Esperan dictaminar este martes para llevar cuanto antes la discusión al recinto. Sostienen que con el reciente DNU se mantendría constante el poder adquisitivo del sector en uno de los niveles más bajos de la historia.
En vísperas de una nueva reunión de la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja, prevista para este martes a las 16, los diputados de Unión por la Patria insistieron este sábado en dictaminar y tratar la cuestión previsional en el recinto de manera “urgente”.
Así lo hicieron saber, al difundir a su vez la presentación de un proyecto de ley propio para mejorar las jubilaciones y pensiones.
Los legisladores de la principal oposición destacaron que mientras se estaba trabajando en la Cámara baja para construir una nueva fórmula, el Gobierno emitió un DNU que estableció una nueva fórmula para pagarles a los jubilados. “Atropellando una vez más las facultades del Congreso”, remarcaron los miembros de UP. En ese sentido sostienen que “con la nueva fórmula impuesta, el Gobierno quiere no solo ponerle un piso a las jubilaciones sino también un techo”.
Los diputados del bloque que conduce Germán Martínez advirtieron que, al ajustar las jubilaciones por inflación, “se busca mantener constante el poder adquisitivo de los haberes hasta perpetuidad en uno de los niveles más bajos de la historia”.
Al respecto resaltaron que la jubilación mínima acumula una caída del 16% desde noviembre y la jubilación media más del 20%. “Dos pesos de cada cinco de motosierra durante los primeros meses del año recayeron sobre nuestros jubilados y jubiladas”, detallaron.
A juicio de los diputados de UP, “el Gobierno quiere eternizar estas jubilaciones de miseria, dejando a nuestros abuelos y abuelas por fuera del ciclo económico: no importa si en algún momento el salario crece o la economía se recupera, ellos seguirán cobrando lo mismo de hoy”.
En ese marco es que presentaron un proyecto de ley para compensar la situación del sector previsional. A través de un comunicado, señalaron que “desde Unión por la Patria entendemos la necesidad del contexto de incluir un componente inflacionario en la fórmula para que los jubilados no sigan perdiendo poder de compra. Pero ese debe ser solo un piso”.
“A la vez, no podemos permitir que se consolide la pérdida de estos meses, ni tampoco que los jubilados queden por fuera de cualquier crecimiento posible en el futuro”, agregan.
El proyecto de UP incluye, en primer lugar, un aumento de única vez del 30% para todas las prestaciones de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses. La iniciativa establece que las jubilaciones se irán actualizando mensualmente por inflación a modo de adelanto de la fórmula trimestral que continuaría vigente. Es decir que en marzo, junio, septiembre y diciembre, se compararán los aumentos otorgados por inflación con lo que hubiera dado la fórmula jubilatoria (recaudación tributaria ANSeS y salarios). En caso de que la fórmula implique un aumento mayor, se otorgará la diferencia.
Según el proyecto que lleva las firmas de Germán Martínez, Ricardo Herrera, Constanza Alonso, Carlos Castagneto, Ramiro Fernández Patri, Itai Hagman, Carlos Heller, Gisela Marziotta, Cecilia Moreau, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Julia Strada, Pablo Todero y Victoria Tolosa Paz, las asignaciones familiares también van a estar protegidas: tendrán incrementos mensuales por IPC a cuenta de la movilidad y un aumento garantizado cada 3 meses según la fórmula.
Por último, el proyecto de Unión por la Patria “prohíbe tajantemente el desdoblamiento del pago de jubilaciones”, tal como dispuso el Gobierno para el mes de abril.
En ese marco, desde UP consideran “factible y necesario que el próximo martes ya pueda dictaminarse para comenzar cuanto antes la recuperación de nuestros abuelos y abuelas”.
1336-D-2024Una treintena de invitados asisten a la reunión que se realiza en el Anexo de la Cámara baja. Un sector de la oposición apunta a mejorar el cálculo por inflación que dispuso el Gobierno por DNU.
Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo -que hasta última hora no se sabía si concurrían-, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados realiza desde las 11.12 una reunión informativa a la que fueron convocados una treintena de especialistas, en el marco del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
La intención de un sector de la oposición es acelerar el debate en esta comisión para que el cálculo que se utiliza para actualizar los haberes previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales) quede establecido por ley, más allá del DNU que emitió el Gobierno nacional.
Previamente, el pasado 21 de marzo, hubo una reunión de diputados en la que los autores explicaron sus proyectos. Hay 16 iniciativas presentadas. En esa jornada se cuestionó al libertario José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por no haber convocado a un plenario. Espert, en nombre del oficialismo, no estaba de acuerdo con anticiparse a este debate antes del envío de la nueva ley de Bases. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó por DNU.
El decreto establece un esquema de aumentos para abril, mayo y junio, tomando el índice IPC (inflación) y distintas recomposiciones, mientras que la fórmula comenzará a regir plenamente a partir de julio. La oposición buscaba un porcentaje mayor de recomposición por la inflación de enero, que fue del 20,6%, pero el Gobierno contempló para abril un adicional de 12,5%. La medida, además, provocó que para abril el pago sea desdoblado.
La de este jueves será la única reunión informativa, y por el cronograma pautado se extenderá por alrededor de más de cinco horas.
En el arranque del encuentro, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió “llevar este tema al recinto lo más urgente posible” y que el próximo martes se dictamine. También dijo que, posteriormente, si la Comisión de Presupuesto no convoca “vayamos al recinto a emplazar a Espert”, es decir, a obligar -si se reúnen los votos- a una reunión a esa comisión con día y hora.
NOTICIA EN DESARROLLO
Una treintena de especialistas fueron convocados a la reunión informativa en el marco del tratamiento de los proyectos que proponen una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El listado completo.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados realizará este jueves, desde las 11, una reunión informativa a la que fueron convocados una treintena de especialistas, en el marco del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
La intención de la oposición es acelerar el debate en esta comisión para que el cálculo que se utiliza para actualizar los haberes previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales) quede establecido por ley, más allá del DNU que emitió el Gobierno nacional. Tras ese objetivo, antes de Semana Santa, los asesores se reunieron para acercar posiciones sobre las 16 iniciativas que hay presentadas.
Previamente, el pasado 21 de marzo, hubo una reunión de diputados en la que los autores explicaron sus proyectos. En esa jornada se cuestionó al libertario José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por no haber convocado a un plenario. Espert, en nombre del oficialismo, no estaba de acuerdo con anticiparse a este debate antes del envío de la nueva ley de Bases. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó por DNU.
El decreto establece un esquema de aumentos para abril, mayo y junio, tomando el índice IPC (inflación) y distintas recomposiciones, mientras que la fórmula comenzará a regir plenamente a partir de julio. La oposición buscaba un porcentaje mayor de recomposición por la inflación de enero, que fue del 20,6%, pero el Gobierno contempló para abril un 12,5%.
La medida, además, provocó que para abril se prevea un pago en dos veces para los jubilados, cuestión que desde Unión por la Patria ya avisaron reclamarán en la reunión de este jueves.
En diálogo con parlamentario.com, la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Brouwer de Koning, aseguró que el consenso mayoritario es avanzar con un dictamen en la comisión, ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes” de los jubilados.
La de este jueves sería la única reunión informativa, y por el cronograma pautado se extenderá por alrededor de cinco horas. El listado incluye 27 invitados sin que figure -por el momento- un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo que no confirmó asistencia.
Los expositores
23. Javier Couly: Abogado especialista en previsión social. Maestrando en Derecho de la Vejez (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba). Asesor legislativo en el bloque UCR de la Cámara de Diputados de La Pampa y profesional independiente.
Se reunirá este jueves desde las 12.30 la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde comenzarán a analizarse los distintos proyectos presentados.
En medio de diferencias entre la oposición y el oficialismo sobre los tiempos para tratar la apremiante situación de los jubilados, castigados particularmente por la inflación, se reunirá este jueves la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados. El encuentro será a las 12.30 y en el mismo tomará la posta como presidenta la cordobesa radical Gabriela Brouwer de Koning.
La semana pasada fracasó una sesión pedida por Hacemos Coalición Federal, que buscaba acelerar los tiempos de esta discusión, pendiente desde el fracaso de la ley ómnibus en el verano. La idea era emplazar con día y hora a las comisiones, pero no se reunió quórum en el recinto.
Posteriormente, el oficialismo habilitó la conformación de la Comisión de Previsión, cabecera de los proyectos presentados. Durante el encuentro, por cuestiones administrativas que no se previeron adecuadamente, asumió Karina Banfi de forma provisoria. El ofrecimiento a la UCR por parte de La Libertad Avanza para presidir la comisión se dio entre el final de la sesión en minoría y el comienzo de esa reunión.
Durante el encuentro, varios diputados reclamaron establecer un cronograma de tratamiento, entre ellos lo hicieron con énfasis miembros de la Coalición Cívica. Allí se pidió ir prontamente a un plenario con Presupuesto y Hacienda, comisión presidida por el oficialista José Luis Espert.
Sin embargo, para este jueves fue solamente convocada Previsión y Seguridad Social. Esto tiene que ver con la postura, tanto de Espert como del resto de La Libertad Avanza, de no anticiparse al debate antes que sea enviada por parte del Poder Ejecutivo la nueva ley de Bases, cuyo borrador conocido en los últimos días contiene una propuesta al respecto. Y esto pasaría recién después de Semana Santa.
De acuerdo a ese texto, que circuló entre jefes de bloques dialoguistas y gobernadores, el Gobierno propone que los haberes previsionales se actualicen mensualmente por inflación y que la primera actualización “se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”. Pero, a diferencia de lo que plantean diputados de la oposición, que buscan que se compense la inflación de enero (20,6%), el oficialismo estima un 10% de plus.
En ese aspecto radica la mayor discrepancia, y de hecho el tema fue parte de las inquietudes que todos los visitantes a Casa Rosada -Pro, UCR y HCF- le transmitieron al ministro del Interior, Guillermo Francos.
Entre las iniciativas para modificar la actual fórmula, hay presentadas por Juan Manuel López (CC-ARI), María Eugenia Vidal (Pro), Gisela Marziotta (UP), Pedro Galimberti (UCR), Alejandra Torres (HCF), Danya Tavela (UCR) y María Sotolano (Pro).
El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el Gobierno vaya a implementar una nueva fórmula de movilidad por decreto, porque es algo que debe debatirse en el Congreso. Sin embargo, la idea original de la ley de Bases -de diciembre- era suspender el esquema actual y dar aumentos discrecionales desde el Ejecutivo hasta tanto se sancione un nuevo cálculo. De hecho, fue lo que en 2020 hizo Alberto Fernández, hasta que en 2021 se aprobó la nueva fórmula, que combina el índice RIPTE y la recaudación para actualizar los haberes, hoy cuestionada por la pérdida que resultó en el poder adquisitivo de los jubilados ante la altísima inflación del último año.
El vocero presidencial aseguró que el tema debe debatirse entre todos los espacios políticos, al tiempo que insistió con que el nuevo esquema deberá cumplir con el equilibrio fiscal.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este martes que el Gobierno nacional vaya a implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria por la vía de un decreto, y aseguró que es un tema que debe debatirse entre todos los espacios políticos, cuyo escenario es el Congreso.
“Por ahora la fórmula por DNU no es una alternativa, porque creemos que es un debate que deben dar todos los sectores y la política. Es un tema extremadamente delicado”, sostuvo durante su conferencia de prensa.
El funcionario resaltó que el nuevo esquema que se propone en el borrador de la ley de Bases, que ya se comenzó a conversar con bloques de la oposición dialoguista, contempla el índice de inflación para la actualización mensual de los haberes. “Cualquier fórmula que se ponga sobre la mesa va a contemplar que no se siga perdiendo poder adquisitivo”, expresó.
No obstante, Adorni insistió con lo dicho por el presidente Javier Milei: “El equilibrio fiscal para nosotros es innegociable ante cualquier situación”. En esa línea, afirmó que la nueva fórmula deberá ser una que “no perjudique al jubilado, que cumpla con el equilibrio fiscal y que se discuta por todos los sectores”.
Por otra parte, consultado en el caso hipotético de que el DNU sea rechazado también en la Cámara de Diputados, y con ello se vuelva a la Ley de Alquileres que fue derogada, el vocero aclaró que “el DNU sigue vigente” y “nadie va a quedar a merced de la mala política”.
“Para todo hay plan B, plan C y alternativas diseñadas”, expresó y cuestionó a quienes votaron en contra del mega decreto: “Sabíamos que eran capaces de hacer mucho daño”.
Finalmente pidió “tranquilidad, paciencia y confianza” e ir “paso a paso” respecto del futuro del DNU.
Cuestionó el mecanismo vigente y recordó que quisieron cambiarlo porque “pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación” que atribuyó al Gobierno anterior.
En su discurso de este viernes, el presidente Javier Milei cuestionó el mercado laboral donde “sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal, son lo único que crece”, señaló.
Y como si fuera poco, agregó, “un sector previsional privado, que cuesta cada día menos ingresos en proporción a sus gastos. Y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron su responsabilidad”.
En esa mención a los jubilados, a los que definió como “víctimas de esta herencia” advirtió que los mismos “continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar, porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del Gobierno pasado, y que si no fuera por la recuperación discrecional de los bonos, que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo”.
“De hecho el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula -concluyó-. Y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política”.
En una entrevista radial, el presidente reveló que las modificaciones introducidas en la Cámara alta al proyecto original fueron producto de notas del diario Clarín.
El presidente Alberto Fernández defendió este miércoles la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, sancionada el 29 de diciembre último, y negó que haya habido influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en los cambios introducidos en el Senado al proyecto original; por el contrario, reveló que esas modificaciones se introdujeron a partir de notas de diario Clarín.
“Cada vez que pasan estas cosas, enseguida parece que Cristina ‘mandó a hacer’… yo sé que a muchos les rinde para su público, pero ¿qué tiene que ver Cristina?”, se quejó Fernández en una entrevista en Radio con Vos, con el periodista Ernesto Tenembaum.
El presidente explicó: “Lo que pasó con la fórmula de actualización de las jubilaciones fue que nosotros mandamos al Congreso exactamente la fórmula de Cristina, la que estuvo vigente en aquel momento, que decía que dos veces al año se actualizaban las jubilaciones siguiendo un índice”.
“Nosotros tomamos ese índice y tomamos los dos períodos de actualización, marzo y septiembre. Ocurrió que los senadores advirtieron -porque el diario Clarín empezó a escribir sobre eso- que como hubo un aumento en diciembre y la actualización era cada seis meses, en Diputados -donde hay una presencia opositora mayor- podían empezar a embromar con que había que darle a los jubilados en marzo el aumento de los seis meses previos”, siguió.
“Yo dije ‘ya les di el 5%’ y ellos dijeron ‘ellos están planteando que les tenés que dar todo, porque es una nueva ley y hay que retrotraer de diciembre a marzo y pagar todo’. Lean los diarios Clarín de esos días y van a ver que ese era un caballito de batalla”, sugirió Fernández.
A raíz de eso, comentó que convocó a una reunión a los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, donde resolvieron que la fórmula, que empezó a regir el 1ro de enero, contemplara aumentos cada tres meses en lugar de cada seis. “Hicimos el costo fiscal de eso, que era un poco más, y terminamos la discusión”, dijo.
Por eso, concluyó: “Lo que ocurrió en la realidad es que no hicimos lo de Cristina, hicimos algo distinto, pero todos están convencidos de que lo hicimos porque Cristina dijo ‘hagan esto’, y eso nunca pasó”.
La nueva fórmula de movilidad previsional, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que los aumentos se otorgarán según un índice que combina en un 50% la recaudación tributaria de la ANSES, y en otro 50% la variación salarial.
El proyecto será tratado desde las 11 y se espera una votación de madrugada. El Frente de Todos conseguiría aprobar la ley con ayuda de bloques de la oposición. Juntos por el Cambio y el lavagnismo encabezan el rechazo.
En paralelo al debate sobre el aborto legal en el Senado, la Cámara de Diputados sesionará para tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el oficialismo espera convertir en ley con ayuda de bloques de la oposición y sin el apoyo de Juntos por el Cambio.
La sesión iniciará a las 11 y, según los cálculos que surgieron en la reunión de Labor Parlamentaria, podría terminar cerca de las tres de la madrugada dada la gran cantidad de oradores, y la votación podría coincidir así con la del proyecto de legalización del aborto.
Con cierta resistencia por parte de Juntos por el Cambio, los jefes de bloque acordaron pasar las cuestiones de privilegio para el final de la sesión, y en el caso de los apartamientos de reglamento, se votarán a mano alzada y no a través del sistema virtual, para evitar demoras.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Senado establece una fórmula de actualización de las jubilaciones que combinará recaudación tributaria de la ANSES y variación salarial, medida por el INDEC o el índice RIPTE, el que resulte más alto.
La ley comenzará a regir en enero, con aumentos trimestrales que de esta forma dejarán de estar a merced de decretos del Ejecutivo, como sucedió desde la suspensión de la fórmula anterior, en diciembre pasado.
El Frente de Todos, que cuenta con 117 votos propios, lograría aprobar la iniciativa por un margen ajustado, gracias al apoyo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón, los cuatro diputados de Córdoba Federal y aliados como Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).
En ese sentido, el dictamen de comisiones fue acompañado por el propio Ramón, el cordobés Paulo Cassinerio y Diego Sartori, del Frente de la Concordia misionero.
Juntos por el Cambio encabeza el rechazo con 115 diputados, y se suman Consenso Federal; los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista); y los dos del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.
Por otra parte, en la sesión se votarán -sin debate- la autorización al presidente Alberto Fernández para ausentarse del país en 2021, y un acuerdo con Qatar para evitar la doble imposición.
La diputada oficialista, especialista en temas previsionales, aseguró que “la experiencia y la historia han demostrado que siempre que se ha tomado este mix de recaudación y salarios, la movilidad ha sido efectiva”.
La diputada del Frente de Todos y referente en temas previsionales Mirta Tundis defendió el proyecto de movilidad jubilatoria que el oficialismo buscará aprobar en la sesión de este martes y advirtió que Juntos por el cambio, cuando fue gobierno, no se preocupó por mejorar el haber mínimo.
“Si Juntos por el Cambio no está de acuerdo, entendemos que ellos tienen un proyecto de país diferente al que nosotros queremos. Ellos gobernaron para un sector más acomodado, aumentaron las jubilaciones de quienes cobraban un poco más, que no está mal, pero no trataron de resolver el problema de los haberes mínimos”, señaló Tundis.
Y agregó: “Cuando uno escucha a los diputados que hoy son oposición preguntar a qué jubilado le alcanzan 19.000 pesos, que es un problema que ganen tan poco, yo me pregunto ‘¿y ellos qué hicieron?’”.
“Cuando hicieron la Reparación Histórica, ¿por qué no modificaron la situación de los jubilados con el haber mínimo? Hay cuatro millones de jubilados cobrando haberes mínimos. ¿Nos preguntamos por qué cobran haberes mínimos? ¿Alguien se ocupó de ver por qué han tantas personas que se jubilan y cobran un haber mínimo?”, se preguntó la legisladora.
En diálogo con Diputados TV, aseveró: “Fui muy defensora de esta fórmula de movilidad donde se tomaba recaudación y variación del salario. Es cierto que en nueve años, entre 2008 y 2017, hubo un año que dio un poco más bajo, pero en ocho años dio alto, fue una fórmula beneficiosa, superaba los aumentos de los salarios: mientras un trabajador recibía un 27%, 28% de aumento, la fórmula daba un 30%, un 31%, hasta llegó a dar un 33% anual acumulado”.
Por eso, consideró que “la experiencia y la historia previsional han demostrado que siempre que se han tomado los salarios, o este mix de recaudación y salarios, la movilidad ha sido efectiva, no ha sido negativa”.
De todos modos, realizó dos planteos sobre el proyecto venido en revisión del Senado: en primer lugar pidió que el ajuste sea mensual en lugar de trimestral “para que no se genere diferencia entre el que se jubila hoy y el que se jubila dentro de dos o tres meses, porque teniendo los mismos años y los mismos aportes, uno va a cobrar más y otro menos, y sé que esto va a generar juicios”.
También sugirió un agregado respecto del tope que se pone en el último trimestre, estableciendo que “con un tercio del excedente se forme un fondo fiduciario para tenerlo en cuenta por si en algún momento la fórmula no es positiva, o por si a fin de año hay que dar algún bono, o para dar créditos a menor tasa”.
En otro pasaje de la entrevista, en alusión a su pasado como columnista televisiva, Tundis confesó: “Es más gratificante estar del otro lado del mostrador, porque todo lo que hacés acá es criticable según el espacio en el que estés. La gente te califica de acuerdo al espacio en el que estés trabajando, no por lo que hacés, por lo que promovés o lo que presentás, sino por el espacio al que representás”.
“Lamentablemente los argentinos seguimos peleando esa diferencia, esa grieta que el presidente manifestó que quería eliminar, pero hay quienes están abocados a buscar siempre, como se dice vulgarmente, el pelo al huevo: si vino la vacuna rusa, por qué no compramos primero la de Pfizer, o por qué demoraron, o que cuando salió el avión de Ezeiza era un tema político… duele que los argentinos seamos de esa manera y que cuestionemos todo”, lamentó.
Por otra parte, recordó que el Frente Renovador acompañó la Reparación Histórica a pesar de que ella “no estaba de acuerdo con que era una Reparación Histórica”. “Lo dije formalmente, a pesar de que acompañamos, porque fue una forma de acompañar la decisión de un gobierno para salir adelante”, aclaró.
Fue uno de los principales planteos de Juntos por el Cambio, y también lo pidió Nicolás Del Caño, del FIT. Moroni, en cambio, habló de la necesidad de desindexar la economía.
Diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda exigieron este lunes que el proyecto de movilidad jubilatoria incluya una cláusula para que los aumentos no queden por debajo de la inflación, aunque el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió la propuesta oficial.
Fue en el marco del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda donde comenzó a debatirse, con la presencia de funcionarios, la iniciativa que establece un nuevo cálculo de actualización de los haberes.
“Ahora estamos discutiendo si se incorpora o no inflación. Y partiendo de la base de que el presupuesto plantea una inflación del 29% y que todos los consultores hablan de una inflación superior al 50%, quisiera saber cómo van a hacer para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo”, preguntó Negri.
El legislador habló de “las contradicciones del relato kirchnerista” al señalar que en el acto del último viernes, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner pidió “alinear inflación y jubilaciones, pero hoy debatimos en Diputados una ley para desenganchar jubilaciones del índice de precios”.
En el mismo sentido, los radicales Alejandro Cacace y Luis Pastori lamentaron que “está claro que no se quiere agregar ninguna cláusula que al menos garantice que no van a perder con la inflación”.
Para subsanar ese aspecto, Pastori pidió modificar el artículo primero del proyecto estableciendo que “en ningún caso” la aplicación del índice podrá significar la disminución del haber “real” (y no nominal) que percibe el beneficiario.
Por su parte, Nicolás Del Caño alertó que el proyecto “está pensado desde un criterio fiscalista, no desde la suficiencia del haber”.
“Si el Gobierno plantea que quiere cuidar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿cuál es el problema de establecer una cláusula para que, si los aumentos que se dieron durante un año quedan por debajo de la inflación, no puedan ser compensados de manera automática?”, cuestionó el representante del PTS.
Al momento de las respuestas, Moroni llamó a “desindexar la economía”, ya que con este fenómeno “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.
“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.
“No hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”, indicó la titular del ANSES al participar del plenario de comisiones desde Tierra del Fuego.
La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, sostuvo este lunes que la fórmula de movilidad propuesta por el Poder Ejecutivo da “certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados”, y aseguró que “no hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.
Raverta participó del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que debate el proyecto. La funcionaria se conectó desde Río Grande, Tierra del Fuego, donde viajó para acompañar al presidente Alberto Fernández con motivo de una reunión del Gabinete en esa provincia.
“Venimos de un año donde hemos hecho un gran esfuerzo desde el Poder Ejecutivo”, dijo Raverta, y añadió: “Hemos logrado que los jubilados puedan tener, en sus aumentos trimestrales por decreto, la garantía de no perder en el año de la pandemia”.
En ese sentido, recordó que el aumento anual, a partir de los distintos aumentos trimestrales, fue del 35,3%.
“Esta es una fórmula que puede otorgar certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados, y ofrece una estrategia virtuosa porque ya ha actualizado los haberes entre 2008 y 2017”, enfatizó la titular de la ANSES, y agregó: “No hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.
Desde la sede de la ANSES, el secretario general, Santiago Fraschina, puntualizó que con la fórmula aplicada en el kirchnerismo la recomposición de los haberes previsionales en términos reales fue de casi el 26%, mientras que con la fórmula del macrismo -que combinaba en un 70% el IPC y en un 30% la variación salarial- hubo una caída del 19,5%.
“Si la fórmula de 2017 se hubiese aplicado en el período 2009-2017, los jubilados hubieran perdido poder de compra”, analizó.
Asimismo, destacó que la fórmula propuesta por este gobierno está vinculada a los recursos de la seguridad social, mientras que con la implementada durante la gestión de Cambiemos “se alcanzó un déficit récord de 250.000 millones de pesos”.
Fraschina coincidió con Raverta en que a pesar de la pandemia, gracias a los cuatro aumentos por decreto -en marzo, junio, septiembre y diciembre- y los tres bonos otorgados, termina el año con un “35,3%” de aumento en el haber mínimo, y “el 70% de los jubilados mantienen su poder de compra”.
Además de eso, el funcionario ponderó los ingresos indirectos, como la suspensión del cobro de las cuotas de los créditos ANSES, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos gratuitos a afiliados del PAMI.
El secretario general de la ANSES informó que la fórmula impactará en 16,8 millones de beneficiarios, incluyendo 4,4 millones de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; 4,4 millones que reciben asignaciones familiares por hijo; 7,2 millones de jubilados y pensionados, y 0,8% receptores de asignaciones por cónyuge.
Al responder preguntas de los diputados, Fraschina se refirió a la supuesta incidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el nuevo cálculo de los haberes.
“Si analizan los distintos comunicados del FMI, siempre criticó la fórmula de 2008 porque justamente implicaba un aumento de la jubilación real. La crítica del FMI a la fórmula de 2008, que es la que estamos promoviendo, era porque querían un criterio mucho más fiscalista”, aclaró el secretario general de la ANSES.
Y amplió: “Justamente el FMI es el que siempre insiste en que las jubilaciones se tienen que aumentar por inflación, porque el objetivo del FMI es que la jubilación no aumente en términos reales, sino que, como mucho, la empate, y tratar de congelar la situación que heredamos”.
“Si le haríamos caso al FMI, estaríamos congelando la situación de caída del 19,5% en los haberes de los jubilados”, dijo Fraschina, en alusión al resultado que dejó la fórmula macrista.
Así lo expresó el ministro de Trabajo al participar, en forma presencial, del plenario de comisiones que analiza el proyecto. Resaltó que los haberes jubilatorios aumentaron “más de 25 puntos” cuando se aplicó este esquema. Qué dijo sobre la ausencia de la inflación en el nuevo cálculo.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó este lunes que la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el Gobierno “demostró que los haberes crecieron” durante su aplicación, entre 2008 y 2017, y por otra parte defendió que el nuevo cálculo no contemple la variable inflacionaria.
El funcionario formuló esos conceptos al participar, desde el Anexo A de la Cámara de Diputados, del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que analizará el proyecto y emitirá dictamen este miércoles.
“Prácticamente volvemos a la fórmula de 2008 porque fue la que demostró, a lo largo de su vigencia, que los haberes crecieron”, sostuvo Moroni ante los diputados, conectados en su mayoría de modo virtual.
El ministro recordó que la propuesta combina el RIPTE (el índice de remuneraciones promedio de los trabajadores formales) o el índice de variación salarial del INDEC (el que resulte más alto), y la recaudación tributaria de la ANSES.
“Este esquema permitió durante su vigencia que los haberes crecieran en términos reales más de 25 puntos”, repasó.
Además, explicó que “ninguna fórmula funciona en el vacío, ninguna fórmula es una abstracción que por sí sola explica que va a funcionar”, sino que “funciona en el marco de un proyecto político y económico”.
“El proyecto político y económico de este gobierno es de desarrollo, y en un proyecto de desarrollo los salarios en términos reales crecen”, puntualizó el funcionario.
En ese sentido, resaltó que “vamos a terminar el peor año de la historia económica del país con un promedio del 37% de incremento nominal en las remuneraciones”, y agregó que esto se debió, en parte, a que “en plena crisis se mantuvieron las negociaciones paritarias”.
“Si los salarios crecen, el modo de que los haberes previsionales crezcan es que acompañen la suerte de los salarios”, señaló, y concluyó que “el jubilado no tiene por qué quedar desenganchado ni del crecimiento de la economía ni del crecimiento del salario real”.
Ante los cuestionamientos de la oposición respecto de la ausencia del componente inflacionario en el proyecto del Ejecutivo, Moroni descartó la necesidad de incorporar esa variable y sostuvo que “tenemos que desindexar la economía”.
“Lo ha planteado hasta el hartazgo el ministro (Martín) Guzmán, lo ha planteado el presidente: el modo para que la economía crezca es desindexar la economía. Si volvemos a meter la inflación, conceptualmente volvemos a incorporar la idea de que algo se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor”, advirtió Moroni.
Según Moroni, con la indexación de la economía “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.
“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.
En esa línea, subrayó que “salvo algún período histórico de políticas equivocadas, los salarios y la recaudación superan a la inflación rápidamente”.
“Creemos que es una fórmula sustentable, empíricamente lo ha demostrado, funcionó muy bien y se enmarca dentro de un proyecto económico y político”, sintetizó.
El lunes se reunirán las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto para iniciar el tratamiento del proyecto con la presencia de funcionarios del Ejecutivo.
Comenzará la semana próxima en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.
El proyecto será tratado el próximo lunes -en horario a confirmar- en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.
Según supo parlamentario.com, ese día asistirían al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.
La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.
La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).
En una videoconferencia de la que participaron representantes del interbloque de diputados, advirtieron que “la caída de las jubilaciones en 2021 no tendrá piso”.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio que integran las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda analizaron este martes la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado y volvieron a rechazar el proyecto, que se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara baja.
Fue en una videoconferencia de la que participaron, entre otros, los radicales Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace, Miguel Bazze, Luis Pastori, Carla Carrizo, Atilio Benedetti, Albor Cantard y Víctor Hugo Romero; Graciela Ocaña, Luciano Laspina y Carmen Polledo por el Pro; y Alicia Terada por la Coalición Cívica.
Según expresaron los diputados en un comunicado posterior a la reunión virtual, “la eliminación de la variable de inflación (IPC) de la fórmula quita la garantía a los jubilados de preservar el poder adquisitivo de sus haberes”.
“Esta variable es la más utilizada en el mundo para preservar el valor de los haberes, especialmente en los momentos donde la economía está en recesión, y en un país como el nuestro con altas tasas de inflación”, consideraron los diputados.
En efecto, la nueva fórmula propuesta por el Poder Ejecutivo e impulsada por el oficialismo se compone en un 50% de la recaudación de la ANSeS y en otro 50% de la variación salarial más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE), excluyendo el componente inflacionario.
Los representantes de Juntos por el Cambio analizaron que “ya el año 2020 ha resultado en un profundo ajuste a los jubilados, que perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos por los aumentos otorgados por decreto y frente a la suspensión de la ley de movilidad, que hubiera otorgado un aumento de 42% para todos los jubilados”.
Más aún, alertaron que “hay jubilados que han llegado a dejar de percibir hasta 140.000 pesos en el año como resultado de las medidas del presidente Alberto Fernández”, y agregaron que “100.000 millones de pesos ha sido el ahorro para el Gobierno, motivo único por el que tomó la decisión”.
“Esta pérdida continuará hacia 2021 con la fórmula propuesta. Con el presupuesto ya aprobado para el año próximo, y bajo la inflación estimada por el propio Gobierno, la Oficina de Presupuesto del Congreso confirmó que habrá una caída en términos reales de las jubilaciones. Si la inflación fuera más alta, del orden del 50% como marca el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, la caída de las jubilaciones podría llegar a 20 puntos en un sólo año”, proyectaron.
Los diputados, finalmente, lamentaron: “Los jubilados siguen siendo la variable de ajuste de este gobierno, han perdido poder adquisitivo sus haberes en el peor momento, durante la pandemia y con una fuerte recesión, y no vamos a acompañar ni consentir que sigan perdiendo hacia adelante”.
Paralelamente, Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez, del bloque Consenso Federal, sumados a Enrique Estévez, del Partido Socialista, y Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, emitieron otro comunicado donde también rechazaron el proyecto con media sanción del Senado.
El bloque Consenso Federal consideró que la propuesta que fue aprobada en el Senado “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”. La misma postura expresaron los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez.
Los diputados nacionales de Consenso Federal, sumados a los santafesinos Enrique Estévez y Luis Contigiani, anunciaron este martes que no apoyarán la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en el Senado porque “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”.
“No vamos a acompañar la fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado de la Nación porque sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”, informaron Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez en un comunicado, al que también adhirieron Estévez, del Partido Socialista, y Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social.
Los legisladores advirtieron que los jubilados “no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los errores en que incurren los sucesivos gobiernos”.
“Mauricio Macri y Cambiemos los perjudicaron seriamente al cambiarles el sistema, con una fórmula de movilidad jubilatoria sólo defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación. También fueron perjudicados por la dolarización de las tarifas y su duro impacto en el costo de vida. Ahora, la propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo”, argumentaron.
Según los diputados que integran el Interbloque Federal, “una vez más, sigue soslayándose el problema de fondo, que no se soluciona con una fórmula de actualización: el sistema previsional argentino está quebrado y es indispensable aumentar la cantidad de aportantes, lo que se puede lograr incorporando al 50% de los trabajadores privados que hoy están en la informalidad y creando trabajo. Ese es el gran mandato social que debe cumplir el gobierno”.
Además, señalaron que defenderán su propia propuesta, “una fórmula más justa, con garantía de que no se perderán ingresos reales sobre la base de considerar parámetros como el costo de vida, la recaudación, los precios y los salarios”.
“Pero no alcanza con discutir proyectos aislados. Argentina requiere, principalmente en este tema, una salida sostenida en consensos sociales amplios, profundos y permanentes”, concluyeron.
El proyecto de movilidad jubilatoria fue aprobado en el Senado el 10 de diciembre con 41 votos a favor y 26 en contra, y en la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha oficializada de tratamiento, pero se especula con que sea el próximo 29 de diciembre.
La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).
Con la presencia de Fernanda Raverta en la Bicameral, el oficialismo defendió la propuesta conocida el lunes por la noche, muy similar a la implementada entre 2008 y 2017. Las fuertes críticas de la oposición, que presentó un proyecto en minoría.
La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional se reunió este jueves para darle punto final a las propuestas en torno a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Así, se firmó un dictamen de mayoría, elaborado por el Frente de Todos, mientras que la oposición suscribió uno en minoría, que básicamente critica el del oficialismo y cuestiona que haya avanzado con el mismo de manera unilateral.
El proyecto del oficialismo tuvo 11 firmas, -entre las que suscribieron los funcionarios integrantes de la comisión especial-, mientras que el de la oposición consiguió 6.
La fórmula elaborada por el oficialismo se compone de una combinación entre la evolución salarial (índice RIPTE) y la recaudación de la ANSES, por partes iguales, similar a que se aplicó entre 2008 y 2017.
La comisión que preside el entrerriano Marcelo Casaretto recibió a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien afirmó que “nuestra fórmula tiene que ver con reparar algo que salió muy bien, con una fórmula, y muy mal con otra”. Comparaba a la aplicada a partir de 2009, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que permitió, dijo, que evolucionaran los haberes de tal manera que crecieran en un 25,8% por arriba de la inflación. En el gobierno de Mauricio Macri, en cambio, hasta 2019 los haberes perdieron contra la inflación un 19,5%, explicó.
Según la funcionaria, este año de pandemia los jubilados “pudieron estar mejor que la inflación. Los de la mínima recuperaron más del 5% de su capacidad de compra; más del 80% de los beneficiarios tuvieron un aumento superior a la inflación”. Agregó que en diciembre y enero recibieron bonos de 5 mil pesos y en abril otro de 3 mil, a lo que agregó beneficios tales como la suspensión del cobro de cuotas de los créditos ANSeS, y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos.
Raverta reseñó las 17 reuniones que tuvo la bicameral para desarrollar su trabajo y destacó que la fórmula elaborada por el oficialismo “toma en cuenta los principales argumentos presentados por los expertos que expusieron en la comisión y busca consolidar acuerdos sociales de largo plazo”.
Asimismo, dijo, “tiene algunas cuestiones técnicas como reducir los rezagos, sobre la importancia de utilizar datos que sean los más recientes posibles para el cálculo de la fórmula”, al tiempo que puntualizó que la fórmula considera, como la de 2007, la evolución de los salarios, los recursos de la ANSeS y la evolución de los beneficios de ese organismo. Acompañando su exposición con filminas, la funcionaria señaló que la propuesta oficial “garantiza que los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación. En los 9 años que estuvo vigente, permitió que la movilidad superara a la inflación en casi un 26%”.
Para mí en lo personal es conmovedor, porque en este lugar no voté la fórmula anterior, que la realidad demostró que no era una buena fórmula. Esta es absolutamente reparadora”, afirmó Fernanda Raverta.
Por otra parte afirmó que “la fórmula tiene sustentabilidad jurídica al recuperar la esencia de la fórmula de 2008, que no ha tenido litigios y es jurídicamente robusta”.
En cuanto al desarrollo de la fórmula, Raverta señaló que “si la Argentina no crece, estamos en un problema grave”, pero afirmó que “nuestro Gobierno vino a hacer crecer a la Argentina. Porque somos un gobierno que cree que los salarios le ganan a la inflación y que si hay más consumo, hay más ingresos tributarios”. En ese sentido afirmó que “vamos a volver a esa idea de que cuando un jubilado accede a una jubilación no lo hace para quedarse en su casa y sobrevivir, sino para seguir proyectando sueños”.
“Para mí en lo personal es conmovedor, porque en este lugar no voté la fórmula anterior, que la realidad demostró que no era una buena fórmula. Esta es absolutamente reparadora, tiene la posibilidad de ser cotejada con la realidad porque estuvo vigente en la Argentina”, diferenció la titular de la ANSeS.
Por la oposición expuso en primer lugar el diputado radical puntano Alejandro Cacace, que confesó “cierta decepción política por la forma como se ha llegado a esta propuesta. Hubo 16 jornadas con la idea siempre de arribar a un consenso y una propuesta conjunta, y nos encontramos con la sorpresa de que el Ministerio de Economía el lunes emitió un comunicado con la fórmula, en vísperas de la visita del Fondo Monetario Internacional”.
“Creímos que tras todos esos expositores, íbamos a tener una instancia para buscar ponernos de acuerdo, y el ver que la decisión sobre la fórmula es prácticamente idéntica que la que regía durante la presidencia de Cristina Kirchner nos hace pensar que todo fue una puesta en escena para una decisión que estaba tomada de antemano”, expresó el diputado de Juntos por el Cambio.
Al analizar el fondo de la cuestión, confesó que había cosas en las que coincidía con Fernanda Raverta y otras en la que difería. “No desconozco los resultados”, admitió, pero sugirió tener en cuenta que no se deben confundir las variables con el contexto. En ese sentido señaló que entre 2008 y 2017, hubo años con fuerte crecimiento económico, como 2010. “No es la situación económica que tenemos hoy, donde las variables están muy deprimidas, los salarios crecieron 6 meses por debajo de la inflación, la recaudación ha tenido una caída estrepitosa y justo esas dos variables son las que se toman para esta fórmula”, aclaró.
Por otra parte, Cacace expresó lo que definió como una “preocupación sustancial”, y es la de que la fórmula del oficialismo remueve la variable de la inflación. “Pensemos en el perjuicio que ha generado la suspensión de la movilidad este año: ha resultado que todos los jubilados pierdan entre mil y 18 mil pesos por beneficio. Lo cual ha resultado un ahorro de más de 72 mil millones para el Estado”, sostuvo. Y remarcó que “quitar la inflación como variable es quitar la garantía de que los jubilados puedan proteger su poder adquisitivo”.
En cuanto a la sustentabilidad, Cacace dijo que la oposición no cree que ese elemento deba ser hecho a través de la recaudación: “Es innecesario, porque hemos acordado y sancionamos una ley de defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; creemos que con la ley que está aprobada tenemos los elementos para que cualquiera sea la fórmula elegida, no necesitamos introducir la recaudación para garantizar la sustentabilidad, porque tenemos el FGS, que podemos usar como fondo anticíclico para ese propósito”.
“La situación de la recaudación y su inclusión no es buena para los jubilados y la economía -agregó-. Para los jubilados, porque los hace sujetos a las variaciones que el Estado tiene respecto de la economía; necesitan tener un ingreso estable, reducir su volatilidad. Lo que más la reduce es la inflación. Si bien es cierto que puede haber salarios que crezcan por encima de la inflación, la mayor volatilidad la otorga la actualización por el IPC. Además, es malo para la economía porque las hace procíclicas. La contracara es que en los momentos de recesión es cuando menos crecen los haberes y eso impacta negativamente sobre el bolsillo de los jubilados”.
Quitar la inflación como variable es quitar la garantía de que los jubilados puedan proteger su poder adquisitivo”, expresó Alejandro Cacace.
El diputado radical señaló que “Argentina es uno de los países que más recesiones ha tenido en los últimos años, y es por la característica estructural de nuestra economía. Aumentamos gasto corriente en los momentos de auge”, precisó, ante lo cual sugirió: “No construyamos esa fórmula que profundice ese carácter procíclico de gasto público”.
“Es muy difícil discutir cuando se hace una negación absoluta de la realidad”, dijo a su turno Carlos Heller. Señaló en ese sentido que acababa de mostrar Fernanda Raverta un gráfico que demostraba que entre 2008 y 2017 las jubilaciones habían subido un 25%, aplicando la fórmula anterior, mientras que con el Gobierno de Cambiemos bajaron 19 puntos. A su vez, los haberes se recuperaron a través de los decretos de esta administración, dijo, afirmando que “esos son los datos reales, y después sobre esos datos se empiezan a construir supuestos de distinta naturaleza. La fórmula anterior era imaginada para un país donde la inflación iba a estar contenida”.
Heller sostuvo que “la realidad es que el nuevo índice propuesto ha demostrado ser exitoso a lo largo de un período extenso; este índice es muchísimo mejor que el que se está dejando atrás, porque desvincula primero a la inflación de la fórmula y al atarla al salario, que viene muy deprimido producto de las políticas anteriores y que está en el marco de una política donde se dice expresamente que entre los objetivos está la recomposición salarial. Ese es un elemento que alienta a pensar que va a llevar a una recomposición real de los ingresos previsionales. No se puede descolgar el análisis de la fórmula, si se la saca del contexto y los objetivos que tiene el gobierno que la va a aplicar”.
“No se pueden considerar fórmulas si no se consideran en el marco de las políticas en las que fueron aplicadas”, remarcó, asegurando que “estamos pensando en un país donde se van a recuperar las variables”.
Luego fue el turno de la senadora santacruceña María Belén Tapia, que cuestionó que la fórmula presentada por el Gobierno “de ninguna manera salió del seno de la comisión que integramos y no atiende lo que los expositores dijeron. El final de esta puesta en escena pone al descubierto el ahorro que significó para el estado la suspensión de la fórmula jubilatoria. Fuimos un mal necesario para un plan premeditado por ustedes”.
“Discursos sobran, demagogia también, pero los hechos son los que se analizan”, concluyó.
A su turno, el senador cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) salió al cruce de los cuestionamientos opositores respecto de que se volvía a la fórmula implementada durante la gestión de CFK. ¿Por qué las cosas buenas no pueden repetirse? Cuando un gobierno tiene buenas medidas y otro aplica políticas que son negativas, es lógico volver a la situación anterior”.
“Estamos hablando de situaciones ya desarrolladas que permitieron una época de virtuosidad”, agregó, afirmando que volvían a esa fórmula “porque es buena para los jubilados”, y dijo sentirse “muy satisfecho” porque durante la pandemia el presidente hubiera podido darle a los jubilados a través de decretos “un aumento que superó en 5 puntos la inflación”.
Admitió el senador cordobés que “ninguna fórmula es perfecta, porque depende de la evolución de la economía; pero hay algunas mejores que otras. Esta es una fórmula previsible que va a permitir que el país se desarrolle y los jubilados puedan estar mejor. El año que viene los haberes de los jubilados van a crecer y no solo con relación a la inflación, sino respecto de la otra fórmula”.
Fue el turno entonces del diputado radical Luis Pastori (Misiones), que se detuvo en analizar las formas, “porque hacen al fondo de la cuestión”. Manifestó entonces su “decepción, desazón, porque después de seis meses de funcionamiento de la comisión, nos venimos a enterar el lunes a través de una gacetilla de prensa que el oficialismo ya había decidido cuál iba a ser la fórmula que vendrían a imponer en esta comisión”.
“El proyecto no fue elaborado en el seno de esta comisión -se quejó-. Hemos sido actores de reparto de una comisión que debería haberlo discutido en profundidad. Raverta habló de consenso… ¿Consenso entre quiénes? Esta fórmula es muy parecida a la vigente durante el período 2009-2017, con algunas correcciones que la empeoran. Nos sentimos usados, yo sé que no es la palabra, pero es la forma como nos sentimos”.
Por su parte,, el senador pampeano Daniel Lovera aseguró que “esta propuesta de fórmula de movilidad tiene como objetivo recomponer el haber de los jubilados y corregir el sistema previsional de los argentinos, que ha sido dañado fuertemente en la gestión anterior”. Y tras cuestionar “las imprudencias que dicen quienes fueron gobierno hasta recientemente”, dijo que “estamos convencidos de que esta fórmula es más justa y equitativa”.
A su turno, Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, afirmó que se está llegando a “una fórmula que expresa lo mejor que tuvo en los últimos años la seguridad social”. Agregó que “combatir la desigualdad genera también una mejora en las posibilidades de crecimiento económico, porque la seguridad social, cuando tiene efectos distributivos, genera que el crecimiento económico se vaya dando a partir de ese proceso de distribución”.
El diputado del Pro Luciano Laspina criticó que “hemos escuchado a muchísimos expositores, pero no nos hemos oído. Porque la enorme mayoría recomendó aplicar lo que se aplica en el resto del mundo: fórmulas que tratan de preservar el poder de compra de las jubilaciones. La mayoría de países aplica criterios que permiten preservar el poder de compra”.
“Esta fórmula tiene como defecto sustancial mezclar la discusión del ajuste con la del nivel de las jubilaciones. Entonces hace un debarajuste que no entiende nadie”, criticó. Y luego afirmó: “Dato mata relato… El haber mensual para alguien que gana dos jubilaciones mínimas, con la ley de 2017 tendría que cobrar 38.274 pesos; con el decreto de Alberto Fernández ganó 34.547 pesos. O sea, le sacan por esa vía a ese jubilado que es de clase media baja, 3.727 pesos. Datos, es un 10% de recorte que se hizo. Claro, la fórmula no funcionó… si le sacaste el 10% de recomposición real que tenía que tener. Justamente para eso fue diseñada nuestra fórmula”.
“Por supuesto que salió mal”, admitió, y agregó: “Porque cortaron ustedes cuando la fórmula tenía que operar lo que tenía que hacer”. Y calculó el ahorro fiscal que tuvo el Gobierno por esa vía en 100 mil millones. “A vuelo de pájaro”, estimó.
Legisladores nacionales de la oposición advirtieron sobre el “ajuste” a los jubilados por el nuevo cálculo que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio rechazaron este martes la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará para su aprobación en el Congreso.
El nuevo cálculo, en base a salarios y recaudación, fue confirmado este lunes tras una reunión que referentes parlamentarios del Frente de Todos mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán.
A través de su Twitter, el jefe de la bancada opositora, el radical Mario Negri, hizo alusión a la fórmula que se votó en diciembre de 2017 -y se suspendió en diciembre pasado mediante la Ley de Solidaridad Social- con jornadas violentas en las calles.
“Tiraron toneladas de piedras cuando Cambiemos incorporó la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria. Como era favorable a los jubilados, suspendieron la fórmula en diciembre. Ahora directamente sacan a la inflación y ponen la recaudación. ¡Ajustan con los jubilados!”, enfatizó.
En tanto, el macrista Waldo Wolff habló de “ajuste sin diálogo” al indicar que “vuelve la fórmula previsional que no contempla inflación. Solo salarios y recaudación. De esta manera licúan el haber jubilatorio perdiendo frente a la inflación”. “Si cuidaran a los jubilados con el mismo amor que a los proveedores de fideos seríamos Suecia”, agregó.
“Los jubilados con esta decisión van a recibir un ajuste brutal de sus haberes, no contemplarán la inflación y se actualizará cada seis meses, pero sin un Congreso tomado, sin piedras, ni plazas destruido”, escribió el radical Luis Petri.
Además, el mendocino acusó a la oposición de aquel entonces por lo ocurrido cuando se votó la ley impulsada por Cambiemos: “Lo de diciembre del 17 fue armado por el peronismo”.
La diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, se preguntó: “Qué recaudación va a aumentar si el país está en medio de una crisis? Los sindicalistas cierran aumentos de salarios muy por debajo de la inflación y están calladitos”. “Se viene un gran ajuste a los jubilados con discurso progresista de aquellos que tiraron piedras y lloraban por TV”, anticipó.
El oficialismo destacó que la nueva fórmula guarda similitud con la aplicada entre los años 2009-2017, pero si bien las variables son las mismas, los porcentajes no. Mientras el antiguo cálculo, puesto en marcha bajo la gestión de Cristina Kirchner, estaba compuesto en un 70% por la variación de los salarios (RIPTE) y en un 30% por la recaudación de la ANSeS, ésta nueva será en partes iguales, es decir un 50% y 50%. Además, volverán las actualizaciones de haberes cada seis meses.
También se manifestó sobre el misionero Luis Pastori, quien subrayó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “está prácticamente en la mayoría de los países, porque es el que puede asegurar la preservación del poder adquisitivo de los haberes previsionales”. “Sacar eso es una regresión injustificada que no estamos dispuestos a acompañar”, anticipó.
Asimismo, el radical lamentó “que la comisión especial no haya discutido en su seno la propuesta, y quienes la integramos por parte de la oposición nos enteramos por vía de un comunicado del oficialismo cuál será la fórmula que impulsarán, que es prácticamente la misma que existía durante el gobierno kirchnerista”.
Por su parte, el puntano Alejandro Cacace explicó que “la inclusión de la recaudación como variable de movilidad no es acertada. Primero, no es necesario para asegurar la sustentabilidad del sistema. Un tema que fue largamente debatido en la Comisión Bicameral, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) asista al Tesoro con el pago de haberes cuando sea necesario. De hecho, se aprobó recientemente una ley que explicita esta circunstancia, que ya estaba prevista en la normativa que regula al FGS”.
“En segundo lugar, la recaudación es una variable procíclica, lo cual implica que cuando la economía vaya bien, los haberes van a crecer, pero cuando la economía esté en recesión, los haberes van a disminuir, ajustando sobre los jubilados en el peor momento, como ha sucedido durante todo este año. Esto, además, es malo para la economía, porque profundiza los ciclos económicos”, remarcó el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
Para el radical, “los haberes debieran actualizarse utilizando la variable de la inflación, que permite mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones ya sea en ciclos positivos o negativos de la economía. En los casos que sea necesario asistir al Tesoro en el pago de las jubilaciones, como ha sucedido este año, el FGS debería intervenir, ya que ese fue uno de los fines para los cuales fue creado”.
Por su parte, el santafesino Juan Martín ironizó: ” ‘La fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional’, dice el parte de prensa del Gobierno sobre la propuesta de fórmula de movilidad jubilatoria. ¿En qué parte entraría lo del 20% de aumento a los jubilados que fue promesa de campaña del Frente De Todos?”.
“Tras casi un año con la ley de Movilidad Jubilatoria suspendida y aumentos por decreto y discrecionales, por debajo de los que hubiesen sido por ley, el Ejecutivo propone una nueva fórmula jubilatoria. La nueva fórmula propuesta es similar a la del 2008, abandonando la variable inflación; variable que preserva el poder adquisitivo”, publicó Dolores Martínez.
La legisladora recordó que “desde 1985 al 2020 se reformó nueve veces el Sistema Previsional argentino, seis de estas reformas se sucedieron entre 2002 y 2020”. “Este patrón sigue vigente en el 2020. Seguimos lejos de discutir una reforma equitativa y sustentable, en la que no sean nuestros Adultos Mayores los que paguen los ajustes de la política”, completó.
En una nueva reunión de la comisión que analiza la movilidad jubilatoria, autoridades de este organismo expusieron sobre la composición del universo de beneficiarios.
Autoridades de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo de asesoramiento técnico de los legisladores, participaron este lunes de la quinceava reunión informativa de la comisión bicameral mixta que trabaja en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Marcos Makon, director general de la OPC, y María Eugenia David Du Mutel Pierrepont, directora de Análisis, Estudios y Evaluación, informaron a los integrantes de la comisión que preside el diputado Marcelo Casaretto sobre la composición del universo de beneficiarios del sistema previsional.
Para el próximo encuentro, en tanto, fueron convocados el secretario general de la CGT Héctor Daer, y Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy por la CTA y la CTA Autónoma.
En la viceoconferencia de este lunes, los directores de la OPC detallaron que, según datos al mes de marzo, existen 9,7 millones de activos aportantes -lo que representa el 30,5% de la población mayor de 18 años y el 81% de los trabajadores registrados- y 5,7 millones de pasivos beneficiarios.
Dentro de los activos, casi el 93% aporta en el marco de la Ley 24.241 y solo el 7,1% a regímenes especiales, y en cuanto a los pasivos, el 96% de los beneficios se otorgaron en el marco del régimen general y 3,9% mediante regímenes especiales.
Del total de aportantes, el 75% se desempeña en actividades en relación de dependencia, mientras que en las actividades independientes, el régimen de monotributo es el que concentra la mayor cantidad de aportantes, y finalmente los regímenes especiales contienen más de 612.000 aportantes.
Además, los especialistas especificaron que dentro del régimen general figuran 51 regímenes diferenciales –aquellos que requieren menor edad o menos años de aportes-, con más de 763.000 aportantes.
En cuanto a la distribución de aportantes y beneficios por edad y sexo, Makon y David Du Mutel Pierrepont indicaron que el promedio de edad es de 41 años, mientras que en los pasivos, las edades promedio rondan los 74 años.
La mayor cantidad de aportantes se encuentra en el rango etario entre los 26 y 45 años, tanto para mujeres como para hombres, señalaron desde la OPC.
Asimismo, la mayor cantidad de beneficios los concentran personas entre los 68 y 73 años, en el caso de los varones, mientras que en las mujeres el rango con mayor cantidad de beneficios es entre 63 y 71 años. La mayor cantidad de beneficios jubilatorios se concentra entre los 65 y 69 años, en ambos sexos.
Por otra parte, la remuneración media a partir de la cual se realizan los aportes y contribuciones fue de 54.086 pesos, mientras que el beneficio previsional medio fue de 24.430 pesos.
Los directores de la OPC informaron que en el régimen general, el 86,1% de los beneficios es igual o menor a dos jubilaciones mínimas.
El 40,6% de los aportantes son mujeres y 59,4% son varones, lo que los expertos consideraron “un indicio de que una gran parte de la fuerza laboral femenina se encuentra fuera del mercado formal”.
Por otro lado, los regímenes especiales con mayores haberes promedio fueron los del Servicio Exterior y del Poder Judicial: en el primer caso, el haber medio de jubilación fue de 386.463 pesos, y en el segundo, el haber medio jubilatorio fue de 290.868 pesos.
La bicameral mixta que debe proponer una nueva fórmula previsional escuchó a Miguel Ángel Fernández Pastor y Gabriel De Vedia.
Dos especialistas expusieron este lunes en una nueva reunión virtual de la comisión bicameral mixta encargada de proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad previsional, tras la suspensión del cálculo anterior.
Del encuentro, encabezado por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) participaron el abogado previsional y docente Miguel Ángel Fernández Pastor; y Gabriel De Vedia, fiscal federal de la Seguridad Social y fiscal subrogante de Primera Instancia en el Fuero del Trabajo.
Fernández Pastor, quien trabajó en distintos organismos nacionales e internacionales de seguridad social, se refirió al financiamiento del sistema y explicó que “del ‘93 para acá ocurrió la baja de contribuciones patronales, una decisión política tomada por (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo y nunca reemplazada”.
“Esa disminución implica la pérdida de ingresos para la ANSES de 2,99 puntos del PBI, es decir, con eso solo alcanzaría para que el sistema no fuera deficitario. A eso habría que agregarle que la devolución del IVA por la coparticipación a las provincias implica otro punto y medio. Es decir, si todos los recursos originarios estuvieran a disposición de la ANSES, sería un sistema superavitario, que podría dar mejores prestaciones”, explicó.
Además, sostuvo que la “Ley de Reparación Histórica” sancionada en la gestión anterior “alteró muchísimo el sistema” porque “se le dio otro uso” a los recursos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).
El especialista advirtió que “la fórmula no será la que vote el Parlamento sino lo que la Justicia interprete que esa fórmula dice”. “La definición final va a ser siempre judicial”, insistió, y puso como ejemplo el fallo Badaro, que fue “a contrapelo de todas las decisiones legales”, ocasionando una pérdida de “15.000 millones de dólares”.
Por esa razón, propuso “una fórmula sencilla y simple que permita la menor cantidad posible de interpretaciones” y “que no motive la intervención judicial”. Además, consideró que el cálculo “debería ser igual para todos”.
En ese sentido, opinó que la fórmula sancionada en 2008, basada en recaudación y salarios, “dio buen resultado”. “Es una buena fórmula porque no pone en riesgo las arcas del Estado”, destacó, aunque aclaró que “habría que agregarle un fondo anticíclico” para “pagar la diferencia cuando los beneficiarios ganan menos que la inflación, y que cuando haya crecimiento económico, una parte del excedente arriba de la inflación sea devuelto por los jubilados para recapitalizar el FGS o ese fondo anticíclico para cuando haya crisis económica, y así sucesivamente”.
Por su parte, De Vedia resaltó que “la sociedad argentina está expectante” en torno a este tema y recordó que en el artículo 55 de la Ley de Solidaridad Social se estableció que la nueva fórmula debe garantizar “una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”, con especial atención en los sectores más bajos.
“La seguridad social se enmarca en los derechos humanos”, afirmó y citó los artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales referidos a la temática. En ese marco, pidió respetar los principios de universalidad, solidaridad, redistribución del ingreso y sustitutividad, entre otros.
“No sería inconstitucional pensar que por un tiempo pueda haber una fórmula diferenciada para los sectores más bajos, pero siempre que no sea en detrimento de las jubilaciones más altas”, señaló De Vedia, y añadió: “Si queremos dar una movilidad diferenciada, el pato no lo tiene que pagar ningún jubilado. Hay que buscar los recursos en otro lado”.
Por último, propuso a los legisladores “ganar tiempo” y realizar un “test de razonabilidad” sobre la fórmula propuesta para verificar si es constitucional y “evitar la litigiosidad”.
Con la participación de tres especialistas, la bicameral mixta que preside el diputado Casaretto avanzó en el debate sobre la nueva fórmula previsional.
La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional realizó este lunes su décima reunión virtual con la participación de tres especialistas y avanza en el debate de cara al anteproyecto de ley que deberá proponer al Congreso antes de fin de año.
El encuentro fue presidido por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y a la comisión -integrada por legisladores de las dos principales fuerzas y representantes del Poder Ejecutivo- se incorporaron los senadores Roberto Mirabella (Frente de Todos) y Silvia Elías de Pérez (UCR), en calidad de autoridades de la Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Cámara alta.
El primero en exponer fue el economista Marcelo Capello, máster en Economía de la Georgetown University, docente y titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad de Argentina y Latinoamérica (IERAL).
“Para una nueva fórmula de movilidad hay que tener en cuenta que Argentina, durante varias décadas, ha mostrado un bajo crecimiento, una alta volatilidad en ese crecimiento y mucha inflación”, arrancó Capello.
El economista explicó que las variables que suelen utilizarse para las fórmulas jubilatorias son la inflación, los salarios, la recaudación y algunas restricciones para mantener sustentabilidad del sistema o el poder adquisitivo.
Capello sostuvo que se debe tener en cuenta un mecanismo que “maximice la tendencia de las jubilaciones reales a largo plazo, minimice volatilidad y evite caídas muy profundas de los haberes en crisis”.
El especialista analizó las fórmulas de movilidad utilizadas en países de la OCDE y América Latina y concluyó que en 15 países se utiliza el IPC (inflación); en tres se utilizan salarios; en cinco una combinación entre IPC y salarios; y en tres ponen algún tipo de restricciones de sustentabilidad.
“Cuando hay crecimiento, la recaudación previsional crece más que los salarios, y los salarios crecen más que la inflación; en cambio, cuando hay una recesión, esto se da vuelta y lo que más aumenta es la inflación, más que los salarios y la recaudación”, razonó.
En ese marco, consideró que “resulta conveniente una movilidad que mejore (o no empeore) el resultado financiero sin deteriorar los haberes jubilatorios en términos reales”.
“Si la economía argentina crece a futuro, la movilidad por IPC asegurará un poder adquisitivo constante en los haberes y permitirá bajar el déficit financiero genuino del sistema”, opinó, y agregó que “si Argentina continúa con una economía muy volátil en el futuro, la movilidad por IPC minimiza la volatilidad de los haberes reales y evita caídas profundas en las grandes crisis”.
También expusieron Claudia Danani (politóloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora docente de la UBA y la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Sergio Rottenschweiler (economista, doctorando de la UCEMA, investigador y docente universitario).
Los especialistas hicieron una comparación entre las fórmulas aprobadas en las leyes 26.417 (2008) y 27.416 (2017), y evaluaron que la movilidad acumulada en 2019 hubiese sido del 34,5% con la fórmula de 2008, y del 51,1% con la posterior.
En cuanto a los aspectos comunes entre ambas fórmulas, mencionaron la utilización de índices salariales y la presencia de la inflación (primero de forma implícita, y luego explícita), y como diferencia marcaron el tope anual dispuesto en 2008, y los ajustes primero semestrales y luego trimestrales.
Para los expertos, “la utilización de la inflación puede ser negativa desde el punto de vista fiscal si existe inflación con recesión, como en el caso de 2019”, y por otra parte “el ajuste trimestral provoca que los aumentos sean en cuotas”.
Consideraron entonces que los salarios, “por cuestiones históricas, sociales y legales tienen que estar representados en la fórmula”, así como también “variables asociadas a los recursos”.
Finalmente, propusieron “constituir un tope anual para la movilidad que garantice ajuste de los haberes pero sin comprometer la sustentabilidad”, además de fijar un “tope mínimo para garantizar cierta movilidad previsional”.
Sugieren elaborar un cálculo transitorio, en base al IPC y el RIPTE en partes iguales, hasta tanto se expida la comisión que trabaja en hacer una nueva fórmula.
Legisladores de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Petri, proponen restablecer la movilidad jubilatoria suspendida desde diciembre, disponiendo una fórmula transitoria, compuesta por el IPC y el RIPTE en partes iguales, hasta tanto cumpla su cometido la Comisión mixta creada por la Ley 27.541 y se sancione una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, receptando el reciente fallo de la Cámara Federal de Salta en el Fallo “Caliva”.
“La movilidad jubilatoria es un derecho garantizado por nuestra Constitución y es deber de este Congreso asegurarla. Prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros jubilados, que nada tiene de redistributivo y solidario y es imprescindible restablecerla”, subrayó Petri.
Asimismo, el proyecto dispone que las diferencias de haberes adeudados como consecuencia de los decretos 163/20, 495/20 y 542/20 dictados por el Poder Ejecutivo, deberán ser pagas en su integridad retroactivamente conforme a la fórmula consagrada por el artículo 32 de la Ley 27.426, atento a no violar lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Alfredo Cornejo a su turno dijo: “como lo sostiene el fallo, en la emergencia es cuando más se debe velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, que para eso están establecidas y la movilidad jubilatoria es una de ellas. No hay excusas para no cumplir con la Constitución”.
Por su parte, Alejandro Cacace resaltó que “la Cámara Federal de Salta ha ratificado en su fallo los principios que venimos sosteniendo en la discusión parlamentaria, que la movilidad es un derecho constitucional y que debe en todo momento haber un índice fijado por el Congreso que le otorgue previsibilidad a los jubilados sobre cuánto va a ser su haber”.
Además, Petri explicó que “es indispensable que luego de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, haya una recomposición íntegra en los haberes de los jubilados y pensionados, a fin de impedir la pérdida de su poder adquisitivo”.
Gustavo Menna por su parte manifestó: “Es un ajuste confiscatorio sobre los ingresos de los jubilados, que ya ha demostrado que les hizo perder más de la mitad de los incrementos. Esto se agrava por la prórroga de la suspensión dispuesta por decreto hasta fin de año.
Acompañan a los mencionados Petri, Cornejo y Cacace los diputados Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Gustavo Menna, Albor Angel Cantard, Juan Martin, Martín Grande, Mario Arce, Luis Pastori, Roxana Reyes, Ximena Garcia, Jose Nuñez, Jose Luis Patiño, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Dina Rezinovsky, Lidia Ascárate, Jimena Latorre, Federico Zambarbide, Pablo Torello, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Gerardo Cipolini, Jose Ricardo, Claudia Najul, Diego Mestre, Hugo Romero, Soledad Carrizo, Estela Regidor, Hernan Berisso y Héctor Antonio Stefani.
Expusieron el economista Oscar Centrangolo y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
El economista Oscar Centrángolo y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, expusieron este lunes en una nueva reunión de la comisión bicameral mixta que debe proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida por un DNU.
La comisión que preside el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) se reunió por octava vez, de forma telemática, para escuchar a los invitados, que disertaron sobre movilidad previsional y regímenes especiales.
En nombre del Poder Ejecutivo, estuvieron presentes Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo del Ministerio de Trabajo; Roberto Arias del Ministerio de Economía; la jefa de Asesores de la ANSES; y la secretaria técnica de la comisión, Adriana Micale.
Por el Frente de Todos participaron los diputados Casaretto, Hilda Aguirre y Carlos Heller, y el senador Daniel Lovera; y por Juntos por el Cambio estuvieron los senadores María Belén Tapia (vicepresidenta) y Esteban Bullrich, y los diputados Alejandro Cacace y Luis Pastori.
En la próxima reunión, prevista para el lunes 13, expondrán Leonardo Eric Calcagno -doctor en Economía, y sobrino de quien fuera legislador y embajador, Eric Calcagno- y el economista Eduardo Levy Yeyati.
El decreto habilita al Ejecutivo a otorgar los aumentos a discreción hasta fin de año. La diputada del PO denunció una “confiscación”.
La diputada nacional Romina Del Plá (PO-FIT) presentó un proyecto para anular el DNU 542/20, por el cual el Poder Ejecutivo prorrogó la suspensión de la fórmula jubilatoria sancionada durante la gestión de Mauricio Macri.
“Con este decreto se prolonga por otros 180 días lo que estableció la mal llamada ‘Ley de Solidaridad Social’, que impuso una nueva confiscación a los jubilados, reemplazando la movilidad por sumas establecidas a discreción por el Poder Ejecutivo”, denunció Del Plá.
La legisladora del Partido Obrero sostuvo que esa ley “retrocede aún más sobre la reaccionaria reforma previsional de diciembre de 2017. El Frente de Todos actúa de igual modo que el gobierno de Macri, al cual miles de trabajadores repudiaron en las calles aquellas jornadas”.
“El 23% que debió aplicarse era reparatorio de la inflación del último semestre del año pasado. Es decir que sobre la inflación de este semestre la compensación es cero. De enorme gravedad es que la anulación de la movilidad avanza en la abolición del vínculo de las jubilaciones con los sueldos de los trabajadores activos y en la transformación de la jubilación en un subsidio a la vejez”, advirtió.
Y agregó: “Para el Gobierno, la ‘solidaridad’ la deben ejercer los que menos tienen para financiar a los que más tienen: el FMI, a través de la deuda, y las patronales, a través de los ATP y exenciones impositivas y previsionales que financia la ANSES con dinero de los jubilados”.
Legisladores y funcionarios del Ejecutivo que deben elaborar la nueva fórmula jubilatoria escucharon un informe del director de la OIT para América Latina.
La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula previsional realizó este lunes una nueva reunión informativa, de carácter virtual, con la participación del economista Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), y estuvieron presentes legisladores del oficialismo y la oposición, así como funcionarios del Poder Ejecutivo.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 542/20, el Ejecutivo prorrogó hasta diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria, extendiendo a su vez el plazo para que la comisión elabore una nueva fórmula que reemplace a la anterior.
De esta forma, los aumentos jubilatorios continuarán siendo otorgados de forma discrecional, lo que despertó críticas de legisladores de la oposición, que ya presentaron proyectos para derogar el DNU.
En la jornada de este lunes, Bertranou expuso sobre las normas principales de la OIT en materia de pensiones, como el Convenio 102, de 1952, que estableció criterios mínimos para los regímenes de seguridad social; el Convenio 128, de 1967, sobre las prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivientes; y la Recomendación 202 sobre los “pisos de protección social”.
También detalló el marco normativo de la OIT sobre la movilidad de las prestaciones y los regímenes especiales.
Bertranou precisó que, según se expuso en la Conferencia Nro. 89 de la OIT, en 2001, “no existe un modelo idóneo único de seguridad social” sino que “cada sociedad debe elegir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad de ingresos”.
“La función prioritaria del Estado es facilitar, promover y extender la cobertura de la seguridad social. Todos los sistemas deberían ajustarse a ciertos principios básicos. En especial, las prestaciones deberían ser seguras y no discriminatorias; y los regímenes deberían administrarse de forma sana y transparente, con costos administrativos tan bajos como sea factible y una fuerte participación de los interlocutores sociales”, se indicó en las conclusiones de aquella conferencia.
El especialista formuló entonces una serie de propuestas, como “lograr un consenso suficiente acerca de las reformas con el objeto de asegurar su permanencia en el tiempo”; y “evitar soluciones de emergencia con beneficios de corto plazo y costos de largo plazo difíciles de sostener”.
Bertranou también sugirió “considerar una variedad de instrumentos para tratar los diversos objetivos del sistema de protección social para la población adulta mayor”, y “consolidar una prestación universal sin requisitos para su obtención que ofrezca beneficios suficientes a la población que no acceda a los beneficios contributivos”.
De la reunión participaron, por parte del Poder Ejecutivo, Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo del Ministerio de Trabajo; Roberto Arias del Ministerio de Economía; la jefa de asesores de la ANSES; y la secretaria técnica de la comisión, Adriana Micale.
Por el Frente de Todos estuvieron el diputado Casaretto y los senadores Daniel Lovera y Carlos Caserio, mientras que por Juntos por el Cambio participaron la senadora Belén Tapia y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Luis Pastori.
La próxima reunión será el lunes 29 a las 16 y contará con la exposición de Andras Huthoff, consultor de Eurosocial y doctor en Economía de la Universidad California Berkeley.
El encuentro virtual se realizará a partir de las 16. Definirán un cronograma de trabajo sobre la participación de expositores. La semana pasada, el Gobierno envió el proyecto que extiende hasta diciembre los aumentos a través de decreto.
Se reunirá este lunes a las 16 la comisión mixta, integrada por legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, a cargo de elaborar una nueva fórmula jubilatoria, que fue suspendida en diciembre pasado mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Durante la videoconferencia -el cuarto encuentro-, el grupo de trabajo, presidido por el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), definirá un cronograma sobre la participación de expositores.
La semana pasada el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta diciembre el plazo para elaborar una nueva fórmula -que vencía en junio-, por lo tanto, también continuarán hasta fin de año los aumentos de jubilaciones por decreto.
La oposición rechaza que los incrementos se sigan otorgando de esta manera, ya que advirtieron sobre la discrecionalidad y aseguraron que, a través del índice suspendido, los jubilados hubieran percibido una suma mayor en sus beneficios.
Con estas facultades, el Ejecutivo otorgó en marzo una suma fija de 1.500 pesos, más una suma extra del 2,3%, que en el caso de las jubilaciones mínimas significó un aumento del 13%, mientras en junio el aumento será del 6,2%.
Fue convocada para las 16, en videoconferencia, para diagramar un cronograma de actividades.
Se reunirá este martes a partir de las 16 la comisión mixta que debe proponer al Congreso una fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, suspendida en marzo con la Ley de Emergencia Pública por un lapso que vence a fines de junio.
La comisión se constituyó el lunes de la semana pasada en una reunión que fue de carácter virtual, como también lo será la de este martes. En esta oportunidad se procederá a evaluar el reglamento de funcionamiento de la comisión y elaborarán el cronograma de actividades.
La comisión fue creada a partir de la Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, atendiendo a los artículos 55 y 56 que establecen la suspensión por el plazo de 180 días de la fórmula de movilidad jubilatoria, en cuyo marco el Poder Ejecutivo deberá fijar trimestralmente el incremento de los abres previsionales. Precisamente en la reunión del lunes pasado, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó la intención del PEN de prorrogar esa facultad de otorgar los próximos aumentos jubilatorios por decreto, hasta tanto se acuerde una nueva fórmula previsional.
Integran la comisión, además del ministro de Trabajo, los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y de Política Tributaria, Roberto Arias. En representación de la Cámara de Diputados, están Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro) por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR) por la Comisión de Previsión y Seguridad Social; y p or la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, Luis Pastori (UCR).
Por el Senado, integran la comisión los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), y de Trabajo y Previsión, Daniel Lovera (Frente de Todos); y los vicepresidentes Esteban Bullrich (Pro) y María Belén Tapia (UCR).
