Cuasi acefalía por falta de nombramiento de auditores; intentos de limitar sus facultades y de posible supresión del organismo, son algunos de los graves problemas que enfrenta el principal organismo de control del Estado.
El Observatorio de Control Público de Fundación Éforo, dirigido por Carla Pitiot, presentó un nuevo informe que pone el foco sobre la fragilidad en la que se encuentra la Auditoría General de la Nación (AGN), que ante la falta de designación de auditores generales está cuasi acéfala y es objeto de ataques e intentos de limitación de sus facultades, vaciamiento directo o indirecto y/o supresión del organismo.
El informe precisa que “garantizar la designación oportuna de los auditores generales es una obligación política y constitucional que impacta directamente en la calidad democrática y en la legitimidad del control sobre los actos de gobierno”.
Advierte, en ese sentido, que “cualquier demora o vacancia prolongada no solo debilita a la AGN, sino que menoscaba de manera directa la potestad del Poder Legislativo de ejercer el control externo del sector público nacional, que le fuera atribuida constitucionalmente y afecta los mecanismos de rendición de cuentas y el derecho de la ciudadanía a saber cómo se utilizan los recursos públicos”.
Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo, resaltó que la situación en la que se encuentra la AGN refleja el desinterés “acerca de la importancia de la función de control técnico, político y social de varias instituciones y organismos de nuestra Constitución”, situación que está reflejada en la “la omisión “ex profeso” del Congreso en reglamentar el art 85 sobre la AGN. Demora que lleva más de 30 años”
Además, Pitiot, diputada nacional mandato cumplido, sostuvo que la AGN es un “organismo que posee relevancia institucional decisiva para la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos”.
Según un informe de la Fundación Éforo el 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes debió regularizar más de 20 años de aportes porque “más de 2,2 millones de beneficiarios por moratorias tenían menos de 10 años de aportes al momento de jubilarse”.
Luego de que la oposición no consiguió el quórum suficiente para abrir la sesión el pasado 21 de mayo en donde tenían la intensión de debatir nuevamente el tema de la moratoria previsional, desde la Fundación Éforo remarcan que el 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes debió regularizar más de 20 años de aportes.
Las iniciativas que se iban a tratar en el recinto iban desde actualizar el bono extraordinario de $70.000 a $115.000 hasta redefinir los criterios de acceso al sistema previsional, pasando por recomponer todos los haberes jubilatorios en torno al 7,2%, reformar la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y prorrogar por dos años de la última moratoria.
La última moratoria y su impacto fiscal
Según el informe de la Fundación Éforo los últimos datos de ANSES, de los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024, el 59% se debe a la implementación de las moratorias. A finales de 2024, cerca del 60% de los jubilados lo hicieron a través de una moratoria.
“En 2024, las prestaciones otorgadas a través de las moratorias previsionales sumaron $10,6 billones. Cerca del 44% del gasto previsional corresponde a beneficiarios que accedieron mediante moratorias”, remarcan y agregan: “A pesar del fuerte ajuste implementado en 2024 en el gasto previsional, las erogaciones para los beneficiarios de moratorias representaron el 2% del PBI, cifra que se eleva al 2,5% si se incluyen los bonos otorgados para compensar la pérdida de poder adquisitivo”.
El problema de fondo: la informalidad laboral
Así, alertan que “el 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes actualmente debió regularizar más de 20 años de aportes. Sólo al 4% de los beneficiarios por moratoria les faltaba completar menos de 5 años de aportes. Más de 2,2 millones de beneficiarios por moratorias tenían menos de 10 años de aportes al momento de jubilarse y sólo 140 mil tenían más de 25 años”.
La prórroga de la moratoria previsional en números:
La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) realizó una estimación sobre el impacto fiscal y la cantidad de personas potencialmente beneficiarias que implicaría la prórroga por dos años de la última moratoria (Ley 27.705).
“Las potenciales altas por moratoria se estiman en 441.226 en caso de prorrogarse por dos años: 219.644 altas para el primer año y 221.582 para el segundo. La extensión de la moratoria implicaría un costo fiscal de 0,084% del PBI para el primer año y 0,081% para el segundo”, precisan.
En suma, estiman que “de prorrogarse por dos años la última moratoria, el costo fiscal total ascendería a 0,165% del PBI. De mantenerse el bono de $70.000, los créditos vigentes actualmente no resultan suficientes para cubrir durante el 2025, señalando un faltante de $98.551. Dicho faltante llegaría a $1.262.723 millones si se pagara un bono de $105.000 y a $1.599.511 en caso de un bono de $115.000”.
“Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI”, plantean.
Desde la Fundación Éforo afirman que el 91% de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Así, alertaron que la suspensión de las moratorias significa que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones, en el futuro inmediato, no accederán a un beneficio jubilatorio al incumplir los 30 años de aportes.
Mientras en la Cámara de Diputados la oposición logró emplazar el tratamiento de la prórroga del sistema previsional en comisión, cuyo debate se inició esta semana, desde la Fundación Éforo emitieron un breve informe destacando el funcionamiento del sistema de moratorias en el país y detallaron cuántas personas pudieron jubilarse gracias a dicha ley.
La Ley 27.705 de Moratoria Previsional venció el pasado 23 de marzo, motivo por el que diputados de la oposición presentaron un paquete de iniciativas para que se prorrogue el sistema.
En el informe difundido por Éforo remarcaron que “la implementación de las distintas moratorias previsionales en los últimos 30 años permitió el acceso a una jubilación a personas que no contaban con los años de aportes requeridos por el sistema contributivo”.
“Actualmente, el 91% de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según los últimos datos de ANSES: ○ 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024. El 59% de las jubilaciones y pensiones se deben a la implementación de las moratorias”, detallaron.
También destacaron que el 65,5% de las jubilaciones se explica por la implementación de alguna moratoria. “Se estima que el 81% de las altas de haberes jubilatorios de ANSES en 2023 se explican por la implementación de algunas de las moratorias de los últimos 30 años”, informaron.
Además, resaltaron que “a finales de 2024, cerca del 60 % de los jubilados lo hicieron a través de una moratoria, lo que implica que la mayoría de los beneficiarios no logró completar los 30 años de aportes requeridos”.
“Las personas que accedieron a un haber jubilatorio por moratoria pasaron del 10% del total de beneficiarios en 2006 al 50% en 2015”, aseguraron y sumaron que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI.
Desde la Fundación alertaron que “la suspensión de las moratorias significa que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones, en el futuro inmediato, no accederán a un beneficio jubilatorio al incumplir los 30 años de aportes”.
“Las moratorias tienen un rol importante en lo que respecta a la cobertura del sistema previsional. Son una respuesta al proceso de precariedad laboral que ningún gobierno pudo remediar, una consecuencia directa de que en Argentina el 50% de la economía es informal. El tema de la moratoria tiene que estar en agenda y requiere del compromiso político y de la sociedad en su conjunto sobre cómo abordar un doble problema: el desfinanciamiento crónico del sistema previsional y la expansión de empleos informales que impiden a las personas jubilarse”, explicaron.
La vicepresidenta de la Fundación Éforo y exdiputada nacional, Carla Pitiot, manifestó: “Las moratorias son una respuesta al proceso de precariedad laboral que ningún gobierno pudo remediar a lo largo de décadas, cuya consecuencia directa es que Argentina el 50% de la economía es informal”.
“El tema de la moratoria pone en discusión algo sumamente complejo que es cómo abordar un doble problema: el desfinanciamiento crónico del sistema previsional y la expansión de empleos informales que impiden a las personas jubilarse”, planteó y cerró: “Pero en el mientras tanto no se puede abandonar a los trabajadores y trabajadoras, sino que hay que trabajar en políticas que permitan hacer una transición sin abandonar a los más vulnerables”.
Fundación Éforo - El dilema de las moratorias previsionales_ entre la inclusión y la sostenibilidad del sistema.docxA través de un informe elaborado por la Fundación Éforo resaltaron que desde la implementación de las PASO el gasto en el proceso electoral ronda los $331.016 millones, en promedio. En tanto, plantearon que es “complejo” aprobar una reforma electoral sin tener un Presupuesto que “debería ser una prioridad”.
Con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó este jueves el proyecto enviado por el Ejecutivo de suspensión durante 2025 de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hablamos de la modificación Ley 26.571 (2009), de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral".
Según un informe de la Fundación Éforo: “Las PASO se pensaron y tienen como objetivo abrir la dinámica interna de los partidos políticos y generar mayor participación ciudadana”, y explicaron: “En Argentina, la política electoral y la ejecución de los actos electorales son organizadas a través del trabajo conjunto entre Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del ex Ministerio del Interior, la Justicia Electoral, el Comando General Electoral y el Correo Argentino”.
Así, realizaron una observación metodológica sobre los montos de gastos que se realizaron desde la implementación de las PASO. “El gasto de un proceso electoral en el que se eligen presidentes y legisladores a nivel nacional ronda los $331.016 millones, en promedio. Hablamos de las elecciones de 2011, 2015, 2019 y 2023. Aproximadamente al tipo de cambio oficial: 1078,2500 Nación de 307 millones de dólares”, detallaron.
“El gasto destinado a partidos políticos y política electoral (GPPyE) pasó de 0,04% del PBI en 2007 a estar entre 0,05% y 0,08% del PBI. Este incremento se explica solo de forma parcial por la instauración de las PASO. Comparación: Actualmente, el sistema previsional argentino representa 8% del PBI”, sumaron.
Además, resaltaron que “la campaña más costosa, el que más recursos fiscales requirió fue el de 2015, ocasión en la que hubo balotaje. En esa oportunidad, la elección significó un gasto de $371.630 millones. Aproximadamente al tipo de cambio oficial: 1078,2500 Nación de 344 millones de dólares”.
“El proceso electoral 2023 requirió una menor erogación por parte del Estado Nacional respecto a 2015 en torno al 6%. La elección más barata: En cambio, la elección presidencial de 2019 costó aproximadamente $251.662 millones, inferior tanto a la elección de 2015 como a la de 2023”, arrojaron los datos y precisaron: “Para las elecciones de 2015 y 2023, los ‘Servicios de logística del Correo Argentino’ y las ‘Transferencias’ concentraron más del 70% del total de gastos, 78% en 2023 y 81% en 2015”.
También revelaron una “disminución significativa de los recursos destinados a la ejecución de ambos procesos electorales es en el Fondo Partidario Permanente (FPP), donde cayeron en el orden del 95% en 2023 respecto al 2015, $172 millones contra $3.300 millones respectivamente”.
El FPP es administrado por el ex Ministerio del Interior y sus recursos se distribuyen entre los partidos políticos como aporte para su desenvolvimiento institucional. Constituye una herramienta de primer orden desplegada por el Estado Nacional para garantizar la independencia política de los partidos al momento de definir sus plataformas y propuestas en íntima vinculación con las demandas reales de la ciudadanía.
Elecciones de medio término:
“El cambio de las reglas del sistema electoral debe estar orientado siempre a fortalecer la transparencia del proceso electoral, ampliar la participación ciudadana y promover la rendición de cuentas. El sistema electoral es uno de los pilares fundamentales que construyen el poder de gobierno de una sociedad democrática”, manifestaron en el informe.
En tanto, advirtieron: “Resulta muy complejo votar y aprobar un proyecto de reforma electoral, en este caso, la suspensión de las Pasos, en un año donde aún el congreso no debatió el presupuesto para un año clave en términos electorales”.
“El presupuesto nacional debería ser una prioridad y anteceder a todo debate sobre el sistema electoral. No tener presupuesto significa la discrecionalidad en el manejo y administración de los recursos públicos. Hoy no sabemos cómo va a ser la política previsional, social y educativa, mucho menos la política electoral”, criticaron.
En el informe concluyeron que “la discusión sobre el sistema electoral tiene que ser profunda para que la normativa brinde la estabilidad necesaria para fortalecer la institucionalidad democrática y con ella la representación política de la ciudadanía. Cuando hablamos de modificar o suspender normativas que hacen a la vida y calidad de nuestra democracia, se coloca a todo el sistema político en una situación de representación y con legitimidad de origen débil que aleja aún más las agendas ciudadanas de la política”.
Según un informe de Fundación Éforo “la ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales”. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo como la jurisdicción con mayor recepción de fondos en ambos años.
La Fundación Éforo Data analizó los recursos asignados durante el 2024 para la financiación de obra pública desde Nación a las provincias y reveló que “la ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales”, siendo una distribución desigual para todas las jurisdicciones provinciales.
El informe reveló que “durante los primeros diez meses del año, los recursos destinados a obras con financiamiento nacional respecto a 2023 cayeron de forma pronunciada. La ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales”.
“La decisión del Poder Ejecutivo de prácticamente paralizar la obra pública ha tenido un impacto significativo en todas las provincias. Si bien todas las jurisdicciones provinciales recibieron menos recursos respecto al año anterior, la distribución no fue igual a lo largo del país”, resaltó.
Al respecto, detalló que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo como la jurisdicción con mayor recepción de fondos en ambos años, alcanzando $149.009 millones en 2024. Sin embargo, en CABA, la obra pública nacional cayó un 82% en valores reales. Sigue en magnitud de recursos la provincia de Buenos Aires con $67.507 millones en 2024. Pero ajustado por inflación se observa una caída real del 89% respecto al 2023.
Según la Fundación Éforo: “Las provincias con menor inversión nacional fueron La Rioja, que recibió $1.352 millones en 2024, y San Luis, con apenas $996 millones en el mismo período. Estas jurisdicciones figuran entre las más perjudicadas en términos reales. Mientras que La Rioja sufrió una contracción del 97%, en San Luis fue 94%”.
“Jujuy y Tierra del Fuego presentan caídas reales menores al promedio nacional (-29% y -48%, respectivamente), y que contrastan con los retrocesos superiores al 80% observados en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires”, agregó.
Por otro lado, indicó que Río Negro se destacó como la provincia más favorecida de la región patagónica en términos nominales en ambos años, con una inversión de $13.214 millones en 2024 y $7.243 millones en 2023, aunque su variación real fue negativa en un 59%. Por otro lado, Chubut y Santa Cruz recibieron montos significativamente menores en 2024, mostrando caídas reales más pronunciadas, del 90% y 93%.
“La inversión bajo el concepto ‘Nacional’ registró una contracción del 72%. Dentro de esta categoría, más del 70% de lo ejecutado, que asciende a un monto de $63.816 millones, corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad, abarcando dos áreas principales: mantenimiento de red por administración y obras en corredores viales”, precisó.
Tanto el actual procurador del Tesoro, como Jesús Rodríguez y María Cristina Guzmán fueron convencionales constituyentes del ’94. Participaron del conversatorio “Constituyentes: 30 años después”, organizado por Fundación Éforo. Destacaron el valor de los consensos para alcanzar acuerdos políticos estables.
Tres constituyentes de la reforma del 94 disertaron sobre los alcances, logros y desafíos pendientes de la Constitución Nacional aprobada hace tres décadas. El actual procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien fue convencional por la provincia de Buenos Aires; Jesús Rodríguez, expresidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y representante por CABA y María Cristina Guzmán, ex diputada nacional, quien hizo lo propio por Jujuy.
“Iniciamos el siglo XXI con un fracaso lamentable, que después lo continuamos con un ida y vuelta del populismo y eso fue lo que nos mató. Lo cierto es que estamos en una situación económica muy grave que viene de lejos y que nos va a costar mucho esfuerzo y sacrificio salir”, afirmó Barra, quien además aseguró que “con criterio, sentido común y aplicando la Constitución vamos a salir adelante”.
El encuentro se realizó en el marco del conversatorio Constituyentes: 30 años Después, que organizó Fundación Éforo en el espacio El Obrador Centro Creativo, de la Ciudad de Buenos Aires.
“Estos espacios de discusión y reflexión que generamos desde Fundación Éforo son para fomentar la participación ciudadana. En este caso puntual escuchamos a los protagonistas que participaron en la construcción de consensos para lograr la reforma constitucional de 1994, que creó la figura del Defensor del Pueblo, la del jefe de gabinete de ministros y la consagración constitucional de la Auditoría General de la Nación”, sostuvo el presidente de Fundación Éforo, Federico Recagno.
Por su parte, Jesús Rodríguez destacó que “la reforma del ’94 no fue una reforma de unos contra otros, como las de 1949 y 1957, fue votada por unanimidad por todas las fuerzas políticas. Por esto es la Constitución de todos los argentinos.”
“En aquel momento buscábamos los acuerdos más allá de cualquier partido político al que pertenecíamos, valía la pena el esfuerzo, no estábamos en la búsqueda de un interés personal ni sectorial”, aseguró María Cristina Guzmán.
Durante el encuentro también se presentó un informe del Observatorio de Control Público, coordinado por la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot.
"Desde el Observatorio elaboramos informes sobre el estado de nuestro sistema de control público. En este caso, presentamos un diagnóstico con logros y desafíos de la Auditoría General de la Nación, a 30 años de la Reforma Constitucional. Creemos que es importante acercar a la ciudadanía información precisa sobre los organismos que garantizan el fortalecimiento de la democracia.", sostuvo Pitiot.
*Fundación Éforo genera, a partir del cumplimiento de los 40 años del retorno de la Democracia en Argentina #AccionesEnDemocracia, una iniciativa para reflexionar y debatir sobre diversos ejes de política pública con el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos que nos permitan fortalecer la práctica democrática y la participación ciudadana).
