La jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado alertó que esta decisión puede afectar investigaciones judiciales vinculadas a casos de lesa humanidad.
La senadora nacional Juliana Di Tullio reveló este lunes que se presentó ante la Justicia Federal para constituirse como amicus curiae ante una eventual destrucción de archivos de la Armada, decisión que provocó varias presentaciones y una posterior decisión de la jueza federal de San Martín Alicia Vence de frenar cualquier mudanza o manipulación de documentación vinculada a crímenes de lesa humanidad.
"El 29 de enero nos enteramos por una noticia de @LucianaBertoia publicada en @pagina12 que la Armada había decidido mudar su archivo general y 'triturar' (sic) documentación de los últimos 150 años", señaló la jefa del bloque Unidad Ciudadana.
La legisladora K, que presentó como amicus curiae de la medida cautelar presentada por el abogado querellante Pablo Llonto en la megacausa ESMA, resaltó que "esta decisión podría comprometer documentos vinculados no sólo a la última dictadura militar, sino también a las causas del hundimiento del submarino ARA San Juan o al espionaje ilegal practicado a los familiares de las víctimas".
En ese sentido, en su escrito apuntó que "uno de los destinatarios de la orden de traslado es el contralmirante Enrique Antonio Balbi, quien ofició como 'vocero' de la Armada Argentina durante la crisis político-militar derivada del hundimiento del submarino ARA San Juan".
"El intento de triturar 100 años de un plumazo alarma a nuestra sociedad y puede obstaculizar las investigaciones judiciales vigentes", sostuvo la senadora. Entre los documentos del archivo se encuentran legajos personales, partes informativos, memorias anuales, expedientes de “Justicia Militar”, “documentación histórica” sin especificar, y partidas de nacimiento, casamiento y defunción.
Hoy me presenté ante la Justicia Federal para constituirme como amicus curiae en la eventual destrucción de los archivos de las Fuerzas Armadas.
El 29 de enero nos enteramos por una noticia de @LucianaBertoia publicada en @pagina12 que la Armada había decidido mudar su archivo… pic.twitter.com/ubrCt7dkxS
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 3, 2025
A través de su perfil de X, Di Tullio expresó: "Como integrante del Senado, órgano constitucional responsable de ejercer el control civil sobre las Fuerzas Armadas, me constituyo como 'amiga del tribunal', resguardando así el más amplio debate sobre el asunto".
Según la Corte Suprema de Justicia, el amicus curiae (“amigo del tribunal”) es un instrumento que tiene por objetivo permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en causas de trascendencia colectiva a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático.
Según publicó Página/12, la cúpula de la Marina dispuso, a través de una resolución reservada, la mudanza del Archivo General de la Armada del edificio ubicado en Bolívar 1622 al Garage Central, situado en Retiro.
Ante la alerta de que se pierda material sensible, vinculado a las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, hubo distintos abogados y organismos de DD.HH. que se presentaron ante la Justicia, entre ellos Pablo Llonto, la exdiputada del FIT Myriam Bregman, el CELS e H.I.J.O.S Capital.
Continúa en la Comisión de Defensa el debate sobre la propuesta del Ejecutivo. El exministro del área expuso sobre la propuesta para que los militares actúen ante hechos de terrorismo.
La Comisión de Defensa, que preside el diputado Ricardo López Murphy, recibió este martes como invitado al exministro de Defensa Agustín Rossi, quien brindó su punto de vista sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley de Seguridad Interior, e incorpora la posibilidad de que las Fuerzas Armadas (FFAA) actúen ante hechos de terrorismo.
“El proyecto habla de dos situaciones donde la FFAA pueden actuar en seguridad interior: el primero, refleja la posibilidad de apoyo logístico y, un segundo, en caso de declaración de estado de sitio”, explicó Rossi. Y se preguntó: “No sé por qué omite un tercer supuesto, que es el de autodefensa”.
“Las funciones que se le agregarían a las FFAA son las de una policía bis”, criticó el ex ministro de Defensa. "No hay en el texto una idea de utilizar el expertise de las FFAA para resolver un problema de seguridad interior", sugirió.
Por último, Rossi reconoció que “debatir esta ley trajo como beneficioso la posibilidad de discutir la política de defensa”.
Aunque definió el proyecto como “ahistórico” e indicó que “los países del mundo están fortaleciendo sus capacidades militares".
El proyecto propone que las Fuerzas Armadas actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio.
Asimismo, la iniciativa dispone que las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones previstas, obteniendo así las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado para el caso.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. afirmó que el proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior "es innecesario”. Sin embargo, sostuvo que “está lejos de coincidir con el marco legal vigente”. También, planteó modificaciones en materia de defensa, seguridad e inteligencia.
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados recibió este martes a dos especialistas para continuar el debate del proyecto de ley que propone modificar la Ley de Seguridad Interior por el cual las Fuerzas Armadas podrán actuar ante “hechos de terrorismo”.
Los invitados a la reunión fueron el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; y el doctor Félix Lonigro. Ambos expositores cuestionaron el articulado del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, remarcando que el uso de las Fuerzas Armadas se encuentra contemplado en la legislación vigente.
En primer lugar, el teniente general Juan Martín Paleo inició que su posición “está lejos de coincidir” con el texto impulsado por el Gobierno, pero tampoco con marco legal vigente. De esa manera, consideró que “la visión de la agresión que debe tener el Estado es definirlo por la intensidad de la agresión independientemente de donde provenga”.
Además, planteó, respecto a la modificación en cuestión, que “no se puede hablar fundamentalmente de una ley sino, mínimamente tres leyes considerando a las de Defensa, Seguridad e Inteligencia”. En esa línea, explicó que “cambió el entorno completamente porque cambiaron los dominios, sobre operaciones terrestres y después aparecieron las operaciones anfibias”. En tal sentido, mencionó como dominio a los “ámbitos donde se realiza con operaciones militares”. Señaló al cibernético y a la información como nuevos dominios de “operaciones defensivas, ofensivas y retrógradas”.
Poniendo énfasis en los aspectos que se deberían legislar, Paleo siguió: “También está el ámbito espacial, en donde la fuerza militar que no pueda garantizar el dominio del espacio, las comunicaciones y la conectividad no va a poder desarrollar operaciones militares coherentes”. “Los países que se disputan el liderazgo a nivel mundial emplean armamento para satélites y para destruir satélites”, refirió.
Así las cosas, se dirigió al texto impulsado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y afirmó: “El proyecto de ley es innecesario”. “Con el marco legal vigente, las Fuerzas Armadas pueden ser usadas con la declaración del Estado de Sitio”, cargó y refirió: “Vamos a soltar el Rottweiler”.
Por otro lado, señaló que “el terrorismo como amenaza requiere, en principio, de un sistema de inteligencia avanzado, tecnología avanzada, una estrategia militar innovadora, un alto grado de coordinación entre los poderes del estado y una fuerte voluntad política". También, criticó que este proyecto “propone procedimientos inadecuados y por reacción ya que el factor de éxito es la anticipación”. “Hasta que se logra todo eso que propone el proyecto, el terrorista ya está tomando sol en la playa”, sumó Paleo.
En el final de su intervención, sumó más críticas al contenido de la modificación propuesta: “¿Para eso vamos a emplear las Fuerzas Armadas? Mediante check point en la General Paz. Estos son procedimientos de las fuerzas policiales”, y cerró que con este proyecto “creo que el único que se protege es la autoridad política que emitió la orden y esto es para que nuestros militares desfilen por los tribunales”.
Luego, el doctor Félix Lonigro añadió que “la Ley de Seguridad Interior distingue fuerzas armadas y fuerzas policiales”, y señaló que “siempre he creído que la necesidad de la declaración del Estado de sitio por parte del presidente es inconstitucional, pero está vigente”.
Asimismo, sumó que “el requisito está”, y explicó: “Lo que analizo con este proyecto es que promueve la utilización de las FF AA en uno de los dos aspectos que ya están y se está modificando el artículo 27 con una propuesta que pueda llevar a las FF AA a una situación de combate”. Sin embargo, indicó que “no veo objeción constitucional”
Para terminar, Lonigro manifestó que “si no modifica el artículo 32 y se mantiene la vigencia del Estado de Sitio, solo puede funcionar para patrullaje y eso sería una sub-alternación de las fuerzas”.
Antes de dar por terminada la reunión, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, Ricardo López Murphy, anunció que en la próxima reunión informativa del martes 15 de octubre estará presente como invitado el exministro de Defensa de la Nación (2019 – 2021), Agustín Rossi.
El proyecto viene con media sanción de Diputados y será puesto a consideración el próximo miércoles en un plenario de comisiones.
La Cámara de Senadores comenzará a darle tratamiento al proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.
La iniciativa recibió la media sanción en Diputados el pasado 14 de agosto con 208 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones. Será puesta a consideración en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, presidida por Luis Juez (Pro) y Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso).
El encuentro tendrá lugar en el Salón Illia del Palacio Legislativo el miércoles 25 de septiembre a las 13 y contará con la presencia del secretario de Asuntos Internacionales para la defensa Juan Battaleme.
Luego, a las 14 la Comisión de RR. EE se reunirá con Presupuesto y Hacienda para poner a consideración un proyecto del Ejecutivo que aprueba el protocolo de enmienda al convenio con el gobierno de la república francesa a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de diciembre de 2019.
El exministro de Defensa fue invitado para exponer en torno a las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo, para que las Fuerzas Armadas puedan participar ante hechos de terrorismo.
La Comisión de Defensa Nacional que preside el diputado Ricardo López Murphy se reunió este martes para recibir la visita del exministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien brindó aportes sobre la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo y que modifica la Ley de Seguridad Interior, incorporando la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo.
En el inicio de la reunión, López Murphy anticipó que también han sido citados a esa comisión los exministros de Defensa Agustín Rossi y Julio Martínez, como así también el ex titular del Estado Mayor Conjunto de las FFAA general Juan Martín Paleo, y el ex titular del Estado Mayor General del Ejército, general Diego Luis Suñer, tras lo cual, manifestó el diputado, estarían en condiciones de avanzar con el dictamen.
El exministro de Defensa de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde hizo un repaso histórico sobre las leyes de Defensa en las que “hubo unanimidad y consenso político”. “Celebro la presencia de la oposición y oficialismo que alientan la esperanza que políticas de defensa salgan por consenso que se expresa en el Congreso”, dijo.
Respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, señaló que “compromete la intervención de los efectivos policiales en tareas de seguridad pública”. “Esto no es novedad, porque hay dos temas que surgen y que imitan en cierto modo la intervención de FFAA en temas de seguridad pública y son los que expresan en art. 27 de la ley vigente”.
“Cuando se requiere el apoyo a las políticas de seguridad de las Fuerzas Armadas en los servicios de arsenales, no es operativa, pero sí en los artículos 31 y 32, donde la ley prevé la intervención operativa de las FFAA, pero con la condición de que previamente haya dictado el estado de sitio el presidente de la república”.
“Lo que quiero decir con esto es que con este proyecto de ley por primera vez las FFAA intervendrían sin que se declare el estado de sitio previo. Esto es una novedad”.
“Mientras se postula la intervención operativa de las FFAA en temas de seguridad simultáneamente sigue vigente el decreto reglamentario de la Ley de Defensa según la cual las FFAA pueden intervenir exclusivamente en caso de ataque exterior por un ejército extranjero así que acá hay una situación ambivalente entre lo que postula el proyecto de ley y lo que está vigente a través de la reglamentación de la ley de defensa”, agregó.
En tanto, también explicó que la ley vigente prohíbe el adiestramiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interna. “Esto aparentemente presenta una contradicción, porque en el proyecto de ley se hace alusión a esta aparente contradicción porque se sostiene que las Fuerzas Armadas obtienen adiestramiento cuando forman parte de una misión de paz a otros países. En este tema radica la institución en la seguridad interna. Vale la pena que se discuta sobre esto así la capacidad que necesitan sea la misma que reciban los que van a misiones de paz”, aportó.
Asimismo, reflexionó acerca de que “no es tan sencillo cambiar un sistema de adiestramiento, ya que “se requiere tiempo para la educación, capacitación, financiamiento para las tareas de defensa”. Y sostuvo que “no queda claro en el proyecto” y sobre la base de “la experiencia en el sector es muy complejo coordinar una cadena de mando sino está prevista por la ley”.
Luego se refirió a que la iniciativa “se acompañe con el presupuesto que sustenta la actividad porque si no es imposible que se concrete. Es importante que se conozca el presupuesto”, aclaró. Asimismo, expresó que “debe quedar muy claro que la decisión de la actuación de las Fuerzas Armadas en determinado conflicto tiene que ser del presidente”.
Por último, sostuvo que “más del 60% de los gendarmes están haciendo de policías urbanos” y “uno de los problemas más graves es el de control de la frontera. Más de 300 pasos clandestinos fronterizos sin ningún tipo de control. Si no resolvemos esto, difícilmente vamos a poder resolver el problema de la seguridad”, aseveró y, al mismo tiempo, manifestó que la iniciativa es “un capítulo de muchos más capítulos, de todos los desafíos en la seguridad y defensa en estos tiempos; y en la modernización de nuestros sistemas de seguridad en función de los nuevos desarrollos de la tecnología”.
Se llevará a cabo el primer plenario entre las comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior para tener una reunión informativa sobre el proyecto del Ejecutivo que pretende modificar la Ley 24.059 para facultar a un comité de crisis la intervención de las Fuerzas Armadas ante hechos que tengan como fin aterrorizar a la población.
Las comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se reúnen en plenario este miércoles 21 de agosto a las 17 con la presencia del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, para darle inicio al tratamiento del proyecto que permite la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas.
El proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo incorpora la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas (FFAA) ante hechos de terrorismo, que se suma a dos opciones ya existentes previstas por la Ley de Seguridad Interior (24.059) y sus modificaciones.
Dicha norma sancionada en el año 1991 dispuso dos escenarios para la intervención de las Fuerzas Armadas: El primero, previsto en su artículo 27, establece las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad; y el segundo, contenido en el artículo 31, regula el empleo de elementos de combate, previa declaración del estado de sitio, para el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución nacional.
Esta iniciativa propone una alternativa intermedia a las mencionadas para que “las Fuerzas Armadas actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”.
Al respecto, el proyecto resalta como punto de partida que la Constitución no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas. En efecto, el artículo 75, inciso 27 de la Constitución nacional dispone que corresponde al Congreso de la Nación fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno.
Por su parte, el artículo 99, inciso 14 de la Constitución nacional establece que el presidente de la Nación dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.
Fue la Ley de Seguridad Interior la que reguló la participación de las FF AA en estos dos supuestos. Así, en su artículo 27 -que este proyecto se propone modificar- establece un supuesto de apoyo a las Fuerzas de Seguridad disponiendo que: “En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.
Y, en el artículo 31, ya para el caso de declaración de estado de sitio: “Sin perjuicio del apoyo establecido en el artículo 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º”. La norma establece que, si fue a través de una norma del Congreso que se resolvió regular la posibilidad de actuación de las FFAA, es también facultad del Poder Legislativo establecer otros supuestos de intervención.
El proyecto de ley dispone que, en caso de producirse un acto destinado a aterrorizar a la población y que -como consecuencia de ello- se inicie una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación, el Comité de Crisis estará facultado para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la Seguridad Interior.
Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia. A su vez, en el requerimiento se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el tiempo requerido y lugar definido.
Finalmente, la iniciativa dispone que “las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones aquí previstas, obteniendo así las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado para el caso”.
Previo a la votación, Desde UP enviaron una advertencia a la canciller Diana Mondino. Miguel Ángel Pichetto cruzó a Germán Martínez por su reclamo sobre los tiempos del expediente. Por unanimidad, se aprobó el homenaje a VI Brigada Aérea “Brigada Heroica”.
Sustentado en el artículo 75 de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados aprobó el tramite parlamentario que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. Recibió 208 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones.
El presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo López Murphy, obró como miembro informante y explicó que “estos ejercicios combinados son para suscitar las tareas de defensa nacional”. Además, señaló que “estrechan el lazo con los países vecinos para poder ejercitarnos con mayores recursos que los de nuestro país”.
Brevemente, el jefe de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, reprochó que este expediente “debió entrar en marzo la petición del Poder Ejecutivo”, y advirtió que “el ministro de Defensa (Luis Petri) cumplió, pero Cancillería -a cargo de Diana Mondino- lo tuvo parado tres meses”. “Que la próxima vez entre en tiempo y forma”, sugirió.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de junio en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso.
“Se autoriza la salida de personal y/o medios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025”, establece el proyecto.
Además, explica que “la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de nuestras fuerzas armadas; profundizando el acercamiento, conocimiento y confianza mutua, incrementando así la interoperabilidad con las fuerzas militares de otros países y la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación combinada en el futuro”.
De acuerdo al texto, se contemplan 15 ejercicios militares, de los cuales uno corresponde al Ejército Argentino, doce corresponden a la Armada Argentina y uno corresponde a la Fuerza Aérea Argentina. Del total de las ejercitaciones mencionadas, seis son de carácter multilateral, ocho tienen carácter bilateral y una, “Passex”, de oportunidad, pudiendo ser bilateral o multilateral según las circunstancias.
Dos de las ejercitaciones “Integración 2024” y “Viekaren”, plantean la atención a una situación de emergencia o catástrofe; seis DE ellos, “Acrux”, “Atlasur”, “Fraterno”, “Inalaf”, “Unitas” y “Cruzex”, son ejercitaciones en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.
Además, “Operación Formosa”, plantea la integración de efectivos de la Armada Argentina en el empleo de los sistemas de armas utilizados por la Marina de Brasil; “Galapex” establece la organización y empleo de una fuerza multinacional para ejercitar la interoperabilidad de la vigilancia y control de espacios marítimos de interés, y dos de ellos, “Siforex” tiene por objeto incrementar el nivel de interoperabilidad y adiestramiento con foco en acciones submarinas y antisubmarinas, mientras que “Guinex” tiene por objeto trabajar de manera multinacional el control del tránsito marítimo en el ámbito de la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) interactuando con armadas del continente africano.
Con respecto a “Arandú”, diseña un ejercicio de planeamiento y simulación en el gabinete con medios informáticos de la plataforma del Ejército brasileño: Batalla Virtual. El ejercicio “Atlasur” brinda la oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica.
Respecto del ejercicio “Passex”, constituye un eventual “ejercicio/s de oportunidad”, en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el litoral marítimo argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina.
Finalmente, el ejercicio “Vinciguerra” permite el entrenamiento de manera bilateral intercambiando técnicas y tácticas de entrenamiento en unidades de elite de la infantería de Marina, mejorando el proceso de planificación, preparación y manejo de riesgo de las operaciones en terreno montañoso propio del escenario austral.
Culminado el trámite parlamentario, la Cámara de Diputados también aprobó una serie de acuerdos internacionales con países de Europa, Asia y Sudamérica, y la iniciativa que homenajea al personal de la VI Brigada Aérea “Brigada Heroica”, en reconocimiento a todo el personal que participó en la Gesta de Malvinas “por los que entregaron su vida y por los que hoy son testigos vivos de lo actuado en el Conflicto del Atlántico Sur”. Fue 128 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstenciones.
Quedaron contemplados, además, en una sola votación nominal, los acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Argentina y la República Checa y el Reino de los Países Bajos, junto con la aprobación de la convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya; Además, está el acuerdo de cooperación en el sector de la Defensa con la República Italiana, y el tratado de extradición entre la República Argentina y Rumania.
Por su parte, tuvo aval de la Cámara baja el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del MERCOSUR y Estados asociados con la República del Paraguay; y el acuerdo con la Republica de Turquía para evitar la doble imposición en materia de tributos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal.
Finalmente, avanzaron para su posterior tratamiento en el Senado el acuerdo de cooperación técnica con República de Filipinas; el tratado de extradición con la República Federativa de Brasil; las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con la Aviación Civil Internacional con la República China.
El proyecto cuenta con 15 artículos y modifica el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de “incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”.
Anunciado el jueves pasado por el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa de cada día en la Casa Rosada, ingresó este lunes a la Cámara de Diputados el proyecto elaborado por el Ministerio de Defensa de la Nación que propone modificar la Ley de Seguridad Interior para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas.
El proyecto del Poder Ejecutivo incorpora la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas (FFAA) ante hechos de terrorismo, que se suma a dos opciones ya existentes previstas por la Ley de Seguridad Interior (24.059) y sus modificaciones.
Dicha norma sancionada en el año 1991 dispuso dos escenarios para la intervención de las Fuerzas Armadas. El primero, previsto en su artículo 27, establece las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad, y el segundo, contenido en el artículo 31, regula el empleo de elementos de combate, previa declaración del estado de sitio, para el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución nacional.
El proyecto de ley propone una alternativa intermedia a las mencionadas para que “las Fuerzas Armadas actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”.
Al respecto, el proyecto resalta como punto de partida que la Constitución no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas. En efecto, el artículo 75, inciso 27 de la Constitución nacional dispone que corresponde al Congreso de la Nación fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno.
Por su parte, el artículo 99, inciso 14 de la Constitución nacional establece que el presidente de la Nación dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.
Fue la Ley de Seguridad Interior la que reguló la participación de las Fuerzas Armadas en estos dos supuestos. Así, en su artículo 27 -que este proyecto se propone modificar- establece un supuesto de apoyo a las Fuerzas de Seguridad disponiendo que: “En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”. Y, en el artículo 31, ya para el caso de declaración de estado de sitio: “Sin perjuicio del apoyo establecido en el artículo 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º”.
La norma establece que si fue a través de una norma del Congreso que se resolvió regular la posibilidad de actuación de las FFAA, es también facultad del Poder Legislativo establecer otros supuestos de intervención.
El proyecto de ley establece que, en caso de producirse un acto destinado a aterrorizar a la población y que -como consecuencia de ello- se inicie una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación, el Comité de Crisis estará facultado para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la Seguridad Interior.
Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia.
A su vez, en el requerimiento se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el tiempo requerido y lugar definido.
Asimismo, la iniciativa dispone que “las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones aquí previstas, obteniendo así las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado para el caso”.
0013-PE-2024La iniciativa fue confirmada la última semana por el Gobierno nacional y el ex jefe del Ejército la atribuyó a “la ignorancia, la improvisación y la irresponsabilidad” de Patricia Bullrich, Luis Petri y Javier Milei.
Anunciado oficialmente por el vocero presidencial el jueves pasado en su conferencia habitual en Casa Rosada, el proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Interior permitiendo la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas despertó la reacción adversa nada menos que del general César Milani.
Si bien el proyecto todavía no ingresó al Parlamento, el ex jefe del Ejército en tiempos de Cristina Kirchner opinó del mismo calificándolo como “desastroso”. Le adjudicó el impulso del mismo a la ministra Patricia Bullrich y “su subordinado (Luis) Petri” -así define al ministro de Defensa-, y avalado por el presidente Javier Milei, Milani les atribuye a los mencionados “ignorancia, improvisación e irresponsabilidad” por tal iniciativa, aunque hace votos porque el Gobierno no tenga “éxito” en “introducir a las Fuerzas Armadas en conflictos en el marco interno relacionados con el narcotráfico y el terrorismo”.
Sostiene Milani que “las Fuerzas Armadas no están preparadas, alistadas, equipadas ni instruidas para conflictos de este tipo, ya que su principal misión es prepararse para intervenir ya sea disuasiva o efectivamente en conflictos de origen externo que necesariamente requieran la utilización de armamento letal propio de la Infantería, los blindados, la artillería, los medios de Ingenieros, , comunicaciones, la Fuerza Aérea y los medios navales de combate necesarias en el campo de batalla junto al resto de las especialidades y servicios”.
A través de un largo pronunciamiento en la red social X, el general preferido de CFK sostiene que “para las operaciones en el marco interno tienen a disposición centenares de miles de efectivos de todas las fuerzas de seguridad federales y provinciales que por lo visto no conducen como deberían. Desconocer la utilización de las Fuerzas Armadas es de una profunda ignorancia impropia de los cargos políticos que ocupan, de una improvisación alarmante y de una irresponsabilidad terrible que puede traer consecuencias gravísimas al interior de cada una de las fuerzas”.
“Todas las experiencias de este tipo en otros países han provocado una catástrofe para las propias fuerzas y en especial para el pueblo que sufrió estos experimentos. Colombia, México y Perú son algunos ejemplos de esto”, expone Milani, para quien “la historia y la justicia juzgarán a los que impulsaron estos proyectos, a los legisladores que lo aprueben y a los miembros de las fuerzas, especialmente las más altas jerarquías, que cumpliendo directivas contrarias a su misión principal y subsidiarias , inmorales y extremadamente peligrosas para la población, ordenen ejecutar este tipo de acciones”.
Así lo confirmó este jueves el vocero presidencial, cuya iniciativa plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de “incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este jueves que el Ministerio de Defensa de la Nación envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Seguridad Interior para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas.
En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el portavoz anunció: “El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas”, y explicó: “En este sentido se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”.
“Se propone que, además de las acciones previstas en el primer párrafo de este artículo 27 como el mantenimiento de la paz, las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”, explayó y sumó: “Por supuesto por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”.
Por otro lado, destacó la construcción de la planta de GNL en Rio Negro: “Las petroleras YPF y Petronas anunciaron el proyecto de inversión más grande de la historia para la construcción de una planta de Gas Natural Licuado en el puerto de Punta Colorada en la provincia de Río Negro”.
“Esta mega obra implica una inversión de 30,000 millones de dólares y va a permitir la exportación de la producción de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo más grande del mundo”, destacó Adorni.
En tanto, precisó que una vez concluida la obra “se podrían exportar hasta 30.000 millones de dólares por año. El puerto de Punta Colorada cuenta con los requisitos para este proyecto, entre ellos la profundidad de las aguas para buques de transporte, la concentración de tráfico marítimo que transporta gas y petróleo, la cercanía con el futuro producto Vaca Muerta Sur, cuya obra va a comenzar en septiembre y conectará la reserva en Neuquén con el puerto para aumentar la exportación de petróleo”.
“Cabe destacar que Río Negro fue la primera provincia en adherirse al RIGI y, además, firmó el Pacto de Mayo donde, entre otros puntos, se acordó la inviolabilidad de la propiedad privada y el equilibrio fiscal innegociable. Dos condiciones que son fundamentales para cualquier proyecto de inversión sea definitivamente”, remarcó y subrayó: “El RIGI empezó a dar sus resultados y el miedo de algunos que se sigue notando a que todo salga bien tal como está ocurriendo en la República Argentina”, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que no adhirió al RIGI y disputaba que la planta de GNL se instalara en Bahía Blanca.
Por otro lado, comentó que el Ministerio de Economía propuso el cierre del Fondo Fiduciario para la recuperación de la actividad bovina que “se creó hace más de 20 años para financiar supuestas mejoras productivas en el sector que, claramente, nunca se lograron”.
“En el último año este fondo destinó cerca de 5000 millones de pesos en apenas 1300 beneficiarios. Las auditorías encontraron irregularidades graves en la administración de sus recursos como la falta de sanción a los beneficiarios incumplidores, el desconocimiento sobre la totalidad del universo de beneficiarios y problemas en las compras y contrataciones, entre otras irregularidades”, precisó el funcionario.
Por último, fue consultado por la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei con el expresidente Mauricio Macri: “La reunión el lunes que se extendió durante varias horas. Entiendo también que el presidente no cuenta absolutamente nada de lo que habla con sus amigos más cercanos”, y aseguró que “entre LLA y el Pro hay una excelente relación”.
Hizo hincapié en que la revista Time ha seleccionado al presidente argentino entre las personas más influyentes del mundo.
En materia de política exterior, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, destacó que “retomamos alianzas estratégicas con países del mundo que defienden las causas de la libertad y la democracia”. Afirmó también que se retomó el contacto con más de 40 países con los que habíamos dejado de intercambiar información.
Comentó que se retomó el trámite del ingreso a la OCDE, y citó puntualmente el discurso de Javier Milei. “Sus intervenciones han tenido un impacto enorme y llamativo”, aseguró, destacando que “la revista Time lo ha seleccionado entre las cien personas más influyentes del mundo”.
“Un paísi para ser soberano tiene que cumplir dos cosas: economía próspera y fuerzas armadas capaces de defender sus fronteras. No encontramos ninguna de esas dos condiciones bien plantadas”, observó.
Como de la economía ya había hablado, se refirió a la debilidad de la Fuerza Aérea, y valoró el acuerdo firmado con Dinamarca para la compra de aviones F-16, que definió como “la adquisición más importante que se ha hecho en defensa en los últimos años”.
Posse comentó también que se inició el proceso formal de ingreso a la OTAN como socio global.
El director de la Gesta de Malvinas, Nicolás Kasanzew cuestionó a los anteriores gobiernos por “robarse la historia”. A su vez, Villarruel pidió “recuperar el respeto por las FF. AA. y por los héroes de Malvinas”.
En el marco del 42º aniversario del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido, la dirección de Gesta de Malvinas, a cargo de Nicolás Kasanzew, llevó a cabo la entrega de diplomas de honor a la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas y a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y de varios senadores nacionales, quienes acompañaron el homenaje a los excombatientes de Malvinas en las primeras filas del Salón Azul del Congreso de la Nación.
Estuvieron presentes junto a la titular del Senado, las autoridades de las Fuerzas Armadas Argentinas: el jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general de brigada Carlos Presti; el inspector general de la Fuerza Aérea, brigadier Hugo Dirie; y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi.
Al iniciar el homenaje, Kasanzew cargó contra los últimos gobiernos: “Los últimos años nos robaron la historia del a Guerra de Malvinas porque la sociedad no los conoce”. “La Patria es la historia de la Patria”, aseveró efusivamente.
Además, señaló que “el marxismo de los últimos años aborrece a los héroes porque nos han robado la historia de los héroes de Malvinas y queremos que el pueblo argentino conozca a sus héroes y se inspire en ellos”. “tenemos héroes vivos y la memoria nos hará leales. Viva la Patria”, concluyó.
Luego, el Capellán padre Vicente Martínez Torrens llevó la bandera que se izó en la pista donde los aviones argentinos podían aterrizar durante el desembarco argentino en Puerto Argentino hace 42 años. También, se refirió a la situación actual del país: “Jesús puede sanar a esta Nación ya que nos embarga el dolor y la esperanza porque nuestra Patria sigue enferma”.
También, el excombatiente Owen Guillermo Crippa, teniente de navío retirado, relató que “terminada la guerra, empezó un proceso que se llamó ‘desmalvinización’ al que llamo ‘desargentinización’”.
Entre lágrimas relató las falencias que sufrieron los exsoldados en cuestiones de salud y económicas. En ese momento, la presidenta del Senado, sentada en la primera fila, se mostró muy emocionada.
“No nos gusta que nos llamen excombatientes, somos veteranos de guerra y seguimos combatiendo para recuperar la soberanía de nuestra Patria”, afirmó Crippa, y cerró: “Héroes son los que dejaron su vida”.
Acompañada de Kasanzew y las autoridades de las Fuerzas Armadas, Villarruel entregó su diploma de honor a cada uno de los exsoldados presentes en el Salón Azul.
Los trece excombatientes homenajeados en reconocimiento por su actuación en Malvinas fueron: Ricardo Akins, Juan Domingo Horisberger (post mortem), Owen Guillermo Crippa, Rubén Gustavo Zini, Carlos Napoleón Martínez, Raúl Fernando Castañeda, Alejandro Koch, Martín Héctor San Miguel, Marcelo Alejandro Anadón, Jorge Oscar Ledesma, Vicente José Bruno, Roberto Federico Mela y Ángel Andrés Huenchul.
Culminados los homenajes, la titular de la Cámara alta recordó: “Le quiero agradecer al presidente de la Nación, Javier Milei, que me propuso un día como ayer, pero del año pasado ser su compañero de fórmula”. “Como dijo él, es el momento de poner a la Argentina de pie y la causa Malvinas nos une”, enfatizó.
Para terminar, Villarruel expresó: “Es el momento de recuperar el respeto a nuestras Fuerzas Armadas y de recuperar el respeto que le debemos a nuestros héroes de Malvinas”. Agradeció a los presentes y cerró: “Todo por Argentina”.
El legislador del PO cuestionó con dureza los dichos del presidente Javier Milei durante la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. “La sumisión al imperialismo yanqui e inglés toma ribetes escandalosos”, advirtió.
En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano salió al cruce del presidente de la Nación, Javier Milei, por sus dichos durante el acto conmemorativo de este 2 de abril.
En ese contexto, el trotskista advirtió que “Milei manipula la causa de Malvinas para justificar la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Paradójicamente es un planteo central que defiende el imperialismo norteamericano para la región, el socio directo del Reino Unido que ocupa nuestras islas del Atlántico Sur”.
“La sumisión a las potencias ocupantes de las islas Malvinas es cada vez mayor. Recientemente Milei acaba de suscribir un acuerdo para darle intervención a las fuerzas armadas norteamericanas en la hidrovía del Paraná, un recurso estratégico cuyo control es motivo de disputa entre EEUU y China”, continuó.
Al mismo tiempo que señaló que “la sumisión al imperialismo yanqui e inglés toma ribetes escandalosos. El propio Milei acaba de adoptar el punto de vista del Reino Unido, que sostiene que el destino final de las islas depende de la opinión de los kelpers, omitiendo que son una población ocupante impuesta por el colonialismo inglés”.
Por lo que concluyó precisando que “la defensa de la soberanía de Malvinas es incompatible con un gobierno que alineó a la Argentina detrás de la OTAN y sus planes de guerra. La lucha por recuperar nuestras islas es inseparable de la lucha por derrotar al gobierno de Milei y su política contra el pueblo”.
En el marco de la crisis de seguridad que embarga a la provincia de Santa Fe con el conflicto narco, el Gobierno quiere habilitar a que las fuerzas armadas puedan participar más de lo que actualmente están habilitadas a hacer.
En el marco de una larga entrevista con el periodista Chiche Gelblung, el presidente Javier Milei confirmó este martes que el Gobierno tiene intenciones de modificar la Ley de Seguridad Interior, con el fin de permitir de ese modo la participación más activa de las fuerzas armadas en conflictos como el que se vive en la provincia de Santa Fe.
La realidad es que la crisis de seguridad que se vive en Rosario en particular y Santa Fe en general ha puesto al Gobierno a analizar medidas concretas para hacer frente a la situación imperante allí con elementos con los que en la actualidad no se cuentan. Entre ellos, la participación de militares.
Es así que el presidente Milei confirmó este martes que está analizando con el ministro de Defensa, Luis Petri, el envío al Parlamento de un proyecto que les permita a los uniformados “tomar acciones adicionales”, cuyo accionar está hoy limitado a nivel interno por la vigencia de la Ley de Seguridad Interior.
En diálogo con Crónica TV, el presidente planteó que se evalúa el envío al Congreso de “una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las fuerzas armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”. Aclaró que “es algo que estuvimos discutiendo hoy en el Gabinete, lo que pasa es que Petri trajo la ley y Patricia (Bullrich) estaba en el avión. Me pareció imprudente tomar una decisión final cuando faltaba una de las partes”.
Según aclaró el mandatario, la modificación que están evaluando no implicaría el uso de armas por parte de las fuerzas armadas a nivel interno. Por el contrario, dijo Milei, “quiere decir que van a tomar acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo. Está reglamentada la forma en la cual tomás acciones, no es cualquier forma, está determinado el formato”.
Cuando hablamos de la Ley de Seguridad Interior, nos referimos a la N° 24.059, sancionada en diciembre de 1991 y promulgada en enero de 1992, durante el primer gobierno de Carlos Menem.
Cabe consignar que ya el artículo 27 de esa norma establece que “en particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.
El proyecto es del diputado opositor Eduardo Toniolli quien planteó que “el aumento de enero fue incumplido por parte de las actuales autoridades del Ministerio de Defensa” y recordó que el titular de la cartera manifestó su intención de “valorizar a las FF. AA”.
El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP) presentó un pedido de informes en la Cámara baja solicitando al Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, que explique el incumplimiento respecto de la resolución conjunta con la cartera de Economía que establecía dar inicio al proceso de jerarquización salarial de los miembros del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas que fue “impulsada por la gestión anterior”.
A través de un posteo en su red social X, el diputado de UP chicaneó a Petri por prohibir el uso del lenguaje inclusivo dentro del as FF. AA: “Mientras disfrazado de Gi Joe emprende una batalla imaginaria contra el uso del lenguaje inclusivo, paralelamente incumple la jerarquización salarial del personal militar”.
Toniolli explicó que durante el 2023 se concretaron los primeros tres aumentos del proceso de jerarquización de los miembros del cuadro permanente de las FFAA: 14% de aumento en marzo, 14% en julio y 12% en noviembre, quedando pendientes dos cuotas a pagar en enero y abril del 2024, del 10% cada una.
“El aumento de enero fue incumplido por parte de las actuales autoridades del Ministerio de Defensa y aún no hay noticias en torno a su efectivización, a pesar de que el ministro Petri asumió la cartera manifestando su intención de valorizar a las Fuerzas Armadas”, planteó.
El santafecino manifestó que “siendo la fuente legal de los citados aumentos una resolución conjunta firmada el 18/02/2023 por los ministros de Economía y Defensa, debe considerarse a los mismos como derechos adquiridos por parte del personal militar”.
Así advirtió que “el incumplimiento de esta resolución puede traer aparejado -además de la afectación de los derechos salariales de los miembros de las FFAA- un futuro de litigiosidad por incumplir una resolución ministerial y, con ello, una afectación patrimonial para el erario público”, y señaló que “genera un perjuicio a la Obra Social IOSFA y al fondo de capitalización propia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM)”.
“Las FFAA cumplen un rol indelegable y estratégico en la defensa y en las misiones principales del Instrumento Militar, como así también en sus misiones subsidiarias que hacen a la vinculación con la comunidad, y deben contar con una remuneración acorde a esas responsabilidades”, cerró Toniolli.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 540/2023 autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.
El Gobierno Nacional promulgó este martes la Ley 27.735 de personal militar que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales a fin de participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 540/2023 con las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, la del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana.
La ley fue aprobada por el Senado el 29 de septiembre, tras la media sanción que tenía de Diputados desde el 19 de abril.
La misma había sido enviada por el Poder Ejecutivo el 21 de marzo en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso.
De acuerdo al texto, se contemplan ocho ejercicios militares, de los cuales siete corresponden a la Armada Argentina y uno a la Fuerza Aérea Argentina.
Del total de las ejercitaciones, cuatro son de carácter multilateral, tres tienen carácter bilateral y una de oportunidad. Por otra parte, uno de ellos (“VIEKAREN”) plantea la atención a una situación de emergencia o catástrofe y seis (“ACRUX”, “ATLASUR”, “FRATERNO”, “INALAF”, “UNITAS” y “CRUZEX”), una ejercitación en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.
“Adicionalmente, el ejercicio ‘ATLASUR’ resulta una buena oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica”, expresó el Ejecutivo en los argumentos el proyecto.
Y agregó que “respecto del ejercicio ‘PASSEX’, constituye un eventual ‘ejercicio/s de oportunidad’ en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el Litoral Marítimo Argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina”.
Tras larga demora, los ejercicios combinados programados para este año fueron avalados por la Cámara alta en una votación que resultó con 52 votos afirmativos.
Finalmente el Senado cumplió con el trámite de autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de tropas nacionales del territorio argentino, con el objetivo de realizar ejercicios combinados que favorezcan a la capacitación de las Fuerzas Armadas.
La norma había obtenido media sanción el 19 de abril pasado en Diputados y en la madrugada de este viernes se convirtió en ley por unanimidad, con 52 votos a favor, habiendo sido tratada sobre tablas, sin oradores.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 21 de marzo, en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso. La larga demora en su aprobación llevó en su momento al oficialismo a cuestionar la falta de quórum para sesionar precisamente por no poder tratar precisamente este tema. “A ningún presidente de la democracia se le negó autorizar el ingreso y salida de tropas”, le reprochó José Mayans a la oposición cuando el fracaso de la última sesión del Senado.
De acuerdo al texto, se contemplan ocho ejercicios militares, de los cuales siete corresponden a la Armada Argentina y uno a la Fuerza Aérea Argentina.
Del total de las ejercitaciones, cuatro son de carácter multilateral, tres tienen carácter bilateral y una de oportunidad. Por otra parte, uno de ellos (“VIEKAREN”) plantea la atención a una situación de emergencia o catástrofe y seis (“ACRUX”, “ATLASUR”, “FRATERNO”, “INALAF”, “UNITAS” y “CRUZEX”), una ejercitación en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.
“Adicionalmente, el ejercicio ‘ATLASUR’ resulta una buena oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica”, expresó el Ejecutivo en los argumentos el proyecto.
Y agregó que “respecto del ejercicio ‘PASSEX’, constituye un eventual ‘ejercicio/s de oportunidad’ en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el Litoral Marítimo Argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina”.
El ministro de Defensa aclaró detalles de la norma enviada al Senado no le quita ninguna potestad a esa Cámara y acusó a la oposición de criticar “de manera irresponsable o sin haber leído el contenido del proyecto”.
El envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley de Personal Militar generó malestar en la oposición, que a través de diversos referentes elevaron sus críticas y rechazo a la iniciativa que ingresó con la firma del ministro de Defensa, Jorge Taiana, al Senado de la Nación para su tratamiento.
Ante la repercusión negativa, el ministro del área salió este sábado a formular una serie de aclaraciones y defendió “el espíritu democrático” de esa iniciativa, formulando una serie de aclaraciones sobre el tema.
La ley vigente (Decreto Ley N° 19.101) data del 19 de julio de 1971 y ha sido modificada por 174 otras normas de variado nivel y objeto y por un gran número de reglamentaciones al interior de las Fuerzas Armadas, resaltó Taiana, quien precisó que desde entonces, se ha producido el desarrollo del marco normativo de la Defensa Nacional bajo premisas diferentes de las expresadas en la Ley 19.101, “fundamentalmente en lo vinculado al gobierno político de la Defensa Nacional, el compromiso con los Derechos Humanos y el principio de la acción militar conjunta”.
La norma enviada por el Poder Ejecutivo al Senado establece que se mantiene el sistema para el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas en donde lo concede el jefe de Estado previo acuerdo del Senado. Y, en el caso de los suboficiales, “será otorgado por el presidente de la Nación”. De esta manera, se elimina la Junta Militar como la encargada de esa realizar las promociones.
Así queda establecido en el artículo 43 de la iniciativa: “El ascenso del personal de Oficiales de las Fuerzas Armadas lo concede el PRESIDENTE DE LA NACIÓN, y previo acuerdo del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN a Oficial Superior y dentro de esa subcategoría. El ascenso del personal de Suboficiales de las Fuerzas Armadas será otorgado por el PRESIDENTE DE LA NACIÓN. La Tropa y el Alumnado se regirán por sus respectivos regímenes particulares, en cuyo diseño se tendrá en cuenta el principio de la acción militar conjunta”.
Al respecto, Taiana explicó que “conforme lo expresa la Ley de Defensa Nacional (Ley N°23.554) en su artículo 10°, compete al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la misma y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la dirección de la defensa nacional y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los términos establecidos por la Constitución Nacional”. Agregó que en consonancia con la Ley de Defensa y la Constitución Nacional en el artículo 43° del citado proyecto se establece que el ascenso de los oficiales superiores lo concede el presidente de la Nación, previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Al tiempo que el ascenso del personal de suboficiales de las Fuerzas Armadas será otorgado por el presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. “Es una atribución presidencial que puede ser delegada por el decreto reglamentario correspondiente -señaló Taiana-. Una ley del Congreso no puede delegar las atribuciones que corresponden constitucionalmente al Poder Ejecutivo, en este caso el presidente como comandante en jefe de las FFAA”.
A través de una declaración, Taiana precisó que “los decretos, resoluciones, reglamentos y demás normas que no se opongan a la ley continúan vigentes, por lo que los temores manifestados por la oposición resultan infundados”.
“El proyecto también prevé que los ascensos de los oficiales, suboficiales, tropa y alumnado se producirán al grado inmediato superior según las vacantes existentes, en función de los criterios de antigüedad e idoneidad, mediante el sistema de selección y de acuerdo con los procedimientos que establezca la reglamentación de la ley. Estos criterios y mecanismos son precisamente los establecidos en la
Junta de Calificaciones de cada una de las fuerzas y que lejos de derogarse se fortalecen”, precisó Taiana.
En otro pasaje de su declaración, el ministro de Defensa señaló que el proyecto de ley de Personal Militar en su artículo 42 establece que el ascenso del personal de oficiales y suboficiales, en cada categoría, se producirá anualmente con el propósito de satisfacer las necesidades orgánicas de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto, derivadas del diseño del instrumento militar.
“Si se analiza el Decreto Ley Nº 19.101 para el Personal Militar del año 1971, aún vigente, se puede advertir que en el artículo 45 establece que ‘el ascenso del y a personal superior de las fuerzas armadas lo concede el Poder Ejecutivo, y previo acuerdo del Senado de la Nación a la categoría de oficial superior y dentro de ella. El ascenso del personal subalterno de las fuerzas armadas se otorgará en la forma que lo determine la reglamentación de esta ley’. Mientras que en el artículo 63 dispone que ‘el personal superior de las fuerzas armadas y su reincorporación, cuando así correspondiera, será dispuesta por el Poder Ejecutivo. La del personal subalterno y de alumnos, por la autoridad que determine la reglamentación de esta ley; la reincorporación de este personal será dispuesta por la misma autoridad, salvo en el caso previsto por el artículo 22, en el que será otorgada por el Poder Ejecutivo’”.
“Este simple ejercicio comparativo -continuó Taiana- permite comprender que muchas de las afirmaciones fueron realizadas por la oposición de manera irresponsable o sin haber leído el contenido del proyecto. El mismo mantiene al igual que la ley vigente idénticos mecanismos para el ascenso de los ofíciales superiores y sin restarle ninguna potestad al Honorable Senado de la Nación. Mientras que los ascensos de los oficiales, suboficiales, tropa y alumnado se producirán teniendo en cuenta los criterios de antigüedad e idoneidad, mediante el sistema de selección y de acuerdo con los procedimientos que establezca la reglamentación de la ley”, agregó.
Para el ministro de Defensa, “resulta lamentable que un proyecto de ley con un importante grado de consenso se tome como tema de campaña y se desvirtúen de manera deliberada su contenido, intenciones y objetivos. Hoy, luego de 52 años llega al Congreso una ley integral que recoge la experiencia y la evolución de la doctrina y el pensamiento estratégico militar”. Y agregó: “Descalificar en el debate público no parece ser el camino correcto para que surja una ley consensuada”.
Taiana insistió en que “es un proyecto de ley que amplía derechos y habilita mecanismos que facilitan e incentivan el pasaje de categoría de soldado a suboficial y de suboficial a oficial fomentando la capacitación continua, la igualdad de oportunidades y el progreso en una carrera militar con jerarquización salarial y modernización del equipamiento”, y concluyó diciendo que son “todas políticas cabalmente implementadas por el actual gobierno, con el objetivo de contar con Fuerzas Armadas de excelencia”.
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, envió un proyecto de ley al Congreso en el que establece que sea el presidente quien tenga la autoridad de definir los ascensos de los rangos de oficiales a suboficiales, una facultad que pertenece a la Cámara alta.
Primero la cesión de predios y ahora la designación de los cargos, así el oficialismo continúa echando mano sobre las Fuerzas Armadas de la Argentina y tensando aún más la relación, luego de que el propio ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana, enviara un proyecto de ley al Congreso de la Nación donde, entre otras cosas, busca que sea el Poder Ejecutivo en la figura del presidente quien defina los ascensos en las Fuerzas Armadas y quitarle esa potestad al Senado.
El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya había anunciado en la cena de camaradería que iba a enviar esta modificación a la norma que regula a las Fuerzas Armadas. Al respecto, desde Casa Rosada señalaron que el proyecto iba a “habilitar mecanismos que facilitan e incentivan el pasaje de categoría de soldado a suboficial y de suboficial a oficial como incentivo a la capacitación continua, a la igualdad de oportunidades y al progreso en la carrera militar, haciendo especial hincapié en la trayectoria educativa profesional y promoviendo un proceso continuo y progresivo de desarrollo de las competencias requeridas para contar con Fuerzas Armadas de excelencia”.
La norma establece que se mantiene el sistema para el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas en donde lo concede el jefe de Estado previo acuerdo del Senado. Y, en el caso de los suboficiales, “será otorgado por el presidente de la Nación”. De esta manera, se elimina la Junta Militar como la encargada de esa realizar las promociones.
Así queda establecido en el artículo 43 de la iniciativa: “El ascenso del personal de Oficiales de las Fuerzas Armadas lo concede el PRESIDENTE DE LA NACIÓN, y previo acuerdo del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN a Oficial Superior y dentro de esa subcategoría. El ascenso del personal de Suboficiales de las Fuerzas Armadas será otorgado por el PRESIDENTE DE LA NACIÓN. La Tropa y el Alumnado se regirán por sus respectivos regímenes particulares, en cuyo diseño se tendrá en cuenta el principio de la acción militar conjunta”.
El sistema actual establece que primero hay una selección interna de cada una de las fuerzas, luego se envían los candidatos al Ejecutivo y es éste quien los remite al Senado, en donde son debatidos en la Comisión de Acuerdo y en donde, por lo general, el kirchnerismo realiza un exhaustivo análisis de los antecedentes teniendo como eje un posible contacto con la represión ilegal.
Con este cambio, el Ejecutivo sería el que autorice los ascensos en los mandos medios y lo que generaría es que, con el tiempo, todos aquellos que sean propuestos para ser ascendidos a oficiales habrán llegado a ese lugar -o no- por la elección del presidente de turno y no a propuesta de las fuerzas y con aprobación de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
Otro punto que establece el proyecto se refiere a los militares en retiro. En este caso, señala que “tienen derecho a votar” y a “expresarse libremente” siempre y cuando esas expresiones no incurran en comprometer a la defensa nacional, divulgar información con clasificación, afectar el estado general de disciplina, agraviar a las autoridades públicas, promover en dependencias y organismos militares actividades proselitistas de carácter político-partidario”.
El cambio en la forma en la que se definirán los ascensos no sólo que quita potestad al Senado de la Nación, sino que releva de esa función a las Fuerzas Armadas, lo que genera una nueva discrepancia entre los hombres y mujeres de las armas con el kirchnerismo.
Aunque genera malestar en las Fuerzas, es que es poco probable que este proyecto llegue a buen puerto en el Senado de la Nación, debido a que el oficialismo no cuenta con los números propios para lograr el quórum en el recinto, algo en el que está trabajando para aprobar 75 pliegos judiciales entre los que se encuentra la extensión por 5 años en el cargo para la jueza Ana María Figueroa, magistrada de Casación Penal que tiene la causa Hotesur y que el 9 de agosto cumple 75 años, la edad jubilatoria.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de diputados de JxC y pide información a la Agencia de Bienes del Estado sobre la entrega de los predios Liceo Aeronáutico Militar en Santa F, Liceo Militar General Roca en Chubut y un inmueble ubicado en Mendoza.
La diputada nacional y precandidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, presentó un proyecto de resolución bajo el número de expediente 3028-D-2023 exigiéndole a la Agencia de Bienes del Estado, al Poder Ejecutivo y a la Jefatura de Gabinete que brinde explicaciones respecto de los motivos en la entrega de diferentes predios de las Fuerzas Armadas.
“El gobierno de Alberto Fernández entrega predios de las FFAA a sus socios políticos como si fueran suyos. Presenté Pedido de informes para que la Agencia de Bienes del Estado informe porque desguaza aún más a las FFAA, con la anuencia de Taiana del Ministerio de Defensa”, explicó en redes la legisladora liberal.
La iniciativa, es acompañada con las firmas de los diputados Javier Milei, Carolina Píparo, Francisco Sánchez, Paula Omodeo y Alberto Asseff.
En primer término, pide detalles sobre el otorgamiento de un permiso de uso precario y gratuito con opción de compra por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado a la Municipalidad de Funes de un sector del terreno ubicado en el predio de Liceo Aeronáutico Militar en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, propiedad del Estado Nacional bajo jurisdicción del Ministerio de Defesa y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina mediante la Resolución 160/2023.
Al respecto, exige saber si previamente se dio intervención a la FF. AA para que brinden su opinión; si fue consultada la comunidad educativa del Liceo Aeronáutico, su cuerpo directivo y docentes; si se tuvo en cuenta el perjuicio que el uso previsto ocasionaría a las entidades de educación; qué beneficios acarrea al Estado la cesión al gobierno municipal del inmueble.
Luego, se refiere a la firma de un convenio entre el Ministerio de Defesa de la Nación, a cargo de Jorge Taiana, y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para el uso de parte de las instalaciones del Liceo Militar “General Roca” ubicado en Chubut.
En esa línea, Villarruel recuerda que “las instalaciones del Liceo fueron declaradas monumento histórico nacional según el artículo 11 del Decreto 2.297/2015 y según lo determinado en el artículo 5 de la Ley 27.103 de 2014”, y consulta si se dio intervención a la Comisión Nacional de Monumentos para “evaluar y considerar cualquier tipo de modificación que se realice en el predio”. También si le dieron intervención a las autoridades del Ejército Argentino para que dieran su opinión al respecto.
Por último, refiere a la asignación de un inmueble ubicado en la localidad de Guaymallén, en Mendoza, propiedad del Estado Nacional bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad mediante la resolución 141/2023. Sobre este punto, pregunta: “¿A qué elemento u organismo del Estado Mayor pertenecía originalmente el inmueble cedido? ¿Fueron consultados diferentes ministerio y organismos del Gabinete nacional sobre la posibilidad que el inmueble en cuestión fuera afectado por esas actividades?”.
“¿Es necesario la asignación de un predio de dimensiones tan significativas (2.400 metros cuadrados)? ¿No podría cubrir sus necesidades con un predio de menor superficie? ¿No existe un predio de jurisdicción de otro organismo de la administración pública nacional que cubra las necesidades del Ministerio de la Mujer, de manera de no afectar el patrimonio destinado para la Defensa Nacional?”, agrega entre otras preguntas.
Los tres dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a cuestionar el proyecto de ley anunciado por el Gobierno. "Es un nuevo ensayo de ideologización y atropello", dijeron.
El diputado nacional José Luis Espert, precandidato a senador por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato a diputado nacional Miguel Ángel Pichetto -también la lista del jefe de Gobierno porteño- y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco, emitieron este viernes un documento donde rechazan la "chavización" de las Fuerzas Armadas.
En rechazo al proyecto de ley que fue anunciado hace días por el presidente Alberto Fernández, los dirigentes de Juntos por el Cambio denunciaron que "el Gobierno nacional busca someter a las Fuerzas a sus intereses partidarios". "Hoy nos encontramos ante un nuevo ensayo de ideologización y atropello contra las Fuerzas Armadas, disfrazado detrás de un nuevo proyecto de ley", dijeron.
En ese sentido, cuestionaron que en la iniciativa "bajo el disfraz de garantizar un derecho -que ya existe actualmente, donde los suboficiales puedan pasar al cuadro de oficiales-, el Gobierno nacional busca, en realidad, domesticar a las Fuerzas Armadas a través de una mayor injerencia en el sistema de ascensos, condicionando los mismos al criterio educativo de la altamente politizada Universidad de la Defensa Nacional y abriendo, así, la puerta para someterlas a su juicio y voluntad. Esto queda demostrado también con los intentos de eliminar el liceo militar General Roca".
Asimismo, observaron que la propuesta, de la cual el mandatario destacó fue diseñada por exministros de Defensa de "distintas orientaciones políticas", los opositores aseguraron que "limita seriamente los prospectos de modernización y maximización de los recursos humanos a contracorriente de lo que sucede en el mundo, ya que les prohíbe a los militares una segunda ocupación".
"Nos oponemos firmemente a este nuevo embate a las Fuerzas Armadas, que han demostrado una y otra vez resiliencia a estos ataques", continuaron.
Espert, Pichetto y Burzaco aseveraron que "los gobiernos kirchneristas siempre han buscado someter a las Fuerzas Armadas argentinas a sus intereses partidarios, vaciando la función principal que tienen en la defensa de la soberanía nacional".
"Así, las Fuerzas Armadas han sufrido una caída histórica de la inversión en equipamiento, la politización del sistema de inteligencia, las restricciones para combatir las amenazas del exterior, la suspensión de ejercicios con otros países, la ideologización de los centros universitarios de formación, los reiterados intentos de eliminar liceos militares y la caída abrupta de los salarios", enumeraron.
Y enfatizaron: "No vamos a permitir que el kirchnerismo transforme a las Fuerzas Armadas de Argentina en una fuerza de choque bolivariana en contra de la ciudadanía".
Luego de las críticas, los tres firmantes dejaron sus propuestas respecto de las FF.AA., las cuales consideraron deben tener "un rol preponderante en el desarrollo del país".
Para los dirigentes, se debe "priorizar el capital humano de las Fuerzas Armadas, con aumento salarial de inmediato, de manera que iguale el salario de las fuerzas de seguridad. Además, establecer un cupo específico y permanente de los fondos de financiamiento estatal de viviendas para destinarlo específicamente al personal militar y de las fuerzas de seguridad".
También, "ejecutar de manera inmediata un programa de reequipamiento, priorizando la recuperación de capacidades como, por ejemplo, con la incorporación de aviones caza multirol de 4ta. generación para la Fuerza Aérea, vehículos blindados 8x8 para el Ejército y submarinos para la Armada".
Otra de las propuestas que plantearon es la de "despolitizar el FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), asignando sus valiosos recursos a la compra de materiales vitales para el sistema de defensa e incorporando la producción nacional en aquellos sectores donde haya ventajas comparativas".
En otro punto, piden por "Fuerzas Armadas activas y operativas para custodiar los espacios soberanos y los objetivos estratégicos del país, para blindar las fronteras contra el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas. Las fuerzas de seguridad serán desplegadas en las ciudades para combatir el delito".
Los opositores añadieron que hay que "recuperar el protagonismo de las Fuerzas Armadas en ejercicios internacionales, en misiones de paz y en el apoyo de la política exterior". "Para nosotros las Fuerzas Armadas son instituciones vitales de la democracia y para el desarrollo de Argentina. Su rol está asignado en la Constitución. Cumpliremos con ese mandato", sostuvieron y completaron: "A partir del próximo 10 de diciembre volverán a estar operativas para preservar nuestra soberanía en el territorio, el espacio y el mar, para ser protagonistas del cambio que viene".
Así lo reveló el presidente al participar de su última cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. La norma vigente rige desde 1971.
Al participar de su última cena de camaradería con las Fuerzas Armadas, el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto para actualizar la Ley de Personal Militar.
El mandatario reveló este lunes por la noche que ya firmó la iniciativa, la cual tiene como objetivo derogar la actual norma -que rige desde 1971- para "tener Fuerzas Armadas acorde al tiempo que corre".
Según Fernández, la legislación vigente "no refleja cuestiones fundamentales que forman parte del marco normativo actual de la defensa, como lo son el gobierno político de la Defensa Nacional, el principio de la acción militar conjunta y el compromiso con los derechos humanos".
"A diferencia de la legislación actual, este proyecto apunta a que la reglamentación de la norma se realice de manera integrada y conjunta", agregó durante su discurso en el Edificio Libertador.
En ese sentido, explicó que "habilita mecanismos que facilitan e incentivan el pasaje de categoría de soldado a suboficial, y de suboficial a oficial, como incentivo a la capacitación continua, la igualdad de oportunidades y al progreso en la carrera militar, haciendo especial hincapié en la trayectoria educativa profesional y promoviendo un proceso continuo y progresivo de las competencias requeridas para contar con Fuerzas Armadas de excelencia”.
El presidente destacó que el proyecto fue elaborado por exministros de Defensa de distintas orientaciones políticas y que se "sustenta" en la Constitución Nacional, tratados internacionales y el derecho internacional.
De esta manera, "contempla el principio de igualdad y no discriminación de las personas, cualquiera sea su condición de género, orientación sexual, económica o social".
"Se garantizará que todo el personal militar pueda tener los mismos derechos que los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo a la realidad sociocultural de la Nación y a la normativa vigente", sumó.
El proyecto establece una actualización integral del régimen legal de la carrera y la profesión militar, introduce cambios relevantes en el ejercicio de la defensa nacional, determina derechos para las mujeres incorporadas a la actividad, capacitación profesional continua y nuevos parámetros para el cálculo de haberes, entre otros aspectos.
Por otra parte, Fernández destacó las mejoras salariales a las FF.AA. durante su gestión y mencionó como “fundamental” la generación del “Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF)”, para “permitir en el tiempo asegurar un mejor equipamiento y de ese modo poder incrementar nuestra capacidad de disuasión y de control soberano del territorio”.
"A 40 años del retorno de la democracia es un orgullo contar con Fuerzas Armadas que fueron formados durante estos años, cuya labor es guiada por los principios y valores democráticos y el respeto a los derechos humanos que rigen en nuestro país”, sostuvo.
El titular del Ministerio de Economía afirmó que “no hay Nación soberana sin Fuerzas Armadas con capacidad de disuasión y en defensa para la idea de un país soberano”.
El ministro de Economía, Sergio Massa, comunicó que habrá una jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas que comienza a implementarse en marzo con un primer tramo del 14 por ciento, un segundo tramo en julio del 14 por ciento y en noviembre un tercer tramo 12 por ciento llegando a un total del 40 por ciento en el año 2023, que se completará en 2024 con un tramo de 10 por ciento en enero y 10 por ciento en abril, llegando asi al 60 por ciento de incremento.
En tal sentido, arengó: “Este es un paso más en el desafío que recorremos como país y como Nación de consolidar en 40 años de democracia de la construcción de Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas, pero sobre todas las cosas, Fuerzas Armadas que en el marco de nuestra Constitución ayuden a consolidar la idea de Nación”.
Asimismo, agregó: “No hay Nación soberana sin Fuerzas Armadas con capacidad de disuasión y en defensa para la idea de un país soberano”.
“Estamos seguros de que este paso de jerarquización, de reconocimiento de una deuda que el Estado tenía con cada una de nuestras tres fuerzas constituye un hito más en la idea de devolverle a nuestra sociedad y nuestra Nación la bandera, la tranquilidad, la certeza de que tenemos Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas y reconocidas, no sólo socialmente sino desde el punto de vista salarial y profesional, que es lo que necesita cualquier organización para sentirse parte de la organización del Estado, y mucho más, de la organización de la Nación”, señaló el ministro.
En esa línea, Massa advirtió que “el objetivo de la jerarquización o rejerarquización es devolver en términos salariales lo que, a lo largo de los años al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea se le fue quitando a expensas de las fuerzas de seguridad interior”.
“¿Por qué es importante la construcción de la idea frente a nuestra Nación de que tenemos fuerzas armadas reconocidas, profesionales, capacitadas y autónomas en su capacidad de disuasión y defensa? Porque vivimos en un mundo en el que la seguridad energética, alimentaria, la defensa de recursos estratégicos nos pone en la obligación de preparar tecnológica y profesionalmente a nuestras fuerzas armadas para la etapa que viene”, explicó Sergio Massa.
Además, aseveró: “Nuestro Ejército y nuestra Armada es un recurso humano suficiente como para planificar la defensa y valoración de los recursos que a la Argentina le dan un lugar o una oportunidad en el mundo que viene”.
Del mismo modo, agregó: “No hay duda de que pensar defensa y desarrollo de minerales críticos, pensar valor patrimonial como Nación de nuestro subsuelo marítimo, pensar recursos minerales en nuestra frontera, pensar valor de la defensa del agregado de valor de nuestras proteínas es una tarea que el Estado debe instalar de manera conjunta con el profesionalismo y la capacidad de planificación estratégica que tenemos y encontramos en cada una de nuestras fuerzas”.
“Creemos, además, importante seguir consolidando el camino de inversión en el acceso a tecnología, el acceso a material logístico y en las capacidades de entrenamiento y funcionamiento cotidiano. Desde el Ministerio de Economía venimos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Defensa para que las restricciones que muchas veces nos impone la realidad de nuestra propia economía no signifiquen ni un retroceso ni un freno en el desarrollo de las capacidades de cada una de las fuerzas y del trabajo del Estado mayor conjunto, indicó Massa.
Antes del final , explicó que “viendo el funcionamiento presupuestario del 2023, vamos a modificar algunas de las trabas que de alguna manera dificultan el funcionamiento autónomo a la hora de llevar adelante su tarea logística de las fuerzas para así facilitar el trabajo de capacitación y funcionamiento de cada una de las tres fuerzas”.
Para finalizar, cerró: “Quiero agradecerles, porque aún en momentos en los que en nuestra Nación se miró de costado o con desdén a las Fuerzas Armadas, siempre y en estos 40 años, viendo a todos hijos de la democracia, se mantuvieron en defensa de la Constitución y a la par de nuestra Patria. *Estoy seguro de que en la Argentina del futuro cada una de nuestras fuerzas, el diseño y desarrollo de nuestra estrategia como país, tienen un lugar fundamental que lo tenemos que construir trabajando entre todos”.
El diputado del Pro opinó sobre la decisión del presidente de la Nación de enviar compañías del Ejército Argentino a participar en tareas de urbanización en barrios populares de Rosario.
No le parecieron bien al diputado Alejandro Finocchiaro las medidas anunciadas para combatir el narcotráfico en Rosario. Fundamentalmente el envío de militares para tomar parte de tareas de urbanización en barrios populares.
“Debemos ser serios y eso conlleva la necesidad de repensar cuáles son las amenazas que hoy afectan a nuestra población y adaptar el marco legal para que las Fuerzas Armadas puedan ejercer su verdadero rol en el marco de la Constitución Nacional”, sostuvo Finocchiaro.
Agregó el exministro de Educación que “el Ejército no es, no fue ni será un grupo para urbanizar o cocinar en barrios precarios. Para eso debemos apuntalar reparticiones ya existentes en los tres niveles del Estado. Está claro que las hipótesis de conflicto han cambiado y debemos adaptar a ellas todos nuestros recursos”.
Finocchiaro concluyó diciendo que “las propuestas improvisadas del Gobierno -que empieza a darse cuenta de la gravedad de la situación extrema que atravesamos- son denigrantes para las Fuerzas Armadas y no contribuyen a la solución de fondo. Las FF.AA. deben blindar las fronteras argentinas”.
Eso expresó el senador radical respecto al rechazo del oficialismo a la aprobación de seis pliegos sobre ascensos militares y culpó al “kirchnerismo, el Instituto Patria y La Cámpora”.
El senador nacional Julio Martínez (UCR – La Rioja) volvió a manifestar su enojo este viernes contra el oficialismo por el rechazo a aprobar en el recinto seis pliegos enviados por el Ejecutivo sobre ascensos en las Fuerzas Armadas y denunció que fue por “portación de apellido”.
Este martes en la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, a cargo de la vicejefa del bloque FdT Anabel Fernández Sagasti, se iban a poner en consideración 9 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo sobre ascensos en las Fuerzas Armadas, pero desde la bancada oficialista solicitaron tratar solo tres de ellos y emitir dictamen de rechazo a los restantes seis. Esa “traba” fue criticada por JxC quienes les pidieron los motivos de dicha decisión, pero de la vereda de enfrente solo hubo silencio.
Al respecto, el riojano Martínez acusó que fue una traba “claramente del kirchnerismo, el Instituto Patria y La Cámpora”. “El miembro informante fue (Oscar) Parrilli que es la voz de Cristina Kirchner en el Senado y que también es vocero del Instituto Patria y del ala más dura del kirchnerismo. Cuando anuncia que solo tres de los nueve que ellos mismos habían apartado, solo tres iban a aprobar y el resto los rechaza, pedí explicaciones y no las dieron y nos dijeron que no las iban a dar”, relató en diálogo por la AM990.
“Lo que pasa es que son razones inconfesables, algunas de ellas sabemos que es por portación de apellido como han tenido un padre, un tío o un abuelo que han tenido que ver con el proceso militar, para ellos es suficiente causa para sacarlos de los ascensos”, opinó el radical.
En ese sentido, remarcó que “hoy ya ningún miembro de la fuerza armada estuvo en la dictadura, tenemos fuerzas armadas de la democracia. Respetuosos de las instituciones con alineamiento con el presidente de la Nación del poder político que sea”, y resaltó que “nunca hubo ningún problema con ellos ni en las peores crisis, por eso se nos hace difícil creer que en estos tiempos esta gente está actuando así sin dar explicaciones”.
“Hace 2 años lo hicieron también, tampoco dieron explicaciones, con miembros de casa militar que recibieron el carpetazo de apartamiento. Uno fue testigo en el caso de milagro sala y el otro en el juicio de Amado Boudou”, recordó Martínez.
En suma, destacó que “desde el Ministerio de Defensa -a cargo de Jorge Taiana- dieron el visto bueno incluso el presidente de la Nación”, y disparó: “La salvajada la hizo la Comisión de Acuerdos. Yo pregunte públicamente y me dijeron que no iban a dar explicaciones”.
Por último, consultado por el hundimiento del ARA San Juan: “Lamento que no se haya podido reflotar el submarino porque ahí quizás con pericias si se trata de fallas en material de reparaciones de media vida que hizo el kirchnerismo o de mala praxis. Hay muchas razones que se pudieron haber dado”.
El senador Sergio Leavy y el diputado Eduardo Toniolli, ambos del FdT, compartieron la noticia del Ministerio de Defensa en la que informan que “son falsos los datos publicados en la prensa acerca de un recorte y riesgo operativo para las Fuerzas”.
El senador nacional Sergio Leavy (Salta) y el diputado Eduardo Toniolli (Santa Fe), ambos del Frente de Todos, comunicaron a través de sus redes sociales que, desde el Ministerio de Defensa a cargo de Jorge Taiana, desmienten que hubo recortes presupuestarios para el Ejército, la Armada y la Fuerza Área.
El titular de la Comisión de Defensa del Senado afirmó: “He sido informado desde @MindefArg sobre la falsedad de datos publicados en la prensa acerca de un recorte presupuestario y riesgo operativo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.
“Desde su cartera el ministro @JorgeTaiana viene trabajando de manera sostenida para desplegar los más de 60 proyectos del #Fondef que revitalizan a las Fuerzas Armadas para proteger el bienestar, la tierra y la riqueza de los argentinos”, aclaró.
En el mismo sentido se pronunció el legislador santafesino quien apuntó contra el diputado del Pro Alberto Asseff que había denunciado el recorte en las Fuerzas Armadas: “Hace unos días el diputado @albertoasseff afirmó que el @MindefArg había enviado una comunicación a las FFAA anunciando un recorte presupuestario que las pondría en ‘riesgo operativo’. ESTA INFORMACIÓN ES FALSA Y SU DIFUSIÓN ES UNA IRRESPONSABILIDAD”.
“Es absolutamente falso que desde este Ministerio se haya enviado comunicación alguna dirigida a las Fuerzas Armadas acerca de la restricción de los gastos militares. Las declaraciones infundadas que han circulado sobre el supuesto recorte presupuestario y riesgo operativo al que se someten el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no se corresponden en lo absoluto con la realidad que atraviesan las Fuerzas”, manifestaron desde la cartera de Defensa.
El fueguino Pablo Blanco afirmó que "aprovechando la mediatización" de la situación judicial de la vicepresidenta, se realizaron "ajustes" que "se han mantenido en la mayor oscuridad".
Senadores de la UCR, encabezados por el fueguino Pablo Blanco, presentaron un pedido de informes para que el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Economía y Defensa informe "sobre los procesos de planificación presupuestaria que condujeron a la formulación de restricciones presupuestarias severas para las Fuerzas Armadas", señalaron.
La iniciativa fue acompañada con las firmas de las senadoras María Belén Tapia, Silvia Giacoppo, Gabriela Valenzuela y Stella Maris Olalla.
En la iniciativa, los legisladores solicitaron que se informe sobre “la evaluación que se ha hecho de tales restricciones presupuestarias desde el punto de vista de las misiones del instrumento militar en tiempo de paz vinculada a la protección de los espacios marítimos en el Mar Argentino y en el Sector Antártico argentino, al monitoreo del espacio aéreo particularmente en la frontera norte y a los compromisos internacionales vinculados a la actividad antártica; y sobre las consecuencias de tales restricciones desde el punto de vista del alistamiento, adiestramiento y sostén de los medios, en particular en lo referente a los recursos humanos”.
“Aprovechando o provocando la mediatización de los gravísimos asuntos judiciales que la vicepresidente de la Nación debe enfrentar, el ministro de Economía ha llevado adelante ajustes cuya lógica, consenso, planificación y ponderación de consecuencias se han mantenido en la mayor oscuridad", advirtió Blanco, quien agregó: "En tal sentido, nos preocupa lo que ocurre con las Fuerzas Armadas que se ha dispuesto interrumpir diversas actividades y licenciar al personal para reducir gastos”.
El radical consideró que "este tipo de medidas debieron tomarse consensuando con las distintas jurisdicciones los niveles aceptables de reducción del gasto para que no se pongan en riesgo cuestiones vinculadas con los intereses vitales de la Nación, tutelados por la Constitución Nacional y que dan su razón de ser a las Fuerzas Armadas”.
"Las reducciones presupuestarias tendrán, asimismo, efectos negativos imprevisibles en relación con los compromisos internacionales vinculados al Tratado del Antártico para el normal desarrollo de la Campaña Antártica de Verano y la invernada antártica, y para la protección de la vida en el mar en relación con la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) que se lleva a cabo con la participación de la Armada de Chile”, explicó el senador de Juntos por el Cambio.
Por último, insistió que “resulta necesario que el Poder Ejecutivo Nacional informe a la Comisión de Defensa acerca de estos asuntos sensibles a altos intereses nacionales”.
Legisladores de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución, ya que consideraron que la medida firmada por el Ministerio de Defensa “representa una contradicción con el sistema de defensa nacional”.
A raíz de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional anule el convenio que firmó con Rusia para que brinde adiestramiento, en los centros académicos, a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas de Argentina.
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, había manifestado en la publicación oficial que se trataba de “un convenio para facilitar la capacitación y el entrenamiento de nuestros oficiales y suboficiales en instituciones militares de Rusia y es un paso que permitirá un mayor relacionamiento entre ambas Fuerzas Armadas”, y también había destacado las gestiones del secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, quien encabezó la comitiva que viajó a ese país para avanzar en una agenda de trabajo conjunta.
En el proyecto de resolución de la Coalición Cívica, los legisladores sostuvieron: “Al considerar el empleo político de las fuerzas armadas rusas contrario a la normativa nacional vigente, solicita también que se denuncie el convenio ‘Admisión de personal militar de la República Argentina en instituciones para la capacitación de personal militar de defensa de la Federación Rusa’ firmado entre los ministros de Defensa de la Federación Rusa y de la Argentina”.
“No es momento de abrazar falsas utopías ideológicas ni de esperanzarse en el beneficio de quien, al margen de los hechos, espera paciente beneficios a otros negados. Es una crisis mundial que exige definiciones y asumir riesgos. La libertad tiene un precio y para sostenerla debemos estar dispuestos a pagar. En otros tiempos fuimos también tibios e incoherentes. El mundo tiene memoria y lo recuerda. No repitamos los errores del pasado”, resaltaron.
En ese sentido, consideraron que una forma de mostrar determinación “es cesar la cooperación con el agresor en aquellas áreas que son sensibles y que, en lo sustancial, representan una contradicción con el sistema de defensa nacional. Por caso, provocar la denuncia del convenio Admisión de personal militar de la República Argentina en instituciones para la capacitación de personal militar de defensa de la Federación Rusa firmado entre los ministros de Defensa de la Federación Rusa y de la Argentina”.
“Ello es necesario porque el empleo político que hace la Federación Rusa de sus fuerzas armadas es diametralmente opuesto al que contiene la doctrina argentina. El decreto N° 727/ 2006, cuya vigencia reestableció el actual Gobierno en 2020 (Mediante Decreto 571/ 2020 ) establece en su artículo 1ero que las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior”, agregaron.
En paralelo, la Coalición Cívica expresó sus “profundas condolencias” al pueblo de Ucrania “albergando la esperanza de una pronta solución por la vía pacífica. Nuestras oraciones y pensamientos acompañan el sentir de los ucranianos”. “La rápida evolución de los acontecimientos que implican una penosa involución para la Sociedad Internacional, no puede sorprendernos desprevenidos ni faltos de ideas para sostener los principios de las Naciones Unidas. Por tal motivo solicitamos a todos los integrantes de esta Honorable Cámara nos apoyen en este proyecto”, finalizaron.
En el proyecto de resolución que presentaron exigen explicaciones sobre las maniobras que realizó el Ejercito en el 2019 que contemplaban una eventual invasión a Venezuela.
Tras darse a conocer púbicamente que, en el 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ejército realizó maniobras que contemplaban una eventual invasión a Venezuela, estando al frente el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., Juan Martín Paleo, los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, informe sobre el “Ejercicio Puma” realizado por el Ejército Argentino entre los meses de abril y julio de 2019, en coordinación con unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea.
“Este domingo, en el sitio El cohete a la luna, el periodista Horacio Verbitsky denunció que “entre abril y julio de 2019, el Ejército realizó el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela. El ejercicio se ejecutó en siete sesiones en la guarnición de Campo de Mayo y por videoconferencia con la brigada de paracaidistas de Córdoba, la Brigada Mecanizada X de La Pampa y los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales, también de Córdoba. Incluyó además coordinación con unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea. Al mando estuvo el general Juan Martín Paleo, quien entonces era comandante de la fuerza de despliegue rápido. Desde marzo de 2020 es jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, explican en el texto.
En el listado de preguntas presentadas por la izquierda se plantean, entre otras, la consulta acerca de los fines de ese operativo; de la relación de la Agregaduría Militar de Estados Unidos y el Comando Sur de Estados Unidos con el operativo en cuestión y por las razones que llevaron a que dicho accionar se conociera públicamente de manera periodística y no a través de las autoridades de Defensa.
En los fundamentos del texto, los cuatro legisladores del FITU señalan que “la denuncia realizada, que no ha sido desmentida por funcionarios del Gobierno nacional al momento de la presentación del presente proyecto de resolución, es una muestra más del carácter históricamente cipayo de las Fuerzas Armadas y el intento permanente de todos los gobiernos por lavarles la cara con relevos jerárquicos buscando re-prestigiarlas ante el pueblo trabajador”.
“El hecho de que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto haya participado durante el gobierno de Macri de ejercicios militares que contemplaban la invasión de Venezuela bajo órdenes del Comando Sur, ameritan la urgente explicación por parte del Gobierno nacional que ha mantenido silencio con relación a este hecho escandaloso ocurrido bajo el gobierno macrista, y a la vez ha ascendido a quien comandó semejante ejercicio bajo la guía del Comando Sur de los Estados Unidos”, agregan.
559116898-El-Frente-de-Izquierda-exige-informes-sobre-el-Ejercicio-PumaTras un análisis de las partidas asignadas al área, los legisladores opositores alertaron por el debilitamiento de las FF.AA. "Pone en peligro el control de la soberanía nacional", enfatizaron.
Diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Defensa advirtieron por un recorte en el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, lo cual resaltaron "pone en peligro el control de la soberanía nacional, al dejar desprotegido al país frente a la constante depredación del Mar Argentino y a la entrada de aviones ilegales con drogas y contrabando por la frontera norte".
Durante los días martes 19 y viernes 29 de octubre, los legisladores encabezaron dos jornadas de análisis de los recursos destinados al área en el Presupuesto 2022, junto a más de 75 especialistas y expositores del mundo académico, militar, diputados, senadores y asesores.
En un comunicado en el que plasmaron las conclusiones del exhaustivo estudio, los diputados señalaron que "el presupuesto de Defensa para 2022 profundiza la irrelevancia que las Fuerzas Armadas tienen para el Gobierno ya que planifica una reducción en términos reales del 18,5%".
El texto fue firmado por Carlos Fernández (UCR) -presidente de la comisión-, Alberto Asseff (Pro), Juan Aicega (Pro), Sebastián Salvador (UCR), Julio Sahad (Pro), Hernán Berisso (Pro), Jorge Vara (UCR), Gonzalo del Cerro (UCR) y Dolores Martínez (UCR).
Para los opositores, a partida destinada al Ministerio de Defensa, que conduce Jorge Taiana, "entierra cualquier tipo de expectativa de reconstrucción del instrumento militar, menos aún para el desarrollo de una mayor capacidad de disuasión y de control soberano del territorio". "El ajuste impactará fuertemente en la posibilidad de las Fuerzas Armadas de cumplir su misión específica: adiestrar, equipar y sostener capacidades militares", agregaron.
También cuestionaron que "el ajuste previsto implica en la práctica el abandono de la política de Defensa enunciada por el Gobierno nacional con la reciente aprobación de la Directiva de Defensa Nacional (DPDN), ya que los objetivos enunciados quedarán en un papel ante la falta de recursos asignados".
"Para peor, a pesar de la inclusión del FONDEF, el peso relativo de Defensa sigue perdiendo peso relativo en el total del Presupuesto Nacional (3,2% en 2022 en comparación con el 3,93% del Presupuesto 2021), lo que explicita claramente la voluntad del Gobierno nacional de seguir ajustando a las Fuerzas Armadas, quienes tendrán que hacer frente a una situación límite por los escasos recursos destinados a las áreas de alistamiento operacional y adiestramiento", insistieron.
Asimismo, los legisladores lamentaron que "hace muchos años que la Nación Argentina no alcanza a cubrir mínimamente la capacidades de: movilidad estratégica y táctica y superioridad aérea, terrestre y naval en sus espacios, que le permitan el control y aseguramiento soberano de los mismos; comando, comunicaciones y control; inteligencia (táctica y estratégica) y un subsistema informático; sostenimiento logístico para sustentar el equipamiento, la preparación, el adiestramiento y las operaciones en desarrollo. Y, por eso, sus espacios son vulnerados, depredados y amenazados en forma permanente".
Además, la política salarial para las Fuerzas Armadas "continúa siendo una tarea pendiente ya que en éste Presupuesto no se resuelve la desproporción entre los haberes que percibe el personal de las Fuerzas de Seguridad Federales (FF.SS.) y sus jerarquías equivalentes de las FF.AA., con distorsiones que oscilan entre un 30% y un 50% en detrimento del personal militar en actividad y retiro", apuntaron.
Por otra parte, el tema de la inflación se metió en el análisis: "Al ritmo de emisión monetaria del mes de octubre, según el Banco Central, todo el presupuesto previsto para Defensa ($438.191 mil millones) se imprime cada 40 días. Todo el presupuesto previsto en el FONDEF para modernizar el aparato militar ($72.000 mil millones) se imprime cada 6 días y medio". "El Gobierno acelera de forma descontrolada la inflación mientras que deja sin recursos a quienes custodian la soberanía del país", criticaron.
Los diputados de Juntos por el Cambio expresaron que "esta escasa asignación presupuestaria puesta en el ejercicio fiscal 2022 refleja una vez más la brecha entre una narrativa oficial marcada por el 'soberanismo' y una realidad en la cual las Fuerzas Armadas siguen siendo la variable de ajuste".
"Los recursos del FONDEF deben ser realmente independientes de los que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto Nacional, y deben ser aplicados específicamente para la recuperación, modernización y/o incorporación de nuevos materiales para las Fuerzas y no permitir el uso de fondos para compras corrientes como el caso de la compra de uniformes o mantenimiento", sostuvieron.
En el final, alertaron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la página 34 del proyecto de Presupuesto 2022 subrayó: "Se presentan a continuación distintos escenarios de reducción del gasto primario necesarios para hacer frente al pago al Fondo Monetario Internacional de US$20.000 millones en 2022 producto de la deuda insostenible contraída por la administración anterior".
Y esto implicaría "postergar prioridades de política" tales como "paralizar la obra pública de sectores de la economía claves para la recuperación, en simultáneo con un incremento tarifario incluso más elevado que el efectuado por la gestión anterior. A su vez, se suspenderían leyes determinantes para el desarrollo de ciertos sectores como la Ley de Financiamiento Educativo Ley N°26.075, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación N°27.614 y la creación del FONDEF Ley N°27.565".
"Auspiciamos el diálogo para mejorar el Presupuesto 2022, que esperamos y promovemos un debate profundo, claro y preciso para robustecer el presupuesto y potenciar la capacidad que tendrá el instrumento militar para proteger la soberanía nacional, en el presente y a futuro; y el mayor riesgo que tendrá el personal militar al operar en estas condiciones", concluyeron los legisladores de la oposición.
Por unanimidad, la Cámara alta aprobó los 180 pliegos de ascensos de personal de las Fuerzas Armadas.
El Senado aprobó este jueves los pliegos con ascensos de 180 miembros de las Fuerzas Armadas, propuestos por el Poder Ejecutivo, durante una nueva sesión con presencialidad plena.
Por unanimidad, la Cámara alta aprobó por 53 votos a favor, los 180 pliegos de ascensos de personal de las Fuerzas Armadas.
En una breve exposición, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), quien fue la miembro informante, sostuvo que “no hay objeción de los pliegos por parte del oficialismo ni de la oposición”.
En ese sentido, resaltó que esta “faceta del Senado es muy importante que tiene en la Comisión de Acuerdo de aprobar pliegos de jueces, embajadores y personal de servicio de la fuerzas armadas y por eso lo hacemos con mucha responsabilidad”.
A su turno, el senador cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) también resaltó esa función del Senado y adelantó el apoyo del bloque opositor, aunque precisó que en el pliego 457/21 iba a votar en contra.
Los órdenes del día 455 al 463/21 se votaron de forma conjunta en una votación que obtuvo 53 votos a favor.
Los dictámenes con los ascensos fueron firmados el 21 de octubre en una reunión de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside la senadora mendocina del FdT.
En tres mensajes enviados al Senado, el Poder Ejecutivo había propuesto en abril pasado el ascenso al grado inmediato superior al personal militar superior del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.
También se promueven los ascensos a los grados inmediatos superiores fueron los de la Capitán de Fragata Mónica García, el capitán de fragata Patricio Garrahan, el general de división Juan Paleo, y el brigadier mayor Xavier Isaac.
Además, se incluyó al general de división Agustín Cejas y al vicealmirante Julio Guardia.
El Poder Ejecutivo había propuesto en abril pasado el ascenso al grado inmediato superior al personal militar superior del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. El Senado le dará el visto bueno.
El Senado tratará este jueves los pliegos con ascensos de 180 miembros de las Fuerzas Armadas, propuestos por el Poder Ejecutivo, durante una nueva sesión con presencialidad plena.
Los dictámenes con los ascensos fueron firmados el 21 de octubre en una reunión de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).
En tres mensajes enviados al Senado, el Poder Ejecutivo había propuesto en abril pasado el ascenso al grado inmediato superior al personal militar superior del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.
También se promueven los ascensos a los grados inmediatos superiores fueron los de la Capitán de Fragata Mónica García, el capitán de fragata Patricio Garrahan, el general de división Juan Paleo, y el brigadier mayor Xavier Isaac.
Además se incluyó al general de división Agustín Cejas y al vicealmirante Julio Guardia.
Además analizaron los puntos más salientes de los acuerdos firmados en el Consejo de Seguridad Interior de Tucumán.
Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) –la bancada conducida por Claudio Ferreño- se reunieron con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para analizar el rol de las Fuerzas Federales en la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y debatir acerca de acuerdos a los que suscribió el distrito capitalino.
Es así que también dialogaron acerca de los puntos más salientes de los acuerdos firmados en el Consejo de Seguridad Interior de Tucumán, mediante los cuales la Ciudad complementará el cumplimiento del compromiso asumido en las tareas de seguridad, tomando posesión de los barrios del distrito en los cuales Prefectura Naval y Gendarmería Nacional realizan dichas tareas.
Tras firmar el acuerdo en el Consejo de febrero de 2020, se iniciaron las conversaciones entre Frederic y el vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, para cumplimentar lo establecido: desde el pasado 1° de marzo se debía iniciar la salida de la Prefectura de Puerto Madero.
Luego, y como parte del mismo compromiso firmado por el Gobierno porteño en dicho Consejo, se continuó con la transferencia de la seguridad en los Barrios 21-24 y Zavaleta, tarea que también desarrollaba la PNA. En este momento, entonces, el único sitio dentro de la CABA que cuenta con presencia permanente de trabajadoras y trabajadores de las Fuerzas Federales es el Barrio 1-11-14, donde la Gendarmería Nacional permanecerá desarrollando trabajos de prevención del delito hasta tanto la Ciudad solicite la toma de funciones definitivas sobre el lugar.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Ferreño, María Rosa Muiños, Javier Andrade, Victoria Montenegro y Claudia Neira (FdT); contó también con la presencia de los secretarios de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villlalba, y de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks; y la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa de este Ministerio, Silvia La Ruffa.
El proyecto busca darle rango de ley a los predios administrados por el Ministerio de Defensa y las FFAA, con el objetivo de garantizar los adiestramientos preservando el medioambiente.
En coincidencia con el Día Mundial de la Tierra, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó este jueves a favor de un proyecto consensuado que busca jerarquizar las Reservas Naturales de la Defensa, otorgándoles rango de ley.
La iniciativa ya contaba con dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y de Defensa Nacional, por lo que quedó en condiciones de ser tratada en el recinto en la próxima sesión.
El texto final fue el fruto de la unificación de propuestas de los diputados oficialistas Germán Martínez y Eduardo Fernández, y de Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica).
“Estamos tratando de darle a las Reservas Naturales de la Defensa, que ya existen en Argentina, una jerarquía en términos legislativos que hasta ahora no tienen”, explicó Martínez.
El legislador puntualizó que se trata de “predios que están asignados en uso y administración al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y algunos organismos descentralizados, que tienen un significado especial desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, del patrimonio cultural y natural de la Nación, y por lo tanto, merecen ser considerados como Reservas Naturales de la Defensa”.
Martínez informó que desde 2007 existe un Convenio Marco de Cooperación, suscripto entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales, del cual surgieron las 14 Reservas hoy existentes, que ahora tendrán rango de ley.
El proyecto establece que la declaración de un predio como Reserva no afectará los adiestramientos de defensa que se realicen allí.
A su vez, se prohíben actividades que alteren el medioambiente, como la explotación agropecuaria, forestal y minera, la caza, la pesca, y la instalación de industrias (sean o no contaminantes).
Por último, se crea en el ámbito del Ministerio de Defensa un Comité Ejecutivo, y por cada Reserva un Comité Local, para monitorear el cumplimiento de la ley.
• Punta Buenos Aires (Chubut)
• Puerto Península (Misiones)
• Campo Mar Chiquita-Dragones de Malvinas (Buenos Aires)
• Baterías-Charles Darwin (Buenos Aires)
• La Calera (Córdoba)
• Ascochinga (Córdoba)
• Campo Garabato (Santa Fe)
• Isla El Tala (Santa Fe)
• Quebrada del Portugués-Estancia El Mollar (Tucumán)
• Uspallata (Mendoza)
• Isla Martín Fierro (Entre Ríos)
• Faro Querandí (Buenos Aires)
• Manantiales (San Juan)
• Faro Punta Delgada (Chubut)
En una reunión informativa de la Comisión de Defensa Nacional de Diputados se debatieron proyectos para darle un marco legal a estas áreas.
Funcionarios nacionales respaldaron este miércoles, en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que busca darle un marco de protección a las Reservas Naturales de la Defensa, administradas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
Se trata de una iniciativa unificada entre propuestas de tres diputados que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales y que ahora deberá ser avalada tanto en Defensa Nacional como en Presupuesto y Hacienda.
Pablo Serenelli, director de Inmuebles y Reservas Naturales del Ministerio de Defensa, explicó que desde 2007 las Reservas se enmarcan en un Convenio Marco de Cooperación, suscripto entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales.
Por eso, el funcionario consideró que “es importante darle mayor jerarquía a la normativa que las avala”.
Además, aclaró que “nunca la creación de una Reserva Natural de la Defensa afectó a actividades militares que luego se debían desarrollar en esos predios”, y adelantó que trabajan en “un listado enorme para incorporar nuevos predios si la ley prospera”.
En la misma línea, Eugenio Magliocca, director de Parques Nacionales, resaltó “la importancia del fortalecimiento de este convenio que ya lleva 14 años”.
“Hay una necesidad de conformar nuevas Reservas y que esto sea por ley. Nos da un paraguas importantísimo al desarrollo de parques nacionales en conjunto con las Fuerzas y el Ministerio de Defensa”, agregó.
Asimismo, Magliocca señaló que “se están agregando 700.000 hectáreas al sistema de áreas protegidas, con lo cual es un hecho muy importante a la hora de cumplir con los compromisos internacionales”.
Luego destacó los altos valores de conservación de los predios militares y el “trabajo interrelacionado de las Fuerzas con nuestros biólogos y guardaparques en representación de las ecoregiones desde Misiones hasta Chubut”.
Los proyectos analizados fueron presentados por los diputados del Frente de Todos Germán Martínez y Eduardo Fernández, y Héctor “Toty” Flores por la Coalición Cívica.
En el marco del debate sobre el impuesto que propone el Poder Ejecutivo, desde el Pro sugieren un beneficio especial para un sector habitualmente postergado.
El presidente del bloque de diputados nacionales de Pro, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley que propone la exención en el pago del impuesto a las ganancias a policías, prefectos, gendarmes y militares, como así también a profesionales que revisten en alguna fuerza armada o de seguridad.
La iniciativa parlamentaria plantea incorporar un nuevo inciso al artículo 26 de la ley del impuesto a las ganancias, cuyo texto especifica la exención de pago a “los profesionales y personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tanto sean estas federales como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Los fundamentos del proyecto subrayan el papel solidario desempeñado por las fuerzas armadas y de seguridad durante la cuarentena y hacen hincapié en la necesidad de una compensación en los ingresos que son afectados por el impuesto a las ganancias que crea distorsiones en la escala salarial.
En ese sentido, Ritondo destacó que “los hombres y mujeres de las fuerzas armadas y de seguridad merecen un reconocimiento económico por todo lo que hacen en la pandemia, arriesgando su vida para protegernos en cualquier parte del país y en cualquier momento del día”.
“Las Fuerzas Armadas han hecho un despliegue superior al de la guerra de Malvinas con 40.000 tareas realizadas, entre las que se incluyen más de 450 tareas de ampliación de la infraestructura sanitaria, más de 6000 tareas de apoyo sanitario, distribución de alimentos y raciones”, agregó.
“En tanto que las fuerzas de seguridad son un activo fundamental en la lucha contra el crimen organizado, en la prevención del delito y en la fiscalización del espacio público” concluyó el titular de la bancada republicana.
Acompañaron con su firma este proyecto de ley los legisladores Cristian Ritondo, Alicia Fregonese, Graciela Ocaña, Mercedes Joury, María Lujan Rey, Dina Rezinovsky, Adriana Cáceres, Hernán Berisso, Alberto Asseff, Héctor Stefani, Soher El Sukaria, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Alejandro García y Ezequiel Fernández Langan.
El legislador de JxC se refirió al proyecto del gobierno uruguayo, y consideró que “si permitimos que realicen este proyecto en soledad sería el fin de nuestro control en el Río de la Plata”.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió la construcción de una isla artificial proyectada por el Uruguay y a la reforma de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Respecto a la construcción de la isla señaló que será de soberanía uruguaya, pero advirtió que estaría en jurisdicción compartida por el tratado del Río de la Plata firmado en 1973.
Dicho tratado dice que cualquier obra importante debe ser con la anuencia de los dos países consoberanos del Río de la Plata.
La isla tendrá un puerto de aguas profundas, porque al estar en la boca de entrada del Río de la Plata da de cara al Atlántico Sur sería el puerto de ultramar de la Cuenca del Plata, no de Montevideo, no del Uruguay; sino de toda la Cuenca del Plata. “Entonces yo pregunto si la Cancillería Argentina sabe de este proyecto”, consideró el diputado Asseff, en diálogo con Jorge Ferrari para su programa Jacke Mate por el canal 520 de Flow.
Por otra parte, sostuvo que “nuestro país debería tomar participación en el proyecto y convertir dicho puerto en el puerto no sólo de Argentina o Uruguay, sino de toda la cuenca, e incluir a Bolivia, a Paraguay y Brasil con la región del Mato Grosso que puede convertirse en un proyecto de integración regional”.
“Si permitimos que Uruguay realice este proyecto en soledad sería el fin de nuestro control en el Río de la Plata. Nosotros necesitamos un puerto de aguas profundas del Plata, y como es muy costoso la solución es hacer una integración real con los uruguayos”, agregó el presidente del Partido Unir.
Y concluyó: “Argentina puede duplicar la producción cerealera en cinco o diez años y eso implica que vamos a necesitar cada vez más trasporte fluvial y marítimo y mejores instalaciones portuarias, además de embarcaciones de mayor calado de lo que lo que permiten nuestros puertos actuales. Entonces se puede unir el complejo portuario del litoral con el puerto de aguas profundas”.
Respecto a la reorganización administrativa de las Fuerzas Armadas, el diputado lamentó que la reestructuración del estatuto de las Fuerzas Armadas no ha tenido avances en el Congreso de la Nación. “Argentina hoy no tiene capacidad operativa en lo que respecta a la aviación o los submarinos”, indicó.
“Teniendo el mar que tenemos es necesario contar con un plan para dotarnos de submarinos. Produce vergüenza que no sepamos defender nuestros intereses más básicos”, manifestó en este sentido.
Sobre la aviación, Asseff adelantó que el Gobierno habla de traer aviones MIG rusos y acotó que parece “que se está dando un giro muy grande con respecto a lo que se viene trabajando desde hace 40 o 50 años con los caza bombarderos”. Además, agregó que “para realizar este cambio debe haber una justificación”.
“Sobre todo esto el Ministerio de Defensa no habla, no existe un plan al respecto y eso es lo que uno vive en la Comisión de Defensa en el Congreso de la Nación”, cerró el diputado.
La situación provoca un daño económico grave debido a la inflación, sostuvo el diputado nacional Alberto Asseff.
El diputado nacional Alberto Asseff, del bloque Juntos por el Cambio y presidente del partido UNIR, junto a los diputados Alfredo Schiavoni, Martín Grande, Gerardo Cipollini, Omar de Marchi, Jorge Enriquez, Juan Aicega, Julio Sahad y Jorge Vara, pide al Gobierno que informe los motivos y estimaciones por las cuales no han sido considerados los ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, cuya promoción está hace más de diez meses. Provocando con ello un perjuicio al funcionamiento de dichas instituciones y al personal de las mismas. Asimismo, Asseff exhorta a la Cámara de Senadores de la Nación el tratamiento de dichos ascensos.
El diputado de JxC pide información sobre si las propuestas de ascensos de oficiales en el grado de teniente coronel, coronel, general de brigada y general de división (y sus equivalentes para la Armada Argentina y la Fuerza Aérea), elevadas por las respectivas fuerzas al Ministerio de Defensa, entre el 4 y el 10 de octubre del año 2019, según lo establecido en la Resolución Ministerial Nro. 382/10 Art(s) 1ro g) y 3ro, fueron tramitadas en tiempo y forma para su consideración y acuerdo por el Senado de la Nación.
Asseff quiere saber si existen causas para postergar todos los ascensos del personal militar, y cuáles son esas razones. El presidente de UNIR lamenta que “la demora en las promociones produce en los miembros de las Fuerzas una innecesaria incertidumbre profesional, personal y familiar, que se traduce en: dudas sobre los traslados, indecisiones sobre los puestos y cargos a ocupar, y genera en las familias problemas legales e, incluso, problemas no previsibles de salud”.
Por último, Asseff repara en “el problema económico particular que genera en el personal dichas demoras, lo que es también un punto a tener en cuenta”. Al respecto, el diputado de Juntos por el Cambio señala que “dificulta e impide el acceso a créditos hipotecarios y/o préstamos bancarios”, y agrega que existe una “afectación económica que sufrirá inevitablemente el personal -que ya está cumpliendo un cargo y función de mayor responsabilidad-, a causa de que el retroactivo que percibirá, habrá perdido gran parte de su valor debido a la inflación”.
Se trata de 17 ejercicios militares combinados a realizarse entre el 1ro. de septiembre de este año y el 31 de agosto de 2021.
La Cámara baja aprobó este miércoles el proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2021.
La iniciativa, que fue convertida en ley, recibió 243 afirmativos, dos negativos, de Nicolás Del Caño y Romina Del Plá (Frente de Izquierda) y dos abstenciones, de Alcira Figueroa (recientemente incorporada a la cámara) y José Luis Martiarena (Frente de Todos).
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Fernández (UCR) aseguró que “los 17 ejercicios militares de los cuales participará Argentina hacen a la formación de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas”.
“Los ejercicios tienen que ver con la interacción y la integración con las Fuerzas Armadas de otros países, por lo cual se basa el desarrollo de la confianza mutua”, agregó el legislador radical.
Fernández destacó distintos ejercicios a realizar, como el que se desarrollará en la hídrovia del Río Paraná o el Operativo Integración, que busca la integración naval con países de la región.
“Estos ejercicios son la esencia que le permite a hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas acceder a tecnología de otro nivel, generar interoperatividad y mejorar las condiciones para cumplir la misión principal que tiene el instrumento militar”, finalizó Fernández.
La primera norma apunta a aumentar las multas por la pesca ilegal, mientras que la segunda tiene como objetivo reequiparar a las Fuerzas Armadas. Ambas fueron sancionadas por el Senado hace dos semanas.
El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley 27.564 de Régimen Federal de Pesca, mediante la cual se aumentan las multas para quienes realicen esta actividad ilegalmente.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, modificó artículos de la Ley 24.922, de 1998, con el fin de indicar los nuevos montos y la forma en que se medirán.
De esta manera, se establecen las Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil. “La autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”, señala.
Además, "las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”.
La multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, prevé la Ley.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la nueva norma incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
Por otra parte, se publicó también este jueves en el Boletín Oficial la Ley 27.565 que crea el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), con el objetivo de reequiparar a las Fuerzas Armadas mediante la recuperación, modernización y/o incorporación de material.
En tanto, para el destino de los recursos deberán tenerse en cuenta los criterios de: favorecer la sustitución de las importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; incrementar las acciones de investigación y desarrollo en los sectores público y privado; y mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.
El FONDEF estará integrado con las partidas presupuestarias de 0,35% para el 2020; el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el 2022; y el 0,8% para el 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.
El aporte al Fondo será independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto Nacional.
También, estará conformado con los aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, como así también otras fuentes de financiamiento de origen nacional e internacional; y con las donaciones, legados y/o herencias que se efectuaren en su favor.
La Ley prevé que el FONDEF deberá ejecutarse anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente disponerse hasta un 10% en concepto de remanente no atribuido al objeto de la norma. En este supuesto, el remanente será imputado al ejercicio siguiente.
Por otra parte, las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso serán competentes para intervenir en el seguimiento del proceso de reequipamiento de las FF.AA. llevado a cabo a través del FONDEF. A tal efecto se les asigna una serie de funciones como recibir el plan anual de inversiones, recibir informes semestrales, requerir informes al Ministerio de Defensa, verificar la ejecución presupuestaria de los recursos mencionados y formular observaciones y sugerencias.
En la sesión de este miércoles, la Cámara alta aprobó por unanimidad la iniciativa que había sido impulsada el año pasado por el entonces diputado Agustín Rossi, hoy ministro del área. Los detalles de la norma.
La Cámara alta sancionó este jueves la ley que establece la creación de un Fondo Nacional de la Defensa, cuyo objetivo es reequiparar a las Fuerzas Armadas. El proyecto se aprobó por unanimidad con 41 votos positivos y ninguno negativo.
La iniciativa había sido impulsada el año pasado por el entonces jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, hoy a cargo del Ministerio de Defensa, cartera que será la autoridad de aplicación de la norma.
Miembro informante, la chubutense Nancy González señaló que las FF.AA. "durante 40 años han sido relegadas por situaciones del país que han sido muchos más apremiantes". Y destacó el "apoyo unánime" que recibió el proyecto en la Cámara de Diputados y en comisión hace días atrás, aunque la oposición se encontró ausente en la votación.
"El Ministerio de Defensa cuenta con material obsoleto, hay aviones prácticamente que son imposibles de volar, una flota naval totalmente disminuida…entonces, la verdad que reequipar a nuestras Fuerzas Armadas nos tiene que enorgullecer", sostuvo.
La titular de la Comisión de Defensa Nacional detalló que "el principal financiamiento viene del Presupuesto Nacional, pero también está contemplado que puedan hacer aportes personas humanas o jurídicas; y las donaciones, legados o herencias".
"La administración de este Fondo está exclusivamente bajo la órbita del Ministerio de Defensa", indicó, sin embargo destacó el "control" que realizarán las comisiones competentes del Congreso.
La oficialista resaltó: "Nuestras Fuerzas Armadas, más allá de cuidar nuestras fronteras, salen a otros países a hacer ejercicios militares. Si queremos que esas salidas sean fructíferas tenemos que dotarlas de todo el material con la mayor modernización".
En tanto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, ponderó que los recursos "se van ampliando en un porcentaje en los presupuestos futuros" y aunque la cifra parezca "insignificante" en realidad "para el sector es enormemente significativo". En ese sentido, el cordobés informó que para 2021 se estima un 0,5%, lo que "sería alrededor de 30 mil millones de pesos".
Además, el legislador consideró que la ley "da un nuevo horizonte para las FF.AA., pero fundamentalmente para la industria nacional, para la industria de la defensa". Y celebró que "cuando estas empresas se vayan recuperando, también se van a ir recuperando a los trabajadores despedidos".
También desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli ponderó que las FF.AA. "van a tener importantes recursos anuales" y cuestionó a la gestión anterior porque "malgastaron" las inversiones para el área.
Entre varios números que repasó, el neuquino dijo que "en el 2016 el (ex)presidente (Mauricio Macri) alquiló a Estados Unidos dos aviones de adiestramiento" y "se gastaron 160 millones de dólares" para "suplantar a los aviones Pampa que son de producción nacional". "Fue una pésima inversión", opinó y añadió: "La política que ellos llevaron adelante nada tiene que ver con lo que se plantea en este proyecto".
Durante el debate, el rionegrino Alberto Weretilneck celebró que este Fondo no es solo para reequiparar a las FF.AA., sino también "es el financiamiento para que nuestro país tenga la tecnología no solo para defendernos, sino para poder generar después actividad económica, empleo y riqueza".
"Esta ley tiene una profundidad enorme", expresó y aseveró: "Esto no es para salir a comprar a terceros países productos terminados, sino para que el país pueda tener su propia tecnología de defensa y que el día de mañana podamos decir que estamos exportando, que estamos vendiendo y que la tecnología argentina forma parte de lo que se utiliza en otros países del mundo".
Qué establece la ley
La norma establece que los recursos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) serán afectados específicamente a la recuperación, modernización y/o incorporación de material.
En tanto, para el destino de los recursos deberán tenerse en cuenta los criterios de: favorecer la sustitución de las importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; incrementar las acciones de investigación y desarrollo en los sectores público y privado; y mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.
El FONDEF estará integrado con las partidas presupuestarias de 0,35% para el 2020; el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el 2022; y el 0,8% para el 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.
El aporte al Fondo será independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto Nacional.
También, estará conformado con los aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, como así también otras fuentes de financiamiento de origen nacional e internacional; y con las donaciones, legados y/o herencias que se efectuaren en su favor.
La ley prevé que el FONDEF deberá ejecutarse anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente disponerse hasta un 10% en concepto de remanente no atribuido al objeto de la norma. En este supuesto, el remanente será imputado al ejercicio siguiente.
Por otra parte, las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso serán competentes para intervenir en el seguimiento del proceso de reequipamiento de las FF.AA. llevado a cabo a través del FONDEF. A tal efecto se les asigna una serie de funciones como recibir el plan anual de inversiones, recibir informes semestrales, requerir informes al Ministerio de Defensa, verificar la ejecución presupuestaria de los recursos mencionados y formular observaciones y sugerencias.
Obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones un proyecto impulsado por Agustín Rossi para crear un “Fondo Nacional de la Defensa”. Apoyo de la oposición.
Las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminaron este lunes a favor de un proyecto de ley que busca crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Se trata de una iniciativa que fue presentada por el entonces diputado Agustín Rossi antes de asumir como ministro del área, y cuenta con media sanción de la Cámara baja desde noviembre pasado.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, adelantó durante el debate que el proyecto será tratado sobre tablas en la sesión prevista para este miércoles.
La titular de la Comisión de Defensa, Nancy González (Frente de Todos) explicó que se busca impulsar “la industrialización nacional” y “la reactivación de la mano de obra argentina”, y destacó que durante la pandemia las FFAA tuvieron “más de 10.000 actuaciones”.
El proyecto establece que “los recursos del FONDEF serán afectados específicamente a la recuperación, modernización y/o incorporación de material de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 24.948”.
Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto, puntualizó que el FONDEF se compondrá de un porcentaje gradual del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional: el 0,35% en 2020, el 0,5% en 2021, el 0,65% en 2022 y finalmente el 0,8% en el año 2023 y subsiguientes.
También podrá recibir aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, como así también donaciones y “otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional”.
El senador Jorge Taiana (Frente de Todos) admitió que “las FFAA tienen un problema de equipamiento muy serio”, con “aviones prácticamente sin capacidad de vuelo”, “una flota naval muy disminuida” y “una situación muy compleja” en el Ejército.
Desde Juntos por el Cambio, Julio Cobos, Julio Martínez y Ernesto Martínez expresaron su respaldo al proyecto.
“Urge votarlo porque sobreviene la discusión sobre el Presupuesto Nacional”, señaló Ernesto Martínez (Pro), y agregó que el porcentaje otorgado anualmente a las FFAA es “de los más bajos de la región”, por lo que esta ley “viene a corregir un poco la situación”.
Julio Martínez, exministro de Defensa, expresó que “ojalá podamos construir una cuestión de Estado” con este tema, y si bien consideró que el texto “es perfectible”, aseguró que no pondrán obstáculos para evitar que el debate regrese a Diputados.
Además, Martínez destacó que las FFAA “hoy están haciendo la movilización más grande de la historia en época de paz” con tareas de asistencia frente a la pandemia, las cuales están permitidas por ley.
Según el proyecto, el Ministerio de Defensa deberá informar semestralmente a las comisiones de Defensa Nacional de ambas cámaras sobre la ejecución del FONDEF.
El presidente y el vice de la Comisión de Defensa consideraron que Alberto Fernández realizó definiciones importantes para las Fuerzas Armadas”.
Tras la realización del Encuentro de Camaradería de las Fuerzas Armadas –realizado este miércoles en la sede del Ministerio de Defensa de la Nación–, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Carlos Fernández (UCR-Juntos por el Cambio) y el vicepresidente de la misma, Germán Martínez (Frente de Todos), manifestaron su apoyo a los conceptos y definiciones vertidos por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
“Las definiciones del presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas son importantes. Celebramos que haya puesto en relieve la tarea que los militares están realizando desde el comienzo de la pandemia, que se haya manifestado a favor del Fondo para la Defensa Nacional que está analizándose en el Senado y el anuncio de la regularización del 100% de los haberes del personal militar, hoy afectado por suplementos y complementos no remunerativos”, dijeron las autoridades de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja.
Los diputados destacaron además que “la tarea que están realizando las Fuerzas Armadas durante la pandemia es enorme y muy valorada por la sociedad argentina, a lo largo y ancho del país. Es muy importante que el presidente haya reivindicado y agradecido esa labor en favor del pueblo argentinos”.
“El presidente expresó su vocación por avanzar en un plan de equipamiento de las Fuerzas Armadas”, manifestaron Carlos Fernández y Germán Martínez. “Las inversiones que necesitan las fuerzas armadas trascienden una gestión de gobierno. Por eso estamos convencidos de que es muy importante que el Senado de la Nación avance con la sanción del Fondo para la Defensa Nacional (FONDEF) y darle previsibilidad en el tiempo a las inversiones que se requieren realizar para contar con un equipamiento acorde a la tarea que realizan las fuerzas armadas”, señalaron.
Finalmente, los legisladores manifestaron su apoyo a la decisión del Presidente de la Nación de avanzar en la regularización del 100 % de los haberes del personal militar. “Es correcto que demos este paso y terminemos definitivamente con la existencia de suplementos no remunerativos que complicaban el haber del personal activo y las jubilaciones del personal retirado”, señalaron. “La decisión del Presidente Alberto Fernández culmina un proceso de ordenamiento salarial que incluyó las gestiones de los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”, finalizaron a través de un comunicado.
Integrantes opositores de la Comisión de Defensa criticaron la derogación que el Gobierno nacional hizo de la reforma que había impulsado Mauricio Macri, y afirmaron que con la decisión "atrasan 40 años".
Los diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el radical Carlos Fernández, expresaron su rechazo a la derogación que el Gobierno nacional hizo de dos decretos, firmados durante la gestión de Mauricio Macri, sobre las facultades de las Fuerzas Armadas y consideraron que con esta decisión "atrasan 40 años".
"El decreto 571/20 que deroga las Directivas de Política de Defensa Nacional, genera una situación que atrasa, nos lleva en el marco normativo 14 años hacia atrás, agravando lo que ya de por sí era una interpretación errónea que avanzaba por sobre la Ley de Defensa 23.554, autolimitando el empleo legítimo del derecho de todo Estado a la Defensa", señalaron.
Mediante un comunicado, los legisladores cuestionaron "la existencia de agresiones de origen externo, por parte de potencias extranjeras es un escenario de aparición improbable, por las decisiones de política exterior adoptadas por la Argentina, no existiendo hipótesis de conflicto con los países vecinos".
"La tajante separación existente en nuestro marco normativo entre defensa y seguridad interior es el producto de un contexto nacional y latinoamericano propio de la situación imperante hace 40 años. Esa mirada no se comparte hoy en el mundo", consideraron.
Además, los opositores expresaron que les parece "racional generar una mirada más abarcativa de las eventuales agresiones que pudiera recibir nuestro país, que tenga en cuenta la naturaleza y dimensión de estas, más que la ubicación geográfica y la naturaleza jurídica del agresor".
"Los cambios tecnológicos en el mundo generan la aparición del ciberespacio como una nueva dimensión de la defensa que debe ser tomada en cuenta", advirtieron.
Para los diputados de JxC "no resulta conveniente evitar una profunda mirada sobre lo que sucede en nuestro entorno inmediato. La situación provocada por el régimen de (Nicolás) Maduro en lo político, social y económico, más las gravísimas violaciones a los derechos humanos y la generación de tensiones con países limítrofes tienen un potencial efecto desestabilizante en la región que no se puede desconocer".
"Consideramos que la decisión adoptada, fuera de contexto, tiene una mirada distinta a la que sostenemos, resulta poco pragmática y un retroceso al pasado que no privilegia los intereses estratégicos de nuestro país", sintetizaron.
Finalmente, instaron a "generar espacios que permitan reflexionar en conjunto para evitar estas decisiones unilaterales, que contradicen los dichos de generar una política de Estado en los temas de Defensa Nacional".
"El futuro debiera ser una construcción conjunta, en donde el instrumento militar y sus funciones y las políticas que hacen a la protección de los argentinos y sus intereses estratégicos debiera ser una visión compartida y de largo plazo", completaron.
El comunicado fue firmado por Carlos Fernández, Alberto Asseff, Juan Aicega, Hernán Berisso, Gonzalo Del Cerro, Federico Frigerio, Dolores Martínez, Martín Medina, Julio Sahad, Sebastián Salvador, Jorge Alberto Vara, Luis Juez y Mariana Stilman.
Fue en una reunión informativa de la Comisión de Defensa. En 80 días de operaciones, se realizaron casi 7.800 tareas orientadas a la protección civil.
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados realizó este lunes una reunión informativa por videoconferencia sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco del operativo “General Manuel Belgrano”, relacionado con el Covid-19.
El encuentro, presidido por el diputado Carlos Fernández (UCR), fue encabezado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien dio paso a la exposición del comandante operacional general de brigada Deimundo Escobal.
Escobal explicó que el Operativo Belgrano consiste en un plan de operaciones amparado en la Ley de Defensa Nacional, que tiene distintas misiones de protección civil, entre ellas “brindar apoyo al sistema de salud de la Nación”.
Según precisó, en 80 días de operaciones se realizaron 7.785 tareas con una dotación de 61.598 personas y 8.905 vehículos.
El funcionario señaló que se montaron en todo el país “14 comandos conjuntos de zona de emergencia” donde se asentaron militares de todas las Fuerzas, que trabajan a requerimiento del presidente de la Nación, del Ministerio de Defensa, gobernadores y en algunos casos, intendentes.
Las tareas realizadas fueron de asesoramiento y consultoría; repatriación aérea de argentinos en el exterior y también de varados en el interior del país; ampliación de infraestructura hospitalaria; tareas logísticas especiales; y distribución de alimentos.
Al detallar algunas de estas actividades, Escobal mencionó que el laboratorio del Estado Mayor Conjunto se puso a disposición para la fabricación de alcohol en gel; y en la sastrería del Ejército se confeccionaron barbijos y camisolines.
Por otra parte, se acordó que “las unidades militares no puedan albergar a gente enferma” de Covid-19.
“No afectar las instalaciones militares fue un factor de éxito, para que ninguno de los 80.000 militares esté afectado” por el virus, dijo Escobal, y agregó que en este operativo se decidió “acortar la cadena de comando” por la situación de emergencia sanitaria.
El proyecto del jefe del bloque Pro exime a estos trabajadores del impuesto a las Ganancias, les otorga un adicional del 20% y garantiza la gratuidad en el transporte, entre otras medidas.
El presidente del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley para crear un “programa especial” que beneficie a personal de la salud tanto pública como privada, de las Fuerzas Armadas y de seguridad, mientras dure el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.
Entre los beneficios, se promueve eximir el pago del impuesto a las Ganancias, un pago adicional no remunerativo del 20%, una pensión vitalicia para los familiares de los que fallezcan y la gratuidad del transporte público.
“El objetivo de este programa especial es asistir a quienes están en la primera línea de combate contra el coronavirus y también a sus familias en los casos extremos que se produzcan. Se trata de un justo reconocimiento a los hombres y mujeres que todos los días ponen en riesgo su salud y su vida en beneficio de la sociedad”, expresó Ritondo.
Y agregó: “Más allá de los beneficios materiales del programa que impulsamos, queremos que el personal de la salud, de las Fuerzas Armadas y de seguridad reciba la solidaridad del Estado en esta emergencia y la gratitud de la sociedad por la inmensa tarea que están realizando”.
La iniciativa, denominada “Programa Especial de Asistencia al Personal de la Salud, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ante la pandemia de Coronavirus Covid-19”, exime a los beneficiarios del pago del impuesto a las Ganancias para aquellos que trabajen en zonas desfavorables.
El resto de los empleados estarán eximidos del tributo sobre los pagos de horas extras y guardias obligatorias. Además, se prevé el pago de un adicional no remunerativo equivalente al 20% del salario bruto de los trabajadores, que tampoco pagará Ganancias.
En el caso del personal que hubiera fallecido por contraer la Covid-19 prestando servicios, Ritondo propone la asignación de una pensión vitalicia equivalente a dos jubilaciones mínimas y con actualizaciones por movilidad a ser percibida por el cónyuge o sus hijos menores.
Por último, la iniciativa propicia la gratuidad del boleto de transporte público en trenes, colectivos y subtes de jurisdicción nacional.
El ministro de Defensa expuso, por videoconferencia, ante la comisión homónima del Senado. Informó que se han realizado más de dos mil tareas de asistencia humanitaria en todo el país y que hay más de tres mil médicos y enfermeros militares.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que a raíz de la pandemia del coronavirus, las Fuerzas Armadas están realizando "el despliegue operativo más importante en democracia o, si se quiere, desde la Guerra de Malvinas".
Al exponer ante la comisión homónima del Senado, que se constituyó minutos antes y fue ungida presidenta la chubutense Nancy González (Frente de Todos), el funcionario informó que las FF.AA. ya han realizado en todo el país 2.008 tareas de asistencia humanitaria.
En su exposición, el titular de la cartera de Defensa señaló que las operaciones se realizaron en el marco de las normas preexistentes -Ley de Defensa Nacional y Ley de Seguridad Interior- y del DNU que estableció la emergencia sanitaria por el Covid-19. En ese sentido, agregó que el Ministerio dictó diferentes resoluciones, incluso desde antes que se diera el primer caso de la enfermedad en el país.
Entre las medidas adoptadas, Rossi enumeró que en febrero se aplicaron medidas de prevención en las bases antárticas argentinas ante el desembarco de buques de China; en marzo se crearon un comité de riesgo sanitario y otro de emergencia; y en abril se creó una "comisión de seguimiento de donaciones, contrataciones y adquisiciones en emergencia".
Sobre esto último, ponderó que se trata de una comisión "innovadora" dentro del Ministerio, conformada por "las áreas que tienen que comprar y también las áreas de transparencia", que ya ha elaborado "un protocolo de cómo se trabaja en las donaciones que hemos estado recibiendo y una norma de buenas prácticas".
El ministro detalló que en todo el territorio nacional hay 14 comandos de emergencia, que articulan "con las autoridades, gobernadores o intendentes, cuáles son las demandas y se ve qué capacidad tenemos para resolverla". "Nosotros no decidimos qué operación hacemos ni dónde la hacemos, nosotros actuamos a requerimiento", aclaró.
El funcionario indicó que las más de dos mil acciones que se llevaron a cabo "implican movimiento de tropas y de medios que trasladen a ese personal militar" y las tareas son "fundamentalmente humanitarias, de reparto de alimentos". También precisó que en lugares como el partido de La Matanza se cocinan las viandas, mientras que en Quilmes se distribuyen raciones ya elaboradas previamente en otro lugar, y en algunas provincias el trabajo consiste en embolsar y repartir alimentos secos. "El personal militar que participa de cada una estas acciones lo hace sin armas, va desarmado", remarcó.
En otro tramo de la reunión virtual, que se extendió por dos horas, Rossi informó que dentro de las FF.AA. "solamente hubo 19 infectados" por coronavirus, y 18 de ellos fueron en Tierra del Fuego; además de "13 casos de recuperados y 3 sospechosos". "La tranquilidad que nos genera es que ninguno de los casos han sido producto de personal en territorio, en operaciones", dijo.
Por otra parte, mencionó la labor realizada en cuanto al "fortalecimiento de los establecimientos hospitalarios, hemos aportado camas, tiendas de campaña; hemos participado de operativos de vacunación, toma de temperatura. Hemos puesto a disposición todo lo que podíamos hacer en materia de ampliar la capacidad hospitalaria".
"Tenemos 17 hospitales militares, en todos ellos hicimos una tarea de reingeniería: aumentamos espacio, recuperamos camas, instalamos mayor cantidad de camas críticas; también instalamos dos hospitales reubicables, uno en Campo de Mayo y otro en el barrio de Pompeya, al lado del Hospital Aeronáutico", destacó y reveló que "estamos montando en el Apostadero Naval, cerca de Tandanor, un centro de aislamiento y atención médica" que esperan "el 25 de mayo ya lo podamos tener funcionando".
Asimismo, el titular de la cartera de Defensa informó que dentro de las FF.AA. hay "1.354 médicos y 2.274 enfermeros militares" y dijo que entre los 17 hospitales hay "124 camas críticas de terapia intensiva, 372 intermedias y 364 camas generales".
El ministro apuntó que se han realizado 14 vuelos humanitarios, en los cuales "volvieron 1.041 argentinos". Al hacerse con el Hércules, "un avión de carga, no es un vuelo cómodo, no tiene butacas, hemos preferido ir a lugares de más corta distancia, en América Latina". Y aclaró que "los vuelos de repatriación lo decide Cancillería" y agregó que también se han usado aviones de las FF.AA. para "traslado de insumos médicos a Córdoba, Chaco, Santa Fe, Misiones, Salta y Tucumán".
En cuanto a las donaciones, el funcionario contó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha donado elementos de salud; mientras que empresas han colaborado con el Ministerio con agua, contenedores, camas, carpas, entre otros.
Sobre las relaciones con naciones vecinas, Rossi aseguró que "hay coincidencias en el trabajo de las FF.AA." de países hermanos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil que también "participan en tareas de ayuda humanitaria y fortalecen el sistema hospitalario" en sus territorios.
"Lamentablemente desde que se cayó la Unasur el multilateralismo se vio afectado", expresó al responder una consulta del neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos), pero resaltó que tiene "una muy buena relación bilateral y un muy buen nivel de diálogo" con sus pares de estos países, excepto Bolivia porque el gobierno argentino no reconoce a Jeanine Áñez.
De la videoconferencia participaron también los jefes del Estado Mayor Conjunto, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la Armada; y funcionarios del Ministerio de Defensa.
El diputado del Pro Juan Aicega presentó dos proyectos de ley que buscan reducir los costos de las FF.AA. en servicios públicos y combustible.
En el marco de la propagación del coronavirus en el país, y atento al servicio brindado por las Fuerzas Armadas en todo el territorio argentino, el diputado nacional Juan Aicega (Pro) presentó dos proyectos de ley que buscan "mitigar el presupuesto de las organizaciones otorgándoles tarifas diferenciadas en los servicios públicos y combustible".
Tomando al Ministerio de Defensa como autoridad de aplicación, el legislador propone "establecer un cuadro tarifario diferencial para los servicios de suministro eléctrico, gas natural y envasado, y agua por redes, para las instalaciones y unidades militares que las Fuerzas Armadas (Fuerza Aérea Argentina, Armada de la República Argentina y Ejército Argentino) utilizan para su habitual operación y desarrollo de todas sus tareas".
"Con esta modificación, las FF.AA. dejarán de pagar la tarifa como ´grandes consumidores´ y, a su vez, se propone encuadrarlas dentro de quienes se hacen acreedores a la tarifa social -según la escala y tarifas ya vigentes en todo el territorio nacional desde 2015-", explicó el bonaerense.
Por otro lado, a través de otra iniciativa, el macrista pide la creación de la tarifa “Defensa Nacional” para los combustibles que comercializa la empresa YPF para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
"Dicha tarifa debe ser aplicada en todas las bocas expendedoras de combustible dependientes de YPF, en todas sus formas de distribución y en todos sus tipos de servicios. También, se prevé que el Ministerio de Defensa cree un registro que tendrá como objetivo la comprobación de origen y destino para el combustible exento y que servirá a los fines de realizar el control sistemático del empleo de dicho combustible", señaló.
Aicega resaltó que "los proyectos tienen por finalidad instrumentar un sistema de ayuda y alivio al presupuesto de las Fuerzas Armadas, que tienen un rol fundamental en la presente pandemia ocasionada por el coronavirus. La situación nos llevó a repensar las herramientas que tenemos a disposición para hacer más eficiente su tarea a lo largo y ancho de nuestro extenso país”.
En este sentido, el diputado sostuvo: “Estamos convencidos que nuestra sociedad necesita más que nunca de sus Fuerzas Armadas y que las mismas puedan desarrollar su misión con altos niveles de profesionalismo y eficiencia, más aún cuando sus funciones las realizan otorgando su ayuda cerca de la gente”.
"Reducir el costo que las Fuerzas Armadas tienen en los servicios públicos y los combustibles, indefectiblemente redundará en forma directa e inmediata en el mejor funcionamiento, capacitación, educación, adiestramiento y operación de todas las FF.AA.”, finalizó el legislador de Juntos por el Cambio.
Fueron algunas de las medidas que encabezó el Ministerio de Defensa, según informó su titular en una reunión de comisión virtual.
En una nueva reunión por videoconferencia, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados escuchó un informe del ministro del área, Agustín Rossi, quien reveló que se realizaron casi 500 tareas de emergencia por el Covid-19 y que ya se fabricaron 48.000 barbijos, entre otras medidas para combatir la pandemia.
Acompañado por funcionarios de la cartera que siguieron la reunión desde distintos puntos, Rossi explicó cuál fue el trabajo realizado hasta el momento y remarcó que el presidente Alberto Fernández le ordenó que “ponga toda la capacidad del Ministerio y de las Fuerzas Armadas en particular a disposición para ayudar a que la performance del Estado sea la mejor posible”.
En primer lugar, Rossi aclaró que “la totalidad de las tareas de las Fuerzas Armadas está inscripta dentro del sistema jurídico y legal preexistente a la pandemia”, por lo que “no hubo que hacer ninguna modificación”.
Recordó que la primera resolución tomada fue el 5 de febrero y que tuvo que ver con “medidas sanitarias para las bases antárticas argentinas”, cuando “el Covid-19 solo estaba declarado en China”. “Las bases nos informaron desembarcos de buques chinos y allí aplicamos por primera vez medidas sanitarias preventivas”, repasó.
Otras de las medidas tomadas fueron la creación de un Comité de Emergencia de Defensa y una Comisión de Seguimiento de Donaciones, Contrataciones y Adquisiciones dentro del Ministerio, “con el objetivo de transparentar y mejorar la gestión de compras en el marco de la pandemia”.
“El presidente, desde el primer día que se puso al frente del tema de la pandemia, me indicó que ponga toda la capacidad del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas en particular a disposición para ayudar a que la performance del Estado sea la mejor posible”, destacó Rossi ante los diputados.
El ministro explicó que a lo largo de todo el país se desplegaron 14 comandos conjuntos de emergencia, organizados por el Estado Mayor Conjunto, aunque informó que es el Ministerio de Desarrollo Social el que dispone los lugares donde realizar los operativos de acuerdo a la demanda de los intendentes.
Según detalló, se realizaron en total 493 tareas, de las cuales 284 fueron de distribución de alimentos; 117 fueron de apoyo sanitario; y 92 de infraestructura sanitaria. En el AMBA, por ejemplo, ya hubo 32 intervenciones vinculadas al reparto de comida. En todos los casos, el personal militar está desarmado y custodiado por las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, destacó la labor del Ejército al montar en tiempo récord un predio sanitario en la sede de Tecnópolis, donde habrá capacidad para atender a 2.500 personas con coronavirus.
Además, a solicitud del Ministerio de Salud, se hicieron dos viajes con aviones de la Fuerza Aérea, donde se recorrió el Norte argentino para llevar respiradores y otros insumos médicos. En tanto, por pedido de Cancillería se trajo de regreso a 564 argentinos que estaban varados en Perú, y a solicitud del Ministerio del Interior se trasladó a argentinos que estaban en Puerto Iguazú.
El funcionario también detalló que “desde el 12 de marzo, en el taller de sastrería militar del Ejército se está trabajando en la elaboración de barbijos. Tenemos 48.000 barbijos tipo 1 para niños y 1.000 camisolines para personal de salud”. A su vez, en el Laboratorio Farmacéutico del Estado Mayor Conjunto se empezó a fabricar alcohol en gel.
En otro orden, Rossi reveló que se le pidió informes al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el impacto de los niveles de temperatura en el avance del coronavirus. “El rango de temperatura donde el Covid-19 se explaya más y tiene posibilidad de ser más dañino es entre los 5 y los 11 grados. En base a esa hipótesis, el SMN informa las evoluciones de temperaturas mínimas y medias”, puntualizó.
En tanto, comentó que este martes mantuvo conversaciones bilaterales virtuales con los ministros de Defensa de Chile, Paraguay –donde rige la cuarentena-, Brasil y Uruguay –donde no se dispuso esa medida-, y con todos se acordó mantener el diálogo cada 15 días.
Por Hugo Domingo Bruera. El exsecretario general del ejército celebra el éxito de la democracia argentina para asegurar que la conducción política de las Fuerzas Armadas ya no sea materia de discusión.
En pocos días llegarán a este Congreso, los pliegos para ascensos de los recientemente designados jefes de las respectivas Fuerzas Armadas. Ellos, habrán alcanzado entonces el máximo peldaño en la escala de responsabilidades, que comenzara cuando hace más de treinta años, el presidente de la Nación los incorporara a nuestras fuerzas patrias, entregándoles el sable con su rúbrica en el acero.
Otrora arma letal y de comunicación en el combate; cuando el jefe indicaba momento y dirección de ataque, fue convirtiéndose en la más destacada representación del mando militar. Pero este año adquiere una sentido especial: aquel sable con que fueron armados estos jefes, al culminar la etapa fundamental de su formación y comenzar su vida profesional, lleva estampada la firma de quien es el símbolo de la restauración definitiva del sistema democrático en la Argentina: el presidente Raúl Alfonsín.
Ello tiene un enorme significado: por primera vez en nuestra patria todos los militares activos, tienen el honor, de transcurrir la totalidad de su carrera profesional bajo la supremacía de la conducción política.
Por eso celebro la delicadeza con que el presidente Alberto Fernández despidió a aquellos hombres y mujeres, que dejando por meses sus familias, fueron a exponerse a los peligros de un escenario bélico en Chipre, en apoyo de la política exterior de nuestro país. Para qué hurgar en la llaga abierta por una cruenta dictadura civil - militar, justamente delante de quienes no tuvieron contacto alguno con ella.
Es cierto que en el escenario político regional las Fuerzas Armadas han vuelto a tomar protagonismo: Brasil, Chile, Venezuela, Bolivia¸ valgan como ejemplos. Pero la democracia argentina ha tenido el éxito suficiente para asegurar con creces que la conducción política de las Fuerzas ya no es materia de discusión. Que los ámbitos de reclutamiento y de formación, están enmarcados en las directivas nacionales; que las instituciones castrenses actuales y de reciente pasado, han dado muestras sobradas de respeto a los derechos humanos, participando activamente en su protección, principalmente en el derecho a la solidaridad de la población.
Grande fue el empeño de los gobiernos democráticos para reconvertir las Fuerzas Armadas en instituciones fieles a los valores permanentes y verdades profundas que deben guiar la vida de nuestra Nación. Sublevaciones, vestigios del pasado, que no mancharon a las actuales camadas, fueron obstáculos superados por Alfonsín y Menem, esfuerzos que sirvieron, creo yo, para tener hoy las Fuerzas Armadas más disciplinadas de la región.
A estos militares, elegidos en su totalidad por la democracia, es tiempo de hacerles sentir la confianza de la ciudadanía, el reconocimiento a su labor, sacrificio y lealtad. En los sables de sus máximos jefes, Alfonsín lo certifica.
General Hugo Domingo Bruera
Exenlace del ejército en el Congreso de la Nación
Exsecretario general del ejército
