La senadora Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños, se sumó a los legisladores aliados del Gobierno que se resisten a aceptar el retiro del pliego de Verónica Michelli que requiere el Poder Ejecutivo.

“El tema pasó por Acuerdos, firmamos el dictamen… y tampoco es que nos han explicitado un motivo para el retiro del pliego”, advirtió la senadora salteña, que reclamó “una señal de institucionalidad”. “La justicia no puede ser un botín político, que ponen y sacan y sin explicitar ningún motivo”, señaló al ser entrevistada por María O’Donell por Urbana Play, donde aclaró que de tal manera “mi posición es, habiendo firmado el pliego y sin ninguna razón válida, que no voy a apoyar el retiro del pliego”.

Cabe recordar que la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, adelantó que por una cuestión de conciencia no apoyará de manera personal el pedido del Gobierno sobre la doctora Verónica Michelli.

La senadora nacional Flavia Royón presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone un nuevo marco regulatorio para el sector de biocombustibles, con el objetivo de modernizar la normativa vigente y posicionar a la Argentina en la transición hacia energías más limpias.

La iniciativa establece reglas para toda la cadena de valor —desde la producción hasta la comercialización— y plantea como ejes centrales la promoción de inversiones, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las economías regionales. Según el texto, se busca crear un mercado “eficiente y competitivo” que garantice el abastecimiento y favorezca la incorporación de nuevas tecnologías, incluidos biocombustibles de segunda y tercera generación.

Uno de los puntos destacados del proyecto es el incremento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en los combustibles fósiles. En el caso del gasoil, se establece un piso inicial del 7,5% de biodiesel, que subiría al 10% al año y al 15% a los dos años de vigencia de la ley. Para las naftas, se fija un corte del 15% de bioetanol.

La propuesta también apunta a diversificar la matriz energética mediante la incorporación de nuevos vectores, como el biometano, el bioGNC, el bioGNL y el combustible sostenible de aviación (SAF), alineándose con tendencias internacionales en materia de descarbonización del transporte.

En términos regulatorios, el proyecto prevé la creación de un sistema de comercialización mediante una plataforma electrónica que asegure transparencia, libre concurrencia y formación competitiva de precios. A su vez, establece mecanismos para evitar la concentración del mercado, incluyendo un cupo mínimo del 30% del biodiesel destinado al corte obligatorio para empresas no integradas.

Otro aspecto relevante es el impulso a los combustibles gaseosos renovables. La iniciativa promueve el desarrollo del biogás y el biometano, con la posibilidad de su inyección en redes de gas natural y su uso en transporte pesado, uno de los segmentos más difíciles de descarbonizar.

El proyecto también contempla incentivos para la renovación de flotas de transporte y la adopción de tecnologías más limpias, así como la exención de impuestos a los biocombustibles, manteniendo un tratamiento diferencial frente a los combustibles fósiles.

En sus fundamentos, Royón señala que la Argentina cuenta con ventajas competitivas en el sector —como disponibilidad de biomasa y desarrollo agroindustrial— pero ha perdido posiciones frente a países como Brasil o Indonesia, que avanzaron con mayores niveles de mezcla obligatoria.

Además, advierte que el país aún importa volúmenes significativos de gasoil pese a tener capacidad instalada para producir biodiesel, lo que impacta en la balanza energética. En ese sentido, el fortalecimiento del mercado interno de biocombustibles aparece como una herramienta para sustituir importaciones y reducir la salida de divisas.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto subraya que el mayor uso de biocombustibles contribuiría a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, especialmente en grandes centros urbanos.

La iniciativa, que propone derogar el régimen actual, busca así combinar objetivos productivos, ambientales y energéticos, en un esquema que promueva el desarrollo federal y consolide a los biocombustibles como una herramienta estratégica para la economía argentina.

La senadora nacional Carolina Moisés disertó en el evento Maizar 2026 desarrollado en Parque Norte y defendió el desarrollo de los biocombustibles como una política estratégica para la generación de trabajo con valor agregado que potencie el desarrollo de las provincias del Norte Argentino. En esa línea, pidió que avance la Ley de Biocombustibles: “Será la base para llegar a la Convergencia Mercosur con un 30% de corte”.

No es la primera vez que la senadora jujeña eleva este reclamo: en marzo pasado había pedido por el tratamiento urgente del proyecto de Ley de Biocombustibles, una iniciativa que impulsó junto a 9 provincias productoras y actores clave del sector para actualizar el régimen vigente y potenciar el desarrollo productivo, energético y ambiental de la Argentina. Hace pocos días, Patricia Bullrich, jefa de bloque oficialista, presentó un texto vinculado al tema.

De todas maneras, destacó el expediente de su autoría y se diferenció de la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza: “Mi pedido por la Ley de Biocombustibles no nació ahora como respuesta coyuntural a la crisis internacional del petróleo”. En ese punto, destacó a las provincias de la Liga Bioenergética y los sectores industriales vinculados al bioetanol y al biodiésel, y cargó que el texto surgió de “años de trabajo político, técnico y productivo”.

“Hicieron todo lo posible para dormir esta iniciativa, para retrasar su tratamiento el año pasado y para evitar que el Congreso pudiera definir”, aseveró Moisés, quien participó del evento junto a la senadora salteña Flavia Royón. Ambas legisladoras representan políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, del espacio peronista no kirchnerista.

Sin dejar de criticar al oficialismo, la presidenta del bloque Convicción Federal añadió que “tuvo que venir la guerra y que se dispare el precio del petróleo para que el Gobierno entienda la importancia estratégica del biocombustible en nuestra matriz productiva”. Cabe recordar que el rótulo del evento se llamó “La mirada del Congreso sobre los biocombustibles”.

De todas maneras, pidió por la consideración de un proyecto de máxima que “trace un sendero de previsibilidad para las próximas dos décadas, tomando como ejemplo los esquemas vigentes de los países vecinos, y así llegar a la Convergencia Mercosur con un corte de 30% en cada litro de combustible que carguen nuestros vehículos en los próximos 5 años”.

“¿Por qué la Argentina, teniendo capacidad instalada, conocimiento técnico, producción agroindustrial y experiencia acumulada, debería conformarse con ir detrás de los países vecinos?", cuestionó Moisés, quien después cerró que “cuando hablamos de bioetanol, yo no hablo solamente desde la política sino desde la experiencia de vida y entendiendo profundamente lo que representa esta actividad en nuestras provincias para consolidar los biocombustibles como una política de Estado que garantice soberanía energética, inversiones rentables, arraigo y empleo genuino en origen”.

La senadora nacional Flavia Royón (Primero los Salteños) presentó un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por medio de la Ley de Modernización Laboral, que ella votó a favor, aunque en este capítulo se opuso. La iniciativa cuenta también con las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Carolina Moisés (Convicción Federal).

La legisladora salteña consideró que este mecanismo -que apunta a asistir a las empresas para el pago de indemnizaciones- “desfinancia el sistema previsional, distorsiona los incentivos en el mercado laboral y genera un esquema regresivo que termina beneficiando la rotación de personal por sobre el empleo estable”.

El proyecto plantea la derogación integral del Título II de la Ley 27.802, al sostener que el FAL “no constituye un verdadero sistema de seguridad social, sino un modelo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos que hoy sostienen jubilaciones y prestaciones sociales”.

Según los fundamentos de la iniciativa, el esquema implica “una reducción de contribuciones patronales que provocaría una caída estimada de 3,28 billones de pesos en la recaudación, equivalente al 0,32% del PBI, o aproximadamente USD 2.200 millones”.

Royón advirtió que este diseño “debilita el rol disuasorio que históricamente cumple la indemnización por despido”, al transformar ese costo en un aporte mensual subsidiado que licúa la responsabilidad empresaria frente a desvinculaciones sin causa.

Además, la senadora aliada del oficialismo remarcó que el sistema “termina perjudicando especialmente a las PyMEs y microempresas, ya que los tiempos para reunir fondos suficientes resultan profundamente desiguales según la escala de cada empleador”.

De acuerdo con las simulaciones incorporadas en el proyecto, una microempresa con 10 empleados necesita 6 años y 9 meses para reunir el monto equivalente a la indemnización de un trabajador con 20 años de antigüedad, mientras que una gran empresa puede hacerlo en apenas 2 meses.

“La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social, socializar el costo de los despidos o perjudicar a quienes sostienen empleo genuino y estable”, agregó la salteña.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) presentó una denuncia penal contra la senadora nacional por Salta Flavia Royón, a quien acusa de la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el marco de su desempeño como funcionaria y legisladora nacional. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal y solicita la apertura de una investigación federal.

Según el escrito, firmado por el presidente de la entidad, Enrique Viale, y patrocinado por varios abogados de la organización, Royón habría incurrido en conductas tipificadas en los artículos 256, 256 bis y 265 del Código Penal, referidas a negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho. La imputación, aclaran los denunciantes, no se dirige contra sus opiniones legislativas —protegidas por el artículo 68 de la Constitución Nacional— sino contra su actuación vinculada a intereses privados del sector minero.

La denuncia reconstruye la trayectoria de Royón en los últimos años, destacando que ocupó cargos clave en el área energética y minera tanto a nivel provincial como nacional. Fue secretaria de Minería y Energía de Salta, luego secretaria de Energía de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, más tarde secretaria de Minería bajo la presidencia de Javier Milei y, posteriormente, secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. Desde diciembre de 2025, se desempeña como senadora nacional.

De acuerdo con el planteo, en paralelo a esa carrera pública, Royón habría mantenido —o desarrollado— vínculos societarios y profesionales con empresas privadas del sector minero, en particular con la firma Zelandez, dedicada a la prestación de servicios tecnológicos e hidrogeológicos para proyectos de litio y otros minerales, y con la consultora Minenco SAS. La denuncia sostiene que integró el directorio de Zelandez y tuvo un rol relevante en Minenco, empresas que asesoran a compañías mineras con proyectos en zonas alcanzadas por la legislación ambiental.

El núcleo de la acusación se concentra en la actuación de la senadora durante el tratamiento y la votación del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Según los denunciantes, Royón impulsó activamente la reforma y votó a favor de la iniciativa sin excusarse, a pesar de que la modificación beneficiaría de manera directa o indirecta a empresas que son clientas de las firmas con las que ella estaría vinculada.

Entre los proyectos mencionados se encuentran emprendimientos de litio y cobre en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, impulsados por grandes compañías internacionales. La presentación subraya que varios de estos desarrollos se ven actualmente limitados por la ley de glaciares vigente y que la reforma permitiría flexibilizar las restricciones en ambientes periglaciares, habilitando nuevas etapas de explotación.

La denuncia hace especial hincapié en un aspecto técnico del proyecto aprobado por el Congreso, que habilita la exclusión de determinadas geoformas del régimen de protección cuando estudios “técnico-científicos” concluyan que no cumplen funciones hídricas relevantes. Según los denunciantes, ese tipo de estudios coincidiría exactamente con los servicios que presta Zelandez, lo que configuraría un interés económico directo en el nuevo marco normativo.

Además, se plantea que Royón habría incumplido la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), que prohíbe a los funcionarios intervenir en asuntos en los que tengan intereses personales o vínculos recientes, y exige períodos de abstención o carencia. En ese sentido, la presentación remarca que la legisladora no se excusó del debate ni de la votación, pese a su cercanía temporal con cargos en el sector privado.

La Asociación también cuestiona una presunta omisión o irregularidad en la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, obligación legal de los senadores nacionales. Según la denuncia, no surge de los registros públicos que Royón haya cumplido con todas las instancias formales exigidas por la normativa vigente, lo que refuerza —a criterio de los denunciantes— la sospecha de vínculos económicos no transparentados.

En el tramo final, el escrito solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a organismos públicos, requerimientos a registros societarios, informes a la AFIP y al Senado, y allanamientos en sedes de las empresas mencionadas. La entidad reclama que se instruya el sumario correspondiente y se investigue la eventual existencia de un concurso de delitos contra la administración pública.

La presentación quedó ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar la admisibilidad de la denuncia y resolver si corresponde avanzar con la investigación.

Después de venir cuestionando públicamente el método de inscripción a la audiencia pública, el abogado ambientalista Enrique Viale acusó a la senadora nacional Flavia Royón de “tener una consultora que asesora a Río Tinto”. Luego, anunció que este jueves 26 irá a denunciarla penalmente bajo la acusación de “incompatibilidad en la función pública para que se investigue el cohecho”.

El letrado es el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y hace unos días participó del Observatorio junto a legisladores de la oposición. Desde hace varios días viene cuestionando el mecanismo de intervención en las audiencias públicas por la modificación a la Ley de Glaciares: “En esta farsa de audiencia pública tuve siete controles para llegar hasta acá y solo participa el 0,3% de los inscriptos”.

Reiteró que se trata de “la audiencia pública más loca del mundo” y trajo a colación una serie de argumentos que según Viale fueron explicados en varios obras literarias redactadas por ambientalistas: “Esto erosiona la democracia, pero el extractivismo es así porque a más extractivismo, menos democracia”. Luego, volvió a repetir que “101 mil personas quedaron afuera”.

En medio de cruces fuera de micrófono con la bancada libertaria, Viale ironizó: “No les pedimos que se ‘deslomen’, pero estírenla quince días porque podrían haber ido a las provincias a escuchar a la gente”. Luego, agregó que “lo peor de todo es que nos plantean que esta ley viene a impulsar la minería… pero la Ley de Glaciares tiene un inventario hecho por la ciencia que es lo que quieren destruir”.

Para Viale, el marco normativo que lanzó el Consejo de Mayo y avaló el Gobierno nacional , establece que las decisiones respecto a los glaciares y las zonas periglaciares las define “un funcionario de tercer nivel para poder ser destruido”. “El IANIGLA cubre el 0,21% del territorio continental argentino y esta reforma esta hecha a medida de grandes trasnacionales mineras”, acusó.

Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.

Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.

También mencionó a Glencore, BlackRock (Estados Unidos), el Proyecto Mara y Río Tinto. A partir de esto, lanzó las acusaciones contra la legisladora que responde a la Gobernación de Salta: “Ustedes saben que hay una senadora de Salta que representa a las mineras, Flavia Royón”. Y cargó: “Tiene una consultora que asesora a Río Tinto que es una de las principales beneficiadas por esto”. Agregó por ello que “mañana la estamos denunciado penalmente por  incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”.

En el final, señaló a José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y le consultó: “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”. Agregó que “esto tiene nombre y apellido”; reiteró que irá a la justicia; y cerró: “la Ley de Glaciares no se toca”.

Las explicaciones de Royón

Generado el revuelo por las acusaciones, parlamentario.com se puso en contacto con fuentes del Senado, desde donde dejaron trascender que la consultora en cuestión es Zelandez. Una alta fuente reveló a este medio que Royón prestó servicios, efectivamente, pero renunció el 9 de diciembre del 2025, antes de ocupar la banca en la Cámara alta.

Zelandez se presenta como “una empresa autosuficiente, rentable y con infinito potencial”. Además, está el boletín informativo en la web que presentó a la actual senadora en julio del 2024 luego de pasar por la Secretaría de Energía -durante el gobierno del Frente de Todos- y de Minería en el primer año de Milei. En el portal la presentaban como una funcionaria con “ conocimiento del sector minero de litio argentino  conocimiento del sector minero de litio argentino”.

Como funcionaria de los últimos dos gobiernos, Royón fue varias veces a Diputados.

La senadora salteña responde al gobernador Gustavo Sáenz y ha conformado el monobloque "Primero los Salteños". Es vocal de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre varias más.

Minutos después, la senadora nacional hizo referencias al anticipo de Enrique Viale y deslizó: "Las afirmaciones respecto a una supuesta asesoría a Río Tinto carecen de sustento probatorio. La senadora no posee vínculo alguno con dicha empresa". Y concluyó: "Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente".

Fueron los pedidos de renuncias más cantados que se recuerden. Pero como todo es novedoso tratándose de un presidente libertario como el que asumió el 10 de diciembre, había dudas sobre si finalmente Javier Milei haría lo que por su actividad en las redes sociales se presumía inminente.

Desde Europa, donde transcurre estos días su actividad, Milei dispuso la eyección de dos funcionarios alineados con gobernadores, a los que viene fustigando duro desde que el martes pasado fracasó el debate de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

La información fue confirmada este viernes por la noche a través de la Oficina del Presidente de la República Argentina, cuya cuenta difundió que Milei solicitó al renuncia del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Osvaldo Giordano, y la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón.

Giordano, alineado con el exgobernador Juan Schiaretti, y en consecuencia con el actual mandatario cordobés, Martín Llaryora. Pero además, esposo de la diputada nacional de Hacemos Coalición Federal Alejandra Torres, quien votó en contra de los artículos rechazados el martes pasado antes de que la sesión se suspendiera.

En el caso de Royón, quien venía del Gobierno anterior donde había sido secretaria de Energía, está alineada con el gobernador salteño Gustavo Sáenz.

“Sus respectivos sucesores serán anunciados por este medio en los próximos días”, adelantó la Oficina del Presidente, que agregó que “la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”.

La comunicación cerró con la siguiente y dura sentencia: “Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

Este martes se puso en funcionamiento el gasoducto Presidente Néstor Kirchner con la apertura de la primera válvula. Comienza el proceso de llenado que llevará el gas desde la planta de Tratayén, en Vaca Muerta, a la localidad de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires. El plan de llenado contempla que lo que se habilita hoy es el tramo que va desde el kilómetro 0 del GPNK hasta el kilómetro 29.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, expresó que el GPNK “va a cambiar la vida de nuestro país. Es el comienzo para dar vuelta nuestra balanza energética y comenzar a no necesitar importaciones energéticas y exportar. Hoy Vaca Muerta no tenía cómo evacuar la producción, cómo crecer”. Agregó que “esta primera etapa fue realizada con recursos del Tesoro Nacional, sin financiamiento de otros organismos ni privados, porque se entendió su importancia. Para el Estado, entre lo que se ahorra de importaciones y subsidios, al poder acceder a un gas más económico, el costo se recupera en dos años”.

En declaraciones radiales, dijo que “hoy comienza el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, la obra de ingeniería más importante de los últimos tiempos y un hito de la gestión Massa". Y precisó que “lo que sucede hoy martes 20 de junio, es el comienzo del llenado, como es un gasoducto extenso de 573 kilómetros con un diámetro importante, entonces demora 20 días el llenado pero a partir de hoy ya está lo que se denomina apto para funcionar y comienza el llenado”.

El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía fijaron un cronograma de habilitaciones y puesta en marcha que llevará alrededor de 15 días hasta concluir el 9 de julio con un acto inaugural. El proceso de llenado del gasoducto responde a procedimientos habituales, que involucran fases de barrido y presurización de las cañerías de forma progresiva.

“Esta primera etapa va a permitir un ahorro de USD 1.700 millones. Y en 2024, que va a estar todo el año operativa, va a permitir un ahorro de USD 4.000 millones. El impacto es increíble. El país no va a necesitar importaciones de envergadura. Se va a poder comprar GNL (a través de barcos) para algunos picos de invierno, compras puntuales, pero no se va a necesitar de bloques de barcos importantes. Sergio Massa puso como prioridad la red de gasoductos”, agregó Flavia Royon.

Es la obra de ingeniería más importante de los últimos 50 años, se concretó en un plazo récord de 10 meses. La obra atraviesa cuatro provincias: desde la planta de tratamiento de gas en la neuquina Tratayen, emplazada en el corazón de Vaca Muerta, pasando por Río Negro, La Pampa, hasta Salliqueló.

“Como parte de una mirada estructural sobre la matriz energética de nuestro país estamos comprometidos en impulsar el desarrollo del hidrógeno. Elaboramos un proyecto de ley que contempla al hidrógeno verde, al rosa y al azul. Ya hemos completado el circuito administrativo y lo enviaremos a Presidencia”, aseguró este jueves la secretaria de Energía, Flavia Royon.

Se trata de un anuncio esperado por el conjunto de los sectores políticos y empresariales que se reunieron hoy para participar del Foro Global de Hidrógeno Verde 2023 en el Hotel Llao Llao de Bariloche en la provincia de Río Negro.

La mandataria provincial, Arabela Carreras, presentó a la secretaria antes de su disertación, a quien calificó como “una aliada excepcional para lograr los objetivos que estamos buscando en relación al hidrógeno”.

A continuación, Royon realizó un breve repaso de los objetivos de su gestión dentro de los lineamientos generales propuestos por el ministro (Sergio) Massa desde la cartera de Economía, y sitúo la iniciativa sobre el hidrógeno como parte integrante de una estrategia de desarrollo a largo plazo para la Argentina.

“La cuestión del hidrógeno adquirió un lugar en la agenda energética desde la asunción del ministro Massa, porque lo visibilizamos como una oportunidad de inversión y crecimiento, por eso asumimos al hidrógeno como un aspecto estructural del cambio de la matriz energética de la Argentina”.

En la línea de trabajar con una mirada estructural, Royon destacó: “Buscamos llevar adelante una obra como el gasoducto Néstor Kirchner con el esfuerzo del estado, también elaboramos un master plan de obras de transporte de energía eléctrica para incorporar más energías renovables al sistema, y buscamos reducir la presencia de los combustibles líquidos en la generación térmica”.

En particular, sobre este sector agregó: “Hemos conseguido financiamiento y reiniciado obras paradas por años. Entre las obras licitadas y con financiamiento vamos a sumar casi 5.000 kilómetros de líneas de Alta Tensión al sistema eléctrico argentino”.

Royon sumó la problemática del hidrógeno al conjunto de la matriz energética nacional, y explicó: “Debatimos el proyecto en Trabajo, con las secretarías de Cambio Climático y de Asuntos Estratégicos, con Industria y Política Tributaria. Vamos a dar un marco para que el sector se pueda desarrollar como parte de un país y de una economía transversal, donde el hidrógeno se complemente con el plan gas, con el desarrollo del GNL y del sector minero”.

Luego, detalló los aspectos más relevantes del proyecto de Ley de Hidrógeno, entre los que señaló: “Contemplamos el hidrógeno azul, a partir del gas con captura de carbono, el verde con fuentes renovables y el rosa desde el know how ya adquirido por la Argentina en materia nuclear”.

Entre los ejes del proyecto, señaló “apuntamos a la certificación en origen, con la creación de instituciones que verifiquen el origen de la producción, para desarrollar las cadenas locales de valor; además se va a monitorear los estándares de emisiones, con beneficios fiscales y un régimen diferencial que premia al hidrógeno verde por sobre el azul”. Aclaro que el proyecto no contempla el hidrógeno gris.

“Entre los diversos beneficios fiscales que contempla el proyecto se destacan: estabilidad fiscal por 30 años, acceso al mercado libre de cambios, amortización acelerada del impuesto a las ganancias, beneficios financieros, derechos de exportación incrementales y diferenciados según cada tipo de proyecto” manifestó la autoridad energética.

Finalmente, ratificó que en la iniciativa que quedará a la firma del presidente “se garantiza el acceso al mercado libre de cambios desde una mirada donde los dólares que generen estas exportaciones tienen que servir para promover el desarrollo de otros sectores de la macroeconomía argentina”.

La gobernadora Carreras valoró las características del proyecto de ley como “un anuncio muy bueno, saber que tenemos un texto consolidado es algo que todos estábamos esperando”.

Para cerrar su presentación, la secretaria recalcó que las políticas públicas que perduran en el tiempo se construyen con el recorrido que se tomó para abordar el tema del hidrógeno, con el diálogo entre los sectores públicos y privados, académicos y gremiales.

“Lo que se plasma en la ley es qué modelo de desarrollo queremos para nuestro país, y la ley del hidrógeno refleja eso: queremos recibir inversiones y queremos que sean inversiones que se integren dentro de nuestro modelo de matriz energética y ubicar a nuestro país como un proveedor seguro de energía para el mundo”.