Ante la problemática vinculada a la desviación de fondos y la falta de claridad de cómo las provincias aplican los recursos nacionales del FONAVI, la diputada Soledad Carrizo promovió un pedido al Poder Ejecutivo para que permita el acceso a la información referida a todos los proyectos FONAVI comprendidos entre 2020 y 2023.

Al ser un fondo posible de detracción (esto es, cambiar los fines de las partidas presupuestarias) la diputada solicita que el Poder Ejecutivo informe detalladamente si ha existido en este período, una imputación diferente de esos fines. Reclamo que Carrizo plantea desde 2017, exigiendo la intangibilidad de estos fondos debido al manejo discrecional de las provincias.

“El problema estructural de déficit habitacional, es cada vez mayor y su crecimiento alcanza a más de 4 millones de hogares argentinos. El FONAVI es uno de los mecanismos más importantes para el desarrollo de viviendas en nuestro país, actualmente no resulta posible acceder a sus informes de auditoría, conformación actual de sus recursos, ni conocer su distribución ni su aplicación por parte de las provincias”, señala la diputada.

Creado en noviembre de 1972 a través de la ley N° 19.929 con el objetivo de generar una masa de recursos destinada a financiar la problemática habitacional del sector de menores ingresos del país través de obras de urbanización, de infraestructura básica y de equipamientos comunitarios, el FONAVI ha sido desde entonces una de las políticas más importantes para el desarrollo federal de viviendas.

Un sinnúmero de leyes y disposiciones reglamentarias posteriores han modificado la conformación de sus recursos, su régimen de aplicación, y los órganos a cargo de su ejecución, lo que ha afectado la posibilidad de acceder de forma clara a cómo se aplican sus recursos y sus resultados.

Actualmente el fondo se integra con los recursos correspondientes al porcentaje de la recaudación del impuesto sobre los combustibles (artículo 19 de la Ley N° 23.966) establecido en un valor fijo por cada litro de combustible.

“En un contexto de alta complejidad social, en el que la pobreza alcanza el 50% de la población argentina, el acceso a la vivienda se vuelve imposible por los excesivos precios de los alquileres, y de adquisición. Esto reafirma la necesidad de revisar y reconducir las políticas públicas dirigidas al desarrollo habitacional que acompañen a la población más vulnerable”, concluye Carrizo, a quien acompañan en su pedido de informes sus compañeros de bancada Julio Cobos, Luis Picat, Pedro Galimberti, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Jorge Rizzotti, Melina Giorgi, Natalia Sarapura y Pamela Verasay.