Lo hizo a través de la Fundación Apolo, con un texto en el que figuran entre los denunciados Victoria Tolosa Paz, Jorge Taiana y Fernanda Miño, a quienes se los acusa por el “manejo irregular de fondos públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público”.
El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció, a través de la Fundación Apolo, a varios exfuncionarios y entidades públicas, así como particulares vinculados con la gestión del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado mediante el Decreto 819/2019, por “presuntas irregularidades”.
La denuncia en cuestión también lleva la firma del líder del equipo legal de la mencionada Fundación, José Magioncalda, y del abogado Juan Martín Fazio. En la misma se destaca la actuación de Tandanor S.A.C.I.yN., empresa pública naval, involucrada en el convenio con el FISU para la realización de obras de Integración Socio Urbana, las cuales habrían sido ejecutadas de “manera irregular y sin cumplir con los términos establecidos”.
Entre los denunciados figuran la ex secretaria de Integración Socio Urbana y presidente del F.I.S.U, Fernanda Miño; la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el ex ministro de Defensa, Jorge Taiana; los miembros del Directorio de BICE Fideicomisos S.A, del Directorio de Tandanor S.A.C.I.yN, del Comité Ejecutivo del F.I.S.U y de la Mesa Nacional de Barrios Populares creada por Decreto 358/2017 durante la vigencia del Decreto 819/2019.
La presentación judicial se fundamenta en la posible comisión de delitos tipificados en los artículos 173 incs. 7 y 12, 248, 249, 260, 261 y 265 del Código Penal, relacionados con el manejo irregular de fondos públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público.
Desde la Fundación aseguraron que “el FISU se conformó con más de 30 millones de dólares para proveer infraestructura urbana (paradas de colectivos, bicicleteros, etc) en barrios irregulares, pero sus administradores contrataron su producción con la empresa pública Tandanor, cuyo objeto exclusivo son actividades de la industria naval . El contrato fue rescindido antes de su cumplimiento, no obstante haberse erogado 20 millones de dólares”.
“Una enorme cantidad de los bienes producidos fue retirado por el FISU e instalado en los barrios objetivo, no obstante, el rol asignado a representantes de los barrios en la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares”, sentenciaron.
La causa, que lleva el número 2722/2024 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del Dr. Martínez Di Giorgi.
