Tras el fallo adverso para la Argentina por la expropiación de YPF, dictado por la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ahora la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra la Corte Suprema de Estados Unidos y, más precisamente, sobre el vínculo de uno de los magistrados con el dueño de un fondo de inversión que en 2014 le ganó una sentencia a nuestro país.

"Hay un viejo aforismo que reza… 'Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad'", arrancó en su posteo de la red social X la presidenta del Senado.

Al compartir el vídeo de la denuncia realizada por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, la exmandataria señaló que "en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EE.UU. que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares".

"Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EE.UU., fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país", completó la vice.

Con una foto que refleja un día de pesca, Ocasio-Cortez exhibió: "Aquí está Paul Singer, un multimillonario y director de un fondo de inversión, trabaja en fondos de inversión. Y aquí está el juez de la Corte Suprema Samuel Alito. Hemos visto que el multimillonario que generosamente patrocinó este viaje, Paul Singer, se presentó ante la Corte al menos de 10 veces en casos donde la prensa judicial y los principales medios de comunicación habitualmente cubrieron su rol. Así que fue público que tenía asuntos ante la Corte".

La congresista recordó que en 2014, Alito junto a la Corte "acordaron resolver una cuestión vital, en una batalla de décadas, entre el fondo de Singer y la nación Argentina. ¿Sabes si Alito se recusó de este caso? Él no se recusó de este caso y de hecho usó su asiento en la Corte Suprema, después de todo esto, para fallar a favor de Singer. Y, con esa decisión, el fondo de Singer recibió 2.400 millones de dólares, debido a esta sentencia".

Inspirado en una vasta legislación internacional que consigna ejemplos de Bélgica, Francia y Grecia, entre otras naciones, el senador neuquino Oscar Parrilli propone una serie de reglas que protejan al Estado ante los “ataques especulativos financieros internacionales”.

Parrilli sostiene que “los derechos de los acreedores privados para reclamar una deuda legítima contra el Estado solo se considerarán vigentes y con validez financiera si la compra, adquisición o tenencia de dicha deuda en cualquiera de sus manifestaciones -bonos, títulos, entre otros- ocurre al menos con 90 días hábiles de anticipación a la fecha en que el país ingrese en un proceso de reestructuración, refinanciación, reperfilamiento, cese de pagos o cualquier otra denominación que se utilice para expresar la imposibilidad del Estado de cumplir con sus vencimientos programados en materia de deuda”.

Así lo expresa el texto del proyecto en el que Parrilli sostiene que “la ventaja ilegítima especulativa se define como la existencia de una desproporción manifiesta y evidente entre la suma total efectivamente abonada por el acreedor para adquirir la deuda y el reclamo que éste realiza frente al Estado”.

El senador nacional por el Frente de Todos Oscar Parrilli presentó este lunes un proyecto de ley para declarar el 10 de septiembre como el “Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados”.

La iniciativa es en reconocimiento a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el accionar de los denominados “fondos buitre”.

Además, Parrilli propone darle el nombre del excanciller “Héctor Marcos Timerman” a un salón de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.

En los fundamentos, el senador reseñó el día en que, en 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó con 136 votos la resolución que limita el accionar de los fondos buitres, medida impulsada por Argentina y consensuada por el Grupo de los 77+China.

“Un hecho histórico que, con la decisión política de quien gobernaba este país, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llevó adelante el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nuestro canciller, Héctor Marcos Timerman”, fallecido en 2018, destacó Parrilli.

El proyecto, además de la firma del senador neuquino, fue respaldado por sus colegas oficialistas José Mayans, Carlos Caserio y María de los Ángeles Sacnun.

En medio de las negociaciones del Gobierno por la deuda externa, el diputado del Frente de Todos Itai Hagman presentó un proyecto de ley “antibuitre”, que busca “desconocer la legitimidad de operaciones que se realizan contra el país por parte de fondos especulativos”.

“En 2014, la Argentina sufrió las consecuencias de los litigios de los fondos buitre, que comprando sólo el 1% de la deuda en default nos mantuvieron en vilo durante años. Hoy ante la dura negociación que enfrenta el Gobierno Nacional para hacer sustentable la enorme deuda Argentina, contraída mayoritariamente por Mauricio Macri, el peligro del default crece y por ende la posibilidad de repetirse un escenario similar”, advirtió Hagman.

El proyecto del diputado -que es secretario de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda Externa- apunta a generar un instrumento para futuros litigios por la deuda ya emitida y que actualmente se encuentra en renegociación.

A su vez, también regularía las cláusulas de los bonos de emisiones futuras, al definir claramente el desconocimiento de las ganancias ilegítimas motivadas por este tipo de prácticas espurias, y reglamentar la cantidad de acreedores necesarios para cerrar o bloquear una negociación.

Los bonos deberían incluir también la posibilidad del Estado de pagar sus compromisos mediante el Banco Nación en caso de que se bloquee otro método de pago.

“Si bien los bonos actuales cuentan con cláusulas de acción colectiva, el peligro existe. Lo que proponemos es muy simple: se trata de desconocer la legitimidad de operaciones que se realizan contra el país por parte de fondos especulativos, a fin de obtener ganancias extraordinarias, lo que defrauda la buena fe no sólo del Estado nacional sino también de los prestamistas genuinos”, explicó Hagman.

Para el legislador de Patria Grande, “tiene que existir una relación proporcionada entre el precio de adquisición de un bono y el pago que se espera recibir. Si el margen de ganancias es exorbitante, estamos claramente frente a una práctica ilegítima, y esta ley prohibiría al Estado pagarla”.

Para elaborar esta iniciativa, Hagman tomó como antecedente la declaración de la Asamblea 69 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que estableció un conjunto de principios básicos para la reestructuración de deuda, entre los que se señalan los principios de soberanía para realizar reestructuraciones, buena fe de los actores, transparencia, imparcialidad, trato equitativo, inmunidad soberana de jurisdicción  y ejecución, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración por mayoría.

Por otra parte, el diputado se basó en la “ley antibuitres” sancionada en Bélgica en el año 2015.

“Macri  tomó deuda de manera irresponsable, la cual se utilizó mayoritariamente para la fuga de capitales, y eso hizo que pasemos a tener una deuda insustentable. En ese sentido, la negociación que viene llevando adelante el ministro Martín Guzmán es fundamental porque no podemos pagar esa deuda a costa del empobrecimiento de nuestra población”, sostuvo.

“Por eso -finalizó- es clave apoyarlo con otros instrumentos legales para evitar protegernos del accionar de fondos especulativos como hemos sufrido en el pasado reciente. También es fundamental investigar la deuda contraída por el gobierno anterior, sobre todo su destino hacia la fuga de capitales, para evaluar cómo evitamos que esto se repita en el futuro”.