Tras caerse el inciso “h” del artículo 4 del proyecto de Ley de Bases que le entregaba la potestad a la Casa Rosada de disponer a voluntad sobre los fondos fiduciarios, desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para terminar con la caja de los Fondos y establecer un marco regulatorio.

La iniciativa es de autoría de la diputada Victoria Borrego y acompañada por sus pares de bloque Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Paula Oliveto Lago.

“El Estado Nacional cuenta con 29 Fondos Fiduciarios que insumen recursos por más del 2% del PBI (transferencias del Tesoro y afectación de impuestos). Son poco transparentes y no están sujetos a las reglas presupuestarias. Ej. no puede saberse quienes son sus beneficiarios”, explicó López en su red social X.

El proyecto propone que los Fondos deban presentar informes justificando su continuidad, se debe informar los ingresos y los gastos. Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) se encargará de llevar a cabo auditorías exhaustivas y regulares de los fondos fiduciarios con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.

También plantean que solo puedan ser creados por ley y que requerirá una evaluación integral de impacto económico, financiero, costos administrativos y de la duración prevista del mismo. Esta evaluación será realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la cual deberá emitir un informe detallado sobre los aspectos mencionados.

En suma, propone que los recursos no pueden utilizarse con fines distintos a los que motivaron su creación y que los Fondos existentes deben adaptarse a la nueva legislación y los creados por Decreto ratificados por el Congreso, de lo contrario, se extinguen y sus recursos vuelven al Tesoro Nacional.

Ley marco regulatoria de Fondos Fiduciarios

El Poder Ejecutivo creó, por medio del DNU 57/2022, el Fondo Fiduciario Progresar, que “se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, cuyo objetivo será financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes” del programa creado en 2014 para estudiantes mayores de 18 años.

El Fondo, del cual será fiduciante el Estado Nacional -a través del Ministerio de Educación- y fiduciario la entidad seleccionada por el Comité Ejecutivo, tendrá una duración de 20 años, contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración del correspondiente contrato de fideicomiso, y a su vencimiento la propiedad de los bienes fideicomitidos quedará en poder del fideicomisario, aclara el texto.

En el decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se indica que el Comité Ejecutivo estará integrado por la directora de la ANSeS, el ministro de Educación, el subdirector Ejecutivo de Operación del FGS, y la subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación.

“El Comité Ejecutivo será el encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento, así como de definir las líneas de acción a implementar”, reza el articulado.

Los recursos del Fondo se conformarán por los fondos asignados al Progresar; el producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos; los ingresos provenientes de otros empréstitos que se contraigan, pudiendo garantizarlos con bienes del Fondo Fiduciario; otros recursos provenientes del Tesoro Nacional que sean específicamente destinados al Fondo; y otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones.

“Asimismo, conforme el principio de inmunidad fiscal del Estado, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fiduciario, en sus operaciones relativas a dicho Fondo, se encuentran exentos de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse a futuro”, especifica el decreto de necesidad y urgencia.

En los fundamentos, el Gobierno señaló que “resulta imprescindible seguir fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las juventudes, entre ellas el referido “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR), toda vez que dicho grupo etario ha resultado damnificado por la crisis socioeconómica causada por las políticas aplicadas por el gobierno anterior; a la vez que ha sido particularmente impactado por los efectos derivados de la pandemia de Covid-19, que afecta a nuestro país desde marzo de 2020″.

“Los recursos originados en la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario, establecido mediante la Ley N° 27.605, destinados al Progresar resultaron un impulso de relevancia que permitió dotar de mayor fuerza a este programa”, destacó el Ejecutivo.

En esa línea, sostuvo que “se advierte la conveniencia de la creación de un Fondo Fiduciario Público que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, cuyo objetivo será financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del Progresar, preservará y acrecentará los recursos generados por el Aporte Solidario y Extraordinario referido y la totalidad del patrimonio fideicomitido”.

En la última reunión de este martes, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, cuya presidencia está a cargo de José Ruiz Aragón, se reunió de forma presencial por la tarde y aprobó los dictámenes sobre modificaciones a la Ley 27.118  de Agricultura Familiar sobre prohibición de desalojos a comunidades campesinas; la creación del Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF) y la iniciativa que crea un Programa nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías Regionales (PRONAFER). Más temprano, tuvo tratamiento el proyecto de ley para establecer un marco regulatorio al desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

El primer orador fue Lucas Godoy (FdT – Salta), quien remarcó que “la agricultura familiar es el camino apto para proporcionar alimentos suficientes, para lidiar con el cambio climático, generación de mano de obra. Los alimentos en Argentina mas del 60% se produce por las familias agricultoras. Se están produciendo desalojos, es fundamental prorrogar. Hay que pensar en el fondo del asunto y en una solución para garantizar el acceso a las tierras a los campesinos, para fortalecer el arraigo rural y que no terminen expulsados, preservación y fomento de las tecnologías el acceso al agua. Tenemos que resolver el problema”.

“La mayoría no tiene acceso a un fondo de créditos. Este proyecto de la creación de un fondo se pudo dictaminar. El eje central es ese para garantizar el acceso a la tierra y lo facilite. El crédito también es para comprar tierras privadas, utilizar tierras en desuso para que los campesinos lo puedan trabajar”, remarcó Godoy.

En tanto, el diputado Federico Fagioli (FdT – Buenos Aires) agregó que “este proyecto sintetiza varias iniciativas que se venían construyendo con organizaciones en torno a la economía popular y campesinos y trabajadores de la tierra. Viene a dar respuesta a una demanda histórica de la agricultura familiar y van a tener más posibilidades de desarrollo, con la creación del fondo fiduciario se va a facilitar el acceso a las tierras tras el otorgamiento de créditos para la adquisición de bienes rurales y la construcción de viviendas”, y cerró que “también se busca proteger los sectores peri urbanos y productivos que son fundamentales y reducir un impacto ambiental”.

Por otro lado, Héctor Bárbaro (FdT – Misiones) recordó los desalojos en su provincia en donde habían presentado un proyecto y contó: “Me puse del lado de 12 familias que fueron desalojados como animales y los tiraron con sus pocas pertenencias sin una orden judicial”, y agregó: “El tiempo me dio la razón, el juez que había ordenado ese desalojo fue el que le sacó el arma a unos policías que habían secuestrado camiones ilegales. Después de una lucha esas familias les conseguimos 10 hectáreas a cada uno para poder trabajo”.

“Las prórrogas no sirven, queremos que vuelvan a asesores y darle una solución porque esta propuesta no nos va a llevar a ningún lado”, solicitó Pablo Torello (Pro – Buenos Aires) y subrayó que “pequeños productores hay en todos lados y ustedes están invisibilizando”. “Ustedes hablan de pequeños productos periurbanos, pero al productor profundo no lo ven y no se dan cuenta de lo que están haciendo”.

Alfredo Schiavoni (Pro – Misiones) destacó y reconoció el trabajo de Bárbaro con los que “menos tienen en mi provincia”, pero le cuestionó que “por tantos años haya sido aquiescente con el gobierno provincial que ha generado esa situación de marginalidad y pobreza y situó a los agricultores familiares en esa situación”.

Por último, Jorge Vara (UCR – Corrientes) recomendó que “hay que apoyar a los productores con financiamientos competitivos. Hay que aplicar la ley Pierri y nosotros la aplicamos”.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, se reunió de forma presencial y dictaminó este martes el proyecto de ley de acceso a la tierra que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.

“Dictaminamos el proyecto de ley de acceso a la tierra, que impulsa la Unión de Trabajadores de la Tierra, que establece un sistema de préstamos accesibles para que los agricultores familiares puedan tener sus propios terrenos. Ampliar derechos e impartir justicia para el campo que nos alimenta. Son familias que viven de la agricultura, es un medio financiamiento que les va a dar una mano”, señaló la diputada nacional y presidenta de la Comisión.

En ese sentido, agregó: “El punto en cuestión es garantizar la estabilidad de las familias, va a traer beneficios a los circuitos de comercialización y en términos de salud también es algo básico. La democratización de los alimentos es clave, necesitamos que los productores puedan trabajar sus propias tierras. Un 75% no son prioritarios. También es necesario que se generan condiciones de manera sustentable y tener políticas que defiendan el desarrollo”.

Por su parte, Carla Carrizo (UCR) manifestó que “el tema es importante, apoyamos a la idea de iniciar el acceso a la tierra para las unidades productivas”, y comparó el presente proyecto con el del diputado Oscar Schiavoni y sugirió “trabajar de otro modo y terminar con la idea de dos proyectos muy distintos y hacer un enfoque complementario”.

“El fondo fiduciario trabaja sobre un punto que es el acceso a la tierra a través de tierras fiscales y el punto débil es que tiene un enfoque asistencialista y la idea es construir autonomía y que los créditos sean para garantizar sustentabilidad en el mercado. Segundo hay una tensión con la Ley Nacional 27.118 del 2014 de Agricultura Familiar que tiene cinco artículos no reglamentados y uno de esos el Banco de tierras fiscales. Creamos organismos que compiten entre sí y tratan los mismos temas”, cuestionó la legisladora radical.

En tanto, Claudia Bernazza (FdT) destacó: “El fondo fiduciario pueda también reunir tierras privadas”, y aclaró que “este proyecto tiene como objetivo un modelo de agricultura, un tipo de agricultura y el Estado nacional lo va a garantizar y tiene un montón de elementos que desde el sector privado no se puede dar”.

En suma, el diputado Lucas Godoy (FdT) reiteró que “no hace hincapié en tierras fiscales. Los productores rurales no tienen accesibilidad a las tierras, ni a créditos, ni financiamientos de las tierras que trabajan hace décadas”.

“El 60% de los alimentos vienen de la agricultura familiar y todo lo que implica eso. En este proyecto es complementario a la ley del 2014 y es algo fundamental permitir el acceso a créditos hipotecarios. Además, es imprescindible para la resolución habitacional. El otorgamiento de tierras es una solución. Hay un montón de tierras del Estado en el NOA que pueden estar destinadas a lograr esos programas de fortalecimiento de agricultura familiar, la posibilidad de acceder a créditos y financiamiento y la posibilidad de compra de tierras y que el Estado puede resolver el problema”, detalló Godoy.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social – Santa Fe) ratificó su compromiso con el proyecto al cual consideró como una “importante iniciativa” porque es “una herramienta para la agricultura familiar”. “Hay que entender el contexto que operar este fondo, donde la Argentina por un lado puede duplicar las producciones, pero la contracara es una desestructuración agraria que le hace mal que es el desarraigo rural, ahí perdemos todos”, agregó.

“Este instrumento viene a reforzar otros. Es muy necesario para la diversidad productiva. Hay un contexto de concentración de la tenencia que opera de forma negativa al igual que tampoco hay políticas de economías regionales. Esto contribuye a remediar este contexto de las agriculturas familiares, tener conectividad y luz, agua, grandes demandas que están insatisfechas”, cerró Contigiani.

Por último, Ramiro Gutiérrez (FdT) precisó que “el proyecto no es solo de agricultura familiar, sino de economías regionales que operan como un género donde la agricultura familiar es el principal vector”

“La ley está dirigida a 3 sectores puntuales: los territorios peri urbanos, los oasis y valles productores. Los primeros conforman las zonas de transición y falta panificación estratégica ahí, tenemos que ayudar a ese desarrollo planificado. Es importante no solo por el acceso a la vivienda o a la tierra, sino también el acceso a infraestructuras y obras porque son corredores para poder exportar y tener mercados concentradores de productos como miel, leche, entre otros. Es muy importante el financiamiento para galpones, sistemas de riego, la canalización, fertilización”, finalizó Gutiérrez.

El Fondo Fiduciario está destinado a impulsar la agricultura familiar como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social. tiene como objeto facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.

El fiduciante será el Estado nacional, mientras que el fiduciario será el Banco Nación, como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable a los beneficiarios de la norma.

El beneficiario será el agricultor familiar que no sea titular de bienes inmuebles y esté debidamente registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). Además, debe tener como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

En esta misma línea, se trató y pasó a la firma el proyecto de ley para crear el programa nacional marcha al campo, el cual la diputada María Rosa Martínez (FdT) explicó que “se trata de un reordenamiento de tierras fiscales y repoblamiento que posibiliten desarrollar el interior del país y localidades abandonadas para promover planificación de desarrollo regional, movilización de fuerza de trabajo, mejoramiento de caminos rurales, asegurar salud y educación, industrialización en origen, es una gran posibilidad de incentivar soberanía alimentaria, mejoramiento de las condiciones de la rurabilidad y conservación ambiental”.

“Es importante que las personas con o sin experiencia tengan acceso a la formación por parte del Estado u organizaciones. Las obligaciones es recibir las tierras otorgadas, trabajarlas y explotar la tierra asignada, mantener el predio, y que las personas puedan acceder a subsidios, y no pueden desprenderse de ello”, aclaró la legisladora oficialista y agregó: “Junto con la rurabilidad, debe haber acceso a la educación, salud y conectividad porque es un desafío para que las familias puedan afianzarse en esos lugares teniendo en cuenta los niveles de concentración urbana”.

Tras una semana sin sesión, la Legislatura de la Ciudad vuelve al ruedo este jueves a partir de las 11, cuando los diputados se reúnan en el recinto para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscarán autorizar la creación del “Fondo Fiduciario para la Promoción a la Innovación, Ciencia y Tecnología (FON-PI)”, conformado con aportes públicos y privados.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de la Coalición Cívica, Hernán Reyes (VJ). El Fondo y el fideicomiso procurarán “soluciones de financiamiento” a proyectos que fomenten el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología, estimulando e incentivando la participación público-privada. La ley en tratamiento reglamentará las formas y condiciones establecidas, siempre en consonancia con el Código Civil y Comercial de la Nación.

Otro asunto a considerar en la sesión ordinaria de este jueves es un proyecto referido al régimen de asignaciones familiares para el personal del Estado de la Ciudad. Se actualiza la normativa vigente para establecer las fórmulas de ajustes de montos y se establecen nuevas coberturas con perspectiva de género y de diversidad, de acuerdo con los cambios sociales del momento.

Asimismo, la iniciativa sobre asignaciones familiares fue inicialmente de diputados del Frente de Todos pero luego se sumó un expediente ingresado por el Poder Ejecutivo. Fue despachado con dictámenes de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, Hacienda, Política Tributaria y Administración Financiera.

El temario para la sesión fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, que preside Agustín Forchieri (VJ) y de la que participan las autoridades de los bloques.