Diputados nacionales de La Libertad Avanza, Pro y Provincias Unidas participaron de una jornada organizada por entidades agroindustriales para debatir una regulación nacional sobre aplicación de fitosanitarios.
Legisladores nacionales de distintos bloques participaron este miércoles de una jornada técnica sobre aplicación de fitosanitarios convocada para analizar el vacío legal existente, el impacto de la creciente judicialización y las alternativas para establecer una regulación nacional que otorgue mayor previsibilidad a la producción agropecuaria.
Del encuentro participaron los diputados Martín Ardohain (Pro-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Alicia Fregonese (Pro-Entre Ríos), Andrés Leone (LLA-CABA), Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Javier Sánchez Wrba (Pro-Buenos Aires), Alejandra Torres (Provincias Unidas-Córdoba) y Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires). También asistieron integrantes de los equipos de Romina Almeida, Karina Banfi, Verónica Razzini, Beltrán Benedit y Emilia Orozco.
La actividad reunió además a representantes de instituciones agroindustriales y especialistas en el marco de una agenda de trabajo impulsada por el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI), con el objetivo de acercar información técnica al Congreso y promover un debate sustentado en evidencia científica.
Durante la jornada se analizó la situación regulatoria que enfrenta la aplicación de fitosanitarios en la Argentina, caracterizada por la coexistencia de normas provinciales, ordenanzas municipales y fallos judiciales que establecen criterios diferentes según cada jurisdicción. Los participantes coincidieron en que esa dispersión genera incertidumbre para productores y aplicadores, dificulta la incorporación de nuevas tecnologías y multiplica los conflictos judiciales.
Representantes de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) expusieron los principales puntos de un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios. La iniciativa contempla la definición de zonas sensibles y de amortiguamiento con criterios técnico-científicos, la capacitación y profesionalización de los aplicadores, la delimitación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control mediante nuevas tecnologías.
Asimismo, se presentó una simulación sobre el impacto que podrían tener determinadas medidas cautelares sobre la superficie productiva, afectando actividades como la ganadería, la lechería y cultivos como maíz, trigo y papa. Según se señaló, en algunas zonas las restricciones podrían comprometer hasta el 40% del área productiva.
Desde el sector legislativo se planteó la necesidad de responder a las demandas sociales vinculadas al cuidado del ambiente y la salud, fortaleciendo la trazabilidad, la capacitación de los operadores y la aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias. Como conclusión, los participantes coincidieron en la importancia de avanzar hacia una ley nacional de presupuestos mínimos que aporte reglas homogéneas y reduzca el grado de judicialización que hoy registra la actividad.
La iniciativa fue presentada por los diputados Atilio Benedetti y Maximiliano Ferraro, con respaldo de más de 80 organizaciones que trabajan en la materia.
Los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) presentaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de fitosanitarios en toda la Argentina.
El texto, elaborado junto con la Red de Buenas Prácticas Agrícolas -espacio que agrupa a más de 80 instituciones- y acompañado por otros 20 legisladores de diferentes fuerzas políticas, busca compatibilizar la actividad agrícola con la tutela de la salud y el ambiente.
La iniciativa se apoya en un amplio consenso alcanzado entre instituciones del sector productivo, académico y social, lo que le otorga un carácter federal y plural. "Viene a cubrir un vacío normativo y ofrece un marco común que aporte previsibilidad, transparencia y confianza, tanto para la ciudadanía como para los actores productivos. De esta manera, se busca garantizar que la producción agropecuaria pueda desarrollarse de manera innovadora, competitiva y sostenible, en equilibrio con la protección de la salud y el ambiente", destacaron sus impulsores.
En tal sentido, Benedetti resaltó que no se trata exclusivamente de responder las demandas sociales, sino también de “una apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”.
El núcleo de la propuesta es la implementación de buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Esto significa que cada aplicación deberá realizarse con equipos registrados y en condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y bajo receta de un profesional matriculado. Con ello se asegura trazabilidad, responsabilidad técnica y seguridad en cada práctica, reduciendo riesgos de deriva y promoviendo un manejo responsable en relación con comunidades, cursos de agua y áreas naturales protegidas.
A tal efecto, el proyecto diseña un marco regulatorio con protecciones mínimas que regirán en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las potestades que las provincias tienen para incrementar esa protección teniendo en cuenta su geografía y particularidades locales.
El texto establece además la noción de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, categorías territoriales que permiten ordenar de manera objetiva y transparente el uso de fitosanitarios según la cercanía con poblaciones, escuelas rurales, centros de salud o áreas de valor ambiental y cultural. A modo de ejemplo, se establecen distancias mínimas desde las zonas sensibles de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. También se refuerza la capacitación obligatoria y periódica de todos los actores involucrados y el control de los equipos aplicadores.
“La propuesta se alinea con el mandato constitucional de preservar el ambiente y con los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible, y además ofrece un marco que tiene por objetivo cuidar la salud de la población, asegurar transparencia en la información y garantizar la continuidad”, destacó Ferraro.
La iniciativa contempla también que los productos a utilizar sean exclusivamente aquellos autorizados por el SENASA, conforme a sus marbetes y hojas de seguridad, garantizando un control estricto sobre la legalidad y la seguridad de los insumos empleados, como también de sus equipos aplicadores y la capacitación obligatoria y periódica de quienes los operan.
De este modo, la propuesta eleva los estándares de seguridad y trazabilidad en la aplicación de fitosanitarios, garantiza la protección de la salud y del ambiente, y brinda un marco claro y uniforme para toda la actividad agropecuaria del país, respetando las particularidades provinciales y los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.