En el inicio de la sesión de este jueves, la Cámara alta tratará los pliegos judiciales de 33 aspirantes para diversos cargos, de los que solo uno recibió objeciones de parte de la oposición. Como sea, se descuenta que el oficialismo impondrá su mayoría en la Cámara alta para aprobar los mismos.

Dichos pliegos fueron tratados en la comisión que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti el 27 y 28 de julio pasado. Al cabo del segundo día, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, destacó que no hubiera habido prácticamente objeciones sobre los postulantes, ante lo cual anticipó el tratamiento en el recinto de los mismos en la próxima sesión.

El primer día fueron 15 los pliegos, a saber: 

Enrique Jorge Bosch, propuesto como juez de Cámara en Resistencia; Patricio Nicolás Sabadini, postulante a juez de Cámara en Resistencia; Pablo Alfredo Candela, como defensor Público de Víctima para el juzgado federal con asiento en la provincia de Tierra del Fuego; Romina Alicia Magnano, para ocupar el cargo de defensora Pública Oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Morón; Iván Javier Gueler, propuesto como defensor público oficial ante el Juzgado oficial de Primera Instancia de Gualeguaychú; Noelia Quiroga, propuesta como defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Paraná; Mariana Beatriz Vera, impulsada como defensora pública de Víctimas para la provincia de Catamarca; José Agustín Chit, propuesto como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia Tucumán; y María Laura Lema, quien se postula para el cargo de defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

También están Diego Leonel Freedman, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral N° 2 de Menores de CABA; Enrique Catán, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Sala I; Andrea García Vior, para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, Sala II; Gabriel De Vedia, quien aspira a cubrir el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala V; Patricia Russo, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en CABA, Sala VII; y José Alejandro Sudera, propuesto como vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II.

Los 18 pliegos analizados al día siguiente, en una reunión que presidió el vice de Acuerdos, el senador del Pro Ernesto Martínez, eran todos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y fueron los siguientes:

Hugo Daniel Navarro, postulante para juez de Cámara en Capital Federal; Juan Carlos Bonzón, candidato a vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica; Ana Silvia Guzzardi, que busca ser jueza de Cámara en Capital Federal; Maximiliano Dialeva Balmaceda, postulante para el mismo cargo en otra vocalía; Walter José Candela, aspirante a juez de Cámara en CABA, y Gustavo Alterini, también postulante para juez de Cámara en CABA.

Postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, Guadalupe Vásquez; Florencia Mallar, propuesta como vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial; María Pilar Rebaudi Basavilbaso, postulante para jueza  civil en Capital Federal; Juan Perozziello Vizier, como postulante a vocal en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial; para ocupar el cargo de jueza civil en Capital Federal, María Claudia Pita; Marisa Sandra Sorini, postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Matías Ariel Buenaventura, sugerido para ser juez de Cámara en Capital Federal, y María Virginia Sanzone, propuesta para el cargo de jueza de Cámara en Capital Federal.

Para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, de la Capital Federal, se presentó Carlos Calvo Costa, quien fue el único postulante de los que se presentó que no había tenido un paso por el Poder Judicial; Diego Paz Saravia, para el cargo de juez en lo Comercial en Capital Federal; Gonzalo Auguste, propuesto para juez civil y comercial en Capital Federal, y Alejandro Nobili, postulado como juez civil y comercial en esta Capital.

Las objeciones

Durante el tratamiento de esa treintena de pliegos hubo dos pasajes polémicos. Aunque solo en uno quedó claro el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio. El destinatario de los cuestionamientos fue el fiscal Gabriel De Vedia, quien fue interrogado por las senadoras del Pro Guadalupe Tagliaferri y Laura Rodríguez Machado, sobre la supuesta reunión que había mantenido en 2017 con el entonces operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón, en cuyo marco este último le habría adelantado la intención de ese Gobierno de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara.

Propuesto para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala 5, De Vedia debió dar sus argumentos sobre las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello, y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.

El otro pasaje polémico fue tras la exposición de Guadalupe Vásquez, propuesta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, un ámbito donde se tratará la cuestión de la quiebra del Correo y respecto de lo cual el senador radical Julio Martínez preguntó respecto de su postura. Eso motivó la reacción de los senadores oficialistas, que reclamaron que no contestara para evitar eventuales recusaciones posteriores. El tema fue saldado sin que Vásquez tuviera que pronunciarse.

La reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado realizada este martes se alteró cuando legisladoras del Pro interrogaron al fiscal Gabriel De Vedia sobre la supuesta reunión que había mantenido en 2017 con el entonces operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón, en cuyo marco él le habría adelantado la intención de ese Gobierno de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara. Así lo denunció en marzo pasado en medios relacionados con el kirchnerismo, y sobre eso le preguntaron Guadalupe Tagliaferri y Laura Rodríguez Machado.

Ahora propuesto para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala 5, De Vedia realizó su exposición sobre el final de la audiencia. Fue el decimotercer pliego analizado, de quince previstos para este martes. A continuación de su exposición la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri lo interrogó sobre su nivel de independencia. Le preguntó respecto de su reunión con Rodríguez Simón, el 26 de octubre de 2017; si lo unía con él algún parentesco, y si hubo en ese marco una amenaza hacia Gils Carbó. Y si se había propuesto como reemplazante de Alejandra Gils Carbó.

Entre otras cosas la senadora del Pro le preguntó las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.

“La reunión existió, la impulsé yo”, admitió De Vedia, precisando sobre su grado de parentesco que Simón había sido esposo de una prima hermana suya. No habían tenido mucho vínculo, aclaró, y no lo había visto nunca mientras estuvo casado con su prima.

“Yo era un fiscal que veía con muy buenos ojos el trabajo que se estaba haciendo en la Procuración”, admitió, precisando que “veía que esa persecución le generaba (a Gils Carbó) tristeza y preocupación para llevar adelante su tarea. Y en un momento dado apareció el tema de los celulares de una de las hijas (publicados) en un medio periodístico. Entonces empecé a pensar, sin haberlo hablado con ella: ‘Algo tengo que colaborar para terminar con esto’”.

Admitió conocer al entonces ministro Germán Garavano de la Universidad Austral, pero aclaró que no lo había ido a ver. Consiguió el teléfono de Rodríguez Simón y se contactó con él por whatsapp, combinando una reunión que se realizó en la Casa Rosada. En la que estuvieron los dos solos. “El me planteó lo que dije, que es público, y en ningún momento me propuse como procurador”, sostuvo, contando que había entonces un pliego suyo en el Senado que el Gobierno de Cambiemos había bajado. Descartó además que pudiese ser nombrado procurador, habiendo impulsado él varias denuncias contra funcionarios por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Según relató ante la Comisión de Acuerdos, ante la consulta de cómo podía concluir la presión sobre Gils Carbó “Pepín” Rodríguez Simón le dijo que “si me traés la renuncia de la procuradora, esto se acaba acá”. El le dijo que ella no iba a renunciar, porque tenía una responsabilidad institucional, ante lo cual el operador judicial le habría respondido: “Entonces meteremos presas a las hijas y a ella”.

“Es como que ahí se corta un poco la conversación”, señaló De Vedia, que le preguntó si pondrían a otro fiscal en el cargo y Simón le dijo que el nuevo procurador no sería un fiscal.

De Vedia rechazó que ese episodio tuviera que ver con “una posible independencia mía”, y se preguntó: “¿Cuál es la falta de independencia que le parece que puede haber? (La reunión) salió de mí, fue una forma de colaborar”.

Según dijo, no lo había denunciado ante la Justicia porque la destinataria del mensaje era la procuradora. “Si alguien tenía que denunciarlo era ella”, enfatizó. Y respecto de su decisión de ir a los medios en marzo pasado, De Vedia tomó la decisión cuando leyó en Infobae que Gils Carbó iría a juicio oral. “En ese momento me cae una ficha y dije: ‘Yo tengo algo que puede ayudar a la Justicia, porque tengo un elemento que es importante que la comunidad lo sepa, y también el Poder Judicial'”.

Intervino entonces la senadora Laura Rodríguez Machado, que insistió sobre su denuncia “tardía”. Y le recordó que como personal judicial tenía la obligación de que ante el conocimiento de un posible hecho ilícito presentarse ante la Justicia y manifesarlo. “Sino son meras manifestaciones políticas en programas que tienen un fuerte sesgo político. Eso demuestra que no hay imparcialidad en sus opiniones”, advirtió.

Agregó la legisladora cordobesa que esos dichos le dieron a Gils Carbó la posibilidad de impulsar una recusación. “Claramente ha dicho recién que le quiso dar una mano. Eso es ser absolutamente parcial”, observó la senadora del Pro, que adelantó que para el interbloque de Juntos por el Cambio él había sido “absolutamente parcial por dos motivos: por no denunciar, como hombre de derecho, ante un hecho ilícito, y sí hacerlo de manera política ante un programa; y en segundo lugar decirle que usted con esa declaración logró un avance que beneficia a Gils Carbó, para que su recusación fuera motivo dentro del expediente”.

Agregó Rodríguez Machado que el propuesto para juez había hablado de “persecución” contra la exprocuradora, con lo cual estaba acusando al bloque opositor de perseguir. Esa es una manifestación de corte político. Con eso nuestro bloque considera que usted no es imparcial”.

De Vedia insistió en que él había querido “darle una mano a la procuradora”, y que ese cargo no era político, sino institucional. “Si analizan mis denuncias, van a ver que siempre le doy importancia a la verdad jurídica objetiva. Yo tenía una circunstancia que podía esclarecer, aportar un elemento para que el Poder Judicial diga que la procuradora fue víctima de determinada circunstancia”, sostuvo. Y agregó: “Cuando planteo el hecho de la persecución, no es un hecho político, es judicial. Ella era la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Había una persecución mediática tremenda contra ella”.

“No vi persecución, pero sí veía que había algo que venía del Gobierno nacional y hubo declaraciones públicas del presidente de aquel momento pidiendo a la procuradora que renuncie”, agregó, para insistir luego en que no lo denunció en su momento “porque no fui el destinatario de ninguna expresión del doctor Fabián Rodríguez Simón; es ella la que tenía que haberlo denunciado”.

Intervino entonces el jefe del bloque oficialista del Senado, José Mayans, quien cargó contra “la mesa judicial” del Gobierno de Cambiemos a la que siempre le apunta esta administración. Y trajo a colación “dos causas armadas”, dijo, en referencia a la del dólar futuro y a la del Memorándum con Irán, que atribuyó a “una persecución abierta a quien fue presidenta y hoy es vicepresidenta de la Nación, para buscar dañarla como figura política, atacar a su familia, y la misma acción desarrollaron contra la fiscal Gils Carbó para poder sacarla del puesto y tener personas que representen sus intereses”.

En ese marco, el formoseño adelantó que el bloque mayoritario acompañaría los pliegos presentados.

No podía faltar la participación de Oscar Parrilli, siempre presente cuando de temas judiciales se trata, y arremetió contra Juntos por el Cambio señalando que “a veces llama la atención que levanten la bandera de la República y la defensa de las instituciones, cuando cometieron todos los atropellos, persecuciones, barbaridades que se hicieron contra el Poder Judicial de la Argentina”.

“Nosotros hemos escuchado hoy a postulantes y a ninguno le preguntamos a qué partido estaba afiliado, o si pertenecía a algún estudio jurídico… Evaluamos sus méritos y antecedentes”, afirmó, y volvió a cargar contra JxC, diciendo que “hablan como si hubiera caído de la estratósfera, llegaron con la pandemia”.

Y concluyó: “Quiero decirles a los postulantes que vamos a evaluar sus habilidades, competencias, y no vamos a tener en cuenta si formaban parte de algún estudio jurídico o si tuvieron algún compromiso político, cosa que sí hizo la anterior gestión”.

El tema se dio por concluido con la última pregunta de Tagliaferri, que quiso saber en qué circunstancias De Vedia le informó a Gils Carbó sobre lo que había escuchado. El fiscal contestó que al salir de la reunión la procuradora estaba siendo homenajeada en la Universidad de Lanús, y ahí había varias personas de la Procuración con la que él tenía confianza. “Los llamé por teléfono y en ese marco a uno que le tenía mucha confianza le pregunté si le decía a ella”, contó. “Mirá, tenés que hablar vos”, contó que fue la respuesta que escuchó, ante lo cua llamó a Gils Carbó y se reunió con ella. “La vi sorprendida, como que le termina de caer una ficha. De hecho, al lunes siguiente renunció”, concluyó De Vedia.

El virtual receso que han impuesto en la tarea legislativa las vacaciones de invierno y, sobre todo, el cierre de listas, fue interrumpido este martes por la mañana para el tratamiento de una serie de pliegos judiciales. Así, la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti habilitó una audiencia para escuchar las exposiciones de quince postulantes para ocupar vacantes en el Poder Judicial.

Y lo que transitaba por los carriles normales se alteró bien sobre el final, al cabo de la presentación de Gabriel De Vedia, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, quien denunció mediáticamente en marzo pasado que el operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón le había confiado en una reunión privada la intención del Gobierno de Cambiemos de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara. El tema generó una serie de preguntas de la oposición, que ya adelantó el rechazo de ese pliego por tildar de “parcial” al actual fiscal.

El primero en exponer ante los senadores fue Enrique Jorge Bosch, propuesto como juez de Cámara en Resistencia, provincia del Chaco, quien habló sobre las dificultades de ese tribunal por la falta de jueces para completarlo. “Tiene un solo juez titular y está cubierto por subrogancias”, detalló, Bosch, quien respecto del tema del pago de Ganancias -cuestión sobre la que todos los postulantes fue consultado específicamente- señaló que “ya está en la ley, hay que pagarla, y esto hace al principio de equidad de las cargas tributarias.

Patricio Nicolás Sabadini habló también como postulante a juez de Cámara en Resistencia, y destacó que a ese tribunal ingresaron desde 2019 83 causas, de las cuales el 82% culminaron con condenas por juicio abreviado, aclarando que eso no fue por una “cuestión de comodidad”, sino por imperio de las circunstancias derivadas de autoridades titulares en esa Cámara. Así las cosas, graficó la situación señalando que “antes teníamos presos sin condena y ahora tenemos presos sin juicio previo”.

Con relación al pago de Ganancias, dijo que siempre sostuvo que “el salario no es ganancia”, pero aclaró que “por una cuestión de equidad me sumo a lo que dijo Bosch: hay que pagarlo”.

Propuesto como defensor Público de Víctima para el juzgado federal con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Pablo Alfredo Candela destacó la creación por ley de esa función para “garantizar los derechos y garantías de las víctimas de los procesos penales”. Dijo además que esa provincia “ha sido pionera en derechos de las víctimas.

“Estoy de acuerdo con la tributación de Ganancias. Es lo que corresponde”, puntualizó al finalizar.

Romina Alicia Magnano se presentó para ocupar el cargo de defensora Pública Oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, cargo que ostenta interinamente, pues ese puesto está vacante desde 2016. Tras detallar las características del cargo, Magnano dijo que “es un desafío y un anhelo personal ejercer el derecho de defensa con perspectiva de género, procurando defender los estereotipos de género que permiten la criminalización, tanto de mujeres como de identidades no binarias, y a la vez ejercer la defensa con el compromiso que la noble misión refiere”.

“He firmado mi conformidad, la ley así lo establece”, señaló sobre Ganancias.

Iván Javier Gueler fue propuesto como defensor público oficial ante el Juzgado oficial de Primera Instancia de Gualeguaychú, y en su presentación detalló las tareas que se cumplen en ese tribunal, donde él ya viene desarrollando esa tarea. Al respecto destacó que debe lidiar allí con causas de estupefacientes y trata de personas, como así también causas por el uso de documento público falso y contrabando de mercaderías y cigarrillos, pero la mayoría en las que han intervenido en el último tiempo tienen que ver con la violación a las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia. “En casi su totalidad hemos podido llegar a acuerdos, con lo cual esas causas se han visto resueltas de manera rápida y expedita y se ha descongestionado el sistema”, comentó.

Respecto de Ganancias, ya firmó su conformidad para pagarlo, aclarando sobre todo que no considera que uno deba ampararse en un privilegio.

Fue el turno a continuación de Noelia Quiroga, propuesta como defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Paraná. Ella contó su experiencia al frente de una defensoría ante el tribunal oral, que la ha enriquecido mucho. “Hace casi 28 años que ingresé al Poder Judicial y siempre mi objetivo ha sido desarrollar mi trabajo con compromiso”, expresó en un pasaje.

“Estoy dispuesta a pagar Ganancias”, señaló sobre el final ante la pregunta de rigor.

Mariana Beatriz Vera ha sido propuesta como defensora pública de Víctimas para la provincia de Catamarca. “Me llamó mucho la atención esta nueva ley, este nuevo paradigma”, comentó en un pasaje la postulante, que afirmó haber realizado diferentes propuestas sobre el tema. Contó que actualmente se desempeña como defensora pública oficial, cargo al que accedió por concurso, habiendo obtenido el primer lugar. Para ella, el cargo que atiende la situación de las víctimas “tiene perspectiva de vulnerabilidad”, y lo definió como “un cargo omnicomprensivo, en el sentido de que acompañamos a las víctimas en todas las etapas del proceso penal”.

“Como trabajadora de nuestro país, debemos aportar para el impuesto a las Ganancias, y como tal firmé mi compromiso ante el Ministerio de Justicia de la Nación”, precisó Vera.

José Agustín Chit fue propuesto como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia Tucumán, y en ese cargo contó haber participado del juicio contra el clan Alé. Señaló sobre el final de su exposición que “en caso de obtener el acuerdo del Senado, y aprovechando que es una fiscalía que no está habilitada aún, mi intención es formar un equipo de trabajo con criterio de paridad de género, para poder llevar adelante investigaciones que tengan esa perspectiva y que redunden en beneficio de usuarios y beneficiarios del sistema”.

La senadora tucumana Beatriz Mirkin intervino a continuación para hacer hincapié en la enorme cantidad de víctimas de violencia de género que hay en su provincia, la cual supera la media nacional, según destacó. Preguntó entonces sobre los casos en que un vehículo pasa de una jurisdicción a otra y en esos casos los controles se encargan de revisar la documentación del auto, pero no la de quienes van ahí. Planteó como interrogante si ayudaría por ejemplo a la cuestión de la trata de personas que se procediera en ese sentido.

“Hoy por hoy están las herramientas que la ley permite ante una posible situación, si se advierte un elemento que haga sospechar un posible delito, para requisar un automotor”, señaló el doctor Chit, quien coincidió en que “hay que mejorar y encontrar una manera de mayor seguimiento. Nos debemos todos los operadores judiciales un mayor compromiso con el seguimiento de las herramientas que se requieren para prevenir la violencia contra las mujeres”.

A su turno, María Laura Lema expuso para el cargo de defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, quien detalló que existen hoy dos defensorías que actúan ante los tribunales orales. Sobre Ganancias, se manifestó de acuerdo con el pago, y contó que personalmente ya dio su conformidad para abonarlo. Y con relación al planteo de la senadora Mirkin, adhirió a lo que había expresado su antecesor y agregó que “existen regulados operativos que pueden llevarse a cabo para detectar este tipo de situaciones”.

Además, se mostró a favor de continuar con las capacitaciones obligatorias en temas de perspectiva de género, no solo en el ámbito de la Justicia, sino también con los auxiliares de la misma, las fuerzas de seguridad.

Fue el turno luego de Diego Leonel Freedman, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral N° 2 de Menores de CABA. Ese tribunal hoy tiene dos jueces y uno subrogante, señaló. Tiene en trámite 2.000 causas, ingresando unas 30 por mes; la mayoría de las cuales tiene que ver con delitos contra la propiedad privada. Se ocupan del juzgamiento de personas mayores de 16 y menores de 18 años, siendo el enjuiciamiento oral y reservado.

La senadora María Eugenia Catalfamo le preguntó sobre la reinserción de jóvenes privados de su libertad, a lo que Freedman refirió su experiencia personal como defensor de menores. Cuando le tocó intervenir, dijo, no ha tenido casos de reincidencia. Sugirió además “trabajar con el ámbito familiar y social de la comunidad para cuando el joven recupere su libertad” y abogó por un “trabajo interdisciplinario que se pueda dar con la justicia penal juvenil”.

Promediando la jornada, expuso Enrique Catán, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Sala I. “Me he dedicado mucho al Derecho del Trabajo, tanto como abogado litigante, durante muchos años, en la actividad académica, y ya desde hace algún tiempo como juez en un tribunal de La Plata.

“No hay ningún impedimento constitucional para que los jueces y juezas paguemos Ganancias. No por un principio de igualdad, sino para empezar a mitigar cierto descreimiento que la sociedad tiene en el Poder Judicial”, añadió sobre el final.

Andrea García Vior expuso para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, Sala II, quien señaló sobre Ganancias que “debemos tributar porque nuestros ingresos lo justifican. A mi ver, del principio de intangibilidad del salario no deriva que los jueces no debamos pagar impuestos”.

Fue el turno a continuación de Gabriel De Vedia, quien aspira a cubrir el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala V. Actualmente es fiscal en el fuero de la Seguridad Social y en un pasaje de su larga exposición dijo que durante su trayectoria le ha dado mucha importancia al tema de la evasión, a su juicio “una de las cuestiones centrales en el derechod el trabajo”.

“En esto hay que ser implacable -consideró-. La informalidad va ganando terreno en todo el mundo, pero entiendo también que debemos aspirar y tener la vara muy alta en el campo del Derecho Laboral. Atendiendo las complejidades de este mundo pos pandémico, pero no podemos perder la relevancia que significa para un trabajador el empleo registrado y que se le hagan los aportes”. En ese sentido dijo haber hecho muchas denuncias penales por el tema de la evasión previsional”.

Fue a continuación de su exposición cuando la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri lo interrogó sobre declaraciones suyas en los medios que la llevaban a interrogarlo sobre su nivel de independencia. Le preguntó sobre su reunión con “Pepín” Rodríguez Simón, si se había propuesto como reemplazante de Alejandra Gils Carbó y entre otras cosas sobre las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.

De Vedia admitió que la reunión había existido y afirmó que no había hecho la denuncia correspondiente porque “la destinataria del mensaje era la procuradora. Si alguien tenía que denunciarlo era ella”.

La reunión, calma hasta entonces, se alteró con esos cuestionamientos, aunque en ningún momento se salió de los carriles. Tras alrededor de una hora de debate sobre ese tema, se pasó a la penúltima expositora, Patricia Russo, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en CABA, Sala VII. Para ella, ese cargo sería “la culminación de mis mayores aspiraciones, por lo que si este Senado decide otorgar el acuerdo, deseo cumplir la función con la mayor responsabilidad y dedicación”.

Sobre Ganancias, dijo que pagar sería “la manera de conjugar los preceptos constitucionales con la necesidad de que todos los ciudadanos cumplamos con la directiva del artículo 16° de la Constitución nacional, que impone la igualdad como la base del impuesto y las cargas públicas”.

El último invitado fue José Alejandro Sudera, propuesto como vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II, quien fue el más breve de todos los que se presentaron este martes, y que sobre Ganancias señaló que si bien el artículo 16 de la Constitución establece que todos los habitantes de la Nación somos iguales ante la ley, tanto en las obligaciones como en los derechos, aclaró que hay prerrogativas determinadas por ejemplo para los empleados públicos. O citó también la estabilidad de los representantes gremiales, o los propios legisladores. “Y esto también rige para los jueces, que no pueden ver disminuidos sus salarios. No se puede afectar la independencia de los jueces por vía de la disminución de esos sueldos”, remarcó, aunque aclaró sobre Ganancias que “en la medida que eso no suceda”, se debe pagar el impuesto.