La Legislatura de Chubut aprobó uno de los principales proyectos del gobernador Ignacio Torres para fortalecer la representación popular: la eliminación de los fueros de inmunidad para los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado y para los sindicalistas.

La iniciativa, que plantea una enmienda constitucional, será rubricada en un plebiscito abierto durante las elecciones de medio término, marca un hito en la provincia y la posiciona como pionera en esta iniciativa, ya que los funcionarios y los sindicalistas no podrán utilizar los fueros para protegerse de la Justicia ante delitos de distinta índole.

A través de sus redes sociales, Torres señaló que esta medida “era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción”.

“No sólo tomamos la decisión de elevar una enmienda constitucional para ser la primera provincia de la Argentina sin fueros, sino que también ampliamos la Ficha Limpia a todos los estamentos del Estado con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”, expresó el gobernador.

En ese sentido, afirmó que la eliminación de fueros implica “eliminar todo tipo de privilegios que no tienen razón de ser”, y que quienes se oponen a la medida “son los mismos que no quieren que la provincia avance”.

“Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”, agregó.

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los principales impulsores de la medida, precisó que “el paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.

Al respecto, concluyó: “Ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.

Eduardo Cáceres, el diputado del Pro por la provincia de San Juan que fue denunciado por violencia de género, se puso a disposición de la Justicia e hizo que la Cámara baja aprobara una moción para que el juez de la causa pueda allanar su domicilio u oficinas, aunque conservará los fueros.

Cáceres fue denunciado por su expareja, la dirigente sanjuanina del Gimena Martinazzo, quien dijo haber sido víctima de agresiones psicológicas y posteriormente, físicas.

A pedido del propio diputado, y ante la sorpresa de Sergio Massa, la Cámara baja avaló (a mano alzada) que el juez de la causa pueda ordenar (sin autorización de la Cámara) un allanamiento a su domicilio y oficinas, con el fin de someterse íntegramente a la investigación.

De todos modos, Cáceres conservará sus fueros como diputado nacional, ya que éstos pertenecen al cuerpo y solo puede despojarse de ellos por la vía de un desafuero pedido por un juez.

“En Argentina cada 26 horas muere una mujer, es un tema terriblemente sensible y muy peligroso que puede ser utilizado muchas veces por bronca, despecho o con una finalidad política”, arrancó Cáceres, conectado a la sesión de forma virtual.

El legislador advirtió que “hay muchos hombres que son víctimas de violencia física, psicológica, porque no se atreven a denunciar, ni siquiera a contarlo”, e incluso afirmó que “hay suicidios” por ese tema.

A continuación, alertó que su expareja es motivada por un interés político, ya que lo sucedió en la lista de diputados de 2017. “Mi banca me la gané con el voto de los sanjuaninos”, se defendió.

Cáceres reconoció que Martinazzo “fue una compañera de vida y de la política”, a quien tuvo “muchísimo cariño”, pero sostuvo que “esto genera un precedente; no puede ser que una simple denuncia defenestre una imagen”.

“No quiero que una Justicia envuelta en fueros sea la que me absuelva, porque no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando”, enfatizó, y pidió que su caso “sirva como una bandera para otros hombres” que, por ejemplo, “no pueden ver a sus hijos”.

Cáceres finalizó: “Estoy pidiéndole a este cuerpo que me acompañe y me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la Ley de Fueros a que yo pueda presentarme ante la Justicia”.

Para aclarar el pedido de su compañero de bloque intervino Silvia Lospennato, quien aclaró que según la Ley de Fueros, para realizar un allanamiento el juez debe requerir autorización a la Cámara baja, por lo que Cáceres busca saltear esa instancia.

Lospennato explicó que el acusado pretende “que el juez pueda cumplir con todas las diligencias que entienda necesarias para el avance de la causa”.

Luego tomó la palabra Graciela Caselles (Frente de Todos-San Juan), quien calificó de “coherente” la decisión de Cáceres y admitió que tenía pensado, además, pedir que el denunciado se tomara licencia mientras dure la investigación.

Caselles recordó que la denunciante “se sometió a las pericias y a las indagatorias mostrando señales de violencia física y habiéndose animado, a pedido de su propia hija, a decir ‘basta’ a esas situaciones violencia primero psicológica y después física”.

“Este debe ser un llamado de atención a construir una sociedad más justa e igualitaria, para seguir luchando por los derechos de las mujeres y hombres a no sentirse violentados”, aseveró la diputada, y finalmente concluyó que “la investigación debe ser muy profunda”.