El diputado nacional Rodolfo Tailhade se presentó este jueves en la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, a cargo de Gabriela Boquín, a efectos de informar una serie de giros al exterior por un total de 262.500 euros en noviembre de 2018 remitidos por Socma Americana SA, controlante de Correo Argentino SA, al Meinl Bank, la entidad bancaria austríaca que está acusada de complicidad con supuestas maniobras fraudulentas que le atribuye a la familia Macri en el concurso.

Se trata de tres giros por 87.500 euros cada uno, concretados en los días 20, 21 y 28 de noviembre de 2018, que a juicio del denunciante demostrarían la “relación espuria” entre los Macri y el Meinl Bank, en tanto serían pagos que no tendrían ninguna justificación y que se habrían ejecutado por fuera del expediente, cometiendo “fraude al resto de los acreedores que no han podido hasta el momento cobrar un solo peso de Correo Argentino SA”.

Recuerda Tailhade que la fiscal Boquín estableció que el Meinl Bank asumió una conducta contraria a sus propios intereses, en tanto renunció a cobrar prácticamente la totalidad de sus créditos verificados en el concurso, que ascendían a más de 120 millones de dólares, evidenciando una supuesta complicidad con los Macri a lo largo de todo el proceso.

“Estos pagos que ahora fueron descubiertos podrían mostrar parte del dinero que el banco austríaco le cobró a los Macri para mantener esa posición en el expediente, y vienen a corroborar el manejo delictivo que hicieron del concurso de acreedores”, sostiene el diputado kirchnerista, que agrega que los envíos de dinero de los Macri al Meinl Bank “se produjeron poco antes de que el Banco Central Europeo suspendiera su licencia para operar por lavar dinero de terroristas y narcos. Los principales ejecutivos del banco están presos o prófugos”.

El diputado anunció que llevará esta información a la justicia penal, promoviendo denuncia contra Mauricio Macri, Gianfranco Macri, todos los ejecutivos de Socma que hayan participado de estos hechos, y las autoridades del Meinl Bank, porque considera que “los hechos son delictivos en los términos del art. 180 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio o transacción. La misma pena sufrirá, en su caso, todo deudor o director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de este género”.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el senador Martín Doñate (Frente de Todos), analizó este lunes diferentes notas sobre el funcionamiento de la Procuración General de la Nación y su titular interino, Eduardo Casal.

La primera nota en ser tratada fue remitida por la fiscal Gabriela Boquin, quien en una anterior presentación ante la bicameral había denunciado persecución por su actuación en la causa Correo Argentino.

A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade, las copias fueron giradas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

En segundo término se evaluó una nota presentada por la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) en la que se reproduce una nota enviada por fiscales que se presentaron en diferentes concursos y en la que subrayan que Casal “demoró un año en dictar algunas resoluciones”.

Sacnun sostuvo que “no se puede dejar a discrecionalidad, en este caso del procurador que esperó un año y medio en dictar las resoluciones, e interrumpir un acto que interpretamos que es un acto continuo, es decir, el sorteo, el acta y la resolución de la aprobación”.

Ante un pedido del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución) para que “la bicameral funcione de manera productiva”, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) propuso revisar el reglamento de funcionamiento.

En ese contexto, Doñate consideró importante “rediscutir el rol de esta bicameral con facultades aún más amplias para poder tener mayores niveles de fortaleza al momento de poder cumplir con lo que nos indica la ley”.

En la misma línea, Siley propuso trabajar “para cambiar la participación de la comisión bicameral, siempre teniendo en cuenta su limitación, que es la injerencia en la vida interna del Ministerio Público”.

También se analizó una nota de Tailhade en la que se pidió al procurador interino “su opinión sobre el funcionamiento del instituto de la ley del arrepentido”, ya que cuando se le preguntó por esta figura se limitó a reproducir opiniones formuladas por diferentes fiscales integrantes del Ministerio Público.

Se solicitó asimismo un listado de todas las causas en las que esa figura fue utilizada.

Por su parte, la diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, señaló que “la obsesión del Frente de Todos es avanzar contra el Procurador interino Casal, no pueden constituir la mayoría necesaria para nombrar a otro y por lo tanto quieren voltear a quien está haciendo bien su trabajo”. Asimismo, dijo que “estamos volviendo sobre cosas que ya se trataron, volver a reiterar sobre estos temas nos impide avanzar", en referencia a la revisión de notas anteriores durante el tratamiento.

Al respecto, Ocaña presentó dos notas ante el presidente de la Comisión, senador Martín Doñate: una para que se cite a la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para brindar detalles acerca de la incorporación de mujeres en los cargos de alto rango dentro del Ministerio Público de la Defensa y de qué manera se garantiza la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dentro de la institución a su cargo. El otro escrito presentado pide citar a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.

En la nota, Ocaña explicó que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.

La fiscal de la causa sobre el Correo Argentino, Gabriela Boquín, denunció este miércoles que su oficina recibió “coacciones” y distintas presiones por parte de la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, al presentarse ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

La funcionaria comenzó su exposición negando las acusaciones por presunto maltrato laboral, luego de que la semana pasada Casal la notificara sobre la apertura de un sumario administrativo.

Boquín, en respuesta a las afirmaciones del diputado Cristian Ritondo (Pro) -mediante una nota que se leyó en el comienzo-, aseguró que "no fueron ocho agentes que describieron una situación de maltrato laboral".

"Hay dos presentaciones originales, que la Procuración toma como denuncia, y luego hay seis declaraciones, de las cuales solo cuatro alegan maltrato laboral", señaló.

La fiscal indicó que el Consejo Evaluador se expidió dos veces, y la primera vez "dijo que yo aporté las pruebas que respaldaban mis dichos que, por supuesto, eran negando" las acusaciones, remarcó. En ese sentido, sostuvo que se pidieron declaraciones de otros empleados "a los fines de no dejar dudas".

"Por mi Fiscalía pasaron 34 personas", apuntó y enfatizó que "no es cierto que numerosas personas pidieron traslados". "Las que lo pidieron fue una de la denunciantes y una de las testigos que no denunció, es más, negó el hostigamiento", agregó.

Insistió entonces que "de 34 personas, en realidad muchos se fueron porque tenían otro trabajo que les pagaba mejor". "Por ejemplo, una empleada que dicen que lloraba en mi dependencia… el día que la vieron llorando, su padre estaba en coma, y yo la había estaba consolando. ¿Y saben qué? Luego se retiró de la Fiscalía porque consiguió ser directora de una obra social ganando un sueldo que triplicaba el del Ministerio Público Fiscal", relató.

"De una de las testigos, el pedido lo hice yo, por falta de confianza. ¿Y por qué por falta de confianza? Porque descubrí que en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino le entregaba documentación al diputado Pablo Tonelli. Y esa documentación que le pasaba, y que además le iba comunicando los pasos del expediente, estaba relacionada con al propia vinculación del diputado Pablo Tonelli en la causa", reveló.

La funcionaria recordó que cuando ella denunció "el vaciamiento estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino".

Dijo que en ese momento le solicitó a Casal que "necesitaba que la transfiriera", que "la mandaran a su lugar de origen y para que no hubiera un problema en su legajo, simplemente solicitaba el paso". "Tardaron nueve meses en trasladarla. Siempre me delegaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos porque la situación era insostenible".

"Era insostenible porque (esta secretaria) tenía una comunicación asidua con el diputado Tonelli, porque aparte estaba concursando para ser camarista", continuó.

La funcionaria judicial expuso durante más de tres horas, durante las cuales dijo haber denunciado un delito: “Denuncié que el doctor Gonzalo Rodríguez había sido coaccionado por la Procuración para brindar su testimonio. De esto hay testigos que ofrecí. Hay prueba evidente de que esto fue así. No se tomó ningún testimonio de los que solicité", afirmó.

La fiscal aseguró que “los testigos que se tuvieron en cuenta” en las actuaciones del Comité Evaluador de la Procuración fueron elegidos “arbitrariamente”. También denunció que a poco de recibir las actuaciones del caso Correo Argentino fue víctima de un extraño robo, en el que sustrajeron de su automóvil papeles importantes sin llevarse ningún objeto de valor. "En la filmación se observa que los ladrones se pusieron guantes y hasta eligieron los papeles, los que se llevaron en una carpeta sin importancia, dejando maletines más costosos". dijo. Afirmó que esa denuncia quedó radicada en la fiscalía de José María Campagnoli.

Ante una intervención del diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cristian Ritondo (PRO) que la calificó como "persecutora" de la familia Macri, la fiscal respondió que "yo no hablo de familia Macri, digo Causa Correo Argentino. Le quiero decir que en el mismo sentido de mi dictamen se pronunció el fiscal Gerardo Pollicita en el fuero penal, así como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas".

Luego de la fiscal se presentaron ante la Bicameral; Hernán Mirasole de la Asociación Civil Nace un Derecho; Gastón Carrere y Rodolfo Parisi de la asociación ADEJUDD.

Mirasole inició su presentación diciendo que desde su agrupación "no tenemos ningún incordio personal contra el doctor Eduardo Casal. Es un hombre de derecho y no estamos frente a una persecución ni mucho menos. Queremos que se activen los protocolos constitucionales de juicio político". Sostuvo que en principio al criterio de "buena fe" con Casal consideraban que "fue obligado a la genuflexión con el poder político" por una serie de procedimientos a los que calificaron de "oscuros".

Gastón Carrere solicitó "el juicio político contra el doctor Casal por mal desempeño en el sumario contra el doctor Carlos Stornelli que permaneció siete meses en rebeldía con la Justicia". Subrayó que la causa por la que se citaba a Stornelli "era de suma gravedad". Carrere calificó el comportamiento de Casal en el sumario que la Procuración le siguió a Stornelli como "encubrimiento".

Al comienzo de la videoconferencia, el secretario de la Bicameral dio lectura a numerosas notas ingresadas en las que se solicitó la presencia, entre otros, de "los empleados de la fiscalía de la fiscal Boquín" y del "fiscal federal Carlos Stornelli".

La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador kirchnerista Martín Doñate, vuelve a reunirse este miércoles a partir de las 14, con el fin de continuar debatiendo las denuncias contra el procurador general de la Nación, Gabriela Boquín.

Es así que se espera entonces la presencia de la fiscal Gabriela Boquin, miembro de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El pedido fue realizado el lunes pasado por la diputada Vanesa Siley y el diputado Christian Ritondo.

Expondrán también como invitados Hernán Mirasole, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil Nace un Derecho, quien también presentó un pedido de juicio político contra el procurador Casal por la creación supuestamente irregular de una secretaría dedicada al análisis de temas vinculados con el terrorismo, como así también Gastón F. Carrere y Rodolfo Parisi en calidad de Presidente y miembro de ADEJUDD, respectivamente, quien también presentó un pedido de juicio político contra el mismo funcionario judicial.

Continuará también exponiendo la doctora Natalia Salvo a los efectos de responder preguntas de los integrantes de la Comisión.

Ya se sabe que el kirchnerismo ha desatado una fuerte embestida contra el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Lo hizo en la Bicameral de Control del Ministerio Público, donde dio entrada a una serie de pedidos de informes que incluyen un pedido de juicio político contra el mismo, pero que en definitiva buscarían su renuncia.

La agrupación Justicia Legítima sumó este viernes su aporte, a través de un comunicado en el que expresó su preocupación ante “las actitudes de tinte persecutorio, desarrolladas por el procurador interino Casal contra la fiscal Gabriela Boquín quien, en ejercicio de sus funciones de defensa de los intereses públicos, se ha opuesto con valentía republicana que honra a su cargo, a la concreción de negociados de empresas vinculadas con el ex presidente Mauricio Macri en el ámbito de la justicia comercial”.

El comunicado señala que “la notificación de la formación de un sumario en horas de la madrugada, constituye una práctica inquisitoria, oscura, impropia de las instituciones de una democracia, y una expresión clara de violencia de género”.

“Por ello, a más de expresar nuestra solidaridad con la fiscal Boquín y exigir el cese de esas prácticas persecutorias, reclamamos del Congreso Nacional que de curso a los procedimientos que resulten necesarios para posibilitar que, con la mayor celeridad posible, el cargo que hoy detenta el señor Casal sea ocupado por un/a Procurador/a con la legitimidad que esa función exige”.