A través de un proyecto, la diputada Silvana Giudici detalla cuáles son los fondos que propone liberar para su asignación directa al Tesoro.
La diputada nacional del Pro Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para transparentar y reasignar disponibilidades presupuestarias y excedentes de los fondos fiduciarios.
Al respecto, la diputada expresó: “Es importante darle las herramientas al presidente para que al ajuste no lo tengan que pagar los jubilados ni los trabajadores. Hay fondos de disponibilidad inmediata, excedentes presupuestarios y remanentes en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios capitalizables por el Estado que podrían ser rápidamente redireccionados para que el Ejecutivo los utilice en la atención de las necesidades más urgentes de la población”.
El proyecto expone cómo entre 2012 y 2021 los ingresos de los fideicomisos se duplicaron en términos de porcentaje del PBI mientras que los gastos por ejecución disminuyeron a la mitad en el mismo período. Esto generó un excedente de $664.399 millones en 2021, $515.405 millones en 2022 y $566.606 millones en 2023. Esos fondos son los que el proyecto propone liberar para su asignación directa al Tesoro y de este modo engrosar anualmente los programas y políticas sociales que el Poder Ejecutivo vaya a priorizar. Es decir, que en los 4 años de su gestión Javier Milei podría contar a través de esta reestructuración inmediata, con 2 billones de pesos, hasta que el Presidente logre la aprobación de las leyes o instrumentos que envie para la liquidación o unificación de los Fondos Fiduciarios tal como aspiraba a hacerlo a través de la ley ómnibus.
El proyecto es acompañado por Karina Ethel Bachey, Aníbal Tortoriello, Sergio Eduardo Capozzi, José Nuñez, Martón Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Marilú Quiroz y Patricia Vásquez, y propone además una auditoría integral que estaría a cargo de una comisión ordinaria de la cámara de diputados para poder establecer el destino, uso de los fondos, beneficiarios alcanzados, gastos de personal, colocaciones financieras, etc.
Giudici finalizó: “Al caerse el art. 5 inciso H del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos donde el Gobierno de la Libertad Avanza proponía delegarle la facultad al presidente para reorganizar los recursos de los fondos fiduciarios nos parece importante presentar esta iniciativa para que por un lado se establezca un marco de acceso a la información y transparencia sobre la utilización de estos instrumentos financieros y por otro para racionalizar los recursos que se encuentran ociosos en muchos de estos fondos, sin ser aplicados a obras o programas y no llegan nunca a la gente”.
Proyecto de Ley - Reasignacion de disponibilidades presupuestarias, excedentes y-o remanentes de los Fondos Fiduciarios capitalizados por el Estado (1) (1)“No tenemos dudas de que hay que terminar con los fondos fiduciarios como una de las cajas más opacas de las que se alimenta una parte de la política”, señalaron
Victoria Borrego, autora del proyecto de la Coalición Cívica.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ratificaron su proyecto de ley, presentado en diciembre del año pasado por la legisladora Victoria Borrego, para sancionar un marco regulatorio dirigido a establecer estándares de transparencia y control para los fondos fiduciarios existentes, así como limitar la creación de nuevos fondos. “No tenemos dudas de que hay que terminar con los fondos fiduciarios como una de las cajas más opacas de las que se alimenta una parte de la política”, señalaron.
El proyecto de Borrego y la CC propone que los fondos fiduciarios deban presentar informes para justificar su continuidad; que informen y publiquen ingresos y gastos; que la Auditoría General de la Nación realice auditorías periódicas sobre los mismos; que solo puedan ser creados por ley, que su impacto económico-financiero sea evaluado; y que los recursos no pueden utilizarse con fines distintos a los que motivaron su creación.
“Los fondos fiduciarios se comenzaron a utilizar para llevar adelante políticas públicas. Al igual que el contrato de fideicomiso de carácter privado, los fondos fiduciarios permiten separar bienes para la consecución de un determinado fin. Se trata de un vehículo que, en determinadas circunstancias, puede ser eficiente para que el Estado cumpla con finalidades públicas específicas, pero que en nuestro país no funcionan de manera transparente y muchas veces su finalidad fue tergiversada”, sostienen los legisladores de la CC en el texto del proyecto.
“El Estado ha utilizado esta herramienta desde hace más de treinta años, pero el Congreso nunca aprobó un régimen que establezca las circunstancias en que estos fondos pueden ser creados y los controles que existirían para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos comprometidos. Esta falta de un marco regulatorio ha permitido la utilización abusiva de los fondos fiduciarios por parte de los diferentes gobiernos, desvirtuando el instrumento”, agregan.
“Es por ello que después de solicitar información pública por meses, en diciembre pasado, desde la Coalición Cívica buscamos establecer un marco regulatorio que asegure que los fondos fiduciarios solo puedan ser creados por ley y cuando sea la forma más eficiente para llevar adelante la política pública asociada. Además, el proyecto establece estándares de transparencia y control para garantizar una supervisión equiparable a la de la administración central. También propone que todos los fondos fiduciarios creados por decreto deban ser ratificados por el Congreso y en caso de que no se produzca la ratificación, liquidados”, destacan.
“Una de las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar su decisión de hacer caer la ley ómnibus fue el rechazo del inciso que facultaba al Ejecutivo a “transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios” algunos fondos fiduciarios. Desde la Coalición Cívica no nos oponemos a rever seriamente toda la política de fondos fiduciarios, pero las delegaciones legislativas otorgan la suma del poder público a un solo funcionario, el Presidente, desnaturalizando el sistema republicano. Es por eso que promovimos en nuestro dictamen nuestro proyecto como una alternativa más adecuada, ya que de ser realmente necesarias asegura la continuidad de las políticas públicas, garantiza una gestión transparente de los fondos fiduciarios eliminando la corrupción que pueda haber en ellos y estableciendo un límite definitivo a la utilización abusiva de los mismos, pudiendo auditar en el corto plazo todos los fondos y eliminar los que ya no sean necesarios, generando por transparencia o eliminación un importante ahorro para las arcas públicas”, plantea la iniciativa de los diputados de la CC.
“Es por todo esto que, además de seguir impulsando el proyecto de ley que presentamos meses atrás, también queremos que se informe al Congreso cómo se han utilizado estos fondos fiduciarios durante los últimos años. Por lo tanto requerimos:
Así lo confirmó el vocero presidencial este viernes. No detalló de cuáles se trata, pero dijo que representan 2 mil millones de dólares. Qué dijo sobre el futuro de la ley de Bases.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes que “el presidente Javier Milei decidió eliminar ciertos fondos fiduciarios que entendemos que carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política”.
Aunque no detalló cuáles serán, dijo que “representan casi medio punto del producto, en torno a los 2 mil millones de dólares” y “existen desde hace unos 30 años”.
“Nosotros finalmente vamos a terminar con estas cajas. Apelamos a que la política comprenda que efectivamente la transparencia tiene que estar por encima de todos”, sostuvo en su habitual conferencia de prensa.
El funcionario insistió: “Es llamativo como la política no está dispuesta en transparentar fondos millonarios, que nadie sabe bien para qué y cómo se utiliza la plata”.
Este fue uno de los temas que cayó en la votación en particular de la ley ómnibus. Con 152 votos negativos y 101 positivos, la oposición rechazó darle al Ejecutivo la facultad para “transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios y/o revertir sus recursos a Rentas Generales con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración”.
Ahora, el Gobierno avanzará por decreto, con aquellos que pueda hacerlo, tal como adelantó el presidente en su entrevista al canal LN+.
Por otro lado, consultado por el destino que tendrán las propuestas de la ley de Bases, tras su fracaso en la Cámara de Diputados, Adorni aseguró que habrá “reuniones de los equipos técnicos” y “se tomarán todas las acciones, sean legislativas o ejecutivas, para que efectivamente la ley, más tarde o más temprano, sea una realidad”.
“La ley no era fundamental para el Gobierno, es fundamental para los argentinos, porque brindaba libertades, regulaba la economía y abría un montón de puertas que la política durante muchos años cerró”, expresó.
Sin embargo, reiteró que su no aprobación “no interfiere en nuestro camino económico; hacia donde vamos no nos movió ni medio centímetro”.
El senado bonaerense sancionó un proyecto de ley que modifica la normativa que reglamente el funcionamiento de tres fondos fiduciarios.
Sin debate, en absoluto silencio, los senadores provinciales sancionaron un proyecto de ley, que reclamaba el gobierno y que contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados.
La iniciativa modifica la normativa que reglamenta al Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la provincia de Buenos Aire (PROMEI), al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y del Fideicomiso del Programa “Desendeudadas. Programa para el desendeudamiento de Mujeres”.
Los tres fondos a los que se alude están contemplados en distintos artículos de la ley 15310; y mientras se crea un Consejo Administrativo para el PROMEI, se establece que el plan de infraestructura estará bajo la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, un ministerio “creado” por el gobierno central, que comanda el otrora ministro de Infraestructura, Agustín Simone.
Por último, la tercera modificación propuesta, que tiene como objetivo el Programa Desendeudas, se desagregan las competencias reglamentarias que le corresponde al Poder Ejecutivo y aquellas que son del organismo de reglamentación, a favor del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
