La crisis que derivó en la renuncia de Gabriel Esterelles al frente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sumó este lunes un nuevo capítulo con la presentación formal, ante la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria, del informe final elaborado por la Dirección General de Auditoría Interna de la Cámara de Diputados.

El documento concluye que la OPC presenta un “escenario de debilidad estructural y deficiencia reglamentaria transversal” en aspectos administrativos, presupuestarios, financieros, patrimoniales y de recursos humanos.

La auditoría sostiene que el organismo habría operado durante los últimos años con una autonomía superior a la prevista por la Ley 27.343, particularmente a partir de la puesta en marcha del Servicio Administrativo Financiero propio (SAF 369), en 2021.

“El análisis sistémico de sus operaciones demuestra que la validez de sus actos y el resguardo de los recursos públicos se encuentran comprometidos por una cultura organizacional que ha priorizado la discrecionalidad operativa por sobre el cumplimiento estricto del bloque de legalidad pública”, afirma el informe.

Uno de los cuestionamientos centrales apunta al supuesto “quiebre del control de tutela parlamentaria”. Según los auditores, la OPC habría funcionado sin la aprobación formal de planes operativos y memorias institucionales por parte de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, a pesar de que esas autorizaciones son exigidas por la legislación vigente.

La auditoría también observó que la transición de la OPC de programa presupuestario dependiente del Senado a organismo con SAF propio no estuvo acompañada por la adecuación de procedimientos internos ni por la creación de áreas específicas de control, auditoría interna, tesorería y contabilidad.

El informe preliminar reconstruye además cómo se inició el procedimiento de control. El 2 de junio personal de la Auditoría Interna de Diputados se presentó en las oficinas de la OPC y dispuso el resguardo de expedientes vinculados a contrataciones, del expediente correspondiente a la compra del vehículo oficial, del Libro de Disposiciones, del Libro del Fondo de Reserva y de una computadora utilizada por el área administrativa del organismo.

En ese mismo relevamiento, los auditores solicitaron el Libro de Actas de Directorio. Según el informe, Gabriel Esterelles respondió que la OPC no llevaba ese registro ni confeccionaba actas de las reuniones con los directores, sino que las comunicaciones se realizaban por correo electrónico y memorandos internos. La auditoría consideró que ese aspecto debía ser analizado porque la normativa interna prevé la confección de actas de esas reuniones.

El Fondo de Reserva, uno de los focos de la controversia

El informe dedica un extenso apartado al Fondo Especial de Reserva creado en 2018 por disposición del entonces director general de la OPC. La auditoría considera que la constitución y ampliación de ese fondo se realizó sin intervención de la Comisión de Supervisión Parlamentaria ni de las autoridades de ambas cámaras del Congreso.

Los auditores sostienen que el director general “carece de competencia para constituir fondos de reserva con remanentes de las partidas presupuestarias asignadas al organismo” y cuestionan que desde ese fondo se hayan financiado obras de remodelación y la adquisición de un vehículo oficial.

Asimismo señalaron deficiencias en la registración contable y la administración de esos recursos, al detectar movimientos asentados fuera de orden cronológico y la utilización de una misma cuenta bancaria para fondos presupuestarios corrientes y fondos de reserva.

La compra del vehículo oficial

Otro de los puntos observados fue la adquisición de un automóvil para la OPC mediante la Licitación Privada N° 1/2024, adjudicada a la firma Roycan S.A.

Según la auditoría, durante el proceso se verificaron presuntas falencias en la aprobación de pliegos, la publicidad de la convocatoria y la evaluación de ofertas. También se cuestionó que la compra se financiara con recursos del Fondo Especial de Reserva.

El informe añade que el vehículo fue registrado a nombre de la propia OPC, situación que considera incompatible con la naturaleza jurídica de un organismo desconcentrado, que carece de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, los auditores objetaron la falta de un reglamento formal sobre el uso del automóvil y observaron que los registros de viajes carecían de datos básicos como kilometraje y horarios de salida y regreso.

Contrataciones y recursos humanos bajo la lupa

La auditoría relevó numerosas observaciones en los procedimientos de contratación y en la estructura de personal del organismo. Entre ellas, señaló la utilización reiterada de contratos de locación de servicios y de obra para cubrir funciones de analistas que, según la normativa, deberían estar cubiertas mediante concursos y cargos de planta permanente.

También advirtió sobre la contratación de personal administrativo y de apoyo mediante modalidades que, a su criterio, contradicen el esquema previsto por la ley de creación de la OPC.

Entre otras observaciones, mencionó la ausencia de evaluaciones de desempeño, la inexistencia de un área específica de recursos humanos, deficiencias en la trazabilidad de contrataciones y posibles situaciones de conflicto de interés que merecerían revisión.

Respecto del concurso de analistas realizado en 2023, el informe recordó que un dictamen jurídico de la Cámara de Diputados consideró que existieron vicios en los plazos de publicidad e inscripción, lo que podría conducir a la nulidad del procedimiento.

Otro episodio consignado en las actuaciones ocurrió el 24 de junio, cuando la Auditoría Interna informó a la comisión supervisora que durante una verificación de información pública encontró fuera de servicio el sitio web de la OPC. Según el reporte, la página exhibía el mensaje “Estamos realizando trabajos de mantenimiento en el sitio”, situación que, a criterio de los auditores, dificultaba temporalmente las tareas de relevamiento y control en curso.

El descargo de Esterelles

En su respuesta presentada el 26 de agosto ante la comisión, Gabriel Esterelles rechazó gran parte de las observaciones y sostuvo que muchas de las cuestiones señaladas por la auditoría responden a problemas estructurales que exceden las facultades de la dirección general.

El extitular de la OPC afirmó que durante buena parte del período auditado la Comisión de Supervisión Parlamentaria no mantuvo una actividad regular que permitiera tratar planes de trabajo, memorias institucionales, concursos y cuestiones de personal.

“Varias de las materias actualmente observadas fueron puestas oportunamente en conocimiento de la CSP, sin que se produjeran las decisiones o definiciones necesarias para su resolución”, sostuvo en su descargo.

Esterelles también defendió la validez del Fondo Especial de Reserva, argumentando que la normativa presupuestaria reconoce un tratamiento diferencial para el Poder Legislativo y que durante años su funcionamiento no recibió objeciones por parte de los organismos rectores de la administración financiera del Estado.

Respecto del concurso de analistas de 2023, remarcó que fue realizado con participación gremial, sin impugnaciones de postulantes y siguiendo criterios similares al concurso anterior. Según explicó, la controversia actual se limita a una diferencia interpretativa sobre el cómputo de determinados plazos.

En sus conclusiones, el exdirector insistió en que muchas de las observaciones formuladas “deben analizarse en el marco de las particulares condiciones institucionales bajo las cuales la OPC ha desarrollado sus funciones” y defendió el trabajo técnico realizado por el organismo durante su gestión.

La auditoría, sin embargo, recomendó a la comisión supervisora evaluar incluso la continuidad del SAF 369 y analizar la posibilidad de que la OPC vuelva a funcionar como programa presupuestario bajo la órbita administrativa de una de las cámaras del Congreso.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro cuestionó este sábado la situación que atraviesa la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y denunció que el organismo se encuentra en un proceso de “desmantelamiento” a pocos días de que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento el proyecto de Presupuesto 2027.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el legislador sostuvo que “lo que ocurre con la Oficina de Presupuesto del Congreso es grave” y advirtió sobre una presunta pérdida de autonomía técnica de una institución creada para brindar información independiente y objetiva al Poder Legislativo.

Las declaraciones de Ferraro se producen luego de que trascendiera la renuncia del director general de la OPC, Gabriel Esterelles, en medio de una serie de cambios administrativos, una auditoría impulsada por la Comisión Bicameral de Supervisión y restricciones sobre la elaboración y difusión de informes técnicos del organismo.

Según el diputado, primero se avanzó sobre una “intervención de hecho” de la oficina, seguida por la desarticulación de equipos de trabajo, el desplazamiento de profesionales con experiencia, la designación de una directora interina y la prohibición de elaborar y difundir informes. También denunció una situación de “ahogo financiero” que, a su juicio, afecta el funcionamiento normal de la institución.

“Tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Como forajidos, avanzaron sobre una institución creada para fortalecer la capacidad de control y análisis del Poder Legislativo”, afirmó Ferraro ante la información difundida por el portal Letra P.

Reunión clave

Según pudo saber parlamentario.com, el tema será debatido este lunes en el marco de una reunión de la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En el encuentro, a realizarse a partir de las 11.30 en dependencias del Senado, trascendió que se analizarán el cierre de la auditoría, la continuidad del servicio administrativo financiero de la OPC y una modificación de un capítulo del reglamento interno de funcionamiento de ese organismo, correspondiente al presupuesto del mismo.

Pudo saber este medio que se analizará también el plan de trabajo para implementar las recomendaciones formuladas por la auditoria, como así también otras modificaciones reglamentarias.

Se espera que la reunión, encabezada por los presidente de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, Agustín Monteverde y Bertie Benegas Lynch, pueda resultar áspera, dado que la oposición más dura denunciaría una suerte de “intervención” de la OPC.

La polémica en torno a la OPC no es nueva. Ya en junio pasado, durante un plenario de comisiones convocado para debatir el denominado “Súper RIGI”, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, había denunciado una “avanzada contra la OPC” a partir de resoluciones adoptadas por la Bicameral de Supervisión Parlamentaria.

En aquella oportunidad, Martínez sostuvo que las medidas aprobadas “afectan gravemente la operación de la Oficina de Presupuesto del Congreso” y advirtió que se encontraban “al límite casi de una intervención”. Entre otros cuestionamientos, mencionó controles sobre actividades no planificadas, la obligación de contar con el aval de la bicameral para determinadas tareas, la suspensión de evaluaciones en áreas técnicas y limitaciones a facultades del director general del organismo.

El legislador santafesino vinculó entonces esas decisiones con el trabajo que la OPC desarrollaba sobre distintos proyectos en discusión y expresó su preocupación por un eventual intento de “descabezar, intervenir y desarmar” la institución.

Desde el oficialismo rechazaron esas acusaciones. El diputado libertario Bertie Benegas Lynch, vicepresidente de la comisión bicameral, defendió las auditorías realizadas sobre la oficina y aseguró que se trataba de un procedimiento “saludable y sano”. Según sostuvo, las tareas de revisión fueron aceptadas por las autoridades de la OPC.

En el mismo sentido se expresó la diputada del Pro Daiana Fernández Molero, integrante de la bicameral, quien negó que existiera una intervención de facto sobre el organismo. “La Oficina de Presupuesto del Congreso no está intervenida de facto, porque de hecho los informes siguen saliendo”, sostuvo entonces, al tiempo que reivindicó la importancia institucional de la OPC y el rol que tuvo el Pro en su creación.

Ahora, tras conocerse la salida de Esterelles, Ferraro volvió a poner el foco sobre la situación del organismo y trazó un paralelo con la intervención del INDEC durante los gobiernos kirchneristas. “Cuando se debilitan los organismos técnicos, se desplaza a sus profesionales y se condiciona la producción de información independiente, se termina afectando la calidad institucional y el acceso a información confiable”, señaló.

El diputado remarcó que la OPC cumple una función central para diputados y senadores al aportar análisis sobre el impacto fiscal, económico y presupuestario de proyectos de ley y del Presupuesto Nacional. En ese sentido, consideró que el debilitamiento de su autonomía “justo cuando se acerca la presentación del Presupuesto 2027 pone en riesgo mecanismos esenciales de transparencia y calidad de la información”.

Creada por la Ley 27.243, la Oficina de Presupuesto del Congreso fue concebida como un organismo técnico de apoyo al Poder Legislativo, encargado de producir estudios sobre cuentas públicas, impacto fiscal de proyectos legislativos y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Para Ferraro, los recientes acontecimientos constituyen “una nueva embestida contra el control parlamentario efectivo”. Y concluyó con una crítica al Gobierno nacional: “¿De qué libertad y eficiencia hablan si se silencian o subordinan las voces técnicas que deben contribuir al debate público con evidencia y profesionalismo?”.