Tal cual había trascendido este viernes al cabo de la reunión de la mesa política de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que ingresa por el Senado y propone una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El texto modifica la Ley Nº 13.478 y sus modificatorias, introduce cambios en la Ley Nº 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad) y reformula aspectos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. Precisamente este último punto es central en el envío de esta norma al Parlamento, ya que se trata de una de las leyes vetadas por el presidente Javier Milei, ratificadas por ambas cámaras.

La iniciativa se conoció este sábado, conjuntamente con el envío de una nueva ley de Salud Mental, también a través del Senado.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que el proyecto se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con jerarquía constitucional—, pero subraya que el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales debe realizarse “de manera proporcional a los recursos disponibles”, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. En ese marco, el mensaje al Congreso pone el foco en la evolución del sistema de pensiones por invalidez: entre 2003 y 2023, la cantidad de beneficios pasó de 76.000 a alrededor de 1.200.000, un crecimiento que el Ejecutivo califica de “exponencial” y que, según afirma, no tiene antecedentes comparables a nivel internacional.

El diagnóstico oficial es contundente. El texto señala que investigaciones administrativas y judiciales detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”, con irregularidades que incluyen domicilios inexistentes y la falta de acreditación médica suficiente. Para el Ejecutivo, esta situación generó un “injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y perjudicó especialmente a quienes sí se encuentran en una situación de invalidez real y comprobable.

A partir de ese diagnóstico, el proyecto define como objetivo central “establecer mecanismos normativos específicos orientados a prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”. La iniciativa busca reordenar los criterios de acceso, fortalecer los controles y reintroducir un eje más restrictivo vinculado a la invalidez laboral.

Uno de los cambios estructurales es la redefinición del beneficio de pensión no contributiva por invalidez laboral. El texto reafirma su carácter de prestación mensual inembargable equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y reintroduce con claridad el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. En esa línea, se establece de manera expresa la incompatibilidad de la pensión con la posesión de un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes generales o simplificados de trabajo, un punto que recorta el universo potencial de beneficiarios respecto de interpretaciones más amplias vigentes en los últimos años.

El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a otorgar pensiones a personas sin suficientes recursos, no amparadas por un régimen previsional y mayores de 70 años, o bien a quienes se encuentren imposibilitados para trabajar, según los requisitos que determine la reglamentación. Con esta formulación, el Gobierno busca volver a una delimitación más acotada del universo elegible.

El capítulo más extenso y sensible de la iniciativa está dedicado al sistema de auditorías, control y reempadronamiento. La Secretaría Nacional de Discapacidad, en el ámbito del Ministerio de Salud, será la autoridad encargada de implementar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. Para ello, se habilita el cruce de información con bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos, incluso exceptuando de manera específica las restricciones del secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esta verificación.

Cuando de esos cruces surjan incumplimientos objetivos, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio. No obstante, el proyecto incorpora garantías procedimentales: el titular podrá solicitar la rehabilitación provisoria inmediata de la pensión hasta tanto se dicte una resolución definitiva, y tendrá derecho a ser informado de manera clara y a participar del proceso de auditoría médica.

Además, el texto instruye al Ejecutivo a realizar un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Los beneficiarios deberán actualizar su información personal, socioeconómica y médica dentro de un plazo no inferior a 90 días —prorrogable por única vez por 30 días— y constituir domicilio físico o electrónico para notificaciones. La reglamentación deberá prever modalidades presenciales, remotas o mixtas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las condiciones de accesibilidad. El incumplimiento del reempadronamiento habilitará una suspensión automática y, de persistir, la baja del beneficio mediante acto administrativo fundado, con garantía de debido proceso.

En paralelo al endurecimiento de los controles, el proyecto también incluye disposiciones orientadas al financiamiento y la continuidad de prestaciones en discapacidad. Se establece con mayor precisión cómo se afrontará el costo fiscal de las pensiones y de la atención médica asociada, asignando las partidas al Ministerio de Salud y previendo compensaciones presupuestarias desde el Tesoro en caso de ser necesario. El Ejecutivo remarca, en los fundamentos, que esta arquitectura busca evitar los desfasajes financieros introducidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que —según sostiene— amplió derechos sin contemplar adecuadamente los recursos disponibles.

En materia de prestaciones básicas, la iniciativa introduce ajustes al principio de universalidad del sistema. Se aclara que la universalidad no implica homogeneidad de aranceles ni de esquemas de financiamiento entre jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común, respetando la organización federal y las asimetrías regionales. Para el caso del Estado nacional como ente obligado, los valores de los aranceles deberán ser determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, con referencia al Índice de Precios al Consumidor cuando no se efectúen actualizaciones en término.

El proyecto también prevé la posibilidad de suscribir convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada jurisdicción organice el programa de prestaciones de salud para titulares de pensiones no contributivas, definiendo responsabilidades de financiamiento para afiliados actuales y futuros.

Con el envío de esta iniciativa, el Gobierno abre un debate de alto impacto social y político. Mientras el Ejecutivo argumenta que la ley apunta a preservar recursos públicos y garantizar equidad en el acceso a las pensiones, el tratamiento parlamentario anticipa discusiones intensas sobre el equilibrio entre control, sostenibilidad fiscal y protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

El Frente Renovador de la Concordia se alzó con la victoria en las elecciones provinciales el pasado 8 de junio y obtuvo un total de siete bancas, pero el diputado nacional Mariano Campero (Liga del Interior) denunció y repudió “inconsistencias verificadas” en los resultados.

“Resulta inadmisible que se manipulen resultados con semejante soltura. Resulta inadmisible. Pero sigue ocurriendo porque mientras continúen los feudos en el interior profundo de la Argentina, continuará la impunidad”, criticó.

El tucumano contó que, durante el conteo provisorio, la fuerza del diputado Martín Arjol -miembro de su bloque-- obtuvo “cómodamente dos bancas de legisladores provinciales. Sin embargo, en el escrutinio definitivo -realizado sin la debida transparencia, con serias dudas sobre el proceso de resguardo de actas y sin acceso pleno de los fiscales partidarios a los documentos claves- el resultado fue alterado en favor del Frente Renovador de la Concordia, que sorpresivamente terminó arrebatándole la segunda banca al Partido Libertario”.

“La Renovación y Rovira están dispuestos a todo por mantenerse en el poder. Le están sacando la voluntad a los misioneros. Y lo mismo ocurre en las provincias feudales”, disparó la radical peluca y cuestionó: “Hace 30 años, a Misiones la gobiernan los mismos. Igual que en Tucumán. Es tiempo de terminar con la corrupción.  Lo mismo que Milei está haciendo en la Argentina, queremos para nuestras provincias”.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) se presentó en Comodoro Py para denunciar a la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general, María del Carmen Barros, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.

Para la legisladora de JxC ambas funcionarias cometieron "diversas maniobras fraudulentas para enriquecerse y enriquecer a terceras personas allegadas a ellas a costa del erario público". "Estas decisiones tomadas por el dúo Batakis-Barros, fueron hechas a espaldas del directorio del Banco Nación, es decir que no contaban con el aval de los directores de dicha entidad", advierte la denuncia señalando una primera irregularidad.

Por un lado, Ocaña apuna a la "escandalosa contratación" de “Pitty la numeróloga" por 1.800.000 pesos, a cambio de "un curso de coach”. “¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los argentinos que no lo prestaba en el Banco y que la Gerenta General debía ir hasta su lugar de trabajo?”, se preguntó la denunciante, a partir de las declaraciones públicas de la propia Pitty respecto del lugar en el que realizaba su trabajo.

“Más que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abono mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que les pertenece a todos los argentinos”, concluye.

La segunda parte de la denuncia refiere a “los nombramientos y autorización de pago de sueldos exorbitantes para familiares y amigos tanto de Batakis como de Barros”.

En ese sentido, señala como primera beneficiaria a Barros a quien -según Ocaña- Batakis “autorizó, sin consultar ni someter a votación del directorio del banco, a cobrar un sueldo de casi 9 millones de pesos mensuales. A esta friolera suma llega gracias a diversos plus y premios autorizados por Batakis sin consultar a nadie”.

Entre esas contrataciones se encuentra la pareja de Barros, Juan Manuel Romero, quien percibiría un sueldo de más de 700 mil pesos "y que según dicen gente del propio banco, prácticamente no va a trabajar. "Barros también habría nombrado a su joven hijo Juan Pablo Pedemonte, al frente de una Gerencia en la casa matriz”, agrega la denuncia.

Otro nombramiento sospechoso es el del gerente departamental Maximiliano Piantanida, con un sueldo de más de 2,5 millones de pesos. Piantanida sería amigo de Barros.

“Batakis no quiso ser menos que Barros, y nombro en la Gerencia de Sistemas del Banco a su exmarido Héctor Javier Silva”. “Estos nombramientos y autorizaciones de plus y premios exorbitantes que lleva adelante la gestión Batakis-Barros, sin el aval del directorio, dejan en evidencia el desmanejo de los fondos del Banco Nación", concluye la denuncia.

Ocaña pide que se ordene al Nación a brindar las actas de directorio de los últimos dos años para chequear si allí se avalaron las contrataciones, que se ordene al Banco que informe si la contratación de Pitty la numeróloga fue efectuada en el marco de una licitación pública o una contratación directa, y que informe cuál fue el servicio prestado por ella a la entidad pública.

El Banco Nación también debería ofrecerle al fiscal interviniente los comprobantes de pago a Pitty, indicando fecha y monto.

Ocaña también quiere conocer cuál es el sueldo bruto de María del Carmen Barros, ver los últimos doce recibos de sueldo y también el expediente administrativo que otorga premios, plus u otro concepto "que hacen que el sueldo de María del Carmen Barros llegue a los 9 millones de pesos."

Respecto de los nombramientos y ascensos de Juan Manuel Romero, Maximiliano Piantanida y Juan Pablo Pedemonte, la denuncia reclama que el Nación adjunte todos los antecedentes personales y Curriculum Vitae de cada uno, en base a qué se consideraron sus fulgurantes ascensos, y qué cargos ocuparon.

“Hicieron un festival de contrataciones”

En declaraciones a la AM 910, Ocaña explicó: “Nosotros empezamos hace varias semanas con este tema, pedimos un acceso a la información al Banco de la Nación Argentina que hasta el momento se ha negado a contestarnos que tenía que ver con las contrataciones con una serie de irregularidades en este festival de contratos que está habiendo en muchos lugares del Estado, pero particularmente en el Banco Nación”.

“Ante estos hechos de público conocimiento hemos ido a realizar una denuncia penal por defraudación e incumplimiento de los deberes del funcionario público y posible peculado contra la directora del Banco, Batakis, y contra la gerente general, Barros, para que se investiguen estos hechos”, relató.

En tanto, recordó las palabras de Batakis: “Te da indignación porque, hay que recordar, que los 24 días que esta señora estuvo a cargo del Ministerio de Economía y luego recae en el banco como una especie de premio a su fracaso en el ministerio, una de las primeras resoluciones que ella tomó que el Estado no podía hacer ninguna contratación, es una caradura porque cuando llegó al Banco Nación lo primero que hizo fue este festival de contrataciones para generar estas guaridas que el kirchnerismo está generando en el Estado”.

“Barros no solo contrató a la numeróloga, sino también a su compañero de vida, a sus hijos, también hizo un festival de contrataciones con otros funcionarios del Banco. Todas estas decisiones no pasaron por la dirección del banco. Incluso hubo aumentos extraordinarios que le han dado a la señora Barros 8.600.000 pesos por mes de sueldo. Es la misma que contrató para su atención personal a la numeróloga”, advirtió.

En resumen, indicó la figura de la denuncia: “Incumplimiento de los deberes del funcionario público porque se han llevado adelante violaciones del reglamento, defraudación a la administración pública porque hay fondos que se han desviado, queremos saber cómo se hicieron estas contrataciones si fue con licitación pública o si fue con contratación directa, y posible peculado por la contratación de la numeróloga para atención personal”.

“La responsabilidad es de los funcionarios del Banco Nación, no la estamos denunciando a ‘Pitty’ la numeróloga, si la van a interrogar para tomarle declaración por un contrato de 300 mil pesos por 6 meses”, afirmó.

La excandidata a intendenta de la localidad de Renca Ayelén Martínez del Movimiento Renovación Chacabuco en la provincia de San Luis, denunció fraude electoral tras conocerse el escrutinio final de los comicios legislativos provinciales que se llevaron a cabo este domingo, ya que, según los datos, “votó el 102% del padrón”, y realizó presentaciones legales ante los organismos correspondientes alertando de las anomalías detectadas “antes que se iniciara el recuento final de votos”.

El hecho ocurre en la localidad de Renca, a 140 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, donde Martínez denunció en declaraciones a Agencia Télam que “en las urnas hubo sobres de más, las autoridades de mesa desconocieron las firmas, y más de la mitad de los votantes no residen en la localidad”.

Además, señaló que se encontraron con votos “de más en las urnas” y lo adjudicó a un “voto en cadena. ¿Qué significa esto?, que estaban muy pegados, necesitaban una tijera para poder separarlos”.

En términos electorales en Renca hay “casi 600 personas habilitadas en el padrón en un pueblo que tiene 250 habitantes”.

Las elecciones que están bajo la mira por el voto del 102,6% del padrón -resultado publicado por la Secretaría Electoral de la provincia en su web oficial- tuvo como ganadora a la actual comisionada municipal Romina Peralta de Fuerza San Luis, espacio que es apoyado por el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá y que perdió las elecciones nacionales frente al diputado electo Claudio Poggi.

“Mientras haya un Peralta en la intendencia nunca va a ganar un Martínez”, expresó la postulante del Movimiento Renovación Chacabuco y agregó: “Desde temprano se hizo la denuncia el día domingo; se hizo una presentación en la Policía, ya que el oficialismo tenía la sede partidaria a menos de 80 metros de donde se llevaba a cabo la elección”.

Entre las irregularidades denunciadas, contó que fueron identificados sobres que estaban firmados por gente que no estaba a cargo de las únicas dos mesas habilitadas. “Notamos, con uno de los fiscales del partido de izquierda, que los sobres estaban firmados con lapicera azul cuando firmamos todo el día con lapicera negra”, precisó.

En declaraciones con Amanecer Informados, habló de firmas que “estaban truchadas” y precisó: “Vinimos a visibilizar esto que estamos viviendo como pueblo”.

De acuerdo al sitio web del Gobierno de San Luis, votaron 594 personas, de las cuales 306 lo hicieron por Peralta que sacó el 52,40%; mientras que 255 sufragios fueron para la candidata de Movimiento Renovación Chacabuco que llegó al 43,66%, el Movimiento Vecinal Independiente consiguió solo 23 votos (3,94%). Además, se computaron nueve sufragios en blanco y un voto comando.