En la Argentina de hoy se ha abierto un conflicto que, aunque parezca futbolero, es profundamente político. La disputa entre el gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no gira alrededor de reglamentos ni de estatutos. Lo que está en juego es algo mucho más simple y más incómodo para el poder: una institución que funciona frente a un Estado que todavía no logra mostrar resultados.

La AFA, conducida por Claudio Tapia, exhibe algo inusual en la vida institucional argentina: orden administrativo y superávit financiero. Sus balances muestran que la organización genera más recursos de los que gasta, amplió acuerdos comerciales y fortaleció el valor internacional del fútbol argentino. Mientras gran parte del sector público sigue discutiendo cómo cerrar sus cuentas, la AFA ya lo hizo.

Pero el contraste no es sólo económico. También es deportivo. En apenas tres años, la Selección Argentina de Fútbol logró una etapa histórica: la Copa América 2021, el campeonato del mundo en el Mundial de Qatar 2022 y nuevamente la gloria continental en la Copa América 2024. Bajo el liderazgo de Lionel Messi y la conducción técnica de Lionel Scaloni, el fútbol argentino volvió a la cima del mundo.

El problema para el poder político es que los éxitos generan legitimidad. Y la legitimidad, cuando no nace del gobierno, incomoda.

Mientras la AFA muestra títulos, estabilidad institucional y cuentas ordenadas, el gobierno enfrenta una realidad distinta: un escenario económico difícil, tensiones sociales y resultados que todavía están lejos de convertirse en logros para celebrar. Ese contraste es, probablemente, el verdadero origen del conflicto.

Entonces aparece la política en su versión más conocida: cuando no se puede competir en resultados, se intenta disputar el control.

No es casual que la presión haya escalado hacia el terreno judicial. La utilización de la justicia para intervenir o condicionar instituciones no es una novedad en la Argentina. Forma parte de una vieja lógica de poder: si no se puede ganar en la cancha, se busca cambiar las reglas desde los tribunales.

Pero hay algo que el poder suele olvidar: el fútbol argentino no es una oficina administrativa más. Es una de las pocas estructuras que hoy produce orgullo colectivo. Intentar apropiarse políticamente de ese espacio no sólo es un error institucional; también es una señal preocupante sobre cómo se concibe el poder en nuestro país.

El gobierno debería preguntarse por qué necesita confrontar con una institución que tiene superávit, prestigio internacional y resultados deportivos extraordinarios. Tal vez la respuesta sea incómoda: porque cuando el éxito no pertenece al poder político, el poder intenta apropiárselo.

En definitiva, el conflicto no es entre el gobierno y el fútbol. El conflicto es entre dos modelos de gestión: uno que gana campeonatos y ordena sus cuentas, y otro que todavía busca mostrar resultados. Y en la Argentina de hoy, esa diferencia se vuelve demasiado visible.

A más de dos meses de la presentación la iniciativa, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja comenzó este martes con el tratamiento de la ley antibarras, por la que pretende el aprobar un nuevo régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos. El texto, además, propone crear la figura de la “asociación ilícita futbolística” y las penas contemplarán a dirigentes y organizadores de espectáculos deportivos.

La iniciativa es impulsada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y los emisarios del Gobierno nacional para ampliar el contenido del proyecto de ley fueron Martín Ferlauto y Fernando Soto, habituales exponentes en comisiones. También estuvo Andrés Paton Urich, en representación de la AFA, quien avaló el espíritu del texto, pero cuestionó: “No hemos participado de la confección, ni hemos sido consultados”.

Sin embargo, el asesor legal de la Asociación del Fútbol Argentino dejó en claro que la postura sigue siendo de la de oponerse al arribo de las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD): “La AFA es una asociación civil compuesta por clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro y seguiremos defendiendo esa figura porque creemos que es un modelo justo y necesario para nuestros clubes que cumplen una función deportiva y social”.

La aclaración devino por las expresiones del director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, Martín Ferlauto, quien explicó que el derecho de admisión estará “bajo la órbita de los clubes, sean SAD o sociedades civiles”. Como respuesta, Paton Urich recordó que la justicia suspendió el alcance del decreto reglamentario 730/2024 y los artículos 335 y 345 del DNU 70/23 que habilitaba la transformación de los clubes deportivos en Sociedades Anónimas.

Sobre el proyecto de ley antibarras, el asesor legal de AFA y miembro del Comité de Apelaciones de la FIFA mencionó que el texto tiene el aval de Claudio "Chiqui" Tapia, mandamás de la AFA, y pidió por “un fútbol argentino, que es campeón del mundo y de América, sin violencia, lleno de hinchas y sin barras”. “No nos gusta y no queremos cuestiones delictivas dentro de la fiesta del fútbol y estamos activos en radicar cualquier tipo de violencia en el fútbol”, reiteró.

Tanto la exposición de Ferlauto y la de Soto fueron breves, pero ambos coincidieron en que este proyecto de ley tiene por objetivo considerar a las “barrabravas como organizaciones criminales”. “Los barrabravas son todo lo opuesto a los hinchas del fútbol: ven al deporte como la oportunidad de mostrar fuerza e intimidar a dirigentes y otros hinchas”, sumó el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad.

Luego de un reclamo del diputado puntano Ernesto “Pipi” Alí (UP), exministro de Seguridad de San Juan cuando Alberto Rodríguez Saá era gobernador, realizó algunas críticas sobre las exposiciones: “Esperaba estadísticas o situaciones reales para advertir o detenerlas de cara al futuro; no me han aportado más nada, ni venir a decir cuál es el verdadero espíritu de la ley; me voy como vine”. Y agregó: “Qué lástima que no hayan tomado en cuenta a la AFA”.

Tras estos cuestionamientos, Martín Ferlauto leyó estadísticas aportadas por la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos: “En 2024 se registraron 1.168 capturas en espectáculos deportivos contra 272 en 2023; hubo 4.967 admisiones contra 1.100 que hubo en 2023; y 1.328 espectáculos deportivos fueron cubiertos contra 939 en 2023”.

Por su parte, el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, explicó que “desde hace mucho tiempo, el fútbol, tiene un poder donde se manejan entradas falsas, entradas revendidas, se ingresan armas y se cometen delitos organizados”. Y reiteró: “Las barras bravas son organizaciones criminales”.

También arrancó el debate por la ficha limpia alternativa

Una vez que concluyó el primer tema, la presidenta de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, dio inicio al segundo debate de la jornada: la modificación de los artículos 375 y 488 sobre sentencia condenatoria firme y derecho de indemnización conocida como “ficha limpia alternativa”, impulsada por el formoseño Fernando Carbajal de Democracia para Siempre.

En otro breve debate, Carbajal manifestó: “La verdad es que mientras el sistema penal se metía con los pobres, con los marginales, no había ninguna duda, ni nunca hubo ninguna duda, sobre que con el doble conforme y sin recurso extraordinario las sentencias penales se ejecutaban”. “Lo cierto es que la discusión comenzó cuando el sistema de Justicia Penal empezó a tocarle la oreja a los poderosos”, inició.

Luego, sostuvo que “acá empezó a discutirse con mucha vehemencia si las sentencias se ejecutaban o no una vez que tenían el doble conforme”, y añadió: “De ahí es que surge la necesidad de establecer de manera clara, por vía de reforma al Código Procesal Penal, en qué momento una sentencia, aunque no adquiera firmeza definitiva, puede ser ejecutada”.

Del mismo modo, aclaró que “con ficha limpia decía que con el doble conforme, es decir, con el fallo de Casación, se ejecuta la sentencia, pero paradójicamente sólo se aplicaba para un universo limitado de delitos y dejaba afuera un montón de otros”. “Todo esto no tiene ninguna lógica ni ninguna consistencia constitucional”, cuestionó.

“Lo que nosotros proponemos es a los efectos de todos los delitos que la sentencia se aplique cuando tiene doble conforme”, afirmó. “De esta manera vamos a estar dando respuesta al reclamo social de ficha limpia y lo vamos a hacer inclusive más extensivo, porque esto no tiene nombre y apellido, no es para persona determinada ni es solamente para los funcionarios públicos, porque cualquier persona condenada a una pena de más de tres años tiene como accesoria obligatoria la inhabilitación absoluta y no puede ser candidato”, concluyó. Carbajal.