Tras haber estado dos años al frente del monobloque Partido Obrero (PO) presentó ante el Parlamento su renuncia y asumió en su lugar Pablo Almeida, delegado general de ATE-MECON.
El diputado del monobloque Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó este jueves su renuncia ante la Legislatura porteña, en virtud de los acuerdos suscriptos por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que establecen que las bancas deben rotarse cada dos años. El trotskista había asumido su cargo en diciembre de 2017, tras las elecciones generales.
De esta manera, el Parlamento le tomó juramento este jueves a Pablo Almeida, uno de los delegados generales de ATE-MECON, quien ocupará esa banca dado a que renunciaron a la toma de posesión de Nicolás Núñez, Ana Laura Lastra y Amanda Martín.
Al momento de presentar su renuncia, Solano explicó que la misma “tiene que ver con acuerdos del FIT, que tienen que ver con la rotación de los cargos y como militantes lo defendemos” y precisó que “en estos tres años me tocó participar de muchísimas medidas de lucha de la sociedad y que tuvieron que ver con la Legislatura, aprendí mucho y me voy con muchos nuevos conceptos”.
“Aunque esto es una renuncia voy a seguir militando, lo vengo haciendo hace muchos años y lo voy a seguir haciendo”, concluyó.
Luego el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), le tomó juramento a Almeida, quien juró –entre otros ítems- por “la memoria de los 30 mil compañeros desaparecidos, por los trabajadores y trabajadoras del mundo que luchan contra el capitalismo, por los trabajadores de la salud que dejaron su vida en la pandemia y por el aborto legal, seguro y gratuito”.
El legislador porteño del FiT destacó la inscripción de más de siete mil personas para participar de la audiencia pública por la privatización de la Costanera Norte.
El legislador porteño del Frente de Izquierda Gabriel Solano destacó la inscripción de más de siete mil personas para participar de la audiencia pública por la venta de tierras de la Costanera Norte, y consideró que demuestra “el rechazo que ha generado en la población la decisión del gobierno en privatizar el acceso al Río de la Plata”.
“Más allá de que la audiencia no tiene un carácter vinculante, la inscripción masiva es un revés para el gobierno de Larreta, ya que el debate se extenderá más allá del mes de diciembre, impidiendo que la segunda lectura de la ley se apruebe durante el año 2020”, agregó el dirigente del trotskismo.
Solano advirtió que la venta de las tierras donde hoy se encuentra Costa Salguero y Punta Carrasco representa un enorme negociado inmobiliario: “El plan del gobierno porteño es construir allí un barrio náutico, con torres que oscilarán entre los 18 y los 29 metros de altura. Se estima que el valor de las propiedades construidas será de 9.000 dólares el metro cuadrado, superando incluso las cotizaciones actuales que registra Puerto Madero”.
Al respecto, manifestó que “el rechazo que este proyecto ha suscitado en amplios sectores se debe al impacto ambiental que traerá a la Ciudad de Buenos Aires. En momentos donde se agudizan las consecuencias del cambio climático creado por el calentamiento global, la construcción de torres que bloquen el acceso al río va en sentido contrario a lo que aconsejan todos los especialistas. Al impacto ambiental hay que sumarle el habitacional”.
Y recordó que, bajo los gobiernos del Pro en la Ciudad se vendieron unas 150 hectáreas y se entregaron en concesión aproximadamente otras 100: “Esa tierra, que forma parte del reservorio de tierras públicas que tiene el distrito porteño, fue entregada al capital inmobiliario para la construcción de viviendas de lujo. Este proceso alimentó una especulación que valorizó artificialmente la tierra, incrementando el precio de la vivienda hasta un extremo que hoy la ha convertido en inaccesible para cualquier trabajador que vive o trabaja en la Ciudad. En la actualidad para acceder a un departamento de 60 metros cuadrados se requiere 27 años de salario”, manifestó.
Finalmente, Solano sostuvo que “la privatización de la Costanera Norte agravará la crisis ambiental y habitacional de la Ciudad. La masiva inscripción en la audiencia debe ser el principio de una movilización popular para recuperar esas tierras y construir allí un amplio parque de acceso universal y gratuito”.
Fue mediante proyecto de declaración impulsado por Gabriel Solano (PO), a través del cual buscará rechazar sus declaraciones debido a que consideró que los mismos fueron “discriminatorios”.
Debido a la repercusión que tuvieron sus dichos en las redes sociales, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscara repudiar “las declaraciones realizadas por la ministra de Educación, Soledad Acuña, por su contenido discriminatorio y de persecución ideológica a docentes y estudiantes y le exige al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la renuncia de la ministra de educación”.
En los fundamentos de la medida, el trotskista recordó que “en una reciente charla virtual de carácter público con el diputado Fernando Iglesias, Acuña desarrolló declaraciones contra estudiantes y docentes, a quien acusa de ‘ideologizar la educación’, señalando a la izquierda presente en los institutos de formación docente y en las escuelas como uno de los sectores que, según la ministra, fomenta la ‘bajada de línea’ en las aulas de las escuelas de la Ciudad”.
“Estas definiciones constituyen una clara manifestación clasista, discriminatoria contra los y las estudiantes que eligen estudiar en los institutos de formación docente públicos, ya que señala que debido a su condición social no estarían capacitados para ser docentes”, aseveró y destacó que “en primer lugar, la ministra refiere a la condición social de la juventud pero no se encarga de citar investigación o fuente alguna para dicha afirmación”.
“Lo más grave es que omite la propia responsabilidad que tiene el Estado en la pobreza y en acompañar las trayectorias educativas con una verdadera política de becas, que les permita estudiar y cursar a las y los jóvenes y no tener que trabajar en trabajos mayormente precarios que los obligan a discontinuar sus estudios, como una de las posibles razones de la extensión de los plazos en las cursadas”, añadió.
Al mismo tiempo recordó que “la extensión de las carreras docentes a nivel nacional fue reformada en el año 2015 y 2016 extendiendo los años de cursadas para las y los estudiantes, responsabilidad del gobierno nacional y el de la ciudad, por lo tanto no puede presentarse como un problema individual de cada estudiante, cuando es justamente al revés” y señaló que “este discurso, además, se fomenta que desde las familias se denuncie al docente en lo que se considera como una educación ‘ideologizada’”.
“Estas declaraciones agraviantes y discriminatorias, no pueden pasar inadvertidas y, por lo tanto, exigimos la renuncia de la ministra de educación Soledad Acuña que por estas horas es reclamada por toda la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires”, sentenció.
El legislador del PO participó de un acto frente al Ministerio de Economía y aseguró que el presidente “garantiza beneficios a los fondos de inversión retira el IFE 4 e impulsa una reforma jubilatoria de ajuste”.
El diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano marchó hasta el Ministerio de Economía de la Nación junto a otras organizaciones sociales y partidos políticos, para manifestarse en contra la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que el Gobierno nacional busca “garantizarle beneficios a los fondos de inversión, pero retira el IFE 4 e impulsa una reforma jubilatoria de ajuste”.
En ese sentido Solano manifestó que “Martín Guzmán y Alberto Fernández pusieron la alfombra roja para recibir al FMI con un plan de ajuste que va a afectar a todo el pueblo argentino”, y remarcó que “la noticia más importante del momento es que cuando llega el FMI el Gobierno anuncia una formula previsional para reducir nuevamente las jubilaciones en Argentina”.
Sobre esa misma línea señaló que “dicen que sistema previsional no es sustentable si no se hace un ajuste, pero es falso que los jubilados viven del Estado; es al revés: la plata de la Anses está siendo saqueada” y aseguró que “siguen discutiendo si va a haber IFE 4 o no y a partir del 1 de enero se va a aplicar un tarifazo para descargar en la población el ajuste que reclaman los capitalistas”.
Al mismo tiempo que afirmó que “mientras el pueblo sufre un ajuste a las empresas y especuladores le otorgan todo tipo de beneficios” y precisó que “Martín Guzmán, el hombre del FMI, acaba de entregar a los fondos de inversión que hicieron grandes ganancias con el macrismo la posibilidad de fugar dinero de Argentina convirtiendo en dólares los préstamos en pesos al 16% anual”.
“Entonces, al que no tiene trabajo le saca la IFE; a los jubilados le recorta los haberes; a la población, tarifazo y a los fondos de inversión, salir del país con beneficios extraordinarios”, indicó y concluyó señalando que “queda claro para quien gobiernan. Y van a mandar el pacto con el FMI al Congreso nacional porque saben que ahí, el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo se van a arrodillar frente al FMI. La única fuerza que no se arrodilla frente al FMI es el Frente de Izquierda”.
Por Gabriel Solano. Una muy crítica mirada del legislador porteño sobre la ley que habilita la construcción de edificios en Costa Salguero.
La entrega de la Costanera Norte y del acceso al Río de la Plata a grupos inmobiliarios representa un salto en la política de privatización y especulación con las tierras de la Ciudad. Con esta autorización bochornosa otorgada por el bloque de Larreta, se desarrollará un emprendimiento privado de lujo con puerto incluido, a valores que superarán los U$S 9.000 el metro cuadrado. Se trata de un enorme beneficio para unos pocos mientras se priva al conjunto de la población del acceso al río, de espacios verdes públicos y se agrava la valorización de la tierra que niega el derecho a la vivienda a la mayoría trabajadora.
La voracidad capitalista por la tierra para emprendimientos especulativos domina la Ciudad. En los últimos años Larreta, y antes Macri, han vendido o privatizado más de 300 hectáreas de tierras. Pero no avanzaron en soledad, la oposición se turnó para darle los votos necesarios para aprobar los proyectos. Es lo que ocurrió cuando se votó el Distrito Joven para la Costanera, que fue el primer avance privatista y contó con los votos del Bloque Peronista para alcanzar la mayoría necesaria. Y es lo que ocurre ahora con los votos de la UCR que habilitó la venta de estas tierras.
Este fenómeno que expulsa a la población trabajadora de su vivienda no es solo local. En el conurbano bonaerense miles de familias trabajadoras pelean por la tierra en ocupaciones que son reprimidas por la policía bonaerense de Berni. En Guernica Kicillof y la intendenta Cantero operan para desalojar a los vecinos y construir un Country de lujo en esas tierras.
La lucha por la tierra, la vivienda y el ambiente se ha colocado como una cuestión de primer orden para la población trabajadora y la juventud. Llamamos a desarrollar una movilización independiente para conquistar estos reclamos urgentes. Lo cual exige imponer en la Ciudad y en el país una orientación social opuesta a los intereses de los grandes grupos del capital inmobiliario.
El legislador del PO impulsó un proyecto de ley a través del cual solicitó que se dejen sin efecto las exenciones impositivas a entidades religiosas.
Tal y como lo viene haciendo desde hace varios años, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano volvió a presentar en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual exigió la separación del Estado y la Iglesia, por lo cual pidió eliminar los beneficios económicos que perciben estas instituciones.
En ese sentido, el proyecto plantea dejar sin efecto las exenciones impositivas comprendidas en el Código Fiscal otorgadas a entidades religiosas estén registradas o no y cualquiera sea su conformación jurídica (lugares de culto, congregaciones, viviendas particulares o colectivas, fundaciones y ONG’s incluídas las que se presentan como “de bien público”, empresas y entidades educativas).
La iniciativa también estable que, en caso de que sea sancionada, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) tendrá un plazo de 30 días para hacer público el listado de propiedades pertenecientes a entidades religiosas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallando los beneficios impositivos establecidos con anterioridad.
A su vez busca derogar todas las cesiones de inmuebles a título de uso precario y gratuito a favor de entidades religiosas, así como también solicita que la AGIP publique el listado de propiedades de dominio del Estado para proceder a su tasación y estipulación de un alquiler, entre otras cuestiones.
En los fundamentos de la medida Solano indicó que “de este modo se pretende avanzar en la separación de la Iglesia del Estado, en este caso el de la Ciudad, golpeando su capacidad de injerencia, denunciando su función social, cultural, educativa, su accionar político y terminando con el sostén del Estado a la misma” y remarcó que “este objetivo democrático básico se ha vuelto un problema de primer orden a la luz de la lucha del movimiento de mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito”.
Asimismo recordó que “luego de la media sanción en diputados, la Iglesia Católica (también la Evangélica y otros credos) desplegó todos sus recursos económicos, organizativos y políticos para desarrollar una campaña oscurantista, anti científica, basada en engaños y prejuicios inaceptables contra un derecho elemental de la mujer como el aborto legal”.
Sobre esa misma línea, el trotskista advirtió que “en la Ciudad de Buenos Aires la Iglesia Católica y el resto de las religiones tienen enormes beneficios que representan un sostén del Estado a una usina reaccionaria, oscurantista, antiderechos que brinda como contrapartida una contención social frente al saqueo de las condiciones de vida de las masas y un adormecimiento y resignación frente a la necesidad del pueblo de desarrollar toda su capacidad de lucha para derrotar el ajuste”.
“La eliminación de este sostenimiento tiene un sentido claramente democrático que la burguesía y sus partidos no están dispuestos a llevar adelante porque entrañaría liberar al pueblo de una opresión ‘espiritual’ totalmente funcional a los intereses de la explotación del hombre por el hombre”, aseveró y concluyó manifestando que “los derechos democráticos elementales como la libertad de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo y su vida, la del hombre para asociarse a la mujer en una lucha común, la del conjunto para vivir en libertad la sexualidad son incompatibles con el dominio religioso impuesto a creyentes y no creyentes por la acción de fuerza del Estado”.
El legislador del PO participó en una movilización en la que se criticó la misión del FMI en el país y advirtió que “esta crisis económica nos lleva a una nueva devaluación si no vamos a medidas de fondo como repudiar la deuda”.
En el marco de una movilización en la que sectores sociales y agrupaciones políticas de izquierda repudiaron la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano aseguró que el acuerdo que el Gobierno nacional realizará con ese organismo internacional representará “mayor ajuste y crisis social”.
Sobre esa misma línea el trotskista afirmó que “la presencia del FMI es muy negativa para Argentina, la plata de la deuda no está ni fue invertida acá, sino que se fugó; pero ese acuerdo por la deuda lo vamos a pagar los trabajadores” y recordó que “ya estamos viendo cómo: hoy mismo nos enteramos que no existirá el cuarto IFE, ello cuando se acaba de anunciar un 40% de pobreza”.
Asimismo consideró que “es una orientación política: Argentina acaba de votar contra Venezuela en la ONU, a pedido de Trump. Son las condiciones políticas para el acuerdo con el FMI, que digita la política nacional, como también se ve en el Presupuesto 2021, que es un presupuesto de ajuste” e insistió en que “esta crisis económica nos lleva a una nueva devaluación si no vamos a medidas de fondo como repudiar la deuda y nacionalizar el comercio exterior y la banca”.
Solano también señaló que “ya sabemos lo que es el FMI: pobreza, ajuste, indigencia, que se vuelven a repetir. Eso es lo que denuncia el FIT” y concluyó señalando que “planteamos que el pueble deje de pagar una deuda que no contrajo y una salida opuesta: sobre la base del no pago de la deuda y la ruptura con el FMI, de un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, a la nacionalización de la banca y del comercio exterior; promover una reorganización social y económica de fondo bajo los intereses de los trabajadores”.
El diputado del PO le envió una carta al ministro de Salud de la Ciudad en la que le pidió que los enfermeros sean incorporados en la Ley 6.035, lo que siginificaría un aumento salarial del 30% para esos trabajadores.
Tras los incidentes en las inmediaciones de la Legislatura porteña entre las fuerzas de seguridad y los enfermeros, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano le solicitó mediante una carta al ministro de Salud de Ciudad que se incorpore a los enfermeros en la Ley 6.035 de profesionales de la salud.
De esta manera el trotskista pidió que “se termine con la discriminación a los enfermeros y enfermeras y se reconozca a los mismos en la Carrera Profesional de trabajadores de la salud, que implicaría un incremento salarial de aproximadamente un 30%, una jornada laboral más reducida compatible con el trabajo que se realiza y otro tipo de derechos laborales de importancia” y recordó que en la actualidad estos trabajos “son considerados trabajadores administrativos, aunque realicen tareas de profesionales de la salud para las cuales estudian y desarrollan diariamente”.
En su carta Solano cuestionó los argumentos vertidos por el Ministro de Salud para no reconocer a los enfermeros dentro de la Ley 6.035, por lo que advirtió que “la afirmación de que el pase a la Carrera Profesional implicaría una división del colectivo de enfermería porque pasarían solo los licenciados y no los profesionales y auxiliares es un intento llamativo de nivelar para bajo”.
Asimismo propuso “una solución exactamente opuesta: que pasen a la Carrera Profesional todas las enfermeras y enfermeros y que aquellos que no tienen título de licenciados puedan formarse durante el propio horario de trabaja; la propia ley 6.035 establece 6 horas semanales de formación profesional” e insistió en que “el Gobierno de la Ciudad debería actuar consecuentemente y enviar una ley para que los licenciados sí pasen a la carrera profesional”.
En la misiva el legislador remarcó que “en la actualidad existen varios proyectos presentados en la Legislatura para tratar el pase a la Carrera Profesional que nunca han sido colocados siquiera a debate, porque el bloque del oficialismo impide que eso ocurra” y afirmó que como Ejecutivo “reconocen que faltan enfermeras y enfermeros y que estamos en la actualidad muy lejos de los estándares internacionales de cantidad de enfermeros por médico. ¿Pero no es claro, acaso, que el maltrato de su gobierno, que se expresa en las pésimas condiciones laborales no es un incentivo para que la juventud decida estudiar la carrera de enfermería?”.
“Las verdades razones es que no quieren disponer de partidas presupuestarias para esto: no quieren aumentar los salarios que paga su Gobierno, que rondan los 38 mil pesos mensuales y 133 pesos las horas extras; ni tampoco mejorar las condiciones laborales de enfermería, porque eso implicará necesariamente que esos beneficios deberán replicarse también al sector privado”, aseveró.
Al mismo tiempo que concluyó señalando en la carta que “la muerte de cinco trabajadores de enfermería por Covid 19 en la Ciudad y los centenares de contagiados dan una dimensión del verdadero compromiso que ellos tienen con su profesión, con los pacientes y la salud pública. Ese compromiso debe ser correspondido. Usted y su gobierno tienen la responsabilidad de atender favorablemente esta justa y necesaria demanda”.
El diputado del PO Gabriel Solano impulsó un pedido de informes en el que buscará conocer si esa universidad mantendrá convenios con otros organismos, el presupuesto que se le asignará, entre otras cuestiones.
El legislador del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, presentó en la Legislatura de la Ciudad un pedido de informes a través del cual buscará conocer como es la puesta en marcha de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA) y cómo será el vínculo con los terciarios y profesorados del distrito.
En ese sentido, el trotkista exigió precisiones acerca de si la UniCABA mantendrá convenios con universidades privadas, empresas, ONGs e iglesias; saber si el año 2021 comenzará algún tipo de funcionamiento de carácter pedagogico-administrativo de la universidad; el presupuesto que se destinará a los institutos de formación docente para el próximo ciclo lectivo; y las carreras que se dictarán allí.
También buscará conocer las tareas desarrolladas por el rector de la UniCABA, Mariano Palamidessi; al mismo tiempo que buscará conocer qué vinculación tiene esa universidad con el Parque de la Innovación y la iniciativa de sectores privados; entre otras cuestiones.
En los fundamentos de la medida, Solano señaló que “el Gobierno de la Ciudad decide lanzar una nueva pulseada contra los institutos de formación docente” y detalló que “los rectores de los profesorados, el día 10 de septiembre fueron citados a una reunión virtual con Palamidessi para ‘proponer posibilidades de cooperación y actividades en conjunto’. Sin embargo los anuncios fueron categóricos: mayor vaciamiento para los institutos de formación y el comienzo de una implementación de la UniCABA, plagada de arbitrariedades desde el punto de vista educativo en general, y condiciones laborales y contractuales”.
Además manifestó que “se planea la implementación de un proyecto piloto para una matrícula reducida con la oferta del profesorado de educación primaria. Carrera que ya existe y tiene larga tradición en la formación docente” y remarcó que “el contraste es notorio y el desprecio del GCABA sobre las comunidades de los institutos de formación docente también: mientras atravesamos una de las peores crisis agudizadas por la situación de pandemia, faltan recursos para los profesorados pero se destinan fondos a la construcción de la UniCABA”.
“La crisis educativa se ha agravado durante la pandemia, y no se detuvo el ataque del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, a los terciarios. A principio de año volvió a intentar cerrar los pos títulos de los terciarios”, señaló y concluyó afirmando que “es evidente que cualquier intento de implementación de la ley citada atenta contra la voluntad popular que exige la derogación de la misma, la defensa de los institutos de formación docente, presupuesto y la respuesta inmediata a docentes y estudiantes de la Educación Superior de la Ciudad”.
El diputado del PO Gabriel Solano impulsó un pedido de informes en el que pidió detalles acerca de la desvinculación de empleados del Ministerio de Desarrollo Humano y de Ecobici.
En medio de la pandemia del Covid 19, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual solicitó precisiones acerca del despido de varios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH) y Ecobici.
De esta manera le exigió al Gobierno porteño que informe la cantidad de trabajadores contratados por locación de servicio, obra o asistencia técnica a los cuales se les rescindió o no se les renovó el contrato desde el 20 de marzo a la fecha; la cantidad de años que esos trabajadores estuvieron contratados por el GCBA; el motivo de cada una de las bajas de contratos; la previsión de bajas o no renovación de contratos de acá al 1 de enero de 2021; y la cantidad de trabajadores que permanecen contratados.
En los fundamentos del texto, Solano aseguró que “según algunos trascendidos, estos despidos son el puntapié inicial para la reducción del 20% de los municipales contratados que el GCBA tendría planeado ejecutar, golpeando en particular a los más precarios, como lo son los monotributistas” y destacó que “en la Ciudad hay más de 18 mil trabajadores monotributistas, lo que implica que, de efectuarse un recorte del 20%, se despedirán a 3.600 municipales”.
Además indicó que “esta política de recorte y despidos se enmarca dentro de la Ley de Emergencia Económica aprobada en mayo de este año, la cual habilitó al Poder Ejecutivo a manejar a discreción el presupuesto, congelar la planta de trabajadores y a revisar los contratos de locación de servicio, habilitando el apriete y la extorsión para que quienes se encuentren bajo esa contratación”.
“Las y los monotributistas son el eslabón más débil dentro de los trabajadores municipales, dado que son contratados mediante locación de servicios o asistencias técnicas, precarización laboral de la cual se vale el GCBA para el desarrollo de las tareas más riesgosas, pago de salarios miserables, y despidos sin ningún tipo de causa”, concluyó.
Gabriel Solano juntó a dirigentes de ese partido presentaron un amparo en la Justicia para reclamar la implementación del protocolo de aborto legal tal como lo aprobó la Legislatura y denunció que los cambios propuestos por el alcalde local se deben a “presiones de la Iglesia”.
Después de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara medidas complementarias para el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que aprobó la Legislatura porteña, el diputado del PO Gabriel Solano junto a la dirigentes de ese partido Vanina Biasi y Amanda Martín presentaron un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad reclamando la nulidad de la Resolución 1723 por la cual el Gobierno de la Ciudad reglamentó la Ley 6312 de adhesión a esa normativa.
En la presentación también se solicita una medida cautelar para que se suspenda la vigencia de dicha resolución hasta tanto se resuelve sobre el amparo presentado.
A lo largo del texto que se presentó ante la Justicia, el legislador intentará demostrar que el Gobierno local “se excedió en sus atribuciones y que detrás de la reglamentación se esconde una modificación sustancial de la ley votada por la Legislatura”.
Asimismo, los denunciantes advirtieron que “estas modificaciones alcanzan puntos sustanciales, como ser el establecimiento de la objeción de conciencia institucional, para que una empresa o sector público se niegue a realizar un aborto; establece también que ‘en caso de controversias en referencia a la atención de menores, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar para resguardar los derechos de las niñas y adolescentes’” y recordaron que para estos últimos casos “el procedimiento a seguir debe ser evaluado por el personal de salud en base a la salud integral de la niña, que es lo que dice el protocolo ratificado”.
También alertaron acerca de que “se introducen intermediaciones interdisciplinarias que, en el marco de las resoluciones emitidas, se preparan como un obstáculo para el acceso al derecho. Y establece plazos gestacionales que no figuran ni en el código penal ni en el protocolo reafirmado por ley en la Ciudad”.
En ese contexto, Solano manifestó que “reclamamos ante la Justicia la nulidad de la reglamentación de Larreta de la ILE por modificar drásticamente su contenido siguiendo las presiones de la Iglesia” y señaló que “los puntos modificados por Larreta violentan la ley votada por la Legislatura”.
“Un repaso de las actas de la sesión muestra que esos temas fueron ampliamente debatidos y que el punto de vista sostenido por Larreta en su reglamentación quedó en clara minoría. Bajo la presión del clero Larreta está pisoteando la Legislatura y atribuyéndose facultades legislativas que no tiene”, concluyó.
Mientras que Biasi y Martín llamaron al movimiento de mujeres a movilizarse contra esta reglamentación hecha a la medida de la Iglesia y a continuar la lucha por el tratamiento inmediato del aborto legal en el Congreso Nacional, “rechazando la decisión de Alberto Fernández de postergar para un futuro incierto el envío del proyecto de ley”.
El legislador porteño del PO criticó duramente el accionar del ministro de Seguridad de la Nación y polemizó con Máximo Kirchner por la desaparición del joven de Bahía Blanca, a la vez que estableció un paralelismo con la muerte de Santiago Maldonado.
Después de que Máximo Kirchner manifestara que el caso de Facundo Castro no podría ser equiparado con el de Santiago Maldonado, el trotskista Gabriel Solano (PO) participó de una movilización frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y le respondió al diputado nacional. Al mismo tiempo exigió que el ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, sea removido de su cargo.
Es así que en relación a la desaparición de Castro, Solano manifestó que “todas las pruebas apuntan a la bonaerense: las fotos, las pertenencias de Facundo, las declaraciones, los mensajes en sus celulares” e insistió en que “lo que está claro para todo el país es negado por el ministro Berni, el gobernador de la provincia Axel Kicillof y el Gobierno nacional”.
Asimismo indicó que “la represión que llevó a la desaparición de Facundo es una represión muy sutil. Los gobiernos nacional y provinciales le dijeron a la policía que tenían que usar la represión como contención social frente al crecimiento de la pobreza que no pueden parar” y consideró que “por eso tenemos 29 personas asesinadas en la Provincia de Buenos Aires y más de 80 en todo el país en lo que va de la cuarentena”.
“Usar las fuerzas represivas como método de control social los hace responsables de su accionar. Le reclamamos a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof que Berni se tiene que ir”, explicó.
Sobre esa misma línea, Solano polemizó con Máximo Kirchner al precisar que “si comparamos el caso de Santiago con el de Facundo. Del mismo modo que en la desaparición forzada de Santiago, hay una responsabilidad de una fuerza de seguridad del Estado” y concluyó señalando que “en ambos casos, los que se evidencian como responsables son encubiertos por sus autoridades políticas”.
En el marco de una audiencia pública con trabajadores de la salud, Romina del Plá y Gabriel Solano alertaron sobre la situación sanitaria en el AMBA.
La diputada Romina Del Plá y el legislador Gabriel Solano participaron de una audiencia pública con más de cien trabajadores de la salud del AMBA de instituciones públicas y privadas. Fue convocada por los bloques del FIT-PO del Congreso y la Legislatura para relevar las denuncias de los trabajadores, que alertan sobre un colapso creciente del sistema de salud.
En ese marco, Del Plá afirmó: “Vamos a presentar un pedido de interpelación al ministro de Salud de la Nación para que responda sobre las graves denuncias que recogimos de primera mano de los trabajadores. La situación del sistema sanitario dista mucho de la que nos pintan en las amistosas conferencias de prensa de Fernández, Larreta y Kicillof. Muchos hospitales grandes ya están colapsados, como el Posadas o el Evita de Lanús, que cerró la admisión de nuevos pacientes por falta de personal. Lo mismo ocurre en CABA en el Santojanni, el Piñero o el Ramos Mejía”.
Según Del Plá, “esto obedece a que el reforzamiento hospitalario que anunciaron no es tal. Por ejemplo, en el caso de las terapias intensivas, las camas que se sumaron no cuentan con el equipamiento y, sobre todo, con el personal necesario para su funcionamiento. En la audiencia los trabajadores de las terapias fueron muy claros respecto a que el número de enfermeros, kinesiólogos y médicos terapistas por cama tiene un impacto decisivo en las posibilidades de recuperación de los pacientes. Este faltante hace que en muchos hospitales haya una mortalidad cercana al 90% entre los pacientes que ingresan a UTI, como en el Hospital Piñero de Flores”.
“Por otra parte, el personal de salud está mermado por los contagios y los aislamientos preventivos. Sólo en Provincia hay más de 6000 trabajadores de la salud contagiados por falta de elementos de protección personal de la calidad y en la cantidad que se necesita”, agregó la diputada del Partido Obrero. Esta situación, agregó, “se agrava porque flexibilizaron la cuarentena en el peor momento de la pandemia, por presión de las patronales que quieren continuar con la explotación de los trabajadores, cuando estamos con una cantidad creciente de contagios y fallecidos, y en los últimos días se bate récord tras récord”.
Solano afirmó por su parte que “la pandemia puso de relieve un sistema de salud fragmentado, privatizado y con trabajadores de la salud completamente precarizados. El Gobierno desoyó nuestro reclamo de centralización estatal del sistema de salud, una necesidad de primer orden. Las consecuencias están a la vista: un sistema de salud colapsado, que no puede disponer de la información y los recursos para enfrentar la situación. Por eso hay una crisis por las derivaciones del PAMI, la obra social de los jubilados, que es el sector más sensible a la enfermedad del Covid-19”.
“También se les niega a los trabajadores de la salud sus reivindicaciones, como el pase a la carrera profesional para enfermería, el salario para los concurrentes y el pase a planta para los residentes que egresan. Los salarios del sector rondan la canasta de pobreza y sin embargo les congelaron la paritaria. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley por un bono de 20.000 pesos para todos los trabajadores de la salud, del ámbito público y privado, que sea mensual hasta que termine la emergencia sanitaria”, sostuvo el legislador porteño.
“En la audiencia se resolvió apoyar las luchas y reclamos de todos los trabajadores, especialmente del Sanatorio Plaza de Escobar, que fue cerrado por sus dueños y se encuentra ocupado por sus trabajadores, en defensa de los puestos de trabajo y de la atención de la población en medio de la pandemia”, agregó el diputado porteño.
El legislador del PO cuestionó duramente las medidas que el jefe de Gobierno de la Ciudad buscará aplicar en conjunto con el nuevo protocolo sobre el aborto legal, que recientemente fue aprobado con una abrumadora mayoría en la Legislatura porteña.
Luego de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, impulsará una serie de medidas de acompañamiento al nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -aprobado por amplia mayoría en la Legislatura porteña-, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano advirtió que el alcalde local bajo “la presión del clero, Larreta distorsiona el protocolo de ILE”.
En ese sentido, el trotskista recordó que “los debates previos a la aprobación incluyeron propuestas como la objeción de conciencia institucional e individual, sin embargo fueron rechazadas por la mayoría del cuerpo legislativo, lo cual deja en evidencia que la reglamentación realizada por Rodríguez Larreta -al incluirla- constituye una vulneración a la decisión tomada por la Legislatura” y consideró que esto es “algo que no sólo ataca el acceso al derecho de las personas gestantes a la ILE sino que es francamente ilegal: el Ejecutivo sólo puede fijar detalles de la ley que reglamenta, pero en ningún caso pueda alterar su espíritu”.
Además alertó sobre que “esta decisión unilateral que toma Larreta está vinculada a que gran parte del empresariado de la salud de la Ciudad está integrado a fuertes sectores del clero. Ejemplo de ello son los grupos que representan el lobby empresarial de la salud, como el grupo Bazterrica y el grupo Austral, empresas que de antemano no cumplen con prácticas emanadas de una ley como los tratamientos de fertilización asistida”.
“Esta inclusión es un vínculo a esos sectores que vienen violentando derechos de mujeres y disidencias de forma sistemática”, sentenció Solano.
Se trata de una petición del legislador del PO Gabriel Solano, quien advirtió que los trabajadores de los comedores desempeñan su tarea durante 12 horas diarias sin ningún tipo de remuneración.
Debido al aumento de las personas que se acercan a estos lugares y con la intención de reconocer su labor, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano insistió en la necesidad de que se reconozca el trabajo que se desarrolla en los comedores populares como “actividad esencial”, para garantizar el pleno reconocimiento de todos los derechos laborales de un trabajador estatal de la Ciudad de planta permanente -como ART y Obra Social- y regido por la Ley 471 de la Ciudad.
Al respecto de su petición, Solano manifestó que “los trabajadores de los comedores populares día a día garantizan el alimento a decenas de miles hombres, mujeres y niños que pasan hambre en la Ciudad de Buenos Aires” e insistió en que “su tarea es indiscutiblemente esencial, sin las personas que ponen su esfuerzo y su trabajo decenas de miles se quedarían sin comer”.
Sobre esa misma línea remarcó que “su trabajo se ha multiplicado desde el comienzo de la pandemia, recibiendo cada día más personas que piden ayuda. Además, lo hacen sin recursos suficientes alimenticios ni elementos de protección que garanticen su salud” y recordó que “Ramona, militante y trabajadora de un comedor de la Villa 31, fue víctima de la política de precarización y la falta de medidas sanitarias con las que trabajan cientos de personas en los comedores de la ciudad. Es necesario que esta tarea se reconozca y se cubran sus derechos”.
Es por ello que presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que los trabajadores perciban un salario por sus tareas; es así que cada comedor podrá designar dos cocineros por turno, un trabajador cada 30 raciones de comida proporcionada y/o fracción superior a diez raciones de comida proporcionadas por cada turno.
“El proyecto que elaboramos contempla la asistencia y subsidio para todos los comedores populares que se encuentran en la Ciudad y que la misma se mantenga mientras los comedores se encuentren en funcionamiento, más allá de lo que dure la aislamiento social o las fases de la cuarentena y plantea la igualación del salario y los derechos de los trabajadores de los comedores populares con los de un trabajador del Estado de la Ciudad”, indicó Solano y precisó que “no consideramos que un bono durante la pandemia, como plantea el bloque del Frente de Todos, sea suficiente. Impulsaremos su aprobación con actividades de difusión en las villas y llamamos a adherir en apoyo al mismo”.
Además el trotskista presentó la iniciativa en una reunión online con más de 80 trabajadores de diferentes comedores de la ciudad en la que vecinas y referentes de comedores manifestaron su apoyo al proyecto y relataron la “precaria situación de los barrios: referentes de comedores de la villa 1-11-14, en Bajo Flores, mencionaron que están hasta 12 horas en el comedor, sin ningún reconocimiento salarial”.
Asimismo recortaron que “en Soldati comentan que ya antes de la pandemia mucha gente se estaba acercando al comedor por la necesidad y ven que es muy probable que eso continúe”, mientras que desde la Villa 20, en Lugano, reclamaron la necesidad de que se garantice obra social y ART frente a cualquier accidente.
El legislador porteño del Partido Obrero cuestionó duramente la decisión de los bloques oficialistas de no dar quórum en la sesión especial que debía realizarse este viernes, a fin de tratar un proyecto que buscaba interpelar a Felipe Miguel. “Está confirmado que el Gobierno de Larreta sabía de este hecho ilegal por lo menos hace varios meses”, aseguró.
Luego de que fracasara la sesión especial en la que debatirían un proyecto que buscaba citar al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, para ser interpelado acerca de la reubicación de “efectivos dependientes de la Policía de la Ciudad en los servicios de inteligencia” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2018, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano cuestionó duramente la decisión del oficialismo de no dar quórum.
En ese sentido, el trotskista manifestó que “la ausencia del bloque oficialista y del jefe de Gabinete Felipe Miguel en la sesión de hoy habla por sí misma del involucramiento del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires con las tareas de inteligencia ilegal a gran escala, usado para perseguir opositores y oficialistas, e incluso infiltración en fuerzas de izquierda y eventos de las luchas populares que han sido reveladas”.
Asimismo consideró que “ha quedado demostrado que es mentira que estos cinco policías que pasaron a la AFI en 2016 y 2018 trabajaron como custodios como informó Felipe Miguel” y recordó que “entre otras tareas, se sabe que realizaron espionaje y hackeo de información, que organizaban y entregaban en Casa Rosada a la coordinadora de Documentación Presidencial”.
Al mismo tiempo que señaló que “está confirmado que el Gobierno de Larreta sabía de este hecho ilegal por lo menos hace varios meses y también que sucedía bajo el amparo del Poder Ejecutivo, dado que la policía debe ser autorizada por el Ministerio de Seguridad para realizar tareas que no se encuentran en su competencia” y precisó que “estas revelaciones que involucran al Gobierno de la Ciudad en otro capítulo de la guerra por el control de los servicios de inteligencia muestra solo una parte de un aparato de espionaje ilegal para el control social y la persecución política que se vincula al poder judicial y a las fuerzas de seguridad”.
“En enero del 2018, cuando se realizaba también parte de este traspaso, desde las altas esferas del gobierno nacional y amparado públicamente por la ministra de seguridad en ese momento, Patricia Bullrich, se hacía espionaje y perseguía a manifestantes que habían participado de la movilización contra la reforma previsional y sufrido la represión policial y persecución judicial”, manifestó y concluyó señalando: “no podemos dejar de recordar las declaraciones de Silvina Frederic semanas atrás, que demuestran que tanto oficialismo como oposición apelan al espionaje y ciberpatrullaje”.
El legislador del PO le envió una carta a los legisladores de la Ciudad, a través de la cual los incitó a reunirse para sancionar una ley para que los enfermeros puedan pasar a esa carrera. “No son considerados profesionales, esto repercute en sus salarios”, advirtió.
En medio de una compleja situación sanitaria en todo el país y la Ciudad, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano volvió a insistir en la necesidad de incorporar a los enfermeros en la carrera de profesionales de la salud, por lo que le envió una carta al resto de los legisladores porteños para sancionar una ley en ese sentido.
En la misiva, el trotskista aseguró que “en nuestra Ciudad impera una discriminación, nuestras enfermeras y enfermeros no son considerados como parte de la carrera profesional de la salud, es decir, no son considerados profesionales” y advirtió que “esto repercute en que cuentan con salarios inferiores al resto de los profesionales, y con peores condiciones de trabajo”.
Además recordó que la izquierda “tiene presentado un proyecto por el pase a la carrera profesional de todos los enfermeros, sean licenciados, profesionales o auxiliares. Sin embargo hemos tomado nota que diferentes bloques se han pronunciado por el pase a planta de los Licenciados, que aproximadamente representan un tercio del total” y consideró que “a pesar de esta diferencia nosotros estamos convencidos que una aprobación de una ley incluso con esa limitación sería un paso adelante, que permitiría seguir con más fuerza la lucha por el pase de la totalidad de enfermería”.
A su vez manifestó que “es por eso que nos dirigimos especialmente a los diputados que han elaborado estos proyectos o que se han pronunciado en esa dirección que presentemos uno en común” y rememoró que “ya con los bloques que nos posicionamos a favor tendíamos 30 votos, estaríamos a 1 de poder hacer realidad el proyecto de ley. Llamamos a reunirnos prontamente y avanzar en el sentido señalado”.
“Es un momento en que toda la población reconoce la labor de nuestros trabajadores de la salud, es momento que la legislatura tome nota de eso, y los reconozca también votando el pase a Carrera Profesional de enfermeras y enfermeros”, concluyó.
El legislador del PO advirtió sobre la rápida expansión del coronavirus en ese barrio y denuncio la “de la parálisis en los planes de urbanización”. Además convocó a una movilización ante la Legislatura porteña en rechazo de la emergencia económica que el oficialismo buscará aprobar este jueves.
En medio del aumento de los casos positivos de Covid 19 en los barrios populares de la Ciudad, el legislador del PO Gabriel Solano se refirió al “salto exponencial de los contagios” en la Villa 31 y responsabilizó al Gobierno por esa situación. Asimismo convocó a una movilización frente a la Legislatura en rechazo a la ley de emergencia económica, dado que consideró que la misma “recorta presupuesto del Instituto de la Vivienda (IVC)”.
En ese sentido, el trotskista explicó que “el salto de los contagios en la Villa 31 es el resultado de la parálisis en los planes de urbanización, que implica no solamente la construcción de viviendas sino el acceso a los servicios, como el agua, y las condiciones para vivir en el barrio” e indicó que “el hacinamiento en el que vive la mayoría de las familias, con habitaciones pequeñas y ambientes como el baño compartidos por muchas personas están en la raíz de los contagios”.
Además informó que “en la Villa 31 solo han reubicado a las familias desalojadas por la traza de la autopista Ilia. La inmensa mayoría se endeuda para el otorgamiento de una escritura que las obligará a pagar por la casa que ya tienen y que construyeron con su esfuerzo; el Estado no invierte un peso ni asegura los servicios básicos, entre los que figura en primer lugar el agua”.
“La emergencia económica que Larreta piensa aprobar este jueves agrava esta situación porque reduce los fondos que recibe el Instituto de la Vivienda de la Ciudad encargado de los planes de urbanización y también de la asistencia alimentaria”, detalló.
Por otro lado, Solano recordó que presentó “un proyecto para declarar la emergencia en todas las villas de la Ciudad ante el crecimiento de los casos de coronavirus. El Estado debe garantizar el servicio de agua las 24 horas de los 7 días de la semana y deben retomarse los planes de urbanización bajo control de los vecinos” y concluyó señalando que “es necesario además un protocolo especial para las villas que contemple los testeos masivos y la asistencia del Estado”.
El legislador del PO Gabriel Solano presentó en la Legislatura porteña un proyecto, mediante el cual buscará citar al jefe de Gabinete de la Ciudad para interpelarlo acerca de la adquisición de esos insumos y el alquiler de un hotel para alojar a los pacientes infectados con Covid 19.
Pese a que los funcionarios a cargo de la compra de los mismos presentaron su renuncia, el diputado del PO Gabriel Solano impulsó en la Legislatura de la Ciudad un pedido de interpelación al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, por las compras de barbijos -por tres mil pesos la unidad- a la empresa Green Salud y el alquiler del hotel BA Central a través de la empresa administradora Midas Hotel Management.
En ese sentido, el trotskista explicó que “la compra de barbijos y el alquiler del hotel revelaron, no solamente, irregularidades por sobreprecios sino un entramado de relaciones entre empresarios y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad para la adjudicación de compras y contrataciones que deben ser esclarecidas”.
“Las renuncias del subsecretario de Administración de Salud, Nicolás Montovio y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Gonzalo Robredo no subsanan la situación: son hechos graves de los que se debe llegar al fondo de la cuestión”, indicó y reclamó que “el jefe de Gabinete se presente ante la Legislatura para esclarecer los hechos, las posibles responsabilidades de funcionarios en los delitos de cohecho y tráfico de influencias; la oposición debe pronunciarse sobre este punto”.
Por otro lado, Solano cuestionó duramente los últimos anuncios económicos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró -entre otras propuestas- sus funcionarios y legisladores donarán el 25% de su salario para la lucha contra el coronavirus. “Los legisladores del Frente de Izquierda por una cuestión de principios donamos el 70% de nuestra dieta desde siempre”, advirtió.
Al mismo tiempo que señaló que “en el caso de Larreta se trata de una impostura, que en primer lugar busca ocultar los escándalos de corrupción que han estallado en los últimos días por las compras con sobreprecios de barbijos y alquiler de hoteles a familiares y funcionarios amigos” y remarcó que “en segundo lugar busca justificar el congelamiento salarial de los trabajadores de la Ciudad, que perderán poder adquisitivo mes a mes con la alta inflación, sobre todo en alimentos, el congelamiento de la planta y la posibilidad de despidos de trabajadores precarizados. Con una inflación estimada como mínimo en el 50% el congelamiento salarial equivaldrá a la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores”.
Asimismo explicó que “frente a la crisis, los primeros que pierden son los trabajadores mientras los sectores económicos más poderosos permanecen intactos” y consideró que “dentro de estos se destacan los bancos, que obtuvieron ganancias en 2019 por más de 300 mil millones de pesos, casi el equivalente a todo el presupuesto de la Ciudad en ese mismo año, principalmente por la especulación con las Lelics y también por las tasas usurarias que cobran sobre el crédito al consumo”.
“El último informe del Banco Central destaca la liquidez y solvencia del sector mientras desvían los recursos que les asigna el Estado a través de la emisión para atender la crisis hacia la compra de dólares. La gran industria y el comercio instalados en la Ciudad, la construcción de megaproyectos para la especulación inmobiliaria tampoco son afectados”, indicó y precisó que “tampoco tocan a las Iglesias que en la Ciudad gozan de enormes beneficios impositivos, hasta en emprendimientos lucrativos”.
El diputado del PO insistió en que se trata de una medida necesaria, debido a que esta semana se registró un nuevo pico en el índice de crecimiento de casos. “El foco de los contagios está en las comunas de la zona sur donde se encuentran las principales villas de la Ciudad”, manifestó.
Debido al crecimiento de los casos en la Ciudad, el legislador del Partido Obrero Gabriel Solano impulsó en la Legislatura porteña un proyecto a través del cual le solicitó al Gobierno local que se declare la “emergencia por dengue” y advirtió que las zonas más afectadas son los barrios precarizados del distrito.
En ese sentido, el trotskista manifestó que “con todos los medios de comunicación centrados en la evolución de la pandemia del coronavirus, se ha disparado de manera silenciosa la epidemia del dengue en la Ciudad de Buenos Aires” y remarcó que “solo en la última semana se confirmaron 1029 nuevos casos, que marca un índice de crecimiento del 30% en una semana, según cifras oficiales publicadas en el último boletín epidemiológico del 10 de abril”.
Al mismo tiempo que precisó que “el foco de los contagios está en las comunas de la zona sur donde se encuentran las principales villas de la Ciudad” y detalló que “total de casos hallados en la comuna 8, 7 y 4 llega a los 1904 contagiados, lo que equivale al 60% del total. Si sumamos los casos de la villa 31, estaríamos cerca del 80% del total”.
“Efectivamente, la extrema precariedad en las que más de 300 mil personas viven en las villas de la Ciudad sumada a la falta de políticas de prevención del Gobierno de Larreta, explican esta nueva propagación del dengue. No hubo campañas de descacharreo por parte del Gobierno que impidiesen la formación de criaderos de mosquitos ni tampoco de distribución gratuita de repelente a las familias”, aseguró.
Asimismo Solano afirmó que “los barrios se encuentran con un sistema de salud cuya infraestructura e insumos no dan respuesta; hemos recibido denuncias de vecinos y presentado varios pedidos de informes que no fueron respondidos” e indicó que “posteriormente, un relevamiento completo de la situación de las barriadas populares le fue presentado personalmente a Horacio Rodríguez Larreta en una reunión convocada por el Jefe de Gobierno con los presidentes de bloque de la Legislatura. Nada se hizo, lamentablemente”.
A su vez consideró que “la inacción ante el crecimiento del dengue no solo incluye a los gobiernos sino también a los grandes laboratorios, no existe interés en invertir en investigaciones que permitan la fabricación de una vacuna ya que la mayoría de los afectados son personas de bajos recursos” y subrayó que “la centralización del conjunto del sistema de salud por parte del estado, que incluya también a los laboratorios y a la industria farmacéutica, es una condición para la defensa de la vida”.
“Exigimos al gobierno disponer de una partida presupuestaria extraordinaria para realiza la tareas de descacharreo, limpieza y fumigación, la entrega de repelente gratuito y elementos de higiene y dotar de suministros y personal a los Cesacs que atienden a las poblaciones más afectadas”, concluyó.
Por Gabriel Solano. El legislador porteño del PO cuestionó duramente la decisión del Gobierno de la Ciudad de adquirir material antidisturbios en medio de la pandemia por el Covid 19 y advirtió que el objetivo es “reprimir al pueblo ante el agravamiento de la situación socioeconómica”.
Con razón, causó una gran sorpresa la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la resolución 69/20 del pasado 3 de abril. La misma ordena la compra de material antidisturbios para la policía porteña por un monto de 52.765.291 pesos. La compra tendría carácter de urgente, por lo que fue realizada bajo el mecanismo de contratación directa, eludiendo el procedimiento vigente que obliga a realizar licitaciones.
Pero ¿por qué sería urgente comprar material antidisturbios cuando por la cuarentena decretada no se están realizando ni movilizaciones callejeras ni acciones de lucha de envergadura masiva? Las razones las describe con crudeza en la resolución de marras. Sin recurrir a eufemismos dice textualmente “que, el área policial solicitó la urgente provisión del material antidisturbios para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid 19”. Más claro, agua. La “urgente” provisión de balas de goma, gases lacrimógenos y todo tipo de material antidisturbios tiene por objetivo reforzar al aparato de seguridad para reprimir al pueblo ante el agravamiento de la situación socioeconómica.
Es importante tomar nota que esta política represiva ya está en marcha, como lo prueba la represión en Quilmes a los trabajadores del frigorífico Penta y a los compañeros del Polo Obrero de Zapala en la provincia de Neuquén. Pero estos son solo los primeros pasos. La declaración de que en los barrios populares la cuarentena será “comunitaria” oculta la intención de transformar las villas de la Ciudad en ghettos rodeados por gendarmes y policías. La fuerte campaña mediática contra los 40.000 habitantes de la villa 1-11-14, acusándolos de que rompen la cuarentena, debe ser analizada en este contexto.
Es inevitable denunciar que los 52.765.291 pesos que Larreta destinó a la compra de material represivo contrasta con la situación de los hospitales públicos, que carecen de lo elemental, empezando por los instrumentos de bioseguridad para los trabajadores de la salud, y también con lo que sucede con la alimentación en los colegios, donde arrecian las denuncias por su mala calidad y poca cantidad. Mientras los pibes y las pibas comen un sándwich de “coso” (así fue bautizado porque es indeterminado su verdadero contenido) la policía es equipada con balas de goma y gases lacrimógenos.
Sectores kirchneristas han salido a denunciar por las redes sociales esta compra, pero en la Legislatura el bloque k le votó la semana pasada a Larreta la autorización para un nuevo endeudamiento, del orden de los 150 millones de dólares. Lo hicieron a pesar de que en ningún caso se establecía siquiera el destino de las partidas. Ahora sabemos que una parte de esa deuda irá a financiar la compra de material antidisturbios.
Por nuestro lado, denunciamos que esta compra permite pintar de cuerpo entero al gobierno de Larreta y a sus cómplices.
El diputado del PO aseguró que los bolsones de alimentos que recibieron los estudiantes “son una vergüenza” e insistió en que “son completamente insuficientes y no cubren los valores nutritivos necesarios”.
En medio del aislamiento social obligatorio por el crecimiento del coronavirus en el país, el legislador del PO Gabriel Solano se refirió a los bolsones de alimentos que el Gobierno de la Ciudad repartió en las escuelas para los alumnos del nivel inicial y primario y aseguró que “son una vergüenza”.
En ese sentido, explicó que este miércoles “cientos de madres y padres de niños y adolescentes que estudian en las escuelas públicas de la Ciudad hicieron horas de cola bajo la lluvia, esperando camiones demorados en controles policiales, para recibir supuestos ´bolsones´ de comida que terminaron siendo un puñado de productos completamente insuficientes” y remarcó que le llegaron “hasta de frutas podridas”.
Asimismo consideró que “es muy grave, porque para muchos niños la comida que reciben en la escuela es la más importante que tendrán en todo el día y en el cuadro de la crisis económica y sanitaria que atravesamos es aún peor” e insistió en que “las colas eternas muestran lo necesario que resultan estos alimentos para que los pibes coman; pero como los bolsones alcanzan para la mitad de las familias que los necesitan, se reparten los pocos productos”.
En cuanto al contenido de los mismos, Solano indicó que “en algunos se entregaron solamente cinco saquitos de té, cinco de mate cocido y diez barritas de cereal o galletitas como desayuno o merienda para 15 días. O dos paquetes de leche. O un paquete de arroz, uno de fideos y uno de lentejas, para lo que deberían ser diez comidas. Una vergüenza. Hay faltantes de leche y enormes deficiencias respecto con los requerimientos nutricionales”.
“Las denuncias sobre este tema no son nuevas: centros de estudiantes, cooperadoras de padres y sindicatos denunciaron una y otra vez a las empresas concesionarias que cobran fortuna mientras prestan un servicio pésimo”, subrayó y le reclamó “al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en lugar de dedicarse a perseguir a los docentes con exigencias imposibles de trabajo remoto, garantice la universalidad de la entrega de alimentos a cada familia que lo necesite, incluyendo a los estudiantes de media a quienes no se les están entregando alimentos, y que las entregas cubran las necesidades alimenticias y nutricionales que deberían ser elaborados en conjunto con los sindicatos, los centros de estudiantes y contar con la aprobación de nutricionistas independientes”.
El legislador del PO cuestionó duramente los despidos en Techint y consideró que se trata de una “extorsión”, por lo que pidió que “se abran los libros de las empresas y se analicen las ganancias acumuladas”.
En el marco del crecimiento de los casos de coronavirus en todo el mundo y luego de que el Gobierno nacional decidiera extender el aislamiento social obligatorio, el diputado porteño del PO Gabriel Solano cuestionó duramente el despido de 1450 trabajadores de Techint y calificó a la situación como una “extorsión”. Además alertó que los empresarios “reclaman que se levante la cuarentena”.
Es por ello que el trotskista exigió que “se abran los libros de las empresas y se analicen las ganancias acumuladas” y explicó que “el comunicado de Techint es claro: dice que con cuarentena habrá despidos”.
“Es una presión hacia el Gobierno para que levante el aislamiento obligatorio, a sabiendas también del impacto que tendrán estos despidos que, si pasan, serán la apertura a que lo imiten los principales empresarios del país, dejando un tendal de despidos y suspensiones. Techint también tiene trabajando a sus empleados del puerto de Campana y redujo el salario de los de otras plantas”, manifestó.
Al mismo tiempo que precisó que “para los empresarios industriales, los bancos y las cámaras de comercio la que causa daños es la cuarentena, no el Coronavirus. Su preocupación son las ganancias, no la salud y vida de los trabajadores que se exponen al contagio de ellos y de sus familias yendo a trabajar” e insistió en que “los que quieren terminar con la cuarentena son los empresarios, no los trabajadores cuyos barrios se han militarizado”.
Además remarcó que “lo que se viene son despidos y recortes salariales. Planteamos que se abran los libros de las empresas y se analicen sus ganancias acumuladas” y concluyó que “el Gobierno puede evitar la crisis social que producirán los despidos si deja de pagar la deuda y pone esos recursos en salarios, asistencia a desocupados de 30 mil pesos, inversión en salud y condiciones de higiene y salubridad en los barrios más pobres”.
El legislador del FIT insistió en que el recorte en la coparticipación significará “un nuevo impuestazo” y alertó sobre la falta de mención de la ESI y el dengue en el discurso del alcalde local durante la Asamblea Legislativa.
Luego de que Horacio Rodríguez Larreta participara de la Asamblea Legislativa de este año y anunciara sus prioridades para este nuevo mandato, el diputado del FIT-PO Gabriel Solano fustigó al alcalde local por sus dichos y advirtió que convalido un nuevo “ajustazo” para los vecinos del distrito capitalino.
En ese sentido, el trotskista manifestó que “el diálogo que Larreta reivindicó con el Gobierno nacional está llevando a un ajustazo en la Ciudad” e insistió en que “el recorte de la coparticipación federal que Alberto Fernández va a disponer buscará ser compensado por un nuevo impuestazo, que pagarán quienes viven y trabajan en la Ciudad”.
Además remarcó que “el Gobierno de Larreta ya envió a la Legislatura un proyecto para aumentar el impuesto de Ingresos Brutos, que será trasladado directamente a los precios, agravando la inflación y la desvalorización del salario” y consideró que “así, en forma conjunta Alberto Fernández y Larreta quieren que los trabajadores terminen poniendo los recursos para pagar la deuda”.
“Este ajustazo ya está en marcha y desmiente el cuadro idílico presentado por Larreta”, manifestó y recordó que el alcalde “habló de la educación pero ocultó que mañana hay paro docente convocado por Ademys porque el aumento otorgado es de solo 12%; habló de la construcción de escuelas pero no se refirió al faltante de más de 20 mil vacantes, especialmente en el ciclo inicial; habló de la villa 31 de Retiro cuando en ella no hay agua desde hace varios meses; reivindicó su política de salud pública cuando en el día de mañana las enfermeras y enfermeros y los profesionales residentes realizaran un paro y movilización para reclamar por sus condiciones de trabajo y de salario”.
Sobre esa misma línea, Solano aseguró que el jefe de Gobierno “no hizo mención al dengue, que afecta con mayor fuerza a las villas donde viven más de 300 mil personas; concluyó hablando de la juventud, sin nunca mencionar a la aplicación de la ESI, ni al reclamo del aborto legal, siendo que la Ciudad no tiene aún aprobado un protocolo de adhesión al ILE, ya que el Gobierno del Pro vetó en el pasado una ley aprobada por la Legislatura; sobre el subte no hizo ninguna referencia a la contaminación de los trabajadores con asbesto y a qué pasará con la concesión que ya está vencida y sigue a cargo de la empresa Metrovías, corresponsable junto con el gobierno de un servicio defectuoso e inseguro”.
El legislador del PO aseguró que “la renegociación que se viene perpetuará una hipoteca que recaerá sobre los jubilados y trabajadores”.
Ante el inminente arribo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el diputado porteño del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano rechazó la presencia del organismo internacional en el país e insistió en que la renegociación de la deuda “perpetuará una hipoteca” que tendría un impacto aún mayor para economía nacional.
En ese sentido, el trotskista participó de un encuentro del Frente de Izquierda (FIT) que se realizó en Villa Urquiza, en el cual expuso la “naturaleza de la deuda externa, la responsabilidad de todos los gobiernos, el crecimiento exponencial del hipotecamiento nacional”. Al mismo tiempo que rechazó “el pacto entre el presidente Alberto Fernández, el kirchnerismo y el macrismo para pagar la deuda”.
Además convocó a una movilización para este miércoles a las 12 en Plaza de Mayo para “rechazar la llegada del FMI y los acuerdos de Fernández, el kirchnerismo y el macrismo para pactar con los bonistas una reestructuración de la deuda que será pagada con más ajuste del pueblo”.
Sobre esa misma línea, Solano concluyó señalando que “el recule del gobernador bonaerense Axel Kicillof con la deuda de la Provincia de Buenos Aires y ahora del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el vencimiento del bono Dual anticipa que la renegociación que se viene perpetuará una hipoteca que recaerá sobre los jubilados, los trabajadores, la salud y la educación”.
Cabe destacar que la misión del FMI llegará a Buenos Aires este miércoles para llevar a cabo una serie de reuniones con funcionarios nacionales, a fin de poder tener un diagnóstico certero sobre cuál es la situación económica de la Argentina y las perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo.
