Se trata de un proyecto de Yamila Ruiz que incorpora una nueva figura al Código Penal para incrementar en un tercio las condenas cuando los ilícitos sean cometidos durante el ejercicio del cargo.
La diputada nacional Yamila Ruiz, del bloque Innovación Federal, presentó un proyecto de ley para endurecer las penas contra funcionarios públicos que cometan delitos durante su mandato o en ocasión de sus funciones, mediante la incorporación del artículo 41 sexies al Código Penal.
La iniciativa establece que, en esos casos, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio tanto en su mínimo como en su máximo, incluyendo también los delitos en grado de tentativa. El agravante alcanzará a un amplio universo de cargos, desde presidente y vicepresidente hasta legisladores, gobernadores, intendentes, concejales y ministros de los distintos niveles de gobierno.
El texto de la legisladora misionera precisa que el criterio se aplicará durante todo el período de mandato, incluso en momentos de inactividad formal, y aclara que no se sumará cuando esa circunstancia ya esté contemplada como agravante específico dentro del tipo penal correspondiente.
En los fundamentos, Ruiz sostiene que la medida apunta a reforzar la responsabilidad, la transparencia y la confianza pública en las instituciones, al considerar que los delitos cometidos por funcionarios tienen un impacto más profundo sobre el sistema democrático.
Asimismo, la legisladora argumenta que la propuesta no se limita a ilícitos contra la administración pública, sino que abarca todos los delitos contemplados en el Código Penal, en atención a la especial responsabilidad que implica el ejercicio de la función pública.
La iniciativa también se apoya en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que promueven la adopción de sanciones más severas para estos casos.
La iniciativa es impulsada por el santafecino Gabriel Chumpitaz y acompañada por un grupo de diputados oficialistas. “La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes”, argumentó.
El diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Pro – Santa Fe) presentó un proyecto de ley a fin de que se establezca la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado".
Según Chumpitaz, el objetivo es garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública, y remarcó: "La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir".
El proyecto incluye normas de procedimiento y confidencialidad, ya que los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad, remitiendo los resultados a la autoridad competente, quien garantizará su resguardo y custodia.
Chumpitaz, quien se ha especializado en varios países, como Colombia, plantea que, si bien la droga es un negocio ilícito, opera con una matriz de oferta y demanda similar a la de cualquier negocio convencional. En consecuencia, se debe atacar el narcotráfico y sus derivados, como el narcomenudeo y el microtráfico; pero, al mismo tiempo, se debe accionar en la prevención y control de adicciones, enfatizando de manera categórica: "Quienes pretenden liderar estas difíciles batallas contra la droga, tenemos que dar el ejemplo".
Finalmente, el legislador rosarino concluyó: "Esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder. Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones".
La iniciativa fue acompañado con la firma de los diputados nacionales Lorena Villaverde, Carlos Zapata, Verónica Razzini, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, Emanuel Bianchetti y José Núñez.
El proyecto es del diputado Martín Berhongaray y busca "impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral".
El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, incorporando al Código Penal un artículo 62 bis.
El objetivo es hacer imprescriptible la acción penal cuando se cometan los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función; enriquecimiento ilícito; prevaricato; encubrimiento; y lavado de activos de origen ilícito.
“En todos los delitos cometidos por funcionarios públicos y que perjudican a la Administración Pública es indispensable garantizar que la investigación sea completa y suficiente. El procedimiento debe llegar a su fin con un debate amplio del tema, que permita alcanzar la certeza sobre el hecho y su autoría. De allí la necesidad de impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”, señaló Berhongaray.
Y agregó: “Sabido es que justicia lenta, no es justicia. Menos aun cuando la demora en el inicio o en la tramitación de las investigaciones termina beneficiando a los imputados de cometer delitos en perjuicio de la Administración Pública. Ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción”.
El legislador radical sostuvo que “no debe perderse de vista que la complejidad que caracteriza la investigación de esta clase de delitos -por la indebida influencia que muchas veces se pretende ejercer desde las esferas del poder político-, sumada a su dificultad probatoria y a la grave amenaza que representan a la estabilidad y legitimidad de las instituciones, deben llevar a poner en práctica un conjunto de medidas que desalienten la participación en la vida pública de aquellas personas que pretenden servirse de su actividad para aumentar sus patrimonios o fortunas personales”.
Acompañaron con su firma el proyecto los diputados Facundo Suárez Lastra, Lidia Ascárate, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Juan Martín.