Los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano presentaron un proyecto de ley para expropiar y declarar de “utilidad pública” al laboratorio mAbxience, propiedad de Hugo Sigman, y que se instrumenten los mecanismos para que se puedan envasar las vacunas en la Argentina.

Los legisladores realizaron un acto este lunes frente al laboratorio mAbxience de la localidad de Garín, donde se produce el principio activo de la vacuna de AstraZeneca.

“No puede ser que ya se hayan exportado desde Argentina el equivalente a 40 millones de dosis de la vacuna y no haya llegado una sola dosis al país. Estamos en una emergencia ante el inicio de una segunda ola de la pandemia y por eso presentamos un proyecto de ley para que se suspenda toda exportación del principio activo de esta vacuna contra el Covid-19 y se declare de utilidad pública a este laboratorio perteneciente a Hugo Sigman para que la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos se haga cargo, se pueda seguir produciendo el principio activo y se pueda concluir con el envasado en la Argentina. De esta manera no solo podríamos tener todas las vacunas necesarias, sino también se podría dotar a otros países que las necesiten”, planteó Del Caño.

En tanto, Giordano coincidió: “No puede ser que el Gobierno diga que no se puede meter en un ‘negocio entre privados’, dejándole las manos libres a Sigman para que haga su negocio capitalista con el mexicano Slim y AstraZeneca, cuando la vacuna debe ser un bien público común”.

El proyecto del FIT

El diputado Nicolás Del Caño aclaró este martes que el interbloque del Frente de Izquierda -que integra junto a Juan Carlos Giordano- no definió si dará quórum este jueves en la sesión convocada por la oposición para tratar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, aunque sugirió que podrían aportar presencia “si hay un número ajustado”.

“No hemos definido el tema particular del quórum”, señaló Del Caño, y agregó: “Si no depende de nosotros… Si hay un número ajustado, daremos nuestra postura cuando tengamos una resolución conjunta del Frente de Izquierda”.

Del Caño formuló estas declaraciones en diálogo con Diputados TV tras realizarse el hisopado en el Anexo de la Cámara baja, con lo cual dejó abierta la posibilidad de participar el jueves de la sesión en forma presencial.

De todos modos, expresó sus diferencias. “No estamos de acuerdo en que la agenda hoy sea la discusión de los beneficios para los sectores de las grandes empresas”, dijo, y entre otras cosas llamó a discutir el salario mínimo, “que está por debajo de los niveles de indigencia”.

“Este régimen de promoción (de los biocombustibles) fue un beneficio a las empresas vinculadas al agronegocio, y una de sus principales características es la fumigación con agrotóxicos y el avance de la frontera sojera. Lo que están buscando es que se mantenga un régimen que les da un montón de exenciones impositivas”, advirtió el legislador.

Del Caño añadió que “detrás de esto está el argumento de poder hacer una combinación de energías que vaya en contra de las energías tradicionales, y del otro lado están las petroleras”, por lo cual “es una disputa entre sectores capitalistas”.

El diputado del PTS insistió en que “no se puede seguir con esta lógica de que lo que prima es la ganancia o la rentabilidad empresaria”. “Vamos a rechazarlo, pero eso no significa que no rechacemos el lobby del otro lado”, repitió, al señalar que “en Vaca Muerta están llevando adelante el método del fracking, que tiene terribles consecuencias”.

Por eso, defendió la iniciativa de la izquierda: “Lo que planteamos en nuestro proyecto es una renacionalización de toda la industria de la energía, el gas, el petróleo, bajo gestión de los trabajadores, y que todo eso esté puesto en función de los intereses de las grandes mayorías populares terminando con los tarifazos, brindando servicios de calidad, y al mismo tiempo que sea amigable con el medioambiente”.

En el día en el que la Ciudad de Buenos Aires retomó la presencialidad de las clases, las legisladoras Alejandrina Barry (FIT) y Myriam Bregman (PTS) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual buscarán obtener información acerca del contexto en el que se autorizó el retorno a las aulas.

En ese sentido, las opositoras exigirán que el Gobierno porteño informe “si se ha realizado un relevamiento, en cuyo caso acompañe una copia del mismo, de todas las escuelas del sistema educativo de la Ciudad, a fin de verificar la viabilidad de la aplicación del protocolo sanitario previsto para el inicio de clases, en particular en lo referido a la ventilación de las aulas y al distanciamiento social” y la cantidad de establecimientos educativos que no cuentan con las condiciones de infraestructura necesarias para garantizar la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes.

Además buscarán conocer el importe de presupuesto ejecutado para obras de infraestructura que permitan readecuar y/o refaccionar los establecimientos educativos que no pudieren garantizar la aplicación de los protocolos; la cantidad de personal docente y no-docente que cumple tareas laborales en más de un “grupo burbuja” y/o establecimiento educativo; y si se prevé la contratación de mayor personal docente y no-docente a fin de evitar la acumulación de dos) o más “grupo burbuja”.

Sobre esa misma línea pidieron que se informe “como se garantizará el cumplimiento de todos los derechos laborales, en particular los referidos a la jornada laboral, de aquellos docentes que deben brindar clases presenciales y virtuales”; el presupuesto destinado a adquirir insumos sanitarios (termómetros, alcohol en gel, barbijos, máscaras faciales, guantes descartables y jabón líquido) y que cantidad se entregará por escuela; si los estudiantes que mantengan clases virtuales mantendrán su vacante; entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, las diputadas indicaron que el sindicato docente UTE realizó un informe, para el cual sondeó 611 colegios, para lograr un “mapa de riesgo” para conocer si estaban dadas las condiciones sanitarias para el regreso. “Las cifras son alarmantes: un 66 % de las aulas no cuentan con ventilación adecuada; un 25 % de las aulas solo cuentan con una ventana; un 70,9 % de los baños no cuentan con la cantidad de instalaciones sanitarias que determinan los protocolos del propio Gobierno de la Ciudad; solo 32,4 % de las aulas tienen bancos individuales que permiten el distanciamiento social preventivo y que se regula en los protocolos, mientras que un 62,1 % de las aulas tiene bancos dobles”.

“Este informe también detalla que el 68 % de los docentes de nivel medio trabaja en más de un establecimiento. Aun cuando la ministra Soledad Acuña minimizó la cantidad de docentes que se trasladan, no tomando hasta la fecha ninguna medida para solucionar este tema, muchos se movilizan cada día entre distintos establecimientos, llegando en algunos casos a 5 o hasta 6 establecimientos por docente”, aseveraron y concluyeron afirmando que “las consecuencias de estas políticas se ven con claridad y el primer día de vuelta a clases presenciales expuso todo lo que hace falta para un retorno seguro”.

El diputado nacional Nicolás Del Caño y la legisladora porteña Myriam Bregman, ambos del PTS-FIT, reclaman que el Congreso trate un proyecto para elevar el salario mínimo, vital y móvil a 50 mil pesos.

Además, los dirigentes reclaman que se otorgue un IFE de 40 mil pesos para todos aquellos que se quedaron sin ingresos durante la pandemia -y que el Gobierno no incluyó en el Presupuesto 2021-, así como “para terminar con el ‘impuesto a las Ganancias’ que afecta a trabajadoras y trabajadores asalariados y a jubilados y jubiladas”.

“Nosotros queremos debatir el impuesto a las Ganancias a trabajadores y jubilados. Es totalmente ilegítimo porque el salario directo, o diferido como en el caso de las jubilaciones, no es ganancia. Pero alertamos que con el proyecto del oficialismo seguirán pagando este impuesto cientos de miles de trabajadores y jubilados y muchos otros volverán a pagarlo en poco tiempo ya que la propuesta de Sergio Massa eleva el piso pero no contempla una actualización automática en función de la inflación”, señalaron.

Del Caño expresó que “estamos atravesando una profundización de la crisis social en Argentina, con millones de personas sufriendo la inflación, la caída del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. Tanto el Gobierno como la oposición patronal se niegan a que podamos debatir soluciones de fondo para que la población trabajadora no siga cayendo en la pobreza y la indigencia”.

“Por eso queremos que se traten nuestros proyectos que son una serie de medidas urgentes para paliar la difícil situación por la que atraviesa gran parte de la clase trabajadora: salario mínimo de 50 mil pesos para activos y jubilados como medida de emergencia, mientras continuamos la pelea para que cubra el costo de la canasta familiar; IFE de 40 mil pesos para los que se quedaron sin empleo y aumento de los diversos programas sociales, como los que asisten a las fábricas recuperadas. Lo mínimo necesario para poder vivir”, continuó.

El legislador además insistió con “nuestro planteo de que el salario no es ganancia y hay que abolir ese impuesto en lo que respecta a asalariados y jubilados. Ellos y ellas han puesto todo, pero hay otros que siguen ganando con o sin pandemia: más que nunca se refuerza nuestro planteo de que la crisis la paguen las patronales del agropower, las mineras, los bancos, los grandes empresarios y el FMI”.

Por su parte, Bregman recordó que “la inflación no es un fenómeno natural. Detrás de cada precio remarcado hay un grupo empresario con el lápiz en la mano. El Gobierno hace declaraciones, pero hasta autoriza las remarcaciones como ocurrió varias veces en las últimas semanas con los aumentos de los combustibles”.

“Hoy el salario mínimo acordado por el Gobierno y la CGT está en niveles de indigencia y la canasta de pobreza para una familia de cuatro integrantes ya superaba en diciembre los 50 mil pesos. Desde abajo, hay que imponerles a las centrales sindicales que abandonen la reposera y la subordinación a las políticas de ajuste y convoquen a un verdadero plan de lucha por las demandas de trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares para que la inflación, la desocupación, la precarización laboral y la pobreza no sigan golpeando a la clase trabajadora. Es urgente, no ven que el pueblo trabajador no aguanta otro ajuste”, enfatizó la diputada porteña.

El legislador porteño del Frente de Izquierda Gabriel Solano destacó la inscripción de más de siete mil personas para participar de la audiencia pública por la venta de tierras de la Costanera Norte, y consideró que demuestra “el rechazo que ha generado en la población la decisión del gobierno en privatizar el acceso al Río de la Plata”. 

“Más allá de que la audiencia no tiene un carácter vinculante, la inscripción masiva es un revés para el gobierno de Larreta, ya que el debate se extenderá más allá del mes de diciembre, impidiendo que la segunda lectura de la ley se apruebe durante el año 2020”, agregó el dirigente del trotskismo. 

Solano advirtió que la venta de las tierras donde hoy se encuentra Costa Salguero y Punta Carrasco representa un enorme negociado inmobiliario: “El plan del gobierno porteño es construir allí un barrio náutico, con torres que oscilarán entre los 18 y los 29 metros de altura. Se estima que el valor de las propiedades construidas será de 9.000 dólares el metro cuadrado, superando incluso las cotizaciones actuales que registra Puerto Madero”. 

Al respecto, manifestó que “el rechazo que este proyecto ha suscitado en amplios sectores se debe al impacto ambiental que traerá a la Ciudad de Buenos Aires. En momentos donde se agudizan las consecuencias del cambio climático creado por el calentamiento global, la construcción de torres que bloquen el acceso al río va en sentido contrario a lo que aconsejan todos los especialistas. Al impacto ambiental hay que sumarle el habitacional”. 

Y recordó que, bajo los gobiernos del Pro en la Ciudad se vendieron unas 150 hectáreas y se entregaron en concesión aproximadamente otras 100: “Esa tierra, que forma parte del reservorio de tierras públicas que tiene el distrito porteño, fue entregada al capital inmobiliario para la construcción de viviendas de lujo. Este proceso alimentó una especulación que valorizó artificialmente la tierra, incrementando el precio de la vivienda hasta un extremo que hoy la ha convertido en inaccesible para cualquier trabajador que vive o trabaja en la Ciudad. En la actualidad para acceder a un departamento de 60 metros cuadrados se requiere 27 años de salario”, manifestó. 

Finalmente, Solano sostuvo que “la privatización de la Costanera Norte agravará la crisis ambiental y habitacional de la Ciudad. La masiva inscripción en la audiencia debe ser el principio de una movilización popular para recuperar esas tierras y construir allí un amplio parque de acceso universal y gratuito”. 

Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Romina Del Plá y Nicolás Del Caño denunciaron en la sesión de este miércoles que el Presupuesto fue “pactado con el FMI” y anunciaron su rechazo al proyecto.

“El apuro del Gobierno por aprobar este Presupuesto responde a un requisito del FMI para continuar con la renegociación de la deuda externa. Este Presupuesto proyecta un ajuste en educación, salud, jubilaciones y salarios, y mayores impuestos a los trabajadores para la enarbolada reducción del déficit fiscal y mayor endeudamiento para financiarlo, ya que la emisión monetaria nos ha lleva al borde de la hiperinflación”, sostuvo Del Plá.

La legisladora del Partido Obrero consideró que “otra hipocresía de este Presupuesto es que es tiene perspectiva de género”, ya que “no se dispone una sola medida tendiente a aumentar específicamente los ingresos de la mujer trabajadora. Es una operación estadística y no un real gasto destinado a las necesidades urgentes de las mujeres”.

“El ajuste contra el pueblo está en marcha y se va a profundizar. Los jubilados perdieron entre el 6% y el 15% de sus ingresos reales. Se elimina desde fin de año el IFE. Pero los subsidios a las petroleras, eléctricas y transportistas se multiplican. A la promoción del biocombustible se destinan 16.904 millones, que después tendrán que pagar los trabajadores en los aumentos del combustible”, describió.

La diputada insistió en que “no es un Presupuesto para que Argentina crezca, ni para terminar con los problemas sociales, sino un Presupuesto de ajuste contra el pueblo trabajador que el Frente de Izquierda rechaza de plano sobre la base de defender un plan económico y social antagónico”.

Por su parte, Del Caño coincidió en que “es un Presupuesto de ajuste a la medida de la negociación y el acuerdo con el FMI”.

“Si comparamos el Presupuesto 2021 contra el de 2020, tenemos un ajuste del 9,5% en los gastos primarios”, denunció el representante del PTS, y mencionó que el área de salud “pierde el 10% del presupuesto en medio de la pandemia”, y a la vez “el gasto social sufre un tijeretazo enorme: 36% de recorte en la Tarjeta Alimentar y 7% en la Asignación Universal por Hijo, cuando la pobreza no para de crecer”.

Del Caño también criticó que se elimine el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para 9 millones de personas, y por otra parte advirtió sobre un “ajuste a jubilados” a partir de la suspensión de la movilidad y el pago por decreto.

El diputado nacional Nicolás Del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, aclaró este viernes que todavía no definió si aportará al quórum para debatir la reforma judicial que impulsa el Gobierno, aunque advirtió que el proyecto “no busca democratizar” el Poder Judicial.

En un comunicado conjunto con la legisladora porteña Myriam Bregman, Del Caño señaló: “Más allá de lo que hayan publicado algunos medios sobre el quórum, lo cierto es que aún no hemos definido nuestra postura al respecto ni conversado con los compañeros del Frente de Izquierda”.

“Está claro que la izquierda no va a acompañar este proyecto, y oportunamente resolveremos nuestra posición sobre el quórum”, informaron los legisladores.

Sostuvieron que “la postura de la izquierda siempre ha sido clara contra un Poder Judicial basado en jueces y fiscales vitalicios elegidos a través de componendas e intercambios entre los partidos mayoritarios, con lazos indivisibles con los nefastos servicios de Inteligencia”.

Tras advertir que “la reforma que impulsa el Gobierno no busca democratizar este poder”, señalaron también que “Juntos por el Cambio encontró en este proyecto una nueva coartada para aglutinar a su base electoral, pese a que este proyecto sigue sosteniendo a este sistema absolutamente antidemocrático, ahora con la creación de nuevos juzgados y la reorganización de algunos fueros”.

“Por otro lado -continuaron Del Caño y Bregman- siguen vigentes leyes que han servido para manejar causas en forma totalmente arbitraria, como la del arrepentido, y las llamadas ‘leyes antiterroristas’ que fueron impulsadas por el Departamento de Estado norteamericano para criminalizar a quienes luchan por sus derechos”.

El comunicado prosigue: “Rechazamos que sea una casta judicial vitalicia, con privilegios enormes, sueldos astronómicos y ningún control popular la que imparta justicia. Sostenemos que los jueces y fiscales deben ser elegidos y eventualmente revocados por el voto popular y sus sueldos no deben poder ser superiores a lo que percibe un director de escuela”.

Además, consideraron que “todos los juicios, incluyendo aquellos hacia funcionarios públicos por corrupción o no cumplimiento de sus deberes, deben ser realizados por jurados populares”.

Por último, denunciaron que Juntos por el Cambio “ha impuesto una suerte de veto al funcionamiento de la Cámara de Diputados, donde se niega a sesionar si no acuerda con los proyectos presentados”, y “el oficialismo ha aceptado este chantaje antidemocrático”.

“El funcionamiento del Congreso no puede estar restringido a componendas entre los bloques mayoritarios, que centralmente acuerdan votar leyes de entrega y contrarias a los intereses populares y no aquellos proyectos imprescindibles para que la crisis no sea pagada por el pueblo trabajador”, concluyeron los referentes del FIT.

En el marco del “compre neuquino” anunciado por el gobernador y el intendente de Neuquén para la obra pública, el Frente de izquierda pidió que se incluya a las empresas recuperadas. Con este objetivo, presentaron en la Legislatura y en el Concejo Deliberante un proyecto de “compra social” que plantea una serie de beneficios especiales. En los fundamentos, explican que los trabajadores que gestionan sus fábricas, no cuentan con las mismas condiciones que las empresas beneficiadas por subsidios y beneficios estatales. 

Uno de los puntos propuestos es la obligación de incluir a las empresas recuperadas en las contrataciones directas. Otro, es que las licitaciones públicas tienen que incluir en por lo menos un 30% del total de la compra a estas empresas. En este punto, aclara que el precio tiene que ser igual o no superar en más de un 50%, el precio de otros oferentes privados. También, plantea que previo a la publicación en el boletín oficial, se deberá comunicar a la empresa recuperada en forma directa. 

“Las empresas recuperadas se encuentran con numerosos obstáculos para generar el capital necesario para reparar y actualizar la tecnología. Para comprar insumos y materias primas en las cantidades necesarias para bajar los costos. Y en su gran mayoría no podemos acceder a créditos”, explicó el diputado ceramista, Andrés Blanco. 

A pesar de esto, “el precio al que venden las empresas recuperadas incluye sólo el costo de producirlos. Mientras que cuando el Estado le compra a un productor privado también paga las ganancias del empresario o grupo de accionistas”, aseguró. 

En este sentido, explicó que la crisis sanitaria y económica profundizó la situación crítica que atraviesan las gestiones obreras. Por eso, reclaman el “apoyo del Estado provincial y municipal para renovar la maquinaria y poder transformarnos en proveedores de los planes de obra pública”. 

Por su parte la concejala Natalia Hormazabal alertó que “Omar Gutiérrez y Mariano Gaido anunciaron la reactivación de la obra pública y el compromiso del compre neuquino. Pero no mencionaron a las cooperativas gestionadas por sus trabajadores”. Además, aseguró que “las fábricas ceramistas producen los ladrillos, pisos y revestimientos necesarios para la construcción de viviendas, escuelas y hospitales”. Y concluyó resaltando la necesidad de “dictar una norma especial para que desde el Estado se promueva la compra social”. 

Con la presencia de familiares y víctimas de casos de violencia policial y gatillo fácil de diversos puntos del país junto a organismos de Derechos Humanos, se realizó una audiencia pública virtual convocada por Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, del PTS-Frente de Izquierda.

Durante la audiencia se escuchó el reclamo por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, desparecido hace más de 70 días. Su abogado, Leandro Aparicio, participó del encuentro e insistió en que el joven “está desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

“La Policía está metiendo pistas falsas y el fiscal está operando en contra. Vemos que hay una maniobra de encubrimiento institucional de la que tenemos muchos elementos, que le vamos a aportar a (Sergio) Berni. Queremos pedir que releve a los que están a cargo de la investigación, nos falta muy poco para pedir las detenciones de varios policías”, informó Aparicio.

Desde Tucumán, la hermana del tucumano asesinado Luis Espinoza reclamó “que no tengan privilegios ni beneficios ninguno de esos policías que le han quitado la vida a mi hermano, dejando seis criaturas sin padre y una familia destrozada. El Estado es responsable de lo que le pasó a mi hermano y vamos a exigir justicia”.

También Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, planteó a los familiares presentes: “Son días de mucha angustia por la desaparición de Facundo y por todos los casos de gatillo fácil, pero no están solos, los vamos a acompañar en este pedido de justicia”.

“Les decimos a las madres, a los padres y las familias de estos pibes que vamos a seguir luchando, que tenemos que decir ‘basta’ de matar pibes, que no hay excusa para matar a los jóvenes como lo están haciendo”, afirmó Cortiñas.

También se sumaron familiares de una familia qom “atacada y torturada por policías en Chaco”, que denunciaron que los agentes implicados fueron liberados y relataron los trastornos psicológicos que padecen las niñas que fueron víctimas.

Asimismo, participaron familiares de Ariel Valerian, “asesinado a golpes por la Policía en Jujuy” en un control de tránsito. Los casos de la provincia de Buenos Aires también estuvieron presentes en la denuncia con los familiares de Lucas Verón, Alan Maidana y Brandon Romero, todos jóvenes “asesinados por la Policía”.

Además de Del Caño y Bregman, estuvieron la diputada nacional Romina Del Plá, la legisladora porteña Alejandrina Barry, el diputado provincial Claudio Dellecarbonara, María del Carmen Verdú (CORREPI) y representantes de la APDH, la Asociación ExDetenidos Desaparecidos y el SERPAJ, entre otros.

La Asamblea de Mujeres y Disidencias de la izquierda realizó este miércoles un acto en Plaza de Mayo, con la participación de la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero), con motivo de conmemorarse el quinto aniversario de Ni Una Menos.

La concentración fue convocada por las redes sociales y las manifestantes aseguraron haberse movilizado “con todas las medidas de seguridad e higiene”.

Del Plá expresó su “enorme preocupación frente a las declaraciones del presidente respecto a que el aborto legal no está en su agenda porque, lejos de pasar a segundo plano en la pandemia, las urgencias de las mujeres se tornan aún más graves”.

“Lo vemos en los hospitales, donde el lobby clerical no permite a las niñas, adolescentes y mujeres acceder a sus derechos; en la crisis de violencia de género y femicidios en el contexto de encierro; y en el aumento de despidos, suspensiones y recortes salariales, que a las mujeres precarizadas las golpea en primer lugar”, sostuvo la legisladora.

Durante el acto se leyó un extenso documento que tuvo como ejes la violencia de género, los femicidios y travesticidios; el aborto legal, seguro y gratuito y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI); el no pago a la deuda externa y la ruptura con el FMI; los derechos laborales de mujeres, lesbianas y trans; y las redes de trata de personas.

“En este 3 de junio, tras cinco años de ganar las calles masivamente al grito de Ni Una Menos, desde esta Asamblea de Mujeres y Disidencias continuamos reivindicando que las vidas de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binares y de todes les trabajadores y trabajadoras valen, por eso seguimos organizadas y en las calles diciendo que Vivas nos queremos, Ni Una Menos, el Estado y los gobiernos son responsables”, señala el documento.

El texto contó con la adhesión de numerosas organizaciones políticas, gremiales, de Derechos Humanos, estudiantiles y culturales, además de movimientos piqueteros.

A pesar del aislamiento social obligatorio, el Frente de Izquierda (FIT) y el dirigente del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, se movilizaron hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Ciudad de Buenos Aires, a metros del Obelisco, para repudiar el asesinato de George Floyd y solidarizarse con la “lucha” del pueblo norteamericano. Al mismo tiempo que volvieron a pedir la ruptura con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese sentido, Solano consideró que “el crimen de Floyd es un detonante de una revuelta porque tiene como trasfondo el cuadro de miseria que aqueja al pueblo norteamericano y especialmente a la población negra, que sufre décadas de violencia y crímenes de odio” y denunció “la desaparición y asesinato de Luis Espinoza a manos de la policía en Tucumán y la represión en Chaco contra el pueblo qom por parte del gobierno de Jorge Capitanich. El FIT lucha contra todo atropello del Estado contra las masas”.

Sobre esa misma línea, el trotskista remarcó que “el silencio cómplice frente al crimen de Floyd y la brutal represión desatada por Trump del Gobierno argentino se explica por su sometimiento a los acuerdos con el FMI y los bonistas”.

“El mensaje del Frente de Izquierda es claro y es opuesto: tenemos que aprovechar la rebelión del pueblo de los Estados Unidos, en el corazón del imperialismo, con alcance internacional, para rebelarnos nosotros también contra el sometimiento nacional al FMI y la deuda usuraria. No queremos ningún acuerdo con BlackRock, no queremos que Guzmán le pague nada al FMI, no queremos ningún acuerdo colonial”, sentenció.

Mientras el Frente de Todos elabora, con el diputado Carlos Heller a la cabeza, un proyecto para generar un impuesto sobre las grandes fortunas que ayude a paliar la crisis desatada con la pandemia, los representantes del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina Del Plá presentaron su propia iniciativa para gravar los patrimonios más altos.

El proyecto de la izquierda pretende crear en total cinco nuevos impuestos, comenzando por uno “progresivo y extraordinario” a los grandes patrimonios, aplicable a las personas humanas y sucesiones indivisas cuyo patrimonio total supere los 100 millones de pesos.

En segundo lugar, los diputados proponen crear un impuesto del 20% a las ganancias bancarias, aplicable por única vez a los beneficios de las entidades financieras y bancarias del sector privado.

Otro de los tributos extraordinarios apunta a las altas rentas, y sería aplicable por única vez a los beneficios empresariales y rentas de capital que superen los 65 millones de pesos.

Asimismo, se plantea un gravamen especial del 5% a “la gran propiedad de la tierra”, sobre todas las personas humanas y jurídicas o sucesiones indivisas que sean propietarias de superficies de tierra que en total superen las 5.000 hectáreas o cuyo valor catastral total sea superior a 600 millones de pesos.

Por último, el FIT propone crear un impuesto a las viviendas ociosas, aplicable por única vez sobre los bienes inmuebles que no hayan sido habitados en los últimos 12 meses y superen el valor patrimonial de 30 millones de pesos.

“Como venimos diciendo desde que se desató esta emergencia, ante una situación extraordinaria corresponden medidas extraordinarias como las que plantea este proyecto, para evitar una escalada mayor en la catástrofe social y económica que recaerá con mayor fuerza sobre los más vulnerables”, consideró Del Caño, del PTS.

Al referirse al proyecto, indicó que se recaudarían “entre 15 y 20 mil millones de dólares” que se destinarían a un “fondo especial de emergencia” para combatir el avance del Covid-19.

Del Caño especificó que ese dinero podría ser utilizado, en primer lugar, para “importación de material sanitario, equipamientos médicos y hospitalarios, junto con la contratación necesaria de más personal para el sistema de salud”.

“En segundo lugar, el fondo garantizaría un salario de cuarentena de 30.000 pesos para todos aquellos trabajadores que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores. Y por último, el fondo se destinaría también a la primera etapa de un plan anual de construcción de 100.000 viviendas populares en un año con el fin de reducir los niveles de exposición a la transmisión del Covid-19 y otras enfermedades por parte las miles de familias trabajadoras que viven en condiciones de hacinamiento o déficit habitacional”, explicó.

Por su parte, Del Plá afirmó: “Nuestro proyecto apunta a defender realmente a la mayoría de la población afectada por suspensiones, rebajas salariales y despidos masivos. Hay 12 millones de personas sin ingresos o con ingresos de indigencia, de las cuales 8 millones recibirán sólo 10.000 pesos como paliativo que abarca los meses de marzo, abril y mayo”.

“Las 20 personas con mayores patrimonios del país concentraron el 13% del PBI. En el caso de los bancos, tuvieron ganancias récord en los últimos diez años. Las empresas mineras, petroleras y los laboratorios acumularon ganancias enormes. Las empresas energéticas fueron favorecidas por aumentos de tarifas de hasta 2.000%. Sumado a esto, hay un puñado de propietarios de tierras enormes con rendimientos agropecuarios importantes”, denunció Del Plá.

Para la diputada del Partido Obrero, “todo esto demuestra que los recursos están, pero concentrados en una minoría de empresas y propietarios. La crisis sanitaria impone afectar a estos sectores”.

Nicolás Del Caño, diputado nacional por el PTS-Frente de Izquierda, rechazó este martes que el Congreso permanezca sin sesionar en el contexto de la pandemia por el coronavirus y sentenció: “No vamos a naturalizar que el Gobierno haya decidido gobernar por DNU”.

“Tenemos proyectos, propuestas, debates para dar de cara a toda la sociedad ante la crítica situación que se vive en nuestro país con el coronavirus y la cuarentena. No se explica por qué el Congreso permanece cerrado, cuando no sólo en el mundo funciona sino también en nuestro país, como se demuestra con la sesión que se realizó en la Legislatura porteña o en la de Mendoza, que ya sesionó”, ejemplificó Del Caño.

En un comunicado, el legislador recordó que desde el FIT se presentaron proyectos de emergencia planteando la centralización de todo el sistema de salud junto a la nacionalización de la salud privada, los laboratorios y la industria farmacéutica, “porque no se puede seguir especulando con la vida y la salud de la población”.

“También presentamos proyectos de protección a las y los trabajadores: prohibición de despidos y suspensiones, salario mínimo de cuarentena de 30 mil pesos para todos aquellos que no tengan licencias pagas, y la condonación del pago del monotributo. Y tenemos propuestas sobre de dónde deben salir los fondos para sostener estas medidas: desde el inicio planteamos un impuesto extraordinario a los banqueros y grandes grupos empresarios, a quienes se les siguen garantizando sus negocios incluso a costa de exponer a la población”, explicó.

Además, Del Caño planteó que “las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena en los sectores más vulnerables se van profundizando con el correr de los días. Diariamente recibimos noticias y denuncias de cómo las patronales aprovechan para despedir, suspender y rebajar sueldos: las empresas hacen lo que quieren. También de los brutales aumentos de precios en los alimentos de primera necesidad”.

Por último, insistió en que “ante una situación de extraordinaria se imponen soluciones extraordinarias, y la prioridad debe ser la protección de los más vulnerables”.