Presentaron un escrito ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por sus expresiones hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Diputadas y senadoras del Frente de Todos presentaron este lunes una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual contra el periodista “Baby” Etchecopar, a raíz de “las expresiones de odio y violencia” hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el programa “La Mesa de Mirtha” emitido el sábado.
En el transcurso del programa, Etchecopar se refirió a Cristina como “el cáncer de la Argentina” y añadió que “mientras Cristina Kirchner ‘moje’ en política, no va a haber paz nacional”.
“Etchecopar utiliza un mensaje estereotipado y discriminatorio, que reproduce la desigualdad en las relaciones de género y busca naturalizar un rol de subordinación de la mujer en la sociedad; más aún presupone que una mujer está ‘sola’ si no tiene un hombre que la acompañe, asociando esta ausencia con algo negativo que necesita ser completado, reparado”, sostuvieron las legisladoras.
Asimismo, enfatizaron que “en el discurso del periodista se asocian una serie de características negativas y peyorativas al título de ‘señora’. Además, se asimila a Cristina Fernández a un ‘cáncer’, una metáfora patologizante que, además, tiene un significado pesado en la historia de nuestro país. Todo esto constituye el ejercicio de violencia público-política hacia las mujeres”.
“Es clara la violencia simbólica y política que representa este mensaje para una mujer que se desenvuelve en la vida pública. A través de la afirmación y reproducción de ideas y concepciones sociales estereotipadas sobre la vicepresidenta de la Nación se perpetúa la desigualdad y discriminación en las relaciones de género, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”, concluyeron.
La denuncia fue firmada por las diputadas y diputados Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Cerruti, Cecilia Moreau, Graciela Landriscini, Estela Hernández, Nelly Daldovo, Graciela Caselles, Melina Delú, Fernanda Vallejos, Lia Verónica Caliva, Mónica Macha, Alejandra Obeid, Paola Vessvessian, Carolina Gaillard, Nancy Sand, Paula Penacca, Claudia Ormachea, Mayda Cresto, Ayelén Spósito, Lucila Masin, Gabriela Estevez, Liliana Schwindt, Claudia Bernazza, Lucía Corpacci, Hilda Aguirre, Silvana Ginocchio, Daniela Vilar, Mara Brawer, Magdalena Sierra, Liliana Yambrun, Carolina Moisés, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, María Jimena López, Itai Hagman, Leonardo Grosso, Juan Emilio Ameri, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete, Rosa Muñoz, Silvana Ginocchio, Laura Russo, Gisella Marziotta, Mabel Caparrós, Santiago Igon, Pablo Yedlin y Carolina Yutrovic.
Firmaron también el escrito las senadoras Norma Durango, Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón, Inés Blas, Ana María Ianni, María de los Ángeles Sacnun, Beatriz Mirkin, Nancy González, Eugenia Catalfamo, Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Teresa González, Cristina López Valverde, Silvia Sapag y Magdalena Solari Quintana, Nora Del Valle Giménez, Claudia Abdala de Zamora y María Inés Pilatti Vergara.
Los diputados de ese espacio impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual le solicitan al Gobierno de la Ciudad que informe que escuelas están insertas dentro de ese programa, las capacitaciones que reciben los docentes, entre otras cuestiones.
En medio de la pandemia del coronavirus y de las clases online que reciben los chicos en este contexto, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual le solicitaran al Gobierno porteño que brinde precisiones acerca de la implementación del programa “Secundaria del Futuro”.
De esta manera, buscarán conocer el listado completo de las escuelas que se encuentran dentro de ese programa; el nivel de la implementación en las mismas; los fondos asignados y ejecutados para la implementación; la carga horaria del personal docente y la cantidad de cargos que se crearon; las capacitaciones de las que formaron parte los educadores; entre otras cuestiones.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que si bien los documentos del Ministerio de Educación establecen que la Secundaria del Futuro se encuentra enmarcada en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, “siguen sin conocerse de manera clara y precisa los cambios impulsados tanto en los aspectos más generales de carácter curricular y pedagógico, como en aspectos más específicos como los mecanismos de evaluación”.
Al mismo tiempo que precisaron que “es un hecho que esto puede provocar una amplia heterogeneidad según las decisiones adoptadas al respecto en cada establecimiento donde se ha implementado la Secundaria del Futuro y si bien esto no es ni bueno ni malo en sí mismo, es real que puede derivar en fuertes desigualdades al interior del sistema y en la formación de los estudiantes”.
Además recordaron que los documentos del Ministerio establecen que “pensar que la propuesta de cambio organizacional de la escuela secundaria debe hacerse con la participación de las instituciones y los actores que las conforman”. No obstante, desde el FdT advirtieron que “esto aún no ha podido verificarse si atendemos reclamos que han tenido trascendencia pública tanto de la Comunidad Educativa, como de los sindicatos y organizaciones estudiantiles” y consideraron que “estos reclamos no sólo se expresan en relación a la poca convocatoria y diálogo para obtener conocimiento y consenso de las partes involucradas, sino también en la carencia de claras y precisas especificaciones respecto a las tareas que deben desarrollarse y a la inexistencia de capacitaciones para hacer frente a los cambios previstos”.
“Consideramos imprescindible conocer los resultados de la evaluación y monitoreo que se ha realizado sobre la finalización de la Primer Cohorte de la Nueva Escuela Secundaria, ya que entendemos que estos deben haber sido de vital importancia para implementar los aspectos a modificar en la profundización de la misma, hecho que derivó en la Secundaria del Futuro”, concluyeron.
Cabe destacar que la medida lleva la firma de Santiago Roberto, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, María Rosa Muiños, Lorena Pokoik, Manuel Socías y Laura Velasco (FdT).
El bloque de legisladores porteños advirtieron que habrían participado al menos once efectivos y resaltaron que el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, no concurrió a la Legislatura de la Ciudad para brindar precisiones al respecto.
Luego de que se cayera la sesión especial a la que habían convocado por falta de quórum, los diputados del Frente de Todos (FdT) denunciaron -a través de una conferencia de prensa- la participación de al menos once efectivos de la Policía de la Ciudad en la “red de espionaje ilegal desplegada durante el gobierno del ex presidente, Mauricio Macri”.
En la sesión que habían convocado para este viernes a las 11, los opositores preveían interpelar al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, sobre los motivos específicos de la reubicación en 2019 de cinco efectivos dependientes de la Policía de la Ciudad en los servicios de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Durante la conferencia de prensa, Juan Manuel Valdés (FdT) explicó que “de acuerdo a la Ley, Felipe Miguel tenía que estar acá presente el 1 de junio y no vino. Tiene que explicarnos por qué la ciudad de Buenos Aires le prestó policías a la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri” y recordó que “el año pasado Victoria Montenegro se lo preguntó en el recinto y él mintió. Dijo que era por orden judicial y que hacían tareas de custodia, pero hoy sabemos que desempeñaban tareas de espionajes ilegal”.
“Los policías de la Ciudad entraban y salían de Casa de Gobierno, de la oficina del propio Macri, con informes de inteligencia sobre dirigentes de nuestro espacio y del espacio de Cambiemos, como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y hasta la hermana del propio Macri. Es un escándalo de una gravedad institucional enorme”, indicó y precisó que “no es la primera vez que se usa a la Ciudad para realizar tareas espionaje: se utilizó para realizar las escuchas ilegales al Fino Palacios, causa que lo llevó a Macri a asumir la presidencia de la Nación procesado”.
Por su parte Montenegro aseguró que “Rodríguez Larreta decidió ser querellante en la causa judicial pero el oficialismo no se presenta en el ámbito institucional donde tiene los legisladores necesarios para que este sea el ámbito donde podamos avanzar en una investigación seria sobre por qué policías de la ciudad revistaban en la AFI” y consideró que “se trata de un hecho de máxima gravedad institucional y por eso debía venir a explicar la participación de esos agentes, quiénes fueron los responsables de la participación de esos agentes al ámbito de la AFI, qué funciones llevaron adelante porque el jefe de Ministros había dicho que habían prestado servicios por una orden judicial. Pero ahora sabemos que eso es falso”.
“Lamentablemente no pudimos sesionar, teníamos muchas preguntas para el Jefe de Ministros Felipe Miguel con respecto a la participación de los Policías de la Ciudad en la AFI”, concluyó.
El bloque oficialista en el Senado rechazó que los opositores se hayan desconectado de la sesión virtual a la hora de tratar el proyecto.
Tras una nueva sesión virtual con clima caliente, el bloque del Frente de Todos criticó “la actitud irresponsable e insensible de Juntos por el Cambio” por no acompañar el debate y la aprobación de la Ley de Alquileres, iniciativa que “apoyó en comisiones”.
A través de un comunicado, la bancada oficialista repudió “el reiterado proceder de la oposición que, bajo la excusa de un supuesto y autoproclamado republicanismo, da la espalda a las necesidades de amplios sectores de nuestra población que precisan una clara respuesta de la política”.
“Son 9 millones de personas las que esperan la sanción de la Ley de Alquileres, pero Juntos por el Cambio elige nuevamente eludir el tratamiento legislativo, sin dar lugar a la situación de tantas familias argentinas”, agregaron los legisladores.
Este jueves, al igual que la semana pasada, los senadores de JxC y del interbloque Parlamentario Federal abandonaron la sesión en rechazo al tratamiento de temas no vinculados a la pandemia de Covid-19, cuestión contemplada en el decreto reglamentario sobre sesiones remotas.
Los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron un proyecto de ley para que se les otorgue una asignación mensual no inferior a un salario mínimo, vital y móvil a trabajadores de comedores comunitarios en la Ciudad De Buenos Aires, como un reconocimiento por la labor realizada a diario.
En el marco de la pandemia del coronavirus y de la creciente demanda de comida en estos lugares, los legisladores de Frente de Todos (FdT) impulsaron un proyecto de ley a través del cual buscarán reconocer la tarea de los trabajadores que prestan servicios en grupos comunitarios y en comedores asistidos, actividades consideradas esenciales en el marco de la emergencia sanitaria, por medio de una asignación mensual.
En ese sentido, el texto dispone el otorgamiento de una asignación mensual no inferior a un salario mínimo, vital y móvil para cada trabajador o trabajadora que el grupo comunitario o comedor asistido designe, en el marco de la emergencia sanitaria. Además aclara que cada grupo comunitario o comedor asistido podrá designar un cocinero por cada turno de trabajo declarado por el grupo comunitario más un trabajador cada 30 raciones de comida proporcionadas por jomada y/o mayor fracción superior a diez raciones de comida proporcionadas por jomada.
Por otro lado, la iniciativa aclara que la prestación económica mensual mencionada es compatible con otras prestaciones, salarios y/o asignaciones del Gobierno de la Ciudad y con cualquier salario social y/o prestación y/o subsidio que surja en el marco de la pandemia.
En los fundamentos de la medida, los diputados del FdT aseguraron que “esta ley intenta poner en valor y visibilizar el trabajo que llevan adelante principalmente mujeres” y remarcaron que “ellas son las que en su mayoría sostienen los comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires, para muchas esto representa una triple jornada de trabajo: cumplen laborales formales, ejercen el cuidado en sus hogares y además realizan trabajos comunitarios, sin ser remuneradas”.
Al mismo tiempo indicaron que “para las miles de personas que viven en los barrios populares de la Ciudad, la paralización de la actividad económica que conlleva el aislamiento social preventivo y obligatorio implica la imposibilidad de salir a desarrollar las tareas cotidianas, cesando sus ingresos” y precisaron que “los más de 700 comedores y merenderos que existen hoy en la Ciudad están dando respuesta a una mayor cantidad de pedidos de comida que se han multiplicado en este contexto de crisis sanitaria, económica, social y cultural”.
“Desde el comienzo de la pandemia fueron consideradas trabajadoras esenciales. Este es un primer paso para que no sólo haya un reconocimiento simbólico, sino también material y eso se logra cuando el trabajo sea reconocido monetariamente”, concluyeron.
La medida lleva la firma de María Bielli -que es la autora del texto-, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Lucía Campora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).
Los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron un proyecto de ley para que en la Ciudad se apliquen descuentos de un 50% en los peajes, a fin de evitar la utilización del transporte público y la aglomeración de personas.
A más de tres meses de haber iniciado el aislamiento social, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de Ley para aplicar una reducción de las tarifas en un 50% con el objetivo de desalentar el uso del transporte público y evitar la aglomeración de personas. Asimismo, plantea eximir del pago de peajes al personal de salud y de seguridad mientras dure la emergencia sanitaria.
Al respecto de la iniciativa, Juan Manuel Valdés -el autor de la misma- señaló que “de los principales factores de riesgo de propagación del virus se encuentra precisamente en el sistema público de transporte de pasajeros así como en las consecuentes aglomeraciones de las estaciones de transbordo”.
Además recordó que “en la actualidad, con la flexibilización de la cuarentena, podemos observar un aumento pronunciado en la utilización del transporte público, centralmente en aquellos que refieren al transporte públicos de pasajeros de ingreso y egreso de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires” y consideró que “la reapertura del cobro de peajes agrava esta situación”.
“El otro desafío que tenemos por delante es el cuidado de nuestra economía. Una gran parte de los habitantes de la Ciudad, y del conjunto del AMBA, se han visto perjudicados en sus ingresos por causa de la pandemia”, destacó e indico que “es por esto que la reapertura del cobro es una medida que impacta en la economía familiar, perjudicando los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras que tienen la posibilidad de circular de la forma más segura posible, siendo un beneficio para el conjunto de la sociedad”.
Sobre esa misma línea, Valdés señaló que “el sistema de peajes de la Ciudad persigue diversos fines entre los que podemos mencionar desincentivar el uso del vehículo particular, ordenar el sistema de tránsito, financiar las obras viales de la Ciudad de Buenos Aires y atender los gastos de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes” y recordó que “este último punto representa el 40% del monto de la tarifa conforme se desprende del Art.5 de la ley 3060”.
“Entendemos que tanto el objetivo de desincentivar el uso del vehículo particular como de contribuir al ordenamiento de tránsito pierden sentido en el marco de la pandemia para distancias largas como la conectividad CABA-PBA”, concluyó.
Cabe señalar que la iniciativa fue acompañada por Matías Barroetaveña, Victoria Montenegro y Santiago Roberto (FdT).
Legisladores del Frente de Todos expresaron su beneplácito por la medida anunciada por el presidente de la Nación con la empresa Vicentín.
El oficialismo salió masivamente a aplaudir la expropiación de la empresa Vicentín, calificando la medida como una “decisión histórica”.
La secretaria parlamentaria del bloque de diputados del Frente de Todos, Cristina Alvarez Rodríguez, consideró esa decisión como “histórica”, afirmando que “con este paso, el Estado podrá dar continuidad a miles de puestos de trabajo, garantizar la soberanía alimentaria y la exportación de granos, ejes claves para el desarrollo de la Argentina”.
“Después del descalabro macrista, la decisión de rescatar Vicentin es estratégica para la economía argentina: da tranquilidad a lxs trabajadorxs y productorxs, a la vez que representa un paso importante hacia la soberanía alimentaria. Otra medida para poner a la Argentina de pie”, tuiteó por su lado la diputada de La Cámpora Gabriela Estévez.
Economista y diputado nacional del oficialismo, Itai Hagman señaló que “Vicentin y Macri defraudaron al Estado con un préstamo millonario sin respaldo y la empresa quebró. Hoy Alberto Fernández anunció su intervención y un proyecto de expropiación que irá al Congreso. El objetivo: la soberanía alimentaria. Se acabó el país para el 1%, avanza uno de todos”.
A su vez, la diputada Lucila Masin publicó una serie de tuits en los que celebró “esta decisión histórica que asegura la continuidad de puestos de trabajo y representa un gran paso en la búsqueda de #SoberaníaAlimentaria”.
“Acompañamos la decisión estratégica para la economía, para poner a la #ArgentinadePie y esperamos el proyecto para tratarlo en la Cámara de Diputados”.
Leonardo Grosso expresó por su parte: “Después de la enorme defraudación que hicieron los dueños privados, el Estado argentino va a expropiar Vicentin garantizando la continuidad de la empresa y de sus trabajadores. Un gran avance para conseguir nuestra soberanía alimentaria! Vamos @alferdez!”.
Desde la Legislatura bonaerense, la diputada provincial Florencia Saintout señaló que “la estatización de Vicentín es soberanía alimentaria. Celebramos con mucha alegría la decisión del presidente
@alferdez”, en tanto que la legisladora porteña Victoria Montenegro celebró: “Vamos por la soberanía alimentaria!!”.
A su vez, la diputada Gabriela Cerruti señaló que “la expropiación de Vicentin significa cuidar trabajadores, rescatar a pequeños productores, gobernar en pos de la soberanía alimentaria y entender que los nuevos tiempos necesitan que YPF trabaje sobre algo más que petróleo. Esperamos con orgullo el proyecto en Diputados”.
El diputado Hugo Yasky consideró por su parte que “con la intervención de Vicentín se terminó la impunidad para los empresarios que malversan fondos públicos. Que sirva de mensaje para todos”.
La legisladora Lorena Pokoik se refirió al fallecimiento de algunas personas que habrían sido desalojadas de los hoteles donde estaban alojados y serían casos sospechosos de Covid 19. “El abandono y la desidia del Gobierno porteño es evidente”, aseguró la kirchnerista.
En medio de la pandemia por el coronavirus, la diputada del FdT Lorena Pokoik advirtió sobre el fallecimiento de algunas personas que fueron desalojadas de los hoteles en los que vivían y alertó que se trataría de pacientes sospechados de tener Covid 19. Asimismo responsabilizó directamente al Gobierno de la Ciudad por esta situación.
Tan es así que la kirchnerista dio a conocer la historia de Leonardo Javier Macrino, que fue desalojado el día miércoles junto a su pareja, María Soledad, del Hotel La Florida, ubicado en la calle Chile 1480, del barrio porteño de Monserrat. “Los desalojaron pese a que los desalojos están prohibidos durante la cuarentena. Es más, el desalojo de Leonardo y de María Soledad se conoció porque en la madrugada del domingo encontraron a Leonardo sin vida, a pocos metros del hotel”, explicó y señaló que el hombre tenía un retraso madurativo.
Sobre esa misma línea, señaló que desde el FdT están “consternados con esta muerte que era evitable, y cuando empezábamos a hacer un recorrido de cómo fueron los hechos, en la media noche de este domingo, nos enteramos que había otra pareja que fue desalojada de ese mismo hotel, que estaba durmiendo en la calle en la esquina de Rivadavia y Boedo”. Por lo que Pokoik precisió que “inmediatamente me dirigí hacia ese lugar y llame varias veces al 108 para ponernos en contacto con el Buenos Aires Presente (BAP) para que tome cartas en el asunto y que la pareja sea trasladada a un lugar seguro”.
Según relato la diputada, la pareja estaba durmiendo a la intemperie, en la esquina de Rivadavia y Boedo, está conformada por Vivíana Tolosa y Rafael Carro, ambos mayores de 70 años. “Cuando llegamos hablamos con ambos para conocer su historia, mientras esperábamos que lleguen los asistentes del BAP. Viviana tiene un tumor en el pecho del lado derecho y Rafael sufre de la enfermedad pulmonar, EPOC, ambos en altísimo riesgo de salud”, informó.
Además aprovechó para “agradecer a los y las trabajadoras del BAP y del SAME y para decirle a los funcionarios responsables de áreas vinculadas a la emergencia que deberían tener sus teléfonos encendidos y atenderlos. Esto jamás sucedió” y remarcó que “tardamos horas para lograr que Vivíana y Rafael ahora estén en el hospital Ramos Mejía donde les harán el hisopado para descartar que no sean portadores del virus y luego serán trasladados a un parador”.
“El abandono y la desidia del Gobierno porteño es tan evidente que se nos mueren personas en la calle, que fueron desalojadas, cuando los desalojos están prohibidos durante la cuarentena y Horacio Rodríguez Larreta no hace nada al respecto”, sentenció Pokoik.
El senador radical se refirió a la postura de la oposición durante la sesión de este jueves y habló de un “aprovechamiento” por parte del oficialismo. “Estamos satisfechos por haber juntado los 29”, dijo.
El senador nacional Martín Lousteau (UCR) se refirió este viernes a la postura que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal tuvieron durante la última sesión virtual, y enfatizó que fue un mensaje para el Frente de Todos, donde “pensaban que tenían los dos tercios para hacer cualquier cosa”.
El legislador consideró que existe un “aprovechamiento” por parte del oficialismo para “en el marco de las sesiones virtuales, aprobar cosas que ellos pretenden”. “Estamos satisfechos por haber juntado los 29 y haber dado una señal”, expresó.
“La ley de alquileres y de educación a distancia se van a votar la próxima semana. No hay ninguna urgencia”, consideró, sobre los dos temas que fueron bloqueados por su espacio y la bancada que reúne a fuerzas provinciales. Para el radical, “no hay ningún cambio” si ambas normas “se aprueban una semana después”.
Lousteau remarcó que la decisión fue “para que sepan que, en este contexto donde la gente está preocupada por otras cosas, no se pueden imponer los temas y hacer cualquier cosa”.
Consultado en radio Mitre sobre la candidatura de Daniel Rafecas para encabezar la Procuración General de la Nación, cuyo pliego requiere de los dos tercios de los votos -cuestión que resultará difícil para el FdT sin apoyo de la oposición-, el senador dijo: “Las autoridades de JxC ya dijeron que vamos a tener una postura unificada”.
Para el economista, hay en torno al tema del Ministerio Público “otras cuestiones más importantes que el nombre”, en alusión a parámetros institucionales a definir.
Sobre la extensión de la cuarentena
El senador de Juntos por el Cambio se refirió a la extensión de la cuarentena y evaluó que los poderes ejecutivos tendrán que “adelantarse” ante la situación de que “la gente se empieza a hartar”, porque “todo lo que se hace en clandestinidad va a ser peor que lo que se haga público, con toda la información (de cuidado) necesaria”.
En el plano económico, señaló que “se están haciendo malabares para sobrevivir, pero en un momento eso ya no alcanza” y pronosticó que “las empresas van a caer como moscas” y hacia fin de año “vamos a tener una caída del PBI más grande que en 2002 y una pobreza del 42%”.
“A veces subestimamos el impacto de lo que puede llegar a pasar en una sociedad que ya está lastimada, pero sobre todo hace muchos años”, añadió.
El legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña junto a otros diputados de ese espacio impulsaron un proyecto que prevé incrementar los impuestos a ese sector, a fin de sostener el empleo privado y en las cooperativas de trabajo de la Ciudad.
En el marco de la pandemia del coronavirus, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley, con la intención de brindar y financiar la asistencia a trabajadores de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y a los de las cooperativas de trabajo mediante un aumento de las tasas de Ingresos Brutos al sector financiero.
La iniciativa -que lleva la firma de Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Juan Manuel Valdés, Claudio Morresi y Laura Velasco- prevé un incremento del 50% de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a bancos u otras instituciones financieras de carácter privado, con el objetivo de transferir esos recursos a la sostenibilidad de empleo en esos otros dos sectores. Se calcula recaudar al menos 50 mil millones de pesos.
Al respecto del texto, Barroetaveña expresó que “la pandemia puso sobre la mesa las enormes desigualdades de nuestra ciudad. Por eso, proponemos que quienes más han ganado y siguen ganando financien el sostenimiento del empleo en pequeñas Empresas y cooperativas” y concluyó que “en contexto de emergencia, quienes pueden, deben hacer un esfuerzo para que ningún porteño o porteña se quede sin trabajo”.
El Covid 19 en barrios populares
Por otro lado, Claudia Neira (FdT) solicitó al Gobierno Porteño que presente un “Plan de Ordenamiento del Espacio Público en barrios populares,” con un diagnóstico técnico que incluya un mapeo territorial de cada barrio de la Ciudad, y una planificación sobre las intervenciones del Estado para reordenar el uso de sus espacios públicos.
La iniciativa busca que el Ejecutivo establezca una intervención específica en los espacios comunes de los barrios vulnerables, con el objetivo de prevenir más contagios por Covid 19. De acuerdo a la misma, el Ejecutivo porteño deberá contar con un diagnóstico técnico sobre la situación territorial de cada barrio popular de la Ciudad, que incluya un mapeo colaborativo entre profesionales, vecinos y organizaciones barriales y un indicador de vulnerabilidad urbano-sanitaria por manzana. Detallando además una planificación para la integración urbana de cada barrio con su entorno inmediato y la incorporación de superficies de expansión recreativa, que permitan disminuir los posibles efectos del hacinamiento y la ausencia de espacios públicos existentes.
En relación al proyecto, Neira consideró que “es necesario intervenir el espacio público de los barrios populares con mucha inteligencia porque la cuarentena comunitaria no puede significar no intervenir para prevenir el coronavirus y esa intervención debe ser planificada” y sentenció que “estamos en diálogo permanente con el Ejecutivo porteño y queremos colaborar, tal como lo viene haciendo el Gobierno nacional, para que la Ciudad pueda atravesar el pico de contagios sin tener que lamentar más sufrimiento”.
La legisladora Lorena Pokoik impulsó un pedido de informes para conocer los protocolos de prevención del Covid 19 que se implementan en esos centros socioeducativos del distrito capitalino. También prevé interiorizarse sobre si se han realizado testeos dentro de estas instituciones.
En medio de la pandemia del coronavirus, la diputada del Frente de Todos (FdT) Lorena Pokoik impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución, mediante el cual buscará que el Gobierno de la Ciudad informe sobre los protocolos de prevención del Covid 19 que se implementa en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado, entre ellos: Manuel Belgrano, Luis Agote y San Martín, dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito capitalino.
De esta manera, en el texto se piden precisiones sobre la “cantidad de casos negativos y positivos en cada centro y la edad de los y las menores”, así como también sobre la cantidad de trabajadores que fueron testados; si existen trabajadores diagnosticados con Covid 19 y, en caso afirmativo, que señale la cantidad de contagios.
Asimismo el pedido de informes requiere además que el Gobierno declare si existen trabajadores cumpliendo aislamiento preventivo; que enumere adecuación de espacios realizadas para los procesos de higienización y cambio de vestimenta y tipo de elementos y frecuencia de entrega en cada centro; si se han generado articulaciones con el Ministerio de Salud y, en caso negativo, que explique los motivos; y por último, que se informe si ante la situación de emergencia sanitaria se ha conformado un Comité de crisis dependiente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.
Al respecto de la medida, Pokoik insistió en que “queremos saber si existe un protocolo de acción centralizado conforme a normativa del Ministerio de Salud Nacional, ante un posible caso de coronavirus, ya que el jefe de gobierno se niega a hacer pública esa información” y aseveró que desde el FdT “estamos muy preocupados por este tema, por eso exigimos al Gobierno que informe la cantidad total de testeos realizados por cada Centro Socioeducativo, la fecha, la cantidad de ingresos de niños, niñas y adolescentes en cada instituto una vez declarada la emergencia sanitaria, y la cantidad de menores testeados”.
“Es increíble que haya que pedirle al jefe de Gobierno, por la Legislatura o mediante amparos judiciales, que tenga que informar cosas tan elementales en medio de la pandemia, como es la implementación de protocolos ante casos positivos”, concluyó.
La diputada del FdT insistió en la necesidad de que el “Gobierno de la Ciudad garantice las condiciones de trabajo adecuadas” y advirtió que en el sector privado se están reduciendo los salarios de los trabajadores.
Luego de que la Legislatura porteña aprobara un texto que reconoce su labor, la diputada del FdT y vicepresidenta segunda de esa misma Casa, María Rosa Muiños, volvió a poner el foco sobre las condiciones en las que se está desempeñando el personal de la salud y advirtió que en el sector privado se estarían aplicando reducciones de los salarios.
En ese sentido, la peronista consideró que “el Gobierno de la Ciudad debe garantizar condiciones de trabajo adecuadas al personal de la salud, más aún en el contexto que estamos atravesando” e insistió en que “en el sector privado se están reduciendo salarios al personal y el Estado local no está interviniendo de ninguna forma para protegerlos o acompañarlos”.
Asimismo reveló que recibió “constantes frente a situaciones como falta de insumos, de protección y hasta de discriminación que vienen padeciendo los médicos y enfermeros de la Ciudad” y recordó que desde el FdT se presentaron “diferentes proyectos para dar soluciones, no podemos permanecer indiferentes porque estamos ingresando en el peor momento de la pandemia y, frente a la inacción del GCBA, necesitamos cuidar a los trabajadores de la salud para que ellos nos puedan cuidar a todos”.
“La Ciudad integra junto con el AMBA el epicentro en el que se está desarrollando el mayor foco de contagio de Covid 19 del país, por lo cual se ha incrementado la tarea del personal de Salud, tanto de efectores públicos como privados”, expresó y remarcó que “por eso, queremos reconocer de alguna forma y reivindicar a quienes están trabajando con la presión frente al desconocimiento global de los efectos de la enfermedad, pero sin resentir el compromiso profesional y en ocasiones hasta son perseguidos por cumplir con su rol”.
En tanto concluyó señalando que “frente al desamparo que están sufriendo por parte del Gobierno local, corresponde que la Legislatura trabaje en una merecida distinción a aquellas personas y equipos humanos que están actuando de forma mancomunada en beneficio de los habitantes de la Ciudad”.
Los diputados de ese espacio y el ministro de Desarrollo Social de la Nación visitaron el barrio Rodolfo Ricciardelli y el Múgica para dialogar con los vecinos y participar del operativo DetectAR, a raíz de la disparada de casos positivos de Covid 19 que hubo en las mismas.
En medio de la pandemia del coronavirus, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) se reunieron con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad, María Migliore, para recorrer algunos barrios populares del distrito capitalino, debido al crecimiento de casos positivos en los mismos.
En esta recorrida, los funcionarios y los diputados visitaron los comedores comunitarios “Itati” y “Ojitos Tiernos” del barrio Rodolfo Ricciardelli (conocido como la ex villa 1-11-14); luego participaron del Operativo DetectAR en el barrio Padre Múgica (ex villa 31 y 31 bis), dado que es uno de los más afectados por la disparada de casos y en los últimos días fallecieron tres referentes del barrio a causa del Covid 19.
Cabe destacar que tras la recorrida por el barrio Múgica, Arroyo participó de una reunión con el Comité de Crisis de la Villa 31 integrado por organizaciones sociales, para dialogar sobre la delicada situación sanitaria, social, económica y educativa que atraviesa la comunidad de ese barrio popular.
Los legisladores de ese espacio impulsaron una iniciativa en la Legislatura porteña para que se garantice la distribución de ese elemento a fin de prevenir la propagación y contagio del coronavirus.
A raíz del aumento de los casos positivos en la Ciudad, el diputado Santiago Roberto (FdT) presentó un proyecto de declaración para solicitarle al Gobierno porteño la adquisición y distribución de termómetros infrarrojos destinados a comedores, paradores, centros de salud y a todas las dependencias del distrito capitalino para la prevención de posibles contagios del Covid 19.
En el mismo texto -que también lleva la firma de María Rosa Muiños, Claudio Ferreño, Lucía Cámpora, Matías Barroetaveña y Juan Manuel Valdés (FdT)- , el peronista pidió que se instrumente un plan de seguimiento y control sanitario para los voluntarios que cumplan funciones en paradores y hoteles donde se alojan los vecinos de los barrios más vulnerables que han sido aislados.
Al respecto de la iniciativa, Roberto señaló que surgió debido al aumento exponencial de los casos de coronavirus e insistió en que “es necesario mantener un control estricto de los pacientes que ingresan diariamente a los centros de salud, como así también del personal que se desempeña allí y de los voluntarios que se encuentran asistiendo a los paciente”.
Por último, el legislador sostuvo que “hoy los barrios vulnerables concentran la mayor tasa de contagios de la Ciudad” y alertó que “los voluntarios que asisten en los comedores comunitarios están muy expuestos al contagio porque no se realizan las medidas preventivas suficientes sobre las personas que concurren”.
“Controlar la temperatura de sus asistentes ayudaría a la tranquilidad de los colaboradores y además sería un primer diagnóstico para comenzar con la tarea de aislamiento desde los mismos comedores”, concluyó.
Fue durante una videoconferencia de la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, que se calentó con la intervención del diputado macrista Luciano Laspina. Juntos por el Cambio pidió, sin éxito, que se analice también la situación durante los gobiernos K.
Por Melisa Jofré
Con pedidos de informes a diferentes organismos, el Frente de Todos avanzó este martes en dar comienzo a la investigación del endeudamiento y la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
En la reunión virtual, que se calentó con la extensa intervención del diputado Luciano Laspina (Pro), hubo gritos y reclamos de la oposición por el tiempo para exponer.
La videoconferencia comenzó con una sucesión de discursos de legisladores oficialistas, que duró alrededor de dos horas. También hablaron los diputados Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, que no forman parte de la comisión.
Luego pasaron a exponer los miembros de Juntos por el Cambio, pero el clima subió de tono cuando el presidente de la bicameral, el senador formoseño José Mayans (FdT), comenzó a pedirle a Laspina que concluya su alocución.
Con mayoría en esa comisión -11 integrantes-, el Frente de Todos logró bloquear el pedido de la bancada opositora para que también se analice la fuga de capitales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). También acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
En primer lugar, la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT) arrancó con el tema del préstamo solicitado por el gobierno anterior al FMI y las causas judiciales que se iniciaron al respecto.
La santafesina recordó que el Poder Legislativo “no dio consentimiento en la toma de ese crédito”, lo cual “no significa que el acto administrativo no debiera sustentarse en el procedimiento con causas, razones y motivos por los cuales el Ejecutivo tomó la decisión de avanzar en el crédito más grande de la historia”.
Sin embargo, la legisladora señaló que “estamos ante un préstamo que se llevó adelante a sola firma sin fundamento técnico-administrativo”. Por eso, solicitó que se cursen informes al Banco Central, para saber “si obra en dicho banco algún dictamen jurídico” en cumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera; al Ministerio de Economía y a la Corte Suprema, para que remitan toda la documentación y “podamos analizarlo”.
Seguidamente, el senador Oscar Parrilli (FdT) fundamentó la “necesidad de ampliar” la investigación sobre el proceso de fuga de capitales en los últimos tres años que, de acuerdo al informe del Banco Central, alcanzó los 86.000 millones de dólares.
“No pretendemos en Argentina cambiar una cultura que lamentablemente tenemos en este sistema bimonetario, donde muchos argentinos compran dólares de una manera de resguardar los ahorros y el valor de su trabajo; de ninguna manera pretendemos ir sobre estos sectores o estos ciudadanos argentinos”, aclaró y detalló que será sobre quienes hayan fugado entre 300 y 500 mil dólares.
Y continuó que “la intención nuestra es identificar claramente quiénes han sido los responsables de esta fenomenal fuga”. El neuquino la calificó como una práctica “exacerbada” y “alentada” por las ex autoridades del Banco Central y de la cartera de Hacienda.
El legislador kirchnerista enfatizó la importancia de contar con un “detalle muy preciso de quiénes fueron los tomadores de deuda, quiénes fueron todos aquellos que fugaron” y “si hubo responsablidad y connivencia entre los funcionarios y quienes fugaron”. Sobre todo, Parrilli dijo que en abril, junio y agosto de 2018 hubo “una fuga muy marcada” con lo cual hay que ver si hubo “fondos que tuvieron información muy privilegiada”.
El senador también detalló que se pedirán precisiones sobre “los estudios jurídicos que estuvieron relacionados con estos fondos de inversión, porque presumimos que en muchos casos estamos en presencia de funcionarios que respondían intereses de un lado y del otro del mostrador”.
Por su parte, el diputado José Luis Gioja (FdT) propuso también solicitar informes a la Unidad de Información Financiera y a la AFIP. Mientras que el senador Maurice Closs (FdT) pidió enfocar el nuevo pedido de información sobre “las decisiones de Estado que se han tomado”.
“Hay paquete entre 12 y 15 mil millones de dólares, plata que ingresó a la Argentina; esos dólares ingresaron a un tipo de cambio a 20 pesos en ese momento, se quedaron un tiempo largo, ganaron 40 por ciento de tasa de interés en pesos, pero cuando se quisieron ir” en abril de 2018 “el Estado le garantizó los dólares a un tipo de cambio de 20”, explicó.
Para el misionero, esto “muestra la mayor impericia por parte del Gobierno” de Mauricio Macri y “la mala fe”. “Esa es la parte que hay que profundizar”, resaltó.
A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) apuntó a “las personas donde tenemos que poner el foco en términos de desempeño funcional” como “Alfonso Prat Gay, Luis Caputo, Luis María Blaquier, Marcelo Blanco, Pablo Pereyra Iraola, Nicolás Dujovne, Ariel Sigal”, entre otros.
“Hay una serie de personajes que no son conocidos pero tenemos que revisar su desempeño”, dijo y aseguró que “operaron en Wall Street en los ’80 y los ’90” y “el 80 por ciento trabajó en JP Morgan; son todos millonarios”.
Por el interbloque Juntos por el Cambio comenzó el senador Martín Lousteau (UCR), que recordó que en 2008, 2012 y 2014 “ha habido también devaluaciones, donde el Banco Central se quedaba sin reservas”. “La deuda no es el único motivo por el cual entran dólares y después se dilapidan”, sostuvo y remarcó que “no toda formación de activos externos es fuga”.
En tanto, el diputado Ricardo Buryaile (UCR) manifestó: “Tenemos que decidir si vamos a buscar la verdad o vamos a hacer discursos para escucharnos entre nosotros”. “Argentina recurrentemente ha tenido estos problemas”, mencionó y recordó los distintos default. En ese sentido, reclamó por la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.
“Si esta bicameral cree que el problema de Argentina son estos últimos cuatro años, yo creo que cometemos un error”, enfatizó, aunque admitió: “Obviamente nuestra gestión cometió errores”.
Vicepresidente de la bicameral, el diputado macrista Luciano Laspina comenzó asegurando que “el juicio de la política económica es potestad del pueblo, no de diputados y senadores en una bicameral”, además de repasar decisiones de “mala praxis” en materia económica por parte del kirchnerismo.
Al igual que Buryaile reclamó que Guzmán “venga y explique en qué estado están las negociaciones y el cambio de estrategia” respecto a la deuda exterior, además de pedir que ese encuentro sea de carácter reservado.
Ya en un clima caldeado por las veces en que Mayans le pidió el redondeo en el discurso, Laspina estalló: “¡Pongamos en la hoguera de la historia de la fuga de capitales en Argentina a Mauricio Macri y Cristina Kirchner por igual!”.
“Si a los 8.500 millones de dólares que vendió el Banco Central de (Alejandro) Vanoli le sumamos los 17 mil millones de dólares, la fuga trepa en 2015 por encima de 25.500 millones de dólares. Es más del doble de lo registrado en 2016, el primer año de Mauricio Macri”, señaló.
Y también apuntó que “el año con mayor récord de fuga de capitales fue el 2008, con 23.100 millones de dólares, según datos del Banco Central e INDEC”. “Si no queremos faltar a la verdad histórica debemos ir para atrás y analizar estos datos”, completó.
Mayans entonces salió al cruce con las cifras de la deuda, al remarcar que en la gestión anterior hubo un “endeudamiento superior a los 150 mil millones de dólares en cuatro años”. “Cuando el (ex)ministro (Hernán) Lacunza habla de reperfilamiento de la deuda ya entramos en default”, añadió y calificó al programa económico de Macri como “desastroso y que dejó prácticamente al país en la miseria y pobreza”.
Finalmente, el jefe del bloque oficialista en el Senado acusó a Juntos por el Cambio de querer “entorpecer la investigación” y tener el “objetivo de romper la reunión”.
“El gobierno de Macri destrozó la economía nacional. Hay una diferencia abismal entre nuestra políticas, nosotros siempre tendimos al desendeudamiento. Esta investigación es absolutamente necesaria”, cerró.
Los legisladores Santiago Roberto y Ofelia Fernández se hicieron eco de las denuncias por parte de los trabajadores de la salud y aseguraron que existe un “profundo abandono” y falta de insumos. Además, criticaron duramente la situación que se vive en el Hospital Ramos Mejia, en donde las familias informaron la convivencia de pacientes con coronavirus y el resto de la población hospitalaria.
En medio de la pandemia del coronavirus y ante las crecientes denuncias por la atención que prestan los hospitales públicos de la Ciudad, los legisladores del Frente de Todos Santiago Roberto y Ofelia Fernández advirtieron sobre “maltrato y un profundo abandono”, al mismo tiempo que aseguraron que algunos centros médicos no cuentan con los insumos básicos para atender la situación.
En ese sentido, Fernández explicó que “es algo completamente inhumano que está pasando en los hospitales de la Ciudad, en los últimos días las villas explotaron de infectados y contagiados, de hecho perdimos a Ramona y al Oso” y remarcó que “se volvió esencial en este contexto que la gente de los barrios pueda ir a los hospitales a detectar casos y hacer derivaciones o internaciones correspondientes”.
No obstante, señaló que “no hay protocolos de cómo hacerlo, ni inspecciones, ni instrucciones: en los traslados del barrio al hospital llevan a casos confirmados y casos sospechosos en el mismo transporte; cosa de que si vos te subiste sin el virus, al llegar al hospital te contagiaste” y destacó que “en los hospitales se denuncia maltrato y un profundo abandono, denuncian que no hay insumos básicos. Como no higienizan los baños, los hacen usar pañales para adultos; hacen que la gente duerma en el piso; las condiciones laborales de los trabajadores de la salud es pésima; no se ocupan del distanciamiento de casos posibles y casos confirmados tampoco en el hospital”.
“Basicamente les muestran en la cara que su vida y su salud no importan por el barrio en el que nacieron. ¿Alguien va a poner la cara? ¿Alguien se va a hacer cargo? ¿Van a contener a la gente?”, indicó y advirtió que “ahora los vecinos no se quieren ir a testear por lo miserables que son las condiciones”.
Además consideró que “si la gente no se testea, no se trata, no se interna si le corresponde, si no se comprueba un caso y se le dan las condiciones para aislarse cuando viven hacinados. ¿Qué pasa si la gente no puede contar con el sistema de salud? Lo que ya es una tragedia se va a convertir en una película de terror” y aseveró que “los contagios van a explotar más aún y no habrá manera de resolverlos. Exigimos urgente que el Gobierno de la Ciudad intervenga y acompañe este proceso, que cuiden a su gente”.
Por su lado, Roberto se hizo eco de las denuncias realizadas por distintas familias que se atienden en el Hospital Ramos Mejía, quienes aseguraron que allí conviven pacientes con Covid 19 y el resto de la población hospitalaria. “Vemos con mucha preocupación las imágenes que se conocieron del Hospital Ramos Mejia, donde no se ve ningún protocolo sanitario como asegura el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta”, explicó el legislador.
“Las personas están hacinadas en habitaciones sucias. Sin distanciamiento social y en condiciones no aptas de higiene y salubridad”, indicó y concluyó señalando que “esto sufren los vecinos y vecinas de la villa 21.24 sospechados de tener de coronavirus. Es una vergüenza que para el Gobierno porteño haya ciudadanos de primera y de segunda”.
El kirchnerista Javier Andrade (FdT) presentó una iniciativa para que el Gobierno de la Ciudad especifique en sus reportes diarios: la cantidad de casos nuevos por barrio, de qué manera ocurrió el contagio, la situación de los pacientes, entre otras cuestiones.
Con la intención de obtener más información al respecto de cómo afecta la pandemia al distrito capitalino, el diputado del Frente de Todos Javier Andrade impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad incluya diversos parámetros en el reporte diario de los casos de Covid 19 en la Ciudad.
La iniciativa propone que el Gobierno incorpore al informe que sube a su web (www.buenosaires.gob.ar) precisiones sobre la “cantidad de casos nuevos por barrio de residencia especificando si son contagios importados, de contacto estrecho, circulación comunitaria o si están en investigación epidemiológica” y la “situación de pacientes internados, especificando camas generales, terapia intermedia y terapia intensiva por hospital; cantidad de pacientes leves aislados en hoteles u otros centros de aislamiento de la Ciudad”.
Así como también la “cantidad de testeos hechos por barrio de residencia y resultados pendientes al momento de realizar el reporte”, el “reporte de fallecidos por barrio de residencia, detallando para cada uno si presentaba patologías previas y aclarando cuales” y la “cantidad de pacientes por barrio de residencia que han sido dados de alta”.
También aclara que en lo que se refiere a barrios de residencia, éstos también deben contemplar a los “Barrios Populares”, inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, dependientes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Además, el proyecto señala que el reporte de situación deberá estar disponible para ser solicitado mediante el chat de la Ciudad (BOTI).
En los fundamentos de la medida, Andrade destacó que se “pretende facilitar el acceso a la información respecto de los casos de Covid 19, en la Ciudad tomando como ejemplo el modelo que utiliza el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual detalla provincias día por día, con los casos nuevos y acumulados”.
Al mismo tiempo que concluyó señalando que “dada la rapidez de los contagios y sobre todo su crecimiento exponencial en los barrios populares es que creemos más que necesario este tipo de reporte en el que se detalle cada uno de los datos por barrio de residencia; así como saber cuál es la capacidad de camas de la ciudad tanto de internación como de aislamiento”.
Las legisladoras Laura Velasco y Cecilia Segura (FdT) impulsaron en la Legislatura dos proyectos mediante los cuales buscan fortalecer a las organizaciones y asociaciones civiles que brindan atención integral a los niños en situación de vunerabilidad social dentro del distrito capitalino.
En medio de la pandemia del coronavirus, la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT) y la diputada Cecilia Segura (FdT) presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos con el objetivo de proteger los derechos de los niños y adolescentes sin cuidados parentales en situación de vulnerabilidad social en la Ciudad.
El objetivo de ambas propuestas es fortalecer a las organizaciones y asociaciones civiles que les brindan atención integral y solicitando informes respecto de qué medidas está adoptando el Ejecutivo porteño para garantizar esos derechos.
Por un lado, las legisladoras impulsaron un proyecto de ley propone un subsidio extraordinario mensual para hogares conveniados, equivalente al 100% de la cuota que por mes hoy están recibiendo, cada uno de acuerdo a su modalidad y cantidad de niños y adolescentes atendidos. El mismo debe ser destinado a cubrir los gastos y las necesidades que surgen en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.
Estas presentaciones tienen su origen en dos reuniones virtuales realizadas, en el marco de la emergencia sanitaria, por integrantes del Frente de Todos con trabajadores de los dispositivos estatales porteños de Niñez y Adolescencia y representantes de la Red de Hogares para niñas, niñas y adolescentes conveniados con el Gobierno de la Ciudad.
También presentaron un pedido de informes que indaga respecto de las acciones llevadas a cabo por la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para atender las necesidades de aquellos niños y adolescentes que hoy se encuentran con familias de acogimiento y en hogares propios y conveniados.
Además, se solicita información sobre la elaboraron protocolos de actuación ante posibles contagios de Covid 19 y la existencia de presupuesto extraordinario para afrontar gastos surgidos de la situación pandemia. Este proyecto viene a complementar uno anterior presentado por Velasco hace pocos días, respecto de la situación en la que se encuentran los hogares destinados a niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, tanto estatales como de la Red de Hogares.
Al respecto de ambas propuestas, Velasco señaló que “la atención de nuestras infancias más vulnerables es fundamental y, para eso, se necesitan políticas públicas con presupuesto, a fin de proveer alimentos, elementos de higiene y prevención, recursos para una correcta atención sanitaria y la continuidad de la escolaridad”.
Aunque advirtió que “acá se hace todo lo contrario. Días atrás, nos enteramos de la suspensión del Programa Adolescencia y, el fin de semana pasado, que un adolescente y una enfermera de dispositivos dependientes del área de niñez y adolescencia del Gobierno porteño están contagiados” e insistió en que “desde el inicio de la cuarentena, los trabajadores y trabajadoras de dispositivos, tanto estatales como tercerizados, vienen denunciando la falta de recursos de toda índole”.
En tanto Segura explicó que “esta situación que estamos atravesando resulta difícil para la mayoría de los niños y niñas pero, especialmente, para aquellos sin cuidados parentales que viven en los hogares” y concluyó afirmando que “las organizaciones están haciendo un esfuerzo enorme por llevar adelante su cotidianeidad en este contexto pero es el Estado el que debe garantizar la restitución de derechos y ocuparse de que haya conectividad y dispositivos para continuar su escolaridad, así como ofrecer alternativas de recreación, esparcimiento, revinculación familiar, seguir las trayectorias terapéuticas, la atención médica y psicológica requerida, además de reforzar con personal adecuado”.
El bloque Frente de Todos impulsó una iniciativa para que quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), perciban –de manera excepcional- un subsidio de dos mil pesos. “Es fundamental acompañar a esta población que requiere de un Estado presente”, explicó.
Buscando atender a la situación de crisis que atraviesa la Ciudad por la pandemia del coronavirus, el diputado Juan Manuel Valdés (FdT) presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña, a través del cual solicitó un subsidio excepcional para personas con discapacidad. El mismo será de dos mil para quienes tengan vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En los fundamentos de la iniciativa -que también lleva la firma de Victoria Montenegro, Leandro Santoro, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Claudio Morresi y Lorena Pokoik (FdT)-, los legisladores recordaron que el Gobierno nacional estableció a través del Decreto 309/2020 un subsidio de tres mil pesos que incluye a las personas con discapacidad.
Asimismo explicaron que “teniendo en cuenta que la canasta básica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un 33% más cara que la canasta básica nacional, según cifras oficiales, la presente ley compensa esa diferencia y el subsidio propuesto es compatible por la percepción del subsidio nacional” e insistió en que “en otras provincias de nuestro país vemos cómo se han realizado iniciativas similares como por ejemplo en la provincia de Neuquén donde el estado provincial entrega bonos de gas”.
Sobre esa misma línea, aseguraron que “el aislamiento tiene un costo muy grande sobre gran parte de la población al producir una caída significativa en sus ingresos por lo que resulta necesario un acompañamiento económico” y precisaron que “esta problemática afecta de manera más intensa a las personas con discapacidad ya sea porque a ellas se les ven reducidos sus ingresos o porque esta situación ha afectado a su grupo familiar del que dependen”.
“Según el estudio nacional sobre personas con discapacidad que realizó el INDEC en el año 2008 en la Ciudad hay un 8% de personas con discapacidad; si tomamos el dato del último censo nacional que se llevó a cabo en el 2010 podemos afirmar que en nuestra ciudad viven unas 230.000 personas con discapacidad. Si bien todavía es bajo el nivel de tramitación del CUD, es fundamental acompañar a esta población que requiere de un Estado presente, sobre todo en el marco de la crisis vigente”, concluyeron.
María Rosa Muiños (FdT) insistió en la necesidad de instalar esas unidades para atender urgencias y atender a los pacientes que pudiesen tener síntomas compatibles con el Covid 19.
En medio de la escalada de casos positivos por Covid 19, la legisladora del FdT y vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños, impulsó un proyecto de ley para instalar unidades febriles de urgencia (UFU) y unidades transitorias de aislamiento en villas y barrios vulnerables de la Ciudad.
Con esta iniciativa se buscará atender la creciente demanda de pacientes con síntomas asociados al coronavirus y que eventualmente requieran una primera instancia de aislamiento. Es que estas unidades son dispositivos a través de los cuales el Gobierno porteño busca evitar que personas posibles portadoras del virus ingresen de forma irrestricta a hospitales públicos del distrito y pudieran alterar las condiciones de asepsia del nosocomio, de los pacientes y del personal médico.
Según el articulado del proyecto, estas unidades se deberán “emplazar en las zonas aledañas de ingresos a barrios vulnerables, villas, asentamientos y en centros comunitarios u organizaciones que estén dentro del perímetro y cuenten con el espacios adecuado” y tendrán que “contemplar las mismas funcionalidades y equipamiento que tienen aquellas emplazadas en los hospitales públicos del distrito: contar como mínimo con baños químicos y personal de limpieza; sistema de calefacción; y provisión de agua y de comidas indicadas según el horario, contemplando un menú alternativo sin TACC”.
“También deberán garantizar el traslado de las personas a hoteles o la vuelta a sus casas, en caso de ser necesario; y procurar el acceso a internet para facilitar el contacto con sus familiares mientras permanezcan en las unidades”, agrega el texto y establece que “el Ministerio de Salud porteño -en tanto autoridad de aplicación- se encargará de disponer los recursos humanos y materiales necesarios; la atención, prácticas y cuidado de los pacientes y personal destacado; y aportar unidades de traslado para el material del hisopado realizado y su renovación”.
Al respecto de las medidas, Muiños explicó que “los habitantes de las villas y asentamientos están expuestos al contagio del virus debido a las condiciones de hacinamiento, falta de elementos de higiene y de recursos económicos, entre otras cuestiones que contribuyen a su propagación. Pero los casos se dispararon porque el Gobierno de la Ciudad llegó tarde”.
Además consideró que “la intervención en esos lugares requiere de inversión y la Ciudad no lo estaba haciendo. Empezó a hacerse cargo de la problemática una vez que la Nación activó el operativo DETeCTar” e insistió en que “hoy hay políticas activas en algunos sectores, gracias a esa medida conjunta que desplegó el Ministerio de Salud de la Nación”.
“Desde la Legislatura queremos aportar al control de la propagación del virus en las villas. Por eso, proponemos la instalación de estas unidades que permitan la rápida detección y el aislamiento de los vecinos afectados, además de brindarles asistencia médica y contención”, concluyó la legisladora en los fundamentos del proyecto que lleva la firma de todos sus compañeros del bloque Frente de Todos.
A un año de que la exmandataria anunciara la fórmula presidencial, legisladores y dirigentes del Frente de Todos se expresaron en las redes y compartieron el vídeo de aquel momento.
A un año de que Cristina Fernández de Kirchner anunciara, con sorpresa, su decisión de no ser candidata a presidenta, sino de acompañar como vice a Alberto Fernández, dirigentes del Frente de Todos recordaron aquel momento.
Con los hashtag “#GraciasCristina” y “#FuerzaAlberto”, legisladores y funcionarios se expresaron a través de las redes y, algunos de ellos, compartieron también el vídeo con el que CFK daba la noticia con un mes de anticipación al cierre de listas.
“Hace un año @CFKArgentina nos decía: ‘la ambición personal tiene que estar subordinada al interés general’. Ese día empezamos a soñar un país distinto y confirmamos que la unidad es el camino para construir políticas para las mayorías”, escribió en su Twitter la diputada Cristina Alvarez Rodríguez.
Por su parte, la misionera Cristina Britez destacó: “Hoy se cumple un año del anuncio de la fórmula que trajo la unidad, permitió el armado del Frente de Todos y derrotó al macrismo. #GraciasCristina por ese acto de grandeza y por ese amor inclaudicable al Pueblo”.
“Hoy 18 de Mayo se cumple un año donde en un gesto de grandeza único @CFKArgentina le pedía a nuestro Presidente @alferdez que encabezara la fórmula para volver a reconstruir el País. El día en que en la Política volvió a ganar la estrategia”, publicó el legislador Santiago Igon.
En tanto, la cordobesa Gabriela Estévez también resaltó que “se cumple un año de aquel día en que la sabiduría y la generosidad de Ella, cambiaron para siempre el destino de nuestro país. Porque mejor que decir es hacer, la Patria primero, siempre”.
“Grandeza, humildad y un profundo amor por la Patria: eso demostraba @CFKArgentina hace exactamente un año. Ni la historia ni el pueblo se lo van a olvidar nunca”, fue el mensaje del senador Mariano Recalde.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ponderó la figura del presidente: “Hace un año con @alferdez nos encontrábamos en la búsqueda para generar una alternativa política distinta en el país. Ganarle a Macri parecía imposible”.
“La dirigencia y la militancia, con @alferdez, @CFKArgentina y @SergioMassa a la cabeza, ejecutamos la unidad que nos permite honrar el contrato electoral: cambiar las prioridades para poner a la Argentina de pie”, añadió.
El funcionario, además, subrayó: “Como señaló Cristina, la coalición de gobierno debe ser más amplia que la que ganó las elecciones, y ese concepto caracteriza cómo Alberto entiende la actividad política. La convocatoria, más aún en momentos difíciles, es a todos los argentinos y las argentinas”.
“Hace un año Cristina nos recordó la importancia de la política como instrumento para transformar la realidad”, manifestó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien calificó a esa jugada como “una de las resoluciones políticas más valientes, generosas y brillantes de nuestra historia” que “creó la alternativa para que democráticamente el pueblo terminara en las urnas con el ciclo neoliberal de Macri y Vidal. Hasta el día anterior habían instalado que eran invencibles”.
Y agregó: “Hoy recordamos aquella decisión que nos dio la posibilidad de recuperar lo perdido para cuidar de todas y todos, para poner a la Argentina de pie y recuperar el orgullo de ser bonaerenses”.
Desde la cuenta de Twitter del Frente de Todos, recordaron el anuncio de la vicepresidenta como lo “inesperado” y lo vincularon con la situación actual.
“A un año de la unidad: lo que esperábamos y lo inesperado. Hace un año hoy, Cristina tomó una decisión generosa y de una visión estratégica que cambió el curso de la historia”, publicaron.
Y manifestaron que “sin embargo, lo inesperado regresó como pandemia. Toda la capacidad estatal fue puesta para cuidar la salud y amortiguar los efectos que también tendría sobre la economía; la ciudadanía en su conjunto comprende y acompaña”.
“La magnitud de los desafíos no tiene precedentes, pero también hay un horizonte distinto. Nuestra convicción permanece, cambiamos las prioridades para volver a poner a la Argentina de pie”, afirmaron.
El diputado del FdT Santiago Roberto insistió en la necesidad de que se cumpla esa medida cautelar, a través de la cual se obligó al Gobierno de la Ciudad a entregar 150 litros de agua diarios a cada vecino de esos barrios.
Tras las denuncias por falta de agua potable en barrios precarizados de la Ciudad, el legislador del FdT Santiago Roberto y el presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, Jonathan Baldiviezo, presentaron este viernes ante el Ministerio de Desarrollo y Hábitat una nota solicitando que se haga cumplir la medida cautelar dictada por la Justicia, que obliga al Gobierno porteño a entregar 150 litros de agua diarios a cada habitante de los barrios populares.
De esta manera, Roberto y Baldiviezo se apersonaron en el Ministerio ubicado en Ciudad Oculta y advirtieron que no fueron recibidos por la ministra María Migliore, a quien querían entregarle en mano la sentencia del juez Osvalo Otheguy, el cual también establece la obligación de implementar un protocolo y plan de contingencia para proveer el suministro de agua en todas las Villas porteñas.
Al respecto de esta situación, Roberto recordó que “el 5 de mayo la Justicia dictaminó que el Gobierno de la Ciudad debe garantizarle agua potable a los 400 mil habitantes de los barrios populares, considerando que es un recurso vital para la higiene personal y doméstica en la lucha contra el coronavirus” y sostuvo que “Larreta tiene un doble discurso con la gestión de la pandemia, por un lado se muestra preocupado pero por el otro no garantiza la llegada de agua potable a los barrios”.
“Como diputado de la Ciudad me hubiera gustado que la Ministra Migliore me recibiese para exigirle que se cumpla el fallo judicial e implementen urgente un protocolo para las Villas de la Ciudad que son los lugares más afectados por la pandemia del Coronavirus”, concluyó.
Los diputados del FdT impulsaron un proyecto a través del cual buscarán reemplazar la entrega de viandas saludables, por una tarjeta con un monto de cinco mil pesos para que los usuarios los destinen a la compra de alimentos.
Debido a las dificultades económicas que atraviesan las familias en medio de la pandemia, el diputados Matías Barroetaveña (FdT) junto a otros legisladores del Frente de Todos presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para crear una Tarjeta Escolar Alimentaria que asista a todos los estudiantes de establecimientos de gestión pública y de gestión privada con cuota cero.
Con esta iniciativa se busca reemplazar la entrega de viandas saludables en las escuelas por la transferencia de un monto de cinco mil pesos para todos los matriculados. El dinero podrá ser acreditada en cualquiera de las tarjetas magnéticas ya otorgadas por el Gobierno porteño, como ser, las entregadas por medio de los programas Ciudadanía Porteña y Ticket Social o Becas para nivel medio de la Ciudad.
Dicha tarjeta les permitirá adquirir únicamente alimentos perecederos y no perecederos y demás productos que cubran necesidades alimentarias e higiénicas esenciales. El proyecto, a su vez, propone la creación de una Mesa de Trabajo Operativa compuesta por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, sindicatos e integrantes de cooperadoras escolares.
Al respecto de la iniciativa, Barroetaveña expresó que “atendiendo a los numerosos inconvenientes que denuncian trabajadores y autoridades de las escuelas, creemos que la transferencia directa a las familias es la mejor manera de garantizar una alimentación saludable” y concluyó que “tomando en consideración que el programa actual cuenta con una partida de cinco mil millones de pesos, creemos que con este formato podría universalizarse la cobertura y que llegue efectivamente a toda la población escolar”.
Los diputados del Frente de Todos (FdT) –encabezados por Lucía Cámpora y Juan Manuel Valdés- presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para que el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, se presente ante la Comisión de Justicia para ser interpelado por “su posible participación en acciones de injerencia sobre las decisiones de […]
Los diputados del Frente de Todos (FdT) –encabezados por Lucía Cámpora y Juan Manuel Valdés- presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para que el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, se presente ante la Comisión de Justicia para ser interpelado por “su posible participación en acciones de injerencia sobre las decisiones de los magistrados del Poder Judicial de la Nación mientras desempeñaba funciones tanto en el Ministerio de Justicia de la Nación así como en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
El pedido de la bancada opositora, surgió a raíz de los dichos de la jueza Ana María Figueroa, quien denunció presiones de un funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri para incidir en su voto como Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa por el Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “si bien la magistrada hace referencia a un hecho puntual, lo cierto es que da cuenta de y ratifica un modus operandi que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político”.
Asimismo recordaron que Mahiques fue designado fiscal general a propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta en 2019. En ese momento, su postulación fue cuestionada por organismos como el CELS y ACIJ por falta de autonomía e independencia.
“Si Mahiques no fue el funcionario responsable de esos aprietes, debe quedar claro. No pretendemos revertir el principio de inocencia en torno a los delitos que se le imputan. Muy por el contrario, este cuerpo legislativo necesita saber si son ciertas las acusaciones vertidas él”, concluyeron los diputados.
La diputada del FdT María Bielli impulsó una iniciativa para que se canal modifique parte de sus contenidos, mientras se extienda la suspensión de las clases presenciales a causa de la pandemia por el coronavirus.
En el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la diputada del Frente de Todos (FdT) María Bielli presentó en la Legislatura porteña un proyecto para que se garantice la emisión de contenidos educativos en el Canal de la Ciudad, mientras se extienda la suspensión de clases presenciales debido a la propagación de ese virus.
De esta manera, la iniciativa plantea que ese canal emita -por lo menos- tres horas diarias, de lunes a viernes, en horario escolar de contenido educativo producido en la Argentina.
Al respecto de la medida, Bielli explicó que “pedimos que desde los medios públicos porteños se aporten recursos para favorecer el acompañamiento pedagógico de los y las estudiantes desde el nivel inicial hasta el secundario” e indicó que “desde el Ministerio de Educación de la Nación ya se generaron distintos recursos para colaborar con el acceso de los y las estudiantes a contenidos audiovisuales escolares”.
“Desde principios de abril la TV Pública, Canal Encuentro y Paka Paka emiten el programa ‘Seguimos Educando’, una herramienta que complementa y acompaña la tarea educativa de les docentes en todo el país”, señaló e insistió en que busca que “desde la Ciudad se repita una experiencia que sume horas de emisión de contenidos educativos mientras continúe la suspensión de clases presenciales”.
Además la legisladora recordó el pedido por parte del bloque del Frente de Todos para que el Gobierno de la Ciudad inicie un proceso de expansión de la red de internet wifi gratuita para garantizar la conectividad a todos los barrios populares del distrito.
“Por la falta de acceso a internet y a dispositivos móviles, tablets y computadoras muchas familias se ven imposibilitadas de acompañar la continuidad pedagógica de sus hijos e hijas. Necesitamos un compromiso más fuerte por parte del Gobierno de la Ciudad para garantizar un derecho tan fundamental como el de la educación”, concluyó.
Los diputados de ese espacio dialogaron con el ministro de Salud de la Nación sobre ese operativo y la falta del suministro de agua potable en ese barrio, en el que se registraron más de 130 casos positivos de Covid 19 en pocos días.
Tras la disparada de casos positivos de coronavirus en la Villa 31, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) se reunieron por teleconferencia con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a fin de interiorizarse acerca del Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) que se llevará a cabo este martes en ese barrio, dado a que en los últimos días se registraron más 130 casos positivos y un muerto a causa de la pandemia.
En la reunión, los diputados aseguraron que acompañan “las medidas que se llevarán a cabo para minimizar la circulación del Covid 19 en la Villa 31, teniendo en cuenta los altos niveles de hacinamiento que dificultan el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio” y advirtieron que “a esto se suma la falta de agua que se registra desde hace días y que impide a los vecinos y vecinas cumplir con las mínimas normas de higiene que la situación de pandemia requiere”.
Asimismo destacaron “la importancia del operativo sanitario DETeCTAr que se realizará este martes en la Villa 31 en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, centrado en la visita puntual a contactos estrechos de casos positivos para poder identificar a personas con síntomas y que puedan ser derivadas y atendidas de manera adecuada” e insistieron en que seguirán “trabajando para cumplir con las recomendaciones elaboradas por los ministerios de Desarrollo Social y de Salud de la Nación, orientadas a mitigar la propagación del Covid 19 en comunidades en situación de vulnerabilidad social, protegiendo particularmente a los adultos mayores de los barrios populares”.
En la reunión también participó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; el antropólogo y asesor presidencial, Alejandro Grimson; el senador nacional, Mariano Recalde; los diputados nacionales Carlos Heller y Mara Brawer.
La legisladora del FdT respaldó al Gobierno de Alberto Fernández e insistió en que las prisiones domiciliarias para las personas privadas de su libertad son una responsabilidad del Poder Judicial. Además se hizo eco de las denuncias de las víctimas, quienes conviven o viven cerca de su agresor.
En medio de la pandemia por el Covid 19, la legisladora del FdT y miembro de la Comisión de Mujer e Infancia, Ofelia Fernández, compartió en sus redes sociales un fuerte video a propósito de la discusión sobre la situación de las personas privadas de su libertad y responsabilizó a la Justicia por las liberaciones de presos que conviven o viven cerca de las casas de sus victimas.
En ese sentido, la legisladora pidió evitar “algunas mentiras: no es el Gobierno, es la Justicia. No es libertad, es otorgar prisión domiciliaria, potestad que solo tiene el Poder Judicial” y explicó que esta situación extraordinaria se da en “menos del 1% del total de la población carcelaria; los números de egreso de las cárceles del año pasado, sin pandemia, son levemente más bajos a los actuales”.
Asimismo compartió información del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) 2018 que desmiente muchos de los rumores que circulan por las redes sociales. “Hablar de presos no es hablar de asesinos y violadores solamente. Casi el 60% de los casos son por delitos por drogas, o delitos contra la propiedad; poco más del 20% son por asesinatos, abusos o violaciones”, indicó.
“El pedido por disminuir los riesgos de contagio otorgando prisión domiciliaria aclara que los delitos de mayor gravedad y peligro no son opción. Sabemos que de todas formas hay casos en los que jueces lo han hecho”, explicó Ofelia e insistió en que “no me enteré hoy que la Justicia no cuida a las mujeres. Las feministas lo sabemos y denunciamos hace tiempo”.
Al mismo tiempo que hizo especial hincapié en la falta de respuesta del Poder Judicial frente a los casos de violencia de género y femicidios.
Para finalizar, la diputada porteña sumó el testimonio de Nora Calandria, quien estuvo privada de su libertad y ahora es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en su rama de liberadas de cárceles. Nora contó situaciones vividas en prisión, y remarcó la labor de los movimientos sociales y la economía popular por la cual “las compañeras cuando salen de la cárcel tienen trabajo real y contención”.
Los diputados del FdT impulsaron un proyecto de ley mediante el cual le pedirán al Gobierno de la Ciudad que implemente las medidas necesarias para que los vecinos de esos barrios tengan y acceso irrestricto al agua.
Luego de que varios vecinos denunciaran que desde hace más de un mes no cuentan con suministro, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscaran garantizar el abastecimiento y acceso irrestricto al agua potable en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires en emergencia sanitaria por Covid 19.
La iniciativa también contempla una serie de medidas a adoptar por el Ejecutivo Porteño para avanzar en el cumplimiento de la norma: difusión en las comunidades de información sobre adecuados manejos sanitarios, concientización sobre el debido uso del agua potable en el marco de la emergencia sanitaria, mantenimiento y saneamiento de pozos ciegos y cámaras cloacales, entre otras.
En los fundamentos de la medida -que lleva las firmas de Juan Manuel Valdés, Victoria Montenegro, Laura Velasco, María Bielli, Lucía Cámpora, Javier Andrade y Santiago Roberto (FdT)-, los legisladores explicaron que “a raíz de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia del Covid 19, y teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias dispuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el Ministerio de Salud de la Nación y por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se solicita que se tomen medidas de carácter urgente para contener la crisis sanitaria en los barrios populares”.
Al mismo tiempo indicaron que “todos esos organismos ponen en el centro de la escena el rol que tiene el agua potable para la prevención de enfermedades transmisibles, sin mencionar su carácter esencial como medio de subsistencia” y remarcaron que “en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de provisión de agua en los barrios populares es ineficiente, y es donde reside nada menos que el 15% de la población total de la Ciudad”.
“Ante la situación sanitaria actual es necesario que el GCBA garantice el acceso de agua potable en cantidades suficientes para cubrir el consumo, la preparación de alimentos, la higiene personal y la limpieza de los hogares. Es necesario saber con exactitud cómo se encuentra la situación de provisión de agua potable en los barrios populares, evaluar el nivel de crisis en el que nos encontramos actualmente y en función de eso accionar”, afirmaron y sentenciaron que “es de suma urgencia que todo ciudadano tenga acceso libre al agua potable, ya que en este contexto la situación contraria puede generar contagios masivo”.
El Frente de Todos consideró “discriminatorio” que algunos senadores puedan participar desde el recinto y otros deban hacerlo desde sus hogares. Respaldan que la sesión sea netamente virtual, como quiere CFK.
El bloque de senadores del Frente de Todos rechazó este jueves la propuesta de la oposición para que la sesión venidera en la Cámara alta sea de carácter “mixto”, y en cambio respaldó la intención de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que el debate sea netamente virtual, luego del fallo favorable de la Corte Suprema.
En un comunicado firmado por el presidente de la bancada, José Mayans, y la vice, Anabel Fernández Sagasti, el Frente de Todos consideró “discriminatorio” que un grupo reducido de senadores pueda asistir al recinto, mientras que el resto debería participar de forma remota.
La propuesta de la oposición, encabezada por Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni (Juntos por el Cambio) y Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal), consistía en que “a efectos de garantizar la transparencia y seguridad de la sesión, se habilite un sistema mixto que combine la participación remota de una mayoría de miembros, con la presencia en el recinto de la autoridades de Cámara y un máximo de 15 senadores respetando la proporcionalidad política”, o bien los jefes de bloque.
Sin embargo, el Frente de Todos consideró, en primer lugar, que “no surge fundamento alguno que exprese los motivos por los cuales la propuesta opositora garantice ‘la transparencia y seguridad’ de la sesión”.
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Para el oficialismo, con el sistema mixto “se estaría propiciando un trato desigual y, en cierta forma, discriminatorio entre los senadores”. “Nos parece inaceptable que los senadores tengan distintas posibilidades de participación. El trato debe ser igual para todos”, insistieron.
El bloque presidido por Mayans advirtió que “indudablemente los senadores que residen en provincias alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tendrían las mismas posibilidades de participación, y para participar de forma presencial, deberían exponerse a riesgos mayores que sus pares, por lo que seguramente tendríamos un recinto con participación mayoritaria de las provincias centrales y escasa o nula representación del interior profundo de nuestro país”.
Otro punto objetado de la propuesta de la oposición fue que “establece que el número de senadores presentes en el recinto deberá respetar la proporcionalidad política”.
“Cabe reflexionar sobre una hipotética situación en la que, sentados los 15 senadores en el recinto, concurren al mismo otros senadores con la voluntad de ocupar sus bancas para no sentirse discriminados. ¿Cómo se procedería en tales circunstancias? ¿Se cercenaría la voluntad de los senadores cuya participación en el recinto no estaba acordada? ¿O se les permitiría participar vulnerando la proporcionalidad?”, se preguntaron desde el Frente de Todos.
También interrogaron “de qué manera se garantizaría la representación proporcional de los monobloques en el recinto sin afectar la proporcionalidad”. “Lejos de garantizar el principio de participación, lo vulnera”, sentenciaron.
Por otra parte, indicaron que “la presencia en el recinto de un número considerable de senadores generaría la necesidad de convocar a una gran cantidad de trabajadores del Senado a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mismo, lo que pondría en riesgo, innecesariamente, a un mayor número de personas”.
No todo fueron críticas: el oficialismo coincidió con la oposición en que “los legisladores que se conecten de forma remota puedan hacerlo desde organismos oficiales en sus provincias o desde sus domicilios particulares si las condiciones de conectividad lo permiten”.
También consideraron que “se debe flexibilizar al máximo la lista de oradores y los tiempos de uso de la palabra, siempre que las posibilidades técnicas así lo permitan”.
Por último, marcaron la necesidad de “acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia dentro del período que las circunstancias sanitarias así lo exijan”.
Desde el oficialismo destacaron la incorporación de una mujer al frente del organismo, anunciada este jueves por el presidente Alberto Fernández.
Legisladoras del oficialismo celebraron en las redes sociales la designación como directora de la ANSeS de Fernanda Raverta, exdiputada nacional y quien era hasta ahora ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.
“Ella siempre da todo por los demás. Es una enorme compañera. Éxitos en esta nueva etapa @FerRaverta!!”, escribió la vicepresidenta del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
Por su parte, Mónica Macha felicitó a la flamante titular del organismo y sostuvo: “Sé de tu compromiso, tu sensibilidad y tu capacidad de trabajo. Tu designación frente al @ansesgob me genera mucho orgullo y felicidad”.
“Felicitaciones y un gran abrazo a la compañera @FerRaverta por su designación como titular de la Anses. Conocemos tu enorme capacidad de trabajo y de tu compromiso. Es un orgullo ver tantas compañeras en lugares protagonistas en este momento trascendental para el país”, destacó la misionera Cristina Britez.
Al compartir la publicación de Alberto Fernández, la porteña Paula Penacca llamó a Raverta “la mejor de las mejores”, mientras que la cordobesa Gabriela Estévez publicó: “Felicitamos a @FerRaverta, una compañera con una capacidad de trabajo sobresaliente y, sobre todo, con un corazón enorme al servicio de lxs demás”.
“Gran decisión de @alferdez designar a @FerRaverta al frente de @ansesgob por su formación, su capacidad pero por sobre todas las cosas su sensibilidad y compromiso con los sectores más vulnerables. Grosa!!!”, manifestó la entrerriana Carolina Gaillard.
Por su parte, la fueguina Rosana Bertone la felicitó “por este nuevo desafío al frente de @ansesgob. En este tiempo tan especial es fundamental el trabajo de compañeras tan comprometidas como vos”. “Con esta decisión el presidente @alferdez designó a una mujer con una importante trayectoria política y social para este cargo de enorme responsabilidad en nuestro país”, resaltó.
En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos en el Senado, tuiteó: “Felicitaciones compañera @FerRaverta. Conozco la dedicación y el amor que ponés en tu trabajo, estoy segura de que vas a cumplir tu nueva función con mucha responsabilidad”.
Los legisladores de ese espacio cuestionaron duramente el proyecto de emergencia económica, dado que consideraron que “no establece medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la sociedad”.
En la víspera de la sesión ordinaria en que el la Legislatura porteña someterá a consideración de los diputados el proyecto de emergencia económica, desde el bloque Frente de Todos (FdT) criticó la iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad y advirtieron que iría en detrimento del Poder Legislativo.
En ese sentido, los diputados de ese espacio precisaron que entienden “la necesidad de reordenar partidas presupuestarias para atender la pandemia, pero se debe hacer bajo una exhaustiva política de control” y advirtieron que “el proyecto no establece medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la sociedad que están siendo afectados por la caída de la actividad, delega funciones propias del cuerpo legislativo al Ejecutivo sin mecanismos de control adecuados, y podría afectar aún más el salario de las y los trabajadores”.
Al mismo tiempo que insistiron en la necesidad de que “se incorpore nuevamente el deber de notificar las reestructuraciones presupuestarias a la Comisión de Presupuesto de Legislatura y además, planteamos que se preserve la situación de los trabajadores de la Ciudad” y solicitaron “información detallada y escrita sobre cuestiones sustanciales como ejecución presupuestaria, avance de la recaudación, disminución fondos IVC, descuentos ABL, saldo Fideicomiso de Corp. Sur, compras y contrataciones, convenios con universidades”.
“Tampoco plantea una tarea específica y diferenciada en las villas, los barrios más humildes de la Ciudad, las pymes, los pequeños comerciantes y monotributistas, entre otros”, aseveraron y concluyeron explicando que “quedan muchas dudas pero lo único claro es que intentan disminuir nuestras facultades de control; como Legisladores queremos ejercer nuestras responsabilidades. Necesitamos mayores funciones y no que nos las recorten”.
En una reunión de Labor Parlamentaria, oficialismo y oposición acercaron posiciones y vieron con buenos ojos la posibilidad de realizar una sesión donde la mayoría de los legisladores participe de manera virtual.
Por Carolina Ramos
Tras una extensa reunión presencial que combinó informes técnicos con debate político, oficialismo y oposición lograron un principio de acuerdo en la Cámara de Diputados para sesionar la semana próxima. Entre la opción presencial y la virtual, cobró fuerza una posibilidad intermedia: la de realizar una sesión “mixta”, para garantizar el cumplimiento de las restricciones sanitarias.
Los jefes de bloque llegaron a un entendimiento para que pueda realizarse por primera vez una sesión con la sola presencia física de los jefes de bloque y las autoridades de la Cámara, mientras que el resto de los diputados podría participar de manera remota, por intermedio de una aplicación que permite dar quórum y votar a través de una “conexión segura” (VPN).
“Pudimos avanzar en la idea de que, con la presencia de autoridades y presidentes de bloque y diputados en modo virtual, podamos construir un proceso que nos permita, como Parlamento, sesionar de manera virtual”, confirmó a la prensa el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quien encabezó la reunión de Labor Parlamentaria.
Fue la primera vez que diputados de distintas fuerzas se encontraron cara a cara desde que se declaró la pandemia del Covid-19. En el Salón Delia Parodi, legisladores y autoridades se sentaron con la debida distancia, todos con barbijos y provistos de alcohol en gel.
La discusión continuará este martes en una reunión de la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, recientemente constituida, donde se elaborará un protocolo de sesión virtual; esto es, los pasos a seguir para concretar este tipo de debates, que hoy no están regulados -aunque sí permitidos por el reglamento-.
Luego, a pedido de Juntos por el Cambio, ese protocolo será abordado en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Mayda Cresto (Frente de Todos). La intención es que haya dictamen favorable esta semana -podría ser el miércoles-.
El tercer paso aun no está cerrado: mientras Juntos por el Cambio insiste en que el dictamen debe aprobarse en una sesión presencial -porque así lo indica el reglamento para las propuestas de reforma-, desde el Interbloque Federal sostuvieron que bastaría con el aval del protocolo en Labor Parlamentaria.
Sea como sea, Massa aclaró en conferencia de prensa que el protocolo en cuestión se renovará cada 30 días, con el fin de no perpetuarlo en el tiempo. Y en favor de la virtualidad, advirtió que una sesión convencional requeriría la presencia de “alrededor de 900 personas” en un mismo sitio.
En tanto, Juntos por el Cambio mantendrá una reunión de interbloque este martes a las 16 para analizar los pasos a seguir. “No se puede votar leyes por videoconferencia porque todavía no se modificó el reglamento. Nosotros no estamos cerrados al sistema de sesiones remotas o mixtas. Estamos queriendo acordar, pero observamos que no hay diálogo político sincero”, se atajó Mario Negri en declaraciones al canal TN.
En la reunión de Labor Parlamentaria estuvieron, además de Massa, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y sus pares Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez. También tomaron parte el secretario general de la Presidencia, Juan Manuel Cheppi; los secretarios parlamentario, Eduardo Cergnul, y administrativo, Rodrigo “Rodra” Rodríguez.
Participaron además el radical Negri, Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Eduardo “Bali” Bucca por el Interbloque Federal; y José Luis Ramón por Unidad Federal para el Desarrollo. Por último, asistieron el vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González; la secretaria parlamentaria del Pro, Silvia Lospennato; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.
La reunión inició con una serie de informes técnicos a los diputados por parte de los funcionarios de la Cámara. El secretario Cheppi detalló en primer lugar las herramientas de funcionamiento remoto utilizadas desde que se dispuso el aislamiento, y luego sintetizó los convenios firmados con el RENAPER y ARSAT para la realización de sesiones virtuales.
A su turno, Rodríguez expuso un informe sobre las medidas sanitarias y de funcionamiento general de la Cámara adoptadas por la Secretaría Administrativa, y también informó sobre la asignación de fondos de subsidios a instituciones sanitarias.
A continuación, el director médico de Diputados, Marcelo Alak, formuló una serie de recomendaciones sanitarias y entre ellas desaconsejó el desarrollo de una sesión presencial en el recinto, con el fin de preservar el aislamiento social. Insistió en que, en caso de elegirse ese formato, debe respetarse una distancia mínima de dos metros entre los participantes.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, Daniela Vilar, se refirió al trabajo en ese ámbito para elaborar el protocolo de sesiones virtuales. Con ese fin habrá una nueva reunión de esa comisión este martes a las 14, en formato remoto.
Mantendrán un encuentro de Labor Parlamentaria a puertas cerradas en el Salón de Honor. Dudas de Juntos por el Cambio sobre la virtualidad.
Por Carolina Ramos
Los jefes de bloque de la Cámara de Diputados mantendrán el próximo lunes una reunión cara a cara para definir el formato y los contenidos de una posible sesión, luego de que Juntos por el Cambio reclamara este miércoles, a través de una nota enviada a Sergio Massa, la convocatoria a una sesión presencial para la semana próxima.
La discusión tendrá lugar en la Comisión de Labor Parlamentaria, convocada para el lunes a las 18 en el Salón de Honor de la Cámara baja.
Los líderes de Juntos por el Cambio -Mario Negri por la UCR, Cristian Ritondo por el Pro y Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica- habían anunciado su intención de apersonarse la semana próxima en el Congreso para consensuar un temario en base a los múltiples proyectos presentados y dirimir el formato de la sesión.
Massa difundió entre los bloques un prototipo de sesión virtual, pero desde la principal bancada de la oposición surgieron dudas sobre las características técnicas del software a utilizar y su nivel se seguridad, entre otros puntos de un extenso cuestionario enviado al presidente de la Cámara.
Para avanzar en la implementación de la virtualidad, se constituyó este jueves la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, que designó como presidenta a Daniela Vilar (Frente de Todos) y como vicepresidentas a Silvia Lospennato (Pro) y Graciela Camaño (Consenso Federal).
En esa reunión -que no fue transmitida por ningún canal de la Cámara-, los diputados acordaron avanzar en un protocolo de sesión remota y también resolvieron la creación de un comité de expertos que presten asesoramiento en esta tarea.
¿Qué proyectos se tratarían en una posible sesión? Será parte del debate del próximo lunes, aunque Juntos por el Cambio informó que tiene casi un centenar de iniciativas presentadas para atender las consecuencias de la pandemia.
Mientras tanto, el proyecto del Frente de Todos para crear un impuesto sobre las grandes riquezas -encabezado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller- sigue sin ser presentado.
También trascendió que el oficialismo buscaría avanzar en una modificación del impuesto a las Ganancias, derogando el artículo que le permite a las empresas hacer ajustes por inflación en sus balances, con el fin de sumar una nueva fuente de recaudación.
Los diputados de ese espacio llevaron alimentos y artículos de limpieza al centro barrial San Francisco en la Comuna 7, a fin de que sean repartidos a las familias de bajos recursos.
Debido a la crisis económica producto de la pandemia por el coronavirus, los legisladores porteños del Frente de Todos se acercaron hasta el centro barrial San Francisco en Bajo Flores (Comuna 7) para llevar alimentos y artículos de limpieza a los curas villeros, a fin de que estos puedan repartirlos a las familias más vulnerables.
Los productos fueron comprados por los propios legisladores mediante un aporte de sus salarios en el Mercado Central y entregados en tres camiones a la Vicaría Pastoral de las Villas, donde fueron recibidos por el obispo Gustavo Carrara en el barrio San Francisco. Entre algunos de los productos se encontraban: papa, cebolla, calabaza, fideos, latas de conservas, harina, leche, limpiador de inodoros, lavandina y aerosol desinfectante.
Al respecto de la iniciativa, los legisladores manifestaron -en un comunicado- que “no especulamos con las necesidades de los más vulnerables” e insistieron en que “nosotros aportamos con nuestros salarios diariamente y lo vamos a seguir haciendo”.
“Asumimos siempre nuestra responsabilidad en comedores y asociaciones civiles de la Ciudad, mucho más aún en una crisis sanitaria mundial como la que estamos atravesando”, manifestaron y concluyeron señalando que “esta ocasión fue especial por la gran tarea que desarrollan los curas villeros en las zonas más postergadas para tenderle una mano a los más necesitados”.
Los diputados de ese espacio impulsaron una iniciativa que, además, busca garantizar el acceso a dispositivos tecnológicos para los estudiantes que no hayan recibido ese material proveniente del Plan Sarmiento.
Buscando garantizar el acceso a la educación en tiempos de pandemia, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscarán que el Ministerio de Educación garantice la libre navegación en las diversas herramientas educativas para permitir el acceso de docentes y estudiantes en el marco de la educación a distancia que rige desde mediados de marzo.
Asimismo, propusieron que se entreguen dispositivos tecnológicos para aquellos estudiantes que no hayan recibido en el marco del Plan Sarmiento, al igual que la facilitación del desbloqueo en forma remota para evitar la circulación de las y los estudiantes.
La iniciativa lleva la firma de Juan Manuel Valdés, María Bielli, Lorena Pokoik, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Santiago Roberto, Laura Velasco, Manuel Socías y Cecilia Segura (FdT), quienes en los fundamentos de la misma señalaron que “en función de lo dispuesto por el Ministerio de Educación de la Ciudad, los docentes de cada institución educativa han generado contenidos que son enviados por medio de mensajería instantánea, vía correo electrónico o bien son cargados en plataformas educativas, manteniendo así la vinculación entre estudiantes y docentes. Sin embargo ello no garantiza que los estudiantes puedan acceder a los contenido debido a la necesidad de contar con conexión a internet para hacerlo”.
Al mismo tiempo que insistieron en que “para garantizar el proceso educativo durante el tiempo en el cual se extienda la suspensión de clases en el marco de la pandemia Covid 19, resulta necesario que el Gobierno de la Ciudad celebre acuerdos con las empresas que brinden servicios de telefonía móvil y/o telecomunicaciones a fin de garantizar la libre navegación tanto para docentes como para estudiantes, para todas las plataformas, blogs, sistemas de mensajería y cualquier otra herramienta que el Ministerio de Educación haya relevado que estén utilizando actualmente los y las docentes de las escuelas para permitir la continuidad escolar”.
“Es imprescindible que se realice en este marco la entrega de dispositivos tecnológicos. Incluso, en algunos casos, los estudiantes que recibieron netbooks en el marco del Plan Sarmiento o del Programa Conectar Igualdad han encontrado dificultades para su uso debido a que en las mismas se encuentran bloqueadas”, manifestaron y remarcaron que “teniendo en cuenta que las netbooks se constituyen como una herramienta fundamental para garantizar la continuidad pedagógica, resulta de suma importancia que, durante el tiempo que se prolongue la suspensión de clases, se faciliten los medios que permitan su desbloqueo”.
Se trata de una iniciativa del peronista Santiago Roberto y tiene como objetivo que, de manera extraordinaria y por única vez, el Gobierno porteño le cobre un impuesto del 1% a las empresas o personas que hayan pagado Ingresos Brutos por 30 millones de pesos o más en 2019.
Debido a la pandemia del coronavirus, el legislador del FdT Santiago Roberto presentó un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad cobre por única vez un impuesto del 1 % a las empresas y/o personas que hayan pagado o tuvieron que pagar en 2019 Ingresos Brutos por un monto igual o superior a 30 millones de pesos, que será destinado al financiamiento del sistema de salud y a las medidas tomadas en el marco de la emergencia económica y social.
Al respecto de la iniciativa, Roberto precisó que quienes paguen este impuesto serán los “principales bancos y operadores del sistema financiero, aseguradoras, plataformas digitales y operadores de centros de juegos de azar, entre otros” y consideró central que “sea la Auditoría General de la Ciudad el órgano encargado de controlar la percepción y aplicación de los recursos generados por esta contribución solidaria y elabore un informe mensual a la Legislatura”.
“El 50% de lo recaudado por este impuesto será destinado al equipamiento del Sistema de Salud, mientras la otra mitad irá al abastecimiento de los comedores escolares y merenderos de los barrios más humildes y para la asistencia de las pequeñas empresas y comercios perjudicados por la caída de la actividad económica”, manifestó el peronista y sentenció que “en 2019, el Banco Central informó que los Bancos tuvieron ganancias por 420 mil millones de pesos, en buena parte fue producto de las operaciones con Leliq y otros instrumentos financieros similares realizados en la City porteña, es por eso que creo oportuno que quienes más ganaron hagan su aporte solidario a los vecinos de la ciudad”.
Cabe destacar que la iniciativa también lleva la firma de Matías Barroetaveña y Manuel Socías.
Los legisladores de ese espacio impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscarán garantizar la asistencia a víctimas de violencia de género, en este contexto marcado por el avance del Covid 19.
Luego de que el Gobierno nacional extendiera nuevamente el aislamiento social obligatorio, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña una serie de iniciativas que buscan garantizar la atención y asistencia a las víctimas de violencia de género en la Ciudad en medio de este particular contexto.
Uno de los proyectos apunta a declarar la emergencia social por violencia de género en todo el territorio de la Ciudad, mientras dure la emergencia sanitaria, para lo cual propone un “Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género”, que incluye la creación de nuevos refugios y del “Registro Único de Casos de Violencia de Género”.
Ese registro es un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas, además de un cuerpo de abogados porteño para atención exclusiva de esta problemática y un equipo de promotoras territoriales en prevención de la violencia de género.
A su vez, establece una asignación especial para las Víctimas de Violencia de Género en Situación de Vulnerabilidad Social, una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual que no podrá ser inferior a un Salario Mínimo Vital y Móvil.
Otro de los proyectos solicita información sobre la situación actual de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) en el marco de la cuarentena por Covid 19, el tipo de asistencia que están brindando y si sus partidas presupuestarias se vieron afectadas a raíz de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, indaga respecto al tipo de asesoramiento y tareas que realiza el CIM Pepa Gaitán, ubicado la comuna 4, a favor de la población travesti/trans, dado que funcionarias del Ministerio de Hábitat y Desarrollo urbano lo mencionaron como una herramienta para dar respuesta a este colectivo.
Según señaló la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), explicó que esta última iniciativa presentada busca dar respuesta a una de las demandas de las personas trans y/o travesti en la que se solicita al Gobierno de la Ciudad adoptar “las medidas para garantizar la disponibilidad y entrega de medicamentos para el proceso de transición y tratamiento de hormonización, así como también la implementación de consultas y recetas virtuales para brindar la atención necesaria para las personas que realizan dicho tratamiento en el marco del aislamiento social producto de la pandemia de Covid 19”.
Al mismo tiempo que señaló que “en la emergencia sanitaria por coronavirus, todos los problemas estructurales que tenemos como sociedad se profundizan; sucede con la crisis económica y social, con la pobreza y también con la violencia hacia mujeres y disidencias” y remarcó que “en la necesidad de que todos nos quedemos en nuestras casas para aplanar la curva y detener los contagios, esas mujeres se quedan aisladas, encerradas con sus agresores. Por eso trabajamos en proyectos específicos para declarar la emergencia por violencia de género en la Ciudad, para destinar presupuesto para más albergues y subsidios para las víctimas y para que se lleven adelante distintas medidas que garanticen una respuesta efectiva por parte del Estado en esta pandemia dentro de la pandemia”.
Por otro lado, Lucía Cámpora (FdT) presentó un proyecto para fortalecer el servicio de atención a mujeres en situación de violencia, con especial énfasis en la Línea 144, que habilita a que la Dirección General de la Mujer pueda celebrar convenios con el objetivo de sumar profesionales para la atención de los casos. Asimismo, insta al Gobierno de la Ciudad a fortalecer la difusión y promoción de los mecanismos de atención existentes y prevé el pago de un bono extraordinario a las trabajadoras de la Línea 144 y de los Centros Integrales de la Mujer.
“Sabemos que se están articulando una serie de medidas desde Nación y por eso proponemos opciones para que también la Ciudad refuerce las herramientas. Estamos ante una situación de emergencia y esto también exige más soluciones para las situaciones de violencia de género”, aseguró la diputada, al respecto de su iniciativa.
Cabe destacar que, según datos del observatorio Ahora Que sí nos Ven, desde el 20 de marzo pasado hasta hoy en Argentina, se cometieron 18 femicidios, uno cada 32 horas. El 72% ocurrió en la vivienda de la víctima y el 56% fueron cometidos por parejas o exparejas.
Al mismo tiempo que advirtieron que los llamados al 144 aumentaron un 40% y un cuarto las consultas ingresaron por Whatsapp; la mayoría son de casos corresponde a la modalidad de violencia doméstica. Mientras que la línea 137 del Programa Las Victimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia de La Nación aumentó la demanda en un 20%. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal porteño informó que recibió 551 denuncias por violencia de género desde que se decretó el aislamiento obligatorio, un 25% de las habituales.
Sergio Massa había convocado a una reunión presencial de jefes de bloque para intercambiar posiciones, pero en Juntos por el Cambio hubo reparos y el encuentro se haría por videoconferencia.
El diálogo entre oficialismo y oposición entró en un cortocircuito en la Cámara de Diputados, donde todavía no hay un consenso sobre la manera de aportar a la lucha contra la pandemia. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, había convocado a una reunión presencial de jefes de bloque para este martes con el fin de intercambiar posiciones, pero desde Juntos por el Cambio pusieron reparos y el encuentro se haría por videoconferencia.
La discusión se desató la semana pasada, cuando Juntos por el Cambio envió al presidente Alberto Fernández una carta proponiendo un “esfuerzo público” de los tres poderes del Estado para combatir la expansión del coronavirus, luego de los “cacerolazos” en reclamo por la rebaja de sueldos de dirigentes políticos.
Horas después, se conoció un borrador de propuestas de Massa, que iban desde la rebaja del 40% en las dietas de los diputados a otras medidas como restricción de pasajes y remate de autos para generar un fondo de ahorro en los próximos cinco meses y aportar ese dinero al sistema de salud. Pero ninguna de estas medidas se efectivizó aun.
En medio de la maraña de propuestas, “estaba prevista desde hace varios días” -según confían en el entorno de Massa- una reunión de jefes de bloque para evaluar una forma consensuada de aportar a la causa. El presidente de la Cámara llamó a hacer un encuentro presencial, pero se topó con la negativa de dos referentes de Juntos por el Cambio y finalmente se adoptaría el formato virtual.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, puso como condición conocer la propuesta concreta del Frente de Todos antes de tomar la decisión extrema de viajar a Buenos Aires. En la mesa chica de la bancada exigen que Máximo Kirchner brinde detalles sobre la idea que trae el oficialismo en mente, luego de conocerse que se está elaborando un paquete legislativo al respecto.
En tanto, el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, avisó que, en caso de que la reunión fuera presencial, se ausentaría a causa de “una neumonía muy fuerte” que padeció hace pocos años, por la cual estuvo internado en terapia intensiva, lo cual lo obliga a mantener cuidados extremos y a respetar a rajatabla la cuarentena.
El mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) sí viajó a Capital Federal, y lo mismo hizo el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca. Sin embargo, fuentes autorizadas informaron a última hora del lunes que se realizaría una videoconferencia, sin horario confirmado.
La idea de la reunión será intercambiar posibles medidas a adoptar en el contexto de la emergencia sanitaria. Dado que Alberto Fernández ya desechó que haya un aporte de los tres poderes del Estado, el interbloque de Negri adoptaría la misma medida que en el Senado: donar parte de sus dietas a instituciones de la salud.
A través de una videoconferencia, los integrantes del bloque expresaron cuál es la realidad en sus respectivos distritos en el marco de las medidas adoptadas ante la pandemia.
Los integrantes del bloque de senadores del Frente de Todos analizaron este jueves la situación laboral y social en sus territorios, en el contexto de la pandemia de Covid-19, de cara a la videoconferencia que este viernes tendrá la Comisión de Trabajo y de Previsión Social del Senado con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.
La reunión se produjo luego de que algunos senadores anunciaran que pondrán parte de sus dietas a disposición del sistema santiario para la lucha contra el coranovirus.
Así lo adelantaron este jueves los senadores salteños Sergio “Oso” Leavy y Nora del Valle Giménez, a través de una carta al presidente del bloque, José Mayans. El mismo camino habían emprendido un día antes el catamarqueño Dalmacio Mera, el correntino Carlos “Camau” Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider.
Pero el senador que llegó más lejos fue el exgobernador misionero Maurice Closs, quien no solo mostró su disposición a donar toda su dieta, sino que hasta publicó su recibo de sueldo en Twitter.
Sin embargo, no hubo este jueves un pronunciamiento unánime del bloque oficialista respecto del tema, aunque el día anterior ya se había expresado José Mayans, quien recordó que en el Poder Legislativo “se congelaron los sueldos a nivel nacional, con lo cual hubo una disminución de los gastos”. Y respecto del origen de los cacerolazos reclamando que los dirigentes políticos se rebajen los sueldos, lo atribuyó al Pro, mencionando puntualmente a Marcos Peña y Patricia Bullrich.
Volviendo al encuentro del bloque de este jueves por la tarde, fue lógicamente a través de videoconferencia y se extendió durante tres horas. Contó con la participación de 40 legisladores, quienes graficaron los diferentes cuadros de situación de sus provincias. En ese sentido, según se informó, abordaron las distintas problemáticas en materia de emergencia laboral y social, cumplimiento de la cuarentena y la coparticipación federal.
Durante la jornada de trabajo, los legisladores buscaron determinar y diagnosticar la situación registrada en la totalidad del territorio nacional. El objetivo del mismo es colaborar con el Ejecutivo, acercar información precisa para la toma de decisiones, en el crítico contexto que atraviesa el país y el mundo.
La videoconferencia planificada para este viernes por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, prevé contar con la participación del ministro Claudio Moroni a partir de las 15. En un principio se había programado para el miércoles, pero luego se postergó dos días.
El objetivo del encuentro es analizar la desafiante situación del país, ahondando en el impacto que la pandemia causa en los sectores productivo y laboral y el consecuente plan de acción de la cartera.
Los diputados de ese espacio le enviaron sus buenos deseos a Alberto Fernández por el 61 aniversario de su natalicio y remarcaron que con su labor “crea en un Estado fuerte y presente”.
Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) celebraron en las redes sociales el 61 cumpleaños del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y aprovecharon la ocasión para revalorizar el trabajo que viene desarrollando desde el Gobierno nacional en el contexto de la pandemia del coronavirus.
En ese sentido, Cecilia Segura (FdT) le agradeció “por ponerte al hombro la lucha contra esta pandemia con el liderazgo, la responsabilidad y la sensibilidad que se necesitan” y destacó que “millones de argentinos y argentinas estaremos pensando en vos en este día”. Mientras que Lorena Pokoik (FdT) hizo lo propio “por devolverle al pueblo la dignidad, por estar al lado de cada uno de nosotras y nosotros en este momento tan difícil, por cuidarnos, por abrazarnos, por poner al pueblo por delante, por enseñarnos que sin solidaridad no se saca el país adelante”.
Al mismo tiempo que Juan Manuel Valdés (FdT) aseguró que “todos los días pusiste todo de vos para que este país salga adelante”. A la vez que Laura Velasco (FdT) indicó que es “importante es tener un presidente que crea en un Estado fuerte y presente. Caída más orgullosa de que sea Alberto”.
Por su parte, Victoria Montenegro (FdT) manifestó: “gracias por tu incansable trabajo para sacar el país adelante. P.D: Hoy, si podes, déjate un ratito para la familia y la torta, que también son necesarios”; mientras que Javier Andrade (FdT) sentenció que “en tiempos de crisis mundial, es un orgullo tener un Estado fortalecido y presente que levanta la bandera de la solidaridad como eje central para la reconstrucción nacional”.
Lo expresaron a través de un comunicado del bloque en el que enfatizan la “responsabilidad indelegable” del Estado. “El mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente”, remarcan.
El bloque de diputados del Frente de Todos expresó el “incondicional acompañamiento” al presidente Alberto Fernández y el “criterio humano” que guía las decisiones que día a día van adoptándose para morigerar las consecuencias presentes y futuras producto de la pandemia de coronavirus.
Para los diputados del oficialismo, el desafío que se nos presenta como sociedad “pone a prueba nuestra fortaleza y nuestra convicción de convertirnos en mejores seres humanos, como condición excluyente, para poder transformarnos colectivamente y construir una sociedad donde la regla sea la inclusión y no la exclusión”.
“Esta cuarentena, aparte de obligatoria, es en esencia solidaria -agrega el FdT-. La solidaridad que protege a los grupos de mayor riesgo ante la posibilidad del contagio. No solo cuidamos a quien conocemos y queremos, sino también a quien no conocemos y quizás nunca conoceremos, y que siendo responsables en seguir las instrucciones que nos han solicitado las autoridades, también protegemos”.
El comunicado, suscripto por el presidente del bloque, Máximo Kirchner, la vicepresidenta Cecilia Moreau y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodríguez, admite que son aquellos argentinos cuyos ingresos dependen de su esfuerzo diario son aquellos que se verán más perjudicados que aquellos otros que tienen mayor capacidad para atravesar el presente. Esos son los que necesitan del Estado, puntualizan los diputados, y “también de la solidaridad de quienes conforman el pueblo de nuestra Nación”.
Los diputados del Frente de Todos agradecen y reconocen el “enorme trabajo” de quienes de manera silenciosa cumplen tareas esenciales en esta coyuntura, y advierte que debe entenderse que la palabra “gasto” no puede “seguir asociada a la salud y la educación pública”, sino “comprender que es una inversión”. Remarcan que “el Estado no ‘gasta’ en el Conicet, por ejemplo. Allí, el Estado invierte. Gasas, salas de atención, hospitales, son una inversión donde trabajadoras y trabajadores limpian, investigan y atienden. Ellas y ellos se forman en jardines, escuelas y universidades, que también son una inversión y no un gasto”.
La extensa misiva alude también a los mercados, a los que pide reconocer “la existencia de las personas” y en ese marco considera que la responsabilidad del Estado “es indelegable y es donde reside la razón de ser”.
“Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona”, concluye el comunicado del Frente de Todos.
El proyecto busca establecer un nuevo gravamen para las viviendas que se encuentren deshabitadas por más de seis meses, el cual tendrá un incremento del 5% por cada año que se mantengan en esa condición.
Tal y como lo adelantó hace algunas semanas parlamentario.com, el Frente de Todos (FdT) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley busca promover el arrendamiento de inmuebles con destino familiar y permanente que no se ofrecen para la venta, para lo que propone la creación de un impuesto especial para esas viviendas ociosas.
De esta manera, la iniciativa pide crear un régimen de contribución especial, gravando a los inmuebles que encontrándose aptos para ser utilizados como vivienda familiar, permanezcan deshabitados por el plazo de seis meses consecutivos. Sin embargo, estarán exentos del pago del inmueble los propietarios que, tratándose de su única propiedad, se encuentre ocupándola temporalmente por razones académicas, laborales o de salud.
Es así que esas viviendas deberán “abonar un impuesto calculado en relación al evaluó fiscal del inmueble (base imponible). Dicho impuesto será del 20% de la base imponible y se irá incrementando a razón de un 5% por cada año adicional en que el inmueble se encuentre bajo la condición de deshabitado”, sostiene la medida.
Al mismo tiempo que establece que los fondos provenientes por el cobro del gravamen a la vivienda ociosa serán destinados y girados al Insituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), para que financien, exclusivamente, la construcción de viviendas sociales.
También propone que en coordinación con el Banco Ciudad de Buenos Aires, se establezca una línea de créditos blandos destinados a financiar la realización de obras de remodelación y refacción de inmuebles deshabitados, cuyo fin será para el arrendamiento con destino familiar y permanente. Las mismas estarán sujetas a que los propietarios puedan demostrar que no tiene más de una vivienda en desuso.
En los fundamentos del proyecto -que lleva la firma de Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Lorena Pokoik y Leandro Santoro (FdT)-, el bloque explicó que el mismo “tiene por objetivo abonar a la protección de un derecho fundamental, humano, básico y esencial reconocido constitucionalmente como es el acceso a la vivienda digna” y advirtieron que “la trascendencia de la medida que se propicia está dada por garantizar, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar”.
“Los alquileres representan para los inquilinos un importante porcentaje en relación a los ingresos del hogar, lo cual se ve agravado por la caída del poder adquisitivo de los hogares durante los últimos años”, aseguraron y recordaron que según el informe sobre la situación habitacional de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires de noviembre del 2018, cerca del 74% de los hogares inquilinos tienen un ingreso menor a los tres salarios mínimos vitales y móvil (SMVM) y el 47% menor a dos SMVM, sumando todos los ingresos de los miembros del grupo familiar.
Por lo que detallaron que “esto implica que los primeros destinen un 36% del ingreso del grupo familiar al pago de alquileres y en el caso de los segundos la cifra sube al 53% . Con lo cual, casi la mitad de los hogares inquilinos destinan más de la mitad del ingreso familiar al pago de alquileres”.
Por lo que detallaron que “nuestra pasó de ser, apenas hace 15 años, una ciudad donde más del 60% de los vecinos era propietario a una ciudad donde la mayoría son inquilinos” y sentenciaron que “a sabiendas de ello, creemos que es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas”.
El proyecto de ley es de autoría de Lorena Pokoik (FdT) y lleva la firma del resto de sus compañeros de bloque. El texto busca promover una ley de financiamiento educativo que propicie mejoras en ese sistema.
Al igual que ocurre todos los años tras la apertura de un nuevo periodo de sesiones ordinaria, la Legislatura porteña recibe decenas de proyectos por parte de los distintos bloques, quienes compiten entre sí para ser los primeros en ingresar un texto. Es así que en 2020 la pulseada la ganó el Frente de Todos (FdT) de la mano de la kirchnerista Lorena Pokoik, quien promovió una ley de financiamiento educativo.
La iniciativa en cuestión también lleva la firma de los diputados Javier Andrade, María Bielli, Lucía Campora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Laura Velasco, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Leandro Santoro y Manuel Socías (FdT).
El texto presentado por ese bloque busca establecer “pautas de inversión pública en el sector educativo, con base en criterios de justicia social y educativa, de acceso al aprendizaje y el conocimiento, con el objeto de apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza” y prevé contribuir a la incrementación del “patrimonio cultural, educativo, social y económico, por un lapso de diez años, a fin de propiciar la plena vigencia de los derechos educativos de la ciudadanía”.
De esa manera, se proponen una serie de criterios prioritarios para la inversión estatal en materia educativa. Es así que los peronistas exigieron “incluir en el nivel inicial al 100% de la población de tres años de edad y asegurar la universalización para los niños y niñas de 45 días a dos años.
También busca garantizar “el traspaso de los espacios de atención a la primera infancia a la órbita del Ministerio de Educación para su supervisión pedagógica y regulación”; y prevé ampliar “las jornadas extendidas en la educación primaria” y “las horas institucionales o de fortalecimiento de los cargos docentes de los niveles inicial y primario”. Así como también fortalecerá “las propuestas educativas específicas o complementarias con la educación común destinadas a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad”.
Otro de los objetivos de la ley es el de “universalizar la cobertura del nivel secundario, en todas sus modalidades y orientaciones”. Al mismo tiempo que exige que se implemente la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles obligatorios, modalidades y carreras de formación docente; la implementación de políticas de apropiación de tecnologías de la información y la comunicación y establece la renovación “del parque informático, dotar de conectividad y mantener el servicio en las escuelas”; entre otros puntos.
Por otro lado, el proyecto propone que -en caso de que la norma sea sancionada- el Ministerio de Educación debe cubrir en cuatro años “la demanda insatisfecha de vacantes en todas las modalidades y niveles educativos de la educación estatal, a través de la ampliación de la infraestructura escolar en uso y la construcción de nuevos establecimientos educativos”. Además sostiene que en un periodo de dos años debe “reparar y refaccionar la infraestructura escolar que no cumpla con las condiciones de seguridad y habitabilidad para la función educativa”.
Para supervisar el cumplimiento de la medida, el texto del FdT prevé crear una Comisión de Seguimiento compuesta por: ocho diputados de la Comisión de Educación, tres representantes del Ministerio de Educación, tres representantes de los sindicatos docentes y dos miembros del Cuerpo de Delegados Comunales de Cooperadoras Escolares de la Ciudad de Buenos Aires.
Cristina Álvarez Rodríguez resaltó que la deuda se negociará “con la gente adentro” y “no a costa del pueblo”. Para Leonardo Grosso, Alberto Fernández “mostró claramente cuáles van a ser las políticas para poner a Argentina de pie”.
Diputados del oficialismo destacaron este domingo el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, y resaltaron el repaso que el presidente realizó sobre la herencia recibida en materia económica.
“Vi un presiente firme, pero generador de consensos, un presidente que vino a poner las cosas en su lugar”, dijo la secretaria parlamentaria del bloque Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez.
También subrayó que el mandatario hizo referencia “a los que menos tienen y a los que no tienen trabajo, priorizando esa deuda social que tenemos en Argentina frente a todo tipo de deuda; pero también a decirnos que está renegociando la deuda con la gente adentro, no a costa del pueblo argentino”.
En ese sentido, la legisladora ponderó el llamado a “nunca más” tomar deuda “sin pasar por este Congreso” y la decisión de “investigar la fuga de capitales y cómo se dieron créditos de la banca pública estos años”.
Por su parte, el diputado Leonardo Grosso consideró que en su discurso el presidente “mostró claramente cuáles van a ser las políticas para poner a la Argentina de pie”.
“El estado de situación económica y financiera con el que nos encontramos es muy grave”, expresó y agregó: “Necesitamos del compromiso político y social del conjunto de la sociedad para salir adelante, no va a ser fácil”.
“No hay tiempo para echar culpa, es evidente la crisis que dejó (Mauricio) Macri, pero las necesidades del país son más importantes que una riña política”, aseguró el legislador.
En tanto, la entrerriana Blanca Osuna se manifestó “conmovida” por “las definiciones” que dejó el mandatario, respecto de “el estado en que encontró la situación económico social”. Y ponderó que “la deuda no se va a pagar a costa del sufrimiento de la gente”.
Asimismo, la legisladora celebró el “conjunto de leyes que hacen a la trama de propuestas de una etapa nueva para Argentina”.
Los legisladores de ese espacio insistieron en el jefe de Gobierno porteño “falseó datos” y eludió problemáticas que son de importancia para los vecinos de la Ciudad.
Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se presentara este domingo en la Legislatura porteña para abrir un nuevo periodo de sesiones ordinaria, los legisladores del Frente de Todos (FdT) reflexionaron sobre el discurso que el alcalde brindo y lo tildaron de “falaz”.
En ese sentido, Ofelia Fernández (FdT) le explicó a parlamentario.com que le “encantaría vivir en la Ciudad que él cuenta, es bueno lo que narra pero lo inventa, elude problemáticas contundentes que hay en esta ciudad: ahora estamos con una plaga de dengue, la situación habitacional es muy compleja, tenemos mucha gente en situación de calle, las obras de reurbanizaciones en barrios populares están mal hechas” e insistió en que “la verdad es que reivindica cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad de los porteños”.
Además remarcó que “el problema de las vacantes es un tema frecuente. La realidad es que las obras que él nombra en materia educativa, casi ninguna es un ejemplo de vacantes, ya que casi siempre son traslados de escuelas a otros edificios; no tienen que ver con que esas obras abrirán nuevas vacantes, entonces el problema sigue estando vigente”.
“Cuando él habla de que le encanta escuchar a los jóvenes, la verdad es que es algo que no se nota. En la reforma de la Secundaria del Futuro no consultaron ni a los docentes, ni a los estudiantes, ni a los propios directivos de las escuelas”, añadió y advirtió que “esta no es una reforma que deseemos, no se puede seguir pensando la educación dejando a los educadores y educados afuera”.
Sobre esa misma línea, María Bielli (FdT) consideró que “hubo ausencias y mentiras en materia de educación. Sin dudas, la educación no representa una prioridad tal cual lo dice su discurso” y remarcó que si bien este lunes comenzarán las clases para los chicos, esto ocurre “por el esfuerzo de los docentes, pero deberían poder sentar -y si hay pluralidad- y poder escuchar a los docentes y sus reclamos”.
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En tanto, Juan Manuel Valdés (FdT) remarcó que “nos hemos encontrado con un jefe de Gobierno que no abordó los problemas urgentes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y cuando se refirió a alguno de ellos lo hizo faltando a la verdad y falseando datos; por ejemplo, con el tema de las 25 mil faltantes de vacantes”.
“Larreta nos hizo creer que había construido el récord de escuelas, cuando sabemos que más de la mitad de los edificios que se han construido o reparado durante su gestión apenas sirven para reemplazar a los que estaban”, detalló e insistió en que “sumado a esto vemos con preocupación que no se abordó la problemática de que tenemos 7.500 personas en situación de calle, que duermen ahí”.
Además manifestó que “a esto se le suman otros datos inexactos que ha dado en relación al subte, todos sabemos que la cantidad de pasajeros no se incrementó sino que mermó por los tarifazos que él y Mauricio Macri fueron sometiendo a los pasajeros. La recuperación que plantea Larreta es absolutamente falaz”.
Mientras que Matías Barroetaveña (FdT) precisó que “el problema no es cuando Larreta habla, el problema es su gestión” y agregó que “habla de educación y no hay vacantes; habla de espacio público y vende cientos de hectáreas; promete una Ciudad verde y quiere incinerar los residuos”. Al mismo tiempo que sentenció que “Rodríguez Larreta habla de diálogo pero vota leyes fundamentales para la ciudad sin ningún voto opositor”.
Los legisladores porteños de ese espacio se reunieron con la presidenta del INADI, a fin de evaluar de qué manera coordinar acciones conjuntas.
Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) se reunieron -este viernes- con la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, a fin de profundizar la lucha contra la discriminación en la Ciudad de Buenos Aires y avanzar con la coordinación de acciones conjuntas con el organismo nacional.
En ese contexto, los diputados expresaron su acompañamiento a la agenda de trabajo que viene desarrollando el INADI y manifestaron su colaboración para poner en marcha iniciativas en conjunto con las oficinas de enlace y delegaciones en toda la administración pública. Además se mostraron predispuestos a acompañar al organismo en la promoción de nuevas bocas de denuncia y colaborar en la difusión y firma de convenios con fundaciones y ONGs frente a casos de discriminación y violencia de género en la Ciudad.
Durante el encuentro estuvo presente el presidente del bloque, Claudio Ferreño; y la vicepresidenta Segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños; además de los legisladores, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Maria Bielli, Claudio Morresi, Claudia Neira y Laura Velasco.
Tras la reunión Bielli explicó que “hablamos de los desafíos que se vienen y acordamos trabajar junto al INADI en políticas que ayuden a reducir la discriminación, la xenofobia y el racismo en la Cuidad”, mientras que Morresi manifestó que están trabajando “por una ciudad más justa e inclusiva”.
Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Luis Gioja y Carlos Heller, entre otros, mantuvieron un encuentro. “Estamos trabajando por un sistema previsional más justo”, afirmó el presidente de la Cámara baja.
En la previa de la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, donde se debatirá el proyecto de ley para reformar los regímenes especiales de jubilaciones de jueces y diplomáticos, referentes del oficialismo mantuvieron un encuentro en las oficinas de la Presidencia.
Participaron de la reunión el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner; el vicepresidente segundo del cuerpo, José Luis Gioja; la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Cristina Alvarez Rodríguez; el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller; la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau y el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto.
“Estamos trabajando por un sistema previsional más justo. Esperando que cada uno de los que exponga en la comisión lo haga con la generosidad de entender el momento que vive la Argentina”, sostuvo Massa en declaraciones a la prensa acreditada.
El bloque se encuentra evaluando la presentación de un proyecto en el que establecerán “tributos especiales” para ese tipo de viviendas, a través de los cuales se prevé recaudar 900 millones de pesos.
Tras haber pedido en reiteradas oportunidades que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) se encuentra elaborando un proyecto de ley en conjunto con la asociación “Inquilinos agrupados”, a través del cual buscarán establecer una serie de “tributos especiales” para las viviendas ociosas.
Es que de acuerdo a un relevamiento que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) dio a conocer en agosto del año pasado, en el distrito capitalino hay 138.328 viviendas ociosas, lo que equivale al 9,2% de los inmuebles porteños. Siendo las comunas 1, 2, 13 y 14 las que presentan un mayor índice de viviendas desocupadas.
En ese sentido, una fuente cercana al bloque que agrupa al peronismo le explicó a parlamentario.com que aún están “evaluando un proyecto de vivienda ociosa y de inquilinos, en el que cobremos tributos especiales para desalentar que las viviendas estén vacías. De acuerdo a las estimaciones que estamos haciendo, creemos que se podrían recaudar 900 millones de pesos” e insistió en que es necesario pensar en medidas “que ayuden a la clase media. La Ciudad no está haciendo nada en ese sentido y eso significa un desafío para nosotros”.
Si bien aún no hay muchas precisiones al respecto de cómo sería la medida, desde ese espacio indicaron que se podría aplicar un impuesto del 30%, aunque no se definió de qué manera se hará ya que pretenden que exista una diferenciación entre aquellos propietarios que cuenten con múltiples viviendas ociosas y aquel que sólo tenga una.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que se busca impulsar en la Legislatura porteña una iniciativa de este estilo. Tan es así que el vicepresidente tercero de la Legislatura porteña y diputado del PS, Roy Cortina, pidió en 2018 crear un impuesto a la vivienda ociosa en el que se le cobrará al propietario el 50% del importe anual a abonar en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) sobre el inmueble correspondiente.
Asimismo el monto del impuesto se incrementará progresivamente en un 100% cada dos años transcurridos sin que se modifique la situación de ociosidad. Por otra parte, la propuesta buscaba incentivar los alquileres dentro del distrito capitalino. Es por ello que a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires se establecía una línea de subsidios y créditos blandos destinados a financiar la realización de obras de remodelación y refacción inmuebles deshabitados, cuyos titulares acepten incorporarlos al mercado formal de alquileres; finalizadas las obras, el inmueble pasaría a integrar por un plazo de tres años, el programa de alquiler social que la misma implementaría a efectos de favorecer el ingreso a ese mercado de sectores sociales tradicionalmente excluidos.
Además, los titulares de viviendas que, al margen de cualquier beneficio de la autoridad de aplicación, decidan incorporar su inmueble al programa de alquiler social, se les reconocería un descuento del 20% en el ABL.
Por otro lado, el ex legislador porteño y actual jefe del bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados nacionales, Maximiliano Ferraro, había impulsado una iniciativa en ese mismo sentido.
Los legisladores de ese espacio presenciaron la entrega de 30 viviendas del desarrollo urbanístico “Estación Buenos Aires”, uno de los más grandes del país con una inversión de casi 5.800 millones de pesos.
Tras haber pedido que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad, los diputados del Frente de Todos (FdT) participaron en la entrega de llaves de 30 viviendas pertenecientes al desarrollo urbanístico PROCREAR “Estación Buenos Aires”, uno de los complejos de casas más grandes del país.
Durante el encuentro en el que 30 familias tomaron posesión de su nueva vivienda, estuvieron presentes los diputados Claudio Ferreño, Javier Andrade y Manuel Socias (FdT); la autoridad del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en Procrear, Luciano Scatolini; y el secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Avelino Zurro.
Con la entrega de estas viviendas, ya son 485 las familias que accedieron al sueño de la casa propia en el predio que se levanta entre las calles Amancio Alcorta, Miravé, Lavardén y Luna, y que contará en total con 2.476 viviendas, entre monoambientes y departamentos de 1, 2, 3 y hasta 4 dormitorios.
Cabe destacar que “Estación Buenos Aires” es el desarrollo urbanístico más grande del país con una inversión del Gobierno nacional cercana a 5.800 millones de pesos. Cuenta con cocheras, numerosos espacios verdes, juegos infantiles y departamentos especialmente adaptados para que personas con discapacidad.
Los diputados del FdT se reunieron con funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Auditoria porteña, para analizar la crisis habitacional que atraviesa el distrito capitalino.
Al igual que lo hicieron a fines del año pasado, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) volvieron a insistir en la necesidad de declarar la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y encabezaron una reunión en la que participaron autoridades de la Defensoría del Pueblo y la Auditoria General.
En el encuentro -que se llevó a cabo en el Salón Jauretche- estuvieron presentes los diputados Claudio Ferreño, Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Lorena Pokoik, Cecilia Segura, Manuel Socias, Juan Manuel Valdes y Laura Velasco (FdT); el defensor del Pueblo, Alejandro Amor; el defensor general, Horacio Corti; el asesor tutelar, Gustavo Moreno; la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gigliardi; el auditor general, Lisandro Teszkiewicz, y el presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez.
La primera en tomar la palabra fue Segura, quien expuso las dificultades habitaciones que atraviesa el distrito capitalino y la forma en que esto repercute en la vida de sus ciudadanos. “Conversamos sobre los desalojos y la falta de dispositivos y de políticas públicas para paliar la emergencia actual y resolver esta problemática en el largo plazo”, aseguró la legisladora y concluyó que “en la ciudad más rica del país, no podemos permitir que siga habiendo familias en situación de calle”.
Asimismo, en la reunión se constituyó una “Mesa Institucional de trabajo para el estudio y seguimiento de la problemática socio-habitacional” y atender a las 7251 personas en situación de calle (de los cuales casi 900 son niños) en la Ciudad.
Además del incremento en la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle, la problemática habitacional porteña abarca –al menos- a 250 desalojos; subsidios habitacionales que no alcanzan para pagar los alquileres; el incremento de personas viviendo en hoteles e inquilinatos; la dificultas en el acceso a créditos para la vivienda, entre otras cuestiones.
La ministra de Seguridad de la Nación y los diputados intercambiaron perspectivas en temas de seguridad en la Ciudad.
Pese a que el Gobierno de la Ciudad anunció en el último tiempo que los episodios de inseguridad disminuyeron, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) se reunieron con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para intercambiar perspectivas en temas de seguridad para el distrito capitalino e insistieron en la necesidad de profundizar la seguridad en el sur.
Durante el encuentro, Frederic afirmó que “la política de seguridad requiere intercambiar perspectivas con distintos actores de la vida social y política de los distritos para llevarlas a cabo” y detalló que “en ese marco que llevamos adelante este tipo de reuniones, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Por su parte, el presidente del bloque FdT, Claudio Ferreño, planteó “lo que vemos diariamente en los barrios del sur, porque consideramos que el Gobierno de la Ciudad piensa que hay dos ciudades: la rica del norte y la pobre del sur” y concluyó con el pedido de que “sigan las Fuerzas Federales en la Ciudad y que no las quiten de las zonas donde desarrollan su trabajo. La seguridad en el Sur está dejando mucho que desear y no se están llevando a cabo las medidas suficientes para que los porteños estén seguros en sus casas”.
En el encuentro también estuvo presente titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Cecilia Rodríguez; los secretarios de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, y de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa; y el subsecretario de Intervención Federal, Luis Alberto Morales; los legisladores Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Laura González Velasco, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Santiago Roberto, Cecilia Segura Rattagan, Manuel Socías y Juan Manuel Valdés.
Presentaron un proyecto para frenar la instalación de nuevo parquímetros en 14 de las 15 comunas de la ciudad, elevando el número total de 4.000 a 86.768 medidores.
El Frente de Todos presentó un proyecto de ley que apunta a dejar sin efecto la ampliación de la red de parquímetros que pretende impulsar el Gobierno de la Ciudad. Proponen también que la Ciudad se haga cargo directamente del servicio de estacionamiento medido y acarreo por encontrarse vencida la concesión.
Esta semana se realiza la audiencia pública por el aumento de tarifas de parquímetros por la que la hora aumentaría un 66%, pasando de $15 a $25.
En diálogo con Radio del Plata, el legislador Juan Manuel Valdés advirtió que “Rodriguez Larreta quiere llevar los parquímetros a todos los barrios de la Ciudad”, y que “sea un privilegio estacionar en la puerta de cada uno”. En este sentido, sostuvo que “los parquímetros y el acarreo son los dos negocios estructurales que tiene el larretismo en la Ciudad de Buenos Aires”.
El proyecto de ley, firmado por los 17 legisladores del Frente de Todos, busca derogar la ampliación de la red de parquímetros. Se trataría de un intento de frenar al plan del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para instalar parquímetros en 14 de las 15 comunas de la ciudad, elevando el número total de 4.000 a 86.768 medidores. De ser así, el 45% de las calles de la Ciudad quedarían bajo el sistema estacionamiento medido, incluyendo barrios residenciales como Colegiales, Villa Crespo, Palermo y San Cristóbal.
“En estas condiciones, el Gobierno está obligado a hacerse cargo de prestar el servicio”, sostuvo la legisladora Lucía Cámpora, para quien resulta “evidente que debe frenar la ampliación de la red de parquímetros, que no solo se daría en un marco de irregularidad, sino que no trae absolutamente ningún beneficio para los porteños”.
A su vez, desde el Frente de Todos proponen que el Gobierno de la Ciudad gestione de manera directa los servicios relacionados al sistema de estacionamiento regulado. El fundamento radica en que “las concesiones de este servicio público se encuentran vencidas, no estando vigente ninguna prórroga y habiendo concluido el plazo para una nueva adjudicación. La licitación en curso está frenada desde 2018, momento en que ya se había prorrogado la primera apertura de sobres unas cuatro veces”.
En este sentido, advierten que hoy el servicio de estacionamiento medido está a cargo de empresas que “arrastran la concesión desde hace décadas”, y que este mes, el Gobierno ya aumentó la tarifa por acarreo “sin pasar por audiencia pública, llevándola a $3.000, monto que deben pagar los usuarios además de la multa por la infracción y el monto por ‘estadía’ en la playa”.
El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos se reunió este lunes para planificar el trabajo y la agenda parlamentaria del año 2020. También, hablaron sobre las distintas reuniones que mantendrán con funcionarios del Gobierno Nacional para coordinar las políticas nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos se reunió este lunes para planificar el trabajo y la agenda parlamentaria del año 2020.
También, hablaron sobre las distintas reuniones que mantendrán con funcionarios del Gobierno Nacional para coordinar las políticas nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
