Luego de que se conociera que los Registros de la Propiedad Automotor tendrían un aumento de más del 300%, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, presentó un reclamo administrativo al Ministerio de Justicia de la Nación con el fin de eliminar dichos registros y reemplazarlos por la implementación del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

La nota responde a la necesidad de adaptar la administración pública a los tiempos actuales y “promover una gestión eficiente y moderna”.

En el documento, la Fundación expone que “resulta absolutamente ineficiente y contrario a derecho, que los registros de la propiedad del automotor continúen con un sistema de tramitación presencial y sobre la base de expedientes en soporte papel, al solo efecto de beneficiar a una estructura anticuada y de características parasitarias”.

Asimismo, precisaron que resulta esencial que el Registro de la Propiedad Automotor incorpore herramientas digitales que permitan realizar gestiones de manera remota. Para la ONG, la adopción del sistema TAD facilitará la realización de trámites, reduciendo costos y tiempos tanto para la administración como para los ciudadanos.

De esta manera, desde la mencionada Fundación subrayaron que “esta iniciativa no solo está respaldada por la normativa vigente, sino que también responde a criterios de eficiencia y ética pública, en línea con los principios de modernización de la administración”.

En este sentido, se le solicitó al ministro de Justicia que tome “las medidas necesarias para implementar el sistema TAD en todos los trámites relacionados con el Registro de la Propiedad Automotor, contribuyendo así a una administración pública más ágil y eficiente”.

Tras el planteo presentado por la Fundación Apolo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución mediante la cual se derogaron las medidas que habían establecido la paridad de género obligatoria en sociedades, asociaciones y fundaciones. Atento a esta situación, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la decisión.

En ese sentido, el legislador destacó la decisión de la IGJ que “encauza por el camino de la libertad al derecho de asociación, permitiendo que sea la idoneidad, y no otra cosa, el criterio de acceso a cargos directivos en organismos privados”, al tiempo que resaltó el trabajo del equipo de legales de la ONG.

Cabe señalar que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal decretó la inconstitucionalidad de la medida impugnada, pero solo con efectos para la fundación litigante.

Recientemente, la ONG que combate los casos de corrupción había presentado un reclamo administrativo ante la Inspección General de Justicia, requiriendo la derogación que hoy decidió dicho organismo. De esta forma, ninguna de las entidades que regula la Inspección General de Justicia se encuentra obligada ahora a implementar la paridad de género en sus órganos de administración.

Entre los argumentos brindados por el tribunal que recoge la resolución conocida hoy, cabe destacar el que se refiere a que había sido “[…] la propia inspección general de justicia quien expresamente reconoció, en los considerandos de la resolución 34/2020 en pugna y como atribución que la Constitución reservó al Congreso de la Nación, la de ‘legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad’ (art. 75, inc. 23, C.N.; cfr. considerando 4º, resolución cit.), fundamento de la decisión en crisis; lo cual —valga recordarlo— responde al debate que se suscitó en el seno de la Convención Nacional Constituyente del año 1994 (cfr. Diario de Sesiones, 22º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación); 23º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación); y 34º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (Continuación), del 2, 3 y 19 de agosto de 1994, respectivamente)”.

El legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo denunció a los titulares de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ATE Capital, Roberto Aguiar y Daniel Catalano, por promover la toma de edificios públicos.

La denuncia también lleva la firma de José Magioncalda y Juan Martín Fazio, y fue realizada por convocar, promover y organizar actos de fuerza contra el orden público y atentados contra la autoridad perpetrados durante las protestas en los edificios de la Secretaría de Trabajo y el ex- INADI.

En el documento que la Fundación presentó ante la Justicia se explica que “no obstante el operativo de seguridad coordinado entre fuerzas de la ley federales y porteñas, los manifestantes organizados por los denunciados, procedieron a ingresar y tomar por la fuerza algunas oficinas públicas, impidiendo las actividades de funcionarios públicos que allí cumplen servicio”.

“Si los manifestantes ingresaron contrariando las órdenes de autoridad pública y violentando su operativo, impidieron o estorbaron el uso del edificio para las actividades de los funcionarios públicos a fin de satisfacer sus exigencias, se habrían configurado atentados a la autoridad de los Arts. 237 y 247 del Código Penal”, concluye el texto.

El diputado de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para ponerle un freno a un decreto firmado por el ex presidente Alberto Fernández, mediante el cuál se habilitan las custodias en el exterior para los ex mandatarios.

El escrito fue presentado a través de la Fundación Apolo y también lleva la firma de José Magioncalda y Christian Cao, buscando así complementar la medida de amparo que la misma Fundación había presentado en diciembre pasado, donde pedían que el Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, “cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad”.

El Decreto en cuestión data del 9 de diciembre del año pasado, cuando fue publicada la edición extraordinaria del Boletín Oficial N° 35.317 Año CXXXI como “decreto de autodefensa exmandataria internacional”. Dicho Decreto tiene por objeto, precisamente, el añadido de la custodia de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina a los “ex mandatarios” (sic), y la ampliación de la custodia de ellos a todo el ámbito internacional.

Esta medida modifica el decreto original que marcaba que la “Secretaría General Casa Militar Objetivos debía ‘proveer la seguridad del señor presidente de la Nación y sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor presidente y su familia’”.

De esta manera, el escrito recientemente presentado en la Justicia plantea que “el privilegio impugnado –la concesión de la custodia personal a perpetuidad y donde esté el exmandatario presente- importa un costo muy importante para el erario público. Esta asignación de dinero para la custodia de ‘exmandatario/s’ a perpetuidad en todo el planeta implica distraer fondos públicos para las funciones del Estado”.

Además, advirtieron que no se especifican los territorios a cubrir, puesto que no se distingue si el ex mandatario esté trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo, algo que también va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección. ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio. “En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, sentenciaron.

Después de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, el legislador de Republicanos Unidos (U) Yamil Santoro junto a la Fundación Apolo -bajo la representación de José Magioncalda y Juan Martín Fazio– se presentaron ante la Justicia para interponer un recuso de Alzada contra la resolución de la Inspección General de Justicia (I.G.J.) que evita y se desentiende de su reclamo para derogar el régimen vigente que obliga a sociedades, asociaciones y fundaciones a implementar paridad de género.

Según explicaron desde la mencionada fundación, “el planteo de Apolo ya cuenta, para su caso particular, con una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente” y destacaron que “las facultades suficientes de la I.G.J. para dejar sin efecto sus propias resoluciones, esta funda su evasiva en que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente pronunciamiento sobre el tema en un juicio particular, por lo que no la I.G.J. no tomará decisión alguna hasta que la Corte falle”.

Sobre esa misma línea, recordaron que “las sentencias judiciales rigen particularmente para las partes de un juicio, de modo que nada obsta al Inspector General de Justicia Dr. Vítolo a derogar una norma general de acuerdo con su propio criterio sobre la conveniencia y legitimidad de mantener el régimen que impone paridad de género”.

“Asimismo, Fundación Apolo explica en su apelación que la negativa a tomar una decisión vulnera el derecho a peticionar antes las autoridades de todo ciudadano, que supone el derecho a recibir una respuesta fundada en razones de hecho y de derecho; y cita un precedente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que determina que “no decidir o decidir fuera de plazo constituyen conductas irregulares de la Administración que perjudican al particular y atentan contra el accionar eficaz de aquella”, agregaron a través de un comunicado.

El recurso de Alzada interpuesto deberá resolverlo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “ratificando la política de género establecida en la gestión de Alberto Fernández, o haciendo lugar al planteo de Fundación Apolo, que ya cuenta, para su caso particular, con una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente para personas jurídicas”, completaron.

En medio del debate por la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y apoderado de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para pedir que esa fundación sea aceptada como “amicus curiae” para aportar su análisis en relación a la medida cautelar que frena la aplicación del DNU del presidente Javier Milei.

El pedido se basa en que esta decisión “pone un freno injustificado a medidas necesarias y urgentes para revertir aspectos de nuestra legislación que han distorsionado las relaciones del trabajo, muchas veces, a favor de estructuras prebendarias y corporativas”.

Al mismo tiempo que señaló que uno de los argumentos más representativos de la presentación es el “deterioro económico de nuestro país” que además “no es ajeno a su deterioro institucional”. Asimismo, se remarca que “el desastre económico que padecemos se ha sostenido sobre la base de normas y hechos que, a lo largo de muchos años, han desnaturalizado los principios y valores que garantiza la Constitución Nacional”.

De esta manera, mediante un escrito, la Fundación afirma presentarse “en carácter de ‘amicus curiae’ expresando las razones por las cuales son ajustadas a derecho, urgentes y necesarias, las normas que se pretenden impugnar en estos actuados, así como a expresar las razones por las cuales resulta improcedente la medida cautelar dictada a los efectos de suspender la normativa en cuestión”.

“Debe entenderse que las leyes pueden reglamentar derechos, pero no pueden ir contra la naturaleza de las cosas. Tal como ocurre en la economía, cuando se emite moneda sin respaldo, la emisión legislativa de derechos, sin respaldo en la realidad, ha reducido sensiblemente el trabajo legal, mientras la realidad, que tiene vida propia, ha llevado al 40% de los trabajadores a la clandestinidad y la desprotección más absoluta”, agregaron desde la Fundación.

Además, desde la mencionada Fundación sostuvieron que la medida que frena el decreto no tiene justificación: “este fallo favorable suspende todas las normas impugnadas por quienes detentan el monopolio de la representación sindical”.

“El DNU busca avanzar hacia un nuevo sistema económico que, como tal, abarque reformas en la Administración Pública, en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo y en otras áreas que hacen al desarrollo del país. Y no se advierte una afectación directa de derechos adquiridos de ningún trabajador”, completaron.

El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, le pidió a la Justicia que se investigue el desempeño tanto de la Secretaría de Comercio de la Nación, como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y también del Banco Central, por el manejo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en el que se advirtieron supuestas irregularidades vinculadas a la autorización de importaciones.

El texto recientemente presentado también lleva la firma de José Magioncalda, otro de los representantes de la mencionada fundación, y cuenta con el patrocinio legal del abogado Juan Fazio.

En el escrito se solicita que se libre oficio al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación en la que consten los procedimientos correspondientes al sistema. Y también pide la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre afirmaciones vertidas contra el ex secretario de Comercio, Matías Tombolini, durante el debate presidencial.

Además, manifiesta que “se libre oficio a la Secretaría de Comercio, al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación que obre en su poder, en la que conste todo el procedimiento a seguir en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y de dónde surjan cuáles son los funcionarios habilitados en el sistema para dar por concluidas las distintas etapas del mismo, hasta la autorización de importación, inclusive”.

“La supuesta operatoria ilícita cuya investigación se solicita, importaría un gravísimo daño en la economía argentina, y una enorme lesión en la confianza en las instituciones, de la que debieran gozar los ciudadanos. Por esa razón, es que resulta de suma importancia que el Poder Judicial investigue los hechos aquí denunciados”, agrega el documento.

Cabe destacar que por diversos medios se difundió la existencia de posibles situaciones ilícitas, vinculadas a la autorización de importaciones, que apuntan a la Secretaría de Comercio de la Nación, que en su momento era conducida por Tombolini. Incluso, la denuncia menciona una afirmación de la ex candidata a presidente de Juntos, Patricia Bullrich, durante el debate presidencial en el cual le recriminó al ex ministro de Economía, Sergio Massa, tener “un Tongolini en tu Gobierno”, haciendo un juego de palabras con el apellido de Tombolini y un “tongo” (que en lunfardo significa trampa). Ante esto, se solicita también la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre esas manifestaciones vertidas.

Asimismo, es preciso señalar que las autorizaciones de las importaciones se encontraban hasta hoy atadas a un procedimiento denominado SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) en el que intervienen la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Comercio y el Banco Central de la República Argentina. En este sentido, no fueron pocos los emprendedores y empresarios Pyme que denunciaron anónimamente ante medios y en redes sociales, irregularidades en estas operaciones.

Ante reiteradas afirmaciones como estas, la Fundación Apolo sentenció: “en el caso que nos ocupa, la operatoria ilícita descripta, importa la recepción de dádivas a cambio de hacer, es decir, a cambio de acelerar autorizaciones de importación y, previo a ello, la implementación de un oscuro sistema de importaciones donde prima la arbitrariedad”.

Con la intención de continuar dándole batalla a la corrupción en la Argentina, los diputados porteños de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast participaron del festejo por el tercer aniversario de la creación de la “Fundación Apolo”, la cual pone de manifiesto y denuncia ante la Justicia diversos hechos de esa índole.  

La celebración se llevó a cabo en el club Español, situado en el barrio porteño de Monserrat, y contó con la presencia de diversos letrados de renombre, dirigentes de la oposición, diputados nacionales, periodistas y ciudadanos “afectados por medidas abusivas del Gobierno”. Entre los presentes se encontraban Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, María Eugenia Talerico, Franco Rinaldi, Waldo Wolff, Carolina Píparo, Federico Pinedo, José Lucas Magioncalda, José Fazio, José Luis Patiño, Mara Pérez Reynoso, entre otros. 

Al respecto de la celebración el presidente de la ONG, Antonio Fratamico, recordó que “en 2016 nos presentamos ante la IGJ (Inspección General de Justicia) para cumplimentar los requisitos legales y finalmente, en el 2019, obtuvimos nuestro reconocimiento jurídico. Tardamos tres años en nacer, y hoy cumplimos tres años”, y destacó que “Fundación Apolo hoy es un equipo consolidado que sigue creciendo. Seguiremos adelante luchando por el país que todos queremos, defendiendo las libertades y denunciando para cuidar nuestros derechos”.  

“Además de las acciones legales, realizamos otras actividades, como Seguimiento Legislativo, nuestra Diplomatura en Gestión Parlamentaria junto a la UAI, y las Tertulias Legislativas en las que conversamos con diputados y senadores”, sentenció.  

Cabe recordar que la Fundación Apolo fue fundada por un grupo de ciudadanos comprometidos con la lucha contra la corrupción, la transparencia y el diseño de mejores políticas públicas para contribuir al desarrollo de Argentina. Busca contribuir al fortalecimiento institucional de la Argentina mediante el desarrollo de nuevos líderes sociales y comunitarios, así como mediante la intervención directa en la agenda pública mediante el trabajo técnico, judicial y administrativo. 

La Fundación Apolo dio a conocer a través de un comunicado que su equipo legal denunció este lunes a la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz De Anchorena, por los “delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, a raíz de una “prórroga excepcional” que estableció apenas asumió el cargo.

En la presentación, que lleva la firma de los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Pablo Pane, se imputa a la denunciada la “posible comisión de los delitos previstos en los arts. 248 y 249 del Código Penal, en razón de que De Anchorena dictó la resolución 2022-1-APN-AAIP por la cual estableció una prórroga excepcional de los plazos de los procedimientos administrativos en la Ley 27.275 de acceso a la información pública, cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022”.

Los denunciantes cuestionan que la flamante funcionaria “haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa”, lo cual a criterio de los abogados de la Fundación Apolo “constituye un verdadero disparate”.

En el escrito de la denuncia, además, se sostiene que: “El artículo 1° de la Ley 27.275 establece para la materia que nos ocupa, entre otros, el principio de máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor”.

“¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos? ¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”, preguntaron los denunciantes.

La Fundación Apolo, a través del responsable de su equipo legal Magioncalda, ya había cuestionado a De Anchorena en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que carecía de idoneidad profesional y moral.

La causa, que lleva el número 873/2022 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.

La Fundación Apolo, a través del Equipo de Activismo Judicial que lidera José Magioncalda, denunció por delito de desobediencia a los senadores oficialistas que no acataron la medida precautelar dictada por la jueza María Alejandra Biotti.

La magistrada había ordenado que se suspendieran los trámites mediante los cuales el kirchnerismo pretende trasladar a los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, magistrados que “no son del agrado” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su intervención en la causa de los “cuadernos”.

En la denuncia —que lleva las firmas de José Magioncalda, responsable legal de la Fundación Apolo, y de Juan Cruz Vaqueiro—, se sostiene que “no podemos dejar de advertir el peligro que implica para el orden republicano que uno de los poderes del Estado incumpla con decisiones judiciales”. Asimismo, se manifiesta que “estas conductas ponen a la ciudadanía en un total estado de indefensión y llevan al país, directamente, a una tiranía sostenida en mayorías circunstanciales”.

Los denunciantes destacan que, si bien algunos senadores oficialistas han querido distinguir entre los actos de “dar ingreso a los trámites de acuerdo” y de “tramitar los acuerdos”, la realidad es que, en los considerandos de la medida precautelar que dictó la jueza, se plantea claramente que dichos trámites no debían ingresarse. “Por eso, entendemos que es necesario abrir una investigación por la posible comisión del delito que prevé el artículo 239 del Código Penal”, señalan los denunciantes, atentos a que ese artículo dice que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.

La denuncia ha recaído en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Luego de que diputados y senadores de la oposición advirtieran sobre la cantidad de DNU que se firmaron en el marco de la pandemia y que todavía no tuvieron tratamiento en el Congreso, el tema pasó al plano judicial. La Fundación Apolo, presidida por el abogado José Magioncalda, presentó un amparo contra la inactividad del Congreso en la revisión de esos decretos.

Yamil Santoro, apoderado de la fundación y presidente del Partido Mejorar, solicitó la medida este martes frente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro 6, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El amparo está dirigido a las autoridades de ambas Cámaras, Sergio Massa y Cristina Kirchner.

El amparo radica en “la omisión consistente en incumplir la obligación de convocar al tratamiento de oficio de Decretos de Necesidad y Urgencia dictados en el año en curso, luego de que se encontraran vencidos los plazos constitucionales para la elevación , a ambos cuerpos, de los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de la Ley 26.122”.

Según el artículo 19 de dicha norma, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo “tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras”.

Vencido ese plazo sin que haya despacho, las Cámaras deben abocarse “al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.

Santoro sostuvo que “las particulares circunstancias que atraviesa Argentina en el contexto de la pandemia no deben funcionar como excusas para el atropello de las instituciones democráticas”, y agregó que “el Congreso debe hacer honor a la función de control de los demás poderes del Estado que supone el sistema republicano”.

La Fundación Apolo y el Partido Mejorar sostuvieron que “la omisión del Poder Legislativo importa una lesión de las instituciones de la república, de la división de poderes y de las garantías constitucionales de la ciudadanía argentina”.