Un grupo de senadores de Unión por la Patria le solicitó a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que adopte las medidas "necesarias" para "regular" la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad dentro del Congreso, algo que se ha vuelto habitual -sobre todo- los días miércoles, cuando se implementa un operativo de seguridad en las afueras.

La misiva, que fue elevada la semana pasada a la vicepresidenta, llegó a manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien reaccionó rápidamente en contra de los legisladores.

"Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado. Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días", posteó este martes en su cuenta de la red social X.

En la nota, los senadores le piden a Villarruel -quien se cruzó fuerte con Bullrich días atrás- que "adopte las medidas necesarias para ordenar y regular la presencia de los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad” en el ámbito del Senado “asegurando que el uso de sus espacios se limite a lo estrictamente necesario, de manera coordinada, para evitar molestias o situaciones que alteren el normal funcionamiento, y el cómodo desenvolvimiento del personal legislativo y de los senadores nacionales”.

En el texto, que fue firmado por Carlos Linares, Oscar Parrilli, Cristina López, Sergio Leavy, María Eugenia Duré, Silvia Sapag, Antonio Rodas y Gerardo Montenegro, advirtieron que “la presencia de los efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía Aeroportuaria se intensifica de manera exponencial los días de operativos masivos ordenados por las autoridades nacionales, que son quienes deben garantizarles condiciones básicas a los efectivos en cuestión".

Para los senadores, “debe armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, asegurando el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones diariamente”.

El reclamo por parte de UP a la presencia de las fuerzas dentro del Parlamento no es nuevo, también ocurrió en la Cámara de Diputados.

En tanto, hace dos meses atrás, a través de una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, legisladores del Frente de Izquierda cuestionaron el uso del edificio Anexo que los efectivos realizaron en dos oportunidades para "cortar camino".

"El Congreso no puede ser militarizado cada miércoles para reprimir a los jubilados y quienes se manifiestan en su apoyo, y ahora además ser utilizado como base de maniobras por parte de las fuerzas represivas", enfatizaron los diputados del FIT.

El diputado nacional Juan Marino (UP) sostuvo este jueves que los decretos que reformaron las normativas de las fuerzas federales "son muy graves" y "están al margen de la ley". "Los decretos de (Patricia) Bullrich imponen un estado policial", advirtió.

El opositor recordó que "la Ley Bases no determinaba la emergencia en materia de seguridad, había sido excluida expresamente", por lo cual "las reformas no tendrían que hacerse por decreto sino por ley", y por ello son "doblemente ilegal e inconstitucional".

En alusión a la reunión que hubo en la Bicameral de Fiscalización de las Actividades y Órganos de Control, donde funcionarios defendieron los cambios en la PFA, PSA, GNA, PNA y SPF, el legislador apuntó que "no respondieron" cuándo se les preguntó sobre que "la PFA puede elaborar un registro y calificar a las personas a las que ellos consideran que tienen que reprimir".

"Tampoco nos supieron responder cuando preguntamos por los protocolos para que el ciberpatrullaje no se utilice para perseguir a opositores o periodistas", señaló en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, Marino afirmó: "Sobre la base de lo que escuchamos en la Comisión Bicameral vamos a insistir en rechazar rápidamente todos estos decretos de Bullrich". Y agregó que para que ello ocurra, además de reunir una mayoría, también "tiene que haber un clamor popular insistiéndole al Congreso que los rechacemos".

La Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, presidida por el senador Martín Goerling Lara (Pro-Misiones), recibirá este martes desde las 15 a funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Durante el encuentro, que se llevará a cabo en el Salón Illia de la Cámara alta, los representantes del Poder Ejecutivo expondrán sobre los alcances de las modificaciones en las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Los cambios se implementaron a través de los decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025 del Poder Ejecutivo, publicados la semana pasada en el Boletín Oficial.

Desde Casa Rosada se destacó que "el objetivo central de esta reforma es modernizar sus estructuras, mejorar su eficiencia operativa y adaptarlas a los desafíos contemporáneos, como el crimen organizado, la seguridad fronteriza, la reinserción social y el control marítimo".

Por otra parte, la comisión recibirá al expolicía Ramón Oscar Amarilla, quien compitió en las elecciones provinciales de Misiones desde su detención en la cárcel y resultó electo. La senadora chubutense Edith Terenzi fue quien solicitó la invitación, a fin de que informe sobre su situación procesal vinculada al reclamo salarial que encabezó el año pasado en su provincia. También fue convocado Germán Carlos Palavecino, suboficial mayor retirado de la policía de Misiones y actualmente vocero del espacio de Amarilla.

El bloque opositor independiente solicitó al gobernador Axel Kicillof que desarrolle “una estrategia integral y coordinada con el Poder Ejecutivo Nacional” para combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. En esa línea, pidió “de manera prioritaria la intervención de las Fuerzas Federales de manera urgente para frenar la ola delictiva y de homicidios”.

En paralelo, en otra solicitud formal, que lleva las firmas de los senadores Carlos Kikuchi, Silvana Ventura y Sergio Vargas, se cita al recinto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, “a fin de informar verbalmente sobre las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión para enfrentar la crisis de inseguridad que conlleva a innumerables hechos delictivos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires”.

El ministro Alonso, por su parte, aseguró en una entrevista publicada en Ámbito, que su gestión en materia de seguridad produjo una “transformación” en la fuerza policial, impulsada por el gobernador Axel Kicillof.

Asimismo, aseguró que, de acuerdo a las estadísticas, “los homicidios bajaron en los últimos años en la provincia” y destacó la buena relación que tiene con su par a nivel nacional, Patricia Bullrich, en el trabajo diario.

En los últimos días, el crimen de un repartidor en Moreno en el marco de una pelea callejera, el asesinato de un kiosquero en Mar del Plata en medio de un robo, y el doble crimen de dos adolescentes en Florencio Varela, generaron conmoción en la opinión pública y una demanda de la sociedad para que se endurezca el combate contra el delito.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) envió una nota dirigida a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para que informe la situación de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe. Lo hizo tras las afirmaciones formuladas por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, quien en declaraciones periodísticas afirmó que en la provincia se encuentran prestando funciones 2.240 agentes contra los más de 3.600 que se habían estipulado por convenio en 2016 entre Nación y Provincia, durante la gestión nacional de Cambiemos.

“Es alarmante que Nación haya reducido en un tercio la presencia de fuerzas federales en Santa Fe”, advirtió el legislador, quien reiteró “la necesidad de conocer cuáles son las acciones que despliega el Ministerio de Seguridad de la Nación en el territorio de nuestra Provincia”. “Es indispensable conocer con qué medios se está interviniendo y con qué cantidad, cuál es la operatividad de las Fuerzas Federales al día de hoy y saber con exactitud en qué consistirá el esfuerzo adicional que anunció el presidente de 3.000 millones de pesos, como así también, qué se hará en el futuro próximo, particularmente teniendo en cuenta la previsión presupuestaria que se destina en 2021 para la provincia de Santa Fe y que significa un fuerte recorte respecto al último presupuesto aprobado”, indicó el diputado radical.

Juan Martín elevó la nota a la ministra Frederic tras las afirmaciones que formuló el ministro de Seguridad en declaraciones periodísticas, diciendo que a la fecha hay sólo 2.240 efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad cumpliendo funciones en el territorio provincial. “Es decir, hoy contamos con 1.360 efectivos menos que los desplegados en el marco del convenio de cooperación entre el Estado Nacional y Provincial a partir de 2016”, alertó el legislador santafesino.

Cabe recordar que en septiembre de ese año, durante el gobierno nacional de Cambiemos y la gestión de Patricia Bullrich, se suscribió el acuerdo que posibilitó el desembarco en el territorio santafesino de más de 3.600 efectivos pertenecientes a las fuerzas de seguridad federales. Y sobre ese punto, Juan Martín recordó el informe brindado por la Jefatura de Gabinete de Ministros en el año 2018, “a partir de la cual se desglosó el despliegue de fuerzas federales en el territorio de la provincia de Santa Fe de la siguiente manera: 2078 efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, 403 efectivos de la Policía Federal, 958 de efectivos de la Prefectura Naval y 188 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Un total de 3627 agentes federales se encontraban prestando servicios a esa fecha en Santa Fe”.

“Se obtuvieron buenos resultados en el control de la violencia, disminución de la cantidad de homicidios y la detención de miembros de importantes organizaciones criminales. Claramente no resulta suficiente y en materia de seguridad no se puede ni se debe cantar victoria, pero los avances fueron notorios”, recalcó Juan Martín.

Juan Martín puso de relieve que la disminución de efectivos admitida se da en un contexto de crecimiento de los asesinatos en la provincia. Han ocurrido a lo largo de 2020, más de 270 homicidios en toda la bota santafesina. Más de 200 de ellos en Rosario y el departamento La Capital.

Además, el diputado vincula la detracción de efectivos, con la anunciada reducción de fondos para la provincia en materia de seguridad para 2021. “Si proyectamos la inversión 2019 y la actualizamos por inflación el monto en presupuesto solo para igualarlo debería ser de 7.300 millones para la provincia de Santa Fe y no los apenas 4.800 millones que expone el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández”, recordó Juan Martín.