Más de 2.000 referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas, suscribieron una proclama del 25 de Mayo con el fin de impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses de la deuda contraída por el Gobierno anterior con el FMI, y de las acreencias con el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria. También reclaman reprogramar los vencimientos con los organismos financieros internacionales con plazos que subordinen el pago a las verdaderas posibilidades del país. Y que el dinero correspondiente a los Derechos Especiales de Giro (DEG) se utilice para enfrentar la pandemia y no para pagar deuda, en sintonía con el proyecto del Frente de Todos que ya tiene media sanción del Senado.

Las firmas están encabezadas por Raúl Zaffaroni, Fernanda Vallejos, Héctor Daer, Pablo Moyano y Hugo Yasky. También acompañan Guillermo Moretti, Andrés Gallardo, María Teresa García y Víctor Hugo Morales.

Bajo el lema “Primero la salud y la vida, después la deuda”, más de 2000 referentes políticos, sindicales, científicos, religiosos, académicos, de la cultura y del periodismo, advirtieron que resulta “imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis”.

Los firmantes reclaman, además, “la suspensión de los pagos por capital e intereses que el gobierno de Mauricio Macri asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de las acreencias con el Club de París”.

El mensaje lo suscribe un amplio abanico de dirigentes, entre ellos el exministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, el secretario General de la CGT, Héctor Daer, el secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces promovido por el papa Francisco.

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Sumaron su apoyo a la proclama los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, y el intendente de Ensenada, Mario Secco. También acompañaron la propuesta el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y el director de Litigios Penales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Claudio Castelli.

Entre los empresarios, figuran también, Raúl Hutín (Pro-Tejer), Roberto Marquínez (CGE), Daniel Rosatto (IPA), Juan Scioli (CEEN), Marcelo Fernández (CGERA) y Mario Derch (CGI), entre otros.

Además de los mencionados, también acompañan la Proclama del 25 de Mayo, los dirigentes sindicales Sonia Alesso (secretaria General de CTERA), Daniel Catalano (ATE Capital), Roberto Pianelli (Metrodelegados), Daniel Yofra (Aceiteros), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Roberto Baradell (Suteba), Eduardo López (UTE), Héctor Amichetti (Corriente Federal de Trabajadores), Angelica Graciano (UTE), Pablo Miceli (CTAA), Ricardo Peidró (CTAA) y Horacio Ghillini (SADOP), entre otros.

Estos reclamos se sustentan en la crisis sanitaria por el Covid-19 y su impacto en la economía. Advierten que los contagios y las muertes se han espiralizado y sostienen que “la economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la emergencia sanitaria, se ha profundizado aún más”.

La proclama señala asimismo que la pandemia “exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales”. Y, a su vez, remarca que “los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo”.

En otro de sus puntos, aboga por la reprogramación de los vencimientos con los organismos financieros internacionales subordinando los plazos a las verdaderas posibilidades de pago de la República Argentina. 

“La deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”, subraya en otro tramo el texto aludido.

También participaron del mensaje una docena de legisladores nacionales. Y llamó la atención la presencia de más de cincuenta economistas heterodoxos, entre ellos, Felisa Miceli, Guillermo Wierzba, Roberto Feletti, Ricardo Arondskind, Noemí Brenta y Jorge Marchini, quienes, junto a Vallejos, integraron el grupo de trabajo que redactó e impulsó la Proclama del 25 de Mayo, además del ex vicepresidente Amado Boudou, el director del Banco Nación Claudio Lozano y la ex ministra de Industria Débora Giorgi. También se solidarizaron desde España, los economistas de la Universidad Complutense de Madrid Eduardo Garzón y Jorge Fonseca.

En uno de los párrafos centrales, la proclama, recuerda que la Argentina se encuentra en un “estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población”.

La iniciativa propone, asimismo, “utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente U$S4.350 millones), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos”.

Entre los intelectuales, pensadores y hombres de la cultura, respaldaron la propuesta Horacio González, Jorge Alemán, Rafael Bielsa, Alejandro Rofman (Plan Fenix), Norberto Galasso, Atilio Borón, Ricardo Forster, el pianista Miguel Angel Estrella, Mempo Giardinelli y Mónica Peralta Ramos, junto con más de una docena de rectores de universidades nacionales de todo el país, además de investigadores, académicos y científicos, entre los que destacan los médicos y sanitaristas, visiblemente movilizados por la pandemia.

También se comprometieron con la Proclama del 25 de Mayo, los periodistas Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Stella Calloni, Eduardo Anguita, Sandra Russo, María Seoane, Mariano Beristain, Martín García y Liliana López Foresi, entre otros.

La Proclama del 25 de Mayo pone el acento en tres puntos claves:

1.- “Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno”.

2.- “Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central”.

3.- “Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de la ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país”.

Además de Zaffaroni y Gallardo, entre los juristas también destacan las firmas del juez Juan Ramos Padilla, el ex decano de derecho de la UBA, Mario Kestelboim, el ex juez Luis Arias y los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, entre otros.

Los términos de la Proclama del 25 de Mayo también contaron con el acompañamiento de los curas de Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna y Paco Olveira; el padre Pepe (Curas Villeros), el pastor Guillermo Prein (Presidente de la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida) y una veintena de referentes religiosos de todo el país.

Ejes centrales de la Proclama del 25 de mayo

•        Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria. 

•        Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.

•        Renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes.

•        Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos.

•        Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI.

•        Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina.

•        Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.

Por José Angel Di Mauro

Por obra del coronavirus, las giras presidenciales se han reducido al máximo. Con un mundo jaqueado por la pandemia, los países se han encerrado en sí mismos y eso han hecho y hacen sus gobernantes, que son los que han decidido el encierro de sus poblaciones por períodos más o menos extensos.

En general, los gobernantes se mantienen en sus países hasta tanto pase esta emergencia y los contactos entre sí se realizan de manera virtual. Una modalidad que sin dudas llegó para quedarse, y que nuestro presidente ha cumplido como todos. Pasa lo mismo con las cumbres. Hay excepciones: por celebrarse los 30 años del Mercosur, la reunión de presidentes de ese organismo iba a celebrarse en nuestro país de manera presencial, pero al final y por decisión del gobierno argentino pasó a ser virtual. Probablemente para evitar un encuentro con Bolsonaro, que ya había confirmado su asistencia. Sin nombrar a su par argentino, Luis Lacalle Pou se quejó de la suspensión de la reunión presencial.

En ese contexto Alberto Fernández, que justamente acaba de endurecer la circulación ciudadana por el avance de la segunda ola de Covid, pudo darse el gusto de retomar la agenda internacional de manera presencial, con un viaje a Europa en el que visitó cuatro países en cinco días. La escala final en Moscú no pudo ser, pues el encuentro con Putin no alcanzó a cerrarse y Alberto F. se volvió  el viernes.

Desde el Gobierno se esforzaron por resaltar que se habían cumplido las expectativas del viaje y se ilusionan con poder anunciar en los próximos días un acuerdo que evite el default con el Club de París. Eso debe definirse en breve, pues a fin de mes vence un pago de 2.400 millones, acordado en 2014 por el entonces ministro Axel Kicillof.

El presidente Fernández consiguió los previsibles apoyos de los líderes con los que se reunió. Pero en rigor, las palabras que escuchó fueron las de siempre: que debe arreglar con el FMI. El objetivo oficial ha sido siempre lograr una dispensa del Fondo, aunque a esta altura pareciera quedar claro que lo que el Gobierno busca no es un acuerdo, sino patear ese entendimiento para después de las elecciones, tal la idea del sector que prevalece en el Frente de Todos. La pregunta es si tras los comicios existirá disposición en el kirchnerismo para acordar con el FMI.

“El tema es que después de las elecciones, ¿sabés qué es lo que viene en la Argentina? Otra elección”, advierte en ese sentido el economista Juan Carlos De Pablo.

Alberto Fernández viajó a Europa a confirmar apoyos que ya tenía y a escuchar palabras que ya le habían dicho a él y a Martín Guzmán. Ni hablar de gestionar inversiones. La apretada agenda presidencial solo incluyó un desayuno con ocho empresarios y banqueros franceses que ya invierten en el país.

Los imprevistos que nunca faltan sobresalieron durante esta gira, como cuando el presidente debió salir a explicar el posicionamiento argentino frente a la crisis de Medio Oriente, luego de que Cancillería condenara al Estado de Israel, mas no al grupo Hamas. Fue un día después de que Santiago Cafiero y Carla Vizzotti se reunieran con la embajadora de ese país para explorar las posibilidades de fabricar la vacuna israelí en la Argentina.

En el mundo de la diplomacia no encontraban esta semana justificativos para semejante comunicado. En un tema tan complicado se estila instar a las partes a encontrar una solución por la vía pacífica y no mucho más, tratándose de un conflicto ajeno y lejano. Mariano Caucino, el anterior embajador argentino en Israel, consideró “un error” el comunicado y no descartó que Felipe Solá hubiese conocido el texto cuando ya había sido emitido, lo cual de todos modos -aclaró- no dejaría de ser grave. Aunque al final sugirió que “cuando los errores son siempre para el mismo lado, uno ya piensa que es algo ideológico”.

Las tarifas diferenciales alcanzarían a tres millones de personas, ampliando el beneficio que actualmente rige para la región patagónica, y si bien el proyecto corresponde a varios diputados -incluso de la oposición-, es auspiciado por Máximo Kirchner.

Ahí es donde se recuerda la renuencia del Gobierno a condenar la situación en Venezuela, mientras Alberto Fernández no duda en expresar desde su cuenta de Twitter su preocupación por la crisis en Colombia e insta al gobierno de Iván Duque a que “cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, desatando la airada réplica del gobierno colombiano por lo que consideró “una intromisión arbitraria”.

El presidente buscó en su gira europea aire para sí mismo y su ministro de Economía, tomando distancia de la fuerte interna que tuvo su pico con el despido de Federico Basualdo, subsecretario de Energía, que resistió en el cargo bancado por el kirchnerismo en general y La Cámpora en particular. Pero ese deseo de empoderarlo se dio de bruces en el Congreso, con dos episodios registrados el mismo día.

En el Senado, el kirchnerismo dio media sanción al proyecto que insta al ministro de Economía a no utilizar los aproximadamente 435 millones de dólares extras que nos hará el FMI para pagar deuda, cosa que es precisamente lo que Martín Guzmán tenía en mente. Impulsor de la iniciativa, el senador Oscar Parrilli se atajó en su intervención advirtiendo que los medios y la oposición dirían que ese era “un ataque al ministro de Economía, una interna”, y que “lo mismo decían cuando el bloque de senadores del Frente de Todos hizo una nota al FMI donde le hacíamos saber de todas las irregularidades del crédito” que le dieron a Mauricio Macri. Por el contrario Parrilli afirmó que lo que ellos estaban haciendo era “precisamente apoyando a nuestro gobierno, colaborando con nuestro gobierno, y obviamente con el señor ministro de Economía, para lograr la mejor negociación”.

Desde la oposición, el radical Julio Martínez dijo sin medias tintas que la única razón que había en esa movida era “marcarle la cancha al ministro de Economía”. A su turno, Martín Lousteau preguntó a sus pares del oficialismo por qué no llamaban por teléfono a Guzmán para decirle si podían discutir “qué vamos a hacer con este maná que nos cayó del cielo”.

A esa misma hora, en la otra Cámara el oficialismo presentaba un proyecto que propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que se sumarían a los que ya existen para la Patagonia. Las tarifas diferenciales alcanzarían a tres millones de personas, ampliando el beneficio que actualmente rige para la región patagónica, y si bien el proyecto corresponde a varios diputados -incluso de la oposición-, es auspiciado por Máximo Kirchner, quien presentó el mismo como “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.

Un día antes, el PJ bonaerense que el hijo de los Kirchner se encamina a presidir había emitido un duro comunicado advirtiendo que “la Argentina de los tarifazos quedó atrás”. En el mismo le hablan al ministro Guzmán, sin nombrarlo, al señalar que “ordenar las cuentas fiscales, sin descuidar a los sectores vulnerables, es decir, sin ajustar a mansalva como alienta la ortodoxia neoliberal, nos lleva a recorrer un camino inversamente proporcional al que seguía la anterior administración”.

Por más millas y aire que pueda haber acumulado, no podría decirse entonces que fue una buena semana para Guzmán, que además verificó el jueves que su pauta inflacionaria del 29% es una utopía. El 4,1% de abril confirma que en los primeros 4 meses del año se consumió más del 60% de la meta de inflación establecida en el Presupuesto 2021. Con eso, en los últimos 12 meses el costo de vida asciende al 46,3%, aun con dólar planchado y tarifas contenidas.

El proyecto promovido por Máximo Kirchner toma propuestas del mendocino José Luis Ramón, jefe de un interbloque de 6 diputados que suelen ser funcionales al oficialismo, aunque se habían plantado en los temas judiciales frenados en la Cámara baja. Este acuerdo con el proyecto sobre tarifas fue precedido por una reunión de Ramón con el ministro de Justicia Martín Soria, el día anterior. Ya en la visita del funcionario a la comisión de Diputados, Ramón había mostrado disposición para destrabar su voto si se le ofrecía flexibilidad, y eso encontró ese encuentro, con lo que el oficialismo habría quedado a tiro de aprobar la reforma del Ministerio Público y desplazar con eso al procurador Eduardo Casal, cuya cabeza es reclamada desde hace tiempo desde el Instituto Patria.

En Juntos por el Cambio temen que el Frente de Todos tenga los votos para aprobar la media sanción hasta ahora cajoneada y por eso quieren iniciar una campaña intensiva para movilizar a la población. Junto a Máximo Kirchner estuvo el jueves Sergio Massa, encargado de conseguir los votos para destrabar los proyectos judiciales provenientes del Senado y aprobar las facultades especiales para Alberto Fernández. En algunos casos están más cerca que en otros. Los próximos días serán decisivos.  

El Parlamento chino expresó un fuerte respaldo a la Argentina frente a las negociaciones con el FMI. Fue durante una reunión por videoconferencia entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su par de China, Li Zhanshu.

Massa estuvo acompañado por Máximo Kirchner, jefe del bloque Frente de Todos, y Germán Martínez, diputado oficialista que preside el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-China.

Mientras que el presidente del Parlamento chino o Asamblea Popular Nacional (APN), Li Zhanshu, estuvo acompañado por: Zou Xiaoli, embajador de China en la Argentina; Yang Zhenwu, secretario General del Comité Permanente de la APN; Zhang Yesuli, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la APN y Xie Feng, viceministro de Relaciones Exteriores.
Durante el encuentro, las autoridades parlamentarias chinas transmitieron su fuerte respaldo a la Argentina en su negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

“Aprovecho esta ocasión para reiterar que la parte china apoya las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda valorada en 44 mil millones de dólares, porque esto contribuye a la estabilidad económica y financiera de Argentina. Las autoridades pertinentes de ambos países pueden mantenerse en comunicación al respecto”, afirmó Li Zhanshu, titular de la APN.

También, se dialogó sobre la relación comercial y la importancia de promover el ingreso de productos argentinos con valor agregado a China.
Coincidieron en seguir construyendo lazos y profundizar la diplomacia parlamentaria a partir del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-China.

En materia sanitaria, se destacó que ambos países coincidieron en priorizar la vida y la salud de los ciudadanos. Y se remarcó la cooperación de China desde el comienzo de la pandemia.

Con los votos del propio oficialismo, se aprobó en el Senado un proyecto de declaración que le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender gastos por la pandemia de Covid-19 y no para pagar deuda.

La iniciativa, impulsada por el kirchnerista Oscar Parrilli, recibió 37 votos a favor y 25 en contra, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal. Además del Frente de Todos, votaron positivamente también los aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.

Sugestivamente, la declaración se votó en la previa la reunión que Guzmán y el presidente Alberto Fernández mantendrán con Kristalina Gueorguieva, la directora del FMI.

Abrió la discusión Parrilli, autor del proyecto, quien rechazó que los medios de comunicación y la oposición “van a decir que esto es un ataque al ministro de Economía, una interna, y que esto y lo otro”, y recordó que “lo mismo decían cuando el bloque de senadores del Frente de Todos hizo una nota al FMI donde le hacíamos saber de todas las irregularidades del crédito” que se otorgó durante el gobierno de Mauricio Macri, y que luego el organismo internacional reconoció que debía revisarse.

“Cuando nosotros hacemos este reclamo, este pedido, esta exhortación, lo que estamos haciendo es precisamente apoyando a nuestro Gobierno y ayudando y colaborando con nuestro Gobierno, y obviamente con el señor ministro de Economía, para lograr la mejor negociación y la mejor relación posible con las actuales autoridades del Fondo Monetario Internacional”, aseguró el kirchnerista.

En otro tramo de su extensa intervención, el neuquino remarcó: “Estamos absolutamente convencidos que las políticas económicas que no consideren el equilibrio social de un pueblo, una nación, y que tiendan a mejorar las condiciones de vida y darle expectativas a los jóvenes, no es una política ni sana, ni razonable, ni sustentable en el tiempo”.

“Este proyecto, a mi juicio, es sumamente innecesario”, expresó el radical Julio Martínez, que opinó que “queda abstracto que el autor del proyecto diga que esto va destinado al Fondo Monetario”, sino que “la única razón que tiene es marcarle la cancha al ministro de Economía”.

El riojano enfatizó que “hay un problema hacia el interior del Gobierno; hay dos proyectos que chocan, chocan y chocan a cada rato, y que traen consecuencias institucionales, políticas y hasta económicas”.

Además, el legislador de Juntos por el Cambio resaltó que “no hay ningún apuro de tratar esto porque ni siquiera lo ha resuelto el Fondo”, y manifestó su deseo de poder haber escuchado al ministro sobre “qué opina de este proyecto, qué opina de los fondos, qué van a hacer con las tarifas y tantos otros temas”.

Por el oficialismo, el misionero Maurice Closs apuntó que “no se puede analizar la política de la Argentina sin reconocer que el gobierno anterior endeudó en 45 mil millones de dólares a la Argentina con el Fondo Monetario, y que eso es lo que hoy condiciona a nuestro presidente y a nuestro ministro”.

“Desde esta bancada no escuché nunca a nadie que le quiera marcar la cancha a nuestro presidente y a nuestro ministro. Simplemente, se quiere pedir al Fondo Monetario que a este país, que lo endeudó el gobierno anterior, no se lo condicione”, insistió.

Al diagnosticar el “estado de ánimo” del Gobierno, el porteño Martín Lousteau consideró que se evidencia en tres puntos: “Nada de lo malo que pasa es culpa del oficialismo nunca; la instalación de una épica; y la confrontación permanente como parte de la interacción y enojo con la realidad”.

Al referirse al proyecto de homenaje a Héctor Timerman, el radical observó que desde la resolución de la ONU en 2015 “poco cambió en las reestructuraciones de la deuda soberana”, incluso “nuestra propia reestructuración fue muy difícil”. “Hasta que no resolvamos los problemas de fondo esa épica es vacía”, agregó.

Para Lousteau, el ministro Guzmán “tendrá que explicar por qué un proyecto declarativo lo estamos tratando mientras él esta afuera con el presidente”, en alusión a la gira europea, y se preguntó: “¿Por qué no llaman por teléfono al ministro, que es de su propio espacio político, y le dicen ‘podemos discutir cómo vamos a hacer con este maná que nos cayó del cielo’?”.

Por su parte, el chaqueño Víctor Zimmermann dijo que el proyecto “es una manifestación política, no técnica”, y por lo tanto “tiene un tremendo impacto en lo económico y social, fundamentalmente porque está firmado por la mayoría de los senadores oficialistas”.

En un mensaje a la oposición, el bonaerense Jorge Taiana lanzó: “Si ustedes creen que el Fondo Monetario no ha hecho en su historia cosas distintas a las que dijo que iba a hacer me parece que estamos teniendo una visión un poco ingenua”.

“Acá lo que está haciendo el Senado es responder a una campaña de los sectores de poder vinculados al mundo financiero que están tratando de doblarle el codo al Gobierno argentino, de doblarle el brazo al ministro de Economía, y de lograr que aquel destino que el propio Fondo dijo que tienen que tener esos derechos especiales sea cambiado”, sostuvo el legislador oficialista.

Para el aliado Alberto Weretilneck, el proyecto es “interesante y oportuno, porque la deuda externa, que ha sido de debate en este Congreso en el transcurso del año pasado, es un condicionante de la política nacional”. El senador de Juntos Somos Río Negro señaló que este giro “permite el incremento de reservas de un país, y otro elemento importante es que se puede canjear por monedas”.

En ese sentido, explicó que los Derechos Especiales de Giro estimados, pasados a pesos, representan 425 mil millones de pesos. “Todos los ATP que se pusieron en marcha por la pandemia sumaron 370 mil millones; las tres rondas de IFE, 265 mil millones; y un mes de jubilaciones y pensiones significan 207 mil millones de pesos. Esto para que tomemos dimensión de la importancia que significa pasar las DEG a pesos. Entonces yo creo que tiene que haber una participación del Congreso, porque yo aspiraría a que sea coparticipable para todas las provincias, y aspiraría a que el destino de esos fondos sea de un debate en este Congreso“, planteó.

En la recta final, el presidente del interbloque Juntos por Cambio, Luis Naidenoff, analizó que este proyecto refleja el “nivel de diferencias que van más allá de los matices, que tienen que ver con cuestiones profundas, de fondo, y que tienen que resolver” en el oficialismo.

El formoseño también apuntó que “hay una crisis muy clara entre el propio ministro y el subsecretario de Energía (Federico Basualdo) sobre el tema de tarifas. Y no es un tema menor cuando cada día nos alejamos de los parámetros del Presupuesto”.

“El denominador común es la falta de un norte previsible”, aseveró el radical, que agregó que con esta iniciativa las “diferencias marcadas que se hacen públicas y generan un enorme desgaste”. “Hay veces que el fuego amigo genera un daño que es irreparable, en el marco de un contexto que es complejo y difícil”, advirtió.

Por último, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, salió al cruce del líder de Juntos por el Cambio en el Senado: “Esto que dice Naidenoff del ‘fuego amigo’, que (el proyecto) le hace un daño tremendo al presidente y a la negociación. No. Lo que nos hizo daño es que entraron 44 mil millones de dólares y se fugaron 86 mil”.

“Solamente estamos haciendo una exhortación, un pronunciamiento de que no queremos que se paguen esos 47 mil millones de dólares, que no tenemos forma de pagarlos en cuatro años. Ustedes saben, Macri sabe, el FMI sabe, el nuevo candidato presidencial de la alianza sabe, que no estamos en condiciones de pagar en cuatro años, ni en diez años…Hasta que la Argentina no crezca no se puede pagar”, defendió.

Y cerró: “Queremos realmente el crecimiento económico y no queremos que la plata vaya afuera para pagar el despilfarro que se armó con la bicicleta financiera. Queremos que el país crezca, que haya trabajo, y que disminuya la indigencia y la pobreza en nuestra patria. Por eso la plata que ingresa tiene que ser utilizada como corresponde”.

Qué plantea el proyecto de declaración

El proyecto solicita que el dinero que será girado por el FMI no se vuelque “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.

En cambio, se pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.

El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.

“Día de la Reestructuración Soberana de la Deuda”

En la sesión recibió media sanción un proyecto de ley para instaurar el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados”, en homenaje al excanciller Héctor Timerman, también impulsado por Oscar Parrilli.

La iniciativa plantea, además, renombrar al Salón Cedro del Palacio San Martín como “Salón Ex Canciller Héctor Marcos Timerman”.

Durante el debate (ambos proyectos se trataron en conjunto), Parrilli consideró que este “es el mínimo homenaje que podemos dictarle a un hombre por lo que hizo, y por aquello de lo que fue víctima, que es precisamente la persecución (judicial)”.

Sobre la fecha, que hace alusión al 10 de septiembre de 2015, cuando se firmó en la ONU una resolución impulsada por la Argentina referida a principios básicos para las reestructuraciones de deuda, el oficialista argumentó: “Nosotros queremos que sea este día y que se recuerde. Y que se haga la historia de la deuda. Y que se sepa en la historia argentina quiénes endeudaron a la Argentina y quiénes la desendeudaron. Y nosotros nos sentimos orgullosos de este espacio político”.

A su turno, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara calificó a aquella jornada como una “hazaña en pos de la autonomía y de la soberanía de los pueblos del mundo”. “Es tan importante señalar este aspecto porque las instituciones hacen que las cosas sean posibles, pero las personas hacen que las cosas sucedan”, destacó sobre la figura de Timerman.

En medio de un clima de cruces internos cada vez más elocuentes, el Gobierno encarará la próxima semana negociaciones cruciales con el FMI y el Club de París, para lograr que la Argentina este año no pague ningún vencimiento de deuda y de esa manera tener “más aire” para implementar políticas “activas” desde el Estado.

Ese es el concepto que se busca implementar para las conversaciones que se retomarán la próxima semana en Europa, siendo este el objetivo principal del viaje del presidente Alberto Fernández, quien realizará esta gira por el viejo continente acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Una gira que incluirá España, Francia, Italia, como puntos centrales para conseguir el respaldo de los gobiernos europeos para que Argentina termine de negociar “un acuerdo especial” con el FMI, con el objetivo de conseguir “algo más” que 10 años de plazo, una idea que ya fue rechazada por la cùpula del organismo.

Este tema será analizado nuevamente en la reunión que mantendrá Guzmán con Kristalina Georgieva, titular del FMI, en Roma, en un seminario que se realizará en el Vaticano sobre deuda externa.

Pero lo que más presiona a la Argentina es el inminente vencimiento de 2.400 millones de dólares que se le debe pagar al Club de París. El vencimiento es el próximo 30 de mayo y el objetivo es evitar ese pago y renegociar un plazo mucho más largo para su cancelación.

En realidad, el acuerdo firmado con ese grupo acreedor establece 60 días de gracia, con lo cual, el Gobierno tiene tiempo hasta fines de julio para no caer en default con el Club de París.

“Lo que se busca es despejar el camino de los vencimientos en este año”, recalcó una fuente del gabinete económico.

La negociación no será fácil, en el propio Gobierno admiten esas dificultades, y más teniendo en cuenta que el clima de enfrentamiento interno en el oficialismo es elocuente, después del fallido alejamiento de Federico Basualdo, subsecretario de Energía, quien sigue en su puesto.

Muchos analistas consideran que esto ha generado un gran desgaste para la gestión de Guzmán e incluso del propio presidente, aunque desde el exterior el titular de la cartera económica recibió una muestra más de respaldo.

“Estamos muy comprometidos en estas discusiones con el ministro (Martín) Guzmán, es nuestra contraparte en las conversaciones y no voy a hacer especulaciones en este punto”, señaló el vocero del Fondo Monetario, Gerry Rice.

El funcionario se expresó así al ser consultado en una conferencia de prensa que brindó desde Washington sobre las versiones vinculadas con las dificultades que tendría Guzmán para aplicar su programa económico.

Rice destacó que el staff del Fondo Monetario Internacional “continúa comprometido en conversaciones constructivas con las autoridades argentinas sobre la posibilidad de otorgar un programa de apoyo a la Argentina para superar los desafíos que está enfrentando incluyendo la pandemia”.

Un aspecto central es la inflación, ya que el titular de la cartera económica incluyó una pauta muy optimista del 29 por ciento para todo este año.

En ese sentido, insistió con que las negociaciones buscan alcanzar “un cuidadoso balance de políticas para lograr la estabilidad a los efectos de proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo”.

“Las conversaciones continúan constructivamente”, enfatizó el portavoz del Fondo, pero aclaró que aún no hay “una fecha” para que la Argentina y ese organismo internacional lleguen a un acuerdo, que permita renegociar una deuda cercana a los US$ 44 mil millones.

Pero Guzmán viajará a Europa con el presidente Fernández asumiendo que hubo previsiones en su gestión que cada vez se ajuste menos a la realidad y eso también le empieza a pasar factura interna dentro del Gobierno.

Un aspecto central es la inflación, ya que el titular de la cartera económica incluyó una pauta muy optimista del 29 por ciento para todo este año y la inflación ya del primer semestre se calcula que cerrará entre 22 y 24 por ciento.

Tampoco pudo cumplirse su previsión sobre “el día después de la renegociación de la deuda privada”.

La previsión del Ministerio de Economía era que una vez reestructurada la deuda, la tasa de riesgo país bajaría drásticamente y Argentina se acercaría paulatinamente a la posibilidad de acceso a los mercados internacionales.

En realidad, en este momento, a ocho meses del cierre del acuerdo de la deuda, el riesgo país está en niveles cercanos a 1.600 puntos básicos, cuando por ejemplo, Ecuador que también hizo un proceso similar con su deuda tiene una prima diferencial que no supera los 750 puntos básicos.

El oficialismo en el Senado avanzó con un proyecto de declaración que insta al ministro de Economía, Martín Guzmán, a que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender gastos por la pandemia de Covid-19 y no para pagar deuda.

La iniciativa, impulsada por el kirchnerista Oscar Parrilli, se debatió este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde su autor defendió la propuesta y negó que tenga como objetivo entorpecer las negociaciones que encara Guzmán con el organismo internacional, como tampoco “una interna en el Frente de Todos”.

“Hemos visto que hay algunos operadores, economistas, que están aconsejando imponer en la opinión pública la necesidad de que como están por delante vencimientos de una deuda irresponsablemente tomada por la gestión anterior, sería conveniente destinar estos fondos para afrontar esos pagos”, señaló.

En ese sentido, consideró que “si el FMI nos asigna esa plata y resulta que la usamos para pagarle créditos, no estamos solucionando ningún problema”.

En su intervención, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, arrancó recordando que “se recibió al país prácticamente en default”, y destacó que la Argentina no estaba en condiciones de recibir el monto de préstamo que recibió la gestión de Mauricio Macri. “Como máximo, podíamos recibir 15 mil millones”, apuntó, reiterando que la mayoría del dinero se fue con “la usura” y “dejaron a la Argentina sin ningún tipo de arma financiera para poder combatir este tipo de flagelos que hoy tenemos”.

Detalló en otro pasaje que mil millones de dólares representan “50 hospitales de alta complejidad como el que tenemos acá en Formosa”, para señalar luego que si el dinero extra que llegue del Fondo es destinado “a pagar la usura y estos créditos ruinosos, no nos va a ayudar en el desarrollo de la economía”.

“Es oportuno tener una utilización correcta de los fondos que recibamos -añadió-. Primero tenemos que crecer y generar empleo”.

Luego de Mayans, habló el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien tras indicar que la Argentina necesita hacer “una buena reprogramación de la deuda pública y tenemos todos que ayudar y contribuir”, preguntó si esta declaración no podría llegar a entorpecer la negociación que está desarrollándose con el FMI, y si el ministro Guzmán está de acuerdo con el mismo.

Para la radical Silvia Elías de Pérez, “llama la atención que el propio bloque oficialista venga a sugerirle, a decirle, a marcarle a su propio ministro de Economía, en qué debe usar los fondos”. “Nos hubiera encantado que venga el ministro y nos explique”, sostuvo la senadora tucumana.

En el mismo sentido, reclamando la presencia del funcionario, el riojano Julio Martínez expresó que el proyecto “claramente no está destinado al FMI, sino al ministro Guzmán”. “Se necesita de alguna manera marcarle la cancha al ministro”, opinó y dijo que el proyecto es “absolutamente innecesario” porque “los mismos voceros del FMI cuando anuncian esto, piden que no sea para pagar deuda”.

“Hay contradicciones en el bloque que está planteando esto”, lanzó el senador de la UCR sobre el Frente de Todos y agregó que “no hay tanto apuro de aprobación” ya que el giro sería en agosto.

Parrilli comparó que estas afirmaciones por parte de la oposición son iguales que las que se dijeron cuando el bloque le hizo una carta al FMI. Y defendió que el proyecto es para que “el ministro tenga una herramienta de qué decirle y qué plantearle al FMI”.

“No estamos hablando de una ley, estamos hablando de un proyecto de declaración para tomar una medida en el momento en que esto se instrumente”, aclaró y continuó: “Cuando llegue el momento y estén esos fondos debatiremos en el Presupuesto si hay que hacer modificaciones”.

El senador K enfatizó: “No es la interna del Frente de Todos. Este es el problema de Argentina con su deuda, una de las tantas cargas pesadas que nos dejó la gestión anterior”.

Y, finalmente, insistió que con la iniciativa “se está ayudando a nuestro Gobierno para que tenga todos los elementos a su favor, para que cuando se siente a negociar, además del equilibrio fiscal, además del equilibrio comercial, además de pagar las deudas, hay que lograr un equilibrio social en Argentina. Nosotros somos pagadores y siempre hemos pagado las deudas”.

En el encuentro, el oficialista Jorge Taiana explicó que “los derechos especiales de giros no están atados a condicionamientos, porque no son créditos”, por lo tanto “se puede hacer lo que se quiera con ellos”. “El mismo Fondo dicen ‘úsenlo para la pandemia y para la situación social'”, remarcó.

Y sumó que “desde el papa (Francisco), hasta (Klaus) Schwab, el creador del fondo de Davos, coinciden en que hay una situación gravísima, que no hay recuperación de la demanda si no hay un estímulo fuerte, y en que hay que parar el nivel de desigualdad”.

Tomó luego de nuevo la palabra Parrilli para celebrar la noticia de que “legisladores de Estados Unidos solicitaron que el FMI suspenda el cobro de la deuda a la Argentina como consecuencia de la pandemia”. “Evidentemente no estamos entorpeciendo la labor del Gobierno, sino en todo caso ayudándolo”, consideró.

En el final, el presidente de la comisión, Carlos Caserio, enfatizó: “No necesitamos citar al ministro Guzmán ni a nadie, porque somos el Senado de la Nación. Y tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestras ideas democráticamente, por eso fuimos elegidos por la gente”.

El cordobés reiteró que se trata de “un proyecto de declaración”, por lo tanto “no es vinculante”, sino “una opinión sincera, responsable”.

Con críticas al gobierno de Cambiemos, el senador observó que “se hipotecó al pueblo argentino por 55 mil millones de dólares, que gracias a este presidente (Alberto Fernández) son 44, y ni siquiera se pasó por el Congreso de la Nación. Fue una decisión unilateral de quien conducía el país”.

“Es inentendible que teniendo estos recursos para hacer que los argentinos estén un poco mejor después de la situación vivida por la economía del país y encima por la pandemia, estemos discutiendo si esto es justo o no es justo. ¿Lo injusto saben qué sería? Que esto vuelva a la especulación financiera”, observó y sentenció: “Esto no significa un apriete para nadie, es la voz del Senado, y el Ejecutivo hará lo que tenga que hacer”.

El proyecto solicita que el dinero no se vuelque “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.

En cambio, se pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.

El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.

La diputada Fernanda Vallejos sostuvo que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica en el mediano y largo plazo la sujeción del país a “la supervisión y auditoría del organismo, lo que equivale a que ningún gobierno de signo popular pueda desarrollar su programa, sometido a los ajustes permanentes”. Y agregó que estas condicionalidades que impone el organismo como acreedor y la “deuda impagable” que dejó Juntos por el Cambio “dificultan el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica y pone en duda el futuro desarrollo de la Argentina”.

En este sentido, la legisladora desarrolló una serie de limitaciones que suele imponer el FMI en la política económica de los países deudores, con su respectivo impacto en el plano social y laboral.

“Si bajo la tutela de este organismo, el pueblo no es dueño, a través de sus representantes democráticamente electos, de decidir su política económica, si no puede decidir que ciertos niveles de pobreza son francamente intolerables, que ciertos niveles de desigualdad deben ser combatidos con fiereza, que ciertos niveles de desocupación son inaceptables e inconsistentes con el avance actual de la ciencia y la tecnología y la enormidad de necesidades insatisfechas que existen en la comunidad, y que para ocuparse de todo aquellos es preciso distribuir de otra manera los frutos del crecimiento, los frutos del trabajo; si el pueblo no puede decidir sobre ninguna de esas cosas porque el FMI dice que la seguridad social es un gasto o que los subsidios a la energía que son salario indirecto para las familias y factor de competitividad para nuestras pymes, no son inversiones de calidad, entonces, ¿podemos seguir afirmando que, bajo estas condiciones, estamos viviendo en una democracia?”, inquirió la economista.

Su intervención fue en la charla virtual “Jornadas virtuales sobre deuda, fuga y criminalidad económica”, organizada por el Instituto de Estudios comparados en ciencias penales y sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). También participaron el economista Horacio Rovelli, la socióloga Luci Cavallero y el Coordinador del Grupo de Trabajo de Finanzas para el Desarrollo CEPPAS, Pedro Biscay.

“El poder económico, cuyo principal objetivo es el lucro, está condicionando la vida de una manera total”, continuó Vallejos. En esta línea, la diputada retomó el fallo de la Corte contra la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales por la segunda ola y cuestionó cómo eso expone a la población. “Los argentinos no votamos a la Amcham, no votamos a la SRA, no votamos a BlackRock, no votamos a AEA. ¡Como no votamos a la Corte Suprema de Justicia! ¡Y tampoco votamos al FMI! Entonces, lo que estamos discutiendo es sobre cómo recuperamos una verdadera democracia”, propuso.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Carlos Caserio, tratará este jueves a las 14 un proyecto del oficialista Oscar Parrilli para que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender la pandemia del coronavirus y no para pagar deuda.

Se trata de un proyecto de declaración que le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que esos fondos no se vuelquen “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.

En cambio, Parrilli pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.

El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.

“Según declaraciones públicas de Geoffrey Okamoto, vicedirector Ejecutivo del FMI, esos fondos tendrán el objetivo de ser utilizados en temas de ‘salud y vacunación contra el Covid’. Si esa será la condición, la Argentina no podría utilizar esos fondos para saldar vencimientos previstos para septiembre y diciembre de este año con el FMI”, explicó Parrilli.

En los fundamentos de su proyecto, señaló que “se han manifestado algunas voces en la Argentina que indican que el Gobierno Nacional debería analizar la posibilidad de destinar la parte que le corresponde de esta nueva emisión de DEG para el pago de los vencimientos que la Argentina tiene con el FMI y con el Club de París en concepto de capital e intereses y con vencimiento en el corriente año”.

“A nuestro entender, esta decisión configuraría un grave error económico, social y político y no se cumpliría con el principal objetivo que dicen tener dichos fondos, ya que a través del pago de deuda el dinero volvería a los países ricos, aumentando la desigualdad e inequidad”, advirtió el legislador.

La iniciativa fue suscripta, además de Parrilli, por el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y sus pares Caserio, Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana.

A través de un extenso hilo de Twitter, la vicepresidenta Cristina Kirchner destacó el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a 100 días de su gestión, con un nuevo mensaje al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Sorpresas te da la vida. Acabo de leer el discurso de Joe Biden ante el Congreso de EEUU, dando cuentas del estado de la Unión. Comparto algunos textuales imperdibles”, introdujo Cristina antes de compartir varias declaraciones del presidente norteamericano.

La vicepresidenta resaltó los pasajes referidos a la sindicalización de trabajadores, el plan de empleo American Jobs Plan y el denominado “Compre Americano”.

¿Por qué Biden dijo todo esto? También lo explica en forma textual: “La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil.”
¿Qué cosa, no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a Trump.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2021

“Me interesa que te enteres cómo Biden piensa financiar todo esto”, continuó Cristina, y citó otro segmento de Biden donde sostuvo que “es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses comiencen a pagar su parte justa. Sólo su parte justa”.

“Vamos a reformar los impuestos corporativos para que paguen su parte justa y ayuden a pagar las inversiones públicas de las que también se beneficiarán sus empresas”, anunció Biden en otro pasaje citado por la vicepresidenta argentina.

El presidente estadounidense señaló en ese sentido que con la pandemia “veinte millones de estadounidenses” de clase media y trabajadora “perdieron su trabajo”, mientras “al mismo tiempo, aproximadamente 650 multimillonarios en Estados Unidos vieron aumentar su patrimonio neto en más de $1 billón, en el mismo período exacto”.

“Mis conciudadanos, la economía de goteo hacia abajo nunca ha funcionado y es hora de hacer crecer la economía desde abajo y desde el centro hacia afuera”, insistió Biden, ante lo cual Cristina finalmente remató: “¿Qué cosa, no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a (Donald) Trump”.

Tras estar casi un mes de viaje por Estados Unidos y Europa realizando intensas gestiones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo reuniones importantes con funcionarios estadounidenses de la Unión Europea, encuentros que fueron calificados como “muy positivos”, pero que en realidad dejaron “magros resultados concretos”.

Hay que recordar que Guzmán viajó primero a Nueva York, luego se trasladó a Washington donde mantuvo reuniones con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y con parte del staff del Fondo como así también funcionarios del Tesoro de Estados Unidos.

En tanto en Manhattan el ministro se reunió con representantes de inversores para demostrar los “progresos” de la economía argentina, a pesar de los graves efectos que ha provocado la pandemia.

Posteriormente, el ministro se trasladó a Europa, para visitar Alemania, Italia, Vaticano, España, Francia y Rusia.

En todas esas reuniones, donde sorpresivamente en ninguna participó el canciller Felipe Solá, el objetivo de Guzmán fue conseguir un respaldo para la árdua gestión con el FMI, en donde Argentina pretende un acuerdo “especial”, es decir un convenio mayor a los 10 años que estipula el estatuto del organismo, al tiempo que sondeó la renegociación con el Club de París.

Tanto fuentes de Casa de Gobierno como del propio gabinete económico resaltan que los encuentros fueron positivos, pero que todos los países le indicaron a Guzmán que lo primordial para Argentina es cerrar primero un acuerdo con el FMI dentro de lo que estipula el organismo.

“Ellos consideran que los acuerdos con el FMI ya están estipulados y es imposible cambiar”, recalcó uno de los funcionarios, en referencia a un convenio por más de 10 años, como presiona el ala dura del Gobierno.

Sin dudas, ahora el tiempo empieza a jugar en contra del Gobierno, ya que no le quedan muchos opciones para evitar el pago de semejante vencimiento, más teniendo en cuenta que las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, si bien hubo un leve recupero en los últimos tres meses, las mismas no superan los 3.500 millones de dólares.

“Tenemos los dólares para pagar el vencimiento, pero lo ideal sería reprogramarlo, pero por ahora es un tema difícil”, admitió otra fuente consultada, quien en principio descartó que se vaya a incumplir con el Club de París.

Según una importante fuente del mercado, el problema de incumplir con ese grupo acreedor son las cláusulas del mismo, ya que en una de ellas hay una penalidad de unos 2.000 millones de dólares si la Argentina no paga en tiempo y forma.

Esa cláusula forma parte del polémico acuerdo que llevó adelante en mayo de 2014 el entonces ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En las últimas horas, el ministro Guzmán admitió el tema central de los plazos para el acuerdo con el FMI y posteriormente con el Club de París.

En esas declaraciones, Guzmán que sería “valioso” poder cerrar el acuerdo con el FMI en mayo o temprano en junio, al entender que de lo contrario el debate político local obligará a hacerlo luego de las elecciones legislativas.

El funcionario consideró que el plazo se encuentra con la dificultad de “los múltiples consensos que se deben alcanzar”.

El titular del Palacio de Hacienda volvió a referirse a que cuando una deuda se vuelve insostenible “hay una responsabilidad compartida” entre el deudor y el acreedor.

“Esa responsabilidad compartida implica que todas las partes deban sentarse a la mesa sobre el principio de la buena fe en resolver un problema, que tiene implicancias para todas las partes. Eso es lo que está ocurriendo con el FMI y con el Club de París ocurre lo mismo”, aseguró el ministro.

En el mismo sentido, reseñó que la Argentina le está pidiendo al Fondo “esta nueva renegociación porque la deuda no es sustentable, y al Club de París un poco más de tiempo”.

Precisamente sobre los plazos que maneja el Gobierno para un eventual entendimiento con el FMI, el ministro afirmó que “si el acuerdo se pudiese alcanzar en mayo, eso por supuesto que sería un resultado valioso”.

“Si no se alcanza en mayo, lo que luego ocurre es que están las elecciones de medio término. Dada la envergadura del debate que se va a estar llevando a cabo, no sería lo más sensato que ese debate se dé en el medio de un proceso de elecciones”, entendió al ratificar: “O se llega a un acuerdo en mayo o temprano en junio o efectivamente sino tendrá que ser luego de las elecciones”, concluyó.

El vicepresidente 2do de la Cámara de Diputados José Luis Gioja (FdT-San Juan) solicitó a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que “se instruyan los mecanismos administrativos para promover las acciones de responsabilidad patrimonial que le caben a los funcionarios que intervinieron en la celebración de los acuerdos en los que Argentina tomó una deuda del orden de los 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional”.

El pedido se realizó en consonancia con los dichos del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, donde anticipó que se promoverán acciones penales contra los que endeudaron al país con el organismo de crédito internacional. Gioja apela a la aplicación de la Ley de Administración Financiera (24.156) y a la de Responsabilidad del Estado Nacional (26.944).

La Ley de Administración Financiera, en su Artículo 113, establece que “los funcionarios responderán de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia, en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.

Por otro lado, la ley 26.944 de Responsabilidad del Estado Nacional establece que: “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años”.

“Estimamos que el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación deben arbitrar medios de inmediato para que se articule la acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración del acuerdo con el FMI en 2018”, reza en los considerandos el proyecto presentado por Gioja.

Senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa acordaron convocar a ese ámbito a distintos funcionarios para hacer un seguimiento del proceso de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fue una reunión virtual realizada este viernes, donde el jefe del bloque oficialista en la Cámara alta, José Mayans, fue ratificado como presidente de la bicameral, al igual que el vicepresidente, el diputado Luciano Laspina (Pro), y los secretarios, el senador Matías Rodríguez y el diputado Itai Hagman.

A pedido del diputado oficialista José Luis Gioja, oficialismo y oposición acordaron citar al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, autoridades del Banco Central, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Además, Mayans adelantó que ya se solicitaron informes a los distintos organismos, que serán compilados para la próxima reunión con la reserva del secreto bancario.

Gioja, en tanto, destacó el decreto 239/21, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que instruye a la Procuración del Tesoro a que se constituya como parte querellante en el juicio por el préstamo del FMI, donde se investiga una posible administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública por parte de la gestión de Cambiemos.

Por su parte, el senador Ernesto Martínez (Pro) reclamó la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, para “tener de primera mano a la persona del Gobierno que estuvo en Washington negociando la deuda”.

El cordobés advirtió sobre “las opiniones de funcionarios del FMI” que hablan de “divergencias internas en la política argentina, dentro del Gobierno, en relación a la renegociación de la deuda”.

Martínez se refirió así a las recientes declaraciones del director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, quien advirtió que “parece haber diferencias significativas de opinión dentro de los aliados políticos del presidente argentino, tanto en la política como en las negociaciones con el FMI”.

El diputado Carlos Heller salió al cruce del senador y sostuvo que “las supuestas divergencias son construcciones mediáticas”, al citar una nota del periodista Marcelo Bonelli donde informa que, según la subdirectora Julie Kozack, los dichos de Werner fueron “a título personal”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se mostró favorable a una suspensión de las elecciones PASO de este año, o, en caso de que se realicen, que sean “el mismo día que la general”.

Así se expresó ante la inminente llegada de la segunda ola de esta pandemia de Covid: “El crecimiento de casos en esta segunda ola se está viendo día a día”, apuntó, alertando sobre “una mutación de cepas que hace que aparezca en los jóvenes con más virulencia”.

En ese contexto, al ser entrevistado en el programa El cohete a la luna, que conduce Horacio Verbitsky por Radio Del Plata, el jefe de la Cámara de Diputados dijo tener “como convicción que la política tenga la capacidad de resolver sus diferencias, puertas adentro y que no someta a los argentinos a tener que ir dos veces a votar”.

“Preferiría que se votara en un sólo día, con acuerdo de las fuerzas políticas que evite la realización de las PASO, o con la realización de las PASO el mismo día que la general”, señaló.

El tema será abordado esta semana en el marco de una reunión que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, mantendrá con los jefes de bloques de la oposición este miércoles. Al respecto Massa señaló que “se planteó la posibilidad de un diálogo con la oposición. La pandemia es un dato objetivo de la realidad. Tuvimos una charla con los líderes parlamentarios planteando diferentes posibilidades”.

Con relación a las relaciones internas dentro del oficialismo, señaló que “tenemos la particularidad de poder dialogar, aun en los temas que pensamos distinto”, y agregó que “parte del secreto de la unidad tiene que ser que respetemos el mano a mano en los ámbitos privados y que en lo público sostengamos la idea que tomamos como camino”.

Con relación a la reforma judicial, trabada en la Cámara baja, Massa dijo esperar que “de alguna manera haya alguna propuesta de modificaciones del Poder Judicial por parte de la oposición. Hay poca predisposición hasta ahora”. Y agregó: “Esperamos genuinamente que la oposición nos haga su propuesta de la reforma judicial”.

Con relación al manejo de la Cámara que le compete, Massa comentó que “la falta de respeto me hace volar la chapita. Cuando el debate no es respetuoso, la gente termina perdiendo el respeto al Parlamento como institución. Hago un ejercicio de paciencia permanente”.

La negociación de la deuda

Consultado en torno a las negociaciones con el Fondo Monetario, Sergio Massa enfatizó que “no hay discusión dentro del Gobierno respecto de cómo encarar el proceso de renegociación de la deuda”.

“Estamos frente a un escenario que empieza en diciembre del 2019, que tiene dos negociaciones muy fuertes. Una vinculada a lo que se denominaban los bonistas privados otra a los multilaterales o el acuerdo con el Fondo, centralmente porque representa el 93 % de la deuda de multilaterales”, apuntó. Agregó que “en ese menú de deuda heredada, absolutamente irresponsable, nos encontramos que la Argentina encaró la renegociación con los bonistas con un éxito inesperado para todo el mundo” .

La misma, continuó, “fue una renegociación muy exitosa nos permitió quitarle a la Argentina el peso del pago de deuda por ejemplo para este año. Y llevar adelante una de las inversiones en materia de infraestructura y obra pública para este año, de la más importantes que tengamos memoria”.

“Nos quedó pendiente, por resolver la deuda con multilaterales”, admitió y sobre el tema señaló que “es unánime la necesidad de darle a lo que son a los Multilaterales una mirada más ágil y de ayuda”.

“El Gobierno tiene una posición unívoca en el planteo político, respecto de que esperamos el mejor acuerdo posible para la Argentina y de respaldo al ministro de Economía”, comentó luego, para remarcar a continuación: “Es importante dejarlo claro, sino parece que en el gobierno tenemos diversas opiniones y tenemos una única opinión y es el camino que eligió el presidente y quienes somos parte de la coalición”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que “la Argentina necesita acceder a un acuerdo con el FMI” que sea “sustentable y pagable”.

En declaraciones televisivas, el titular de la Cámara baja se refirió al acuerdo que se selló en 2018 durante la gestión de Cambiemos y sostuvo que “el FMI le firmó a la Argentina un crédito político”.

“Así lo reconoció el propio titular del BID y a mí mismo, quienes me visitaron en el Congreso, la misión del Fondo Monetario Internacional. Me plantearon que técnicamente el acuerdo que le firmaron a Macri era inviable, y que fue una decisión política”, reveló.

Massa aseveró que “no podemos seguir el juego en el que nos metió el gobierno de Macri de firmar pagarés con insolvencia, que es lo que demostró con el fracaso de su gobierno”.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos enumeró una a una las irregularidades que a su juicio “se verificaron” en el préstamo por U$S 57.100 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la administración de Mauricio Macri en 2018, y consideró que “tiene que haber una indemnización para la Argentina a la hora de negociar. Esto significa llegar a un acuerdo en las condiciones que se puede pagar y sin sacrificar ninguna de las cuestiones que son fundamentales: recuperar la actividad económica y el empleo, mejorar la situación de los salarios y resolver la situación de desigualdad”.

Vallejos no se quedó con el enunciado y consideró que “puede haber una quita y una extensión de los plazos, porque cuando el préstamo se otorgó en condiciones que nada tienen de convencional, no hay motivos para pensar que tenga que haber convencionalidad a la hora de resolver eso que claramente estaba mal dado”.

En este sentido, Vallejos advirtió que “Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años no sólo serían penalmente y administrativamente responsables, configurando un acto de administración fraudulenta en contra del erario público, entre otras figuras, sino que, además, deberían responder con su patrimonio por ese accionar criminal”.

Las “irregularidades” del acuerdo

El crédito que tomó el Gobierno de la alianza Cambiemos por U$S57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de U$S44.000 millones) fue el mayor de la historia otorgado por el organismo financiero. Se concretó en el marco de la crisis financiera que tuvo lugar durante la gestión de Mauricio Macri y el desembolso se hizo efectivo durante la campaña presidencial del año 2019.

Ahora, el gobierno de Alberto Fernández mantiene las negociaciones para llegar a un acuerdo con el FMI que permita refinanciar la devolución del crédito que tomó Macri. Además, Fernández adelantó el 1° de marzo último, en el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que el Gobierno iniciará una querella criminal “a los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, explicó minuciosamente cómo el acuerdo con el FMI infringió leyes y normativas que regulan la contratación de la deuda pública en la Argentina.

Al enumerar las supuestas irregularidades, Vallejos señaló que el Gobierno de Macri firmó la Carta de Intención “sin que existiera expediente previo, a través del cual debió haber tramitado la decisión. El expediente se abrió el 21 de junio de 2018, 9 días después, lo que torna inválido el procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 7, incisos b y d, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”.

“Tampoco hubo dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención, otro elemento que vuelve inválido el acto administrativo, según el artículo 7, inciso d, de la ley de Procedimientos Administrativos”, agregó, ni tampoco dictamen previo del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos, un requisito que Vallejos considera “fundamental” para contratar deuda externa, tal como lo prescriben los artículos 61 y 66 de la Ley de Administración Financiera N°24.156. De hecho, para el momento en el que se decidió el crédito, “el Balance de Pagos estaba en rojo, algo que no podía ser omitido por los ex funcionarios”, afirmó la diputada kirchnerista.

Agregó Vallejos que “no se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, no hubo decreto presidencial ni resoluciones de Hacienda o del BCRA. Amén de que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central no tenían competencia para firmarlo sin autorización del Presidente, tal como estipula el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional”.

Por otra parte, Vallejos afirmó que “no se conoce ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica, que den sustento a los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula, de acuerdo con los artículos 7, inciso b, y 14 de la ley de Procedimientos Administrativos”.

“Tampoco hay constancia de haberse suscripto el acuerdo, ni del acto de aprobación por parte del FMI, a pesar que la Carta dice que los memorandos ‘deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by´”, añadió la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la legisladora recordó que “los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario incumplieron los procedimientos establecidos en las leyes que regulan la constitución de deuda pública externa, y violaron las obligaciones asumidas con el FMI”.

Siguiendo el mismo razonamiento, Vallejos señaló que Macri podría ir preso si la Justicia avanza y ratifica las mencionadas irregularidades. “La administración fraudulenta es un delito penal tipificado en el Código Penal y por supuesto tiene una pena de privación de la libertad”, subrayó la legisladora oficialista.

Al respecto, Vallejos puntualizó que tanto la ley de Responsabilidad del Estado como la Ley de Administración Financiera “determinan la responsabilidad patrimonial de los funcionarios que tomen decisiones contrarias a las estipulaciones legales”.

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa afirmó este martes que el Gobierno quiere firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este año con un perfil de vencimientos “sustentable”, es decir, sin pagar en los primeros años.

En una reunión con empresarios de los Estados Unidos organizada por el Consejo de las Américas, Massa destacó la importancia de recuperar el superávit fiscal y fortalecer la balanza comercial para que el Banco Central pueda recuperar reservas, reveló Infobae.

El diálogo se produjo en un contexto de desconfianza por parte de los inversores por el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, reflejado en el fuerte aumento del riesgo país. Por eso, las respuestas de Massa giraron en torno a las medidas adoptadas para aumentar la inversión.

Antes de las preguntas, el titular de la Cámara baja resumió “el desafío más que complejo” que enfrentó la Argentina en 2020, con la mayor caída en los últimos 100 años en la economía real. Destacó, entonces, la decisión de expandir el gasto público para sostener a la población más vulnerable.

Negociación con el FMI

Ante la consulta por la negociación con el FMI, Massa admitió que “el equipo económico va a liderar una misión en Washington para avanzar en la negociación” y que “el sendero que debemos recorrer es la premisa de sustentabilidad; el equilibrio fiscal, el superávit comercial para recuperar su soberanía para el Banco Central, un tipo de cambio competitivo con flotación administrada y el desendeudamiento”.

La idea, sostuvo, es cerrar un acuerdo que “nos permita aliviar los 7000 millones de deuda entre la Argentina y el FMI y el Club de París”. Criticó el acuerdo anterior, firmado en la gestión de Muricio Macri, por basarse en “premisas falsas” y habló de que el nuevo acuerdo sea “sustentable, para que el país no caiga cada 3 años en una permanente revisión”. 

En la reunión también se expusieron otros asuntos, tales como la reanudación del mercado aeronáutico de cabotaje, los cambios en el impuesto a las Ganancias y en el monotributo y la nueva ley de la economía del conocimiento sancionada el año pasado.

También surgieron cuestiones políticas, como los “discursos radicalizados” del presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner. Al respecto, El presidente de la Cámara de Diputados se defendió: “la coalición del Frente de Todos no está en discusión por un discurso o una opinión”.

Cuando le preguntaron por las elecciones legislativas de este año, dijo que “tenemos que lograr que el año electoral no empañe el debate en el parlamento” y dijo que “hay una oposición que tiene el rol de controlar y auditar y un Gobierno que debe promover iniciativas políticas”. “El Congreso no se debe desvanecer en este año electoral”, indicó.

El Poder Ejecutivo promulgó este miércoles la Ley 27.612, de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional deberán pasar por aprobación del Congreso, así como cualquier endeudamiento externo que supere los límites establecidos en el Presupuesto Nacional.

La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, indica que la ley de Presupuesto de cada ejercicio “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, reza el texto.

También dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

El artículo 3 prevé que “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes, a excepción de los gastos extraordinarios previstos en el artículo 39 de la Ley 24.156 de Administración Financiera”.

Durante la Asamblea Legislativa del lunes pasado, el presidente Alberto Fernández aseguró que “el programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional para garantizar la sostenibilidad y la transparencia como políticas de Estado”.

En uno de los pasajes más salientes de su discurso, el presidente Alberto Fernández anunció que promoverá una acción judicial contra la gestión anterior por supuesta “administración fraudulenta” y “malversación de caudales” a través de la toma de deuda.

“He instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”, informó Fernández ante la Asamblea Legislativa.

El jefe de Estado recordó que “en 2018 la Argentina fue sumergida en una grave y profunda crisis en la balanza de pagos, en una grave recesión, en un aumento notorio del desempleo, la pobreza y la indigencia”.

Se quejó de que entonces el gobierno que lo precedió pidió al Fondo Monetario Internacional el préstamo más grande de la historia de ese organismo, y aseguró que los 44.000 millones de dólares que pidió ese Gobierno “se esfumaron antes de que asumiéramos”.

Luego, el presidente destacó la renegociación de la deuda privada y el ahorro que sus resultados permitieron, pero pidió un compromiso de “no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables”.

Respecto del endeudamiento con el FMI, detalló cómo deberían ser los pagos en los próximos años según lo acordado por la administración de Cambiemos, terminando el proceso en 2024, y confirmó que su gobierno continuará con las negociaciones para obtener mayores facilidades.

“Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo aquellos que generan esas deudas”, subrayó.

Asimismo, garantizó que “no va a haber ningún ajuste que otra vez recaiga sobre las espaldas de nuestro pueblo”, y ratificó que el acuerdo con el FMI será enviado al Congreso para su análisis, tal como establece la ley recientemente sancionada en el Senado.

El bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos envió este   lunes una carta al director de la Oficina de  Evaluación Independiente del Fondo  Monetario Internacional, Charles Collyns, haciéndole saber las inquietudes, sugerencias y propuestas de investigación, sobre el proceso de otorgamiento del  préstamo stand  by (SBA) que, en el año 2018, el Fondo

Monetario Internacional (FMI) otorgó al Gobierno de nuestro país de         ese entonces presidido por Mauricio Macri.

“Nuestro  bloque  comparte plenamente con la oficina de Evaluación del FMI, la necesidad de realizar una investigación exhaustiva, precisa y detallada sobre los motivos y causas por las cuales el Directorio del Fondo, basado en los informes técnicos preparados por el staff de ese organismo, otorgó a nuestro país un préstamo de  magnitud desproporcionada en relación a las reales posibilidades financieras de  repago, sin  cumplir  con los requisitos mínimos de legalidad exigidos por las normas vigentes en  nuestro  país y  vulnerando  el  Art. 6° del Estatuto del  FMI”.

Y agregó: “Máxime, teniendo en cuenta que, el SBA de 2018,   fue el préstamo más grande otorgado por el FMI en toda su historia, con lo cual es dable suponer que se deberían haber tomado  los  mayores recaudos posibles”.

Por ello, es que los senadores oficialistas quieren hacerles llegar a Collyns, al representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, a Odd Perr Brekk, jefe del departamento de Asia del FMI, que lidera la evaluación interna ex post de referido acuerdo Stand  by con  Argentina, su posición e informar que, según su criterio, deberían ser los puntos básicos a investigar:

1. Estimaciones para el diseño del Programa y evaluaciones de sostenibilidad de la deuda.

2. Cumplimiento de los criterios establecidos por el FMI para que el país haya obtenido el Acceso Extraordinario (PAE)

3. Vulneración  del Art 6° del Estatuto del FMI. Fuga de capitales

4. Aspectos jurídicos incumplidos en Argentina

5. Transparencia y Corrupción. Préstamo político. Evaluaciones internas.

La nota está suscripta por el presidente y la vice del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, respectivamente.

Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara baja, Carlos Heller y Fernanda Vallejos, respectivamente, compartieron este jueves el tiempo correspondiente al miembro informante en el debate del proyecto de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también aprobar los futuros acuerdos con el FMI.

En su intervención, Heller consideró que este proyecto “va a marcar un hito en la historia legislativa del país en lo que tiene que ver con la historia del endeudamiento público”, y lo consideró asimismo “un gran paso para afianzar la institucionalidad”.

El legislador kirchnerista destacó los esfuerzos realizados para acordar con los bonistas, que a su juicio logró plenamente los objetivos. Y reprochó que “a esta altura muchos parece que se olvidan de lo que sucedió y tratan de restarle importante a ese proceso de reestructuración altamente auspicioso”.

“Esta reestructuración de la deuda pública nacional generará un ahorro de 42 mil millones de dólares en los desembolsos previstos para 2020 y 2024, que ayudan a generar las condiciones de saneamiento para las finanzas públicas y brindan una plataforma de crecimiento con inclusión social, sobre todo para cuando podamos dar por superados los efectos de la pandemia”.

Al referirse luego a la deuda con el Fondo Monetario, la calificó como “impagable”. “Supera los 45 mil millones y debería empezar a pagarse en septiembre de 2021”, precisó, agregando que “no hay que perder de vista que según el acuerdo vigente, Argentina debería desembolsar 40.900 millones de dólares de capital y 3.065 millones de intereses hasta 2023”.

“No tiene sentido preguntarnos de dónde deberían salir esos recursos”, dijo, pero consideró que ello sirve para demostrar “la manera desacertada e inconveniente como se llevó esa negociación”.

Heller puntualizó que la propuesta oficial consiste en no pagarle al Fondo Monetario hasta 2025, de modo tal de “despejar el frente interno, para esos recursos volcarlos en un programa de recuperación, desarrollo y crecimiento”.

En ese marco valoró que el proyecto puesto en consideración establece que el Congreso no solo aprobará un acuerdo con un organismo internacional, sino también un plan rector para varios años, que dará certezas. Además, la ley de presupuesto de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera respecto al monto total de las emisiones de títulos públicos para este ejercicio.

Lo que denominó como el tercer objetivo de ese proyecto es que “estas financiaciones en moneda extranjera no sean utilizadas para financiar gastos primarios corrientes, salvo catástrofes, epidemias e inundaciones, como establece la ley.

Y sobre el final, salió al cruce de un cuestionamiento de la oposición referido al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, preguntándose “cuánta parte de la enorme deuda neta incurrida entre 2016 y 2018 ha sido dedicada a la inversión. Eso es insignificante, dijo, “por eso me parece que es adecuada la propuesta de este proyecto. No nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos, o para gastos que no sean de capital. Esto también hace a la sostenibilidad del endeudamiento público. Por eso estamos dando un gran paso para fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de los planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno sean efectivamente políticas de Estado”.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano (FIT-Izquierda Socialista) cuestionó que “crece la pandemia, el hambre y la pobreza y el Gobierno sigue pagando una deuda usurera y fraudulenta. Es inconcebible”.

“El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner pagará el próximo 1 de febrero al FMI un vencimiento de intereses cercano a los 300 millones de dólares que saldrán de las reservas del Banco Central”, denunció.

El legislador señaló que “esto es parte de otros pagos por 5.200 millones de dólares, de los cuales 3.800 millones corresponden al capital del Stand By firmado por Macri en 2018. A su vez, en mayo aparece otro pago de 2.200 millones de dólares al Club de París y el Gobierno está renegociando el pago de 50.000 millones a ese organismo usurero”.

“En medio de la pandemia, el crecimiento de la pobreza y los miserables salarios y jubilaciones, el Gobierno tiene como prioridad pagarle al FMI una deuda que fue contraída por Macri para financiar la fuga de capitales por 50.000 millones de dólares”, agregó.

Finalmente, el diputado insistió que “es una verdadera vergüenza” porque “esa plata debería ir a los hospitales, a aumentar salarios y jubilaciones, a combatir los males sociales y a reactivar la economía construyendo miles de viviendas populares, no a los usureros internacionales”.

En el último día del período de sesiones ordinarias, el Senado se reúne desde las 14.08, tras retomar el cuarto intermedio del jueves pasado, cuando el debate se postergó a raíz de la muerte de Diego Armando Maradona y el homenaje que el pleno le hiciera en su memoria.

La Cámara alta tratará el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Congreso autorice el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y que a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A propuesta del Frente de Todos se agregó al texto original que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con ese organismo internacional no puedan ser utilizados para gastos corrientes.

La iniciativa establece que la ley de Presupuesto de cada ejercicio “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, indica el texto.

También dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

El temario incluye una serie de pliegos de ascensos militares, entre ellos el ascenso post mortem del capitán del submarino ARA San Juan, Pedro Martín Fernández; transferencias de inmuebles; y declaraciones de días nacionales y monumentos históricos nacionales.

Además se votará un proyecto para avanzar en la historia clínica digital; una modificación a la Ley de Tránsito referida a la circulación de vehículos de emergencia; y otra modificación a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, referida a la realización de jornadas de concientización en colegios.

Al filo del cierre del período ordinario, que termina el próximo lunes 30, el Senado tendrá doble sesión, este jueves y viernes, para tratar dos proyectos clave: las modificaciones a la Ley del Ministerio Público, para flexibilizar el modo de selección del procurador general y acotar su mandato, y el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa.

Las dos sesiones se acordaron en una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes, y si bien circuló la versión de que la actividad legislativa podía suspenderse por el duelo nacional decretado por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, las convocatorias siguen en pie.

El jueves se celebrará una sesión ordinaria, a partir de las 14, donde el principal tema será el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Congreso autorice el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y que a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa recibió dictamen favorable el pasado 18 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el oficialismo realizó un agregado al texto original, para que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con el FMI no puedan ser utilizados para gastos corrientes.

El segundo proyecto relevante para el Frente de Todos se debatirá en la sesión del viernes y tiene que ver con la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador en el Senado -pasando de dos tercios a la mitad más uno de los presentes-, aunque para la remoción se mantendrá la mayoría especial.

La discusión se da mientras sigue en espera el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de jefe de los fiscales, quien meses atrás pidió mantener la mayoría agravada para su designación, aunque el Frente de Todos no tenga los votos porque la oposición rechaza el pliego.

El oficialismo consiguió el dictamen favorable el viernes pasado, unificando los viejos proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), sumados al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), más reciente

Otros proyectos

En ambas sesiones se tratarán además proyectos consensuados que cuentan con dictamen, ya que el lunes termina el período ordinario y todavía no se firmó la prórroga, como tampoco se convocó a extraordinarias, a pesar de las versiones que indican que así será.

En la sesión del jueves se tratarán una serie de pliegos judiciales, transferencias de inmuebles, declaraciones de días nacionales y monumentos históricos nacionales.

También se votará un proyecto para avanzar en la historia clínica digital; una modificación a la Ley de Tránsito referida a la circulación de vehículos de emergencia; y otra modificación a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, referida a la realización de jornadas de concientización en colegios.

El viernes, en tanto, se buscará aprobar un proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.

Asimismo, figura en el temario un proyecto -que sería convertido en ley- para declarar “Capital nacional del fútbol” a la ciudad de Avellaneda; y otra iniciativa sobre el luto en el uniforme de la Armada Argentina.

Por último, también se votará una modificación de la Ley de Bibliotecas Populares, sobre embargos y ejecuciones; y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, entre otros temas.

El Frente de Todos firmó este miércoles el dictamen favorable del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para que el Congreso deba autorizar el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y que a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa fue debatida en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda conducida por Carlos Caserio (Frente de Todos), con la participación del Ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y otros funcionarios de la cartera.

El oficialismo decidió apurar la discusión dado que este viernes 20 vence el plazo para dictaminar en el período ordinario, y aun no se efectuó la convocatoria a sesiones extraordinarias.

El proyecto de ley establece que en el futuro “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera” que supere el máximo estimado en el Presupuesto Nacional, “requerirá de una ley especial” del Congreso “que la autorice expresamente”.

Además, “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones” también necesitarán de una ley.

El texto original sufrió una modificación sustancial propuesta por el Frente de Todos, para que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con el FMI no puedan ser utilizados para gastos corrientes.

Se incorpora así un agregado al artículo 56 de la Ley de Administración Financiera, que indica que “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito púbico realizados con el Fondo Monetario Internacional y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos corrientes”.

“No nos podremos endeudar bajo legislación extranjera para gastos corrientes, sino únicamente para bienes de capital e inversión productiva”, explicó la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, y consideró que se trata de “poner un manto de sensatez y sentido común a la administración pública”.

En ese sentido, llamó a lograr “un pacto entre todas las fuerzas políticas del Congreso de que nunca más nos endeudaremos para gastos corrientes, fuga de capital y especulación financiera, como pasó en los últimos años”.

Juntos por el Cambio pidió tiempo para analizar la modificación propuesta. “Supongamos que uno tiene un déficit de 4,5% del PBI y que gasta dos puntos en gastos de capital… hay dos puntos para financiar. Si se previó que uno es con emisión, cualquier deuda que se tome es para financiar gastos corrientes”, razonó Martín Lousteau (UCR-Evolución), quien advirtió que el agregado “puede ser un problema adicional”.

El misionero Maurice Closs, del Frente de Todos, buscó llevar tranquilidad: “Más allá de la emisión, queda una gran posibilidad de endeudamiento, que seguramente lo hará muy responsablemente el Gobierno, pero lo va a hacer o en moneda nacional bajo legislación nacional, o en todo caso -en una situación excepcional- en moneda extranjera bajo legislación nacional. No creo que estemos atados de pies y manos bajo ningún punto de vista. Me parece razonable el agregado”.

El jefe de la bancada, José Mayans, destacó la tarea de Guzmán en “una negociación que ha permitido replantear toda la cuestión de la deuda pública en materia de vencimientos, intereses, capital y un ahorro muy importante para el pueblo argentino”.

Mayans recordó que al momento de tomar el crédito con el FMI durante la gestión anterior, el Congreso no tuvo intervención y “tampoco se le dio lugar al Banco Central para dictaminar con respecto a las posibilidades que tenía la Argentina de cumplir con este monto”. “Fue un crédito absolutamente fuera de los límites de la Argentina”, objetó.

El detalle saliente del debate fue que hubo un cuestionamiento dentro del propio oficialismo, por parte del puntano Adolfo Rodríguez Saá, autor de un proyecto que, según define, busca decir “nunca más al endeudamiento”.

“Este proyecto del Ejecutivo no tiene nada que ver con el ‘nunca más al endeudamiento’. Es todo lo contrario: están estableciendo pautas flexibles y blandas para seguirse endeudando”, se diferenció Rodríguez Saá.

Y amplió: “He acompañado al Gobierno y al ministro y estoy de acuerdo con todos los acuerdos realizados. También he apoyado y defendido la política de la defensa del valor de la moneda argentina con respecto al dólar, y felicito al Gobierno por el duro golpe que le pegó a los golpistas que pretendían una devaluación, pero esta ley no tiene nada que ver con el ‘nunca más’”.

El senador, quien no adelantó si acompañará o no el proyecto, se limitó a decir que profundizará su postura puertas adentro, en una reunión de bloque, y luego en la sesión.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó este miércoles por primera vez ante el Senado para defender el proyecto de ley que busca fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública y que dispone que los préstamos y programas de financiamiento del FMI requieran aprobación del Congreso.

“La sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado, y por lo tanto el Congreso debe tener un rol más importante, un rol mayor”, sostuvo Guzmán al participar de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, donde se pasó a la firma el dictamen.

Al inicio de su exposición, el funcionario indicó que la sostenibilidad de la deuda es “un tema central para el proceso de ordenamiento y estabilización de la economía argentina”.

En ese sentido, agradeció el apoyo dado por el Congreso a la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, y destacó que “a nivel internacional” la sanción de dos leyes este año le dio “mayor fuerza y legitimidad al proceso que hemos llevado adelante”.

El ministro señaló que el proyecto en tratamiento “ha sido muy bien recibido” por el FMI, con el que se negocia el refinanciamiento de la deuda por un total de 44.000 millones de dólares.

Guzmán recordó que hasta ahora se logró un “alivio sustancial en la carga del endeudamiento”, con “37.700 millones de dólares de alivio respecto a lo que estaba pre-programado paran los próximos diez años, una reducción de los intereses en dólares del 7% al 3,07%, y una reducción del capital del 1,90%”.

También resaltó que se logró un “93,5% de aceptación” para la reestructuración de la deuda bajo ley de Nueva York -que asciende al 99% por las cláusulas de acción colectiva-, y en cuanto a la deuda bajo ley local “la tasa de aceptación fue de casi el 100%”.

“El siguiente paso en cuanto a resolver la situación es poder alcanzar un programa con el FMI que nos permita refinanciar los vencimientos programados con el FMI”, explicó.

Guzmán advirtió que con el préstamo otorgado por ese organismo “terminó profundizándose la recesión y elevándose aún más el costo del crédito, que llegó a niveles prohibitivos, y el riesgo país superó los 2.000 puntos”.

“Resulta imposible poder hacer frente a los pagos estipulados con el FMI en tiempo y forma, en un contexto de no acceso al crédito. Por lo tanto, necesitamos una reprogramación de esos pagos, y en ese proceso estamos embarcados”, aseguró.

En esa línea, dijo que “lo que se busca es un programa nuestro, de la sociedad argentina, que sea efectivo para sentar los pilares que la estabilidad y el crecimiento económico requieren”, y agregó que “la idea es enviar un programa plurianual al Congreso”.

“Este es el momento justo para enviar el proyecto, porque, por un lado, ya terminó la reestructuración de la deuda en moneda extranjera en la forma de títulos públicos, y por otro lado estamos en el proceso de negociaciones con el FMI”, puntualizó el ministro.

Asimismo, resaltó que “la sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado, y por lo tanto el Congreso debe tener un rol más importante, un rol mayor”, ya que “los programas con el FMI tienen consecuencias que trascienden a un período de gobierno”.

Guzmán afirmó que una deuda insostenible termina generando “una enorme incertidumbre que afecta tanto al ambiente que enfrenta el sector privado como a la situación del sector público a la hora de planear las políticas públicas”, y además “quitando espacio” para esas políticas.

“Es fundamental construir consensos en los pilares de la estabilidad. Hay cuestiones donde todos debemos estar de acuerdo: potenciar las exportaciones para evitar una caída de la balanza de pagos, asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la sostenibilidad fiscal, y converger a una situación donde no se dependa sistemáticamente del Banco Central”, enumeró.

Ante una pregunta del senador Julio Martínez (UCR), Guzmán informó que las reservas netas son actualmente 28.365 millones de dólares.

“Argentina tiene un superávit comercial robusto, no hay pagos de deuda en moneda extranjera sustanciales, y hay controles de capitales que tienen relativa efectividad para contener las presiones en el frente cambiario por razones financieras, lo que genera una brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos”, describió el ministro, y añadió: “El tipo de cambio oficial, en función de las dinámicas comerciales, está en un nivel que consideramos adecuado”.

El funcionario aprovechó para destacar que en este proceso también existe “un diálogo fluido con el G20”, donde “fue muy bien recibido” el proyecto para que el Congreso apruebe los programas con el FMI, que “le da mayor legitimidad y fortaleza a lo que el Gobierno argentino acuerde” con ese organismo.

Junto a Guzmán, participaron de la reunión el secretario Diego Bastourre (Finanzas); el director ante el FMI por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos; la jefa de Gabinete de Asesores, Melina Mallamace; la secretaria Legal y Administrativa, Rita Tanuz; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete.

Lejos de molestarse por la carta enviada por los senadores del Frente de Todos a la misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en la Argentina, el presidente Alberto Fernández ponderó ese texto.

Al encabezar este lunes en Tigre, a través de una videoconferencia, el anuncio de inversiones del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, por 187 millones de dólares, que permitirán incrementar la exportación de ese producto, el mandatario señaló que “los senadores dejaron muy en claro lo que le pasó a la Argentina con un cuidado y un nivel de detalles que permite ver lo que le dije al Fondo en la campaña: les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la especulación financiera y la salida de capitales”.

Para Fernández, la misiva “nos permite ver lo que le dije al FMI cuando me visitaron. Les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la inversión financiera y la salida de capitales. Sobre esa realidad, debemos operar con firmeza y convicción y la seguridad de que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes”.

“El único ajuste entre el presupuesto anterior y el que enviamos está en los intereses de la deuda. Es el único ajuste que hicimos: crece la inversión en infraestructura, en salud, en educación, en desarrollo de ciencia y tecnología”, sostuvo.

Los senadores de Juntos por el Cambio salieron al cruce de la dura carta de sus pares del oficialismo, de la que dijeron que “nada aporta” en dirección al “amplio acuerdo de todos los sectores para la reconstrucción económica y social” que a su juicio la Argentina necesita “con urgencia”. Señalaron que esa misiva contiene “acusaciones sin sustento” y consideran que “se pretende enmascarar que el Gobierno del presidente Alberto Fernández está llevando adelante un fuerte ajuste que impacta sobre los sectores más vulnerables y afecta gravemente las perspectivas del sector productivo en la Argentina”.

La nota de JxC apunta que mientras se cuestiona el acuerdo stand by firmado durante la gestión Cambiemos “se omite señalar que el nuevo programa que se negocia con el Fondo Monetario Internacional” contempla “mayores condicionalidades que un stand by”, a través de “la exigencia de nuevas medidas que contrarían el relato oficial”.

En esa dirección inscriben el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria que, estiman, “supondrá un duro retroceso en el nivel de vida de los jubilados”. Suman la suspensión del IFE y advierten que las turbulencias en el frente cambiario provocaron un fuerte salto inflacionario.

Lea también: Los senadores del oficialismo reclaman al FMI abstenerse de condicionar las políticas económicas de Argentina

La carta suscripta por los jefes parlamentarios de las bancadas que integran el interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Juan Carlos Romero, ratifica que el acuerdo stand by suscripto en 2018 por Mauricio Macri “respetó todos los procedimientos administrativos previstos en la normativa vigente”, y sugieren que todas las actuaciones pueden consultarse tanto en el Ministerio de Economía como en el BCRA. “Allí están disponibles los informes económicos y los dictámenes jurídicos que resultaban indispensables para tramitar el acuerdo”.

Y aclaran que el gobierno de Macri “no se endeudó por una especial vocación por contraer compromisos externos”, sino que lo hizo “para enfretar el alto déficit fiscal que había dejado la administración de Cristina Kirchner y para atender el endeudamiento que también se heredó de esa gestión”. Tras dar detalles de dicho déficit, remarcan que “dos de cada tres dólares de la deuda que tomó el gobierno del presidente Macri se destinaron a hacer frente a los compromisos que dejó la gestión de Cristina Kirchner”. Asimismo “se emitió deuda por aproximadamente 275.000 millones de dólares, de los cuales unos 195.000 millones se aplicaron a cancelar compromisos que contrajo el kirchnerismo. El resto se destinó a reducir un elevado déficit fiscal heredado”.

Respecto de la acusación que los senadores del FdT lanzan respecto de una “fuga de apitales”, desde JxC aclaran que la misma “no es otra cosa que la decisión de los argentinos de ahorrar en divisas ante la ausencia de políticas en las últimas décadas que permitieran el fortalecimiento de la moneda nacional”. Y apuntan: “Si hay que hablar de ‘fuga’ es preciso recordar que entre 2008 y 2011 representó más de 70.000 millones de dólares, lo cual originó la adopción de innumerables restricciones cambiarias que afectaron a empresas e individuos”.

Para los senadores de Juntos por el Cambio, la carta de los senadores oficialistas “no ayuda a encontrar coincidencias necesarias para superar décadas de retroceso en materia económica y social”.

“Creemos en los consensos sobre políticas de Estado”, enfatizan, aunque consideran que “debe haber una voluntad real para buscar coincidencias. Por el contrario, la exacerbación de antagonismos y la búsqueda de divisiones para sustentar un relato anacrónico sólo provocan crispación en los argentinos y retrasan el esfuerzo necesario para la reconstrucción”.

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Luego de los exámenes realizados este domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó que el resultado de su hisopado fue negativo y se siente bien, mientras cumple las indicaciones médicas y sanitarias.

En vísperas de una sesión clave como es la de este martes en la Cámara baja y luego de que se detectara un caso positivo de Covid en la misión del Fondo Monetario Internacional con la que se reunió el viernes pasado en el Congreso, Sergio Massa agradeció este lunes los mensajes que le han hecho llegar y a través de su cuenta de Twitter destacó que se siente “bien, sin síntomas”, y está “cumpliendo con las indicaciones médicas y sanitarias”.

Tal cual informara parlamentario.com el domingo, el resultado del hisopado que se realizó el domingo en horas de la tarde dio “negativo”, y ahora está “a la espera de la respuesta del caso epidemiológico por parte de autoridades sanitarias y del resultado de anticuerpos cumplo con el aislamiento preventivo”.

Gracias por cada uno los mensajes que me han hecho llegar. El resultado del hisopado es negativo. Me siento bien, sin síntomas, cumpliendo con las indicaciones médicas y sanitarias.#CuidarteEsCuidarnos#ArgentinaUnida ❤️🇦🇷

— Sergio Massa (@SergioMassa) November 16, 2020

“Es importante que si estuviste en contacto con alguien que dio positivo de Covid-19 cumplas el aislamiento preventivo recomendado por las autoridades sanitarias”, agregó el diputado nacional, ante lo cual se plantean  interrogantes respecto de lo que vaya a hacer este martes con la sesión de Diputados que debe presidir. Recordemos que el vicepresidente primero de la Cámara es el diputado del Pro Alvaro González y el vice segundo el sanjuanino oficialista José Luis Gioja.

Con todo, el presidente de la Cámara se circunscribirá a las indicaciones que establezcan las autoridades sanitarias.

El caso positivo de Covid dentro de la misión del Fondo corresponde a Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina, según pudo saberse. Por el contacto con los representantes del Fondo también ha tenido que aislarse el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuyo hisopado también dio negativo.

En vísperas de una sesión clave como la que tendrá lugar este martes en la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo tuvo que ser aislado, tras confirmarse que tuvo un contacto cercano con alguien que tiene Covid-19. Ese contacto es nada menos que de uno de los miembros de la comitiva del Fondo Monetario Internacional con los que se reunió el viernes pasado, cuya identidad no fue revelada por el organismo que se encargó de difundir la novedad.

Según informaron a parlamentario.com, Sergio Massa fue hisopado y sometido a un análisis de anticuerpos, tras lo cual se comunicarán los pasos a seguir y lo que corresponda hacer a partir de los mismos. Este domingo por la noche se conoció el resultado del hisopado: negativo.

Asimismo se pidió al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García la evaluación epidemiológica del caso del presidente de la Cámara.

En la misma situación que Massa se encuentra el director ante el Fondo Monetario Internacional por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos, quien también estuvo presente en esa reunión y otras con los integrantes de la misión.

Confirmado un Covid positivo de un miembro de la delegación del FMI que estuvo reunida con el presidente de la Cámara, el Dr @SergioMassa se realizará a las 14hs el hisopado y el test de anticuerpos.

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 15, 2020

De hecho, también fue aislado el ministro de Economía, Martín Guzmán, y autoridades del Banco Central que la semana pasada se reunieron con los representantes del Fondo, que fueron Julie Kozak, es directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina; Trevor Alleyne, quien es el representante residente del FMI en Argentina.

El vocero del Fondo Monetario, Gerry Rice, informó este domingo que “de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad acordados con las autoridades argentinas, todos los miembros del equipo del Fondo Monetario Internacional que se encuentran actualmente en Argentina se sometieron ayer (por el sábado) a una prueba del Covid-19. Los resultados indicaron que un integrante del equipo dio positivo al Covid-19. El miembro del equipo tomará una nueva prueba hoy para confirmar la validez del resultado positivo inicial de la prueba”.

“Al conocer los resultados, el equipo informó de inmediato a las autoridades argentinas y ha iniciado el protocolo de aislamiento. El equipo del FMI, en coordinación con las autoridades, también inició protocolos de rastreo de contactos para informar a todas las personas con las que el equipo del FMI se reunió durante la semana pasada. El miembro del equipo se encuentra actualmente asintomático y se siente bien”, detalló Rice, quien precisó que el equipo continuará con su trabajo y mantendrá las reuniones previstas para la semana que se inicia de manera virtual.

A partir de un caso positivo en el equipo del FMI me realicé un hisopado cuyo resultado es negativo.

Más allá de esta noticia, tal como indican los protocolos sanitarios, todos los que participamos de los encuentros, estamos aislados y la agenda de trabajo será virtual.

— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) November 15, 2020

Tiempo de cartas públicas en las que se revelan críticas y advertencias, el bloque de senadores del oficialismo echó mano a ese recurso este domingo, para difundir una dirigida a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la que reclaman a ese organismo abstenerse de “exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”. Al tiempo que proponen reconsiderar los intereses, establecer un período de espera para comenzar los pagos anuales a partir de 2025, y un plazo de “amortización en varias décadas, de modo tal que las erogaciones anuales no tornen insustentable la refinanciación de la deuda e impacten negativamente en la economía argentina y en la vida de su sociedad”.

“No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables”, concluye la nota suscripta por todos los senadores del Frente de Todos -a excepción del licenciado José Alperovich y el expresidente Carlos Menem-, citando al papa Francisco.

En la misiva, que incluye referencias al expresidente Néstor Kirchner y hace referencia a la “larga y fracasada” historia de los acuerdos de la Argentina con el FMI, vuelve a criticar al Fondo Monetario por haber prestado “tan irresponsablemente” a la Argentina durante la gestión anterior.

Los senadores del oficialismo se remontan a la historia de la relación entre nuestro país y el organismo internacional crediticio, pero hacen referencia puntual al stand by de 2018. En ese sentido consideran “necesario entender qué es lo que falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina; cuáles fueron los cálculos que hicieron pensar a los técnicos, funcionarios y directivos del FMI, que nuestro país podría obtener excedentes externos suficientes como para afrontar los vencimientos que se previeron en ese entonces, cuando en realidad resultaba claro desde el inicio que los mismos serían de pago imposible, como así lo manifestaron oportunamente analistas locales e internacionales”.

Los senadores consideran “necesario entender qué es lo que falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina”.

El texto habla de “la responsabilidad de cada parte”, en referencia al Gobierno argentino y las autoridades del FMI de ese momento, en lo actuado hasta el presente. Señalan que “asumir la responsabilidad de cada parte ese esencial para que la negociación que próximamente se inicie resulte transparente, efectiva, de buena fe y sobre todo, para que los resultados que surjan de la misma contemplen la proporcionalidad de la responsabilidad compartida en el rápido, desproporcionado e inútil endeudamiento con ese organismo al que llegó nuestro país”.

Hacen referencia a continuación al cambio de autoridades que han tenido tanto el FMI como nuestro país, y que el Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández “se ha hecho cargo de una realidad francamente difícil, derivada del elevado y desproporcionado nivel de deuda en que la anterior gestión embarcó a la Argentina con la coparticipación de ese organismo, es de esperar que el Fondo adopte una actitud equivalente”. Señalan al respecto que “hacerse cargo de la responsabilidad proporcional que cada parte tiene, permitirá no solo negociar el próximo programa en igualdad de condiciones, sino también que los costos de las decisiones erróneas o equivocadas se repartan en forma equitativa”.

Tal cual lo vienen expresando las autoridades de nuestro Gobierno aun desde antes de asumir, vuelven sobre el texto del Estatuto del Fondo que expresa en uno de sus artículos que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.

Refieren los senadores que esos desembolsos en lugar de engrosar las reservas internacionales del BCRA, “se dirigieron a financiar la fuga de capitales mediante el aumento en la formación de activos externos”. En ese sentido piden conocer cuáles fueron las medidas de control que el Fondo solicitó a nuestro país, estimando que eso “no solo no ocurrió sino que, además, ese organismo continuó con los desembolsos sin considerar esta situación”.

Para los senadores oficialistas, esa actitud del Fondo obedeció a “consideraciones de tipo político y no a aspectos técnicos o institucionales”. Se basan en ese pensamiento en notas periodísticas que “dan cuenta de las pretensiones del presidente de los EE.UU, Donald Trump, de ayudar al entonces gobierno de la Argentina para que Mauricio Macri pudiera ser reelecto. Agregan a ese razonamiento la información brindada por Mauricio Claver-Carone durante una teleconferencia en la que “afirmó que el presidente de los EEUU solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico”.

Refieren los senadores que “el presidente de los EEUU solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico”.

Tras señalar que como algunos miembros del FMI no estaban de acuerdo con otorgar esa suma de dinero, el presidente Trump solicitó, según los dichos de Claver-Cardone, “que el Fondo arbitre todos los medios necesarios para la autorización del préstamo”. Piden entonces que el Fondo “confirme o desmienta categóricamente estas apreciaciones”, por considerarlas “un antecedente gravísimo de injerencia e influencia del FMI”.

La extensa nota del bloque que preside José Mayans remarca que “Argentina tomó el préstamo más grande de su historia y asumió compromisos financieros, a todas luces incumplibles, sin tener un expediente abierto y sin los dictámenes e informes correspondientes”, algo que infringiría las reglamentaciones del FMI.

Echan un manto de sospecha al preguntarse “si los beneficiaros privados de los desembolsos realizados por el Fondo (…) no son acaso los que han contado con un entramado de relaciones con los funcionarios del Gobierno argentino de ese entonces, con la complacencia de los miembros del Fondo actuantes en la operatoria, que no supieron, no quisieron, o no pudieron frenar los desembolsos ante dicha situación”.

En un pasaje, la nota recuerda cuando el entonces presidente Néstor Kirchner anunció el 15 de diciembre de 2005 el pago de la deuda total que Argentina mantenía con ese organismo que “esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable”.

Sobre el final hacen referencia a la pandemia y a la actitud de la Unión Europea de lanzar un plan de recuperación que “debería servirle de ejemplo al FMI” de 750.000 millones de euros, para que en ese mismo sentido elaboren y ofrezcan a los países en desarrollo como el nuestro “sumas similares en igualdad de condiciones para que pueda financiar la puesta en marcha de su economía “y superar así los estragos de la política económica del Gobierno anterior y de la pandemia”.

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En el marco de un acto del Partido Obrero realizado en Plaza de Mayo, la diputada nacional Romina Del Plá, dirigente y diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, denunció que “estamos frente un operativo político para intentar disimular ante la masa del país que se está llevando a cabo un ajuste de características fenomenales e históricas, para garantizar al FMI y a los especuladores, a los bancos, a los bonistas que la deuda se le va a pagar a cualquier costo”. Según la legisladora, en eso “el oficialismo y la oposición patronal y derechista de Juntos por el Cambio tienen un acuerdo estratégico”.

El acto planteó la perspectiva política del Partido Obrero en el Frente de Izquierda para la etapa que se abre, que consideran convulsiva social, económica y políticamente. La consigna de convocatoria fue: “Ningún pacto con el FMI. Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”.

El acto, además, reclamó por la “legalización del aborto ya”, y por justicia por Facundo Castro. Denunciaron “la represión en Guernica” y repudiaron “la campaña macartista contra el PO y la izquierda por parte del Gobierno”.  

“Con el proyecto de ley jubilatoria buscan establecer de forma permanente el saqueo, que con la suspensión de la movilidad le sacó 72.000 millones a los jubilados para las arcas del FMI”, afirmó Del Plá, que agregó: “En plena pandemia, el Presupuesto 2021 tiene reducciones en salud, en educación y en política social y no contempla medidas elementales en medio del aumento pavoroso de los precios, del hambre, de la desocupación y de la precarización laboral”.

En ese marco advirtió que “para ocultar o para distraer de todo esto mandan al Congreso el ‘aporte solidario’. Es una estafa completa. El 45% de lo que logren recaudar se va en subsidios patronales y a garantizar a las petroleras ganancias exorbitantes y en dólares. No vamos a ser parte de esta burda maniobra de encubrimiento del ajuste, fuego de artificio de un gobierno postrado ante el FMI”.

“Del mismo modo, en el límite de la paciencia de la ‘ola verde’, apareció el anuncio de que Alberto Fernández enviaría finalmente su proyecto de aborto legal al Congreso, otro proyecto que postergó mientras reforzó a las iglesias católica y evangélica, para finalmente usar en momentos en que arrasa con iniciativas antipopulares”.

Del Pla reclamó un paro nacional y plan de lucha a la CGT y CTA y llamó a arrancarlo desde abajo con asambleas y plenarios.

Del Plá concluyó diciendo que “los trabajadores debemos intervenir en esta situación con independencia política, para luchar por nuestra propia salida. Llamamos a todos los partidos del Frente de Izquierda Unidad a que ocupemos y ganemos el centro político y que pongamos de pie una alternativa obrera y socialista”.

El proyecto de aporte solidario que implica una contribución por única vez sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos será finalmente tratado el próximo martes, según lo pedido por el bloque oficialista a través de una nota en la que fueron acompañados por otros bloques minoritarios de la oposición. Lo cual le garantiza el número suficiente para aprobarlo.

Pero con los diputados que no podrá contar el Frente de Todos para aprobar ese proyecto son los de la izquierda, que se abstendrán, según pudo confirmar parlamentario.com.

El diputado Nicolás del Caño señaló que “un impuesto a las grandes fortunas no puede ser utilizado para cubrir el ajuste del FMI. Las bancadas de la izquierda presentaron en abril un proyecto propio, pero como parte de una orientación diametralmente opuesta a la que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández”. Del Caño sostuvo que “en el mismo momento que anuncian la liquidación del IFE para casi 10 millones de familias necesitadas, un nuevo robo a los jubilados con la movilidad desenganchada de la inflación y tarifazos desde enero, se trata un proyecto que le otorgaría a los sectores populares un pequeño porcentaje de lo que le están sacando con el ajustazo en curso, y paradójicamente se tratará el mismo día en que van a volver a sancionar un presupuesto a la medida del FMI”.

Por su parte la diputada Romina del Plá señaló: “El ‘aporte solidario’ de las grandes fortunas propuesto, después de siete meses, viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del Fondo Monetario: robo de la movilidad jubilatoria mediante otro decreto en diciembre y una fórmula divorciada de la inflación que recrudece, se anula el IFE, se suben las tasas de interés y se le ofrece al FMI un presupuesto de ajuste. Defenderemos un verdadero impuesto progresivo como el propuesto por el FIT, para recaudar 15.000 millones de dólares con destino social determinado. El aporte solidario oficial, en un 40% irá a subsidios al capital, y el resto cubrirá una ínfima parte del enorme endeudamiento en el que se sigue incurriendo”.

Con todo, Del Plá aclaró que “estamos en las antípodas del cuestionamiento de Juntos por el Cambio, ellos celebran el pacto fondomonetarista del Gobierno”.

“El proyecto del oficialismo pretende recaudar apenas la mitad de lo que este año pagó el Gobierno en concepto de intereses y capital de la deuda externa fraudulenta y la tercera parte de los que se va en intereses de las Leliqs. La bancada del FdT aceptó incluso cambiar la fecha desde cuando rige la imposición del aporte, permitiendo que muchos millonarios se deshagan de patrimonio y hasta cambiaron su domicilio fiscal al Uruguay. Los bancos que siguieron ganando con la pandemia ni siquiera son rozados por este ’aporte’”, explicó la diputada del FIT-U.

Del Plá señaló que “nuestro proyecto es parte del programa integral de salida a la crisis de parte de los trabajadores. Los responsables de la crisis son quienes nos gobernaron durante las últimas décadas siempre de la mano de los capitalistas. En lo inmediato exigimos que la CGT y la CTA rompan con el Gobierno y convoquen un paro nacional y plan de lucha, en defensa de las jubilaciones, los salarios y los puestos de trabajo”.

Por su parte Del Caño se diferenció también de la bancada de Juntos por el Cambio al señalar que “la derecha celebra el pacto con el FMI, pero plantea que cualquier aporte de los multimillonarios es confiscatorio, cuando en realidad a los únicos que han estado confiscando los dueños del país es a las familias trabajadoras y los pequeños comerciantes arruinados que vienen perdiendo por goleada con el crecimiento de la desocupación y la pobreza frente a las ganancias de un puñado de capitalistas”.

Del Caño explicó que “nuestro proyecto no es para encubrir un ajuste, sino que es parte de un programa integral que plantea el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta, ningún pacto con el FMI, la nacionalización del sistema bancario para poner en resguardo los ahorros y tener crédito barato para la construcción de viviendas y el monopolio del comercio exterior para cuidar las divisas y evitar las maniobras fraudulentas de los importadores y exportadores”.

“Una salida favorable al pueblo y que la crisis la paguen los que la provocaron, sólo podrá venir de la mano de la movilización y lucha organizada de los trabajadores y el pueblo. La dirigencia sindical de la CGT y la CTA deben romper su seguidismo al gobierno y ponerse a la cabeza de un plan de lucha para enfrentar el ajuste en curso”, señalaron ambos diputados.

Así las cosas, Del Caño y Del Plá anunciaron que el Frente de Izquierda no va a acompañar el proyecto oficialista, sino que defenderán en el recinto su propio proyecto.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió este viernes a la comitiva del Fondo Monetario Internacional que visita la Argentina, con los que mantuvo una reunión “productiva y positiva”.

Estuvieron Julie Kozak, es directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina; Trevor Alleyne, quien es el representante residente del FMI en Argentina, y Sergio Chodos, director ante el Fondo Monetario Internacional por la Argentina y el Cono Sur.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, y se extendió por alrededor de una hora 40 minutos.

Durante el mismo, se hizo eje en el diálogo político, en el cual las partes pudieron escuchar y ser escuchados. Al cabo del mismo, el presidente de la Cámara señaló que “vamos a buscar los consensos para asegurar los acuerdos que la Argentina asuma”. Y durante el encuentro Massa les dijo a sus interlocutores que “no le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata”.

Los representantes del Fondo pidieron la reunión con Massa, en el marco de una intensa agenda que este miércoles incluyó reuniones con funcionarios de Economía en el Palacio de Hacienda; con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Por un error, el Senado devolvió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Alberto Fernández.

El motivo es que, según advirtió el oficialismo, en el texto que recibió el Senado para su tratamiento faltaban planillas con el detalle de numerosas obras financiadas por el Estado Nacional.

El proyecto del Poder Ejecutivo recibió 45 votos a favor, del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones); dos en contra, del puntano Claudio Poggi y el salteño Juan Carlos Romero; y 23 abstenciones de Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), primer orador del debate, explicó que las planillas anexas “son parte integrante del proyecto” que elaboró el Ministerio de Economía.

En ese sentido, el cordobés señaló que en la cartera que conduce Martín Guzmán el Presupuesto “se hizo como corresponde” y se cargó en la página web oficial del Ministerio, donde incluso se pueden consultar las planillas, las que a su vez fueron parte del análisis que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Pero Caserio afirmó que esas hojas “no ingresaron en el texto de la ley” aprobado por la Cámara de Diputados y “por más que estén en un formato digital, deben ser incorporadas”.

“Nuestro bloque no va a hacer ninguna modificación, ni va a agregar ninguna obra de ningún tipo. No va a haber ningún cambio del Presupuesto que viene de Diputados”, garantizó el oficialista, y pidió a la Cámara baja realizar “una breve sesión para ratificar este Presupuesto”.

Con la vuelta del proyecto a Diputados, la sanción de la “ley de leyes” se retrasará al menos una semana más, lo que significa un tropiezo para el Gobierno en plena visita de la delegación del FMI.

Precisamente, la comitiva de tres integrantes se reunirá este viernes con Sergio Massa, titular de Diputados. El encuentro estaba pactado de antemano y se realizará a las 11 en el Salón de Honor de la Cámara baja.

La nota de Rigo a Massa

Presente en el recinto, Caserio leyó la nota que el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, le envió Massa el 4 de noviembre para solicitarle “la posibilidad de subsanar un error material observado en la planilla anexa al artículo 11 del proyecto de ley”.

“Se ha detectado que el formato del archivo digital PDF remitido originalmente mediante el sistema GDE presenta errores tales como la ausencia de totales completos, saltos de página, ‘cortes de datos’ y omisión de obras”, advirtió Rigo.

De todos modos, aclaró que esta corrección “no implica modificación alguna en la asignación presupuestaria de gastos de capital”.

Finalmente, el funcionario insistió en que se trató de una “omisión involuntaria originada en un fallo por la operación remota del sistema GDE” y le pidió a Massa que “subsane ese yerro” incorporando la planilla completa anexa al artículo 11.

El debate

Al defender el Presupuesto, Caserio afirmó que “vamos a estar bien en 2021 y vamos a estar mejor cada año que pase”.

El titular de la Comisión de Presupuesto remarcó que “la pandemia fue crisis para todos”, pero valoró la inversión del 7,7% del PBI en asistencia a los sectores más vulnerables, con programas como el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), no previstos ya para el año próximo.

Para el senador, el Presupuesto refleja los objetivos del Gobierno para “consolidar la protección social de los sectores más vulnerables; impulsar la recuperación económica, que sea robusta, previsible y suficiente; construir un camino de desarrollo sustentable; y asegurar la generación sostenida del empleo, porque creemos que es la mejor justicia social”.

“No hay estabilidad económica sin recuperación de la actividad“, enfatizó el oficialista, y dijo que “el único modo de salir es creciendo, no se sale achicando ni castigando a la gente”. Tras calificar al proyecto como “prudente”, aseveró que “en 2021 va a haber un importante aumento de la recaudación”, estimado en un 48% para el primer semestre.

En su discurso de más de media hora, el cordobés apuntó que si bien el déficit rondará el 6%, producto de la caída de este año, “lo vamos a ir achicando”.

Por el contrario, Martín Lousteau (UCR-Evolución) cuestionó la “baja calidad” del debate del Presupuesto y criticó la inclusión de nuevos impuestos en el proyecto que vino en revisión.

“Hay artículos que se incorporaron en Diputados que merecen una discusión aparte, no que en la discusión presupuestaria creemos tributos nuevos”, dijo, y enumeró: “Se subieron tasas de fiscalización, se subieron cargos sobre primas de seguros, se bajaron alícuotas para algunos de débitos y créditos, se eximió a esos mismos actores de pagos de aranceles, se subieron impuestos internos, se hicieron de manera diferencial impuestos al juego y hasta se creó un área aduanera especial”.

Para Lousteau, “muchas de estas cosas no son razonables. Como mínimo, la discusión merece una mejor calidad. No sé si esas cosas las revisarán cuándo vuelva a Diputados, pero habría una enorme oportunidad”.

Alertó en ese sentido que “hay planillas que faltan, fe de erratas, y eso es la consecuencia de un mal proceso presupuestario. De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que en el paso por Diputados, se aumentaron los gastos en 260.564 millones de pesos y se agregaron tres artículos para el Plan Gas, que se estima son 1.300 millones de dólares, es decir que en el paso por Diputados se agregaron 400.000 millones de pesos de gastos sin decir de dónde salen”.

“Lo único que dicen es que el jefe de Gabinete reasignará partidas, entonces lo que sancionamos es que le estamos pidiendo al jefe de Gabinete es que haga una tarea de magia, que genere 400.000 millones de pesos reasignando partidas”, ironizó.

A su turno, el oficialista Daniel Lovera salió con los tapones de punta contra la gestión de Mauricio Macri: “Podemos pensar distinto, podemos tener diferentes proyectos de país, pero sorprende la imprudencia, la insensatez, la asombrosa impunidad con la que se expresan algunos que fueron gobierno hasta hace pocos meses y que nos dejaron un país devastado”.

El titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social advirtió que “el mejor equipo de los últimos 50 años nos hablaba de ‘pobreza cero’, prometía una lluvia de inversiones, y lo que hicieron fue arrasar el país, generaron la peor crisis de la historia, y no fueron variables externas las que hundieron a la Argentina, fue ese equipo el que arrasó el país”.

Lovera insistió: “Fueron absolutamente incapaces para gobernar, y como si esto no les alcanzara destruyeron en cuatro años el salario real en Argentina, que a fines de 2015 era de 590 dólares y a diciembre de 2019 llegó a 260 dólares aproximadamente. Por eso hay que tener memoria”.

El pampeano señaló además que “tomaron deuda sin pasar por el Congreso, y estamos hablando de los defensores de la República, que ahora están preocupados por nuestros jubilados y criticando al Gobierno desde el primer día, un Gobierno que está trabajando para recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados”.

Desde el Pro, Esteban Bullrich cuestionó la falta de “escucha” y “diálogo” por parte del Frente de Todos y consideró que “el Gobierno se está encerrando y se está enfrentando solo a los problemas”, al poner como ejemplo no solo el Presupuesto sino también la elaboración de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Al coincidir con varios puntos expuestos por Lousteau sobre las “inconsistencias” del proyecto, el legislador apuntó que “cuando uno hace el cálculo de cuánta emisión necesita este Gobierno, es de un 45%. Sin embargo, proyectamos una inflación del 29%”.

Además, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda criticó la incorporación de “muchos artículos por casi 400.000 millones de pesos”, motivo por el cual varios diputados de Juntos por el Cambio “en masa votaron en contra”.

“Falta el diálogo, faltan distintas visiones, el Gobierno se está encerrando y quiere resolver los problemas en soledad”, insistió y opinó que uno de los “problemas” de la iniciativa y “de la construcción de políticas públicas que está llevando este Gobierno” es el de “ver a la política, la sociedad y la economía en términos de conflicto”.

A su turno, el misionero Humberto Schiavoni afirmó que el proyecto le genera a la oposición “más dudas que certezas, por sus inconsistencias, porque por más que se las niegue, son objetivas”. También criticó que “no contenga medidas para morigerar los efectos de la pandemia y asistir a los sectores más castigados”, como el turismo.

Sin embargo, el jefe del bloque Pro adelantó su voto positivo a la creación de un régimen aduanero especial de frontera para su provincia, en la cual “el 90% de las fronteras son con países limítrofes”, los que “tienen ventajas estructurales que van mucho más allá del tipo de cambio con los cuales es imposible competir si no tenemos algunas de las posibilidades que tienen tanto Brasil como Paraguay”.

Asimismo, se expresó a favor de artículo 103, que “le da automaticidad a los fondos del Fondo Especial del Tabaco”, pero anunció su voto en contra de ciertos “artículos que se tratan de gabelas y privilegios puestos a última hora en la Cámara de Diputados que contradicen los principios de equidad y transparencia”.

Muy crítica, la radical Silvia Elías de Pérez opinó que el Presupuesto “tiene mucho olor a humo”. “Siento que el presidente Fernández permanentemente nos ha acostumbrado ya a que nos dice una cosa y después hace otra. Pero hay una cosa en la que no nos ha mentido, él ha contestado en varias oportunidades que descreía de los planes económicos, que él no tenía un plan”, señaló.

“Estoy convencida que no lo tiene, y cuando veo este Presupuesto le puedo garantizar que no lo tiene”, enfatizó la tucumana, que acusó también al Poder Ejecutivo de construir “un puente endeble” porque “no hay nadie que se anime a venir a invertir en Argentina con el grado de incertidumbre que están generando”. Además, agregó que el proyecto “aumenta la presión tributaria” y “nuestras pymes, nuestros comerciantes, nuestros productores no pueden más”.

Por su parte, Alfredo Luenzo (Frente de Todos) opinó que “no es solamente un Presupuesto, es un proyecto de país”, y aseguró que “a pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando hemos marcado un rumbo”.

El chubutense cuestionó los “pronósticos agoreros que en realidad parecen estar mucho más ligados desde la oposición al deseo que a diagnósticos reales”, y fue enfático en remarcar que el Frente de Todos es “la continuidad de un proyecto político que ya ha dado sobradas muestras que aquello que nosotros plasmamos en el Presupuesto es lo que después ocurre en la realidad, incluso a pesar de las circunstancias adversas de este marco difícil que estamos atravesando en la Argentina y en el mundo”.

Desde el oficialismo, el bonaerense Jorge Taiana compartió lo dicho por varios de sus pares al recordar que en diciembre del año pasado “se recibió un país quebrado, endeudado, en default y emergencia”, a lo que se le sumó la pandemia, por la que “estamos ante una crisis mundial que es inédita y cuyas consecuencias todavía desconocemos”.

El senador reconoció que el Presupuesto es “de emergencia” y “no va a cumplir todas nuestras expectativas”. Pese a destacar la duplicación de la inversión para la provincia de Buenos Aires, reiteró que “no es el Presupuesto deseado”, pero auguró: “Vamos crecer más (del 5,5%), va a haber más recuperación económica, va a haber más recursos y vamos a comenzar a salir del pozo”.

Apoyado en gráficos que compartió en pantalla, el kirchnerista Oscar Parrilli cargó sobre los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires a través del Presupuesto Nacional, y pidió “comenzar a discutir los gastos” para ir hacia “algo más equitativo”. “Si queremos en serio comenzar a construir una sociedad más justa, más equilibrada, considero que tenemos que empezar a corregir esta situación”, lanzó.

En los cierres, el salteño Juan Carlos Romero argumentó su voto en contra al considerar que el Presupuesto “tiene un sesgo general demasiado estatista”, y fustigó a la Cámara de Diputados por la creación de nuevos impuestos. “Ni este Presupuesto, ni la concepción de quienes gobiernan tienen la visión de una estabilidad macroeconómica, creen que el Estado todo lo puede y eso no es así”, opinó.

En tanto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que el Presupuesto es “de ajuste” y cuestionó la gestión de Alberto Fernández a casi un año de su asunción. “Es bueno reconocer que ha habido una mala gestión. La prolongación de la cuarentena fue un error. También hubo mala gestión porque se estableció una falsa confrontación entre economía y salud. Y en esa mala gestión tampoco se advirtió, mientras perdíamos meses en discutir la agenda de las personas, que debemos discutir la agenda de la institucionalidad”, expresó el radical.

Con numerosas críticas al gobierno de Cambiemos, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, disparó: “Tenemos una oposición despiadada, salvaje, que no está dispuesta a ayudar en nada”. “Este es un Presupuesto que tiene una visión federal, que no discrimina y que busca encauzar realmente al país en el crecimiento”, defendió y pronosticó que “una vez que tengamos la vacuna va a haber un efecto rebote, va a estar la economía a pleno funcionando”.

Datos del Presupuesto 2021

El Presupuesto prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.

El financiamiento del déficit provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central (emisión monetaria).

La inversión en infraestructura se duplicará, pasando del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021, lo que significa 835.000 millones de pesos.

Un dato relevante del proyecto enviado por el Ejecutivo es que, dado que supone que la pandemia finalizará en el corto plazo,  no contempla el IFE ni el ATP. De hecho, el propio Guzmán informó este jueves que el Gobierno no pagará la cuarta edición del IFE.

En la comparación 2020-2021, el gasto en infraestructura crecerá del 1,1% al 2,2%; en educación y conectividad pasará del 1,1% al 1,3%; en salud pública, del 0,3% al 0,5%; y en innovación y desarrollo, del 0,2% al 0,5%; mientras que en intereses de deuda el gasto bajará del 3,4% al 1,5%.

Se destinarán casi 95.000 millones de pesos al financiamiento de la producción, a través de diferentes herramientas, y se asignarán otros 115.000 millones a la asistencia alimentaria y 113.000 millones al plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales.

Se destinarán 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros del AMBA y 20.500 millones para las provincias del interior, un monto que originalmente era de 13.500 millones pero se amplió en Diputados.

Otro agregado negociado en la Cámara baja es que las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras serán mensuales y automáticas.

En cuanto a impuestos, se modifica el impuesto a las apuestas y juegos de azar aumentando la alícuota del 2% al 5%, con atenuantes para sujetos con inversiones genuinas y agravantes para aquellos radicados en paraísos fiscales; y se crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia de Misiones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sigue levantando su perfil. Más allá de la actividad que desarrolla al frente de la Cámara, el legislador viene participando de actividades que realizan funcionarios nacionales ligados al Frente Renovador, como los ministros Mario Meoni y Gabriel Katopodis, entre otras cosas. Y este viernes se reunirá con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que  se encuentran en el país.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 11, en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados. Allí Massa se encontrará con Julie Kozack y Luis Cubeddu, quienes se encuentran en el país desde el martes, con el fin de acordar un nuevo programa de financiamiento con el gobierno de Alberto Fernández.

Los representantes del Fondo pidieron la reunión con Massa, en el marco de una intensa agenda que este miércoles incluyó reuniones con funcionarios de Economía en el Palacio de Hacienda. Por parte del Gobierno participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.

La agenda de los representantes del Fondo incluye reuniones con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Julie Kozack es directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y Luis Cubeddu es jefe de la misión del FMI para Argentina. También estará Trevor Alleyne, quien es el representante residente del FMI en Argentina.

Luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara el envío de un proyecto para que el Congreso autorice la emisión de deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera, así como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el bloque de diputados de Consenso Federal consideró que la iniciativa debe contener límites a ese endeudamiento.

Si bien el proyecto del Poder Ejecutivo aun no ingresó al Parlamento, la bancada integrada por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez -que responde al exministro de Economía Roberto Lavagna- emitió un comunicado expresando su posición.

Los legisladores condicionaron su apoyo al hecho de que se establezca “una serie de limitaciones claras y explícitas a ese tipo de operatorias”.

“Al proyecto del Ejecutivo le está faltando un componente fundamental, que es una clara y explícita limitación al endeudamiento en moneda extranjera”, consideraron.

El bloque “lavagnista” sostuvo que “estas limitaciones al endeudamiento en moneda extranjera pueden ayudar a lograr una economía más estable porque se morigeran los riesgos asociados al descalce de monedas, se disminuye la volatilidad del balance de pagos y se reduce una fuente de costo del endeudamiento público que, en general, no se visibiliza cuando se está contrayendo. Además, se crea una regla más factible de cumplir que una basada en el déficit, y, por lo tanto, más exigible”.

En ese sentido, Sarghini recordó que a fines de febrero presentó un proyecto que modifica la Ley de Administración Financiera 24.156 para establecer que, además de la prohibición ya existente de las operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes, se incorporen otras limitaciones para el crédito en moneda extranjera.

La iniciativa de Sarghini propone modificar el artículo 56 de esa norma, que actualmente establece que se prohíbe “realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”. El diputado propone agregar nuevas prohibiciones, que son las siguientes:

Realizar operaciones de crédito público en moneda extranjera, con las siguientes excepciones:

a) Operaciones cuyo producido será aplicado íntegramente a cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera. En este caso, no deberá realizarse la conversión a pesos de ese producido, ni siquiera en forma transitoria.

b) Financiaciones de organismos multilaterales u oficiales de crédito, o que cuenten con garantía de estos organismos, cuyo producido se aplique únicamente al financiamiento de proyectos específicos.

c) Avales u otro tipo de garantías necesarias para que empresas públicas o con participación estatal mayoritaria del Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales puedan realizar contratos en el extranjero que impliquen exportaciones de bienes o servicios desde nuestro país.

d) Financiaciones o garantías de organismos no gubernamentales sin fines de lucro, dirigidos a la protección de recursos naturales o a la mejora de la calidad de vida de la población.

e) Financiaciones o garantías necesarias para proyectos de inversión estratégicos para el desarrollo, en la medida en que la realización de dichos proyectos y su estructura de financiamiento cuenten con aprobación por ley del Congreso Nacional.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó este lunes que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso para que el endeudamiento en moneda extranjera y bajo ley extranjera, así como los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deban ser aprobados por ley.

Guzmán formuló el anuncio al participar de un seminario convocado por la organización gremial internacional UNI Global Union.

“Pensamos que sería sano que las decisiones de pedir préstamos en divisas extranjeras tengan la aprobación del Congreso. Esta semana vamos a presentar un proyecto de ley que contenga como uno de los elementos la aprobación del Parlamento por los préstamos en divisas”, afirmó.

El proyecto establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley internacional y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Parlamento, así como también los futuros programas con el FMI.

El ministro subrayó que la iniciativa apunta a “convertir la sostenibilidad de la deuda en una política de Estado”.

“Los préstamos en divisas tienen que ser responsables, y los países que han tenido una larga historia de inestabilidad en deuda tendrían que darle una mayor participación al Congreso en estas decisiones”, consideró Guzmán.

Una nueva misión del FMI arribará al país este martes y a lo largo de las próximas dos semanas mantendrá una serie de reuniones con funcionarios para avanzar en la negociación de un nuevo programa de financiamiento de la deuda que tiene el país por un monto de capital de 43.900 millones de dólares, informó la agencia Télam.

En el marco de una movilización en la que sectores sociales y agrupaciones políticas de izquierda repudiaron la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano aseguró que el acuerdo que el Gobierno nacional realizará con ese organismo internacional representará “mayor ajuste y crisis social”.

Sobre esa misma línea el trotskista afirmó que “la presencia del FMI es muy negativa para Argentina, la plata de la deuda no está ni fue invertida acá, sino que se fugó; pero ese acuerdo por la deuda lo vamos a pagar los trabajadores” y recordó que “ya estamos viendo cómo: hoy mismo nos enteramos que no existirá el cuarto IFE, ello cuando se acaba de anunciar un 40% de pobreza”.

Asimismo consideró que “es una orientación política: Argentina acaba de votar contra Venezuela en la ONU, a pedido de Trump. Son las condiciones políticas para el acuerdo con el FMI, que digita la política nacional, como también se ve en el Presupuesto 2021, que es un presupuesto de ajuste” e insistió en que “esta crisis económica nos lleva a una nueva devaluación si no vamos a medidas de fondo como repudiar la deuda y nacionalizar el comercio exterior y la banca”.

Solano también señaló que “ya sabemos lo que es el FMI: pobreza, ajuste, indigencia, que se vuelven a repetir. Eso es lo que denuncia el FIT” y concluyó señalando que “planteamos que el pueble deje de pagar una deuda que no contrajo y una salida opuesta: sobre la base del no pago de la deuda y la ruptura con el FMI, de un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, a la nacionalización de la banca y del comercio exterior; promover una reorganización social y económica de fondo bajo los intereses de los trabajadores”.

El Museo del Bicentenario fue el escenario elegido por el Gobierno para anunciar el acuerdo con los bonistas privados, que involucra el 99% de esa deuda. Junto al primer mandatario, Alberto Fernández, estuvieron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien retornó así por primera vez a la Casa de Gobierno desde el 10 de diciembre pasado; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Este último señaló al intervenir que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar unos 45 mil millones de dólares que adeuda nuestro país será enviado al Parlamento cuando se alcance. Que no será de manera inminente. De hecho, Guzmán calculó que la negociación demandará por lo menos seis meses.

“Es intención del Gobierno enviar el acuerdo al que se llegue con el FMI al Congreso para su aprobación”, señaló el ministro, enfatizando que “es algo que no se ha hecho nunca y está totalmente alineado con la idea de cuidar a la Argentina”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández señaló que a mediados de septiembre el Ministerio de Economía enviará al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2021, el primero elaborado por su gestión.

Al respecto, el ministro de Economía dio precisiones, al señalar que el proyecto presentará una meta de déficit fiscal primaria de 4,5% del PBI, en conjunto con otras proyecciones de marco fiscal y financiero sobre el cual se asentarán las políticas publicas el año entrante.

Con relación al déficit fiscal primario que se proyecta, Guzmán señaló que deberá ser “lo suficientemente grande como para poder tener la capacidad de impulsar la economía, pero también tendrá que estar contenido en función de cuál es la capacidad de financiar lo que tenemos”.

La vuelta de Cristina

Uno de los datos salientes del acto de este lunes fue la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya había estado en un acto -también sobre la deuda- junto al presidente Fernández y el ministro de Economía, pero en Olivos.

Cristina no había vuelto a ir a la Rosada desde su vuelta al poder, el 10 de diciembre pasado. Este lunes fue al despacho de Eduardo “Wado” De Pedro al llegar, y mantuvo una reunión de la que participaron además del ministro del Interior, el presidente Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el presidente de la Cámara baja Sergio Massa y el titular del bloque oficialista de Diputados, Máximo Kirchner.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, criticó al expresidente Mauricio Macri, quien la semana pasada -en medio de la pandemia de coronavirus- voló a Europa, en el marco de un viaje por su rol como presidente de la Fundación FIFA.

“Macri despreció a los argentinos al irse a Saint-Tropez, porque muchos de los que confiaron en él en octubre del año pasado, aún para defender sus ideas, lo quisieran ver acá y no tomando sol o jugando al golf”, lanzó el dirigente del oficialismo.

Durante una entrevista en el programa Animales Sueltos (América), el tigrense se refiró al tema de inseguridad y aseguró que “es un dato objetivo de la realidad y cuando la sociedad reclama, la política no tiene que echarle la culpa a los medios o a otros”, sino que “tiene que resolver el problema”.

Massa, quien esta semana se mostró con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostuvo que “en los próximos días va a haber una acción del Gobierno enfocada en el aumento de la prevención, el equipamiento y la logística”.

“Estoy impulsando una agencia metropolitana de seguridad, porque la pandemia desnudó que hay problemas que son de la metrópoli y no podemos pensar que la General Paz divide la realidad”, agregó.

En otro tramo, el presidente de la Cámara baja destacó que el acuerdo con los bonistas extranjeros “fue un gran primer paso”, pero recordó que “ahora viene (la discusión con) el Fondo Monetario Internacional y no va a ser fácil porque encima tienen que sentarse en una situación incómoda”.

“El FMI tiene que reconocer que le dio plata a la Argentina para la reelección de Macri, lo dijo públicamente uno de sus funcionarios, y que dejó dos vencimientos espantosos. Tienen que recocer su error”, remarcó.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo firmó las misivas dirigidas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y el G20 para que se alivie la carga de la deuda externa de aquellos países en mayor vulnerabilidad social.

La carta, que fue suscripta por Alfredo Luenzo junto a otros 300 legisladores, a nivel internacional fue impulsada por el senador estadounidense Bernie Sanders y la representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar. Allí se plantea “la suspensión temporal y el aplazamiento de la deuda”, para “ayudar a estos países a priorizar plenamente la gestión rápida y sostenible” de la crisis sanitaria. Además, pide “que apoyen una emisión importante de Derechos Especiales de Giro (DEG) para brindar a los países en desarrollo un apoyo financiero urgente”.

En ese marco, Luenzo sostuvo que “la emergencia sanitaria exige que todos los recursos del Estado se vuelquen a la protección de la salud de la población, para comprar alimentos, vacunas, equipamiento médico y al sostenimiento del circuito económico productivo del cual dependen los puestos de trabajo de la sociedad”.

Por este motivo, el chubutense aseguró que “se está necesitando una adecuación de los cronogramas y los intereses de la deuda externa a una nueva coyuntura internacional entendiendo que el mundo no es mismo a partir de esta pandemia”.

El legislador sostuvo, además, que “tal como lo plantea el presidente Alberto Fernández, se trata de que los bonistas ganen un poco menos, que adapten las tasas de interés suculentas que le cobran a los países más necesitados para establecer un esquema de pagos real, posible y sustentable”.

Asimismo, Luenzo consideró que “es fundamental tener una visión de comunidad global para enfrentar al Coronavirus, una mirada con solidaridad, para resguardar a los sectores más desprotegidos en cada uno de nuestros países”.

Por ello, el legislador exhortó a “avanzar en un debate profundo sobre el rol de los organismos multilaterales en el marco de una crisis global y de las calificadoras de riesgo”, ya que “las recetas del ajuste ya ha demostrado su rotundo fracaso”.

El diputado nacional Itaí Hagman (Frente de Todos) consideró que la declaración del FMI, reconociendo que la deuda argentina “no es sostenible”, es “muy importante” y “fortalece la posición negociadora de Argentina para reestructurar la deuda”.

También destacó que “le da la razón al gobierno argentino” y “va en línea con la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán” en el Congreso.

El legislador señaló que la ley de sostenibilidad de la deuda externa, “nos permite tener un sendero hacia adelante en el cual los compromisos externos sean acordes con el crecimiento económico”.

Además, en diálogo con radio Nacional, Hagman afirmó que el Presupuesto 2020 se discutirá “después del 31 de marzo, la fecha que el Gobierno se puso para tener una negociación con los acreedores externos”.

Por otra parte, el oficialista se refirió a los reparos de la oposición al proyecto de ley sobre jubilaciones de privilegio y recordó que en diciembre pasado, cuando se votó la Ley de Solidaridad Social, “la queja era que se habían excluido” esos regímenes especiales.

“¿Por qué ahora habría que demorarlo? Lo que sospecho es que haya un sector de la oposición que quiere evitar que se termine con estos regímenes que son escandalosos”, agregó y enfatizó que hay que “tratar de terminar con la brecha tan grande que existe en el sistema previsional”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió a la renegociación de la deuda externa y ratificó que el país tiene voluntad de pago, “pero no tiene la capacidad”. Además cuestionó al Fondo Monetario Internacional por la situación actual.

“Argentina tiene vocación de pago, pero no tiene la capacidad. El FMI es muy responsable de la situación de la Argentina actual, porque financió fuga de capitales, gasto corriente, y de alguna manera le permitió la fiesta del siga-siga a (Mauricio) Macri”, señaló.

En declaraciones a A24, el titular de la Cámara baja consideró que “el FMI tiene que ser respetuoso de que la Argentina elija un camino que nos permita salir a los argentinos, entendiendo que cometió un error”.

“El FMI planteó que la posición de la Argentina respecto de la deuda era cierta”, agregó. En tanto, sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, Massa destacó que “es un excelente profesional y tiene claro que esta es una pulseada donde se juega mucha plata”.

La presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, destacó el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional en torno a la deuda argentina, pero reclamó de ese organismo una quita, tal cual propuso desde Cuba hace dos semanas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Justificó su postura la economista en que entre junio de 2018 y noviembre de 2019, la totalidad de los desembolsos del préstamo del organismo se fugaron de la economía argentina, a pesar de que su estatuto lo prohíbe.

“El FMI reconoció lo que sabemos desde el momento mismo que se firmó el acuerdo: la deuda de la Argentina es insostenible”, afirmó la diputada, tras el comunicado que emitió el FMI, donde sostiene que la deuda que dejó el Gobierno de Mauricio Macri “no es sostenible”, en concordancia con la posición que venía adoptando el gobierno.

El comunicado del organismo financiero fue luego de la visita de la misión técnica en Buenos Aires, donde sus representantes analizaron el plan económico argentino. “Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”, señalaron.

El Gobierno recibió con beneplácito el comunicado, ya que insta a los tenedores privados a hacer concesiones. El presidente Alberto Fernández celebró que “el FMI reconozca la posición argentina respecto de los procesos de endeudamiento”. El mensaje del Fondo, en tanto, considera que “se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados”. El Gobierno apunta a restaurar el pago de la sostenibilidad de la deuda por su alto volumen, los apretados calendarios de vencimientos entre 2020 y 2023, y a mejorar los plazos, montos y/o tasas.

En este sentido, la diputada Fernanda Vallejos sostuvo que “el reconocimiento de lo que es una realidad inobjetable con los números a la vista, implicó que el FMI reclame una contribución significativa, es decir, una quita importante de los tenedores privados”.

Para la economista, “la crisis de la deuda fue producto del modelo económico anterior”. Según datos de Proyecto Económico, equipo técnico que conduce Vallejos, la deuda externa pública, que era del 10% del PBI en 2015, ascendió en 2019 hasta el 45%. En ese mismo año, el Gobierno destinó el 20% de los recursos presupuestarios a pagar intereses de la deuda. Esto en el marco de un fin de ciclo con 3 de 4 años en recesión, una caída de 34% de PBI per cápita, 20.000 empresas extintas, dos dígitos de desocupación, la inflación más alta en 28 años y 40% de pobres.

Vallejos sostiene que buena parte del acuerdo con el FMI por US$ 57.000 millones -de los cuales se desembolsaron US$ 44.500 millones-, se fugaron de la economía argentina, a pesar de que el artículo VI de su estatuto lo prohíbe. Entre junio de 2018, cuando ingresó el primer desembolso, y noviembre de 2019, se fugaron US$ 40.650 millones en Formación de Activos Externos y US$ 10.150 millones por salida de capitales especulativos, según el Banco Central. “Son US$ 6.000 millones más que la totalidad de los desembolsos del organismo”, apuntó Vallejos.

“La conclusión de esto es clara: la ‘contribución apreciable’ también tiene que hacerla el FMI, porque ese organismo es co-responsable de la crisis de deuda y de la crisis económica que hoy sufre nuestro país, y que también reconocen en el comunicado”, aseveró Vallejos.

De cara a lo que viene en el curso de las negociaciones, el ministro Martín Guzmán se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas del G20, con el fin de “definir los próximos pasos de la relación entre el FMI y la República Argentina”, concluyó el organismo en su comunicado.

La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó que el organismo no aprobará una quita de deuda para Argentina, como reclamó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global”, sostuvo la directora, en una entrevista con la agencia Bloomberg.

En tanto, al ser consultada por la “profunda reestructuración de la deuda” que plantea el ministro de Economía, Martín Guzmán, Georgieva respondió: “Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI”.

Además, la titular del FMI aseguró que están “respaldando al gobierno de Alberto Fernández en sus esfuerzos para reanudar el crecimiento económico” y “en términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento”.

Durante su paso por Cuba, la vicepresidenta había considerado que el crédito tomado con el FMI por la gestión de Mauricio Macri fue ilegal, dado que se utilizó para la fuga de capitales.

El vocero del organismo, Gerry Rice, sostuvo que “no hubo violación de las reglas del FMI” en la concesión del préstamo. Luego de eso, la exmandataria salió a redoblar la apuesta por Twitter.

A poco de que el Gobierno inicie la negociación sobre la deuda externa, Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, salió al cruce del vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, y reclamó a la entidad financiera que “se haga cargo de que financió la campaña de (Mauricio) Macri”.

Según consignó el portal Infobae, Rice sostuvo que “no hubo violación de la reglas del FMI” cuando le otorgó el préstamo a la Argentina, y la vicepresidenta Cristina Kirchner le respondió citando el artículo 6 del propio estatuto de la entidad.

En el mismo sentido se expresó este jueves su hijo, al participar de un acto donde leyó el citado artículo, que indica que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”, la llamada “fuga de capitales”.

“Le recomiendo a Gerry que vea que después de los préstamos que le iban dando a la Argentina mientras financiaban la campaña de Macri, en abril del año pasado, las reservas eran de 77.000 millones de dólares, y cuatro meses después se habían ido a 44.000 millones, y después a 33.000 millones. Si eso no fue violar este artículo del Fondo, debería explicarles a los argentinos qué sería violarlo. Háganse cargo que financiaron la campaña de Macri”, disparó Máximo.

El legislador se expresó así durante un acto en el microestadio “Ciudad de Garín”, en la localidad de Escobar, acompañado por la titular de PAMI, Luana Volnovich, y el intendente Ariel Sujarchuk.

El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, aseguró que “no hubo violación de las reglas del FMI” en el crédito dado a la Argentina y rechazó que se pueda aprobar una quita sobre la deuda porque “no está permitida por los estatutos”.

El directivo fue consultado este jueves durante una conferencia de prensa por las expresiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien el pasado fin de semana dijo que el organismo había violado sus propias reglas al otorgarle al gobierno de Mauricio Macri un préstamo por 57 mil millones de dólares, y reclamó una quita de deuda.

Rice destacó que hay un “diálogo muy activo entre el staff técnico y el gobierno” argentino, el cual también calificó de “constructivo”. Además, recordó que la misión que se encuentra en Buenos Aires, “liderada por Julie Kozac y Luis Cubeddu, se encontrará con el Ministerio de Economía, el Banco Central y otros organismos del Gobierno”.

“Sobre el tema de deuda, la capacidad del Fondo para reestructurar su deuda y posponer los reembolsos, las recompras, todo esto se ve limitado por los marcos legales. No es nada nuevo, todos lo saben, cual es la postura. Lo hemos dicho antes y no solo en el contexto de Argentina. Es una disposición que se aplica en general”, sostuvo.

Y agregó: “Estamos completamente comprometidos a ayudar y a apoyar al gobierno de Argentina y al pueblo del Argentina lo más posible. Ya dije que vemos las conversaciones hasta ahora constructivas y ese es el adjetivo que usaría por ahora”.

pic.twitter.com/bbWBQiM1q5

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 13, 2020

La respuesta de CFK

A través de Twitter, Cristina Kirchner le respondió a Rice con una copia del artículo 6 del estatuto del FMI, que indica que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. “Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer”, remató la titular del Senado.

Ante el inminente arribo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el diputado porteño  del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano rechazó la presencia del organismo internacional en el país e insistió en que la renegociación de la deuda “perpetuará una hipoteca” que tendría un impacto aún mayor para economía nacional.

En ese sentido, el trotskista participó de un encuentro del Frente de Izquierda (FIT) que se realizó en Villa Urquiza, en el cual expuso la “naturaleza de la deuda externa, la responsabilidad de todos los gobiernos, el crecimiento exponencial del hipotecamiento nacional”. Al mismo tiempo que rechazó “el pacto entre el presidente Alberto Fernández, el kirchnerismo y el macrismo para pagar la deuda”.

Además convocó a una movilización para este miércoles a las 12 en Plaza de Mayo para “rechazar la llegada del FMI y los acuerdos de Fernández, el kirchnerismo y el macrismo para pactar con los bonistas una reestructuración de la deuda que será pagada con más ajuste del pueblo”.

Sobre esa misma línea, Solano concluyó señalando que “el recule del gobernador bonaerense Axel Kicillof con la deuda de la Provincia de Buenos Aires y ahora del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el vencimiento del bono Dual anticipa que la renegociación que se viene perpetuará una hipoteca que recaerá sobre los jubilados, los trabajadores, la salud y la educación”.

Cabe destacar que la misión del FMI llegará a Buenos Aires este miércoles para llevar a cabo una serie de reuniones con funcionarios nacionales, a fin de poder tener un diagnóstico certero sobre cuál es la situación económica de la Argentina y las perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo.