El proyecto debe ser sancionado definitivamente antes del 30 en junio. Ya cuenta con media sanción y el oficialismo en la Cámara de Diputados lo incluirá en la sesión pensada para el próximo 24.
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En el marco de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, los diputados dictaminaron este miércoles sobre los acuerdos de conciliación celebrados entre Bainbridge ltd. y la Argentina, y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund con nuestro país, con lo que el tema quedó listo para ser debatido en el recinto la próxima semana. El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas.
Al respecto, asistieron para exponer ante los legisladores el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija.
En el inicio del encuentro, el titular de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, aclaró que la deuda que se estaba saldando era de poco más de 362 millones de dólares, con amenazas de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Señaló el legislador libertario que el acuerdo es con Bainbridge por 171 millones de dólares y 104 millones de dólares con Attestor, contra pago de desembolso.
El oficialista remarcó la urgencia para aprobar el tema, dado que la prórroga del plazo de implementación del acuerdo vence el 30 de junio, y habiendo sido sancionado ya por el Senado, debe aprobarse antes de esa fecha en Diputados. “Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio podría caerse”, alertó el presidente de Presupuesto y Hacienda.
Stampalija señaló en su intervención que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron. Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”.
Recordó el funcionario -que ante una consulta puntual de la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley aclaró más tarde que a partir del lunes será secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía- que en el marco del conflicto jurídico planteado hubo pedidos de entrega de acciones de YPF, que fueron concedidos por la jueza neoyorkina interviniente, acción que luego se frenó.
La cuestión es que el tema ya tenía sentencia firme y había que llegar a un acuerdo, a lo cual se llegó, enfatizó, considerando que eso fue en principio “muy beneficioso”, dado que permitió una “reducción sustancial” de la deuda. En el caso de Bainbridge del 30% sobre el monto, y con Attestor sobre el saldo de 35% total. “Creemos que son muy beneficiosos”, remarcó el funcionario, garantizando que “esto elimina intentos de embargos”.
Aseguró que “los casos se van a cerrar y desaparecer”, explicando que una vez se aprueben los acuerdos, hay un plazo de dos días para notificar a los tribunales neoyorkinos, y luego se abre un plazo de 30 días para que se produzca el mecanismo de ejecución de los acuerdos, que consiste en que los acreedores entreguen los bonos y se produzca el pago. “Nos presentamos ante los tribunales de Nueva York y se produce el acuerdo”, cerró Stampalija, agregando que los acreedores asumen el compromiso de no litigar por ningún bono anterior al default y “queda completamente cerrado este capítulo respecto de estos acreedores. Estos son los únicos holdouts con sentencia firme y cerraríamos esto de una vez y para siempre”.
Ante el requerimiento de UP, precisó que Bainbridge tiene una sola sentencia por 96 millones de dólares y el acuerdo de pago prevé un pago de 66 millones, de ahí que se hable de un ahorro del 30%. En el caso de Attestor, que en su caso es acompañado por un grupo de acreedores, son varias sentencias por 460 millones de dólares, aproximadamente. Este grupo de acreedores embargó fondos depositados en Estados Unidos (300 millones) para cobrar su sentencia.
Luego empezó una discusión entre Bainbridge y Attestor respecto de quién tenía prioridad para cobrar primero. La jueza Loretta Preska le permitió a Attestor cobrar algo más de 200 millones de dólares y separó 70 para seguir la discusión con Bainbridge. “La jueza le dio la razón a Attestor por los 96 millones de dólares y eso ya es una discusión entre los fondos, que se están disputando lo embargado”, señaló el funcionario, acotando que Bainbridge termina la discusión con Attestor, que va a cobrar seguramente esos 96 millones y el saldo son 170 millones. “Lo otro ya se perdió”, admitió.
Entre otras cosas, los diputados de Unión por la Patria cuestionaron que, a su juicio, no estaba desgranada "la composición del pago", interrogaron sobre la fuente de financiamiento para cumplir con estos acuerdos, advirtieron por el funcionamiento de la Bicameral de Deuda y presentaron su propio dictamen de minoría en rechazo. Finalmente, la reunión se extendió con un debate sobre la gestión de la deuda por parte de gobiernos anteriores.
Desde el oficialismo, y luego de pedir un aplauso para Lionel Messi, la diputada Silvana Giudici se refirió a una consulta de la oposición sobre "cuáles son las ganancias que se llevan los fondos buitre", para retrucar: "¿Cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos? Por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y en las puertas de una hiperinflación".
Al pedir que rápidamente se pase a la firma el dictamen, consideró que este acuerdo "significa para la Argentina el cierre de este histórico conflicto con los holdouts, agravado por las cuatro administraciones kirchneristas".
Recogió el guante entonces el diputado de UP Carlos Castagneto, quien devolvió: "Hizo un relato equivocado de la situación, porque esto es de 2001, el kirchnerismo no estaba en 2001". "(Nicolás) Dujovne dijo que dejamos un país desendeudado. En el 2016, (Mauricio) Macri le pagó a los fondos buitre y dijo que íbamos a entrar al mundo y entramos al Fondo Monetario", recordó y enfatizó que "vamos a decir las cosas cómo son, sino acá cualquier dice cualquier cosa".
Más avanzada la reunión, y tras un picantísimo cruce con Benegas Lynch, Juan Grabois remarcó que esto data de 2001 y lanzó: "¿Y quiénes eran importantes funcionarios en 2001 que se fueron en helicóptero, muertos de miedo, mientras nosotros poníamos el cuerpo en la plaza y algunos éramos detenidos? La fracasada de (Patricia) Bullrich y el fracasado de (Federico) Sturzenegger. Y un montón de otros funcionarios que después se pusieron la peluca y se convirtieron en libertarios, y ahora son parte de la casta que nos gobierna".
Por su parte, durante las preguntas, el legislador Itai Hagman observó que hubo "un cambio de enfoque del FMI en sus reportes sobre los holdouts" y "según el FMI" este acuerdo "sería parte de una estrategia más amplia (del Gobierno) para ir luego sobre otros litigios". Y consultó concretamente a los funcionarios "si hubo un pedido concreto del FMI para avanzar sobre este camino", cosa que Amerio negó. Sobre el mencionado reporte de mayo, el procurador del Tesoro dijo que "no tiene nada que ver".
Más adelante, el libertario Adrián Ravier defendió que esto "es el cierre de un ciclo nefasto y un mensaje al mundo de que, a partir de ahora, con la presidencia de Javier Milei y su liderazgo, la Argentina paga; la Argentina va a pagar sus compromisos". "Preguntan, ¿este es el último? Bueno, dependerá de toda la deuda documentada que traigan aquellos acreedores de tiempo pasado", anticipó.
En contraposición, desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola expresó: "No vemos ningún ahorro, vemos solo pérdida en esto. ¿Por qué este apuro y esta gran prioridad con este verso del 30% (de quita) y no tenemos el mismo apuro para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?".
La iniciativa, que pasa a la Cámara de Diputados, obtuvo 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. La suma asciende a 171 millones de dólares. El plazo para su aprobación vence el próximo 30 de junio.
El Senado dio media sanción este miércoles a un proyecto sobre acuerdo de pago con Fondos Buitre con 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, antes del 30 de junio.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.
En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos. Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.
Luego de que en la última sesión el proyecto volviera a comisiones y se informara sobre la renegociación del acuerdo, también se fijó el 30 de junio (originalmente era el 31 de mayo) como fecha límite para su aprobación, con lo cual el oficialismo en la Cámara baja tiene previsto darle celeridad al tema.
El debate
Como miembro informante, el senador Agustín Monteverde aclaró que el proyecto sufrió una modificación en el artículo 2 y explicó que se trata de los últimos acreedores holdouts de relevancia que le queda al país. Uno de ellos es Bainbridge Ltd. que tiene una sentencia a favor de 96 millones de dólares y “ha obtenido sentencias de entrega de acciones de YPF que están en apelación ante la Corte de Nueva York que fijó la fecha y está en suspenso”.
“Por otro lado tenemos al grupo de entidades que están alineadas en Attestor Value Master Fund LP. Que obtuvieron 16 sentencias entre 2020 y 2024, que en marzo del año pasado lograron la ejecución de garantías, excedentes de bonos por 266 millones de dólares, están en apelación 96 millones de dólares a decidirse en la Corte y que está en suspenso porque la fecha ya pasó”, explayó.
Monteverde sostuvo que “la Ley 27.249 facultó al Poder Ejecutivo a negociar y normalizar la relación con los holdouts cosa que fue respaldada por la Ley de Presupuesto vigente”, y precisó las ventajas que el acuerdo trae al país como el fin de las acciones de Discovery, contiene una cláusula donde ambas entidades se comprometen a no iniciar nuevas acciones y tampoco interferir en operaciones de financiamiento de la república; extingue los dos principales litigios pendientes; el acuerdo concede indemnidad por los gastos legales.
“La entrega es contra el pago, ni bien pagamos recibimos los bonos que formaron parte de la sentencia. Se trata de una quita conforme a la ley porque respeta los principios de eficiencia contemplado por la Ley 24.156 y principios de razonabilidad. Hemos logrado un descuento de más del 35%”, precisó.
El senador libertario consideró que se trata de un acuerdo “razonable, conveniente y legal”. Al referirse a la modificación del artículo 2 del proyecto aclaró que “la enmienda no cambió en absoluto el contenido en sí del acuerdo, solo se dieron de baja algunos bonos que quedaron prescriptos y carecen de fuerza legal”.
Por el lado del bloque UP, el senador justicialista Jorge Capitanich adelantó el rechazo al proyecto y justificó que “el nivel de inmunidad de ejecución debe ser aplicado por el Poder Judicial” y agregó: “Estos mecanismos premian la conducta de los fondos buitres o holdouts”, y agregó que “no es responsabilidad del Congreso autorizar acuerdos de estas características. Es necesario observar la disponibilidad de divisas y recursos para poder pagar”.
En tanto, el titular del espacio José Mayans, comparó la dictadura de 1976 con la gestión de De la Rúa y la administración de Milei: “Es el mismo programa que hoy está vigente", y definió el senador en referencia a los endeudamientos de distintos países a manos de las potencias: “Ese es el plan del sistema colonial”.
“La verdadera corrupción está en el endeudamiento público. Este gobierno es ultra corrupto y es todo mentira que están controlando la deuda hasta que explote, pero nosotros no vamos a ser cómplices de esto y con el desastre que están haciendo con la economía del país”, apuntó y remató: “Esto es una pavada con el brutal endeudamiento del país”.
Por último, la titular del bloque libertario Patricia Bullrich destacó que “venimos a cerrar una herida que tiene 25 años porque el 23 de diciembre de 2001 fue el default más grande de la historia mundial”. “Esto fue una acumulación de deudas”, indicó Bullrich y explicó: “Regía un sistema impuesto por Carlos Menem que precisaba de una premisa básica. Lo que comenzó a hacerse es endeudar el país y generó una situación imposible”.
“Esta deuda pública creció durante el gobierno kirchnerista. Nunca hubo desendeudamiento, hubo maquillaje contable y los litigios siguieron todos. Fueron años de litigio, activos argentinos en riesgo, espionaje ilegal en cuentas del BCRA, una expropiación de los fondos de las AFJP”, recordó Bullrich.
De pasar a la firma, el recinto quedará habilitado en una semana y Diputados deberá resolver la sanción en dos días. El Acuerdo fue avalado por la jueza neoyorquina Loretta Preska en marzo pasado. Cuándo fue el inicio de ambos litigios.
Foto: Comunicación Senado
Luego de no ser tratado en el recinto y devuelto a comisiones en el arranque de la sesión ordinaria del jueves pasado, el Senado volvió a convocar el plenario de Economía Nacional e Inversión junto a Presupuesto y Hacienda para pasar a la firma el despacho del Acuerdo de Conciliación con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp. La reunión fue convocada para este martes 19 de mayo a las 16.00.
El primer expediente considerado por la Cámara alta fijaba como fecha límite al próximo 30 de abril del 2026. Sin embargo, el Poder Ejecutivo de la Nación envío un segundo expediente el jueves pasado -minutos antes de que se lleve a cabo la sesión- donde se informó que el acuerdo de pago entre las partes para se extiende hasta el 30 de mayo próximo.
El nuevo texto, según se menciona en el texto que el Gobierno nacional mandó al Senado el pasado 14 de mayo, lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Ruben Kliksberg.
El Acuerdo de Conciliación para cancelar el pago de bonos ronda los U$S 175.000.000 que le son reclamados al Estado argentino tras ser avalados por la Justicia de los Estados Unidos en marzo de año pasado. Ambos litigios fueron iniciados en 2014 y 2016, respectivamente.
El plan del oficialismo es que ese martes Martín Goërling Lara y Agustín Monteverde, titular de Economía e Inversión Nacional y Presupuesto y Hacienda, pasen a la firma el despacho, el cual quedará habilitado para ser llevado al recinto a partir del martes 26. Luego, Diputados tendrá tres días para realizar un plenario, dictamen exprés y sancionarlo definitivamente en sesión especial.
El acuerdo entre las partes que avaló la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos se alcanzó en marzo pasado cuando el Estado argentino llegó a un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.
Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la República Argentina desde 2016. La Justicia de Estados Unidos ya falló a su favor y le reconoció el cobro de 95.000.000 de dólares más cargos en concepto de intereses.
Por otro lado, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un litigio con la Argentina desde el 2014 por el cobro de deuda soberana adquirida luego de su fundación en 2012.
Según anunciaron los integrantes del oficialismo se debe a “cuestiones técnicas”. Adelantaron, de todas maneras, que la semana próxima se volverán a poner a consideración en plenario de comisiones. Deben sancionarse antes del 31 de mayo.
Foto: Comunicación Senado
Después de anunciarlo en la previa, La Libertad Avanza, a través de Agustín Monteverde, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, propuso el regreso a comisión del Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD. Y el grupo de acreedores que encabeza Attestor Value Master Fund LP (holdouts).
Minutos antes del inicio de la sesión ordinaria, el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, explicó que se debe a “una cuestión técnica”, pero adelantó que “seguramente la semana próxima lo tratemos”. Asimismo, aclaró que “están los números suficientes como para que la Argentina siga siendo responsable frente a los compromisos internacionales porque queremos que todo se haga conforme a la exactitud y ala precisión que amerita este tema”.
Así se acordó este martes en la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de Villarruel. La sesión será desde las 15. Se le dará ingreso formal a una nueva tanda de pliegos judiciales.
El Senado sesionará este jueves para tratar un acuerdo de la Argentina con fondos buitre; el pliego por el cual se le prorroga el mandato por cinco años al juez Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas.
El temario se acordó este martes durante una reunión de los jefes de bloques en Labor Parlamentaria, en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La sesión, la tercera desde que arrancó el periodo ordinario, se realizará desde las 15. Por la mañana habrá una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que se prevé extensa.
Precisamente será la quinta audiencia, por donde pasaron los candidatos al Poder Judicial propuestos por el Poder Ejecutivo. La semana pasada, cuando culminó la tercera, senadores dialoguistas no firmaron los dictámenes y reclamaron que el Gobierno envíe postulantes para cubrir vacantes en el interior del país, ya que, en su mayoría, el alrededor de los 80 pliegos actualmente en análisis corresponde a Capital Federal o provincia de Buenos Aires.
Por ese motivo, el PEN envió una nueva tanda de pliegos “más federal”, a la que se le dará ingreso formal en la sesión del jueves, es decir, tomarán estado parlamentario.
Aunque cuenta con dictamen, el proyecto que busca endurecer penas por falsas denuncias, motorizado por la radical Carolina Losada, no será parte de la sesión. Con el correr de los días fue perdiendo apoyos y ganando un amplio rechazo, incluso una denuncia contra la senadora.
Por otra parte, formarán parte del temario tratados internacionales con Singapur, Suiza y San Marino, que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.
En el arranque se espera que haya varias cuestiones de privilegio de la oposición.
Acuerdo con fondos buitre
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.
En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.
Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
Pliego de Carlos Mahiques
El Senado tratará el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por medio del cual se le prorrogará por cinco años más su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.
El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero-, y luego que el camarista solicitara la extensión.
“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.
El pasado 16 de abril, el juez expuso en audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por varias horas y fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido
Armas
El proyecto sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado.
El texto plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.
Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.
Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.
Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.
En una reunión plenaria, las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda avalaron el proyecto del Poder Ejecutivo para saldar acuerdos con los fondos Bainbridge y Attestor, dos de los últimos holdouts con reclamos contra la Argentina.
La Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado quedó conformada hoy por la tarde en el Salón Arturo Illia, donde sus integrantes designaron como presidente al senador del Pro Martín Göerling Lara y como secretaria a la senadora Julieta Corroza (La Neuquinidad), mientras que la vicepresidencia quedó vacante para la oposición. Además, se resolvió que el cuerpo se reunirá los martes a las 16.
Tras la constitución formal, se llevó a cabo una reunión plenaria junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde (LLA), para tratar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que habilita al Estado a afrontar los pagos derivados de los Acuerdos de Conciliación celebrados con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. Se trata de dos de los últimos acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001.
Durante el debate, Monteverde defendió la iniciativa y subrayó que los acuerdos respetan los principios de razonabilidad, legalidad y conveniencia, al tiempo que destacó que implican una quita consolidada del 30 por ciento sobre la deuda reclamada. Según explicó, el costo de los pagos acordados resulta significativamente menor al de una eventual ejecución judicial con intereses punitorios y permite extinguir los litigios aún abiertos, preservando al Estado de mayores gastos legales.
Desde la oposición, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) cuestionó los términos del acuerdo “en estas condiciones” y adelantó el rechazo de su bloque, aunque aclaró que no se oponen a la negociación en sí con los fondos acreedores, sino que plantean la necesidad de responder una serie de interrogantes expresados en un dictamen de minoría.
En el transcurso de la reunión, se informó además que el plazo de vencimiento de los acuerdos, inicialmente fijado para el 30 de abril de 2026, será prorrogado hasta el 31 de mayo, según comunicó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. El entendimiento contempla el pago de 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y de 104 millones de dólares al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, contra la entrega y cancelación simultánea de los bonos, libres de todo gravamen.
Al cierre del encuentro, las autoridades de Presupuesto y Hacienda confirmaron que se alcanzó el número de firmas necesario para emitir dictamen de mayoría y habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto.
Se trata de holdouts que no ingresaron en acuerdos alcanzados anteriormente. El plazo para su aprobación era el 30 de abril, pero el oficialismo busca al menos dar una señal.
Mientras Manuel Adorni expone en Diputados, el oficialismo en el Senado buscará un dictamen clave: el del proyecto de ley por el cual se aprueban Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros fondos buitre.
Será a partir de las 15, en el Salón Azul donde se llevará a cabo un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía e Inversión Nacional, la cual primero deberá constituirse. Su presidente será el puntano Bartolomé Abdala.
La iniciativa fue enviada el pasado 20 de abril, pese a que en los argumentos se informó que “los acuerdos establecen como fecha límite de cierre (“Outside Date”) el 30 de abril de 2026”. Sin chance de que las cámaras puedan tratarlo antes de ese plazo, la señal clave será poder firmar el dictamen.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.
“La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”, advirtió el PEN en los fundamentos sobre los plazos.
Por otra parte, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.
Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
“La decisión estatal de avanzar en la normalización de los servicios de la deuda pública vinculada a los títulos alcanzados por condenas en tribunales internacionales se ha mantenido de manera concordante en la Ley N° 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, en la que se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, a continuar con la normalización de los servicios de la deuda pública”, fundamentó el Gobierno.
Se trata de holdouts que no ingresaron en acuerdos alcanzados anteriormente. El plazo para su aprobación era el 30 de abril, pero el oficialismo busca dar una señal.
El próximo miércoles, mientras Manuel Adorni exponga en Diputados, el oficialismo en el Senado buscará un dictamen clave: el del proyecto de ley por el cual se aprueban Acuerdos de Conciliación celebrados con dos holdouts que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros fondos buitre.
Desde las 11.30 se llevará a cabo en el Salón Azul un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía e Inversión Nacional, la cual primero deberá constituirse.
La iniciativa fue enviada el pasado 20 de abril, pese a que en los argumentos se informó que "los acuerdos establecen como fecha límite de cierre ("Outside Date") el 30 de abril de 2026". Sin chance de que las cámaras puedan tratarlo antes de ese plazo, la señal clave será poder firmar el dictamen.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmando en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.
"La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas", advirtió el PEN en los fundamentos sobre los plazos.
Por otra parte, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.
Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
"La decisión estatal de avanzar en la normalización de los servicios de la deuda pública vinculada a los títulos alcanzados por condenas en tribunales internacionales se ha mantenido de manera concordante en la Ley N° 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, en la que se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, a continuar con la normalización de los servicios de la deuda pública", fundamentó el Gobierno.
El Gobierno firmó un entendimiento con dos grupos de acreedores que nunca ingresaron a los canjes de deuda y busca ahora la aprobación parlamentaria para concretar el pago. La información surge de presentaciones judiciales en Nueva York y de fuentes oficiales.
La jueza Loretta Preska ya fue notificada por las partes del acuerdo por la deuda.
El Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un acuerdo para poner fin a uno de los litigios más prolongados derivados del default de la deuda de 2001. Se trata de un entendimiento alcanzado con dos fondos de inversión que permanecían en juicio contra la Argentina ante tribunales de Estados Unidos y que ahora deberá ser ratificado por el Parlamento para entrar en vigencia.
Según informaron los abogados que representan al país ante la Justicia norteamericana, el acuerdo fue firmado el 1° de abril y comunicado formalmente a la jueza Loretta Preska, a cargo de los casos argentinos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La información fue dada a conocer por el consultor Sebastián Maril, especializado en el seguimiento de estos procesos, y confirmada luego por fuentes oficiales, según consignó este sábado Clarín. De acuerdo con la nota de Natacha Esquivel, el texto será remitido al Congreso en los próximos días.
Los demandantes son dos grupos de acreedores que nunca aceptaron ninguno de los canjes de deuda realizados tras el default. El más importante está encabezado por el fondo Attestor y reúne también a otras firmas, como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, por una acreencia inicial cercana a los 500 millones de dólares. El segundo litigio es impulsado por Bainbridge, con reclamos por unos 95 millones de dólares. Ambos contaban con sentencias firmes a su favor y habían obtenido avales judiciales para avanzar en pedidos de embargo contra activos argentinos.
El monto definitivo del pago aún no fue informado oficialmente y recién se conocerá con el envío del proyecto al Congreso. No obstante, fuentes del mercado y del ámbito judicial señalan que el acuerdo estaría lejos de cubrir el total original de la deuda. El año pasado, los fondos ya habían logrado embargar 310 millones de dólares que la Argentina tenía depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York como colateral de los antiguos bonos Brady. De ese total, Attestor cobró 210 millones, mientras que otros 100 millones quedaron bloqueados por una disputa entre los acreedores.
Tras ese episodio, en marzo pasado las partes cerraron un entendimiento extrajudicial que permitió solicitar la suspensión de las causas. En los hechos, esto implicó congelar medidas más avanzadas, como los pedidos para ejecutar acciones de empresas públicas, entre ellas el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF.
El acuerdo deberá pasar por el Congreso. Al respecto, los antecedentes indican que en lugar de una ley para convalidar el acuerdo, el Gobierno recurriría a un DNU, tal cual sucediera el año pasado cuando esta administración recurrió de esa manera al Congreso para validar el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de cumplir compromisos financieros y ordenar el frente externo. Al tratarse de un DNU, alcanzó con la aprobación de la Cámara de Diputados, sin necesidad de pasar por el Senado.
El litigio que ahora se busca cerrar es uno de los remanentes que sobrevivieron a los acuerdos alcanzados en años anteriores. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri pagó alrededor de 9.300 millones de dólares a un grupo mayoritario de holdouts, lo que permitió levantar las cautelares que impedían a la Argentina pagarle a los bonistas que sí habían entrado a los canjes de 2005 y 2010. Esa salida del default técnico no alcanzó, sin embargo, para extinguir todos los juicios, pese a que más del 95% de los acreedores había aceptado las reestructuraciones.
Veinticinco años después del default, el capítulo sigue abierto. Con este acuerdo, el Ejecutivo busca cerrar otro frente judicial heredado, aunque al costo de un nuevo debate político en el Congreso sobre cómo y con qué condiciones saldar una deuda que atraviesa distintas administraciones y ciclos económicos. La aprobación parlamentaria será el paso clave para dar por terminado un conflicto que, hasta ahora, continuaba generando riesgos financieros para el país.
Tras el fallo adverso para la Argentina por YPF, la vicepresidenta apuntó contra un juez de la Corte norteamericana por su vínculo con el titular de un fondo de inversión que en 2014 le ganó en una sentencia a Argentina.
Tras el fallo adverso para la Argentina por la expropiación de YPF, dictado por la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ahora la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra la Corte Suprema de Estados Unidos y, más precisamente, sobre el vínculo de uno de los magistrados con el dueño de un fondo de inversión que en 2014 le ganó una sentencia a nuestro país.
"Hay un viejo aforismo que reza… 'Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad'", arrancó en su posteo de la red social X la presidenta del Senado.
Al compartir el vídeo de la denuncia realizada por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, la exmandataria señaló que "en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EE.UU. que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares".
"Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EE.UU., fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país", completó la vice.
Con una foto que refleja un día de pesca, Ocasio-Cortez exhibió: "Aquí está Paul Singer, un multimillonario y director de un fondo de inversión, trabaja en fondos de inversión. Y aquí está el juez de la Corte Suprema Samuel Alito. Hemos visto que el multimillonario que generosamente patrocinó este viaje, Paul Singer, se presentó ante la Corte al menos de 10 veces en casos donde la prensa judicial y los principales medios de comunicación habitualmente cubrieron su rol. Así que fue público que tenía asuntos ante la Corte".
La congresista recordó que en 2014, Alito junto a la Corte "acordaron resolver una cuestión vital, en una batalla de décadas, entre el fondo de Singer y la nación Argentina. ¿Sabes si Alito se recusó de este caso? Él no se recusó de este caso y de hecho usó su asiento en la Corte Suprema, después de todo esto, para fallar a favor de Singer. Y, con esa decisión, el fondo de Singer recibió 2.400 millones de dólares, debido a esta sentencia".
La iniciativa es impulsada en el Senado por el neuquino Oscar Parrilli, quien se fundamenta en legislación internacional.
Inspirado en una vasta legislación internacional que consigna ejemplos de Bélgica, Francia y Grecia, entre otras naciones, el senador neuquino Oscar Parrilli propone una serie de reglas que protejan al Estado ante los “ataques especulativos financieros internacionales”.
Parrilli sostiene que “los derechos de los acreedores privados para reclamar una deuda legítima contra el Estado solo se considerarán vigentes y con validez financiera si la compra, adquisición o tenencia de dicha deuda en cualquiera de sus manifestaciones -bonos, títulos, entre otros- ocurre al menos con 90 días hábiles de anticipación a la fecha en que el país ingrese en un proceso de reestructuración, refinanciación, reperfilamiento, cese de pagos o cualquier otra denominación que se utilice para expresar la imposibilidad del Estado de cumplir con sus vencimientos programados en materia de deuda”.
Así lo expresa el texto del proyecto en el que Parrilli sostiene que “la ventaja ilegítima especulativa se define como la existencia de una desproporción manifiesta y evidente entre la suma total efectivamente abonada por el acreedor para adquirir la deuda y el reclamo que éste realiza frente al Estado”.
Sería el 10 de septiembre, según un proyecto que presentó Oscar Parrilli en conmemoración de la resolución de la ONU sobre los “fondos buitre”.
El senador nacional por el Frente de Todos Oscar Parrilli presentó este lunes un proyecto de ley para declarar el 10 de septiembre como el “Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados”.
La iniciativa es en reconocimiento a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el accionar de los denominados “fondos buitre”.
Además, Parrilli propone darle el nombre del excanciller “Héctor Marcos Timerman” a un salón de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.
En los fundamentos, el senador reseñó el día en que, en 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó con 136 votos la resolución que limita el accionar de los fondos buitres, medida impulsada por Argentina y consensuada por el Grupo de los 77+China.
“Un hecho histórico que, con la decisión política de quien gobernaba este país, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llevó adelante el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nuestro canciller, Héctor Marcos Timerman”, fallecido en 2018, destacó Parrilli.
El proyecto, además de la firma del senador neuquino, fue respaldado por sus colegas oficialistas José Mayans, Carlos Caserio y María de los Ángeles Sacnun.
El diputado propone “desconocer la legitimidad de operaciones que se realizan contra el país por parte de fondos especulativos”.
En medio de las negociaciones del Gobierno por la deuda externa, el diputado del Frente de Todos Itai Hagman presentó un proyecto de ley “antibuitre”, que busca “desconocer la legitimidad de operaciones que se realizan contra el país por parte de fondos especulativos”.
“En 2014, la Argentina sufrió las consecuencias de los litigios de los fondos buitre, que comprando sólo el 1% de la deuda en default nos mantuvieron en vilo durante años. Hoy ante la dura negociación que enfrenta el Gobierno Nacional para hacer sustentable la enorme deuda Argentina, contraída mayoritariamente por Mauricio Macri, el peligro del default crece y por ende la posibilidad de repetirse un escenario similar”, advirtió Hagman.
El proyecto del diputado -que es secretario de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda Externa- apunta a generar un instrumento para futuros litigios por la deuda ya emitida y que actualmente se encuentra en renegociación.
A su vez, también regularía las cláusulas de los bonos de emisiones futuras, al definir claramente el desconocimiento de las ganancias ilegítimas motivadas por este tipo de prácticas espurias, y reglamentar la cantidad de acreedores necesarios para cerrar o bloquear una negociación.
Los bonos deberían incluir también la posibilidad del Estado de pagar sus compromisos mediante el Banco Nación en caso de que se bloquee otro método de pago.
“Si bien los bonos actuales cuentan con cláusulas de acción colectiva, el peligro existe. Lo que proponemos es muy simple: se trata de desconocer la legitimidad de operaciones que se realizan contra el país por parte de fondos especulativos, a fin de obtener ganancias extraordinarias, lo que defrauda la buena fe no sólo del Estado nacional sino también de los prestamistas genuinos”, explicó Hagman.
Para el legislador de Patria Grande, “tiene que existir una relación proporcionada entre el precio de adquisición de un bono y el pago que se espera recibir. Si el margen de ganancias es exorbitante, estamos claramente frente a una práctica ilegítima, y esta ley prohibiría al Estado pagarla”.
Para elaborar esta iniciativa, Hagman tomó como antecedente la declaración de la Asamblea 69 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que estableció un conjunto de principios básicos para la reestructuración de deuda, entre los que se señalan los principios de soberanía para realizar reestructuraciones, buena fe de los actores, transparencia, imparcialidad, trato equitativo, inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración por mayoría.
Por otra parte, el diputado se basó en la “ley antibuitres” sancionada en Bélgica en el año 2015.
“Macri tomó deuda de manera irresponsable, la cual se utilizó mayoritariamente para la fuga de capitales, y eso hizo que pasemos a tener una deuda insustentable. En ese sentido, la negociación que viene llevando adelante el ministro Martín Guzmán es fundamental porque no podemos pagar esa deuda a costa del empobrecimiento de nuestra población”, sostuvo.
“Por eso -finalizó- es clave apoyarlo con otros instrumentos legales para evitar protegernos del accionar de fondos especulativos como hemos sufrido en el pasado reciente. También es fundamental investigar la deuda contraída por el gobierno anterior, sobre todo su destino hacia la fuga de capitales, para evaluar cómo evitamos que esto se repita en el futuro”.