La Legislatura de la Ciudad dio inicio esta semana al debate acerca de la Ley de Financiamiento Verde, una propuesta del legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes que tiene por objeto el diseño de la arquitectura jurídico-financiera para la captación, distribución y ejecución del financiamiento de aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente.

A través de sus redes sociales, el oficialista afirmó: “¿cómo se financia la transición ecológica? ¿De dónde salen los recursos? Presentamos la Ley de Financiamiento Verde para la Ciudad. Una norma que crea la estructura jurídica y financiera capaz de captar los recursos internacionales, y ponerlos al servicio de nuestra industria”. Al mismo tiempo que precisó que “tuvimos la primera mesa de trabajo en el camino de la ley. Conversamos acerca de la necesidad de diseñar un esquema que sea capaz de captar y ejecutar fondos orientados a políticas públicas de desarrollo sostenible y a la transición del sector productivo”.

“Gracias a la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio; al ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti; al diputado nacional Maximiliano Ferraro; la senadora nacional Gladys González; a la secretaria de Ambiente, Inés Gorbea; al director del Banco Ciudad, Gastón Rossi; y a la Coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, María Eugenia Di Paola”, cerró.

La iniciativa en cuestión se enmarca en lo establecido por la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Ley N° 6.468 de Economía Circular, y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Carbono Neutral 2050, el Plan de Acción Climática 2050 y demás compromisos asumidos en la materia.

De esta manera, se buscará financiar todas aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que persigan una ciudad “baja en carbono, preparada, inclusiva, cercana y circular”.

Dicho fondo se conformará como un fideicomiso público de administración y financiero, que se regirá por los alcances y limitaciones establecidos en el proyecto, y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. A los efectos de la composición del capital y la participación del Comité de Gestión, se garantizará una participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior al 50%.

Por lo que se constituirán como recursos del fondo: “los recursos y partidas presupuestarias que le asigne la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio, así como los asignados por leyes especiales, afectaciones específicas sobre tributos y otras partidas que se disponen a modo de aporte”, “las asignaciones recibidas de organismos internacionales, multilaterales o nacionales, de acuerdo a los convenios de cooperación que se suscriban”, “los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso, siempre y cuando dichos bienes cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, “los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta, siempre y cuando dichos dividendos o utilidades cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, entre otros.

Además se propuso la creación de un comité ejecutivo del Fondo Verde, el cual establecerá las políticas de implementación, aplicación y financiamiento del Fondo; establecer la periodicidad en la rendición de cuentas del Fiduciario; determinar los montos máximos y mínimos de cada instrumento para la ejecución de los recursos del Fondo Verde y las condiciones financieras correspondientes siguiendo las mejores prácticas de gestión de inversiones de los Fondos Fiduciarios Públicos; entre otros puntos.

Buscando mitigar el cambio climático, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual se buscará crear un “Fondo verde”, el cual tiene por objeto el diseño de la arquitectura jurídico-financiera para la captación, distribución y ejecución del financiamiento de aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que tengan por finalidad la obtención de un impacto positivo en el ambiente.

El texto recientemente presentado se enmarca en lo establecido por la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Ley N° 6.468 de Economía Circular, y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Carbono Neutral 2050, el Plan de Acción Climática 2050 y demás compromisos asumidos en la materia.

De esta manera, se buscará financiar todas aquellas políticas, programas, actividades y emprendimientos que persigan una ciudad “baja en carbono, preparada, inclusiva, cercana y circular”.

Dicho fondo se conformará como un fideicomiso público de administración y financiero, que se regirá por los alcances y limitaciones establecidos en el proyecto, y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. A los efectos de la composición del capital y la participación del Comité de Gestión, se garantizará una participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior al 50%.

Por lo que se constituirán como recursos del fondo: “los recursos y partidas presupuestarias que le asigne la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio, así como los asignados por leyes especiales, afectaciones específicas sobre tributos y otras partidas que se disponen a modo de aporte”, “las asignaciones recibidas de organismos internacionales, multilaterales o nacionales, de acuerdo a los convenios de cooperación que se suscriban”, “los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso, siempre y cuando dichos bienes cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, “los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta, siempre y cuando dichos dividendos o utilidades cumplan con las condiciones que las partes del Fondo oportunamente acuerden”, entre otros.

Además se propuso la creación de un comité ejecutivo del Fondo Verde, el cual establecerá las políticas de implementación, aplicación y financiamiento del Fondo; establecer la periodicidad en la rendición de cuentas del Fiduciario; determinar los montos máximos y mínimos de cada instrumento para la ejecución de los recursos del Fondo Verde y las condiciones financieras correspondientes siguiendo las mejores prácticas de gestión de inversiones de los Fondos Fiduciarios Públicos; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, Reyes aseveró que “a día de hoy, más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y ese número no hará más que incrementarse con el paso del tiempo. En Argentina, la concentración es aún mayor: un 92% de la población se concentra en ciudades” e indicó que “las ciudades, pese a ocupar tan sólo el 3% de la superficie del planeta, representan entre el 60% y 80% del consumo de energía, el 75% del consumo de recursos y de las emisiones de carbono a la atmósfera, y el 50% de la generación de residuos”.

“En ese sentido, resulta menester hoy, más que nunca, tener la creatividad y la audacia de idear nuevos mecanismos capaces de llevar a cabo políticas públicas que satisfagan las 3 aristas del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. Y para ello será fundamental que el Estado y el sector productivo puedan trabajar en conjunto, liderando la transformación de la ciudad futura que anhelamos”, sentenció.

El texto también lleva la firma de Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ).

Con la intención de generar más espacios verdes en el distrito capitalino, Juan Manuel Valdés junto a otros diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear un “Fondo Verde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FOVCABA)”, el cual estaría destinado a solventar los gastos que demande la creación arquitectónica de espacios verdes en el distrito capitalino.

La iniciativa contempla, además, la creación del “Programa de puesta en valor de terrenos baldíos” destinado a la generación de espacios verdes allí e incentivar a los propietarios a la explotación, puesta en valor y utilización de dichos inmuebles. También propone el “Programa de incentivo al sector privado para el desarrollo del espacio verde”.

En ese sentido Valdés explicó que el texto tiene como objeto “establecer una política de Estado en cuanto a la construcción de una Ciudad sustentable y con espacios verdes creamos el Fondo Verde. Un fondo de ejecución automática que todos los años la Ciudad deberá cumplimentar para la ampliación de los espacios públicos verdes” y recordó que “para la Organización Mundial de la Salud (OMS) cualquier ciudad tiene que tener entre quince y veinte metros cuadrados de espacio verde por habitante, la suma que tiene la Ciudad de Buenos Aires no llega a los tres metros cuadrados”.

“Queremos que haya más plazas, más huertas, parques recreativos. La nueva normalidad va a requerir más espacios al aire libre donde se respete el distanciamiento”, sostuvo y resaltó que el distrito capitalino “está muy atrasado en cuanto a las metas internacionales de lo que se considera una ciudad verde y las metas de desarrollo sustentable”.

Sobre esa misma línea, el diputado indicó que “un espacio verde es importante no solo  porque es lindo, sino porque previene inundaciones absorbiendo agua, reduce ruidos, produce oxígeno, es un espacio de paseo” y advirtió que “no estamos pidiendo importar políticas de ciudades cuya riqueza dista de la nuestra, al contrario, ciudades como Rosario, Bogotá cuentan con mayor cantidad de espacios verdes que la Ciudad de Buenos Aires”.

Al mismo tiempo consideró que “es muy importante tomar en cuenta estas políticas, no puede ser que la ciudad deseada sea la del cemento y la densificación que propone el macrismo hace dieciséis años; creemos que la ciudad tiene que ser sustentable y ecológica” y aseguró que “la pandemia nos demostró que los lugares de esparcimiento tienen que estar al aire libre. Los runners no tienen la culpa, el problema es que en los últimos años se prioriza la construcción de torres en lugar de garantizar una vida saludable”.

El proyecto también lleva la firma de los diputados Santiago Roberto y Lucía Cámpora (FdT).