Desde la bancada opositora dialogaron con los padres de la joven acerca del proceso judicial que se está llevando adelante desde el pasado 8 de febrero, cuando fue hallada sin vida a pocos kilómetros de la ciudad en la que vivía. Su femicida se encuentra imputado por su asesinato.
En el marco del sexto aniversario del “Ni Una Menos”, los legisladores del Frente de Todos (FdT) se reunieron este viernes en la Legislatura porteña con los padres de Úrsula Bahillo, víctima de femicidio, para conversar sobre el proceso judicial que se está llevando adelante y se comprometieron a seguir trabajando para evitar que ocurran más asesinatos de mujeres.
En la reunión participó el jefe del bloque FdT, Claudio Ferreño; y las diputadas Cecilia Segura, Lucía Cámpora, Maria Bielli y Ofelia Fernández.
Tras el encuentro, Ferreño explicó que el caso de Úrsula fue “un caso demostró la necesidad de una reforma judicial para que se comience a actuar con perspectiva de género” y recordó que “Úrsula Bahillo pidió ayuda, había denunciado varias veces a su agresor por amenazas y violencia de género. Su victimario tenía una medida de restricción perimetral que le prohibía acercarse a ella, la cual violó días antes del crimen”.
“En los últimos años se profundizó en Argentina la conciencia social sobre la violencia de género pero las cifras de muertes se mantienen estables. Van 94 casos en 2021”, detalló y concluyó señalando que “debemos seguir trabajando diariamente para que no nos falte una mujer víctima de femicidio cada 31 horas en nuestro país”.
Cabe recordar que Úrsula tenía 18 años, vivía en Rojas y fue asesinada por su ex pareja, un policía de la Bonaerense que tenía denuncias por violencia de género y una restricción perimetral. Ella lo había alertado y había pedido ayuda, pero el sistema patriarcal no la escuchó.
Bahillo fue hallada el lunes 8 de febrero de 2021 cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Matías Martínez, su ex pareja, quien se había provocado lesiones con el arma homicida.
Por el asesinato a puñaladas fue imputado y está detenido Martínez, sobre quien Úrsula y su familia ya había radicado 18 denuncias por amenazas y actos de violencia física sufridos previamente, y también de otras dos ex parejas, una de ellas por la violación de su sobrina discapacitada. Martínez tenía que estar preso por incumplir las medidas de restricción ordenadas y porque las pericias comprobaron que había abusado de una niña; pero dos jueces se negaron a ordenar la detención.
El observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló que en Argentina entre marzo 2020 y marzo 2021, hubo un femicidio cada 30 horas y que el 5% de los agresores eran integrantes de alguna fuerza de seguridad. El 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas y muchas de las víctimas tenían denuncias previas y medidas judiciales en curso.
A partir del caso de Úrsula, que tuvo repercusión nacional e internacional, el movimiento de mujeres y organizaciones políticas y sociales levantan actualmente la bandera por una reforma judicial feminista, para que en nuestro país los funcionarios y funcionarias de la Seguridad y la Justicia tengan perspectiva de género en el cuidado, seguimiento y los fallos judiciales.
El líder de la bancada oficialista apuntó contra la oposición y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Llamó “senador americano” al radical Luis Naidenoff.
El jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, cerró el informe de gestión del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con un discurso que tuvo un eje marcado en el cuestionamiento a la oposición y recordar la gestión de Mauricio Macri.
En sus propias palabras, Mayans señaló: “Acá se confrontan dos modelos que cuando escuchas al senador propinante (Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio) es un senador americano que recién llega y no tuvo nada que ver con lo que pasó acá en Argentina, que no tuvo ninguna responsabilidad”.
“Si todas las reflexiones que hacen ahora se las hubiesen dicho a Macri, los argentinos no estaríamos como estamos: no nos hubiesen fundidos”, remató.
Y continuó: “Nos dejaron en la ruina y no tienen autocrítica”, en referencia a la actitud de la oposición y sus críticas al Gobierno nacional.
“El mensaje de la oposición le dice a usted señor ministro es que hace 18 meses que están el Gobierno y todavía no arregló el desastre que les dejó Cambiemos”, señaló Mayans, quien fiel a su estilo ironizó: “Somos buenos, pero no para tanto para arreglar semejante despelote”, lo que generó una sonrisa a Cafiero.
Al marcar las diferencias con Juntos por el Cambio, sostuvo que “el camino nuestro -del Frente de Todos- es la justicia social, la comunidad organizada, el empleo y el trabajar por la felicidad de los argentinos”.
Durante el cierre de su alocución, Mayans sentenció: “Hoy nos sirvió para conocer la oposición que tenemos, murieron 80 mil personas y ello siguen igual: en campaña”.
Contra Larreta
Sin rodeos, el senador formoseño fustigó: “El peor índice de la relación de muerte cada cien mil habitantes es en la Capital Federal donde está la mayor estructura sanitaria y del país”.
“Entonces, la del jefe de Gobierno porteño -Horacio Rodríguez Larrea-, es la peor administración de la pandemia”, manifestó.
Otro cruce entre el oficialismo y la oposición por la adquisición de vacunas. Conocé el nuevo enfrentamiento.
Diferentes diputados del Frente de Todos (FdT) salieron este miércoles al cruce de la denuncia de Juntos por el Cambio respecto a que la Argentina se había negado a recibir vacunas del Fondo Covax y la tildaron de “falsa”.
“Desinformada o malintencionada, como sea, la diputada Claudia Najul faltó a la verdad, sería interesante que se retracte y reflexione el daño que causa su irresponsabilidad”, señaló la diputada Marisa Uceda.
En la misma tónica, el diputado Hugo Yasky marcó que “quedó demostrado que hay dirigentes de la oposición que prefieren ser lobbistas de Pfizer antes que representantes del pueblo. La aclaración del director de Covax para América Latina, Santiago Cornejo, los dejó en ridículo”, remató.
Por su parte, el legislador Itaí Hagman advirtió que “no importa cuantas fake news monte la oposición sobre el plan de vacunación, la única realidad es la que cada familia vive cuando vacunan sus abuelos, a sus padres, hermanos y hermanas”.
Por otra parte, algunas legisladoras mostraron su apoyo a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, como fue el caso de Paula Penacca quien señaló que “la ministra fue muy clara: ‘Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer y Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina’”.
En la misma línea, la diputada bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez manifestó: “Clarísima la ministra Carla Vizzotti. Además, anunció que la vacuna Sputnik VIDA ¡ya se empieza a producir en Argentina! Que no nos corran el eje: seguimos vacunando”.
También lo hizo Daniela Vilar, al señalar que la ministra de Salud “desmintió operaciones otra vez” mientras que la diputada Mónica Macha remarcó que “el camino es la vacunación y para eso trabajamos en conseguir todas las vacunas. También la Pfizer con quienes se sigue negociando de forma legítima y transparente. La verdad está de nuestro lado: 10 millones de dosis aplicadas”.
La falta de acuerdos para llevar al recinto la reforma del Ministerio Público Fiscal frustró la primera sesión de junio. La Cámara baja volverá a la actividad en las bancas el próximo miércoles 9. Zonas Frías y Emergencia Covid-19 se suman a temas pendientes a tratar en las comisiones.
La agenda de la Cámara de Diputados está signada por la falta de acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en iniciativas sensibles para el oficialismo como la reforma del Ministerio Público Fiscal, que es rechazada por la oposición y también por la mayoría de los aliados del FdT.
Esta situación logró frenar las aspiraciones del oficialismo y por ende congeló las posibilidades que se realice una sesión esta semana, aunque hay algunos temas que cuentan con dictamen favorable y cuentan con las voluntades necesarias para ser aprobados como es el caso de la ley de Biocombustibles.
En ese marco, fuentes del bloque Frente para Todos, que conduce el diputado Máximo Kirchner, confirmaron a Parlamentario.com que “no habrá sesión esta semana” y que se espera para esta semana el posible tratamiento del proyecto de ley de Zonas Frías, que establece subsidiar el gas en esas regiones con la ampliación del Fondo Patagónico y, así, rebajarles entre 30% y 50% las tarifas de gas a 3 millones de personas de una serie de departamentos y distritos que enfrentan temperaturas bajo cero en el invierno.
La demora para el inicio del tratamiento del proyecto de ley, que tiene asignada las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda, es la falta de un informe que debe enviar Enargas al Parlamento.
Otro de los temas que se esperaba tenga tratamiento de comisión esta semana para ya dictaminar y llevarlo al recinto este mismo miércoles para convertir en ley era la iniciativa para regular la aplicación de medidas sanitarias según criterios epidemiológicos, pero el trámite express imaginado inicialmente no será posible por la falta de consenso.
Aunque todavía existe la posibilidad de que se convoque a reunión de plenario comisión de Asuntos Constitucionales y de Salud, desde el oficialismo plantean que quizás sea uno de los temas para la sesión del próximo miércoles 9, pero también está condicionado a la voluntad de los aliados porque la oposición rechaza esta iniciativa tal como ocurrió en el Senado.
En la última sesión de Diputados quedó pendiente el denominado Consenso Fiscal que es un tema muy importante para los gobernadores, pero no se trató porque la reunión se extendió hasta la madrugada.
La reunión en la agenda
Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle.
José Mayans, Nora Giménez y Silvia Sapag mantuvieron un encuentro virtual con representantes de los empresarios de expendio de nafta y gasoil. Preocupa la crisis del sector profundizada por la pandemia de coronavirus.
En un segundo encuentro, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta José Mayans junto a las senadoras Nora Giménez y Silvia Sapag se comprometieron a “apoyar las gestiones para contener y asistir a este importante sector de la economía nacional”, según un comunicado.
Además, acordaron realizaron “nuevos encuentros para avanzar en acercar respuestas a la actividad”.
Durante el encuentro por Zoom, dirigentes de distintas provincias los empresarios explicaron que “como consecuencia de la pandemia y de las restricciones que se impusieron, las ventas cayeron más de un 30% y hoy el 58% de las estaciones de servicio de combustibles líquidos y el 65% de las que comercializan GNC se encuentran operando por debajo del punto de equilibrio, en muchos casos al borde del quebranto”.
Frente a esa situación plantearon algunos aspectos que requieren una respuesta urgente por parte del Estado, como por ejemplo, “facilitarles el acceso al REPRO 2, una asistencia oficial que les permitiría cumplir con el pago de los salarios de sus trabajadores”.
También solicitaron “establecer un periodo de gracia para el pago de los créditos FOGAR, que los ayudaron a transitar los meses más complejos de la primera ola de la pandemia; y rehabilitar la moratoria de AFIP que estuvo vigente el año pasado”.
Además, se trató la posibilidad de trabajar a largo plazo en una norma que permita “mejorar el funcionamiento de la actividad, potenciando su cadena de valor”.
Por las estaciones de servicio participaron los empresarios Alejandro Di Palma, Marisa Centerano, Julio Cademian, Mauro Lapacó, Juan Manuel Prigido y Raúl Panera.
La segunda ola de contagios de coronavirus deja al límite de la saturación al sistema sanitario con cientos de muertos por día y una alta ocupación de camas en terapia intensiva, por lo que una legisladora nacional decidió volver a su profesión e incorporarse al Hospital de San Antonio Oeste, en Río Negro.
Ayelén Spósito, médica de profesión, gozaba de licencia laboral para ocupar la banca en la Cámara de Diputados de la Nación por la cual había sido electa, pero en un marco de emergencia sanitaria volvió a colocarse el ambo y se integró al plantel de profesionales del Hospital Aníbal Serra de la localidad de San Antonio Oeste.
“Ante la situación epidemiológica preocupante que estamos atravesando, me incorporé como refuerzo al trabajo que mis compañeros y compañeras vienen realizando desde el año pasado con el compromiso de siempre”, precisó la legisladora del Frente de Todos (FdT), desde su cuenta de Twitter, donde aclaró que continúa siendo diputada nacional.
Spósito, de 35 años, destacó que “ante el avance de la segunda ola, es una labor cada vez más comprometida” la del personal de salud “con guardias agotadoras” al mismo tiempo que agregó: “El panorama más temido llegó a nuestro Hospital”.
“Se nota en todos los sentidos, es notable la falta de camas y las internaciones de personas menores a 50 años, sin patologías previas que requieren internación”, agregó.
Sobre la situación sanitaria, consideró: “El hospital zonal hoy se encuentra colapsado y es muy difícil encontrar camas disponibles para realizar derivaciones”.
La diputada del FdT tomó esta decisión en respuesta al llamado urgente que realizó la institución en Facebook, por lo que Spósito pidió tener “empatía” para que “se corte con la cadena de contagios”.
En ese pedido, el nosocomio rionegrino advirtió que “no hay más disponibilidad de camas para contagiados con Covid-19 y pacientes con otras patologías”.
“Usa barbijo, cumplí con el distanciamiento social de dos metros, no realices reuniones si no son indispensables, lava tus manos constantemente o usa alcohol en gel y ventila los ambientes. Por eso te recordamos que siempre vas a contar con nosotros y nosotras, pero necesitamos de tu ayuda, porque la salida de esta situación es colectiva”, exhortó.
Luego, aclaró: “No he presentado pedido de licencia a la Camara de Diputados y que no necesito hacerlo para ejercer como médica ya que soy personal de salud”.
Sin espíritu de sesión para la próxima semana, en la agenda de la Cámara baja aparece como clave el tratamiento en comisión del proyecto del Ejecutivo de Emergencia Covid-19 que tiene media sanción del Senado, pero el FdT ya no tiene apuro.
“No tienen los votos”, le dijo uno de los líderes de la oposición mientras uno de los referentes del Frente de Todos trataba de elaborar un discurso para plantear que la próxima semana no habría sesión en la Cámara de Diputados, a pesar de que hay dos temas que son fundamentales para el oficialismo, pero todavía no decidió avanzar y llevarlos a recinto, mientras negocia hasta último minuto los votos necesarios para su aprobación.
Los proyectos de ley que están provocando un dolor de cabeza a la bancada oficialista que lidera Máximo Kirchner son la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal y la iniciativa que establece un marco normativo para aplicar restricciones según el cuadro epidemiológico de los distritos en el marco de la pandemia de coronavirus.
Ambas iniciativas tienen media sanción del Senado, donde el oficialismo tiene garantizado siempre los votos necesarios para aprobar proyectos que no cuentan con el aval de la oposición.
Sin embargo, en la Cámara de Diputados el panorama es diferente para el oficialismo, que debe negociar el apoyo de varios bloques opositores y otros aliados que en temas complejos e importantes para la Rosada han demostrado cierta independencia.
En ese marco, el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal tiene dictamen de mayoría y está listo para ir al recinto, pero el oficialismo no cuenta con los votos necesarios, por lo que deberá esperar.
La ley de Emergencia Covid-19 obtuvo el aval del Senado la semana pasada, y lo que parecía un trámite acelerado se frenó en la Cámara baja donde recién este miércoles -tras los feriados- le dieron giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales (Cabecera) y Salud y será tratado la próxima semana.
“No hay fecha”, fue la frase elegida por los encargados del FdT de convocar al plenario de las comisiones que lograron con facilidad emitir dictamen de mayoría al proyecto del oficialismo, pero les faltaría algunos votos en el recinto para ser votado en una hipotética sesión de la próxima semana.
La comparación entre ambos proyectos marca que la situación es diferente, porque mientras el de MPF genera un gran rechazo en la oposición, el de Emergencia Covid-19 también provoca cruces, pero ahí JxC no señala con el dedo a quienes dan su apoyo, cosa que sí hace como estrategia respecto del Ministerio Público.
Así las cosas, todavía no se ha definido si habrá sesión en Diputados en la primera semana de junio aunque fuentes parlamentarias adelantaron que “podría haber sesión con los temas que quedaron de la sesión pasada: Consenso Fiscal y otros”, pero distintas versiones afirman que “no habrá” sesión, aunque todo puede pasar en momentos críticos signados por la segunda ola de contagios de coronavirus.
El oficialismo más inflexible persiste en marcarle límites al ministro de Economía, que estaría pensando en un futuro político.
En momentos en que el Gobierno trata de encarrilar una difícil negociación doble con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, las disputas internas dentro del gabinete siguen generando incertidumbre y desconfianza de los hombres de negocios en el país, especialmente por el objetivo del oficialismo duro de “seguir marcándole los límites” al ministro de Economía, Martín Guzmán.
Esta última semana hubo un hecho contundente que deja al descubierto esa estrategia del oficialismo más inflexible, con la declaración que emitió un importante grupo de dirigentes políticos, sindicalistas, legisladores y hasta periodistas, ligados justamente a los duros del Frente de Todos, para expresar claramente cuáles eran los “límites” en la negociación con el FMI y el Club de París.
“Fue un tiro por elevación hacia Guzmán. El sector duro no hay caso, no lo quiere y lo van a seguir muy de cerca en todos los pasos que del ministro”, admitió un funcionario del gabinete económico.
Está claro que desde el comienzo de año ese núcleo del oficialismo viene avanzando sobre el ministro, lo que provocó más de un amague de renuncia del titular de la cartera económica.
Primero fue cuando en marzo el ministro se encontraba en Washington negociando con el FMI y en Buenos Aires la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtiendo que no se podía pagar.
Luego el episodio con renuncia frustrada de Federico Basualdo, subsecretario de Energía, quien se opuso al esquema de actualización tarifaria elaborado por Economía.
Posteriormente fue la declaración de la bancada oficialista en el Senado para que la ampliación de la cuota parte de la Argentina en el FMI, medida en DEG y equivalente a 4.300 millones de dólares, se utilice para atender la situación de la pandemia y no para pagar la deuda.
Y finalmente, en este semana, la declaración de los representantes duros sobre los límites en la negociación de la deuda.
En el propio equipo económico admiten que “pensamos que las aguas se habían calmado, pero esa última declaración realmente nos sorprendió y no contribuye en nada a la hora de terminar de negociar buenos acuerdos para el país”.
Desde el otro lado del oficialismo aseguran que Guzmán está tentado de largarse a la carrera política, aprovechando su buena imagen en la opinión pública, sin respetar la trayectoria “militante” de varios dirigentes que se consideran también en la línea de largada.
Este avance sobre el ministro no ha caído muy bien entre los hombres de negocios, quienes a la vez advirtieron sobre las consecuencias de algunas de las últimas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) ha expresado su rechazo a la medida por considerar que la misma en vez de generar más puestos de trabajo, implica una fuerte traba para contratar personal.
“Estamos en una situación muy complicada, el empleo es cada vez más escaso, la inversión está muy baja, y encima con estas medidas de prohibición o de restricciones se agrava el problema de la generación de puestos de trabajo en el país”, enfatizó uno de los principales dirigentes de la cúpula de la UIA.
Los hombres de negocios también cuestionaron al Gobierno en los últimos días en cuanto a su “pasividad” frente a la avanzada de algunos gremios contra empresas, especialmente Camioneros.
Tanto en la UIA como en CAME se viene cuestionando en los últimos días los reiterados bloqueos que realiza ese sindicato hacia distintas empresas y sin una respuesta firme por parte del Poder Ejecutivo “para poner un límite a esa avanzada”.
Los legisladores de esa bancada presentaron un proyecto de declaración en el que buscarán expresar su rechazo a esa decisión del Gobierno de la Ciudad y exigieron que se revise la misma.
Luego de que se conociera que se demoraría la entrega de la Canasta Escolar Nutritiva (CEN), los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su rechazo a esa decisión del Gobierno de la Ciudad y pidieron que se revise “en forma urgente esta medida atento al complejo contexto que estamos atravesando”.
La demora en cuestión se registró en la octava entrega del presente período lectivo, la cual debía realizarse los días 26, 27 y 28 de mayo en los distintos establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “la Canasta Nutritiva es la herramienta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utiliza para garantizar a los alumnos y alumnas de los establecimientos educativos de la ciudad una alimentación básica mientras los comedores escolares se encuentran cerrados debido a los protocolos definidos ante la propagación del Covid-19 en nuestro país”.
Asimismo denunciaron “sus deficiencias y la falta de universalidad en las entregas de las mismas, en la actualidad se constituyen como un recurso fundamental para las familias de los estudiantes ante la difícil situación económica y social que atraviesan por la pandemia que ya lleva más de un año azotando nuestro país y especialmente la Ciudad de Buenos Aires” y advirtieron que “es responsabilidad del GCBA garantizar el acceso a la alimentación de los y las estudiantes de las escuelas de gestión pública o privada con cuota cero que soliciten la asistencia extraordinaria a través de sus establecimientos”.
Sobre esa misma línea desde el FdT indicaron que “debido a las diferentes restricciones definidas en el marco de la pandemia, el poder ejecutivo propone postergar la entrega de las citadas canastas alimentarias desconociendo el grado de vulnerabilidad en el cual las familias se encuentran como consecuencia de las mismas” y precisaron que “esta medida no fue tomada ni siquiera en los momentos de restricción total propuestos por el GCBA durante el comienzo de la pandemia en el año 2020”.
“Es fundamental que el GCBA refuerce todas las medidas tendientes a garantizar los derechos básicos de la población de la ciudad definiendo estrategias y aportando herramientas dinámicas y flexibles que acompañen las propuestas. La citada postergación contradice este camino”, sentenciaron.
El texto lleva la firma de Claudio Morresi, María Bielli, Ofelia Fernández y Lorena Pokoik (FdT).
Legisladores del oficialismo y la oposición presentaron en conjunto un proyecto de declaración sobre el ataque contra una sede partidaria en Bahía Blanca.
Diputados nacionales del oficialismo y la oposición presentaron un proyecto de declaración para repudiar el atentado sufrido en el local partidario de La Cámpora y el Frente de Todos en la ciudad de Bahía Blanca, ocurrido en la madrugada del 25 de mayo.
La iniciativa, encabezada por la vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, fue firmada también por Máximo Kirchner, presidente de esa bancada; Cristian Ritondo, titular del bloque Pro; Eduardo “Bali” Bucca, jefe del Interbloque Federal; y José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.
También adhirieron Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Felipe Álvarez (Acción Federal).
En el proyecto se sostiene que esta embestida implica “un ataque a la convivencia democrática” y marca “una escalada en la violencia política que viene fomentada por los discursos de odio que circulan cada vez con mayor fuerza”.
Además, convoca a la reflexión a todos los partidos políticos, porque “la democracia es un valor que se debe defender por sobre cualquier pertenencia partidaria”.
Entre los firmantes figuran los oficialistas Cristina Álvarez Rodríguez, José Luis Gioja, Pablo Ansaloni, Juan Carlos Alderete, Alicia Aparicio, Claudia Bernazza, Rosana Bertone, Esteban Bogdanich, Mara Brawer, Lía Caliva, Mabel Caparrós, Guillermo Carnaghi, Pablo Carro, Carlos Cisneros, Walter Correa, Mayda Cresto, Pedro Dantas, Eduardo Fernández, Danilo Flores, Silvana Ginocchio, Josefina González, Estela Hernández, Florencia Lampreabe, Graciela Landriscini, Jimena López, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Gisela Marziotta, Lucila Massin, María Luisa Montoto, Patricia Mournier, Rosa Muñoz, Blanca Osuna, Hernán Pérez Araujo, Ariel Rauschenberger, Nicolás Rodríguez Saá, Jorge Romero, Victoria Rosso, Liliana Schwindt, Carlos Selva, Vanesa Siley, Ayelén Spósito, Mirta Tundis, Romina Uhrig, Eduardo Valdés, Paola Vessvessian, Carlos Vivero, Daniela Vilar, Liliana Yambrún, Pablo Yedlin y Carolina Yutrovic.
Diputados de las distintas bancadas repudiaron lo ocurrido en el local de La Cámpora de Bahía Blanca y exigieron la “investigación inmediata y castigo a los culpables”.
Luego de que La Cámpora alertara acerca de un ataque con explosivos a uno de sus locales de Bahía Blanca, los legisladores porteños de las diversas bancadas cuestionaron con dureza lo ocurrido y pidieron que se realice una investigación de forma “inmediata” y que se castigue a los culpables.
En ese sentido el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, repudió “el ataque al local del Frente de Todos en Bahía Blanca. Siempre tenemos que defender la convivencia democrática pacífica y alejada de cualquier acto de violencia”.
Mientras que el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró que “la violencia y la intolerancia nunca son el camino. La convivencia pacífica, la libertad de expresión y de ideas son valores elementales de una República que siempre tenemos que defender”.
A su turno el diputado de la UCR-Evolución Martín Ocampo señaló que “quien piensa distinto no es un enemigo. Es alguien que nos incita a prestar atención a otras realidades y nos fuerza a mejorar los argumentos” e insistió en que “la violencia es la negación de la democracia y del necesario diálogo”. Al mismo tiempo que la oficialista Cecilia Ferrero (VJ) rechazó “el violento y antidemocrático ataque perpetrado en la madrugada contra la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca”.
Por su parte la diputada del PTS Myriam Bregman indicó que lo sucedido es “es un hecho gravísimo que tiene que ser esclarecido a la brevedad”; mientras que Alejandrina Barry (FIT) sentenció que “el atentado con explosivos al local de la Cámpora en Bahía Blanca, es un hecho muy grave, en el que no puede haber ni un minuto de impunidad. Investigación inmediata y castigo a los culpables. Todo nuestro repudio”.
Cabe recordar que en el local partidario que fue víctima del ataque se halló un panfleto con amenazas: “politicos cinicos y corruptos; sindicalistas millonarios y ladrones; periodistas cómplices y militantes; jueces puestos a dedo y sin Justicia; 70% de pobreza, 20% de desocupación y 60% de inflación; nos tratan como ganado; nos quitan la libertad; jubilación de indigentes; matan a niños con el aborto; hipersexualizan a nuestros hijos – ESI y pornografia; suvierten los valores naturales; se pasan la Constitución por el traste; traicionan a nuestra patria…. ¿cuantas razones más para empezar la purga? Ahora a cuidarse traidores, sabemos donde viven. ¡Hartos de todos ustedes!”.
El episodio ocurrió en horas de la madrugada, cuando ocurrió la explosión que provocó daños materiales.
En la madrugada de este martes sucedió una explosión en nuestro local ubicado en Berutti 184, esquina Donado, de la ciudad de Bahía Blanca. Los daños fueron sólo materiales y afectaron también a comercios y edificios vecinos.
Desde el partido agradecieron el trabajo de Bomberos, Defensa Civil, Guardia Urbana, Comando de Patrulla, Policía Ecológica y División Explosivos por llegar inmediatamente y resguardar el lugar. “Hemos dado intervención a las autoridades judiciales para que desarrollen la instrucción correspondiente en la averiguación de un posible ilícito”, expresaron desde el Frente de Todos.
En ese sentido calificaron el hecho como “un acto de violencia política inédito, contrario a las instituciones y a la convivencia democrática que necesita nuestra sociedad para construir un futuro mejor”.
“Creemos en la política como herramienta de construcción y transformación. Reafirmamos y creemos que ese es el camino”, expresaron a través de un comunicado en el que pidieron “prudencia y serenidad”, al tiempo que agradecieron también la preocupación de vecinos y vecinas del lugar y la solidaridad de la comunidad en general en atención al suceso.
Ningún sector se atribuyó el atentado, pero en el lugar aparecieron panfletos con una serie de “justificativos” que van desde la existencia de “políticos cínicos y corruptos; sindicalistas millonarios y ladrones; periodistas cómplices y militantes; jueces puestos a dedo y sin justicia”, hasta un 70% de pobreza; 20% de desocupación; 30% de inflación”, entre otros elementos, con la conclusión de “cuántas razones más para empezar ‘la purga’”.
Y la declaración concluye con una advertencia: “Ahora a cuidarse traidores. Sabemos donde viven”.
El legislador del Frente de Todos advirtió acerca de los recortes que el Gobierno porteño habría llevado a cabo en educación y salud y se metió en la arena electoral al asegurar que el oficialismo de la Ciudad aprovechará la grieta que se profundizó en el último tiempo.
Con la mirada puesta sobre los comicios de medio término que se desarrollarán este año en todo el país, el legislador del Frente de Todos Javier Andrade aseguró que el oficialismo de la Ciudad buscará “aprovechar electoralmente” los problemas que ocasionó la pandemia del Covid-19.
En ese sentido, el opositor aseguró que “la pandemia puso en evidencia una baja estructural en los presupuestos de salud y educación: en 2007, cuando llega el macrismo a la Jefatura de Gobierno, ambas áreas se llevaban un 50% del total; hoy arañan el 32% entre los dos” y recordó que “en 2019 estábamos discutiendo un proyecto oficialista que buscaba cerrar cinco hospitales que iban a confluir en el Hospital Muñiz. ¿Qué hubiese significado ese recorte en medio de la pandemia?”.
Al mismo tiempo que consideró que “cualquiera que recorra la Ciudad de Buenos Aires se da cuenta de la falta de controles. Por ejemplo, yo vivo por Flores y es muy común ver los bares llenos de gente en su interior” y remarcó –en diálogo con Canal Abierto- que “en relación a la presencialidad en las escuelas, es cierto que lograron apropiarse de un valor que nada tiene que ver con la actual situación sanitaria. Lo llamativo es que los que recortan infraestructura escolar, no garantizan las vacantes ni invierten en generar favorecer la conectividad son los mismos que ahora ponderan la educación y la presencialidad”.
“Desde el inicio de la pandemia, hubo dos Larreta: el del año pasado, en consonancia con las medidas tomadas por el Presidente; y otro apretado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich para que juegue más para el electorado que le es más afín a ellos”, aseveró.
En cuanto a las elecciones de medio término, Andrade indicó que “todavía falta mucho para los comicios, pero es posible que el macrismo intente aprovechar electoralmente los problemas que conllevó la pandemia. De todas formas, siempre suelo pensar bien de la ciudadanía, y creo que en definitiva se van a valorar las medidas de cuidado que se tomaron en los últimos meses” y precisó que “el bloque de legisladores Frente de Todos presentamos varios proyectos de IFE y ATP complementarios, ayudas para la conformación de comités de emergencia en barrios más vulnerables o el reconocimiento como esenciales de los trabajadores de comedores sociales”.
El diputado recordó que “en 2019, el Frente de Todos porteño logró incluir a militantes y dirigentes que hasta entonces hubiera sido imposible verlos juntos: Victoria Donda, Mariano Recalde, Pino Solanas, etc. Logramos un muy buen resultado y ahora el desafío es ampliar esa base, quizás logrando una mayor empatía con los problemas de la Ciudad sin quedar tan atados a las discusiones nacionales” y remarcó que “lo que tenemos que transmitirle al votante porteño es que Larreta va a seguir siendo Jefe de Gobierno hasta 2023, y que lo que se necesita ahora es reforzar la oposición en la Legislatura”.
“Es novedosa esta experiencia de gestión a través de un gobierno de coalición. En cualquier caso, creo que en este año y medio se mostró una coherencia al poner como prioridad a los sectores más vulnerables”, añadió y concluyó asegurando que “en comunicación tenemos mucho para mejorar: hubo muchas medidas muy buenas que creo no fueron capitalizadas de la mejor manera, como por ejemplo la declaración como esencial del servicio de telecomunicaciones”.
De madrugada, luego de un intenso debate que se extendió por más de 5 horas, el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de mayoría. Fuertes cruces. Hubo una protesta afuera del Parlamento.
Por Julio El Alí
El proyecto de ley del Gobierno nacional que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de mayoría tras una extensa reunión del plenario de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
Luego de 5 horas de un debate cargado de chicanas políticas entre oficialistas y opositores que tuvo muchos momentos de tensión y tonos elevados, el oficialismo logró reunir las firmas necesarias para que salga el despacho de un proyecto de ley del cual todavía no cuenta con las voluntades necesarias para que sea aprobada en el recinto.
El dictamen de mayoría obtuvo 34 firmas; mientras que el dictamen de minoría cosechó 30 acompañamientos por parte de Juntos por el Cambio; en tanto que el tercer dictamen correspondió al de la diputada Graciela Camaño, que adelantó que no votará a favor del oficialismo.
Según informaron fuentes parlamentarias, el detalle de las firmas fueron: Comisión de Justicia: FdT 16 firmas, 14 JxC, y Camaño con dictamen propio; Comisión de Asuntos Constitucionales: FdT 18 firmas, 16 JxC, y Camaño con dictamen propio.
Al ser una de las primeras reuniones de comisión de forma presencial -otros estuvieron conectados de forma virtual- debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, los diputados de los distintos sectores políticos estuvieron cara a cara y abandonaron toda formalidad, rompiendo con una norma no escrita que dice que en comisión no se debate, sino que se expone sobre el articulado de la iniciativa.
Sin embargo, el calor político transformó el plenario de comisiones en una arena de lucha romana con encendidos discursos de las espadas del Frente de Todos, como Leopoldo Moreau, y de Silvia Lospenatto por parte de Juntos por el Cambio, aunque el macrismo sumó a dos virtuosos en el debate como Fernando Iglesias y Jorge Enriquez, que provocaron momentos donde se llegó hasta cruzar insultos.
Pero estos diputados no solo hicieron uso de la palabra a su turno, sino que cada vez que eran aludidos volvían a exigir su derecho de contestar y así se generaban los fuertes choques verbales.
Moreau, quien habló más de una hora, acusó a los de Juntos por el Cambio: “Ustedes llevaron adelante una campaña extraordinariamente agresiva, hostil, usando cualquier herramienta para ver como reemplazaban a la procuradora (general anterior, Alejandra Gils Carbó), y vienen a decir aquí que no quieren meterse en el extrapoder”.
“Eduardo Casal (actual procurador general transitorio) actuó como emperador, removió al fiscal (de la Seguridad Social Gabriel) De Vedia y promovió el sumario contra la fiscal (Gabriela) Boquín”, remarcó el diputado kirchnerista.
“Estamos entre la opción de continuar con la mafia o empezar a andar por el camino de la democracia”, cerró.
A continuación, Silvia Lospenatto, del Pro, realizó un enérgico discurso: “Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa vocación por destruir la independencia del Poder Judicial. Esta es una ley de impunidad pero es mucho más que eso: es una ley para destruir la independencia de los fiscales”.
Apuntado por la oposición por ser un aliado clave del oficialismo en la votación, el mendocino José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo) salió al cruce de los cuestionamientos por su apoyo a la reforma: “Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe cómo está?”.
Justamente, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, (Frente de Todos) le tuvo que llamar la atención porque cuando en el marco de su discurso Moreau dijo “me olvidé algo”, el diputado del Pro le dijo “la pastilla”, lo que valió el repudio de la mayoría de los legisladores presentes.
Con el objetivo de llevar calma a la reunión, Graciela Camaño, quien participó por videoconferencia, manifestó: “Lamento estar metida en este barro que siempre meten las cosas. Siempre están embarrados. Por eso, estoy muy contenta de estar en una amplia avenida del medio donde puedo decidir”, destacó.
Pero eso no fue posible, porque el cruce entre Enriquez y Ramón continuó y sumó un nuevo capítulo cuando el diputado de Juntos por el Cambio lanzó: “Ramón, siga exhibiendo su ignorancia por el mundo porque parece que no entiende. Estudie. Vaya y lea la Constitución. Si me va a hacer una cuestión penal, me voy a adelantar y lo voy a denunciar yo a usted por traición a la patria”, disparó.
A su turno, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, afirmó: “A mí me da vergüenza estar acá. Yo le pido disculpas a la sociedad por estar debatiendo esto un día donde hubo 745 muertos por el Covid-19 y más de 35 mil infectados”.
El Frente de Todos le concedió al diputado Ramón una modificación vital a cambio de su apoyo: la creación de una procuraduría especializada en usuarios y consumidores.
El texto, con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.
El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
El oficialismo busca sumar voluntades con las modificaciones a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Los cambios ya son analizados en la Rosada. Se prevé sea debatido en sesión especial este jueves.
El bloque de senadores del Frente de Todos, presidido por José Mayans, acordó este lunes introducirle varios cambios al proyecto de ley del Poder Ejecutivo a fin de definir criterios básicos epidemiológicos para establecer las medidas sanitarias que mitiguen la pandemia de coronavirus.
Las modificaciones fueron enviadas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno nacional para terminar de cerrar los principales planteos ante la iniciativa.
Desde la bancada oficialista afirmaron que los temas que cambiarán respecto del documento que inicialmente envió el Poder Ejecutivo son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones.
Esos cambios habían sido adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones que se llevó a cabo la semana pasada y que finalizó con la firma del dictamen.
Allí, el abogado había sugerido modificar el artículo 21 del proyecto, que hace mención a la suspensión de la actividad escolar en forma presencial cuando un distrito se encuentre en “situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.
La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases presenciales y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una “morigeración” de la medida.
La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales, previamente.
El oficialismo pretende, de ese modo, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro de los puntos que ofreció dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, el anteúltimo del proyecto, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19”.
El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un “plazo cierto” hasta el 31 de diciembre de este año.
“Desde el punto de vista constitucional ese podía ser un problema”, destacaron los voceros.
También se eliminará del proyecto la mención a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño como “delegados” del Ejecutivo nacional y se los considerará como “agentes del Gobierno federal”.
Por otro lado, se descartó la posibilidad de incluir un artículo que permitiría a las provincias “adherir” a la ley, en lugar de que estén obligadas a acatarla.
La propuesta había sido sugerida por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad, en consonancia con su gobernador, Gerardo Morales, y la postura de otros mandatarios de Juntos por el Cambio.
Desde el oficialismo afirmaron que la oposición no elevó ninguna propuesta y que esa idea era una “locura”, porque dejaba en la cabeza de las provincias si toman o no decisiones para combatir la pandemia.
El proyecto, en principio, será llevado al recinto de sesiones este jueves 20 de mayo en una sesión especial que se prevé muy extensa.
El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción, ya que debería comenzar a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que estableció nuevas restricciones para todo el país en las últimas tres semanas.
El Frente de Todos tiene los votos suficientes para aprobarla y ya sabe que no contará con el apoyo de Juntos por el Cambio ni de algunos aliados del oficialismo, como Juntos Somos Río Negro.
Las diputadas del FdT impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto mediante el cual buscarán obtener precisiones acerca de la implementación del “Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans”.
En medio de la crisis económica, sanitaria y social que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, las legisladoras del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual prevén obtener información acerca de la implementación del “Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans”, dependiente de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad.
De esta manera, las opositoras solicitaron al Gobierno porteño que especifique la cantidad de personas que participaron del programa durante el 2020 y el transcurso del 2021; que se detalle la cantidad de personas que obtuvieron un trabajo a partir del programa, en qué organismos del Estado y en qué instituciones del sector privado ingresaron y modalidad de contratación; y que se explicite si en dicho programa existe una política de acompañamiento a las personas que ingresan en un trabajo, y cómo funciona el mismo.
Asimismo buscarán conocer que entidades privadas y de la sociedad civil con las que se realizaron convenios y cuál fue el compromiso asumido por las partes; la cantidad de personal que presta servicios en el Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans discriminado por modalidad de contratación, año de ingreso, y tarea que cumple en la actualidad; y que mecanismos de difusión del Plan Integral, aclarando las herramientas de difusión con las que cuenta el programa, en qué espacios del GCBA se da a conocer el mismo, para que las personas trans y travestis se enteren de su existencia.
También buscarán conocer que políticas públicas se están implementando para atender a la situación habitacional de las personas travestis y trans y cuáles son las metas de esas políticas.
La iniciativa lleva la firma de Ofelia Fernández, Lucía Campora, Victoria Montenegro, María Rosa Muiños y Laura Velasco (FdT).
En una reunión informativa por Zoom en la que expusieron académicos y funcionarios judiciales, Juntos por el Cambio dijo que era “una farsa” y se retiró. El oficialismo acusó a JxC de ser “infantiles” y de “poner excusas para no debatir”.
La semana en la que se cumplió un año del inicio de las sesiones virtuales no podía terminar sin un nuevo encontronazo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, aunque el marco era de una reunión informativa con la participación de especialistas invitados.
Esta vez, la arena fue en un encuentro virtual del plenario informativo de la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja donde al inicio se vivieron momentos tensos porque la oposición sorprendió al anunciar que se retiraban porque esa reunión “era una farsa”.
El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (Juntos por el Cambio), denunció que “esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad al tratamiento de este proyecto de ley que busca lograr la impunidad judicial y avasallar el Ministerio Público Fiscal, lo que es de una gravedad institucional inmensa”.
Y continuó: “La lista de expositores fue armada por ustedes -el oficialismo- y no dieron ninguna participación a la oposición, sino que nos enteramos anoche de esta reunión que fue armada entre gallos y medianoche”.
“No vamos a participar de esta reunión escuchando a los académicos como si no pasara nada. El interbloque Juntos por el Cambio se va a retirar. No vas a convalidar esta farsa”, dijo antes de salir del Zoom junto a sus compañeros de bancada.
Al finalizar el encuentro, tras más de 2 horas de exposiciones, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, aclaró que “en ningún momento se limitó la posibilidad de que la oposición acercara un posible expositor”.
Sobre la actitud de la oposición, consideró que “son reacciones un poco infantiles. Son excusas bastantes pueriles para escapar a una discusión en el recinto o en la comisión y discutir en redes sociales”.
En un tono más confrontativo, el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá consideró que “la actitud de la oposición es muy significativa porque huye, escapa, para no dar el debate ni cambiar nada y mantener el status quo de una Corte y un Poder Judicial que son los principales militantes de Cambiemos”.
Así comenzó el plenario informativo, en el que no se iba a emitir dictamen, en el marco del debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.
El integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, sostuvo que “justo en el momento en que se va a implementar el sistema acusatorio en la Argentina, resulta verdaderamente inaceptable que el jefe del Ministerio Público sea un Procurador interino con más de tres años de interinato”.
En tanto, el juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba, José Fabián Asis, manifestó que “estos proyectos de modificación tienen dos pilares fundamentales: primero la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y segundo la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, requisito esencial para el Sistema Judicial”.
Por su parte, la fiscal Mariela Labozzetta afirmó: “Celebro la voluntad del Congreso de incorporar el debate vinculado con la cuestión de género a la hora de tocar una ley tan importante como esta que es la que va a regir el Ministerio Público Fiscal”.
El abogado Alberto Binder, quien es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP, le pidió a la oposición que “permita” terminar con la “situación irregular” de que “haya un procurador general de forma interina”.
El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.
El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
El diputado radical Gustavo Menna fue la voz de Juntos por el Cambio: “No vamos a convalidar esta reunión que es una farsa”. El plenario continuó sin la oposición.
Antes del inicio de las exposiciones de académicos convocados para exponer sobre las modificaciones a la ley del Ministerio Público Fiscal, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (Juntos por el Cambio), denunció que la reunión plenaria entre las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja “fue gestada entre gallos y medianoche” y la calificó como “una farsa”.
En el inicio del encuentro plenario realizado este viernes por Zoom, el radical Menna fustigó: “Esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad al tratamiento de este proyecto de ley que busca lograr la impunidad judicial y avasallar el Ministerio Público Fiscal lo que es de una gravedad institucional inmensa”.
Y continuó: “La lista de expositores fue armada por ustedes -al oficialismo- y no dieron ninguna participación a la oposición sino que nos enteramos anoche de esta reunión que fue armada entre gallos y medianoche”.
“Esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad”
“No vamos a participar de esta reunión escuchando a los académicos como si no pasara nada. El interbloque Juntos por el Cambio se va a retirar. No vas a convalidar esta farsa”, dijo antes de salir del Zoom junto a sus compañeros de bancada.
Así comenzó el plenario informativo, en el que no se iba a emitir dictamen, en el marco del debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Minutos más tarde, desde el Frente de Todos llegó la respuesta: “De manera insólita Juntos por el Cambio se niega a debatir en el ámbito natural que el Congreso”.
En un comunicado, el FdT aclaró que “nada impedía al bloque opositor proponer expositores, algo que no hizo”.
“Desde la presidencia de la Comisión de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), se confirmó que no se recibió ninguna nota proponiendo expositores por parte de Juntos por el Cambio”.
En esa línea, aseveró: “Lamentamos que una ley tan importante no cuente con la participación en el debate de la oposición; con la excusa de discrecionalidades y cuestiones administrativas que no son ciertas se niegan a dar una discusión e insisten con su posición de no debatir proyecto en el ámbito correspondiente”.
También se remarcó que no toda la oposición se retiró, ya que en la reunión se encuentran presentes los diputados José Luis Ramón y Graciela Camaño.
Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.
Más tarde la principal oposición difundió un comunicado en el que justificaron su ausencia en la reunión de la comisión: “Sin consulta con la oposición y con expositores invitados a favor del proyecto del Gobierno, el oficialismo montó un show para vestir de legalidad el intento más burdo de garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas”.
En un comunicado titulado “Avanza el plan de impunidad del kirchnerismo en Diputados”, precisaron que “los vicepresidentes de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, ambos de Juntos por el Cambio, no fueron consultados y así la oposición quedó excluida del armado de la agenda de trabajo del plenario de esta tarde. De ese modo, sólo fueron convocados a exponer personalidades que están a favor del proyecto del Gobierno”.
La reunión -de carácter informativo- tiene previsto la participación de Alberto Binder, abogado, doctor en derecho, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP; Mariela Labozzetta, abogada y fiscal de la UFEM; Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; y José Fabián Asís, juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba.
El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.
El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
En medio de la pandemia y una situación crítica del servicio sanitario, el Senado aprobó una ley que busca crear un programa para “brindar contención emocional, psicológica y física integral” a los médicos y enfermeros.
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves, por unanimidad, con 59 votos a favor, la creación de un “Programa Nacional de Asistencia, Acompañamiento y Cuidado Integral del Personal de Salud en Situaciones de Crisis y Emergencias”, en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Sin cruces entre los distintos sectores políticos, el oficialismo y la oposición elogiaron un proyecto de ley consensuado entre las propuestas de las senadoras Silvia Elías de Pérez (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que fue denominado “un proyecto para cuidar a quienes nos cuidan”.
Fernández Sagasti sostuvo que “como representantes de los argentinos y argentinas nos tenemos que poner de acuerdo, sin discusiones partidarias y poniendo sobre la mesa la calidad humana para salvar las vidas que estamos perdiendo por esta pandemia”.
En tanto, Elías de Pérez manifestó: “Para todos nosotros es muy importante hacernos cargo de la situación que está viviendo el personal de la salud, se trata de cuidar a los que nos cuidan, en los momentos como el que estamos pasando son los que están en la primera línea de batalla”.
El objetivo del programa es “brindar contención emocional, psicológica y física integral a todo el personal de salud, en todos los niveles de atención, que trabaje en establecimientos públicos y privados en situación de crisis y emergencias”.
Se busca entre otras cosas “promover y preservar el más alto grado de bienestar físico, mental y social” de estos trabajadores, e “identificar tempranamente y controlar los riesgos derivados del lugar y de las características del trabajo que pueden poner en riesgo la salud y el bienestar del personal”.
Otra de las metas es “establecer una red nacional de contención, asistencia y capacitación confiable, accesible y gratuita que atienda las demandas del personal de salud y brinde herramientas para la gestión de emociones y el cuidado psicofísico, personal y colectivo”.
Los principios del futuro programa serán los de protección de la vida, salud e integridad del personal de salud; prevención de riesgos laborales; abordaje integral interdisciplinario; accesibilidad; cooperación; confidencialidad; educación y capacitación; y no discriminación.
La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional de atención temprana y establecer el plan operativo anual para la efectiva implementación de la ley en todo el país; identificar los dispositivos más adecuados para cumplir con ese fin; y diseñar estrategias de abordaje integral.
También tendrá que brindar al personal de salud oportunidades de capacitación en cuanto a la salud psicofísica, la resiliencia y gestión socio-emocional en contextos de crisis y emergencias; y planificar campañas de comunicación que difundan los alcances y beneficios del programa.
La iniciativa enviada por el Gobierno nacional para que el Presidente tenga la facultad de adoptar medidas adecuadas para cada región recibió el aval de los legisladores neuquinos del Frente de Todos.
La senadora nacional Silvia Sapag y el diputado nacional Guillermo Carnaghi avalaron el proyecto de ley de Emergencia Covid que envió a la cámara alta el presidente Alberto Fernández.
Antes de que inicie el tratamiento de dicha iniciativa oficialista en el Senado, Sapag consideró: “El Estado está obligado a ayudar, preservar y proteger la vida de los habitantes”.
“Cuando digo Estado no solamente digo el Poder Ejecutivo nacional sino también a los gobernadores y gobernadoras de las jurisdicciones federales de todo el país, y al jefe de CABA”, aclaró a través de un comunicado.
Sobre el proyecto, señaló que “se establecen los parámetros para determinar cuándo hay un riesgo epidemiológico y sanitario bajo, medio o alto, de esta forma toda la población va a tener conocimiento de cuál es la situación de su lugar para ir tomando las medidas acordes a lo establecido en este proyecto de ley”.
Con respecto a las situaciones de las provincias, la senadora destacó que esta iniciativa de ley “le otorga atribuciones al Poder Ejecutivo nacional para, por ejemplo, mandar a Neuquén médicos terapistas de ser necesario, respiradores, dinero, vacunas a Neuquén y a todo el país”.
Por su parte, Carnaghi hizo referencia a la particular situación neuquina y expresó que “después del conflicto de salud, se persigue a los trabajadores con sumarios y causas, en vez de apoyarlos para que puedan hacer su tarea de la mejor manera posible”.
Asimismo, aseguró que con este proyecto de ley el Gobierno nacional podrá “adoptar medidas claras, ordenadas y previsibles en todo el territorio nacional y con aprobación del Congreso”.
Desde el Frente de Todos criticaron el fallo del Máximo Tribunal a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de las clases presenciales.
Diputados nacionales del Frente de Todos criticaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de las clases presenciales, ante el DNU dictado por el presidente Alberto Fernández con medidas sanitarias.
La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, indicó que “hoy han dado un paso más contra la democracia, desconociendo la Constitución y la soberanía del mandato popular para que el presidente tome las mejores decisiones políticas, poniendo en riesgo a millones de niñas, niños, adolescentes y docentes”.
“El fallo de la Corte Suprema de Justicia, de manera virtual y alineado con el frente opositor, argumenta que no existe emergencia, violenta la democracia y acciona contra la salud de cada argentina y argentino”, lamentó Osuna.
Por su parte, el porteño, Itai Hagman expresó que “en el mayor pico de muertes, la Corte Suprema da vía libre a un distrito para definir políticas sanitarias solo, y se pone a cuidar sus propios intereses corporativos. Es criminal que haya que administrar esta crisis con tanta irresponsabilidad institucional”.
Cristina Álvarez Rodríguez, vicejefa del bloque oficialista, también se refirió al fallo: “Necesitamos una Corte Suprema democrática y no que pretenda suplantar a un presidente que fue elegido por el voto popular. Como dijo el presidente, por más que escriban muchas hojas en sentencias, vamos a seguir cuidando la salud de nuestra gente”.
En tanto, para Paula Penacca, que la Corte desconozca que el Gobierno nacional tiene competencia para tomar medidas sanitarias es “un atropello a la democracia”.
Por su parte, Federico Fagioli manifestó que con esta decisión los supremos fallaron “a favor de los intereses de los sectores de poder que desprecian la vida: los que ya lo difundían antes de que saliera, los que usan el odio de campaña política, los que disputan poder con los hospitales estallados. No es a favor de la presencialidad, no es a favor de la educación: es un atentado a la democracia y a la institucionalidad”.
El bonaerense agregó: “Tenemos el desafío de estar más alerta que nunca, generar estrategias de cuidados con el poder del pueblo y disputarle el sentido para que no venza el odio”.
Daniela Vilar cuestionó la injerencia del Poder Judicial y manifestó: “Avanzan sobre atribuciones de otros poderes elegidos por el voto popular, toman decisiones que perjudican los bolsillos de los argentinos, ponen en peligro la salud pública. El mal funcionamiento del Poder Judicial es un problema de todos y todas”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, también cuestionó el fallo: “La política berreta de la derecha se llevó puesta a la Corte Suprema, que hoy dejó un claro mensaje: el Poder Ejecutivo no tiene autoridad para tomar decisiones en plena pandemia y está sometido a lo que el Poder Judicial determine. Lamentable”.
“Lo de la Corte y el ‘partido judicial’ es un golpe contra las instituciones y la democracia”, dijo el diputado Rodolfo Tailhade, quien preside la Comisión de Justicia de la Cámara baja.
En este mismo sentido se expresó Vanesa Siley, indicando que el Poder Judicial a través de este tipo de fallos demuestra que “es un problema”, y cuestionó la decisión de suspender el DNU que impedía aumentos en el cable, telefonía e internet.
A su vez, Leopoldo Moreau cuestionó duramente la decisión “política” de la Corte Suprema de darle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la herramienta para “bailar un minué con la muerte”.
“Si la Corte hubiera querido fomentar o promover un acuerdo político entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, no debería haberse apresurado en dictar el fallo”, manifestó el legislador.
“Todos sabemos -continuó- que la Corte maneja tiempos políticos y en este caso el tiempo político que decidió manejar se vincula con darle una señal de apoyo a Larreta, y lo hizo desde un lugar de privilegio”, agregó Moreau en relación a la firma virtual de los supremos.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, recordó el reciente dictamen de la Bicameral de Inteligencia acerca del espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos. “La reforma judicial es urgente , debemos mejorar la calidad democrática”, sentenció.
Otro diputado que cuestionó la decisión de la Corte Suprema fue Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda: “Los miembros de la Corte, un puñado de personas que nadie votó y que están llenos de privilegios, deciden a la distancia (con firma digital) que miles de docentes y estudiantes estén obligados a ir presencialmente a las escuelas a contagiarse en plena segunda ola de Covid”.
“La fruticultura es una materia pendiente del gobierno de Juntos Somos Río Negro”, consideró el legislador Ignacio Casamiquela.
El legislador provincial del Frente de Todos Ignacio Casamiquela fue quien llevó la voz del bloque opositor a un proyecto de revisión frutícola de Rio Negro.
Casamiquela, relacionado al ambiente de la fruticultura, herencia de Carlos Casamiquela, su padre, quien fuera presidente del INTA y ministro de esa área de Cristina Fernández, mantuvo contacto con productores y trabajadores del sector que se habían manifestado también y solicitaban leyes que cuiden su fuente laboral.
En su alocución en la sesión legislativa señaló la necesidad de “convocar a todos los actores, ampliando el espectro de voces para la discusión de nuevas herramientas legislativas para el sector frutícola”.
“Sostenemos desde esta bancada la necesidad de refundar la política en materia productiva para nuestros valles, el deterioro general que vive la actividad frutícola no sucedió ni en un año, ni en dos, llevan años de silencio y complacencia por parte del estado provincial frente al deterioro angustiante que vive la fruticultura”, expresó el legislador roquense.
“En este recinto, estamos dando un paso sobre una actividad en donde uno de sus principales actores llega en condiciones de altísima vulnerabilidad, diezmados, agotados por las desavenencias de una fórmula comercial en la que siempre pierden”, finalizó Casamiquela.
En el Salón de Pasos Perdidos, el ministro de Ambiente y diputados del Frente de Todos encabezaron el encuentro para reflexionar sobre la temática en el marco de la puesta en vigor del Acuerdo de Escazú en el Día Mundial de la Tierra.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y diputados nacionales del Frente de Todos encabezaron este miércoles la apertura del Foro Legislativo Ambiental, un ámbito para reflexionar sobre la temática en el marco de la puesta en vigor del Acuerdo de Escazú en el Día Mundial de la Tierra, que se celebra este jueves.
Del encuentro, realizado en el Salón de Pasos Perdidos, participaron los legisladores Leonardo Grosso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales), Daniela Vilar, Gabriela Estévez, Gabriela Cerruti, Florencia Lampreabe y Federico Fagioli, además de cerca de 500 personas que se conectaron en forma virtual.
Grosso enfatizó que “hay que aprovechar esta crisis para construir un verdadero pacto ecosocial. Es necesario discutir un nuevo paradigma, no solo de ideas sino de acciones, de organización, de producción, de trabajo, de justicia; un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de humanidad, y para esto hay que construir una mayoría social”.
El diputado sentenció que “estamos atravesando la peor crisis ambiental del planeta” y “estamos al borde del colapso ecológico”. “Del coronavirus discutimos todo menos el origen, y se trata de una enfermedad de transmisión zoonótica. No discutimos el origen, que se vincula a la depredación”, cuestionó.
Asimismo, llamó a “pensar como transitamos este año y medio” de pandemia, “porque construir una nueva normalidad implica construirnos distintos, reflexionar sobre lo que nos había llevado como sociedad destructora a este momento que vivimos”.
A su turno, Vilar propuso “fortalecer e impulsar una agenda legislativa ambiental que incorpore los saberes colectivos”. “Estamos presentando un dispositivo de participación inédito que pretende impulsar políticas públicas desde el ambientalismo popular”, dijo acerca del foro.
En ese sentido, consideró “fundamental la participación ciudadana y los aportes de quienes vienen trabajando desde el territorio, con saberes e identidades propias que nos permitan co-crear propuestas con una lógica de ambientalismo popular”.
En tanto, Estévez mencionó que en su provincia, Córdoba, existen antecedentes de este tipo que “son de una riqueza y trascendencia en la construcción del ambientalismo”.
“En Córdoba quedó una huella que se sigue sosteniendo aun hoy, que dio un marco de organización: cada vez que sentimos que hay una amenaza vinculada al ambientalismo, salimos a la calle y nos expresamos en defensa del bosque nativo. Esa experiencia participativa es un antecedente muy bueno”, destacó, y agregó que “tomar las iniciativas desde la sociedad civil mediante sus diferentes expresiones es una gran iniciativa que debemos fortalecer entre todos”.
Cerruti, por su lado, destacó “dos elementos: por un lado, la posibilidad de poner en discusión la cuestión del ambiente y la ecología; y por el otro, poner en funcionamiento y en marcha una herramienta más de construcción en comunidad”.
“Estamos ante una crisis que es resultado de la aceleración del mundo en su conjunto. La salud comunitaria ha sido puesta en cuestión. Nadie se salva solo. El ambiente y el feminismo lo vienen diciendo hace tiempo. La pandemia deja claro que no hay salidas individuales”, analizó.
Lampreabe también elogió “la participación federal para construir políticas públicas, mejores proyectos y mejores propuestas”.
“Estas experiencias permiten acercar las instituciones y los espacios a la comunidad, al territorio, a la militancia y viceversa. Nos permite fortalecer muchos lazos de vinculación que cotidianamente tenemos, pero los estamos jerarquizando. Jerarquizar la participación y los intercambios le da otra entidad a los proyectos y permite mejores ideas”, explicó.
Por último, Fagioli indicó que “esto permitiría traer a debate esas peleas, las luchas, las banderas que cotidianamente levantamos desde el ambientalismo popular con los trabajadores”. “La pandemia demuestra el fracaso del modelo económico extractivista que destruye el ambiente”, coincidió.
A su vez, afirmó que “tenemos que ver en este foro la posibilidad de recuperar la capacidad de planificar como Estado, como militantes, en conjunto, entre la comunidad y los distintos estamentos del estado para diseñar políticas que resuelvan estas problemáticas. Se trata de una construcción colectiva”.
El legislador del FdT criticó con dureza la decisión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de mantener la presencialidad de las clases en la Ciudad. “Larreta elige la política de la especulación”, aseguró.
Luego de que la Justicia porteña autorizara la continuidad de la presencialidad de las clases de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña cuestionó con dureza la postura del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en ese sentido y advirtió que “elige la política de la especulación”.
En ese sentido, el diputado explicó que “en uno de los momentos más complicados a nivel global de la pandemia, Horacio Rodríguez Larreta elige la política de la especulación y el oportunismo jugando con la vida de todos nosotros” y remarcó que “la decisión del Ejecutivo de dar curso al fallo de la Justicia de la Ciudad es una aberración y demuestra el poco respeto por las instituciones y por la República que supuestamente tanto pregona en los medios de comunicación”.
Además se refirió a la denuncia que el FdT inició en el Consejo de la Magistratura por “”mal desempeño en sus funciones” contra los jueces de la Cámara porteña Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli, quienes firmaron el fallo judicial para mantener la presencialidad de las clases.
“Desde el punto de vista de la Educación, se ponen en riesgo docentes que aún no vacunaron, estudiantes y más de 700 mil personas que se movilizan en la Ciudad cuando hay clases presenciales”, manifestó Barroetaveña y añadió que “estamos ante una situación de saturación de camas en el ámbito privado y próximos al colapso en el ámbito público, lo que pone en riesgo toda el área metropolitana de 15 millones de habitantes que se encuentra en una situación muy delicada”.
Sobre esa misma línea concluyó señalando que “Larreta juega la personal poniendo en riesgo la posibilidad de atención de todas y todos, y será responsable de las consecuencias de esa estrategia”.
A través de un duro comunicado aseguraron que el jefe de Gobierno está “más preocupado por su campaña presidencial de 2023 que por cuidar la vida de los ciudadanos”.
Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) lanzaron un duro comunicado en contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por sus críticas al Ejecutivo Nacional por sus últimos anuncios de restricciones por la pandemia y aseguraron que especula políticamente con el problema sanitario que atraviesa al país y el mundo.
Es así que los opositores afirmaron que “en medio de la segunda ola de la pandemia, los porteños y porteñas tuvimos que ser testigos de una nueva puesta en escena de Horacio Rodríguez Larreta, que parece estar más preocupado por su campaña presidencial de 2023 que por cuidar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires” y remarcaron que “el presidente de la Nación, Alberto Fernández, comunicó al pueblo argentino las medidas para afrontar el momento más crítico de la pandemia. Como lo ha hecho desde que empezó a circular el virus en el país, puso por delante la vida de los argentinos haciendo el máximo esfuerzo, también, para proteger la producción, el trabajo y la educación”.
Al mismo tiempo que explicaron que “en el marco de la segunda ola, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más afectado: tiene la tasa más alta de contagios del país y una de las más altas de la región. Es inadmisible y nos preocupa que Horacio Rodríguez Larreta continúe utilizando la pandemia como plataforma electoral, tergiversando datos, ocultando información y judicializando las medidas que el Gobierno Nacional toma con absoluta legitimidad”.
“Las acciones del GCBA distan mucho de lo que dice Horacio Rodríguez Larreta en sus puestas en escena comunicacionales: CABA es el distrito que más vacunas recibió en proporción a sus habitantes, sumado a eso, tiene a disposición la colaboración del PAMI. Además, parece ignorar la escasez de vacunas a nivel mundial, cuyas consecuencias padecen prácticamente todos los países del mundo”, advirtieron en el comunicado y señalaron que “el jefe de Gobierno dice una cosa, y hace lo contrario: dice que prioriza la salud y la educación pero recortó el presupuesto en las dos áreas de cara al 2021. Tampoco invirtió en tecnología y conectividad para garantizar la virtualidad ni en infraestructura escolar. ¿Falta de presupuesto? No, la CABA es el distrito más rico del país”.
Al mismo tiempo que alertaron que “en lugar de hacer cumplir las restricciones anunciadas la semana pasada, que fueron acordadas entre la Nación y la Ciudad, Larreta decidió manifestarse públicamente en contra y no garantizó su cumplimiento. ¿Y ahora pide reuniones por televisión? Necesitamos más seriedad y compromiso en esta etapa” y precisaron que “no vamos a hacernos los distraídos: sabemos perfectamente que a Horacio Rodríguez Larreta no le interesa la educación ni la salud”.
Además señalaron que “es parte de un proyecto político que cuando tuvo que gobernar el país desfinanció la educación pública, recortó salarios, reprimió a enfermeros, enfermeras y docentes y eliminó el Ministerio de Salud. En la Ciudad de Buenos Aires ese es el modelo que gobierna hace 14 años. Primero con Macri y ahora con Larreta” y resaltaron que “tampoco vamos a permitir que confundan a la sociedad: nuestro proyecto político tiene un compromiso inquebrantable con la vida, el trabajo y la educación. Por eso se tomaron medidas como el IFE, el ATP, el Bono Salud, el REPRO, la modificación del Impuesto a las Ganancias y ahora el bono de 15 mil para seguir paliando las consecuencias económicas de la pandemia”.
“El Gobierno de la Ciudad no tuvo ninguna iniciativa para aliviar el golpe de la pandemia a los porteños y las porteñas. Tal cual como hicieron cuando les tocó gobernar a nivel nacional: desamparan a la población”, añadieron y concluyeron aseverando que “estamos viviendo un momento muy duro: necesitamos la responsabilidad de todos y todas para frenar la segunda ola. Necesitamos medidas claras y concretas para cuidar la vida. No es tiempo de especulaciones electorales ni judiciales, y tampoco de sacar ventajas políticas irresponsablemente”.
Mientras Vamos Juntos exigió que no se cierren las escuelas y la renuncia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; desde el Frente de Todos consideraron como un acierto las restricciones hasta fines de abril.
Tras las medidas de restricción anunciadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, debido al recrudecimiento de la pandemia del coronavirus, los legisladores de Vamos Juntos y del Frente de Todos se cruzaron con dureza en las redes sociales, ya que el oficialismo exigió que las escuelas permanezcan abiertas y la renuncia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. No obstante la oposición consideró que las medidas fueron acertadas.
Tan es así que el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, aseguró que “una vez más, el gobierno nacional improvisa soluciones mágicas que solo agravan la crisis social por la pandemia” y consideró que “avanza nueva y peligrosamente sobre la autonomía de la Ciudad. No queremos amenazas de militarización, queremos que se respete la Constitución”.
Al mismo tiempo que el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), explicó que “la lógica indicaría la renuncia inmediata del ministro. Desde el Gobierno de la Ciudad vamos a seguir defendiendo junto a toda la sociedad el derecho a la educación de nuestros niños y niñas con las escuelas abiertas”.
A su vez el oficialista Claudio Romero (VJ) remarcó que “el único presidente del mundo que con dos dosis de vacuna se contagió nos quiere enseñar a cuidarnos. No solo que no tiene autoridad moral, sino que en la Ciudad Autónoma no lo elegimos para que nos gobierne” y precisó que “estamos convencidos que la educación es esencial. El bienestar integral es la conjunción del cuidado de la salud física y emocional”.
“Difícilmente la educación, el trabajo y el esparcimiento cuidado y responsable no sea tenido en cuenta. Más aún, en el único distrito que tiene una estrategia sanitaria, la muestra es que somos solidarios con los testeos y aislamientos de los bonaerenses. Controlen el descontrol de la provincia”, aseveró.
Además Claudio Cingolani (VJ) recordó que “hace 24 hs el ministro de Educación defendía la presencialidad en las aulas. ¡Hoy su gobierno pandémico nos encierra a todos otra vez! ¡Volverán las prórrogas cada 15 días para tener más pobreza y menos libertad. La salud les importa, tanto que inventaron los vacunas vip para ellos!”; mientras que Hernán Reyes (VJ) manifestó que “suspender las clases no tiene ninguna justificación. Tenemos un presidente servil a los intereses mezquinos de un grupo de sindicalistas. Les importa nada los chicos y los docentes”.
Sobre esa misma línea el diputado de la UCR-Evolución Ariel Álvarez Palma aseguró que “una vez más, la inoperancia de un gobierno que no supo manejar la peor crisis sanitaria del país y que deja al descubierto su constante improvisación, afecta a los establecimientos escolares y a la comunidad educativa con el cierre de sus puertas” y remarcó que “no quedan dudas que las contradicciones entre el ministro Trotta, quien manifestó abiertamente su oposición al cierre, y las medidas adoptadas tienen que ver más con una lucha de poder entre la posición de la Provincia y sectores sindicales afines al Gobierno”.
Asimismo Manuela Thourte (VJ) recordó que algunos días atrás Trotta había asegurado que las escuelas permanecerían abiertas. “Contradictoria y desacertada la decisión del gobierno nacional de suspender las clases presenciales. Una medida que podía esperar, cuando los números demuestran que la escuela no es un foco de contagio”, afirmó y destacó que “durante el 2020 quedó en evidencia que la presencialidad no se puede reemplazar. Hoy también quedó demostrado (una vez más) que la Educación no es una prioridad del Gobierno”.
En contraposición la opositora Lucía Cámpora (FdT) le agradeció al presidente por sus anuncios: “todo nuestro apoyo a las medidas que buscan cuidar la salud de todos. Ahora es fundamental que el Gobierno porteño también se haga cargo de cuidar a los porteños y las porteñas. Estamos en uno de los mayores focos de contagio y el sistema de salud privado ya colapsó”, argumentó.
Mientras que el peronista Santiago Roberto (FdT) aseveró que “es un momento crítico de la pandemia en el mundo, en el país y en la ciudad. Acompañamos al presidente y las medidas para cuidar y proteger a todos los argentinos y argentinas. Necesitamos de la reflexión colectiva. Tenemos que estar más unidos que nunca” y que María Bielli (FdT) sentenció que “tenemos un presidente que no especula y está a la altura del momento histórico”.
También se sumaron al repudio contra las medidas del Gobierno Nacional Guillermo González Heredia, Lucía Romano, Facundo Del Gaiso, Ana María Bou Pérez, María Luisa González Estevarena (VJ), Leandro Halperín, Diego Weck (UCR-Evolución), Sergio Abrevaya (GEN), Alejandrina Barry (FIT) ; mientras que Leandro Santoro, Juan Manuel Valdés, Claudio Morresi, Laura Velasco y Claudia Neira (FdT) las avalaron.
El peronista Santiago Roberto presentó un proyecto para que se instalen esos equipos de medición en los vagones y espacios de uso común en la red de subterráneos.
Con la intención de avanzar hacia un servicio más seguro, el legislador del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto impulsó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto para sugerirle al Poder Ejecutivo que adquiera equipos de medición de dióxido de carbono para ser utilizados en todos los vagones de la red de subterráneos.
Asimismo la iniciativa plantea que se instalen estos equipos en áreas de comedores y zonas de uso común de los trabajadores de ese medio de transporte, a los efectos de incorporar un instrumento capaz de proveer información crucial para garantizar mayor seguridad sanitaria y tranquilidad tanto para el personal como para los usuarios de ese medio transporte público.
En ese sentido Roberto afirmó que “en momentos de incertidumbre y preocupación, producto de la pandemia que atraviesa el mundo, es necesario adquirir estos equipos que permiten conocer si el aire en espacios cerrados tiene una alta saturación” y recordó que “es un elemento más que permitiría tomar medidas, como limitar el ingreso de pasajeros a determinados vagones y contar con la ventilación adecuada de las formaciones al finalizar cada recorrido”.
“Es indispensable resguardar a las y los trabajadores de este medio de transporte esencial de la ciudad. En ese sentido, es necesario apelar a un recurso que económicamente no es oneroso y que sanitariamente es indispensable”, sentenció.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el legislador reclama la implementación de estos equipos, es que con anterioridad también solicito que el Ejecutivo de la Ciudad que adquiera los equipos de medición de dióxido de carbono para ser incorporados en todas las escuelas públicas del distrito capitalino.
Los diputados del Frente de Todos volvieron a advertir sobre las complicaciones de salud que están sufriendo estos trabajadores a causa de la presencia de asbesto en el subte y pidieron que se garantice la salubridad para estos.
Tras el fallecimiento de un trabajador del subte a causa de un cáncer producido por la exposición al asbesto, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) emitieron un comunicado en el que volvieron a exigirle al Gobierno de la Ciudad que acelere la “desasbestización” de servicio y advirtieron sobre la delicada situación a la que se encuentran expuestos los usuarios y los trabajadores.
En ese sentido manifestaron su “preocupación por la situación de riesgo a la que se encuentran expuestos los y las trabajadoras del subte a causa de la presencia de asbesto en los vagones y otros espacios de trabajo del subterráneo” y recordaron que “el 21 de marzo, como consecuencia de un cáncer derivado del contacto con dicha sustancia, falleció Jorge Pacci, trabajador del subte de 56 años”.
Además precisaron que “este hecho se produjo luego que desde hace años el sindicato de trabajadores del Subte -Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)- haya denunciando la situación de varios trabajadores y trabajadoras afectadas por la exposición al asbesto” y recordaron que “cuando las fibras del asbesto o amianto se esparcen en el aire provoca enfermedades fatales, entre ellas cáncer. Su fabricación y uso fue prohibido por el Ministerio de Salud de Nación en 2003. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad -bajo la gestión de Mauricio Macri-, compró en 2011 vagones con asbesto, situación reconocida por SBASE, la empresa concesionaria”.
“El asbesto sigue presente en varias flotas en circulación, en flotas fuera de servicio y distintas áreas de trabajo. Por esto es que los trabajadores y trabajadoras del Subte son quienes están más expuestos a este material”, señalaron y concluyeron exigiendo que “el Gobierno de la Ciudad asuma los daños ya cometidos y avance con celeridad en el proceso de desasbestización para proteger la salud y la vida de los y las trabajadoras del subte”.
Los legisladores del Frente de Todos presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual prevén expresar su preocupación por lo ocurrido y exigirle al Gobierno local que se garantice la salubridad de trabajadores y usuarios.
La diputada María Bielli (FdT) junto al resto del bloque FdT presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscarán manifestar su preocupación acerca del fallecimiento de Jorge Pacci, un trabajador de la red de subterráneos, a causa de un cáncer derivado de la presencia de asbesto en vagones.
A través del texto presentado, los opositores prevén expresar “su preocupación por la situación de riesgo a la que se encuentran expuestos los y las trabajadores del SUBTE de la Ciudad a causa de la presencia de asbesto en los vagones y otros espacios de trabajo del subterráneo, hecho que el pasado 21 de marzo se cobró la vida del trabajador Jorge Pacci como consecuencia de un cáncer derivado del contacto con dicha sustancia”.
Al mismo tiempo que le exigirán “al Poder Ejecutivo arbitrar las medidas necesarias para garantizar la salubridad de los trabajadores y trabajadoras y de los usuarios y usuarias de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires”.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores precisaron que la familia del trabajador fallecido denunció que “su muerte se debe a un cáncer producido por la exposición a asbesto, un material contaminante que se encontró en vagones, materiales y espacios del subte” y recordaron que “hace varios años que desde el sindicato de trabajadores del SUBTE -Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP, conocida como Metrodelegados)- se viene denunciando la situación de varios trabajadores y trabajadoras afectadas por la exposición al asbesto”.
“El asbesto o amianto es un material invisible, silencioso y no tiene olor, pero cuando sus fibras se esparcen en el aire provoca enfermedades fatales, entre ellas cáncer. Su fabricación y uso fue prohibido por el Ministerio de Salud de Nación en 2003”, indicaron y advirtieron que “las convenciones internacionales marcan sobre el asbesto una relación muy clara entre exposición y desarrollo de enfermedad: mientras más exposición hay más posibilidades de desarrollar enfermedad. Especialistas de la salud afirman que si bien el período asintomático puede ser prolongado, el daño pulmonar comienza junto con la exposición”.
Sobre esa misma línea destacaron que “los vagones con asbesto fueron producto de una compra de trenes en 2011 por parte del Gobierno de la Ciudad -bajo la gestión de Mauricio Macri-, situación reconocida por la empresa concesionaria” y concluyeron señalando que “a mediados de 2018 desde Metrodelegados se inició una denuncia a la empresa para que investigue si en las formaciones que se habían comprado estaba presente el asbesto. Recién en diciembre de ese año Sbase reconoció la presencia de asbesto en los coches CAF 5000 que había retirado de circulación, y Metrovías confirmó que hay trabajadores de los talleres afectados por la exposición a esa sustancia”.
La oposición porteña criticó con dureza el comunicado de Juntos por el Cambio e insistieron en que los dirigentes de ese espacio “hablan de libertad como si no existiera la pandemia”.
Luego de que los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) emitieran un comunicado en el que rechazaron las medidas de restricción en la circulación y la posibilidad de suspensión de las PASO, los legisladores del Frentes de Todos (FdT) cuestionaron con dureza su decisión y advirtieron que “hablan de libertad como si no existiera la pandemia”.
La diputada María Bielli (FdT) les pidió a los dirigentes de la oposición nacional que “justifiquen” el comunicado que emitieron y consideró que “en el medio, si quieren, agarren un pico y una pala y pónganse a laburar. Podrían empezar por CABA, donde gobiernan hace 14 años y en el marco de la pandemia no tuvieron ni una sola política de ayuda económica y una gran cantidad de ‘errores’ en la política sanitaria”.
Mientras que Leandro Santoro (FdT) aseguró que “cuando los casos se disparan no alcanza con esperar que la responsabilidad individual resuelva los problemas colectivos” y advirtió que “necesitamos consignas claras, medidas realistas, controles efectivos y un monitoreo permanente. Convoque a todos antes que sea tarde”.
“Hablan como si no existiera la pandemia. Circulan cepas más agresivas y vuelven a insistir en las ‘libertades irrestrictas’. Buscan sacarle ventaja al legítimo mal humor social jugando a la ruleta rusa con la sanidad pública. La noche porteña es un descontrol. ¡Defendamos la vida!”, advirtió.
Al mismo tiempo que la kirchnerista Lorena Pokoik (FdT) lanzó: “’debemos defender la mayor normalidad posible’ dice Juntos por el Cambio. ¿De qué normalidad hablan? ¿Hay algo normal en una pandemia? Si no fuera por el Gobierno Nacional la situación estaría descontrolada como en Brasil, EE.UU, Paraguay, y todos los gobiernos que ustedes apoyan”.
En tanto María Rosa Muiños (FdT) compartió un tuit que sostenía que “podemos pensar que económica y socialmente no hay margen para nuevos cierres y decidir en consecuencia. Pero lo que no podemos hacer es negar que lo que disminuye la circulación viral es restringir las interacciones entre personas. Hace un millón de muertos que eso quedó claro”.
Ante el aumento de casos de coronavirus y las “catastróficas consecuencias” que se observan en muchos países, los integrantes de la Comisión de Salud hicieron un llamado a la población.
La pandemia de Covid-19 sigue asolando al mundo entero, que no logra detener el incesante incremento de los contagios. Ante esa convicción, los diputados nacionales del Frente de Todos que integran la Comisión de Acción Social y Salud Pública advirtieron que “será necesario avanzar con restricciones en la circulación pública y algunas actividades sociales y recreativas, protegiendo el empleo y el funcionamiento económico a la par de la salud”.
Esto ante la convicción de que “se yergue como amenaza cierta en numerosas localidades la posibilidad de que las capacidades sanitarias sean sobrepasadas de no mediar acciones que ralenticen la transmisión de las infecciones”.
Los legisladores son conscientes de que “la aceleración de propagación del virus y la difusión de nuevas cepas ha traído catastróficas consecuencias en muchos países, especialmente entre algunos de nuestros vecinos limítrofes”.
“Debemos evitar por todos los medios a nuestro alcance que esas desgracias se repitan en nuestra Patria”, sostienen los diputados oficiailstas Pablo Yedlin, Ana Carolina Gaillard, Paola Vessvessian, Florencia Lampreabe, María Luisa Montoto, Jimena López, Estela Neder, Mónica Macha, Juan Carlos Alderete, María Rosa Martínez, Mara Brawer y Cecilia Moreau, quienes a su vez instaron al conjunto de la población a extremar los cuidados individuales y colectivos, observando rigurosamente las orientaciones brindadas por las autoridades sanitarias.
Por otra parte expresaron su “más respetuoso reconocimiento a los equipos de salud de todos los ámbitos y niveles, como así también el incondicional apoy a las reparticiones sanitarias gubernamentales que irán determinando, en este marco de prioridad absoluta, las medidas más pertinentes para lograr atravesar con éxito la difícil situación actual”.
El reclamo lo hicieron al conmemorarse el 21° aniversario de la plantación de ese símbolo.
Legisladores del bloque Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentaron un proyecto de declaración para conmemorar el 21° aniversario de la plantación del “Olivo del Papa Francisco” en Plaza de Mayo, que el entonces cardenal Jorge Bergoglio sembró junto a representantes de distintas religiones y de la comunidad educativa, en el marco del Jubileo 2000. En ese marco, manifestaron su preocupación por el atentado contra su placa conmemorativa e instaron al Poder Ejecutivo porteño a su pronta reparación.
En primer lugar, desde el Frente de Todos consideran que “hace 21 años, el árbol de olivo que se encuentra en la Plaza de Mayo nos recuerda al compromiso que día a día debe ser renovado por todas las personas, cualquiera sea su credo o religión. Como símbolo por la paz, es un llamado al respeto, la fraternidad y la solidaridad de unos con otros, así como al constante trabajo que esto requiere”.
“En una reciente movilización opositora al Gobierno nacional, algunos manifestantes destruyeron la placa conmemorativa que se encuentra en el lugar y desde entonces no es posible su correcta identificación”, apuntaron los legisladores en los fundamentos del proyecto, al tiempo que instaron al Poder Ejecutivo a “realizar las acciones necesarias para su pronta reparación”.
Agregaron que “el papa Francisco se ha pronunciado incansablemente sobre la necesidad e importancia de la paz en el mundo. Durante la celebración de la 54° Jornada Mundial de la Paz, llamó a que trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida”.
El expediente lleva la firma de los legisladores Matías Barroetaveña, María Rosa Muiños, Javier Andrade, Santiago Roberto, Juan Manuel Valdés, Lorena Pokoik, Victoria Montenegro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Laura Velasco y Claudio Ferreño.
Se trata de una iniciativa de los legisladores del Frente de Todos (FdT) a través de la cual buscarán conocer si hubo intervenciones por parte del Ministerio de Espacio Público tendientes a prohibir la permanecía de personas sin hogar en la vía pública.
Dado al crecimiento sostenido del número de personas en situación de calle, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual le exigirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que brinde precisiones acerca de la permanencia de estas personas en la vía pública.
En ese sentido, los legisladores buscan indagar acerca de si hubo acciones y/o intervenciones del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana dirigidas a “prohibir la permanencia o presencia de personas en situación de calle en espacios públicos de la Ciudad desde el 1 de enero del 2020 hasta la actualidad” y la cantidad de personas que se encuentran en esa situación.
También solicitarán información sobre si el mencionado Ministerio trabaja en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en las intervenciones y desalojos; si las personas en situación de calle desalojadas fueron enviadas a algún establecimiento, dispositivo u hogar; entre otras cuestiones.
Al mismo tiempo, los legisladores le pedirán al Ejecutivo que informe que es lo que ocurre con las pertenencias de las personas desalojadas y si el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana cuenta con protocolos o procedimientos de intervención en espacios públicos frente a la permanencia o presencia de personas en situación de calle.
En los fundamentos de la medida, los opositores aseguraron que “motiva este pedido de informes la inquietud de diferentes organizaciones sociales y organismos de derechos humanos frente a las intervenciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a las personas en situación de calle que transitan o permanecen en diferentes espacios públicos” y recordaron que “según el último censo popular realizado en el año 2019, existen 7251 personas en situación de calle, de ellas 5412 no tienen acceso a paradores, ni establecimientos con convenio con el gobierno de la ciudad, es decir que duermen en la vía pública. Se relevó que 80% son varones, 19% son mujeres y 1% declara ser travesti o trans. 871 son niños y 40 mujeres embarazadas”.
“Hemos tomado conocimiento mediante vecinos/as y organizaciones sociales, que han acontecido intervenciones policiales irregulares sobre personas en situación de calle, al menos en el barrio de Palermo. Esto ya ha sido tomado de forma preocupante”, señalaron y concluyeron afirmando que “amerita conocer y tener información respecto al accionar, protocolos y procedimientos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana frente a las intervenciones sobre personas en situación de calle que transitan o permanecen en espacios públicos y también sobre sus pertenencias”.
Los diputados de esa bancada comenzaron una iniciativa popular a través de la cual buscarán recolectar 40 mil firmas, a fin de que la Legislatura de la Ciudad ponga en debate un proyecto para que se desarrolle un espacio verde en donde hoy está Costa Salguero.
A pocas semanas de que la Legislatura porteña finalizara la histórica audiencia pública en la que se debatió la creación de un barrio náutico en la costanera, los legisladores del Frente de Todos (FdT) comenzaron este fin de semana una iniciativa popular para recolectar 40 mil firmas para que esa Casa ponga en debate un proyecto para que se cree en el lugar un gran espacio verde.
Así lo reflejaron los propios diputados en las redes sociales, en las que compartieron detalles de una actividad que realizaron en la que plantaron árboles e instaron a los vecinos a firmar la petición, a fin de evitar que avance la iniciativa impulsada por el oficialismo porteño y que prevé crear un barrio náutico en donde está actualmente Punta Carrasco y Costa Salguero.
En ese sentido Juan Manuel Valdes (FdT) indicó que “el 98% de los ciudadanos y ciudadanas que se expresaron en la audiencia pública sobre Costa Salguero rechazaron el proyecto de Larreta para privatizar nuestro borde Costero. ¡Queremos un gran parque público!” y remarcó que “acceder y disfrutar del río es nuestro derecho. El Gobierno de la Ciudad pretende construir una barrera de cemento para seguir dándole la espalda”.
Mientras que Claudio Morresi (FdT) aseguró que “necesitamos 40 mil firmas para que la Legislatura pueda tratar el proyecto para que tengamos un parque público en la Costanera”. Sobre esa misma línea, la diputada Lucía Cámpora (FdT) concluyó recordaron que plantaron “17 árboles nativos, uno por cada hectárea que quiere vender Larreta en Costa Salguero. No a las torres de lujo. ¡Sí al parque público para todas y todos! Se viene la juntada de firmas”.
Se trata de un pedido de la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), quien le solicitó a las Juntas Comunales que capaciten a los comuneros y los trabajadores comunales en la “Ley Micaela”.
La presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia y diputada del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual le solicitará a las Juntas Comunales que arbitren los medios necesarios para que comuneros, junto con los trabajadores comunales, realicen la capacitación obligatoria en género “Ley Micaela”, a la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió mediante Ley 6.208.
En los fundamentos de la medida, la legisladora recordó que la Ley Micaela “reconoce y establece la obligación de la formación en género y violencia contra las mujeres de la totalidad de la planta trabajadora de los tres poderes del Estado” y precisó que la misma lleva “el nombre de Micaela García, una joven de 21 años, víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos. Tras su desaparición y luego de una semana de intensa búsqueda en abril de 2017, su muerte conmocionó al país. Al momento de su muerte, su asesino y abusador, Sebastián Wagner, tenía una condena por dos casos de violación. El Juez de la causa, Carlos Rossi, le había concedido la libertad condicional pese a que existían dictámenes que lo desaconsejaban”.
Al mismo tiempo que detalló que, según datos del Ministerio Público Fiscal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 56 mujeres, mujeres trans y travestis fueron asesinadas por razones de género entre los años 2015 y 2018. Y, según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, sólo en el año 2020, hubo 298 femicidios, de los cuales cuatro fueron en Ciudad de Buenos Aires. “Sabemos que el proceso para salir del círculo de la violencia es complejo y sin acompañamiento de la justicia lo es aún más”, añadió Velasco.
Sobre esa misma línea la opositora señaló que “las comunas son los entes más cercanos a la vecindad debido a su función descentralizadora. En este sentido, es imperante que quienes trabajen allí se formen en género” y concluyó advirtiendo que “la capacitación obligatoria en perspectiva de género sería un gran paso para construir comunas libres de violencias”.
Se trata de una iniciativa del Movimiento Evita, la cual está recorriendo distintos puntos del distrito capitalino desde principios de marzo. “Son imprescindibles estas iniciativas”, aseguró el jefe del bloque FdT.
En medio de la compleja situación sanitaria que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires por la pandemia del Covid 19, el presidente del bloque Frente de Todos (FdT), Claudio Ferreño, visitó la clínica móvil del Movimiento Evita que estuvo atendiendo a los vecinos de Lugano y que desde principios de marzo recorre barrios populares del distrito para ofrecer asistencia médica.
Es así que en su tercera semana de la campaña “Organización Comunitaria para la Reconstrucción Argentina”, el camión sanitario del Evita recorre los barrios populares para acercar atención médica general y de aquellas especialidades que son de difícil acceso para los sectores vulnerables de la Ciudad.
En esta oportunidad, se estacionó en la esquina de Cafayate y Pedro García, en Lugano I y II, para dar atención en medicina general, vacunación, pediatría, oftalmología, odontología, asesoramiento en consumos problemáticos y salud sexual integral para los vecinos que lo requieran.
Durante su recorrida Ferreño explicó que “son imprescindibles estas iniciativas que lleva adelante el Movimiento Evita para que los habitantes de los distintos sectores de mayor vulnerabilidad de la Ciudad que muchas veces quedan relegados de las políticas excluyentes del Gobierno porteño, tengan acceso a una salud de calidad” y remarcó que “en el marco de la pandemia estas iniciativas se convierten en algo fundamental”.
También estuvo presente en la actividad el secretario general del Movimiento Evita de CABA y funcionario del INAES, Jonathan Thea; el presidente de la Comuna 8, Miguel Ángel Eviner; la ex legisladora porteña, Andrea Conde y el director nacional de Jefatura de Gabinete, Marcos Fernández.
En ese sentido, Jonathan Thea señaló que “son las organizaciones sociales las que salen a poner el cuerpo y ocuparse de la salud de los vecinos y vecinas de Buenos Aires que viven en los barrios populares, frente al abandono sistemático del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Esta clínica móvil nos llena de orgullo por la misión que cumple”.
Por su parte Conde sostuvo que “los barrios populares están relegados desde hace años” y que “la gran cantidad de personas que se atendieron en la clínica móvil dejó en claro que es imperioso que el acceso a la salud se convierta en una prioridad para el Gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta”.
El camión sanitario ya atendió a más de cinco mil personas en estas tres semanas de funcionamiento y ya recorrió los barrios Rodolfo Ricciardelli, Juan XXIII, Padre Carlos Mugica, La Boca, Mitre, La Cueva (Chacarita), Villa Soldati y Ciudad Oculta, y la Villa 21-24 – Zavaleta, entre otros.
Además, la clínica móvil también cuenta con garrafa social, plantines agroecológicos, asistencia para casos de violencia de género, registro al ReNaTEP y continúa con la campaña de prevención comunitaria contra Covid, entre otros servicios.
Se trata de un pedido del diputado Santiago Roberto (FdT) presentó dos proyectos para solventar la situación de los porteños que alquilan y otro para garantizar la asistencia a personas sin hogar.
En medio de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, el legislador del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto presentó en la Legislatura porteña dos proyectos de ley para solventar la situación de los porteños que no cuentan con un techo propio. La primera de ellas busca brindar asistencia para inquilinos e inquilinas de viviendas familiares, mientras que el segundo, apunta a brindar atención a familias en situación de calle.
El proyecto de atención para inquilinos de vivienda familiar, se orienta a proteger tanto a los dueños de las propiedades como a las familias que alquilan (que abonen hasta 42 mil pesos mensuales de alquiler, y que este alquiler represente más de 20 por ciento de sus ingresos), ante situaciones de incumplimiento del contrato por falta de pago y/o deudas, que podrían generar el desalojo.
Además propone crear un registro de inquilinos y propietarios. Los inquilinos que se inscriban en el registro, podrán acceder a un subsidio equivalente al 30% del monto mensual del contrato vigente por un período de seis meses consecutivos. El instituto de la Vivienda (IVC) se hará cargo del pago de este subsidio.
Asimismo, en caso de la existencia de deudas por alquileres, se instrumentará, a pedido de los inquilinos, los propietarios o ambos, y con acuerdo expreso de las partes al respecto, un subsidio correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del total de la deuda acumulada a partir de marzo de 2020, que será abonado al propietario, y descontado del saldo de la deuda que mantenga el inquilino. Por el saldo de la deuda, a solicitud de las partes el Banco Ciudad adquirirá al propietario acreedor el 50% restante de la deuda y ofrecerá al acreedor opciones de cancelación al contado o en cuotas.
El proyecto resalta que no se podrá desalojar a familias inquilinas sin haber brindado como alternativa una solución habitacional definitiva para la persona o familia locataria.
En ese marco, Roberto resaltó que “con estas iniciativas buscamos que las y los inquilinos no queden en la calle, y que los propietarios puedan cobrar el alquiler, que muchas veces, es el plus de ingreso sumado a una jubilación o a un ingreso moderado que les permite llegar a fin de mes”.
Por otra parte, el diputado también presentó un proyecto para crear un programa de “Atención para Familias en Situación de Calle”, que propone otorgar una actualización de los montos que perciben las familias (hoy de 8.500 pesos), por 500 Unidades Fijas, lo que refleja un monto de 19.500 pesos. En los casos en que el grupo familiar esté integrado por personas con discapacidad y/o adultos mayores los montos se incrementarán un 50%. Lo mismo ocurrirá cuando la persona solicitante resulte víctima de violencia familiar o de género.
Al respecto, manifestó que “frente a la inoperancia del gobierno de la Ciudad para brindar asistencia a personas que viven en extrema vulnerabilidad social, proponemos un proyecto que busca actualizar los montos de los subsidios a números que se asemejen a la realidad y poder garantizar un techo a quienes viven en la calle”.
Ambas medidas también llevan la firma de los diputados Matías Barroetaveña, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).
La diputada del FdT Laura Velasco pidió que se inmunice a este grupo de personas durante el censo de abril. “Es una población en extremo vulnerable, con grandes riesgos de contraer el virus por sus condiciones de vida”, aseveró.
Luego de que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunciara la inminente llegada de la segunda ola de Covid 19, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual le solicitará al Ejecutivo local información acerca de si está previsto vacunar contra el Covid 19 de manera prioritaria, y en qué etapa, a las personas que se encuentran en situación de calle, en riesgo de calle y a las que viven en paradores.
Asimismo exigió que, en caso de que se avance con esa vacunación, se informe de qué modo se implementará un registro y un seguimiento para garantizar la aplicación de la segunda dosis.
En ese sentido, Velasco señaló que “nos estamos refiriendo a un población en extremo vulnerable, con grandes riesgos de contraer el virus por sus condiciones de vida y, como consecuencia de ello, también imposibilitada de realizar una inscripción on-line, con la que se hace difícil organizar un proceso de vacunación” y remarcó que “por eso, creemos que es de suma importancia saber si existe planificación respecto al acceso a la vacuna por parte de estas personas”.
Además recordó que en abril el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad junto a organizaciones civiles que trabajan con personas en situación de calle, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Estadísticas y Censos y el Ministerio Público de la Defensa porteños realizarán el censo anual que incluirá a todas las personas que se encuentran habitando la vía pública y a quienes estén alojados en hogares y Centros de Inclusión social, propios y conveniados. Es por ello que consideró que “sería una buena ocasión para llevar adelante la vacunación de esta población”.
Según el último censo popular realizado en 2019, existen 7.251 personas en situación de calle, de las cuales 5.412 no tienen acceso a hogares ni paradores, es decir, que duermen en la vía pública; 871 son niños y 40 mujeres embarazadas.
En el marco de un amparo que tiene a la legisladora Velasco como querellante, hace dos semanas el juez Guillermo Scheibler intimó al Gobierno porteño a que, frente al reciente inicio del Plan de Vacunación contra el Covid 19 en la Ciudad, informe el cronograma previsto para la población en situación de calle alojada en Hogares dependientes del GCBA así como para el personal que allí trabaja.
“Si bien el Ejecutivo porteño contestó, lo hizo sin dar precisiones y sin explicar por qué ni siquiera comenzó a vacunar a las personas en situación de calle que se encuentran dentro de los grupos prioritarios determinados a partir de las etapas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación, a las que dice adherir. Una muestra más de que para el Gobierno de Rodríguez Larreta existen ciudadanos de primera y de segunda en la ciudad de Buenos Aires”, afirmó Velasco.
Al mismo tiempo que concluyó señalando que “el actual sistema de inscripción para acceder a la vacuna se realiza vía web, lo cual excluye y es inviable para las personas en situación de calle. En la Ciudad tenemos la Ley 3.706, que otorga a quienes se encuentran en esta situación de extrema vulnerabilidad el derecho a un acceso pleno a los servicios socio-asistenciales que brinda el Estado y entidades privadas conveniadas con este. Por eso es importante saber si el Ejecutivo porteño cuenta con algún plan para garantizarle a esta población el acceso a la vacuna contra el Covid 19”.
Los legisladores de esa bancada consideraron que se trató de una medida “intempestiva” y de “revanchismo” contra la titular del PAMI, Luana Volnovich.
Después de que el Gobierno de la Ciudad clausurara el Hospital Español, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual expresaron su preocupación por lo ocurrido y advirtieron que se trató de un acto de “revanchismo” contra la titular del PAMI, Luana Volnovich.
A través del texto presentado, los opositores buscarán que la Legislatura de la Ciudad exprese su “preocupación frente a la clausura del Hospital Español (Sociedad Española de Beneficencia), en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el coronavirus Covid 19, y se solicita que se arbitren las medidas necesarias para que se garantice el efectivo acceso a los servicios de salud en el mencionado hospital”.
La iniciativa lleva la firma de Matías Barroetaveña (FdT), quien recordó que “el lunes el Gobierno de la Ciudad clausuró el Hospital Español, lugar de atención de 71.000 afiliados al Pami, en una clara revancha por las declaraciones de su titular Luana Volnovich por el destrato y el riesgo sanitario a que fueron expuestos los mayores de 80 años la semana pasada en el Luna Park y en la sede del club San Lorenzo”.
Al mismo tiempo que precisó que en la descripción del acta de clausura figuraban elementos de “muy fácil resolución” como: “tener protocolo de puesta a tierra vencida”, “falta de luces de emergencia en toda la extensión de medios de salida” y “no exhibe oblea QR de detección de incendio”.
“Los motivos esgrimidos para la clausura podrían haber sido resueltos en el momento pero el gobierno no dudó en tomar esta decisión gravísima obligando a suspender tratamientos oncológicos, cirugías y demás intervenciones en plena pandemia”, manifestó Barroetaveña y sentenció que “desde el bloque del Frente de Todos en la Legislatura presentamos una declaración de condena por este accionar inhumano del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y exigimos la inmediata reapertura”.
Se trata de un pedido de Leandro Santoro (FdT) y otros legisladores de esa bancada, quienes exigieron que el ministro de Salud brinde precisiones acerca del plan de vacunación contra el Covid 19 para los adultos mayores de la Ciudad.
Tras el escándalo por la falta de organización en la vacunación de los adultos mayores, el diputado del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro y otros legisladores de esa misma bancada presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual solicitaron la interpelación al ministro de Salud, Fernán Quirós, para que dé explicaciones sobre los hechos ocurridos durante la jornada de vacunación a jubilados de 80 años llevada a cabo en el Luna Park, La Rural y en la sede del Club San Lorenzo en Boedo.
A través de esa iniciativa, los opositores le exigirán al funcionario información sobre las circunstancias, responsabilidades, acciones u omisiones incurridas en la campaña de vacunación del martes 9 de marzo, además de los criterios aplicados para la distribución y aplicación de las vacunas recibidas desde el Gobierno Nacional a los Centros de Salud Prepagos y Obras Sociales arbitrariamente elegidas.
Desde el FdT aseguraron que “la evidente desidia y mala organización llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós, hicieron que miles de adultos mayores de 80 años se agolpen sin ningún tipo de protocolo, exponiendo su salud que tanto intentaron preservar en los últimos meses, en lo que fue un esfuerzo sanitario y económico sin precedentes en nuestra historia” y remarcaron que el Gobierno local “no entrega información sobre la campaña de vacunación que lleva a cabo y le cedió un número desconocido de vacunas a prepagas y obras sociales arbitrariamente elegidas”.
Sobre esa misma línea remarcaron que “estos bienes escasos y esenciales no pueden ser manipulados con este grado de discrecionalidad. Debe ser de manera exclusiva el Estado quien suministre las mismas con control y supervisión de todo el sistema republicano local” y aseguraron que no comprenden “por qué motivo el Gobierno de la Ciudad no centra sus esfuerzos en ampliar las bocas de vacunación, habiendo ofrecido la obra social PAMI su infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires a través de una nota de su titular Lic. Luana Volnovich el pasado 4 de marzo, sin respuesta afirmativa de las autoridades de la Ciudad”.
“La gestión de una pandemia no es un show para la televisión, sino el cuidar con responsabilidad la salud de cada una de las personas de las que este gobierno es responsable. El Jefe de Gobierno y su ministro de Salud deben explicar a los porteños y las porteñas por qué siguen promocionando a la gestión de la pandemia en la Ciudad como un éxito cuando tiene uno de los peores resultados en todos los indicadores del país”, señalaron y concluyeron afirmando que “es necesario conducir con responsabilidad un proceso que se llevó la vida de muchas personas, sobre todo si luego se pretende hacer alarde de algo de lo que no hay mucho para festejar”.
El bloque conducido por Claudio Ferreño (FdT) criticó con dureza la “falta de planificación” en los dispositivos de vacunación para los adultos mayores, que llevaron a que hubiese largas colas y amontonamientos de ancianos en el Luna Park y la cancha de San Lorenzo.
Tras la viralización de imágenes que mostraban los adultos mayores y sus acompañantes realizando largas colas para vacunarse contra el Covid en el estadio de San Lorenzo y el Luna Park, los diputados del Frente de Todos (FdT) cuestionaron la “falta de planificación” en la campaña de vacunación para los ancianos.
En ese sentido, la bancada conducida por Claudio Ferreño (FdT) advirtió que “la jornada fue un desastre y los responsables tienen que dar respuestas” y recordaron que “en abril del año pasado, el Gobierno nacional tomó las medidas necesarias en medio de la pandemia y separó del cargo al entonces titular de ANSES, Alejandro Vanoli, por los desbordes de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que se presentaron a cobrar al reabrirse las sucursales de los bancos”.
Sobre esa misma línea señalaron que “la desorganización que vimos hoy no es un hecho aislado, es la evidencia del desprecio que Rodríguez Larreta y sus funcionarios tienen por los ciudadanos que se atienden en el sistema de salud pública” y consideraron que “acá no hay improvisación, es una decisión política y los responsables tienen que dar explicaciones”.
Asimismo indicaron que “PAMI ofreció centros de vacunación, pero ni Horacio Rodríguez Larreta ni Fernán Quirós respondieron. No inscribieron, no planificaron, en la distribución de las vacunas disponibles privilegiaron a las prepagas y hoy mandaron a los ancianos que no tienen prepaga a hacer filas eternas a predios saturados”.
“La jornada fue un desastre. Recibir tanto destrato es una provocación. La vacunación debería traer certezas y esperanza, no más angustias. ¿Tanto cuesta organizar una vacunación digna para los porteños y las porteñas?”, completaron.
Por otra parte, en sus redes sociales, el diputado Matías Barroetaveña (FdT) señaló que “la vacunación en la Ciudad es una vergüenza: no inscribieron, no planificaron, no aplican vacunas disponibles, privilegian a algunas prepagas y someten a mayores de 80 años a un trato inhumano” y advirtió que “estamos ante un grave error de gestión que provoca un enorme riesgo sanitario y repite un esquema de desigualdad permanente en la ciudad entre lo público y lo privado”.
Mientras que Laura Velasco (FdT) explicó que “es inhumano, no hay otra palabra para describir lo que están haciendo Larreta y Quirós con la campaña de vacunación. Exigimos respuestas urgentes. Nuestros adultos mayores se merecen que el Estado los cuide y no semejante maltrato y desinterés” e insistió en que “lo que vimos hoy en el Luna Park y en San Lorenzo muestra la improvisación con la que se está manejando la campaña de vacunación más importante de nuestra historia, en el distrito con más recursos del país”.
“Nosotros advertimos que esto iba a suceder. Por eso propusimos implementar un registro de vacunación anticipado para poder planificar y llevar adelante este proceso de inmunización de la mejor y más ordenada manera posible. No sólo no se nos escuchó, sino que se prefirió hacer política partidaria de cara a las elecciones de este año en lugar de trabajar juntos para cuidar a la población de la Ciudad”, sentenció.
Las diputadas de esa bancada presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para derogar un artículo del Código Contravencional de la Ciudad que establece sanciones económicas para quienes ofrezcan servicios sexuales en la vía pública.
Con motivo del 8M, las legisladoras del Frente de Todos (FdT) y la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto que busca derogar un artículo del Código Contravencional de la Ciudad que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.
El texto en cuestión, que fue presentado durante una conferencia de prensa en la puerta del Palacio Legislativo, prevé eliminar el artículo 86 que fija sanciones económicas a “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad”.
La iniciativa lleva la firma de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), quien explicó que “es necesario seguir despertando esta conciencia en cuanto a lo que significa el Código contra la violación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y estamos dispuestas a dar una fuerte pelea dentro de la Legislatura porteña”.
Mientras que la titular de Ammar, Georgina Orellano, subrayó que “lo que hace la policía es violencia institucional y es algo que no queremos nunca más en nuestras vidas ni en la cotidianeidad de quienes ejercemos el trabajo sexual” y recordó un informe realizado por ese organismo en 2016, el cual estableció que “de 363 trabajadoras sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad. En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes”.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes las diputadas María Bielli y Lucía Cámpora (FdT); el director de la oficina de Onusida para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Alberto Stella; la coordinadora de la agenda Feminista del CELS, Vanina Escales; y referentes de la Federación Argentina LGBTIQ, entre otras organizaciones.
Al respecto de la medida, Cámpora señaló que “lo que planteamos es la derogación del artículo 86 del Código Contravencional y de la cláusula transitoria concordante que son en definitiva el fundamento que habilita el ejercicio de un poder punitivo que como sabemos es fuertemente selectivo y que se ensaña particularmente con las compañeras”. En tanto Bielli expresó que “sabemos que la pandemia ha evidenciado el recrudecimiento de la violencia institucional sobre las compañeras que están ejerciendo el trabajo sexual y estamos completamente en contra de eso”.
Por su parte Stella señaló que “como estos artículos, de cierta manera legitiman el trato inhumano, el trato violento y degradante de un ser humano y por tanto el atropello de sus derechos, tiene que ser derogado y nosotros vamos a acompañar este proceso”; mientras que Escales concluyó preguntándose “en qué tipo de Ciudad se imagina el artículo 86. Una en la que hay personas deseables y no deseables. Tenemos que pensar una ciudad para todos, una ciudad inclusiva y me parece que desde los Derechos Humanos es indiscutible acompañar la derogación de este artículo”.
En un encuentro realizado en el marco del 8M en las oficinas del bloque, se acordó impulsar la ley de cupo laboral trans y otra de sistema integral de cuidados, entre otros temas.
Diputados del Frente de Todos encabezados por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner, se reunieron este lunes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para consensuar la agenda legislativa de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque oficialista, en el tercer piso del Palacio Legislativo, y participaron entre otras las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa de la bancada), Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria), Mónica Macha (titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad), Gabriela Cerruti y Paula Penacca.
Gómez Alcorta enumeró los hitos de la gestión del Ministerio, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que busca resolver las desigualdades estructurales de género. También destacó la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, y se refirió a la necesidad de federalizar las políticas vinculadas a las violencias a través de un trabajo conjunto con provincias y municipios.
En cuanto a la agenda legislativa, la ministra y los diputados oficialistas acordaron impulsar la ley de inclusión laboral travesti/trans, que establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado. El proyecto, consensuado entre distintos bloques, ya cuenta con dictamen favorable y está listo para ser tratado en el recinto.
Paralelamente, la bancada del Frente de Todos se comprometió a trabajar en una ley sobre sistema integral de cuidados y a introducir perspectiva de género en una eventual reforma judicial, algo que reclamaron en los últimos días tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por último, la ministra y los diputados dialogaron sobre la necesidad de “repensar” la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.
“Conversamos sobre los ejes de la agenda legislativa de mujeres, géneros y diversidades que vamos a trabajar en Diputados”, expresó Álvarez Rodríguez, y amplió: “Para seguir ampliando derechos, el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo es clave. Vamos por la ley de inclusión laboral travesti/trans y un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.
Más temprano, Gómez Alcorta participó del acto de firma del “Acuerdo Federal por una Argentina Unida Contra las Violencias de Género”, junto al presidente Fernández, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gobernadores, en la previa de una serie de movilizaciones en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional.
En un comunicado, el bloque presidido por José Mayans denunció que la Justicia actúa como “brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción” del actual oficialismo.
Los senadores del bloque del Frente de Todos salieron en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa denominada “dólar futuro” y vincularon el accionar de la Justicia al proceso electoral de este año.
En un comunicado, el bloque presidido por José Mayans se preguntó “cuál es la verdadera razón por la que los jueces intervinientes se resisten a cerrar esta causa absurda”.
“La respuesta es simple: estamos a pocos meses de las elecciones de medio término en nuestro país y hay un sector de la Justicia decidido a repetir, una vez más, la práctica de manipulación e intromisión del Poder Judicial en los procesos electorales, actuando como brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción de nuestro espacio político”, denunciaron.
Los legisladores repudiaron “el accionar de un sector de la Justicia y de los medios de comunicación hegemónicos que, en forma articulada, continúan ejecutando una condenable persecución judicial y mediática contra nuestro espacio político en general y contra la vicepresidenta de la Nación en particular”.
“Sin dudas, el hecho de que las personas acusadas en esta causa no hayan sido aún sobreseídas en la misma constituye una verdadera aberración jurídica que vulnera las más elementales nociones de justicia”, interpretaron.
En ese sentido, repasaron los resultados de la pericia realizada por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia y aseguraron que “derrumba con contundencia cada uno de los argumentos esgrimidos por los denunciantes y por el juez (Claudio) Bonadio en el auto de procesamiento”.
También señalaron, al igual que lo hiciera la propia Cristina en su descargo, que “quienes se beneficiaron con las operaciones del dólar futuro fueron los amigos y exfuncionarios del expresidente Macri y las empresas vinculadas a su familia, luego de la brusca devaluación que ellos mismos decidieron e instrumentaron”.
“Estamos ante una decisión de polı́tica económica que no constituye una cuestión justiciable. Sin embargo, en esta Argentina del lawfare permanente, parece que hay que explicar hasta las cuestiones más obvias ante algunos jueces que han olvidado que su rol es el de aplicar la Constitución Nacional y las leyes vigentes”, se quejaron los senadores oficialistas.
Por último, remataron con un mensaje a los jueces: “Si quieren participar en política, deberían renunciar a sus cargos en el Poder Judicial y someterse al voto popular, tal como lo hacemos nosotros”.
La diputada Laura Velasco (FdT) presentó un proyecto de declaración para expresar su preocupación por la extracción de 40 árboles e insistió con una iniciativa para modificar esa ley y establecer capacitaciones para quienes podan los ejemplares.
Luego de que un grupo de vecinos y organizaciones ambientalistas se manifestaran en defensa del arbolado público, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco presentó un proyecto de declaración en el que manifiesta su preocupación por la decisión del Ejecutivo porteño de extraer 40 árboles del Boulevard San Isidro Labrador ubicado en el barrio de Saavedra, junto a otros 30 o 40 más de distintos puntos de la comuna 12.
En ese sentido, la diputada explicó que “la pandemia dejó al descubierto, entre muchas otras cosas, que tanto la importancia como la necesidad de espacios verdes y de arbolado para una ciudad como Buenos Aires, son un tema de salud pública” y afirmó que “es hora de que Ciudad Verde deje de ser un sello para hacer marketing y pase a ser una política pública a favor del bienestar de todos los porteños”.
Cabe recordar que el año pasado Velasco había presentado un proyecto en el que proponía mayores controles y cuidados sobre el arbolado de la Ciudad; nuevas plantaciones, principalmente en barrios populares, donde existe un gran déficit -en villa 20, un relevamiento arrojó que existe sólo un ejemplar cada 80 personas-; y destaca la importancia del arbolado como patrimonio cultural y ambiental y para la salud física y mental de las personas.
En esa misma iniciativa también se establecía capacitaciones para el personal que interviene en las podas, talas y extracciones, incorporando un manual específico, e iniciativas educativas en relación al cuidado y la importancia del arbolado público urbano, desde nivel inicial hasta superior.
“El arbolado urbano es una gran herramienta con la que contamos para moderar, amortiguar o mitigar los efectos del cambio climático, por eso desde el Estado debemos protegerlo y fortalecerlo en lugar de destruirlo como viene haciendo el Gobierno de la Ciudad desde hace años”, añadió la diputada y concluyó señalando que “en la Ciudad de Buenos Aires tenemos enormes problemas ambientales y en lugar de proteger nuestros árboles y su follaje, el Ejecutivo porteño entrega su cuidado y preservación a empresas que no son idóneas y que su única preocupación es su facturación, la cual está ligada al número de árboles podados y a la intensidad de la poda en cada ejemplar”.
Se trata de un pedido de los diputados del Frente de Todos, quienes además exigieron que se avance en la causa que investiga su fallecimiento y expresarán su “su máximo repudio al accionar por parte de la Gendarmería Nacional”.
Los legisladores Ofelia Fernández, Claudio Morresi y Laura Velasco (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscarán recordar a Santiago Maldonado, en el marco del cuarto aniversario de su desaparición seguida de muerte. Además reclamaron por el avance de la causa que investiga su muerte y expresar “su máximo repudio al accionar por parte de la Gendarmería Nacional en dichos hechos de violencia institucional”.
En los fundamentos de la medida, los diputados recordaron que Maldonado “era un joven artesano y tatuador de veintiocho años. Desapareció el 1 de agosto de 2017 tras el violento desalojo por parte de la Gendarmería Nacional de una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia” y precisaron que “luego de 77 días sin noticias de su paradero, en un rastrillaje se halló un cuerpo sumergido en el río Chubut, cerca del lugar del desalojo. El 20 de octubre de 2017, durante la autopsia que se llevó a cabo en la morgue judicial de Buenos Aires por parte de peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, con la asistencia de integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la familia reconoció el cuerpo y confirmó que se trataba de Santiago Maldonado”.
Al mismo tiempo que explicaron que “la junta médica forense determinó que Maldonado falleció ahogado en las frías aguas del río Chubut. Los peritos que participaron en la autopsia establecieron que la muerte ocurrió debido a una ‘asfixia por sumersión en el agua del río Chubut y coadyuvado por hipotermia, según informaron los medios de comunicación luego de los hechos’”.
“Durante los casi 80 días sin noticias del parador de Santiago, miles de personas participaron de marchas en todo el país pidiendo por su aparición con vida”, indicaron y concluyeron señalando que “el próximo 1 de agosto se cumplirán cuatro años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, sin embargo, el accionar violento por parte de la Gendarmería Nacional continúa siendo materia de preocupación para la construcción de un Estado bajo el paradigma de la seguridad democrática y el pleno respeto por los derechos humanos de las juventudes”.
Los diputados de las diversas bancadas presentaron proyectos de ley, resolución y declaración. El primero en ser recibido por la Casa fue un pedido de informes impulsado por el Frente de Todos (FdT) sobre la construcción de 54 escuelas.
Tal y como suele ocurrir en cada nuevo año parlamentario, los legisladores de los diversos espacios políticos que conforman la Legislatura porteña corren a contra reloj para ser los primeros en presentar un proyecto. Tan es así que en su primer día de actividad legislativa tras el receso de verano, se presentaron más de 170 proyecto entre resoluciones, declaraciones y de ley.
De esta manera, el primer proyecto en ingresar a la Casa fue uno impulsado por los legisladores del Frente de Todos (FdT) que busca conocer en detalle cómo se está llevando a cabo la construcción de 54 nuevas escuelas y con cuantas vacantes contará la Ciudad tras la finalización de las obras.
Esta es la segunda vez que la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), en el que se indaga sobre los 30 edificios que estarían terminados a la fecha, exigiendo precisiones sobre el domicilio en el que se encuentran emplazados y si se trató sólo de una obra de remodelación. Al mismo tiempo que piden explicaciones sobre los motivos por los cuales aún habría 24 colegios que no estarían terminados.
Sobre esa misma línea, también solicitarán información sobre la cantidad total de vacantes que incluyen estos nuevos edificios discriminadas por domicilio; detallando la cantidad de salas, grados y/o divisiones. Asimismo, piden especificaciones sobre cuántas son vacantes nuevas y cuántas corresponden a la relocalización de otras instituciones.
Los diputados de esa bancada cuestionaron duramente al jefe de Gobierno porteño por no apersonarse a la Legislatura y le pidieron que “cambie este modelo y construya una Ciudad moderna con justicia social”.
Al finalizar la sesión especial en la que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio por inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias, los diputados del Frente de Todos (FdT) cuestionaron con dureza sus dichos durante el discurso de apertura y denunciaron la “precarización” de los trabajadores de la Ciudad.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), refutó varias de las afirmaciones realizadas por el funcionario respecto de las políticas públicas llevadas adelante durante su gestión en favor de los sectores más vulnerables de la Ciudad.“A dos cuadras de esta Legislatura, donde por zoom Rodríguez Larreta nos dice que el Gobierno de la Ciudad protege en pandemia a las personas en situación de calle, encontré a una mujer con su bebe durmiendo en la vereda”, indicó.
Al mismo tiempo que señaló que “mientras se proyectan fotos de fachadas de colores, en la villa 31 de Retiro sigue faltando el agua como al inicio de la pandemia. Hay lugares abandonados y peligrosos como el bajo autopista donde hace diez días se produjo un femicidio. En ese mismo barrio popular, la semana pasada se desalojó violentamente a una mujer con sus hijos de ‘El Hotelito’” y remarcó que “sigue sin haber respuesta a la desesperante emergencia habitacional en la Cuidad, que también afecta a grandes mayorías de sectores trabajadores y medios que no pueden acceder a un alquiler mientras proliferan las viviendas para la especulación inmobiliaria”.
Además precisó que “las organizaciones sociales y populares movilizaron este lunes a las puertas de la Legislatura porque en plena pandemia se recortaron convenios con cooperativas de trabajo que sostienen a 2.500 familias. La economía social y popular necesita con urgencia presupuesto para crear trabajo digno en los barrios populares” y recordó que “se mencionó la Ley para la Economía Social y Popular aprobada a fines del año pasado, sin decir que fue un triunfo de las organizaciones que pusieron el cuerpo y lo siguen poniendo para sostener en nuestros barrios los derechos más básicos como la alimentación, el acceso a la salud, colaborar con la continuidad pedagógica y acompañar casos de violencia de género”.
“También se movilizaron los jóvenes para que Rodríguez Larreta escuche lo que el 98% de las vecinas y vecinos dijeron en la Audiencia Pública: queremos un parque cien por ciento verde y público en Costa Salguero y Punta Carrasco, recuperar el río y el horizonte. Una Ciudad del bien común y no del negocio inmobiliario de unos pocos”.
En cuanto a violencia de género, la diputada manifestó que “en la Ciudad necesitamos un Ministerio de la Mujeres Géneros y Diversidad, no un área desjerarquizada y sin presupuesto. Siguen sin abrirse nuevos Centros Integrales de la Mujer y sin reconocerse a las promotoras territoriales que trabajan 24×7 por barrios libres de violencia, asistiendo, acompañando, garantizando el acceso a métodos anticonceptivos y capacitando”.
Por su parte el legislador Matías Barroetaveña (FdT) consideró que “Larreta repite año tras año las mismas palabras y en la ciudad se profundizan los mismos problemas y desigualdades” y añadió que “desde la llegada del Pro a la jefatura de Gobierno, se duplicó el déficit habitacional, hubo una caída constante del presupuesto educativo, se profundizó la falta de vacantes en las escuelas, todos esto conviviendo con la ausencia de obras de subte y la venta indiscriminada de tierras públicas”.
“Larreta nada dijo de la falta de apoyo del estado local a pymes, cooperativas y trabajadores; es imprescindible cambiar este modelo y construir una ciudad moderna con justicia social”, aseveró.
Sobre esa misma línea, el peronista Santiago Roberto (FdT) advirtió que “un año más el jefe de Gobierno porteño nos contó la realidad paralela en la que vive, la Ciudad ideal que no habitan las y los porteños” y destacó que “habló sobre robustecer el sistema de salud, pero se olvidó de nombrar que las y los trabajadores de la salud están precarizados. Hizo referencia a la calidad educativa, pero se olvidó de mencionar a las y los miles de pibes que no pudieron estudiar en pandemia por falta de herramientas y conectividad, ni mencionó el recorte descomunal en infraestructura escolar”.
Además alertó acerca de que Larreta “utilizó la readecuación de la coparticipación como excusa, en vez de reconocer la falta de políticas públicas y de gestión. Larreta nos tiene acostumbrados al discurso marketinero que lejos está de parecerse a la realidad que vivimos las y los porteños”.
Mientras que la diputada Claudia Neira (FdT) sentenció que “la apertura de sesiones no puede ser un trámite. Larreta lee a toda velocidad, desde su casa, datos inconexos, incomprobables, muchos ostensiblemente incorrectos. La próxima nos pasan un spot y listo”.
Desde la bancada conducida por Claudio Ferreño impulsaron un proyecto de resolución en la Legislatura porteña, a través del cual prevén tener informes acerca de la inversión en infraestructura escolar y los insumos sanitarios que se requieren para llevar a cabo las clases en tiempos de pandemia.
A pocos días de haber iniciado las clases en la Ciudad, el bloque del Frente de Todos (FdT) presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de detalles acerca de “temas críticos como la reducción de inversión en infraestructura escolar y los insumos sanitarios necesarios para el inicio de clases, el destino de las partidas presupuestarias no asignadas a la inversión y mantenimiento en Seguridad y el estado de ejecución en que se encuentra el proyecto de Costa Salguero”.
De esta manera solicitaron que se explique cuál fue la evolución de la inversión en infraestructura escolar porteña desde 2016 a la fecha, qué obras escolares fueron afectadas por la reducción de partidas presupuestarias -su estado a principios de 2020 y a fines de ese año- y cuáles son las erogaciones no relacionadas a la implementación de la Policía de la Ciudad -ex Policía Federal- con fondos obtenidos por el cuestionado aumento de la coparticipación -3,75% en 2016, luego reducido al 3,5% en 2018 producto del Pacto Fiscal-.
Además reclamaron que Larreta esclarezca por qué se redujo en más de 1.900 millones de pesos la inversión en construcción, mantenimiento y refacciones de edificios del sistema escolar público; las razones para recortar más de 370 millones de pesos al programa “Plan Sarmiento”, el cual provee computadoras a alumnas y alumnos de la educación pública; y el avance en la provisión de insumos sanitarios para la vuelta a clases presenciales, adjudicada por contrataciones directas.
Asimismo, los legisladores quieren saber si existe un plan plurianual de inversiones en materia de Seguridad en la Ciudad, proyectado con fondos propios o con transferencias de Nación, más allá del conflicto generado por la judicialización de la modificación del índice de Coparticipación. Por otro lado, desde el bloque del FdT solicitan información acerca del estado de ejecución del proyecto Costa Salguero, cuestionado judicialmente, y su inclusión en el Presupuesto 2021 pese a no tener aún la aprobación definitiva, y haber sido repudiado masivamente en Audiencia Pública y rechazado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
En ese sentido, los diputados indicaron que “Horacio Rodríguez Larreta volvió a responsabilizar al Gobierno Nacional por la falta de inversión en los edificios del sistema de educación pública, al emitir justificaciones falaces, maliciosas y carentes de argumentos válidos” y recordaron que Larreta había señalado que “la reducción de obras, tanto en lo educativo como en el resto de las obras en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la baja en la coparticipación que impulsó en forma como ya dijimos inconstitucional el Gobierno Nacional”.
Teniendo en cuenta que el aumento de coparticipación que el ex presidente, Mauricio Macri, le otorgó a la Ciudad debía destinarse exclusivamente a atender el traspaso de la Policía Federal a la jurisdicción porteña, desde el FdT creen que “es imperioso que el jefe de Gobierno precise cómo se justifica un recorte masivo en un sector tan sensible como la educación, alegando que ya no cuenta con esos fondos, que debían ser destinados al mejoramiento y mantenimiento de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, y que nada tenían que ver con la construcción de nuevas escuelas y mantenimiento de las ya existentes”.
“En particular, queremos entender cuáles son las verdaderas prioridades de Larreta que, por un lado, ajusta reiteradamente partidas educativas del Presupuesto, mientras asigna sumas exorbitantes a otras partidas vinculadas con la publicidad y la especulación inmobiliaria, por ejemplo, los 1.700 millones de pesos para proveer de infraestructura al masivamente rechazado proyecto de privatización de Costa Salguero”, añadieron.
Sobre esa misma línea aseguraron que “el Gobierno de la Ciudad tiene un doble discurso y asume una actitud contradictoria: por un lado se queja de la falta de los fondos que en 2016 fueran transferidos en exceso por Macri a la Ciudad destinados a Seguridad, aduciendo que por su disminución no puede atender la infraestructura escolar; pero, por otro, posterga la discusión con el Gobierno Nacional para definir el monto definitivo, con su correspondiente fórmula de ajuste, para los recursos destinados a solventar el traspaso de la Policía Federal, tal como lo indica la Ley de traspaso sancionada en diciembre de 2020 por el Congreso de la Nación”.
Al mismo tiempo que se preguntaron acerca de “¿por qué en un contexto de virtualidad y problemas de conectividad se resolvió recortar al programa que provee computadoras a nuestros alumnos y alumnas de la educación pública?, ¿Se trata de una verdadera falta de recursos, o será tal vez que entre las prioridades del Gobierno porteño no se encuentra la educación pública?”.
“Las alumnas y los alumnos de nuestras escuelas públicas no pueden ser carne de cañón de un Poder Ejecutivo local que no dialoga y sólo se dedica a desfinanciar la educación. Nadie puede hacerse el distraído: esta discusión existe desde que el presidente, Alberto Fernández, asumió en diciembre de 2019, participando el Jefe de Gobierno en sucesivos diálogos al respecto”, señalaron y sentenciaron que “el Gobierno de la Ciudad debe sentarse a dialogar con la Nación para terminar de una vez por todas con una cuestión que sólo encontrará una solución efectiva y conveniente poniendo los números sobre la mesa”.
Los diputados Santiago Roberto (FdT) y Alejandrina Barry (FIT) participaron de la audiencia pública en la que se analizó el incremento, el cual será del 43%. “El aumento está muy por encima de la inflación acumulada del año 2020”, aseveraron.
En el marco de una nueva audiencia en la que se analizó el incremento en la tarifa de la red de subterráneos, los legisladores de la Ciudad Santiago Roberto (FdT) y Alejandrina Barry (FIT) participaron de la misma y denunciaron que el aumento del 43% que prevé llevar adelante la empresa está “muy por encima de la inflación acumulada del año 2020”.
En ese sentido el peronista aseguró que “el Gobierno de la Ciudad aumenta una vez más la tarifa del subte de manera injustificada” y afirmó que “no sólo no hay razones para aplicar el aumento que impulsa Larreta, sino que además el incremento está basado en cálculos que no corresponden porque incluyen en el cálculo de costos que presentan para justificar la suba las inversiones y los impuestos que en realidad deben estar a cargo de la empresa concesionaria. Una vez más, intentan confundir a la gente mezclando los números para argumentar falsamente la suba del pasaje”.
“Pero en realidad lo único que quieren es transferir recursos desde los bolsillos de los usuarios a los empresarios del Grupo Roggio – Metrovías que tienen la concesión del subte hace 26 años y en todo este tiempo no han hecho nada por mejorar el servicio”, destacó y sentenció que “por eso, proponemos que sea el Estado el que gestione directamente el transporte subterráneo para anteponer el interés de los usuarios y terminar con el lucro económico de un privado”.
Mientras que la diputada Barry indicó que “a fin de año Larreta nos trajo un regalito de navidad, aumentos en el conjunto de los transportes públicos que implicarán un golpe al bolsillo del pueblo trabajador, en el marco de la caída del salario y del crecimiento de los índices de pobreza tanto en la ciudad como en el gran buenos aires, los usuarios del subte” y señaló que “de conjunto y en total, la tarifa aumentará un ajuste 43%, planteando que para ello se tomaron los gastos a octubre 2020. Pero el aumento está muy por encima de la inflación relevada acumulada del año 2020, que fue del 36,1%”.
Asimismo precisó que “dentro de los gastos incluidos por Metrovías (y avalados por el Gobierno) para calcular la tarifa, se siguen incluyendo los ‘gastos de mantenimiento’, que representa el 8,6% de la tarifa” y recordó que “en el amparo que presentamos en 2018 desde el Frente de izquierda con Myriam Bregman , que se frenó por meses el aumento del subte se estableció que esos gastos debía afrontarlos el concesionario, Metrovías”.
“Por otro lado, a fines de diciembre SBASE aprobó la nueva concesión del Sutbe, que se le otorgó una vez más a Metrovías. Dentro de la licitación pública de esta nueva concesión establecieron que esos gastos de mantenimiento ahora sí estarán a cargo del concesionario. ¿Por qué entonces siguen permitiendo que Metrovías incluya esos gastos en la tarifa?”, se preguntó y recordó que “en el amparo del 2018 también se comprobó que dentro de la tarifa Metrovías incluía inclusión gastos suntuosos como: compra de diarios por 3.262 pesos; un ticket por una cena en un restaurant de lujo por 56.500 pesos; cursos de inglés por 7.560 pesos; servicio de remises por 27.760 pesos. El Gobierno jamás hizo nada sobre esto”.
Sobre esa misma línea, señaló que “no sólo nos oponemos a este nuevo aumento, que como decía es un golpe al bolsillo del pueblo trabajador en un momento de mayor apertura de la cuarentena, incluidos las familias y docentes que tienen que dar clases” y concluyó afirmando que “hay que terminar con este sistema de privatización, con la estatización del subte controlado por sus propios trabajadores para dar un servicio barato y de calidad al conjunto de la población. Es parte de también terminar con los privilegios a los amigos del poder”.
Los diputados del FdT cuestionaron con dureza la aparición de las campañas de vacunación contra el virus en sanatorios privados. “Este mecanismo privado atenta contra los criterios de igualdad y universalidad en el acceso a la vacuna”, señalaron desde ese espacio.
Con la polémica por la vacunación vip aún muy latente, en la Ciudad de Buenos Aires estalló la polémica por una supuesta “privatización” de las vacunas contra el Covid 19. Es que este martes la abogada Natalia Salvo denunció al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, por haber celebrado contratos con prepagas y obras sociales en relación a la vacuna, algo que interpretó como “una privatización del plan de vacunación” en el distrito capitalino.
A raíz de esto los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) salieron a cuestionar con dureza al Ejecutivo local. Tan es así que la diputada Claudia Neira (FdT) explicó que recibieron “con mucha sorpresa la información de afiliados del Hospital Alemán, el Hospital Italiano, del Sanatorio Güemes, y de algunas obras sociales que, siguiendo el criterio de personas mayores de 80 años, son invitados a inscribirse en forma privada a través de dichos nosocomios para poder recibir la vacuna contra el Covid 19”.
Asimismo señaló que le “parece que se trata de un sistema que es absolutamente poco igualitario, que establece una desigualdad muy grave y arbitraria en relación con los cientos de miles de porteños y porteñas que estuvieron el viernes pasado luchando con el pésimo sistema informático de la Ciudad para poder inscribirse. Mientras otros, simplemente por tener esta posibilidad privada, se podían anotar en muy pocos minutos” y alertó acerca de que “se establece una desigualdad con esos mismos adultos mayores de más de 80 años que han tenido que hacer la fila en el día de ayer bajo la lluvia, mientras otros se pudieron dar la vacuna muy cómodamente “.
Sobre esa misma línea, la peronista afirmó que “en tiempos donde la vacuna aún es un bien escaso, donde está en juego la vida de los argentinos y las argentinas, este mecanismo privado atenta contra los criterios de igualdad y universalidad en el acceso a la vacuna” y precisó que “necesitamos que se preserve en todo momento la trazabilidad que el Presidente le ha encomendado a la Ministra de Salud, para tener también un control en la Ciudad de Buenos Aires sobre quienes son los que están accediendo a la vacunación”.
“No sólo es necesario tener transparentado este sistema y contar con el detalle de la asignación de cada una de las vacunas, sino que debemos exigir que se le preste un trato respetuoso y digno a cada uno de los vacunados por el sistema público, que es el que realmente debe dar las vacunas en la Ciudad”, aseveró.
A su vez el jefe del bloque Frente de Todos (FdT), Claudio Ferreño, manifestó: “¡basta de mentir! El GCABA vacuna a profesionales de la actividad privada que trabajan por videoconferencia y deja sin vacunar al personal del sistema público que está expuesto permanentemente. Aplican una lógica publicitaria y elitista “.
Finalmente Lorena Pokoik (FdT) concluyó preguntándose si “¿Larreta benefició a las privadas con la entrega de vacunas Sputnik V? Larreta benefició a las privadas con la entrega de vacunas Sputnik V… Un hecho que tendría que ser tapa de todos los medios, pero claro, pauta mata noticia”.
Los diputados del FdT presentaron en la Legislatura porteña un pedido de informes para conocer la situación en la que se encuentran esos trabajadores, luego de que trascendiera que aún no se inmunizaron en contra del virus.
Después de que estallaran las internas por el vacunatorio vip, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual prevén conocer en qué situación se encuentran los trabajadores de la salud del sistema público del distrito, dado que trascendió que aún no se han vacunado para el Covid 19.
En ese sentido pidieron que el Gobierno porteño explique cómo se llevó adelante el esquema de vacunación, en los hospitales y centros de salud de la Ciudad; y que detalle la cantidad de dosis recibidas y dosis aplicadas, especifique el dato por efector, para los tres sub sectores. Asimismo solicitaron que se informe la cantidad de trabajadores que no se vacunaron por voluntad propia y si se realizó alguna campaña de sensibilización dentro de los efectores públicos de la ciudad.
En los considerandos del texto, los legisladores indicaron que “iniciada ya la campaña de vacunación más importante de nuestra historia, y sabiendo que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue las etapas planteadas por el Ministerio de Salud de la Nación, vemos con preocupación los dichos del ministro de salud de la Ciudad que dan cuenta de la cantidad de personal de la salud que no quiere ser vacunado”.
Al mismo tiempo que indicaron que “el ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que hay entre un 30 y un 40% de personal de salud que no aceptó vacunarse contra el coronavirus en esta primera fase, lo cual explicó que ‘la aceptación de la vacunación es evolutiva’ y que el desafío pasa por ‘construir ciudadanía’”.
“Mucho se ha escuchado sobre la vacuna fabricada en Rusia, con un grado importante de desconocimiento y fundamentalmente de irresponsabilidad con figuras del ámbito de la salud, como también por parte de dirigentes políticos. Creemos que esto no hace más que perjudicar una campaña que necesita de todos y todas a la hora de concientizar y promover la vacunación”, afirmaron y concluyeron considerando que “es importante saber con certeza de que población hablamos y tener también un detalle de las dosis recibidas y aplicadas en el sector salud, así como la necesaria campaña de sensibilización a la comunidad para promover la vacunación de manera adecuada en toda la sociedad. El acceso a la información es fundamental y por eso creemos necesario se apruebe en este pedido de informe”.
Se trata de una iniciativa de los legisladores del Frente de Todos, a través de la cual prevén celebrar “la conquista del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Además de exigirle al Gobierno porteño que auspicie seminarios y programas educativos al respecto.
Luego de que el Congreso de la Nación aprobara el pasado 30 de diciembre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual solicitaron que se instituya al 2021 como el año del “Aborto legal, seguro y gratuito” en celebración de la “conquista del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Asimismo pidieron que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires auspiciará actividades, seminarios, conferencias y programas educativos que contribuyan a la difusión y garantía del aborto legal.
En los fundamentos de la medida los opositores recordaron que ese mismo 30 de diciembre “se aprobó la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que apunta a bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos” y señalaron que “ambas leyes forman parte de un objetivo común, que es la garantía de los derechos de la infancia y de las personas con capacidad de gestar, en un paradigma de derechos humanos y de autonomía”.
Sobre esa misma línea precisaron que la Ley IVE “establece como disposición de orden público y de carácter obligatorio en todo el territorio nacional el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y a la atención post aborto” y destacaron que “garantiza el derecho a la información, estableciendo la obligatoriedad de la misma a toda la persona que lo solicite para que pueda decidir con libertad y autonomía, pero acompañada por el Estado”.
“La conquista de esta ley otorga un marco jurídico de protección de derechos conforme los pactos internacionales suscriptos por Argentina”, señalaron y concluyeron afirmando que “el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una lucha que con tenacidad, creatividad y persistencia ha llevado adelante el movimiento feminista. Su logro es un avance, pero como bien sabemos desde esta casa, los avances normativos deben ser acompañados y promovidos por políticas públicas para que puedan ser efectivamente garantizados”.
La medida lleva la firma de Ofelia Fernández, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Ferreño y Manuel Socías (FdT).
Fue luego de que el sindicato docente UTE alertara sobre 38 casos positivos para ese virus desde que los chicos volvieron a las escuelas, razón por la cual el peronismo alertó sobre los recortes en infraestructura escolar y pidió protocolos más estrictos.
Desde que la Ciudad de Buenos Aires retomó la presencialidad de las clases se detectaron en el distrito 38 casos de Covid positivo en las escuelas, es por ello que el radical Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) y los diputados del Frente de Todos (FdT) se cruzaron en las redes sociales con opiniones contrapuestas sobre el retorno a las aulas.
En ese sentido, el diputado radical compartió una captura de pantalla de una noticia en la que se informaba la detección de esos casos positivos y remarcó que “como dirigentes políticos tenemos la responsabilidad de no inculcar miedo ni incertidumbres”. Asimismo indicó que “la posibilidad de contagios siempre existe, por ello se extreman los cuidados y protocolos aprobados pero siempre creyendo que las escuelas abiertas son la mejor alternativa posible”.
Mientras que la legisladora del FdT Claudia Neira afirmó que “la ministra de Educación, Soledad Acuña, tuvo casi 10 meses para trabajar y planificar el regreso a las aulas, y hoy nos encontramos con una falta total de planificación” y destacó que “el Gobierno de la Ciudad debe asumir la autoridad en el espacio público y ordenar el ingreso a las escuelas a través de los agentes de tránsito que están para cumplir esa tarea”.
Además explicó, en una entrevista con Radio con vos, señaló que “es inédito que delegue esa responsabilidad en las autoridades de los colegios. Es un inicio de clases en el que sólo ha habido una foto y se ha dejado sola a la comunidad educativa”.
Al mismo tiempo que Juan Manuel Valdés (FdT) aseveró que “todos y todas celebramos la vuelta a las aulas pero no podemos dejar pasar el recorte histórico que hubo en el presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires” y subrayó que “es importante el regreso a clases en este formato, que no es el que todos quisiéramos que tiene que ver con recuperar la presencialidad total. Por su puesto que la pandemia no creó la desigualdad en Argentina sino que la profundizó y la visibilizó”.
Sobre esa misma línea, resaltó que “cuando no existen los recursos adecuados de parte del sector público, en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, se evidencian aún más las desigualdades. Cuando se recorta 2/3 del presupuesto en infraestructura escolar en un año de pandemia, está claro que quien gobierna actúa como si no existiera esa pandemia”.
“También se recortó en casi 400 millones de pesos el reparto de computadoras al sistema educativo primario; la verdad es que es una medida que va en contraposición con las necesidades de las familias”, indicó en diálogo con C5N y concluyó manifestando que “de todas maneras creemos que para las familias ha sido importante recuperar el vínculo con el aula, porque entendemos lo que significa tener que estar con los chicos al mismo tiempo que se tiene que trabajar y que no hay la cantidad de computadoras necesarias para que cada uno pueda seguir con sus actividades”.
Los diputados del FdT y Consenso Federal expresaron su temor por el riesgo de contagio que podría producir la vuelta de los chicos a las aulas e insistieron en que el Gobierno “debe garantizar las condiciones para un regreso seguro”.
Tras el inicio de las clases presenciales en la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados del Frente de Todos (FdT) y de Consenso Federal (CF) exigieron en las redes sociales que la vuelta a las aulas sea “segura” para disminuir el riesgo de contagio del Covid 19 y expresaron su temor por las aglomeraciones en las puertas de los colegios.
En ese sentido la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), se preguntó si “¿el Gobierno porteño está bregando por una presencialidad cuidada? ¿Estamos cuidando de nuestras niñeces y adolescencias?” y manifestó que “queremos que los niños y adolescentes vuelvan a las aulas, necesitamos que sea de manera segura y cuidada. El Gobierno de la Ciudad debe garantizar las condiciones para un regreso seguro”.
“El miércoles se reunió el Comité de Crisis de la 31 en el Ministerio de Educación por este mismo motivo, reclaman que este inicio de clases fue pensado a puertas cerradas, sin diálogo con las familias ni con la comunidad educativa”, añadió y precisó que “a nivel nacional se calcula que un millón de niños y adolescentes quedaron desvinculados de la escuela por falta de computadoras y conectividad ya que se discontinuó el programa Conectar Igualdad durante el gobierno macrista, y en Ciudad pasó lo mismo con el Plan Sarmiento”.
Asimismo indicó que esta situación “pone a estudiantes de los sectores populares al borde de la deserción. Las familias se debaten entre la esperanza de que sus hijos puedan volver a la escuela y el temor por los contagios si no se cumple con una presencialidad cuidada”.
Sobre esa misma línea la peronista Claudia Neira (FdT) manifestó que con el comienzo de las clases vio “con preocupación las aglomeraciones de familias y docentes en las entradas de las escuelas. Esto da cuenta, una vez más, la grave falta de planificación de la Ministra Acuña” y resaltó que “el Gobierno porteño anuncia que se cortará el tránsito en la cuadra de 10 establecimientos educativos de la Ciudad. Esto será llevado adelante por el personal de la escuela, previa capacitación, ¡pero existen los Agentes de Tránsito para llevar adelante esas tareas!”.
“Luego de un año en que directivos y docentes sostuvieron la virtualidad y hasta repartieron mercadería, el GCBA les pide que garanticen los cortes de calle”, agregó y remarcó que “Acuña tuvo un año para planificar el regreso seguro. No hay lugar para la improvisación, necesitamos un regreso cuidado”.
En tanto el diputado de Consenso Federal, Eugenio Casielles, aseguró que “volvieron los chicos a las aulas y nuestro compromiso con su futuro” y concluyó señalando que “para que funcione tenemos que trabajar en conjunto respetando protocolos y sobretodo entendiendo que la educación es fundamental, siempre cuidando a nuestros alumnos y docentes”.
Legisladores de la oposición denunciaron la “violación de derechos humanos” en la provincia y apuntaron contra Gildo Insfrán y Horacio Pietragalla. Las respuestas del oficialismo.
Arrancó caliente la primera sesión en la Cámara de Diputados donde, como se estimaba, hubo una gran cantidad de cuestiones de privilegio antes de pasar al tratamiento del temario de la reunión. Y fueron varios los legisladores que se refirieron a la situación en Formosa, envuelta en polémica por las condiciones de trato en los centros de aislamiento, lo que despertó fuertes cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
El primero en hablar del tema fue el macrista Waldo Wolff, uno de los tres legisladores que viajó desde Buenos Aires hacia la provincia, donde aseguró que recibieron “intimidación política y discriminación positiva de casta”. “Nos dijeron antes de ir que no íbamos a poder entrar a Formosa. Nos intimidaron desde el oficialismo. Nos dijeron que sin una invitación oficial no íbamos a poder entrar”, comenzó.
El porteño relató que pese a llevar un hisopado, al llegar se sometieron a otro porque “parecería que en Formosa hay una ley paralela”. “Nosotros para no hacer un escandalo ni ir detenidos, que sería una escandalo internacional, nos adherimos a hacer otro hisopado”, agregó y reveló: “La provincia nos dijo que teníamos el hotel pago, cosa que no aceptamos porque no queremos prebendas de una provincia en la que hay una pobreza sistemática y tampoco correspondía”.
El legislador dijo que los centros de aislamiento son “centros de reclusión en los que no hay personal sanitario, nosotros lo constatamos, increíblemente el secretario (Horacio) Pietragalla no lo pudo constatar a esto”. Además, advirtió que “a los clorindenses los echaron a Paraguay, hoy llevan 165 días recluidos. Clorinda hoy es un sitio medieval”.
“Queremos denunciar la vulneración a los derechos humanos sistemática, el avasallamiento de las libertades individuales y colectivas”, enfatizó Wolff, que instó “a toda la clase política argentina a que terminemos con esta vergüenza que significa que Formosa reciba un trato distinto al del resto de los argentinos”.
Inmediatamente le siguió en la palabra la formoseño Graciela Parola del Frente de Todos, quien rechazó “las acciones y los ataques” por parte de la oposición “tan cargadas de odio, ofensivas, discriminatorias y falaces, escudadas en su mayoría tras los fueros”.
“No sólo agravian, sino que son una falta de respeto y una ofensa a todo el pueblo formoseño”, consideró la oficialista, que les pidió “comenzar por respetar la voluntad popular y no arremeter contra Formosa con ideas preformadas por lo que escuchan en los medios de Buenos Aires, la letra que le dan sus patrones, o una visita relámpago, armada, direccionada y con un claro fin electoralista”.
La legisladora opinó entonces que la visita de los diputados de Juntos por el Cambio “fue un fracaso” y defendió que “Formosa tiene un modelo peronista, profundamente humanista, profundamente cristiano, que ha sido contundentemente ratificado” y “mal que les pese a algunos esta conducido por Gildo Insfrán”.
“No estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de atropello fundado en mentira e intereses que responden a la derecha oligarca y odiadora de la Argentina”, resaltó Parola, que los acusó de ir “a buscar violencia, odio, resentimiento y se encontraron con este modelo, que tanto criticaron por años, y que es un modelo que funciona”. “Los paladines del contagio que quieren escuchar que colapsan los sistemas de salud, que quieren escuchar que la gente se muere, no lo van a conseguir”, completó.
Luego fue el turno de la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que también viajó a la provincia días atrás. “No voy a hablar como odiadora, me hubiera gustado que la diputada preopinante hubiera hablado acá y no es la casa porque pareciera que goza de muy buena salud, pero no importa”, arrancó.
“En realidad no queríamos ir solos, justamente porque no era una aventura electoralista ni una expedición odiadora”, expresó, al recordar la nota que fue enviada antes del viaje a la Comisión de Derechos Humanos presidida por el oficialismo.
La opositora afirmó que “Gildo Insfrán tiene un sistema por el cual de modo sistemático ha sometido al empobrecimiento de todos los formoseños”. “De Formosa me vine con dolor en el alma y en el cuerpo. Y le voy a hablar acá a los diputados jóvenes, no a los viejos que ya están corruptos, ya no les importa nada, son insensibles”, disparó.
Entonces manifestó: “Dentro del oficialismo estoy segura que hay muchos jóvenes que hubieran querido venir con nosotros y que están pensando y quieren sentir el dolor que nosotros sentimos en Formosa”. A esos legisladores les recomendó “que no se dejen llevar por una dirigencia que los está llevando para cualquier lado”.
Antes de culminar, Frade llamó a Insfrán “un dictador que viola y suprime los derechos humanos” y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, “un infame encubridor que tiene que renunciar ya”.
Más tarde, y aunque no estaba anotado en la lista de oradores, el oficialista Leopoldo Moreau salió a responderle a Frade por hacer “una acusación de carácter genérico muy grave, formulada contra colegas de todos los bloques, porque no especificó a quién se refería”. Para el legislador, “demuestra una enorme irresponsabilidad” y “el bloque oficialista debería corregir estas conductas, porque es evidente que así no se puede sostener ningún nivel de convivencia”.
Moreau criticó que la diputada de la CC-ARI porque “ni siquiera tuvo la valentía de especificar a quién se refería” y fue un acto de “antipolítica, de desmedro de la política de dejar a todo el cuerpo sospechado”. “Acá hay diputados que parecen los locos del Capitolio”, lanzó, en referencia a los seguidores de Donald Trump, y cerró: “Otra vez este año el pueblo argentino les va a dar vuelta la cara”.
A su turno, el radical Sebastián Salvador, el tercero de los diputados que viajó desde Buenos Aires a Formosa, reclamó que “los miembros del Congreso tienen que estar desiertos para dar una respuesta” porque “no podemos mirar para otro lado”, y cuestionó el rol de la Comisión de Derechos Humanos, de la cual es vicepresidente.
El bonaerense aseveró que en la provincia norteña hay “un Estado policial”, sin embargo celebró que “hay gente que se animó a hablar; los formoseños están perdiendo el miedo”. “El voto popular no convalida a que cometan delitos como están ocurriendo en Formosa, de violación de los derechos humanos”, sostuvo y añadió que “no podemos convalidar que el Gobierno nacional haga una puesta en escena con Pietragalla”, funcionario que fue “a defender un compañero de militancia” y “no está a la altura de las circunstancias”, apuntó.
Seguidamente habló el oficialista Hugo Yasky, quien recordó que “dictador le llamaba también esta derecha a Juan Domingo Perón; dictador le llamó también esta derecha a muchos líderes populares de América Latina que fueron perseguidos por la CIA y las embajadas yanquees, donde conviven muchas veces muchos de los que acá vienen a hacer denuncias”.
“Cuando enviaron la carta a la comisión (de Derechos Humanos, la cual preside) estaban ya en plena campaña con por lo menos 14 tapas del diario Clarín y 12 tapas del diario La Nación”, acusó el diputado, que fustigó a la oposición: “Hablan con una soberbia como si realmente representasen los intereses del pueblo argentino. ¡Representan los intereses de una casta dominante! Responsable del lawfare, responsable de ataques coordinados con la CIA para hacer creer que Cristina Kirchner y Evo Morales son simplemente delincuentes comunes”.
En su discurso, Yasky enfatizó: “Reivindico a Horacio Pietragalla, reivindico al pueblo de Formosa, reivindico a su gobierno, reivindico al menor número de víctimas de la pandemia, y reivindico a la comisión que lleva cinco veces más de reuniones que las que tuvimos en el último año del macrismo”.
Por su parte, el formoseño radical Mario Arce habló de un “sin número de violaciones a los derechos humanos de la que son víctimas los formoseños”. “No son simples quejas, son denuncias puntuales ante organismos internacionales y la justicia federal”, subrayó.
“La pandemia ha demostrado la peor cara de estos gobiernos que se perpetúan en el poder, mostrando arbitrariedad, impunidad y, lo que es más grave, la complicidad del Gobierno nacional. Por eso pedimos justicia hasta el final para todas las víctimas y sus familias, y condena para el Estado que coarta derechos y sus cómplices”, expresó.
Finalmente, con un cuadro de Insfrán por encima de su cabeza, se lo escuchó conectado remotamente al diputado Ramiro Fernández Patri, quien planteó la cuestión de privilegio específicamente contra Waldo Wolff. “¿Por qué tanto ensañamiento contra Formosa?”, se preguntó y respondió que la provincia “no tiene deuda pública, hace 17 años tiene superávit fiscal”.
El oficialista señaló que detrás de quienes “atacan al gobernador Gildo Insfrán” hay “un hilo conductor en cada uno de los que le pegan y de donde vienen los golpes, se entiende que los golpes sistemáticos vienen por la derecha”.
“Este menosprecio permanente que tienen contra la provincia de Formosa es porque ha tenido una política exitosa contra la pandemia, tenemos la menor tasa de incidencia, 146 por cada 100 mil habitantes”, aseguró y precisó que hay “solo 15 víctimas fatales” mientras que “durante todo 2020 un solo fallecido hubo en Formosa”.
También recordó que de los más de ocho mil varados, que la Corte Suprema autorizó a que ingresen a la provincia, “más de la mitad de esas 8.500 personas no tenían domicilio en nuestra provincia y solo 3.000 decidieron entrar”, por lo cual consideró que se trata de “una campaña política junto con los medios y un sector de la justicia”.
El presidente de la Cámara de Diputados se refirió a su proyecto y expresó la “alegría, satisfacción y tranquilidad de que el Gobierno tiene la decisión de llevar adelante esta idea”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió este martes al proyecto de ley para que los trabajadores que ganen menos de 150 mil pesos por mes no tributen el impuesto a las Ganancias y aseguró que “el respaldo del conjunto del Parlamento está garantizado”.
El titular del cuerpo, quien encabeza la iniciativa, explicó que la semana próxima habrá reuniones informativas con la participación de autoridades de la AFIP, para que los legisladores puedan conocer “la sustentabilidad y el impacto en cada una de las provincias y actividades”, y también de “todos los sectores sindicales involucrados”, señaló.
“Seguramente el proceso del dictamen se resuelva en extraordinarias, vamos a ver si llegamos a sancionarlo antes del 1ro. de marzo (día de la Asamblea Legislativa) o posteriormente”, dijo Massa en declaraciones a radio La Red.
El tigrense confesó su “alegría, satisfacción y tranquilidad de que el Gobierno tiene la decisión de llevar adelante esta idea”. Asimismo, afirmó que la oposición mostró su apoyo al proyecto.
“Hoy en Argentina estamos frente al absurdo de que la diferencia entre la línea de pobreza y pagar Ganancias es mínima”, apuntó y continuó: “Es un esfuerzo fiscal de 42 mil millones de pesos que el Estado deja de percibir, pero que centralmente están orientados a que el trabajador o la trabajadora que hoy pierde hasta 20, 25 mil pesos de impuesto a las Ganancias en el salario, pase a consumirlo”.
Para el titular de la Cámara baja, “el desafío que tenemos es recuperar el ingreso, motorizar el consumo, porque en definitiva es parte de la recuperación de la economía argentina”.
Sobre el costo, que no estaba previsto para este año, Massa explicó que la meta presupuestaria se cumplirá por “la suspensión de la aplicación de la reducción de alícuotas en grandes empresas”, lo que “genera un ingreso fiscal que, en lugar de apropiárselo el Estado, se utiliza para que más de un millón de trabajadores dejen de pagar Ganancias”.
“Tenemos que volver a una lógica que nos permita que sólo el 10% de los trabajadores pague, en los sectores más altos”, añadió.
Elecciones PASO
Consultado sobre el dilema de las PASO sí o PASO no, Massa abogó por “la vocación de buscar un acuerdo (con la oposición) para que las reglas de la competencia sean reglas que compartamos todos”.
“Hay tres posiciones o ideas: posibilidad de hacer el mismo día las PASO y las generales; la posibilidad de suspender las PASO; y la posibilidad, por un proyecto que presentó la UCR, de correr la fecha, entendiendo que la situación sanitaria juega un papel central”, indicó y consideró fundamental aguardar por “la resolución que firme el Consejo Federal de Salud”.
Además, el dirigente oficialista se preguntó: “¿No convendría en todo caso, si tenemos que movilizar a 25 millones de personas en doce horas, hacerlo una sola vez?”. “Por una vez pensemos que la política tiene que resolverle la vida a la gente y no ver cómo la gente se acomoda a cómo la política resuelve sus problemas”, manifestó.
Relaciones dentro del Frente de Todos
Al responder sobre las noticias que hablan de una mala relación entre los referentes de la coalición oficialista, Massa lo calificó “más una expresión de deseo que una realidad” y ratificó que “es mentira”.
Habló entonces de “una dinámica de trabajo y funcionamiento interno que no tiene por qué transformarse en una cosa publicitada”. “Pudimos superar la idea de que en la diversidad de opiniones y orígenes distintos pudimos construir una coalición, que tiene la responsabilidad de gobernar y encima en un marco inédito” como es la pandemia, resaltó el líder del Frente Renovador.
“Sí, claro, absolutamente”, contestó al ser consultado sobre si mantiene buen diálogo con Cristina y Máximo Kirchner.
Reforma judicial
El presidente de Diputados señaló que el Frente de Todos no pudo “construir consenso” en torno al proyecto de reforma judicial, con media sanción del Senado, por lo que esperan que “los distintos sectores de la oposición hagan las propuestas de cambios”. “Aspiramos a que cada uno de los bloques haga su aporte”, insistió.
Por otra parte, opinó que “el Poder Judicial en su conjunto es el que menos se ha actualizado y el que menos rinde cuentas ante la gente. Los tres poderes somos servidores públicos y estamos obligados a rendir cuentas”.
Sobre un posible pedido de juicio político contra miembros de la Corte, Massa aseguró que “no es un tema que hayamos charlado hasta ahora” en el seno del oficialismo, y agregó: “No me parece que sea un tema para discutirlo livianamente”.
La iniciativa, impulsada por Sergio Massa, beneficiaría a más de un milón de trabajadores y jubilados, lo que representa el 63,4% de los contribuyentes.
A través del presidente de la Cámara de Diputados, el oficialismo presentó un proyecto de ley para modificar el impuesto a las Ganancias y establecer un nuevo piso, en el que solo pagarían los salarios superiores a 150 mil pesos mensuales y las jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos garantizados.
La propuesta, ingresada el pasado viernes y que lleva la firma de Sergio Massa, no sólo tiene como objetivo beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional, sino también potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.
Para fines del año 2020, el impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto de acuerdo a la ley vigente, a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejan de estar alcanzados por el tributo siendo en el caso de los solteros el piso de $74.810, mientras que casados con dos hijos es de $98.963.
Con la propuesta del líder del Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000, lo que representa el 63,4% de los contribuyentes.
De esa manera, “permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagarían el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio”, se explicó mediante un comunicado.
“El proyecto oficialista está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar”, se destacó.
Para Massa, quien históricamente tiene en su agenda la cuestión, “la recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el impuesto a las Ganancias a más de 1 millón 250 mil personas es mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso”.
Según cada sector, la cantidad de trabajadores a lo largo del país que dejarían de pagar serían: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción.
“Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo”, agregó el titular de la Cámara baja, que encabeza la iniciativa que forma parte de la agenda del Frente de Todos.
En su carácter federal, el beneficio alcanza a trabajadores y jubilados de todo el territorio, destacándose los casos de la provincia de Buenos Aires (569 mil empleados y jubilados dejarían de pagar el impuesto), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (157 mil), Córdoba (103 mil), Santa Fe (98 mil) y Tucumán (30 mil).
El proyecto de ley
ProyectoLey_IG_MNI_Bruto_5feb2021El presidente del bloque provincial oficialista cuestionó así el pedido de informes sobre el plan de vacunación.
El diputado provincial y presidente del bloque del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli, defendió el plan de vacunación impulsado por el Gobierno bonaerense y calificó como “mezquino y ruin”, el pedido de informe que hizo la oposición.
En declaraciones a No Corras por FM 97 Une, señaló que “no nos extraña que aquellos que han fomentado la anticuarentena y las movilizaciones durante el ASPO, desatendiendo la mirada sanitaria, empiecen a plantear objeciones sobre la vacuna”.
En ese marco, dijo no creer que Juntos por el Cambio “tenga sectores duros o blandos. Es sólo un formato de roles, pero todo obedece a la misma estrategia que es poner palos en la rueda al Gobierno nacional y provincial”.
“Y si en el medio joden a la población, porque no se enterar o no se anotan en el registro, no les interesa”, aseguró el diputado.
Tignanelli aseguró que “el objetivo del registro es organizar a la población de la mejor manera posible para defenderse del virus y arbitrar que quienes no tienen los medios para inscribirse los consigan”.
Así lo informó el bloque conducido por Claudio Ferreño (FdT) tras la finalización de la audiencia pública en la que se analizó un proyecto del jefe de Gobierno en la que se plantea la construcción de un barrio náutico en ese predio.
Tras 28 jornadas de exposición por parte de los vecinos y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, llegó a su fin la histórica audiencia pública en la que se analizó un proyecto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el que se prevé construir en Costa Salguero un barrio náutico. En ese contexto, los legisladores del Frente de Todos (FdT) advirtieron que el 98% de los asistentes rechazaron la medida.
En las audiencias participaron vecinos, activistas ambientalistas, colectivos de profesionales de la arquitectura, autoridades de la universidad pública, referentes académicos, artistas, comunicadores, senadores, diputados, comuneros, agrupamientos vecinales, agrupaciones políticas y demás, todos los cuales propusieron crear un gran espacio verde al cual pidieron llamar “Diego Armando Maradona”.
Por su parte desde el FdT celebraron “la participación masiva en esta audiencia pública e insistimos en rechazar la venta y rezonificación de Costa Salguero para llevar adelante la construcción allí de un gran parque público con flora y fauna nativa y al acceso de todos y todas” y consideraron que “el Gobierno de la Ciudad debe escuchar la voz de los porteños y porteñas que se manifestaron en esta enorme audiencia, al igual que en las distintas manifestaciones que se llevan adelante en defensa de la costanera”.
Al mismo tiempo que consideraron que “avanzar con un proyecto de estas características, desoyendo el pedido de tantos vecinos y vecinas, sería un acto de enorme sordera y un irremediable error en la historia de la Ciudad”.
En ese sentido el legislador Matías Barroetaveña (FdT) consideró que “el récord de participación ciudadana de esta audiencia demuestra que recuperar el acceso público a la costa del Río es un tema de vital importancia para los y las porteñas” e insistió en que “el Gobierno de Larreta tiene que escuchar estos reclamos y modificar este proyecto cuyo único fin es el desarrollo de proyectos inmobiliarios para pocos en una zona que tiene que ser de acceso público.”
Además precisó que “si utilizamos estas hectáreas para espacios verdes, la Ciudad se acercaría a cumplir con los 10 metros por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud, hoy estamos en la mitad”.
Sobre esa misma línea la peronista Claudia Neira (FdT) remarcó que “la Audiencia Pública por Costa Salguero fue una gran experiencia de participación” y expresó su deseo de que “ojalá el Gobierno de Larreta tenga capacidad de escucha y podamos tener un proyecto consensuado para que todos podamos disfrutar del río”.
Dirigentes, funcionarios nacionales y sindicalistas se reunieron para evaluar distintas variables y la necesidad de “comenzar a agrupar dirigentes pensando que la batalla electoral que se aproxima”.
Palpitando las elecciones de medio término que se llevarán a cabo este año, dirigentes, funcionarios nacionales y sindicalistas del Partido Justicialista (PJ) y el Frente de Todos (FdT) se reunieron para discutir acerca de la “necesidad de convocar y comenzar a agrupar dirigentes pensando que la batalla electoral que se aproxima en territorio porteño será mucho más cercana”.
El encuentro giró en torno a la figura del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien en las últimas elecciones obtuvo el 35% de los votos para el FdT porteño, por lo que se posicionó como uno de los candidatos más importantes para ese espacio debido a su capacidad competitiva.
En el encuentro también estuvieron presentes los diputados porteños Claudio Ferreño y Manuel Socías (FdT); el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el subsecretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks; el presidente de la SIGEN, Carlos Montero; el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni; entre otros dirigentes.
Es así que los dirigentes analizaron distintas variables, las posibilidades del peronismo para los comicios de octubre y a que figuras agruparán para tal fin. Además, se conversó largamente y “en profunidad” sobre el rol del Partido Justicialista de la Ciudad y de otros actores.
En tanto desde el Frente de Todos consideraron que hay posibilidades concretas de “ser competitivos este año”.
Se trata de una huerta impulsada por el reciclado urbano Carlos Briganti que se encuentra emplazada en el barrio de Chacarita. “Las huertas son una poderosa herramienta pedagógica para fortalecer la educación y la conciencia ambiental”, advirtieron desde el bloque.
Los diputados porteños del Frente de Todos, Cecilia Segura, Manuel Socias y Laura Velasco recorrieron las instalaciones de una huerta comunitaria ubicada en el barrio de Chacarita, la cual había sido impulsada por el reciclador urbano Carlos Briganti, organizaciones huerteras y vecinos de lugar y que estaba con riesgo de ser desalojada.
Si bien la huerta corría un severo riesgo de ser desalojada, gracias a una acción conjunta de los vecinos de Chacarita se logró frenar la intención del Gobierno de la Ciudad.
Al respecto de la huerta, Briganti señaló que “a partir de la huerta empieza a haber una comunidad que se acerca, más allá de sus diferencias, con un interés común, generando un entramado social hermoso” y remarcó que “esta propuesta nos hace pensar que queremos tener la Ciudad, cultivar tu propio alimento es revolucionario”.
Mientras que la legisladora Segura indicó que “las huertas son una poderosa herramienta pedagógica para fortalecer la educación y la conciencia ambiental a su vez que fomentan valores como la solidaridad y la participación ciudadana” y consideró que “el cambio de paradigma de producción y consumo que necesitamos para recomponer y cuidar el ambiente, también requiere que las comunidades y las organizaciones se instruyan y aprendan sobre economía circular, sostenibilidad ambiental, agroecología y seguridad alimentaria”.
Sobre esa misma línea, Velasco expresó su deseo de que “estas experiencias de huertas urbanas comunitarias se sostengan, valoricen y multipliquen. Como en la defensa de la costanera norte, de los corredores verdes, de los playones ferroviarios, del arbolado como patrimonio ambiental, estamos construyendo otro modelo de Ciudad que ponga en el centro el bien común y el buen vivir”.
Los diputados de esa bancada advirtieron acerca de un “gran recorte en el presupuesto de infraestructura escolar” y aseveraron que la vuelta a las clases presenciales deberá decidirse en función de la situación epidemiológica.
En medio de las discusiones acerca de si este año se retomarán las clases presenciales, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) se metieron en la polémica al respecto a la vez que advirtieron que desde el Gobierno de la Ciudad realizó un “gran recorte en el presupuesto de infraestructura escolar”.
En ese sentido Juan Manuel Valdés (FdT) afirmó: “no entiendo por qué la Ciudad hace política con la vuelta a clases mientras recorta el presupuesto en educación” y señaló que “entre 2019 y 2021 hubo un gran recorte en el presupuesto de infraestructura escolar”. Al mismo tiempo que remarcó que no cree “que los chicos tengan que ser artificiosos electorales, con las burbujas hubo más tiempo de fotos que de clases”.
“¿Explicarán el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, cómo es que decidieron recortar 371 millones de pesos al Plan Sarmiento en un año de pandemia? ¿O seguirán fingiendo que les importa la vuelta a clases?”, aseveró.
Sobre esa misma línea la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), consideró que “el Gobierno de Larreta debería preocuparse por garantizar las miles de vacantes que faltan en la Ciudad”.
Mientras que el diputado Leandro Santoro (FdT) indicó que “si puede (o no) haber clases presenciales no es una discusión ideológica, es una decisión técnica que se toma evaluando el momento epidemiológico, la infraestructura disponible y la experiencia internacional” y concluyó señalando que “lo que si es una decisión política es dejar chicos sin vacantes”.
Los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto a través del cual instan al Gobierno local a brindarle asistencia a un grupo de familias que viven en Nueva Pompeya y viven en condiciones de precariedad.
La diputada del Frente de Todos (FdT) Lucía Cámpora -junto al resto de sus compañeros de bloque- presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual instarán al Gobierno porteño a brindarle una solución habitacional a un grupo de 25 familias que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
En el texto los legisladores expresaron su “profunda preocupación por la situación que atraviesan los habitantes del inmueble sito en Cachi 557, de la Comuna 4, y solicita al Gobierno de la Ciudad que de forma urgente realice las gestionen necesarias a fin de garantizarles una solución habitacional adecuada y sin riesgos”.
Sobre esa misma línea, en los considerandos de la iniciativa, explicaron que de acuerdo a diversas notas periodísticas en el predio “hay al menos 14 viviendas con fuga de gas en dicho complejo habitacional de Nueva Pompeya, lo cual pone en riesgo a más de 25 familias (107 personas) que se encuentran habitando en el inmueble” y recordaron que “las mencionadas familias fueron relocalizadas ahí por los organismos precitados de manera ‘transitoria’ hasta tanto se les otorgue una solución habitacional definitiva. No obstante, varios de los habitantes del complejo llevan entre 10 y 15 años en esta situación, sin que hasta la fecha se haya encontrado principio de solución”.
“Sumado a la situación de precariedad en la que se encuentran, en los últimos meses se vio agravada su posición al detectarse de forma creciente fugas de gas en las instalaciones del inmueble, contabilizando al día de la fecha hasta 14 de dichas averías, produciendo no sólo dolores de cabeza, náuseas y otras complicaciones, sino el inminente riesgo constante de lamentar una situación más grave”, aseveraron los legisladores.
Asimismo recogieron el testimonio de una vecina del lugar, Teresa Garcete, quien aseguró estar “desesperada buscando una solución. No es agua, es gas. Hubo días que tuvimos que amanecer en el pasillo porque era imposible estar adentro. El dolor de cabeza es constante”.
En un sentido similar, el presidente de la Junta Comunal de la Comuna 4, Ignacio Álvarez, informó que “de casualidad todavía no tuvimos que lamentar una tragedia en el predio. Las vecinas y vecinos viven con miedo de que en cualquier momento suceda algo, ya sea por una pérdida de gas o por un problema de infraestructura” e insistió en que “desde la Comuna venimos denunciando el estado de precariedad y le pedimos a la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat que encuentre soluciones urgentes y definitivas. No se puede jugar así con la vida de la gente”.
Al mismo tiempo que concluyeron afirmando que la importancia del proyecto radica en que “el Gobierno de la Ciudad cumpla con sus responsabilidades convencionales, constitucionales y legales, y en miras a la necesidad de brindar una solución urgente y concreta a las familias que se alojan en el inmueble”.
Se trata de un pedido de la legisladora Laura Velasco, quien también pidió que se vacunen junto al personal de salud los promotores territoriales, de educación, género y los ambientales.
Debido a las tareas comunitarias que llevan a cabo, la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual pidió que se vacune de forma prioritaria a los promotores de salud, educación, ambientales y de género.
Al mismo tiempo que exigió que también se vacune a los promotores territoriales de los barrios populares, quienes atienden y cocinan en comedores comunitarios, y todas aquellas personas que estén realizando tareas comunitarias en el marco de la pandemia de la referida enfermedad.
En los fundamentos de la medida, Velasco explicó que “este proyecto amerita urgencia teniendo como referencia el impacto del virus de manera más profunda en los barrios populares en los primeros meses de la pandemia. Por lo tanto vemos con preocupación que el rebrote de la enfermedad afecte en mayor medida a la población de los barrios más vulnerados de la Ciudad”.
“Según el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más del 70% de las personas testeadas por el Operativo Detectar, han sido contactadas por las organizaciones sociales”, indicó y precisó que “esto se debe a la presencia de Promotoraes de Salud en cada barrio, capacitados de manera autogestiva por las organizaciones sociales y en articulación con agentes de la salud pública de los CeSAC, así como por los rastrillajes y relevamientos en relación a la población de riesgo”.
Al mismo tiempo que recordó que “también en las campañas de vacunación contra la gripe a adultos mayores, las promotores de salud tuvieron y tienen un rol esencial en los barrios populares que vale la pena resaltar, teniendo en cuenta su capacidad y conocimiento adquirido que podría ser utilizado para las campañas de vacunación contra Covid 19” e insistió en que “los promotores territoriales constituyen redes de contención, apoyo y asistencia allí donde más se necesita, buscando acercar recursos, tanto materiales como humanos. Distribuyen insumos de higiene y limpieza, organizan postas sanitarias, como también, intervienen en casos de violencia de género”.
“Es urgente, que así como se están realizando vacunaciones a trabajadores de la salud y otros esenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realicen vacunaciones a trabajadores de los comedores comunitarios y promotores territoriales de distinto tipo, teniendo en cuenta su rol de esenciales para la prevención de contagios por Covid 19 y para morigerar la crisis económica producto de la pandemia”, sentenció.
La medida también lleva la firma de Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Manuel Socías y Juan Manuel Valdés (FdT).
Los diputados del Frente de Todos y Vamos Juntos le enviaron sus buenos deseos y le desearon una pronta recuperación, al mismo tiempo que le pidieron a la población que intensifique los cuidados para evitar la propagación del virus.
Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, confirmara que dio positivo para coronavirus tras haber realizado un viaje a la costa atlántica, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) y Vamos Juntos (VJ) le expresaron su apoyo a través de las redes sociales e insistieron en la necesidad de intensificar los cuidados para evitar el avance del Covid 19.
En ese sentido el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), le deseó “una pronta recuperación a nuestro jefe de Gobierno” y aprovechó la ocasión para pedirle a los ciudadanos que si tienen “algún síntoma o estuvieron en contacto con alguien que dio positivo, háganse el test. Sigamos cuidándonos entre todos”.
Sobre esa misma línea el jefe del bloque oficialista, Diego García Vilas (VJ), manifestó: “¡fuerza, Horacio! Te deseo una pronta recuperación y vuelta al ruedo. A todos los demás, les pido que sigamos cuidándonos, que cuidemos a los nuestros y que ante el primer síntoma no dudemos en hisoparnos. La pandemia todavía no terminó”.
Mientras que el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés expresó su anhelo de “una pronta recuperación para Rodríguez Larreta” y puso el foco en que “debemos reforzar los cuidados para frenar los nuevos contagios”.
A los mensajes de aliento para el jefe de Gobierno se sumó la ex ministra de Salud de la Ciudad y actual legisladora de VJ, Ana María Bou Pérez, y los oficialistas Gastón Blanchetiere y Natalia Fidel (VJ).
Los diputados del FdT impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley, a fin de que el Gobierno local continúe brindando dicha asistencia, a fin de que las familias puedan abastecerse de alimentos.
Debido a la delicada situación económica que atraviesan varias familias en el distrito capitalino, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley en la Legislatura porteña a través del cual pidieron que se establezca de manera extraordinaria la continuidad de la asistencia alimentaria escolar durante el receso de verano 2020-2021.
El texto prevé que el Ministerio de Educación garantice dicha asistencia a través de una transferencia monetaria directa acreditada en cualquiera de las tarjetas magnéticas ya otorgadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en una cuenta bancaria asociada al destinatario/a o al adulto responsable en el caso que correspondiera.
“Se fomentará su utilización en comercios minoristas y de la economía social, sin exclusión de otras alternativas, a los fines de que las y los destinatarias/os puedan utilizarla en la proximidad de sus domicilios y minimizar los riesgos de la circulación masiva, a la vez que procurar un beneficio para estos sectores económicos”, sostiene la iniciativa que podría tener como beneficiarios –en caso de que se apruebe- a los estudiantes de escuelas de gestión estatal o privada con cuota cero.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que debido a la pandemia “la Dirección General de Servicios a las escuelas del Ministerio de Educación e Innovación instrumentó la entrega de Canastas Escolares Nutritivas para las y los estudiantes que antes recibían almuerzo, desayuno, merienda o vianda en los colegios porteños”.
Al mismo tiempo que señalaron que “si bien estas canastas no llegan a satisfacer criterios de una alimentación sana, segura y soberana, adecuada para el desarrollo de los y las estudiantes, se han convertido en un aporte necesario para muchas familias” y recordaron que “la situación económica y social derivada de la pandemia por el Covid 19 generó situaciones de excepcionalidad e impactó fuertemente en amplios sectores de la Ciudad; largas filas se forman en las escuelas ante cada entrega de alimentos e incluso algunas familias se acercan a preguntar la fecha de la próxima canasta, lo que evidencia la situación crítica que atraviesan”.
“El objetivo principal de este proyecto, es asegurar que todas las familias tengan acceso a la entrega de alimentos a partir de la fecha, hasta el inicio del ciclo lectivo 2021 dispuesto para el 17 de febrero. Resulta necesario resaltar el carácter de excepcionalidad de la medida, atendiendo a las necesidades que las familias atraviesan en la actualidad frente al difícil contexto”, sentenciaron.
El proyecto lleva la firma de los diputados Ofelia Fernández, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Morresi, Lorena Pokoik y Manuel Socías (FdT).
La diputada del FdT celebró la presentación de sus primeros 71 proyectos como autora y recorrió los debates que se dieron en la Legislatura porteña y las iniciativas que lograron ser aprobadas.
Tras un año legislativo muy particular debido a las medidas de contingencia por el Covid 19 que la Legislatura de la Ciudad debió adoptar para garantizar su funcionamiento, la legisladora Lucía Cámpora analizó el trabajo que llevó a cabo en el 2020 y celebró la presentación de sus primeros 71 proyectos como autora y 357 como co autora.
En ese sentido la diputada explicó en sus redes sociales que “sin dudas el 2020 fue un año INTENSO. Y así, con mayúsculas, también fue nuestro año legislativo. Uno muy movido y el primero mío como representante de los y las porteñas” y recordó que uno de sus primeros proyectos fue “para que el Gobierno porteño garantice la provisión gratuita del campo de látex (de muy difícil acceso) e impulse la investigación científica para desarrollar un preservativo para personas con vulva”.
Asimismo indicó que “otro proyecto fruto del laburo colectivo fue el de la provisión gratuita de elementos de gestión menstrual. La menstruación es un factor de desigualdad y el Gobierno tiene que adoptar políticas en la materia; es un tema del que cada vez hablamos más. Ahora hay que exigir políticas concretas”.
“Sobre violencia de género, un tema central: presentamos un proyecto para fortalecer las herramientas de atención: mayor presupuesto en publicidad para difundir la línea 144 y los CIM, así como la ampliación de los equipos de trabajadoras”, señaló y precisó que “además propusimos que los bolsones escolares incluyan folletería sobre violencia de género. A mediados de año, el GCBA tomó nuestra propuesta y se empezó a implementar. Falta mucho, pero es algo”.
Sobre esa misma línea, Cámpora recordó que presentó “un proyecto para crear oficinas de asesoramiento para trabajadoras de casas particulares en todas las comunas de la Ciudad” y añadió que junto a María Bielli y Lorena Pokoik –otras dos legisladoras del FdT- “presentamos un proyecto de reconocimiento a las trabajadoras de comedores, que este año se cargaron al hombro situaciones críticas en todos los barrios de la ciudad”.
En otro orden de cuestiones, la diputada indicó que el primer proyecto que presentó el bloque FdT fue “la adhesión al protocolo ILE. Se representó y se aprobó en articulación con todos los bloques y la Campaña por el Aborto Legal. Ahora tenemos IVE. Siempre en las calles por más derechos”.
Por otro lado manifestó que desde el bloque “impulsamos la creación de un programa de becas universitarias en la Ciudad. Lo trabajamos y presentamos con Centros de Estudiantes de distintas universidades de la Ciudad” y aseveró que “además cumplimos con nuestra promesa de campaña y presentamos el proyecto de la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología para fortalecer e impulsar la investigación, la ciencia y la tecnología de la Ciudad”.
“Otro tema urgente: crisis habitacional en la Ciudad. 170 mil porteños viven en villas o barrios populares y el 12,2% en situación de precariedad habitacional”, señaló y aseguró que presentó “un proyecto de Relevamiento de Población con Vivienda Precaria y de Registro de Desalojos. Y para quienes alquilan, en el marco de la nueva Ley Nacional de Alquileres, con comuneros del FdT elaboramos un proyecto para crear Oficinas Comunales de Atención y Orientación sobre Alquileres”.
Finalmente, la diputada concluyó señalando que “podemos construir una ciudad mucho más justa, feminista, solidaria y habitable. Seguimos militando y laburando por la Buenos Aires que soñamos”.
El jefe del bloque Frente de Todos (FdT) y el director del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad se reunieron en la Legislatura porteña, para analizar las condiciones en las que se traspasó la policía a la órbita del distrito capitalino.
En medio de los fuertes enfrentamientos virtuales entre los legisladores del Frente de Todos (FdT) y Vamos Juntos (VJ) por la decisión del jefe de Gobierno local de no reunirse con el presidente Alberto Fernández para definir la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento, el jefe de la bancada FdT, Claudio Ferreño, y director del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad, Fernando Barrera, mantuvieron un encuentro en el que analizaron la situación.
La reunión se realizó en la Legislatura porteña y los temas que dialogaron se centraron en los servicios públicos de la Ciudad, la actualidad de los y las porteñas, el traspaso de la policía y también dialogaron sobre el futuro del Frente de Todos en el distrito capitalino.
“En el encuentro intercambiamos opiniones sobre la realidad política de la Ciudad. También hablamos sobre el traspaso de la policía, la necesidad de diálogo democrático para resolver problemas y el futuro del Frente de Todos en CABA”, manifestó Ferreño en las redes sociales tras el encuentro.
Algunos legisladores participaron del encuentro de forma virtual. También asistieron ministros. Señal de unidad tras la votación del aborto legal en el Senado y un adelanto de los temas que se vienen.
El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles en la residencia de Olivos a 62 diputados del bloque oficialista para cerrar el año y mostrar una foto de unidad tras la votación del aborto legal durante la madrugada en el Senado.
El encuentro fue organizado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y los legisladores del interior que se encuentran en sus provincias participaron por videoconferencia.
A Olivos asistieron, además de Massa, el presidente del bloque, Máximo Kirchner; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Mario Meoni (Transporte) y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, entre otros.
Durante el encuentro, Fernández le pidió a sus diputados que el año próximo trabajen en el proyecto de reforma judicial, que ya cuenta con media sanción del Senado pero está trabado en la Cámara baja.
Además, el presidente adelantó que enviará al Congreso más proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, en función del trabajo que realizó el Consejo Consultivo del Gobierno.
Así lo informó el diputado Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia, quien ofició de vocero en una rueda de prensa.
Se realizó además un balance del año y, según destacó Tailhade, “la Cámara sesionó el doble de lo que lo hizo en 2018 y 2019”, aprobándose más de 60 leyes.
El Presidente alentó a los diputados “a seguir trabajando de esta manera, a no bajar los brazos”, y en el brindis “hubo un relevamiento logros y conquistas”.
En ese contexto, contó Tailhade, Fernández “habló de las 20 verdades que hoy publicó la prensa, que son 20 logros de gestión”.
Las diputadas María Bielli y Ofelia Fernández presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual prevén conocer que soluciones de vivienda les ofrecerá el Gobierno de la Ciudad a los vecinos y cómo resolverá las situaciones conflictivas entre los propietarios e inquilinos.
En el marco de la reurbanización del Barrio Mugica -ex villa 31 y 31 bis-, las legisladoras del Frente de Todos (FdT) María Bielli y Ofelia Fernández impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un pedido de informes a través del cual buscarán conocer cómo se planifica abordar la situación habitacional de los inquilinos en ese barrio.
De esa manera, las opositoras exigieron mayores precisiones acerca de que “tipo de soluciones habitacionales definitivas se le ofrecerán a los inquilinos/as habitantes del macizo en el marco de la formalización y regularización dominial del Barrio Padre Carlos Mugica”. Así como también solicitaron que se especifique “cómo se abordará el vínculo entre propietarios e inquilinos, de modo de evitar situaciones conflictivas entre vecinos”.
En los fundamentos de la iniciativa explicaron que buscan obtener precisiones sobre cómo se abordará esa problemática, ya que en los últimos días se filtró “un reciente borrador del ‘Programa de Formalización del Barrio Padre Carlos Múgica’ donde, en el último punto (punto D), se refiere al abordaje de la situación habitacional de inquilinos/as”.
Al mismo tiempo que indicaron que “en este punto, sólo refiere a la creación de ‘un registro mediante el cual se identificarán las relaciones de tenencia y posesión declaradas por los/as vecinos/as vinculadas a las unidades funcionales en alquiler o cesión de uso dentro del polígono identificado por la Ley N° 6.129’”.
Sobre esa misma línea, Bielli y Fernández señalaron que este registro “otorgará seguridad a las familias inquilinas abordadas por este proceso, atento a su situación de vulnerabilidad” y “será la instancia en la que las familias inquilinas relevadas por el Programa de Formalización, recibirán una Constancia de Domicilio que acreditará su residencia como tenedores al momento del relevamiento, por lo que tendrán posibilidad de acreditar domicilio para acceder a diferentes servicios y trámites que lo requieren”.
“La creación de dicho registro, única referencia a la situación de inquilinos/as en el Programa de Formalización, no constituye, como indica la Ley 6129, una solución habitacional única y definitiva para todos los vecinos/as registrados/as en el empadronamiento realizado por la SECISYU en los años 2016-2017”, adviertieron.
Por lo que concluyeron señalando que “teniendo en cuenta que los inquilinos representan un porcentaje de la población del Barrio Padre Múgica y los antecedentes de otros procesos de urbanización donde la solución habitacional asignada a este segmento fueron subsidios habitacionales, resulta de suma importancia que la SECISYU informe en detalle su plan de abordaje de la situación habitacional de inquilinos/as”.
Legisladores del Frente de Todos aprobaron en una tumultuosa reunión la privatización de un sector del Parque Cívico del municipio. Duro cuestionamiento de la oposición y de organizaciones ambientalistas.
A pesar de la airada protesta de los vecinos, el jefe comunal de Berisso Fabían Cagliardi logró que sus legisladores avanzaran en la sesión de 400 metros cuadrados del Parque Cívico a una empresa privada para la instalación de contenedores restaurantes.
La bancada oficialista aprobó sin escuchar los planteos opositores y de los frentistas la iniciativa que cede un sector de pulmón verde y exime de impuestos por cinco años a la empresa PACHAN SRL.
A la hora de la votación los legisladores de Cagliardi redujeron de 10 a 5 años los beneficios fiscales a la firma, agregaron una cláusula “anti comidas típicas” y pautaron la entrega de viandas a municipales durante la Fiesta del Inmigrante.
El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Matías Nanni, cuestionó el tratamiento entre gallos y medias noches del proyecto y denunció que la empresa PACHAN SRL “se creó hace 20 días”.
Exaltado Nanni arremetió contra el oficialismo: “¿A ustedes les parece serio que nos enteremos de las modificaciones en el recinto? No nos convocaron a una reunión para hablar sobre este expediente. Quieren aprobar un expediente de una empresa que se creó hace veinte días”, criticó.
Al momento de la votación -donde el oficialismo hizo valer su mayoría- los concejales opositores se retiraron de sus bancas al igual que el peronista disidente Agustín Celi.
Desde temprano, el Concejo Deliberante fue custodiado por la policía para impedir el ingreso de vecinos y activistas, quienes se congregaron para oponerse a la privatización y que fueron impedidos de participar del debate que se dio a puertas cerradas.
Una de las referentes de las organizaciones ambientalistas dijo que “finalizando uno de los años más duros, nos desayunamos con que se iba a aprobar el proyecto de la empresa PACHAN SRL, que tiene 20 días de vida y está a nombre de Gladys Edith y Gabriela Carissimo”.
Los legisladores de ese espacio se movilizaron hasta la Corte para pedir “la liberación de los presos políticos” y consideraron que con la “persecución política se daña el Estado de derecho.
Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) marcharon hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir la liberación de “los presos políticos” antes de que se lleven a cabo las festividades de fin de año y levantaron las imágenes de Milagro Sala y Amado Boudou.
La opositora Lucía Cámpora (FdT) compartió en las redes sociales varias imágenes de la movilización y consideró que hecho de “que en nuestro país aún existan presos políticos es un ataque al pueblo y la democracia”.
Al mismo tiempo que manifestó que “el lawfare y la persecución política siguen dañando el Estado de derecho” e insistió en que “volvimos a la Corte para exigir una Navidad más justa”.
Sobre esa misma línea, el legislador Javier Andrade (FdT) se movilizó bajo el lema “Navidad sin presos políticos” y aseguró que la marcha fue “para decirle a la Corte Suprema que no vamos a aceptar el lawfare, basta de persecución y encarcelamiento a opositores”. Mientras que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), pidió que se termine “la persecución judicial”.
Asimismo Lorena Pokoik (FdT) explicó que “marchamos para exigir la liberación de los presos políticos a causa de la persecución mediática, política y judicial macrista. Pero el macrismo también utilizó otros organismos del Estado para hostigar a Cristina Fernández de Kirchner, ¡es gravísimo, de toda gravedad’.
Por otro lado, el diputado Leandro Halperín (UCR-Ev) cuestionó duramente al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por haber asegurado que en la Argentina existen los presos políticos. “Es grave que un ministro del Poder Ejecutivo Nacional diga que en la Argentina hay presos políticos. No se debe, ni se puede banalizar las violaciones a los Derechos Humanos. No es imprudencia, es irresponsabilidad”, concluyó.
El diputado del FdT aseguró que la iniciativa “no fomenta el aborto sino todo lo contrario” y destacó que en paralelo se trate el “Programa de los Mil Días” para aquellas mujeres que deciden continuar con su embarazo.
En la víspera de la sesión en la que la Cámara baja analizará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el diputado puntano por el Frente de Todos Carlos Ponce salió del grupo de los indefinidos y reveló que votará a favor de esa iniciativa.
“Esperé hasta este momento porque quería ver la redacción final de la ley y tener todos los elementos sobre la mesa para llegar a una decisión”, aseveró.
Ponce trazó un paralelismo con el debate de 2018. “En aquel momento el Estado nacional presentó el proyecto y se desentendió, no estuvo detrás del proyecto, y eso abrió un gran debate en la sociedad, entonces es algo que hay que resolverlo”, indicó y destacó que ahora “el Gobierno presenta el proyecto y se compromete a resolver el tema”.
“No es como algunos dijeron que ‘se quiere avalar la muerte’, nada que ver. Este proyecto no fomenta el aborto, pone blanco sobre negro y demuestra que hay una gran cantidad de abortos clandestinos… si eso se blanquea y el Estado y las obras sociales se hacen cargo, es algo que puede resolverse”, aseguró.
El puntano insistió en que la iniciativa que se debatirá en el recinto “no promueve el aborto, sino que va a acompañado del proyecto de los mil días, por lo que se busca acompañar a esas mujeres que están embarazadas y ofrecerles contención a las mujeres que se encuentran en una situación de desesperación”.
“Acá lo que hay que hacer, si la ley saliese, es trabajar para bajar los índices de abortos que hay en la Argentina y tratar de que no ocurra más. No podemos condenar a una mujer que en una situación desesperada recurre a un aborto. ¿Quién no conoce un caso de una persona que ha abortado? A cada persona que yo le he preguntado me dice que sí, que conocen a alguien”, aseveró en diálogo con C5N.
No obstante, Ponce afirmó que tiene un algunos cuestionamientos acerca del texto, dado que consideró que llevar el aborto “a las 14 semanas es demasiado, creo que lo correcto sería extenderlo hasta las 12 semanas y voy a seguir pidiéndolo”.
También remarcó que “hay que ir por la educación sexual en los colegios, tenemos que conseguir que haya menos embarazos no planificados; tenemos jóvenes muy jovencitas que quedan embarazadas por desconocimiento”.
Al mismo tiempo, señaló que “en San Luis creemos que la esperanza tiene que estar en lo más alto, por eso digo que este proyecto tiene que ser una esperanza como lo fue en su momento la Ley de Divorcio o la de Matrimonio Igualitario”, y concluyó: “No es que la gente va a salir a abortar porque sí: esto es terminar con la clandestinidad y el flagelo. La penalización del aborto ya fracasó, ahora debemos resolverlo”.
La diputada del Frente de Todos analizó la decisión del Gobierno Nacional de reducir la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires e insistió en que se trata de una readecuación en la transferencia de recursos al distrito capitalino por el traspaso de la Policía Federal.
En medio de un fuerte rechazo por parte del oficialismo a la reducción de los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura analizó la situación e insistió en que no es un recorte en la coparticipación, sino que se trata de un ajuste en la transferencia de recursos por el traspaso de la Policía Federal.
De esta manera, la opositora explicó que “en los primeros dos años de la presidencia de Mauricio Macri, las transferencias discrecionales de Nación a Ciudad aumentaron un 430%” y aseveró que “esto hizo que el peso de los recursos nacionales en el presupuesto de la Ciudad pasara del 10% en 2015 al 26% en 2019”.
Sobre esa misma línea recordó que “desde 2016, CABA recibe el 100% de los ingresos generados por el juego en su territorio, duplicando los recursos percibidos” y detalló que “en 2018 fueron 3.180 millones de pesos: implicó una vez y media el gasto total en reparación de veredas y el equivalente al 12% del presupuesto de San Luis”.
“En 2017 fueron tantos los recursos nacionales transferidos a CABA que, por ejeplo, recibieron 3 mil millones adicionales en Vivienda y dejaron sin ejecutar el 35% del total. También recibieron 100 millones más para infraestructura escolar pero no construyeron ninguna escuela”, expresó y añadió: “no olvidemos que por ser CABA la sede central del Gobierno Nacional, es el distrito al que se destina más del 25% del presupuesto nacional”
Segura también señaló que “todos los años el Estado Nacional aporta alrededor del 8% para contribuir al pago de salarios de las y los docentes de la Ciudad” y afirmó que “desde 2016 la Ciudad recibe recursos extraordinarios; sin embargo, cerraron 4000 PyMES, la actividad económica cayó, aumentó la desocupación, 175 mil personas pasaron a vivir bajo la línea de pobreza y la indigencia aumentó un 60%. ¿Quiénes se beneficiaron de esos recursos?”.
Al mismo tiempo argumentó que “en los momentos más difíciles, los porteños y porteñas hemos demostrado ser justos y solidarios. Para poner de pie a la Argentina necesitamos que los recursos lleguen a todos lados” y concluyó afirmando que “como dice la Constitución, la coparticipación busca ‘lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional’; ya aprendimos con dolor que el derrame no existe si no hay un desarrollo productivo, integral e inclusivo”.
En un comunicado, aseguraron que la futura ley “no generará ningún perjuicio a los ciudadanos porteños” y cargaron contra Macri y Rodríguez Larreta.
Los diputados nacionales del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires se defendieron de las críticas recibidas por haber apoyado, en la última sesión de la Cámara baja, el proyecto de ley que recorta la coparticipación que recibe el distrito porteño en función del traspaso de la Policía Federal.
A través de un comunicado, aclararon su posición los diputados Mara Brawer, Gabriela Cerruti, Itai Hagman, Carlos Heller, Gisela Marziotta, Paula Penacca y Eduardo Valdés.
Los legisladores aseguraron que la ley -que volvió con cambios al Senado- “no generará ningún perjuicio a los ciudadanos porteños” y cargaron contra el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, advirtieron, “se queja de la falta de recursos pero gasta millones cada año en pauta oficial para sostener su blindaje mediático”.
A continuación, el comunicado completo:
Los diputados del Frente de Todos actuamos siempre, y también lo hicimos en la última sesión de la Cámara, de acuerdo a nuestras convicciones, con honestidad y compromiso con el pueblo que nos votó.
Teniendo la certeza de que esta adecuación de los recursos necesarios para financiar la Policía transferida a la Ciudad no generará ningún perjuicio a los ciudadanos porteños.
Estamos simplemente obedeciendo lo que dicta nuestra Constitución para reparar una acción ilegal de (Mauricio) Macri que (Horacio) Rodríguez Larreta aceptó sin más.
Si la lógica es que somos diputados de la CABA y deberíamos haber votado en contra de la ley, nos preguntamos: ¿los diputados de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires deberían haber entonces votado a favor?
No fue eso lo que hicieron, porque los diputados y diputadas no representamos a un distrito, sino al pueblo de la Nación y a un proyecto político que piensa un modelo de país federal en su conjunto.
El expresidente Macri cometió un acto discrecional y anticonstitucional otorgándole por decreto a Rodríguez Larreta una porción indebida de recursos. Lo hizo pura y exclusivamente por amiguismo político. Una avivada.
Los grandes medios de comunicación, que sistemáticamente denuncian el presunto favoritismo de los gobiernos nacionales y populares en el reparto de fondos públicos, ignoraron este verdadero escándalo político y lo convirtieron en motivo de una andanada mediática hacia quienes lo denunciaron y se hicieron cargo de revertirlo.
Lo que verdaderamente sucedió y no están dispuestos a contar fue que los sectores opositores que hacen su carrera política al calor de los estudios de radio y televisión, en nombre de la “defensa de la República” y denunciando el “clientelismo” avalaron con su voto una maniobra que perjudica a millones de argentinos.
Esos sectores que dicen ser los abanderados de la democracia el diálogo y el consenso atropellaron la institucionalidad de la Cámara de Diputados intentando impedir su normal funcionamiento, en una bochornosa sesión donde los insultos y agresiones se repitieron durante más de 20 horas.
La tergiversación de lo ocurrido, el silencio cómplice con la maniobra autoritaria de Macri, el ventajismo de Rodríguez Larreta y la persecución desatada en los medios y las redes contra los diputados del Frente de Todos de la Ciudad tiene una única explicación: Rodríguez Larreta se queja de la falta de recursos pero gasta millones cada año en pauta oficial para sostener su blindaje mediático.
No es un secreto para nadie que Rodríguez Larreta destina fondos millonarios a la pauta publicitaria en todos los medios de comunicación nacionales. Tampoco son un secreto sus ambiciones presidenciales. Pero nada de eso cambia la realidad. Macri benefició a Larreta con millones de pesos por ser su socio político, lo hizo ilegalmente a través de un decreto discrecional.
La ley votada en la Cámara de Diputados va a reparar ese abuso, sin perjudicar el avance de la autonomía de la Ciudad sino perfeccionándolo y garantizando el financiamiento de la Policía traspasada.
Desde el FdT presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad brinde precisiones al respecto de la actuación de la Policía de la Ciudad y los agentes de calle durante las diversas movilizaciones por parte de la sociedad civil.
La peronista Claudia Neira (FdT) y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual buscarán obtener precisiones acerca del accionar de los agentes de la Policía de la Ciudad y agentes de calle durante las diversas manifestaciones que se realizaron en Ciudad.
En ese sentido, las legisladoras buscarán conocer si los agentes de la Policía de la Ciudad intervienen en manifestaciones sin el uso de su uniforme reglamentario; si intervienen en las manifestaciones “agentes de calle”, detallando las funciones que estos desempeñan; también pidieron que se remitan los protocolos de actuación que rigen el accionar de los Policías de la Ciudad sin uniforme reglamentario y/o los “agentes de calle” que intervienen en movilizaciones públicas.
Por otro lado, exigieron que se indique si se han identificado casos de ejercicio del uso de la fuerza pública y/o detenciones llevadas adelante por parte de Policías de la Ciudad sin uniforme reglamentario en manifestaciones o en otras circunstancias. “En caso positivo, informe si han utilizado chalecos sobre la vestimenta civil o directamente vestimenta civil”, sostiene el texto.
Asimismo se piden detalles acerca del ataque al periodista Lautaro Maislin del canal de noticias C5N, quien fue amenazado y atacado por un hombre que podría ser parte de la fuerza de seguridad y/o un agente de calle.
En los fundamentos de la medida, las legisladoras señalaron que “desde hace tiempo se ha visto a través de los medios de comunicación y nos ha llegado, a su vez, información acerca de que intervienen sistemáticamente en manifestaciones agentes de civil, con mochilas y que usan eventualmente chaleco o no, dependiendo las circunstancias”.
Al mismo tiempo que recordaron que hace unos días “circuló un video donde surge que, alrededor de las 16:25hs, el movilero y periodista Lautaro Maislin de C5N, se encontraba en el lugar del hecho, cuando un sujeto de remera blanca y jean lo increpa y lo golpea para impedir realizar su trabajo” e indicaron que “también circularon imágenes de agentes de civil, con mochilas y ‘chaleco’ llevando adelante detenciones. E incluso hubo imágenes de una detención de una supuesta manifestante que alegaba ser una agente”.
“Todo ello deja en evidencia lo que ya veníamos observando: no sólo la intervención de personal de civil sino el ejercicio de la fuerza pública por parte de la misma, en manifestaciones, donde lo tienen expresamente prohibido”, concluyeron.
María Rosa Muiños y Claudia Neira presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración para expresar su preocupación por la autorización para emplazar una estación de servicio dentro de ese complejo.
Las legisladoras del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira y María Rosa Muiños, presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su preocupación ante la autorización por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) para emplazar una estación de servicio dentro del complejo Costa Salguero-Punta Carrasco, cuya instalación había sido denegada en 2016, pero hoy ya está construida.
Ambas legisladoras informaron que la misma DGIUR había negado en 2016 la instalación de la estación de servicio, no sólo por encontrarse dentro de un Distrito de Urbanización Parque destinado a espacios verdes o a obras de utilidad pública, sino por estrictas razones de seguridad, dada la cercanía entre el predio y el Aeroparque Jorge Newbery.
En la Sesión especial de este martes Muiños preguntó al Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, “qué pasó entre 2016 y 2020 para que la DGIUR cambiara de opinión técnica, ya que en 2016 la denegaron por su peligrosidad y en julio de este año, en plena pandemia, la autorizaron y ya está construida”, aunque advirtió que al finalizar el encuentro la inquietud no tuvo respuesta.
Debido a esta situación, Neira concluyó advirtiendo que “si hasta hoy el debate sobre el conjunto Costa Salguero-Punta Carrasco se centraba en preservar el suelo público de la especulación inmobiliaria, esta medida deliberada nos alerta sobre la necesidad de una protección ambiental del Río de la Plata, recurso natural y fuente de consumo de todos los porteños y las porteñas”.
La bancada opositora presentó en la Legislatura porteña un proyecto alternativo al del Gobierno de la Ciudad, a través del cual busca poner en valor el predio y generar un gran parque con acceso al río.
Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley alternativo al que propuso el Gobierno de la Ciudad para Costa Salguero y Punta Carrasco, el nuevo texto incluye la puesta en valor del predio y creación de un gran espacio verde público con mejor acceso al río, además de la prohibición de otorgar permisos de uso gratuitos u onerosos o concesiones dentro del Parque Costero.
La propuesta surge luego de varias reuniones con organizaciones ambientales, vecinales y de urbanistas en defensa del patrimonio, con el objetivo de preservar el acceso público al río, tanto en su espacio terrestre como en su paisaje hídrico, aportando una mirada integral para el desarrollo urbanístico.
La iniciativa establece la creación de la Unidad Ambiental “Parque Costero del Río de la Plata”, que constituye un proyecto de recuperación del borde costero para el disfrute público con fines recreativos, culturales, educativos y ambientales. Contará con un Consejo Consultivo en el cual podrán participar organizaciones civiles con interés en la materia, centros de investigación de la Universidad de Buenos Aires, consejos profesionales, sindicatos de trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, sindicatos de trabajadores aeronáuticos, legisladores porteños y la Defensoría del Pueblo.
También propone la creación un Centro Ambiental de Monitoreo del Río de la Plata y Centro de Interpretación, cuyo objetivo principal será el estudio permanente sobre el ecosistema ribereño y la concientización sobre la historia del Río de la Plata, su ecosistema y su recuperación para el disfrute público.
En los fundamentos de la propuesta, los legisladores señalaron que “necesitamos un desarrollo con miras a una ciudad sustentable, manteniendo el dominio de las tierras, pensando los usos y su incidencia en el entorno, en este caso, del Frente Costero de la Ciudad y su articulación metropolitana” y remarcó que “hay que prestar atención a la forma en que funcionan nuestros espacios públicos, contemplando las nuevas lógicas de movilidad que hoy priorizan la escala humana jerarquizando al peatón y al ciclista”.
Además, explicaron que el paisaje urbano que se propone desde la iniciativa “aborda la ribera del río no sólo como un espacio terrestre sino también hídrico, con el objeto de crear áreas multifuncionales que se adapten a un contexto futuro de un mundo post pandemia, garantizando un ciento por ciento espacio público de acceso libre, creando una unidad urbana paradigmática”.
“Ante la gran preocupación de las organizaciones ambientales, vecinales, de defensa del patrimonio, urbanistas y de la sociedad en general, debemos construir una defensa conjunta para impedir que nuestra costanera se privatice de manera definitiva. Una ciudad más igualitaria, más inclusiva y más saludable, necesita de la unidad de todas y todos”, concluyeron desde el Frente de Todos.
Juan Manuel Valdés y Claudia Neira (FdT) impulsaron una iniciativa para que se instalen caniles en todas las plazas que tengan más de cinco mil metros cuadrados.
Buscando generar espacios de esparcimiento propios para los animales, los diputados del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Claudia Neira, presentaron en parque Los Andes un proyecto de ley de caniles junto al Sindicato de Trabajadores Caninos, vecinos y comuneros. La iniciativa contempla ampliarlos a todas las plazas cuya superficie sea igual o mayor a cinco mil metros cuadrados, así como mejorar los que ya existen adaptándose a los parámetros que establece la ley.
El proyecto busca garantizar la inclusión de caniles en espacios verdes de uso público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo parámetros de superficie y requerimientos mínimos que garanticen su correcto funcionamiento. “Es necesario crear espacios diseñados para que los vecinos que quieran llevar a sus mascotas”, sostuvo Valdés.
Durante la presentación, el legislador manifestó que “el cuidado de las mascotas es una pasión de los vecinos y vecinas de la Ciudad y debemos brindar infraestructura para que eso se garantice” y remarcó que “nuestro proyecto establece presupuestos mínimos para que toda plaza superior a los cinco mil metros cuadrados tenga al menos el diez por ciento de su superficie ocupada para caniles, que deben tener las normas de seguridad”.
“Creemos que hace al buen uso del espacio público y a la ciudad que queremos construir; la pandemia nos hizo tomar conciencia que si la Ciudad no construye un buen vivir no es una ciudad justa”, señaló.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos, Matías Tomsich, manifestó que “la ley de caniles es un paso fundamental en el reconocimiento de nuestro trabajo y en la conquista de nuestros derechos. El canil es un lugar donde el vecino puede ir con su perro y disfrutar de la plaza de forma segura, allí pueden socializar y descargar energías” y concluyó señalando que “en una ciudad donde hay más de seiscientos mil perros y más de cinco mil paseadores y paseadoras, necesitamos que todas las plazas tengan este tipo de caniles”.
