en el proyecto: “Hay que cambiar la escuela secundaria para que en esta ley estén los recursos, y tematizar que las universidades formen docentes porque hay fuertes cambios de las juventudes en cómo piensan al trabajo”.
El doctor Mariano Narodowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2009), cuestionó que “nunca se llegó al 6% de inversión con la ley anterior”. “Es una deuda educativa del Estado con el pueblo argentino y sería bueno que en este proyecto, cuando no se llegue al 6%, la diferencia debe quedar en el presupuesto siguiente”, propuso.
Por otro lado, señaló que “hay muchas acciones que necesitan financiamiento” y propuso que "haya un censo de infraestructura”. Por su parte, cuestionó: “Si no alcanzamos los 180 días de clases ¿por qué alcanzamos los 190? el número tiene que ser una meta y no un piso”.
Finalmente, expresó: “Si esta ley supera a las anteriores es mejor, pero con muchos problemas”. “¿Cuánto cuesta la educación de calidad? el mayor problema de la ley es el tema universidades”, consideró.
Muy emocionada, María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola, relató que “las familias y las cooperadoras somos iguales que el resto y tenemos el compromiso de luchar por la educación pública y gratuita”. “Les pedimos que se unan y dejen de pelear porque queremos a los pibes en la escuela y lo tienen que tener como derecho todos los pibes de nuestra patria”, indicó.
En tal sentido, Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento, manifestó que “en el pais hay 25.000 cooperadoras que de forma voluntaria colaboran y garantizan al funcionamiento de la escuela”. “Disminuir la desigualdad debe ser el desafío de todos los que estamos acá porque hay escuelas que necesitan inversión y se pueden ampliar”, añadió.
“Esto dará respuestas a la falta de vacantes y mejorará la calidad y el tema de los libros es el paso fundamental para ir a clases”, enfatizó Cesaroni, quien se mostró a favor de la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa.
Con relación a la paritaria nacional docente, Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales, explicó que “hay dos componentes que son el Fondo Compensador Salarial y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que fueron creados en la ley 2005 y se instituyeron en 2008”.
“El aporte de este proyecto es sustancial porque el juntar la paritaria docente, el fondo compensador y el FONID en una misma normativa, con rango de ley, es un gran avance y es esencial para la institucionalidad laboral”, destacó.
Por otro lado, sostuvo que “del 2003 al 2015 creció el salario real y bajó la conflictividad docente, pero en 2017 se derogó la PND y luego se arma un consejo negociador que no discute salarios y el resultado de la supresión subió la conflictividad docente y bajó el salario real”.
El director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora, Héctor De Luca, remarcó que “sin financiamiento no hay educación y sin financiamiento no hay escuela técnica”. “Este hecho nos ha permitido poner un punto muy importante en las técnicas profesionalizantes y el séptimo año nos vincula específicamente con el trabajo”, destacó.
“Nuestra escuela se relaciona con más 65 empresas donde los alumnos van a realizar prácticas y están a la altura porque el 100% sale a realizar trabajos fuera de la escuela y al termino de sus prácticas son contratados por esos empresarios”, relató.
También, Verónica Alzú manifestó: “Soy de la última escuela que se creó en Quilmes inaugurada en 2008, tenemos alrededor de 300 chicos y la matricula fue creciendo”. “Hablar de educación de calidad es hablar de inversión, pero corremos por detrás de las tecnologías que tienen nuestras empresas”, afirmó.
“No podemos abrir puertas de talleres con tornos del año 40 y nosotros fuimos incrementando con planes de mejoras, pero esto no es suficiente. Con educación pública hablamos de inclusión, pero no pasa por meterlos en el aula sino por prestarles atención”, advirtió.
Desde la Fundación Alem, Javier Curcio, expresó: “Esto busca apuntalar a un sector imprescindible para focalizar en las discusiones del financiamiento para dar un contexto en los niveles que tenemos en las adecuaciones previas y la adecuación normativa”.
Sin embargo, al igual que Narodowski, cuestionó que “en los últimos años nunca se cumplió con lo del 6% del PBI”, y manifestó: “El nivel de inflación es tan alto que lamentablemente siempre los salarios van detrás de eso y el gasto educativo que tiene una incidencia salarial muy fuerte está por debajo de ese esquema”.
Por último, Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte, parafraseó a los anteriores expositores, con cuales coincidió y expresó que “nos da mucha satisfacción que se planteé un proyecto de ley que incluya la continuidad y el incremento del financiamiento destinado a la educación”.
El texto propone un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.
El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.
Además, establece la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.
También, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.
“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.
Por último, ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.
