Al exponer este viernes ante el plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, en el marco del debate sobre el proyecto de los Mil Días, la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud, Gabriela Bauer, destacó que “la riqueza de este proyecto es empezar a pensarnos en un conjunto del Estado armado y articulado”, y agregó que “todavía es mucho más lo que falta para llegar a esa justicia social en esta etapa de la vida”.

La funcionaria recordó que es en esos mil días donde se da la mayor velocidad de crecimiento que en otra etapa de la vida, por lo cual durante ese tiempo se establecen las bases para la autonomía de esas personas. Por eso el objetivo de generar efectos benéficos directos sobre la persona, pero también sobre las nuevas generaciones. “La inequidad en el acceso a la misma trae consecuencias irremediables y definitivas para muchos de los niños que atraviesan esas edades”, puntualizó Bauer.

A continuación precisó que “cuando uno observa las tasas de mortalidad, en el primer año de vida, tenemos el 8,8 por mil de los niños, y esta etapa recién se reproduce pasando los 60 años. Tenemos que en la Argentina en el último tiempo nacieron 685.394 niños, de los cuales alrededor del 9% son prematuros. La tasa de fecundidad va francamente en disminución en Argentina”.

Bauer hizo hincapié en las “marcadas desigualdades” registradas entre provincias, y habló luego de “determinantes sociales críticos”, observando “marcadísimas diferencias en porcentajes de madres adolescentes y con primaria completa. Son condicionantes de la vida futura de los niños y niñas y sus familias”.

“Solo el 43% de las personas gestantes inicia el control de embarazo antes de la semana 13, que es lo recomendado por los estándares”, agregó en otro pasaje, alertando que la prevalencia de anemia en los embarazos es de alrededor del 30%, “mucho mayor en las personas que viven bajo la línea de pobreza con respecto a las que no”.

“Y cuando avanzamos hacia la mortalidad materna, estamos lejos de los objetivos convenidos”, advirtió la funcionaria, que cuantificó en un 61% las que se producen por cuestiones prevenibles. Detalló que “cada 10 mil recién nacidos vivos, fallecieron 257 personas, de las cuales 31 eran adolescentes; y cuando vemos las curvas de evolución de la mortalidad materna a través de los años, de 2005 a 2018, vemos importantes fluctuaciones. Todas las causas de mortalidad materna son reducibles en la mayoría de los casos”.

En materia de mortalidad infantil, “observamos también las tremendas desigualdades que hay”, alertó, señalando que existe un promedio del país que establece del 8,8 por mil recién nacidos vivos, en 2018 fallecieron 6.048 niños. El 70% fallece en el primer mes de vida y una enorme proporción en los primeros 2 días de vida. Esto habla de que las intervenciones perinatales, o sea en el proceso del embarazo, el nacimiento y la atención inmediata de ese recién nacido implican una necesidad de organización que no estamos midiendo al día de hoy para dar una respuesta completa”.

En cuanto a las causas de mortalidad infantil, Bauer precisó que la mitad son de origen perinatal y un tercio debido a malformaciones congénitas. “Cuando se analizan las muertes, el 70% serían reducibles con acciones preventivas, tanto en el período gestacional y la etapa inmediata al nacimiento y al primer año de vida”, comentó la funcionaria, que señaló que “los que mueren luego del primer año de vida, un cuarto lo hace en el domicilio; esto indica un estado de  pérdida de acceso a las respuestas. El 73% de las muertes ocurridas entre 2018 y 2019 encontró que de esas familias, el 73% vive en condiciones de pobreza; el 71% en condiciones de hacinamiento o viviendas precarias”.

Según una encuesta realizada por el ministerio, el 15% de esos niños morían en una cuna; fallecieron más en el invierno y con mayor frecuencia los menores de 2 años.

Gabriela Bauer estimó que la población objetivo de esta ley de los Mil Días son niños y niñas menores de 3 años, alrededor de 2.100.000; las personas gestantes serían 690 mil por año. De ellas, el 56% vive bajo la línea de pobreza y un 15% en condiciones de indigencia. “Hay encuestas que reportan que hasta un 20% de estas familias pueden estar sufriendo un grado de inseguridad alimentaria -advirtió la funcionaria-. Y algo que nos preocupa mucho: solo el 44% de los niños y niñas sostiene la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, que es un estándar de soberanía alimentaria recomendable”.

Al referirse a quiénes cuidan a esos niños y sus familias, señaló que “solo acceden a los centros de primera infancia el 325 de los niños y niñas, en tanto que alrededor del 70% de las personas gestantes y los niños del país se encuentran en condiciones de vulnerabilidad para el acceso al cuidado de su salud integral, con las consecuencias trágicas por la pérdida de oportunidades que en muchos casos puede implicar”.

Para terminar, la funcionaria habló de la necesidad de implementar políticas efectivas, no intervenciones aisladas sino integrales y gestionadas intersectorialmente. Esto es, distintos organismos hacia las mismas personas.

Un día después de que obtuviera dictamen el proyecto de intervención voluntaria del embarazo, un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta debatió este viernes el proyecto de ley que se tramita de manera paralela al anterior, el conocido como “de los mil días”.

La reunión, realizada a través de videoconferencia, contó con las presencias de Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social; y de Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal del Ministerio de Salud de la Nación. Al cabo de las exposiciones se realizó un breve debate de los miembros de las comisiones presididas por el radical Mario Fiad y el oficialista Carlos Caserio, disponiéndose a continuación circular el dictamen respecto del cual, más allá de las observaciones expresadas, todos estuvieron de acuerdo en suscribir.

En efecto, a diferencia de cuando este proyecto pasó por la Cámara baja, no asistió esta vez ningún ministro. Entonces habían concurrido la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; y los funcionarios de Interior José Lepere y de Salud Gabriela Bauer.

La reunión arrancó con un planteo de la presidenta de Población y Desarrollo Humano del Senado, María Belén Tapia, que cuestionó que esa comisión no hubiese sido sumada al pleno, tras lo cual los oficialistas Inés Blás y -más tarde- Rubén Uñac reclamaron que iniciativas propias similares a este de los Mil Días elaborado por el Poder Ejecutivo fueran incorporadas al debate, para poner tenerlos a la vista durante la discusión del tema en el recinto. Promediando la reunión, esas inquietudes obtuvieron la anuencia de sus pares para tal fin. Lo mismo sucedió con un proyecto de Esteban Bullrich sobre salas de asistencia en hospitales.

A la hora de las exposiciones, Gabriel Lerner expresó que el proyecto puesto en debate está destinado a mujeres y personas gestantes, y niños y niñas de hasta 3 años de edad, precisando en 6,7 el porcentaje en Argentina de la población de niños de hasta 3 años, esto es casi 3 millones de niños y niñas; un 13% de las familias tienen al cuidado algún niño o niña de esa edad, pero en los hogares pobres ese porcentaje se eleva al 24,4%. Datos que grafican que “la incidencia de esta política en los hogares humildes es de mayor relevancia allí que en la media de la población”, expresó el funcionario.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social señaló luego que la Tarjeta Alimentar tiene 1.600.000 titulares, siendo los niños destinatarios de ese beneficio un 47%, 940 mil niños y niñas que están recibiendo entonces una prestación alimentaria de parte de la cartera que conduce Daniel Arroyo. Datos que sirven para ubicar a qué población está destinado el Programa de los Mil Días, remarcó el funcionario.

A su turno, la directora de Salud Perinatal y Niñez de la cartera de Salud, Gabriela Bauer, destacó que “la riqueza de este proyecto es empezar a pensarnos en un conjunto del Estado armado y articulado”, y agregó que “todavía es mucho más lo que falta para llegar a esa justicia social en esta etapa de la vida”.

La funcionaria recordó que es en esos mil días donde se da la mayor velocidad de crecimiento que en otra etapa de la vida, por lo cual durante ese tiempo se establecen las bases para la autonomía de esas personas. Por eso el objetivo de generar efectos benéficos directos sobre la persona, pero también sobre las nuevas generaciones. “La inequidad en el acceso a la misma trae consecuencias irremediables y definitivas para muchos de los niños que atraviesan esas edades”, puntualizó Bauer.

A continuación precisó que “cuando uno observa las tasas de mortalidad, en el primer año de vida, tenemos el 8,8 por mil de los niños, y esta etapa recién se reproduce pasando los 60 años. Tenemos que en la Argentina en el último tiempo nacieron 685.394 niños, de los cuales alrededor del 9% son prematuros. La tasa de fecundidad va francamente en disminución en Argentina”.

Para terminar, la funcionaria habló de la necesidad de implementar políticas efectivas, no intervenciones aisladas sino integrales y gestionadas intersectorialmente. Esto es, distintos organismos hacia las mismas personas.

A la hora de las preguntas, el radical chaqueño Víctor Zimmerman preguntó por el costo presupuestario para implementar esta ley y sobre las transferencias de fondos a las provincias argentinas para llevarlo a cabo, como así también de dónde saldrían los recursos.

Gabriel Lerner admitió que mientras a Diputados habían concurrido funcionarios del Renaper, el Ministerio de las Mujeres y de la ANSeS, en el Senado esto no había sucedido, por lo que no contaba con tanta precisión en cuanto a datos que son “temas técnicos muy específicos”. Con todo, estimó que la inversión anual prevista es de 5 mil millones de  pesos anuales, y en cuanto a las transferencias a las provincias, dependerán de los acuerdos con las mismas. “No creo que el problema se limite a la transferencia de recursos”, aclaró Lerner.

Asimismo precisó que no hay posibilidades de que los recursos destinados a implementar esta ley sean una afectación directa del Estado nacional, y precisó que “no hay manera de brindar ese acceso a la salud sin acuerdo con las provincias”.

Concluidas las exposiciones y preguntas a los funcionarios, los senadores se abocaron a un rápido tratamiento del proyecto en el cual había más coincidencias que cuestionamientos. Con todo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, recordó que “esta ley viene de Diputados, fue aprobada casi unánimemente por casi 200 votos, se pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que haga una estimación presupuestaria, pero no tenemos toda´via respuesta porque en realidad es compleja. Porque la ley habla de que la Nación deberá articular con las provincias, no habla de derechos”.

Recordó que la salud pública la llevan adelante las provincias y las mismas son autónomas. “Esta ley ni siquiera pide la adhesión de las provincias, es un marco general”, aclaró.

Con respecto a las preguntas efectuadas por el senador Zimmerman, Caserio aclaró que no podía haber mayores precisiones presupuestarias teniendo en cuenta que esta ley será aprobada después del Presupuesto. “Pero en función de las necesidades que se establezcan, van a tener las provincias ayuda, sin ninguna duda”, remarcó.

Aclaró no obstante que preguntar de dónde se saca la plata para atender las necesidades de esta ley “es como no entender el Presupuesto. El Presupuesto es una foto, esta política es posterior al Presupuesto, sino seguramente hubiera tenido una estimación, pero no deja de ser una foto. Estamos frente a un presupuesto que tiene una política administrativa flexible, una política de modificación del Presupuesto se puede dar”, y recordó que el jefe de Gabinete puede atender esas cuestiones con la reasignación de partidas.

“Por eso, no nos preocupemos tanto de dónde va a salir la plata; si el presidente manda esta ley, él se va a ocupar de dónde obtener los recursos”, apuntó el senador cordobés, que agregó que “cuando la Oficina de Presupuesto nos mande una respuesta, si eso sucede, la transmitiré a los senadores”, tras lo cual solicitó que el proyecto pasara a la firma, advirtiendo que “no hay más tiempo, sino hay que pasarlo a enero”.

“Las inquietudes son razonables, pero también deberíamos evaluar el costo político de que a fin de año esta ley no pueda salir, y tuviéramos que devolverla a Diputados”, advirtió Caserio. Agregó que “a lo mejor podemos asumir compromisos de hacer modificaciones en la reglamentación, pero tampoco puedo asumir un compromiso en ese sentido”.

Así las cosas, se acordó que el titular de Salud, Mario Fiad, fuera receptor de las inquietudes planteadas para transmitirlas y se estableció que “las que consideremos razonables, las vamos a considerar, y si se pueden modificar, las haremos el día de la sesión”.

Todas las partes acordaron acompañar positivamente el proyecto, aunque no faltaron los reparos. Como el de la senadora santacruceña María Belén Tapia (Juntos por el Cambio), que señaló que “es un proyecto que llega tarde, tranquilamente se podría haber presentado al principio de las sesiones virtuales”, y consideró que se lo había demorado “porque se especuló hasta esta última instancia y se lo usó como moneda de cambio”.

En el cierre de la reunión, el senador Fiad concluyó pidiendo celeridad en la firma del dictamen, “para llegar en tiempo y forma para tratarlo en la próxima sesión”, prevista para el 29 de diciembre.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, crea una “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, esto es, una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres por cada niño menor de 3 años a su cargo, siempre que acredite el cumplimiento del plan de vacunación. Asimismo la norma amplía la Asignación Universal por Embarazo hasta nueve mensualidades; se establecen medidas para la inscripción e identificación inmediata de recién nacidos; y se dispone la provisión gratuita de insumos para el embarazo y la primera infancia.