La solicitud, forzada por la falta de pruebas, del fiscal Marijuan para la absolución de Cristina Fernández de Kirchner, y la decisión de sobreseimiento dispuesta por el juez Casanello, ratifican que esa determinación se debió a la ausencia de elementos probatorios. Buscaron de muchas maneras, las inventaron, generaron show mediático, con actuaciones de Jorge Lanata, Leonardo Fariña y Elisa Carrió y demás, con coberturas de excavaciones, con allanamientos y escaneos en viviendas particulares, con mentiras sobre cuentas en el exterior e incluso queriendo intervenir en el Mausoleo donde descansa su compañero de vida, Néstor Kirchner. Fue vergonzoso todo el proceso.

Hay dos cuestiones que son claves y que impactan plenamente en el funcionamiento de la Justicia, y se vinculan al formato de persecución sistemática contra Cristina y todo lo que se asemeje a posicionamientos que defienden los intereses y los derechos de nuestro pueblo.

Una razón tiene que ver con el tiempo, porque nada se parece más a la injusticia que cuando la justicia demora. Queda efectivamente una gran deuda respecto a Cristina, pero también a quienes vivimos con vergüenza y bronca todo un proceso caracterizado por el cúmulo de acusaciones, que aún hoy la siguen afectando, porque esto es solo una parte de la persecución.

La segunda cuestión tiene que ver con la parcialidad, porque dentro de todo este proceso de investigación no pudieron encontrarse pruebas contra Cristina. Sí se encontraron pruebas contra Mauricio Macri. De hecho, la Oficina Anticorrupción ha hecho denuncias en julio de 2022, producto de un proceso de investigación donde la consistencia de los fundamentos, sobre lavado de activos y ocultamiento de coimas, ratifican el valor de estas pruebas que fueron presentadas a la Justicia, aunque ninguna de esas denuncias vinculadas a Macri avanzó.

Acá tenemos a Cristina, sobreseída después de un martirio de diez años, de mentiras tras mentiras, pero con lo significativo del factor tiempo que deja una gran deuda a Cristina, al país y a la democracia. Por eso, necesitamos el esclarecimiento real de toda esta persecución, y de las responsabilidades de la mafia judicial y del macrismo en cada una de las operatorias y su campaña de odio.

Quienes tenemos responsabilidad en la gestión o en la representación política no estamos exentos de investigaciones. Una funcionaria o un funcionario deben responder, estar a derecho y presentarse, tal  como hizo siempre Cristina, incluso yendo a ocho indagatorias en un día con el juez Bonadío. Pero el factor tiempo es determinante, con esa morosidad perversa, donde mientras se regodeaban entre pruebas inventadas, que nos pasaban todos los días en la televisión, escondían la verdad de la inocencia.

Por eso es necesario repudiar la morosidad del  Poder Judicial y sus efectos de condena previa, al mismo tiempo que su antidemocrática parcialidad, que hace la vista gorda, ante los delitos de Macri y sus cómplices.

Luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan denunciara por “extorsión” a los referentes del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por retener el 2% de los planes sociales de sus militantes, el legislador porteño por ese espacio salió al cruce y advirtió que la causa está basada en una “nota periodística sin ninguna prueba o denuncia concreta”.

De esta manera, Solano y Belliboni dieron a conocer una misiva en la que cuestionaron con dureza la denuncia en su contra. “El único basamento del fiscal para justificar dicho pedido es una nota publicada en el diario Clarín el 13 de junio del corriente. En la elevación la fiscalía pide que se investigue el delito de ‘obligar’ a personas a hacer un aporte mensual. Algo que no existe ni ocurre en la realidad”, señalaron.

Al mismo tiempo que indicaron que se enteraron por los medios de la denuncia del fiscal y advirtieron que “la denuncia es absolutamente falsa, ya que ningún dirigente del Partido Obrero (ni del Polo Obrero) obliga a nadie a aportar a las organizaciones que integran, como afirma el fiscal, repitiendo una nota periodística”.

Sobre esa misma línea indicaron que “la movilización del Polo Obrero crece justamente porque nosotros no estafamos a la gente. 14 mil compañeros de todo el país se han pasado al Polo Obrero rechazando los abusos de intendentes u organizaciones integradas al Estado. Hasta tal punto Marijuán no puede probar lo que sostiene en su acusación, que le pide pruebas a los intendentes” y aseveraron que “el ministro Zabaleta mismo trató de frenar esos pedidos de pases a nuestra organización, sabiendo que son masivos porque en el Polo rige la estricta discusión en asambleas, la rendición de cuentas públicas en cada una de ellas, el aporte voluntario que se diferencia del compulsivo que protagonizan decenas de punteros en todo el país y su administración democrática para poder sostener comedores con sus gastos de garrafas, alimentos frescos, fletes o locales entre otras actividades sociales de la de la organización”.

“Esta vez la operación judicial del fiscal se entronca no solo con una nota del diario Clarín sino también con las expresiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que constituiría una peculiar coincidencia. Por un lado se pretende reforzar el punterismo político prebendario de los intendentes y gobernadores mediante la manipulación de la asistencia social, las viejas prácticas repudiadas en los barrios”, detalló y remarcaron que “el traspaso de los planes a las intendencias apunta a armar un gran fraude laboral, poniendo a hacer tareas de convenio municipal a quienes los cobran. Por otro lado todos están consustanciados con sacar a los pobres que se organizan por trabajo de las calles, para poder recortar los fondos de asistencia a los desocupados en línea con el ajuste del FMI. Un pretensión que no será viable ya que la crisis económica solo tiende a agudizarse y se reproducen las luchas sociales y salariales en distintos puntos del país”.

En ese sentido, Solano y Belliboni concluyeron precisando que “quieren apuntalar la demanda de sectores empresariales que reclaman poner fin a los planes sociales para poder mantener salarios incluso por debajo de los montos que se cobran por planes. Esta es la situación se vive sin que ningún fiscal ponga la mirada sobre la explotación esclavista que se lleva adelante, utilizada en amplias ramas de la industria y el agro, incluso en los sectores más redituables del país como la cosecha del citrus y de otros alimentos de exportación, o la explotación de la madera en Misiones, por ejemplo”.