Una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas marcó este miércoles el inicio del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados. Y fue para tratar un proyecto de singular importancia como es el de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y en el cual oficialismo y oposición están de acuerdo. Lo cual se vio reflejado en la firma del dictamen del proyecto que se debatirá este jueves en el recinto.

Cabe considerar que en el caso de los diputados de Juntos por el Cambio,  votaron “con reservas” en el artículo 3ro. el proyecto.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también deban aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro se desarrolló a partir de las 13.30 de manera semipresencial, con numerosos integrantes de ambas comisiones de cuerpo presente en la sala de reuniones, pero todos conectados por VPN. De hecho, los presidentes de ambas comisiones, Carlos Heller (Presupuesto) y Fernanda Vallejos (Finanzas), estuvieron conectados de manera remota. Esta última fue la primera en tomar la palabra, que anunció la obvia intención de dictaminar esa iniciativa de modo tal de dejarla habilitada para debatirla este jueves en el recinto.

“No tengo dudas que para todos y todas es muy importante (el  proyecto de sostenibilidad de la deuda), porque implica la participación del Congreso de la Nación en decisiones que son estratégicas y vitales y que comprometen el futuro del país”, precisó.

A su turno, Carlos Heller destacó que se trata de un proyecto con media sanción del Senado, que en esa Cámara no tuvo votos en contra, “lo cual es una importante señal en esos temas estratégicos del país”, y destacó a continuación el éxito de las negociaciones de la deuda, e hizo mención a lo que se está tratando actualmente con el Fondo Monetario. En ese marco destacó “la decisión de que debe ser el Congreso el que avale todas estas tratativas y que no pueda haber endeudamiento para gastos corrientes, esas cosas que trae este proyecto me parece que son muy saldables”, enfatizó.

Desde Consenso Federal, el diputado y economista Jorge Sarghini anticipó el apoyo de su bancada a la iniciativa, apuntando que ellos veían “con buenos ojos este proyecto”, aunque se quejó porque no hubiera sido tratado nunca un proyecto propio presentado en febrero del año pasado, que apuntaba a ordenar el tema de la deuda y darle sustentabilidad y que “no fue tenido en cuenta”.

“No se trata de defender un proyecto en particular”, aclaró Sarghini, quien destacó que entre otras cosas esa iniciativa “limita mucho más el uso del endeudamiento externo”, y si bien adelantó su apoyo, confesó que le quedaba “el sabor con gusto a poco”.

Desde Juntos por el Cambio intervino luego el radical misionero Luis Pastori, quien si bien aclaró que los fundamentos del interbloque serían brindados por el diputado del Pro Luciano Laspina, él haría unas consideraciones personales respecto del artículo 3°, que habla de la emisión de títulos públicos y programas de financiamiento, referidos a los gastos primarios corrientes. “Me parece que este artículo en vez de mejorar y ampliar conceptos, los restringe y genera algunas dudas”, señaló en referencia al artículo 56 de la Ley de Administración Financiera. Por lo tanto, señaló, “podríamos estar modificando este artículo y acá lo estaríamos limitando, lo que implicaría un retroceso evidente. Como no queda claro, podríamos estar aprobando algo que significaría un retroceso en ese sentido”.

Si bien luego Laspina abundó en las observaciones técnicas al proyecto puesto en consideración, las reservas de Pastori fueron las citadas por JxC a la hora de la emisión del dictamen.

A su turno, el diputado Luciano Laspina expresó el apoyo de su sector “porque el proyecto devuelve facultades al Congreso, o intenta aclarar la forma en la cual el Congreso delega en el Poder Ejecutivo el manejo de la deuda en cada ejercicio”. Sin embargo, aclaró, el proyecto “tiene a nuestro juicio severos errores técnicos y de técnica legislativa, porque lo que hace de alguna manera genera superposiciones con la Ley de Administración Financiera”.

“Es llamativo que el proyecto no haga referencia al artículo 60 de la Ley 24.156, que es lo que estamos reformando”, precisó, agregando que ese artículo es reformado a partir del proyecto que se convertiría en ley este jueves. “Desde el punto de vista de la técnica legislativa vamos a quedar con dos artículos que dicen más o menos lo mismo. Con lo cual, es muy pobre desde el punto de vista de la técnica legislativa”, estimó.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto se refirió luego a la prórroga de jurisdicción. Dijo que “el espíritu del oficialismo es intentar limitar no la emisión de moneda extranjera, sino más bien la prórroga de jurisdicción, la emisión de deuda en moneda extranjera en jurisdicciones internacionales. Me parece que a eso apunta el proyecto y que habría que haberlo establecido de manera más taxativa”, detalló.

Sobre el final, señaló que “deberíamos aclarar, si alguna vez queremos recuperar el crédito externo, es que obviamente los compromisos se cumplen y que ese porcentaje (de endeudamiento) que tiene que autorizar el Congreso excluye a los vencimientos de deuda comprometidos por la Nación; en todo caso, si se decide no cumplir, habrá una ley que lo diga, es el caso del default, que hasta ahora nunca se ha hecho por ley”.

A continuación, se refirió al acuerdo con el FMI, y con relación a las críticas durante la gestión anterior respecto de que el acuerdo con el Fondo esa vez no fue al Congreso, Laspina señaló que “el autor de este proyecto no leyó el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, sino lo hubiese citado al menos. Esto está delegado: no hay ningún acuerdo con el Fondo que haya pasado por el Congreso, y esto inicia una nueva tradición. Me parece bien, lo que no queda claro es si se refiere a la aprobación del crédito o a refrendar el acuerdo que implica el acuerdo con el FMI, que son dos cosas distintas”.

“Con todas esas observaciones técnicas, acompañamos, más allá de que diferimos muchísimo en cuanto a cómo está redactado y puede generar ruidos a futuro”, concluyó.

Desde Unidad Federal para el Desarrollo, el presidente de ese interbloque, José Luis Ramón, hizo algunas consideraciones políticas y celebró el hecho de que “en el Congreso estamos recuperando un rol”, y luego le dio la razón a Laspina: “Técnicamente este es un sistema legislativo que ha ido a contramano de entender un país serio, por eso ningún default pasó por el Congreso”.

El último en intervenir fue el oficialista Itai Hagman, quien reconoció que este proyecto se da en un contexto de crisis de endeudamiento que la Argentina pasó varias veces en las últimas décadas. “Este proyecto es una de las iniciativas para cumplir con uno de los mandatos electorales de 2019, que era no solo resolver el problema de la deuda,, sino también construir lo que el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía han denominado un ‘nunca más a los endeudamientos y sobreendeudamientos en la República Argentina’”.

Luego hizo referencia a que “bajar el peso de la deuda en moneda extranjera en su  producto le llevó al país más de una década, y el proceso para revertirlo fue mucho más corto”. Por eso, agregó, “necesitamos instrumentos para evitar que cualquier Gobierno de cualquier signo político pueda hacerlo otra vez”.

Con relación a la gestión anterior, Hagman señaló que el principal argumento era la tasa de interés, y “por privilegiar una tasa aparentemente más atractiva, se llevó a la Argentina a una situación insostenible”.

Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados dictaminaron este jueves a favor de un proyecto consensuado que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.

Tras escuchar en reuniones informativas a representantes de pequeñas y medianas empresas, comercios, tarjetas de crédito y bancos, el oficialismo avanzó con una redacción unificada en base a proyectos de Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger.

Los bloques de la oposición acompañaron con su firma, y de esa forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual.

Rauschenberger destacó que “los avances tecnológicos se vieron acelerados en la pandemia, y también hay un Banco Central que ha tomado nota de la situación y está dando una respuesta concreta a través del programa Transferencias 3.0”.

En efecto, al inicio de la reunión se dio lectura a una nota enviada por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, donde se refirió al lanzamiento de este programa, que se pondrá en marcha el 7 de diciembre. La nueva normativa impulsará los pagos digitales y promoverá una mayor inclusión financiera, expandiendo el alcance de las transferencias inmediatas.

“Estamos dando respuesta a una gran parte del problema. Las pymes son las más afectadas por esta situación”, planteó Rauschenberger.

A su vez, Ponce sostuvo que “hay que poner la tecnología al servicio de la economía. No es descabellado pensar que así como es posible la transferencia inmediata, no estamos lejos de que las tarjetas de débito se puedan hacer en el mismo día”.

El dictamen firmado establece “la obligatoriedad para las entidades bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.

Se faculta al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas, y se aclara que la adecuación a la ley “no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.

El oficialista Víctor Hugo Romero resaltó que ese artículo le permitirá a la entidad monetaria definir los términos de la inmediatez. “Si había algún tema operativo, el Banco Central terminará definiendo cuántas horas son”, aclaró.

En el mismo sentido, Luis Pastori (UCR) coincidió en que el artículo “cierra la idea y no nos metemos en el tema de una hermosa ley cuyo cumplimiento sea imposible”. De todos modos, propuso que el Banco Central tome como tope los tres días hábiles que actualmente fija la ley, y consideró que un “término razonable” serían 24 horas.

Las compras con tarjetas de débito alcanzaron 72.488 millones de pesos mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos 652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas, según datos de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).

Dictamen-unificado-tarjetas

Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon este miércoles a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito.  

En la reunión virtual, presidida por Fernanda Vallejos (Frente de Todos), se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).

Los proyectos buscan, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.

El primero en exponer fue Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, que cuenta con una veintena de sucursales en el interior bonaerense. “Somos sociedades anónimas que operamos en el negocio financiero, pero trabajamos con nuestros propios fondos, no tomamos dinero del público y pagamos impuestos”, describió.

Fortunato detalló cómo funciona la tarjeta y advirtió que “si por alguna ley o disposición nos obligaran a adelantar más el pago a los comercios, no lo podríamos hacer, sería imposible, porque daría un faltante de dinero que nos llevaría a tener que pedir fondos, y eso tiene un costo que no se lo podemos cobrar a nadie”.

Señaló además que con el 3% que cobran, como máximo, al comerciante, “nos hacemos cargo de toda la operación, y nos cierra”. “Si bajamos el arancel al 1,5%, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos”, advirtió.

Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias, informó que “en Argentina hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de los cuales 50 son bancarios y 100 no bancarios”, y estos últimos “representan el 30% del mercado y en su gran mayoría son empresas nacionales”.

“Los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan”, aclaró.

Etchegoyen destacó que “las tarjetas de crédito regionales tienen una operatoria 100% en blanco” y una relación “muy estrecha con los comercios en el interior”.

Respecto del arancel que cobran, precisó que deben afrontar el impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y tasas municipales de publicidad por los calcos que se pegan en las ventanas de los comercios, más el financiamiento de las cuotas sin interés. “Pensar que podemos bajar nuevamente el arancel y tener que hacer frente a todo el negocio es imposible”, dijo.

Por último, insistió en que “en el mercado de tarjetas de crédito no es todo igual” y pidió diferenciar entre emisores bancarios y no bancarios, y aquellos de índole regional, a la hora de evaluar los proyectos de ley.

César Bastien, director ejecutivo de ATACYC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), mencionó que los cambios regulatorios “llevaron a que el sector se vaya achicando”, en “una lógica donde todos perdemos: pierden los consumidores, porque pierden el financiamiento del consumo; pierden los comercios, porque están perdiendo ventas; pierde el Estado, porque estamos perdiendo recaudación; y obviamente también pierden las empresas”.

Bastien informó que en el país hay en circulación 58 millones de tarjetas de crédito, distribuidas en 20 millones de usuarios únicos; el 68% del total está en manos de personas de segmentos medios y bajos de la población; y aproximadamente 1 millón de comercios aceptan compras con tarjeta.

El representante de ATACYC advirtió que entre 2018 y 2019 se perdieron 1.274.622 tarjetas y que los emisores sufrieron una “fuerte reducción de los ingresos” debido a la última rebaja del arancel cobrado al comercio, que actualmente es del 2%, siendo “el más bajo de región”.

Otros factores de esta caída, según Bastien, fueron la reducción del plazo de pagos, el programa Ahora 12 y la reducción de la tasa de interés.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesário, manifestó que con la baja del arancel que se aplicó en los últimos años, “el beneficio quedó en el comercio, no hubo ningún beneficio para los consumidores”, por lo que “tampoco va a beneficiar a la economía”.

Sobre la acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante, sostuvo que a nivel mundial no está prevista esta regulación, y explicó que al momento de acreditar los fondos al comerciante, se tienen que realizar retenciones impositivas.

“Las tarjetas de débito aplican aproximadamente 90 regímenes de retención, percepción e información, de los cuales más de 40 se aplican al momento de pagar a los comercios”, detalló Cesário al justificar su rechazo al proyecto, y agregó que si se convierte en ley “va a producir efectos no deseados: se va a achicar la torta, va a haber menos ventas y el Estado va a recaudar menos”.

Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, llamó a pensar la regulación en términos de un “ecosistema” donde coexisten muchos actores -usuarios, comercios, bancos, el Banco Central y la AFIP, entre otros-, con lo cual si se afecta a una de las partes, hay consecuencias sobre todo el sistema.

Por eso, Bolzico pidió que antes de avanzar se analice si estas leyes van a incrementar la cantidad de usuarios de tarjetas o el número de transacciones.

Además, habló de una “paradoja” porque “somos el país con comisiones más bajas, pero también tenemos la carga impositiva más alta”, por lo que propuso hacer foco en el tema impositivo.

Hugo Flores, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada, coincidió en que las tarjetas en Argentina cobran los aranceles más bajos de la región, y sin embargo hay cada vez menos usuarios y menos transacciones.

“Cada vez que metemos la mano en el motor, nos rinde menos kilometraje, y nuestro motor está al límite”, graficó, y añadió: “Los proyectos tienen la mejor intención del mundo, pero van a lograr el efecto contrario”.

Del encuentro también participaron Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco; Alejandra Ruiz, del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirsztein, de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo.

Representantes de asociaciones de bancos y de cámaras empresarias participarán este miércoles, a partir de las 15, de un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercios de la Cámara de Diputados, presididas por la oficialista Fernanda Vallejos y la radical Gabriela Lena, respectivamente.

La reunión informativa es para analizar el proyecto que propone la acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y otro sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.

Participarán del plenario los directores ejecutivos de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), César Bastien; de la Cámara de Emisores de Tarjeta de Crédito No Bancarias (Certacyc) , Norberto Etchegoyen; el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario; y el presidente de la Asociación de Bancos de capitales Argentinos (Adeba), Javier Bolzico.

También estará presente el titular de la Tarjeta Fertil, Guillermo Fortunato; el presidente de la Banca Especializada (ABE), Hugo Flores Lazdin; la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco, Beatriz Tourn; la gerenta de la Cámara de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes, Alejandra Vanesa Ruiz; y Gabriel Safirsztien, por Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento de dos proyectos de ley sobre acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.

La discusión comenzó en las comisiones de Finanzas y de Comercio, presididas por Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y Gabriela Lena (UCR), con la participación de representantes de cámaras comerciales, mientras que la semana próxima asistirán autoridades de cámaras de tarjetas de débito y crédito.

Uno de los proyectos fue presentado por el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos) y promueve la obligatoriedad de la acreditación inmediata, en la cuenta del comerciante, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro.

Ponce destacó que “más de 250 cámaras” enviaron su adhesión a la iniciativa y comentó las complicaciones de comerciantes por la demora de varios días en acceder al dinero de la compra. “Entre que se produce el débito y le llega al comerciante, hay un jugador externo que se queda con ese dinero durante todo ese tiempo”, dijo.

El diputado precisó que según la última encuesta del INDEC, el uso de tarjetas de crédito creció en forma interanual un 32%, y en los comercios de cercanía el incremento fue del 54% interanual. A su vez, informó que “en el último año los bancos han ganado un 182%”.

Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes (San Luis), dijo que ven “con muy buenos ojos” la iniciativa de Ponce, “porque al propietario de la tarjeta que realiza su compra, ese débito se le realiza en forma inmediata, y el comerciante debería estar en las mismas condiciones”.

Según Sánchez, esta ley “aliviaría mucho la situación de pymes y comercios chicos que no tienen tanta espalda financiera para soportar el tiempo que tardan en recibir el dinero de la compra”, por lo cual la reforma “ayudaría mucho en tener la liquidez de ese dinero”.

Por su parte, Guillermo Siro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires -que nuclea a 67.000 pymes y 270 cámaras- también respaldó el proyecto de Ponce ya que “al margen de los argumentos especulativos que aplican los bancos”, la inmediatez en la acreditación del dinero “es lo que corresponde”.

En el mismo sentido, Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera, -que reúne 60.000 comercios- coincidió en que “la acreditación inmediata sería una ayuda muy buena” y resaltó la continuidad de comercios a pesar de las dificultades que planteó la pandemia.

Gabriel Bornoroni, de la Confederación de Entidades de Comercio, Hidrocarburos y Afines, denunció un “comportamiento abusivo y dramático” ya que “no está expresado en ningún contrato o documento cuál es la justificación de tal demora”.

“No es plata de los bancos; es plata de los consumidores, por eso automáticamente se le tiene que acreditar al comercio”, sostuvo Bornoroni, y agregó que la ley es necesaria porque “el costo financiero de las pymes es realmente inaguantable”.

Por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Fabián Tarrio señaló que el proyecto de Ponce “se ajusta a la realidad” y debería ser ley “lo más rápido posible” por una razón de “absoluta justicia”.

Según datos del Banco Central citados por Tarrio, las operaciones con tarjeta de débito en julio de este año fueron por 76 millones de pesos.

Rebaja de comisiones

El otro proyecto tratado en el plenario de comisiones pertenece a Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) y propone modificaciones a la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, entre otras cosas para rebajar las comisiones de las tarjetas de crédito del 3% al 1,5%; y del 1,5% al 0,5% en el caso de las de débito.

El autor de la propuesta recordó que en años anteriores “hubo muchos intentos de reformular este marco regulatorio, pero no fueron convertidos en ley”.

Los representantes de cámaras comerciales que participaron de la reunión virtual respaldaron la rebaja de comisiones, pero consideraron que hoy es más urgente la acreditación inmediata del monto, tema que también está contemplado en el proyecto de Rauschenberger.

“Es necesaria una reformulación (de las comisiones), pero no en este momento. Hay urgencias que obligan a no dilatar más la retención de fondos, que son miles de millones de pesos por mes”, resumió Edgardo Phielipp, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Rauschenberger sostuvo, sobre este aspecto, que “el desfasaje que se genera entre el momento de la venta y el de la liquidación genera un costo financiero que era muy fuerte y lo sigue siendo hoy a pesar de que el Gobierno bajó las tasas de intereses”.