En un nuevo encuentro de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, su presidenta, la senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina – La Rioja), señaló que la implementación de la ley “es una deuda que tenemos aún. A pesar de que el Congreso ya cumplió, seguimos esperando esta reglamentación”.

En ese sentido, destacó el trabajo del titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, quien le dijo que “sus equipos estaban trabajando, respondiendo al compromiso que hay con la ley y con quienes llevan adelante esta lucha de visibilizar, no solamente lo que pasó Lucio en su momento, sino miles de chicos en el país y el mundo”.

“Contar la reglamentación es muy importante”, insistió la riojana y se mostró expectante de que “falta muy poco para que salga el decreto”. Además, resaltó que hay provincias “que ya han logrado que las Legislaturas aprueben la adhesión y otras están en proceso”.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), afirmó que “los desafíos que tenemos en esta bicameral son muchos”, al tiempo que ponderó “el fuerte compromiso que tuvimos todos” para la sanción de la ley. Y, particularmente, reconoció a los abuelos de Lucio Dupuy por “haber acompañado todo ese proceso y seguir acompañando”. “Es importante que aceleremos la reglamentación e implementación de esta ley”, agregó.

En tanto, la secretaria de la bicameral, la diputada Paola Vessvessian (FdT), observó que este “es un tema que nunca se acaba, que permanentemente tiene una dinámica. Lo importante es entender que el eje son las infancias”. “Queremos que las vidas de los niños, niñas y adolescentes se definan en los espacios donde se dictan las políticas públicas, no en el Poder Judicial”, aseveró. Y destacó, puntualmente, la puesta en marcha del Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al tomar la palabra, el titular de la SENAF, Gabriel Lerner, informó que el decreto reglamentario “ya salió” del organismo y que dirige y, posiblemente, sea oficializado en dos semanas. Sobre ello, resaltó la rapidez con que se trabajó, dado que tenían tiempo hasta el 9 de septiembre.

Una vez aprobada la ley en Diputados, y antes de su sanción en el Senado, la SENAF abrió una ronda de consultas con la Defensoría del Niño, dos sindicatos del Estado Nacional, con las universidades UBA, UNLP y UNER, además de UNICEF, el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública),

legisladores, los familiares de Lucio y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, donde “llegamos a la conclusión unánime de que esta era una enorme oportunidad para poder avanzar en donde había herramientas pendientes”.

El funcionario subrayó que hubo “una demanda de la ciudadanía de poner en primer lugar, no en el único, el tema de la detección temprana de violencias y abusos”. “No es que la ley se limita a eso, tiene un plan mucho más ambicioso”, aclaró, pero señaló que en el primer “recorte” se empezará por ese tema.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia detalló que el decreto reglamentario tiene cuatro ejes: el plan de capacitación obligatorio, campañas de sensibilización, protección de los denunciantes y sistema de información de la evolución del plan que esté accesible a la comunidad.

Sobre la protección de los denunciantes, Lerner contó que se han relevado “qué tipos de mecanismos ya están vigentes en algunas jurisdicciones para resguardar y proteger a los denunciantes”, de modo de “instar a las jurisdicciones a replicar las mejores prácticas” para “darle más seguridad a quien accede a la información y a veces teme represalias”.

En otro pasaje, informó que, aunque la ley los obliga, el decreto reglamentario no va a obligar a los poderes Legislativo y Judicial, de modo que para que realicen la capacitación se requerirán convenios.

“El incumplimiento del curso por parte de un agente del Estado se lo considerará sanción grave”, apuntó.

Sobre la primera etapa de implementación, el funcionario precisó que consistirá en “un curso inicial sencillo, autoadministrado, que nos permita una extensión rápida de formación en elementos muy básicos para ayudar al conjunto de la administración pública a convertirse en un actor que contribuya en la detección temprana y eventualmente en las denuncias”.

Eso comenzará el próximo 7 de agosto, y se tratará de un curso de “alrededor de 15 horas” que “no está pensado para quienes tienen vocación de saber mucho sobre el campo de la infancia, sino para aquel que atiende en ANSeS o PAMI, o en cualquier lugar de la administración pública”.

En tanto, “el plan integral lo vamos a terminar de discutir en el Consejo Federal” y una vez finalizado, desde allí “empezar a mandar esos contenidos a todos los organismos para que empiecen a diseñar sus propias capacitaciones”.

A su turno, Gisela Clivaggio, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, habló de hacer un curso “amigable” para todos los que se desempeñan en el ámbito estatal, aclaró que “no por eso queremos restarle nivel académico, ni rigor conceptual; tenemos una intención clara con esta capacitación”.

Y enumeró: “Tenemos un primer módulo que es más conceptual, en donde a través de las temáticas, lo que buscamos es vincular las violencias contra los niños con un modelo conceptual de la infancia, que explica por qué existe hoy una naturalización de determinados niveles de violencia contra niños, niñas y adolescentes”.

El segundo módulo está vinculado al marco normativo. “Todo este bagaje conceptual que se trabaja en una primera etapa y después tiene actividades de evaluación, tiene textos, piezas audiovisuales, videos, distintas piezas pedagógicas que nos llevan a incorporar estos conceptos, pasamos al módulo 2 del marco normativo de la Ley 26.061, que nos habla fundamentalmente de dos conceptos que para quienes trabajamos en las infancias son muy familiares, pero para quienes no lo hacen quizá no es así, que es el sistema de protección y el concepto de la corresponsabilidad”, dijo. Y explicó: “Estos dos conceptos fundamentales son los que nos llevan a trabajar, el deber de comunicar, informar, cuando uno detecta una potencial situación de violencia, o lee una situación e identifica signos de que está siendo vulnerado el derecho de un niño, niña y adolescente”.

En el tercer módulo tiene que ver con ver “cómo hago para darme cuenta, cuáles son los indicadores que nos hablan de que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de violencia. Qué factores de riesgo tengo que detectar”, detalló. Y frente a esto, cómo proteger a las infancias de lo que muchas veces son situaciones muy traumáticas.

El cuarto y último módulo corresponde a qué hacer cuando uno se encuentra con la situación en cuestión. “Entonces este módulo es el que nos lleva a un circuito de intervención. Desde el ámbito donde me desempeño, qué tengo que hacer, cuál es mi rol dentro del sistema de protección, con quién tengo que articular, cuál es el circuito institucional que debo recorrer”, precisó.

También de la SENAF, Mariano Luongo, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, expuso sobre el Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial y manifestó: “Nuestro objetivo es tratar de conseguir información que nos permita deconstruir ideas que hay sobre estos temas y poder mejorar las políticas públicas con información científica y validada”. Además, agregó que “buscamos elevar estándares de calidad para las niñas y niños sin cuidados parentales”.

“En la actualidad hay más de 8000 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que viven en cuidados alternativos residenciales en todo el país y hay más de 1000, mayores de 18 años, que aún viven en los dispositivos”, informó el funcionario.

Para finalizar, la titular de la bicameral Clara Vega retomó la palabra, agradeció a los presentes (en especial a los abuelos de Lucio Dupuy) y enfatizó: “Levantemos la bandera en defensa de los derechos de las niñas y niños”.

El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) mantuvo un encuentro de trabajo con Gabriel Lerner, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, durante el cual analizaron la reglamentación de la Ley Lucio y el legislador también puso en conocimiento del funcionario un proyecto de ley de su autoría sobre el agravamiento de penas para casos de abuso sexual, principalmente en casos que afecten a personas menores. 

“Mediante el proyecto de agravamiento de penas por delitos sexuales se propone aumentar las sanciones en casos de abusos simples y se amplía la edad para contemplar a las víctimas. Esta iniciativa se adapta a otras penas previstas en el Código Penal”, apuntó el legislador. 

El pampeano precisó que “la iniciativa contempla que se considere abuso sexual simple a todo acto que tenga como víctimas a personas menores hasta 16 años, que en la actualidad se contempla hasta 13 años”.

“Además se incorporan nuevos considerandos a los agravantes previstos en el Código Penal. Uno de ellos vinculado a aumentar las penas cuando el hecho fuera cometido valiéndose del suministro de cualquier sustancia, con el fin de impedir que la víctima pueda presentar resistencia a la acción. Otro agravante que se incorpora es cuando del hecho resulte el embarazo de la víctima. Además, se propone modificar y ampliar el universo de victimarios de fuerzas policiales o de seguridad a funcionarios públicos en general, para cuando el hecho fuera cometido en razón de sus funciones”, detalló.

El oficialista resaltó que “el trabajo de preservar los derechos de nuestras infancias y adolescencias es dinámico y debemos ir adaptando las normativas a las realidades que se viven. Por este motivo consideramos que debían rever las penas y agravarlas para dar un mensaje claro también desde lo legal”.

Bensusán consideró además que “con las penas solas no alcanza, también se debe contar con el compromiso de toda la sociedad, para no permitir este tipo de delitos. Acá no puede haber diferencias partidarias, económicas o de clases, necesitamos a una sociedad unida y comprometida en la lucha contra los abusos a niñas, niños y adolescentes. No se puede mirar para el otro lado”.

Ley Lucio

Con Lerner analizaron la reglamentación y creación del Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también conocido como Ley Lucio.

“Nuestro compromiso tiene que ver también con colaborar en la reglamentación y la creación de este plan. Hace una semana se promulgó la ley que aprobamos en el Senado, en abril. La reunión con el titular de la SENAF fue muy positiva, ya que notamos el interés en concretar este plan, y que sea una realidad a la mayor brevedad posible”, dijo el senador. 

La Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina) recibió al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, quien expuso sobre el desarrollo de los distintos planes asistenciales y la evolución de las partidas presupuestarias para cuidadoras de Centros de Desarrollo Infantil, entre otras. 

Lerner se refirió, en primer lugar, a las preocupaciones en torno al presupuesto de la Secretaría en relación a tres temas principales: los planes de Primera Infancia, de Reparación económica para niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de víctimas de violencia de género (RENNYA) y el Programa para el Acompañamiento del Egreso (PAE), y aseguró que “ya están resueltas”. 

“Efectivamente hubo un problema con las partidas presupuestarias, principalmente para los programas de PAE y RENNYA, donde este año ya hemos invertido 1.066 millones de pesos, y ya tenemos comprometidos el 91% del presupuesto”, señaló el funcionario, pero explicó que “aunque parecía que no íbamos a poder afrontar el pago del RENNYA del mes de septiembre, rápidamente por una transfería de recursos de nuestro Ministerio a la SENAF de 100 millones de pesos, se pudo pagar, de modo que hoy estamos al día”. 

Además, señaló que en este momento está en trámite en el Ministerio de Economía, “con acuerdo y pronto a salir”, lo que se llama una Solicitud de Modificación de Partidas: “Que va a implicar una transferencia a la Secretaria de 1.050 millones de pesos, con lo cual vamos a poder afrontar el cuarto trimestre del PAE, como del RENNYA, que son 602 millones de pesos, y vamos a poder afrontar 302 millones de pesos de las becas de Primera Infancia y otros 80 millones para algunos complementos de algunos programas y para gastos operativos de acá a fin de año”. 

La preocupación por las partidas presupuestarias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se incrementaron, luego de que el pasado 6 de septiembre, ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, había advertido el faltante y advirtió que si en octubre “ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda”, luego de revelar que ya habían reclamado por carta al ministro de Economía, Sergio Massa. 

Por otra parte, Lerner destacó las inversiones en proyectos en obras de infraestructura para el cuidado de la niñez, y explicó que ya hay finalizadas 47 obras y otras 135 en procesos: “Entre el crédito del BID que se está ejecutando en infraestructura de la primera infancia, y la ejecución que está realizando el Ministerio de Obras Públicas esto va a significar, de aquí al fin del año 2023, no menos de 600 obras y no menos de 35 mil millones de pesos de inversión en infraestructura del cuidado”, precisó. 

Asimismo, se refirió al “avance muy importante” en la lógica del sistema de protección, respecto a “poner a la policía en sintonía con este tipo de cuestiones”, y celebró la “importante colaboración” con el Ministerio de Seguridad que encabeza Aníbal Fernández sobre la elaboración de “un protocolo de intervención obligatoria para las cuatro fuerzas de seguridad nacionales, que ya está vigente, y que tiene clausulas especificas respecto al abordaje de niños. 

Sobre esto, manifestó que “la defensora nacional de Niñez hoy, con conocimiento de lo que está sucediendo en Mascardi, Bariloche, está pidiendo que se cumpla con el protocolo. Hay una norma específica respecto a cómo debe ser la relación respetuosa de derechos por parte de las fuerzas de seguridad con los niños y niñas, no solo cuando hay aprehensiones, también cuando hay allanamientos, cuando son testigos, cuando son trasladados, cuando están en situación de calle”. 

Finalizando su exposición, Lerner se refirió a la evolución del Presupuesto de su Secretaría, y detalló: “Al inicio del 2021, el crédito inicial tuvo 31% de aumento y lo llevó 5.800 millones, a lo largo del año se incrementó otro 25% y llegamos a 7.250 millones. Lamentablemente el 2022 lo iniciamos con la misma cifra, porque el Estado nacional no tenía presupuesto, por lo que, hasta el momento tuvo un incremento del 22%, pero de completarse la asignación de las nuevas partidas en trámite, podríamos llegar a fin de año a con un crédito vigente de 9.861 millones de pesos. Está previsto en el proyecto que mandó el Ejecutivo un incremento del 62%, que nos va a llevar alrededor de 16 mil millones de pesos. Desde el 2020 al anteproyecto del 2023 son 317% de incremento”. 

La Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina) recibirá este martes, desde las 14 en el Salón Illia, al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.

En la reunión, el funcionario expondrá sobre la asistencia a las víctimas protegidas por la Ley Brisa (menores que perdieron a sus madres producto de femicidios) y respecto de las partidas presupuestarias para cuidadoras de Centros de Desarrollo Infantil.

El pasado 6 de septiembre, ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, había advertido: “Hay partidas faltantes que impiden que la SENAF el mes que viene pueda cumplir con el PAE (Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales), con la Ley Brisa y con la remuneración para los cuidadores y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil”.

“Si el mes que viene ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda”, había dicho la funcionaria, luego de revelar que ya habían reclamado por carta al ministro de Economía, Sergio Massa.

El intendente interino de Escobar Beto Ramil y el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, firmaron dos convenios de cooperación para la implementación de los programas “Zonas de Crianza” y “Tejiendo Redes”, que tienen como objetivo fortalecer las prácticas de crianza, garantizar los procesos educativos y el cuidado de niños, niñas y adolescentes de aquellas familias del distrito en situación de vulnerabilidad social. 

“En Escobar nos ocupamos de las niñeces y lo hacemos con el compromiso de un Estado Nacional y municipal que está presente. Hoy firmamos dos convenios, pero también estamos construyendo cuatro Centros de Desarrollo Infantil y nuevos jardines municipales que nos permitirán aumentar la matricula. Además, avanzamos con éxito en la implementación del programa Primeros 1000 Días con políticas proactivas para asistir y acompañar a los chicos y chicas del distrito en esta etapa tan importante de la vida donde se construye la subjetividad y se definen cuestiones que hacen al presente pero también al desarrollo y el buen vivir de las próximas generaciones”, expresó Ramil. 

Por su parte, Gabriel Lerner destacó: “Desde la Secretaría Nacional acompañamos el proceso que lleva adelante Escobar para asistir y fortalecer a las niñeces del partido. El trabajo del Municipio es fundamental porque nos permite crear políticas públicas que dan cuenta de las particularidades del distrito y encontrar soluciones concretas en el territorio”. 

Uno de los convenios firmados entre el Municipio y SENAF tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de crianza de las familias en situación de vulnerabilidad con el fin de contener a las niñas y niños de hasta 4 años, mujeres embarazadas y personas gestantes, a través de la implementación de “Zonas de Crianza Comunitarias”. De esta manera, el Municipio definió dos Zonas de Crianza dentro del partido: una funciona en el Centro de Atención Primaria de la Salud Alfredo Vilar (Corrientes 699, Maquinista Savio) y la otra en el CAPS Marta Velazco (Calle 119 y Colectora Este, Loma Verde). 

En tanto, en el otro convenio se estableció el desarrollo del proyecto “Tejiendo Redes”, que tiene la finalidad de fortalecer los procesos educativos de las 18 niñas, niños y adolescentes que se encuentran alojados en el Hogar La Casita de Mario en Belén de Escobar. En este sentido, la SENAF destinará $1.500.000 para la compra de computadoras y tablets. 

Luego de la firma de los convenios, Beto Ramil y Gabriel Lerner recorrieron el CAPS Marta Velazco en Loma Verde y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Virgen de Luján” en Maquinista Savio, donde actualmente concurren 120 niños y niñas de 3 y 4 años, y se realizó la construcción de un aula y el cerramiento del patio gracias a fondos de la Nación destinados al fortalecimiento de los centros infantiles. El jefe comunal interino y el secretario de SENAF estuvieron acompañados por el subsecretario nacional de SENAF, Mariano Luongo; la subsecretaria de Fortalecimiento Familiar, Liliana Periotti; la coordinadora nacional del Programa Primera Infancia, Diana Olguín; la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, María de los Ángeles Goñi y la directora de Niñez, Adolescencia y Familia local, Florencia de la Mota. 

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, se presentó este lunes ante la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde brindó un detallado informe de gestión y dejó dos pedidos a las legisladoras que integran la comisión.

Por un lado, el funcionario las convocó a “trabajar juntos” en la falta de estadísticas judiciales, al tiempo que remarcó que “hay mucha conflictividad judicial en los temas de niños en relación a cuidados parentales y alternativos”.

En segundo término, recordó que en diciembre de 2019 “arrancamos con un presupuesto que había aumentado muy poquito”, y que para 2020 aumentó a 13% y para 2021 un 34% -está en ejecución casi en su totalidad, afirmó-. “Téngannos en cuenta cuando se discuta el presupuesto” de 2022, pidió.

Al exponer sobre las principales acciones y programas de la SENAF, el secretario se refirió al Plan Nacional de Primera Infancia que “supone el apoyo a espacios -de organizaciones, municipios o provincias- de educación y cuidado para niños de 45 días a 4 años de edad, con un subsidio mensual y un subsidio inicial para el mejoramiento de los espacios”.

“Tomamos en 2019 el plan con 1.657 espacios en funcionamiento y lo llevamos a 2.350, un incremento de 693 nuevos espacios”, apuntó, mientas que anunció que “ya está el acuerdo para la construcción de 333 espacios para la primera infancia, una inversión en obra pública de 10.000 millones de pesos”.

En alusión al Programa Nacional Primeros Años, el funcionario informó que el pasado 1ro. de julio se firmó un nuevo convenio. El programa tiene como ejes de trabajo los buenos tratos en la crianza y el acompañamiento perinatal, basado en la Ley de los Mil Días, que el Congreso sancionó en diciembre pasado en paralelo a la ley de aborto.

También mencionó que hay “un fuerte enfoque de introducción del programa en la protección de derechos”, para lo cual hay un trabajo articulado con los organismos locales y provinciales. En ese sentido, habló de la creación de zonas de crianza comunitaria, que a partir de convenios con los municipios se trata del desarrollo de lugares físicos.

“Ya hay 31 zonas de crianza funcionando en todo el país”, precisó, y dijo que se aspira a que estos centros, dedicados al trabajo con familias de sectores populares, lleguen a 51 en diciembre y se inauguren “otras 100 más en el transcurso de 2022”.

En su exposición, el titular de la SENAF detalló que en lo referido a la protección especial -el abordaje de los derechos vulnerados de los niños-, hay 19 provincias que están trabajando con la implementación de sistemas de registros en base a un Registro Único Nominal (RUN).

La idea del RUN es “tener un instrumento ágil de carga de los legajos” y “generar una información nacional que nos permita direccionar la política de restitución de derechos”, explicó.

“Hoy tenemos un diagnóstico mucho más preciso sobre la cantidad de niños separados del medio familiar, en qué lugares se encuentran, si están en hogares o residencias, y si esos hogares son estatales o son de organizaciones”, agregó.

En cuanto a los niños y niñas sin cuidados parentales, Lerner señaló que “hay un poco más de 9.000 niños y niñas que están en dispositivos residenciales o familias de acogimiento”, y que la SENAF aspira a incrementar la cantidad de niños y niñas que puedan estar en una familia extensa, es decir, con un tío, un abuelo o pariente.

Con una exposición llena de gráficos y datos, el secretario de Niñez aportó información sobre el Programa de Asistencia al Egreso, sancionado por ley en mayo de 2017, al cual han adherido todas las jurisdicciones. Actualmente, entre adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, hay inscriptos un total de 1.336 y para este año hay un presupuesto estimado en 110 millones de pesos.

Sobre la reparación económica de niños, niñas y adolescentes, mediante la Ley Brisa, el funcionario indicó que de diciembre de 2019 a junio de 2021 se otorgaron 930 reparaciones, con un incremento notable, ya que en diciembre de 2019 se encontraban cobrando 339. El presupuesto proyectado para este año es de 350 millones de pesos.

Finalmente, destacó la creación del Consejo Consultivo de Adolescentes. “Sabemos que en nuestro país hay un alto grado de participación de chicos y chicas, que tienen voces en la escuela, en las familias, en los barrios, en los clubes, en los credos, en las parroquias, pero estamos tratando de incrementar sus capacidades de incidencia política”.

“El consejo consultivo se ha creado para que asesore a la SENAF, para que la interpele. Son 48 chicos, 32 titulares y 16 suplentes, chicos y chicas de todo el país” seleccionados “con criterio de perspectiva de género, diversidad sexual, hay pibes y pibas de pueblos originarios, chicos y chicas con discapacidad, pibes o pibas que han atravesado trayectos de dispositivos penales-juveniles. Estamos muy contentos con esta iniciativa”, completó.

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz), recibirá este lunes a las 10 la visita del titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.

El funcionario realizará una exposición sobre diferentes tópicos de la temática específica e intercambio de opiniones e información con las legisladoras de la Comisión Bicameral.

La reunión había sido confirmada el pasado 5 de julio, durante una reunión de esa bicameral en la que se avanzó con un proyecto de resolución que reúne conclusiones sobre el informe brindado días psaados por la defensora de los Derechos del Niño, Marisa Graham.

Temas como la situación en el marco de la pandemia, como así también el tema de las escuelas cerradas precisamente por el coronavirus seguramente no estarán ausentes durante este intercambio de opiniones.

Al participar este viernes del plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner, expresó que el proyecto de los Mil Días impulsado por el Poder Ejecutivo está destinado a mujeres y personas gestantes, y niños y niñas de hasta 3 años de edad, precisando en 6,7 el porcentaje en Argentina de la población de niños y niñas de hasta 3 años, esto es casi 3 millones de niños y niñas. Un 13% de las familias tienen al cuidado algún niño o niña de esa edad, pero en los hogares pobres ese porcentaje se eleva al 24,4%. Datos que grafican que “la incidencia de esta política en los hogares humildes es de mayor relevancia allí que en la media de la población”, expresó el funcionario.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social señaló luego que la Tarjeta Alimentar tiene 1.600.000 titulares, siendo los niños destinatarios de ese beneficio un 47%, 940 mil niños y niñas que están recibiendo entonces una prestación alimentaria de parte de la cartera que conduce Daniel Arroyo.

Datos que sirven para ubicar a qué población está destinado el Programa de los Mil Días, remarcó el funcionario.

“Claramente es un proyecto que se inscribe dentro de la Convención de los Derechos del Niño”, señaló Lerner, que puntualizó como objetivo “lograr que las políticas públicas se pongan al tono de los altos estándares que plantea la Convención”. Agregó que “hay un frondoso conjunto de normas” en la materia, y esta puesta en discusión “está pensada para introducirse en esa trama. Apunta a prestaciones que mejoran el estándar de niños y niñas pequeños”.

Los destinatarios del proyecto son mujeres y otras personas gestantes y una parte de la infancia. El Comité de Naciones Unidas establece como edad deseable de la infancia los 8 años. “Acá hablamos de niños de 4, 5 y hasta 6 años; y en el proyecto se incluye hasta los 3 años”, puntualizó Gabriel Lerner, quien caracterizó como “otra bondad del proyecto” el hecho de que “jerarquiza y amplía las agendas de las primeras infancias. En los últimos años hemos focalizado nuestra mirada en los niños pequeños, las consecuencias de las vulneraciones de derechos en los primeros años de vida. Otro aspecto es que esta ley viene a reducir la brecha entre la formulación y reconocimiento en algunos derechos genéricos que no encontraban exigibilidad en algunas necesidades de niños pequeños y de las mamás y otras personas gestantes”.

Un día después de que obtuviera dictamen el proyecto de intervención voluntaria del embarazo, un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta debatió este viernes el proyecto de ley que se tramita de manera paralela al anterior, el conocido como “de los mil días”.

La reunión, realizada a través de videoconferencia, contó con las presencias de Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social; y de Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal del Ministerio de Salud de la Nación. Al cabo de las exposiciones se realizó un breve debate de los miembros de las comisiones presididas por el radical Mario Fiad y el oficialista Carlos Caserio, disponiéndose a continuación circular el dictamen respecto del cual, más allá de las observaciones expresadas, todos estuvieron de acuerdo en suscribir.

En efecto, a diferencia de cuando este proyecto pasó por la Cámara baja, no asistió esta vez ningún ministro. Entonces habían concurrido la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; y los funcionarios de Interior José Lepere y de Salud Gabriela Bauer.

La reunión arrancó con un planteo de la presidenta de Población y Desarrollo Humano del Senado, María Belén Tapia, que cuestionó que esa comisión no hubiese sido sumada al pleno, tras lo cual los oficialistas Inés Blás y -más tarde- Rubén Uñac reclamaron que iniciativas propias similares a este de los Mil Días elaborado por el Poder Ejecutivo fueran incorporadas al debate, para poner tenerlos a la vista durante la discusión del tema en el recinto. Promediando la reunión, esas inquietudes obtuvieron la anuencia de sus pares para tal fin. Lo mismo sucedió con un proyecto de Esteban Bullrich sobre salas de asistencia en hospitales.

A la hora de las exposiciones, Gabriel Lerner expresó que el proyecto puesto en debate está destinado a mujeres y personas gestantes, y niños y niñas de hasta 3 años de edad, precisando en 6,7 el porcentaje en Argentina de la población de niños de hasta 3 años, esto es casi 3 millones de niños y niñas; un 13% de las familias tienen al cuidado algún niño o niña de esa edad, pero en los hogares pobres ese porcentaje se eleva al 24,4%. Datos que grafican que “la incidencia de esta política en los hogares humildes es de mayor relevancia allí que en la media de la población”, expresó el funcionario.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social señaló luego que la Tarjeta Alimentar tiene 1.600.000 titulares, siendo los niños destinatarios de ese beneficio un 47%, 940 mil niños y niñas que están recibiendo entonces una prestación alimentaria de parte de la cartera que conduce Daniel Arroyo. Datos que sirven para ubicar a qué población está destinado el Programa de los Mil Días, remarcó el funcionario.

A su turno, la directora de Salud Perinatal y Niñez de la cartera de Salud, Gabriela Bauer, destacó que “la riqueza de este proyecto es empezar a pensarnos en un conjunto del Estado armado y articulado”, y agregó que “todavía es mucho más lo que falta para llegar a esa justicia social en esta etapa de la vida”.

La funcionaria recordó que es en esos mil días donde se da la mayor velocidad de crecimiento que en otra etapa de la vida, por lo cual durante ese tiempo se establecen las bases para la autonomía de esas personas. Por eso el objetivo de generar efectos benéficos directos sobre la persona, pero también sobre las nuevas generaciones. “La inequidad en el acceso a la misma trae consecuencias irremediables y definitivas para muchos de los niños que atraviesan esas edades”, puntualizó Bauer.

A continuación precisó que “cuando uno observa las tasas de mortalidad, en el primer año de vida, tenemos el 8,8 por mil de los niños, y esta etapa recién se reproduce pasando los 60 años. Tenemos que en la Argentina en el último tiempo nacieron 685.394 niños, de los cuales alrededor del 9% son prematuros. La tasa de fecundidad va francamente en disminución en Argentina”.

Para terminar, la funcionaria habló de la necesidad de implementar políticas efectivas, no intervenciones aisladas sino integrales y gestionadas intersectorialmente. Esto es, distintos organismos hacia las mismas personas.

A la hora de las preguntas, el radical chaqueño Víctor Zimmerman preguntó por el costo presupuestario para implementar esta ley y sobre las transferencias de fondos a las provincias argentinas para llevarlo a cabo, como así también de dónde saldrían los recursos.

Gabriel Lerner admitió que mientras a Diputados habían concurrido funcionarios del Renaper, el Ministerio de las Mujeres y de la ANSeS, en el Senado esto no había sucedido, por lo que no contaba con tanta precisión en cuanto a datos que son “temas técnicos muy específicos”. Con todo, estimó que la inversión anual prevista es de 5 mil millones de  pesos anuales, y en cuanto a las transferencias a las provincias, dependerán de los acuerdos con las mismas. “No creo que el problema se limite a la transferencia de recursos”, aclaró Lerner.

Asimismo precisó que no hay posibilidades de que los recursos destinados a implementar esta ley sean una afectación directa del Estado nacional, y precisó que “no hay manera de brindar ese acceso a la salud sin acuerdo con las provincias”.

Concluidas las exposiciones y preguntas a los funcionarios, los senadores se abocaron a un rápido tratamiento del proyecto en el cual había más coincidencias que cuestionamientos. Con todo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, recordó que “esta ley viene de Diputados, fue aprobada casi unánimemente por casi 200 votos, se pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que haga una estimación presupuestaria, pero no tenemos toda´via respuesta porque en realidad es compleja. Porque la ley habla de que la Nación deberá articular con las provincias, no habla de derechos”.

Recordó que la salud pública la llevan adelante las provincias y las mismas son autónomas. “Esta ley ni siquiera pide la adhesión de las provincias, es un marco general”, aclaró.

Con respecto a las preguntas efectuadas por el senador Zimmerman, Caserio aclaró que no podía haber mayores precisiones presupuestarias teniendo en cuenta que esta ley será aprobada después del Presupuesto. “Pero en función de las necesidades que se establezcan, van a tener las provincias ayuda, sin ninguna duda”, remarcó.

Aclaró no obstante que preguntar de dónde se saca la plata para atender las necesidades de esta ley “es como no entender el Presupuesto. El Presupuesto es una foto, esta política es posterior al Presupuesto, sino seguramente hubiera tenido una estimación, pero no deja de ser una foto. Estamos frente a un presupuesto que tiene una política administrativa flexible, una política de modificación del Presupuesto se puede dar”, y recordó que el jefe de Gabinete puede atender esas cuestiones con la reasignación de partidas.

“Por eso, no nos preocupemos tanto de dónde va a salir la plata; si el presidente manda esta ley, él se va a ocupar de dónde obtener los recursos”, apuntó el senador cordobés, que agregó que “cuando la Oficina de Presupuesto nos mande una respuesta, si eso sucede, la transmitiré a los senadores”, tras lo cual solicitó que el proyecto pasara a la firma, advirtiendo que “no hay más tiempo, sino hay que pasarlo a enero”.

“Las inquietudes son razonables, pero también deberíamos evaluar el costo político de que a fin de año esta ley no pueda salir, y tuviéramos que devolverla a Diputados”, advirtió Caserio. Agregó que “a lo mejor podemos asumir compromisos de hacer modificaciones en la reglamentación, pero tampoco puedo asumir un compromiso en ese sentido”.

Así las cosas, se acordó que el titular de Salud, Mario Fiad, fuera receptor de las inquietudes planteadas para transmitirlas y se estableció que “las que consideremos razonables, las vamos a considerar, y si se pueden modificar, las haremos el día de la sesión”.

Todas las partes acordaron acompañar positivamente el proyecto, aunque no faltaron los reparos. Como el de la senadora santacruceña María Belén Tapia (Juntos por el Cambio), que señaló que “es un proyecto que llega tarde, tranquilamente se podría haber presentado al principio de las sesiones virtuales”, y consideró que se lo había demorado “porque se especuló hasta esta última instancia y se lo usó como moneda de cambio”.

En el cierre de la reunión, el senador Fiad concluyó pidiendo celeridad en la firma del dictamen, “para llegar en tiempo y forma para tratarlo en la próxima sesión”, prevista para el 29 de diciembre.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, crea una “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, esto es, una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres por cada niño menor de 3 años a su cargo, siempre que acredite el cumplimiento del plan de vacunación. Asimismo la norma amplía la Asignación Universal por Embarazo hasta nueve mensualidades; se establecen medidas para la inscripción e identificación inmediata de recién nacidos; y se dispone la provisión gratuita de insumos para el embarazo y la primera infancia.

Tras pasarse a la firma el dictamen del proyecto de legalización del aborto, el Senado comenzará a tratar este viernes su lado complementario, el denominado “Programa de los Mil Días”, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Será en un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, presididas respectivamente por Mario Fiad (UCR) y Carlos Caserio (Frente de Todos), convocado para las 11 en forma virtual.

Allí fueron citados el ministro de Salud, Ginés González García -aunque su presencia no está confirmada- y Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 196 votos a favor y cinco abstenciones, y la intención del oficialismo es tratarlo en la sesión del próximo martes 29 junto con el aborto legal, cuyo dictamen pasó a la firma este jueves.

A través del Programa de los Mil Días se crea una “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, esto, es, una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres por cada niño menor de tres años a su cargo, siempre que acredite el cumplimiento del plan de vacunación.

Además, se amplía la Asignación Universal por Embarazo hasta nueve mensualidades; se establecen medidas para la inscripción e identificación inmediata de recién nacidos; y se dispone la provisión gratuita de insumos para el embarazo y la primera infancia.

Por Carolina Ramos

“Si hay posibilidades de aflojar la cuarentena, hay que comenzar por los niños”, consideró este viernes el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, en la previa del anuncio presidencial acerca de la nueva fase del aislamiento social obligatorio y las nuevas excepciones que entrarán en vigencia a partir del próximo lunes.

Lerner expuso ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes, en la última reunión informativa de la semana, donde destacó que “casi todas las medidas” tomadas por el Gobierno nacional durante la pandemia del Covid-19 “tienen a los niños en el centro”.

En momentos donde se especula con la posibilidad de que la cuarentena se flexibilice para este sector, el funcionario reconoció que “sería muy razonable que los niños vuelvan a las plazas y a los espacios públicos”, aunque aclaró que “eso está condicionado a que no se ponga en tensión la estrategia de prevención de contagios”, ya que “es falsa la idea” de que los niños están menos expuestos.

“Para salidas de tipo lúdico, deportivo o recreativo, los niños primero”, reforzó el titular de la SENAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y señaló que, a poco de cumplirse seis semanas sin clases y cinco de aislamiento, los niños presentan “un grado mayor de vulnerabilidad desde el punto de vista físico, psíquico y emocional”.

Por otra parte, Lerner sostuvo que “las tareas de protección de la infancia son tareas esenciales” y por lo tanto es correcto que hayan sido exceptuadas del aislamiento social obligatorio dispuesto en el DNU 297/20, ya que “si son interpretadas en un sentido contrario, eso debilita enormemente la capacidad de intervención de las áreas de niñez”.

También indicó que poco después de dictarse el aislamiento, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dictó una resolución que regula la posibilidad del traslado de niños y sus progenitores por razones de salud; porque los padres cumplen tareas esenciales y deben delegar el cuidado; y en los casos de niños a los que la cuarentena los sorprendió en un lugar diferente de su centro de vida habitual.

Asimismo, dado que el decreto faculta a las personas a hacer compras en comercios de cercanía, Lerner observó que se permite la circulación “con niños pequeños que no pueden ser dejados en su domicilio por tratarse de un cuidado monoparental”.

Tras repasar todas las medidas tomadas por el Gobierno nacional para atender distintas situaciones derivadas de la pandemia, resaltó que “casi todas tienen a los niños en el centro”, y citó una encuesta realizada por UNICEF que concluyó que “las medidas vinculadas a la seguridad social y la cobertura alimentaria” tienen “un altísimo impacto, reconocido por la inmensa mayoría de la población”.

Sin embargo, aclaró que “no hay acciones específicas” de la SENAF en ese sentido, ya que los recursos presupuestarios con que cuentan “poco pueden mover la aguja en términos de reducir la pobreza”. “Deseamos una SENAF más fuerte. Encontramos una SENAF extremadamente desfinanciada, funcionando al 25%, 30% de sus capacidades”, alertó, al referirse a la gestión anterior.

El funcionario también se refirió a la línea telefónica 102, que brinda un servicio gratuito de asesoramiento sobre los derechos de los niños, y explicó que está instalada en 17 provincias, mientras que otras siete pusieron en funcionamiento líneas con una función similar, pero con distintos protocolos.

En 2018 -último año del que hay cifras disponibles-, las provincias que cuentan con la línea 102 recibieron en conjunto “164.482 llamadas” para denunciar maltratos, abandono, abusos y violencia psicológica, entre las principales violaciones de derechos, aunque “solo entre el 2% y el 3%” de esas denuncias fueron formuladas por los propios niños, advirtió Lerner.

Si bien coincidió en la “preocupación” sobre el incremento de la violencia infantil, opinó que esa problemática “se va a poder mirar cuando acabe la pandemia”, y en ese sentido recordó que “la Justicia está de feria, los organismos de protección local están cerrados y las escuelas están cerradas”.

En cuanto al programa “Seguimos Educando”, lanzado por el Ministerio de Educación para continuar con el ciclo lectivo de manera remota, el secretario señaló que “en algunos casos, los padres registran un escaso nivel educativo” y “eso genera angustias” a la hora del aprendizaje.

Por eso, consideró que “ni siquiera el intento de aprender nuevos contenidos puede poner en tensión la situación de bienestar” de los niños, y destacó la postura adoptada por el ministro Nicolás Trotta acerca de que “no son tiempos de evaluación” de los alumnos.

Lerner también destacó una campaña conjunta con UNICEF, denominada “Acá estamos”, que “convoca a niños y adolescentes a expresarse en las redes sociales” durante la cuarentena.

En otro orden, informó que con la pandemia se redujo entre un 20% y un 25% la cantidad de niños y adolescentes privados de su libertad en establecimientos de encierro, en línea con recomendaciones internacionales, por lo que ahora esa población ronda entre 800 y 900 chicos y jóvenes.

Hacia el final, el secretario consideró que la asignación económica otorgada por el PAE (Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales) “no es incompatible” con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos otorgado para asistir económicamente a trabajadores de la economía informal afectados por la emergencia.