La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social valoró el debate plural que se dio y la “necesidad” que había en que el Congreso “aborde una respuesta”.
Tras la firma de los dictámenes sobre fórmula de movilidad jubilatoria, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Koning, se mostró satisfecha “por el resultado y el compromiso asumido por los diferentes espacios políticos”.
Después de la reunión, la cordobesa remarcó que “la necesidad de que el Congreso aborde una respuesta al desfasaje en la movilidad jubilatoria, causado por los altos índices inflacionarios, nos ha llevado a desarrollar este debate de manera metódica y plural”.
“Fueron cuatro jornadas, en donde los diputados explicaron los fundamentos de las 17 propuestas con estado parlamentario y expusieron 38 especialistas en sistema previsional, funcionarios públicos, abogados litigantes, docentes universitarios, economistas, referentes sindicales y especialmente jubilados/as propuestos por todos los espacios”, repasó y recordó que ahora los dictámenes deben ser tratados en Presupuesto y Hacienda.
La radical valoró que “desde diferentes miradas hemos coincidido en el diagnóstico referido al sistema previsional argentino, en la magnitud de las correcciones necesarias para su viabilidad y la prioridad de mantener el poder adquisitivo de los haberes que se encuentra garantizado por nuestro sistema constitucional”.
“Para nosotros hay cuestiones surgidas del debate que no podemos soslayar: en primer lugar, la insostenibilidad de la fórmula del kirchnerismo que no aseguró la actualización por inflación, por lo cual tomar la variable por IPC que se incorporó al DNU nos parece acertada. Luego la necesidad de recomponer los haberes ante la escalada inflacionaria de enero, ya que el 12,5% que incorporó el Gobierno en el DNU 274 resultó insuficiente para todos los bloques opositores. En nuestro caso proponemos equiparar al 20,6% de inflación del primer mes del año”, destacó sobre el dictamen de la UCR y Hacemos Coalición Federal.
Y continuó: “Otro punto fundamental que no contempló el Gobierno es una cláusula que asegure la actualización de los haberes ante posibles mejoras futuras en los indicadores salariales; sobre esto hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden evitar considerar. Y la última cuestión importante radica en asegurar un piso mínimo realista por ley, que hoy se viene parchando con bonos discrecionales por decreto. En nuestro caso planteamos que ningún haber pueda cobrar menos de la Canasta Básica Total por adulto promedio”.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, presidida por Gabriela Brouwer de Koning (UCR), firmó cuatro dictámenes en relación a la fórmula de movilidad jubilatoria.
Fotos: HCDN
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, firmó cuatro dictámenes en relación a la fórmula de movilidad jubilatoria.
Los textos fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria (13 firmas), el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal (7 firmas), y el Frente de Izquierda (una firma). En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza, junto al Pro, presentó un dictamen en defensa del DNU 274/2024.
Al inicio de la jornada, Brouwer de Koning (UCR) destacó que “en cuatro semanas se analizaron pormenorizadamente los 17 proyectos presentados, artículo por artículo, porque cada uno tenía algún aporte interesante para el debate”. “Además se convocó a una reunión informativa donde participaron 38 especialistas: dimos una apertura total para poder escuchar las diferentes voces”, explicó la titular de la comisión.
Asimismo, detalló que hubo tres “núcleos de conflicto” en relación al tema: el ´empalme´ de la fórmula, ya que “el 12,5% que otorgó el DNU para muchos resultaba insuficiente de acuerdo al deterioro que habían tenido los haberes por la inflación”; el índice de actualización; y la discusión acerca de los bonos.
“Le dimos el tiempo que consideramos prudente para asumir el compromiso y definir que hoy tenemos que dar alguna solución a la movilidad jubilatoria”, añadió Brouwer de Koning.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño manifestó que “la sesión ha contado con un boicot expreso de la Comisión de Presupuesto, que se negó a que se diera un plenario para poder emitir un dictamen”. Y expresó que el DNU del gobierno “busca consolidar una parte importante de la pérdida que tuvieron los jubilados”.
En tanto, Itai Hagman (UP) se refirió al dictamen de Unión por la Patria, al explicar que su punto de partida “es una recomposición” de los haberes. “El 12,5% que está en el DNU claramente no amortigua el efecto inflacionario de los últimos tres meses, nosotros planteamos en nuestro proyecto una recomposición del 30%”, dijo.
“Si no partimos de una recomposición que dé cuenta del salto inflacionario, lo que estamos haciendo es consolidar un bajo haber jubilatorio en el tiempo”, agregó Hagman.
El titular del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, defendió el dictamen unificado del bloque UCR y de Hacemos Coalición Federal. “¿Es posible lograr los objetivos fiscales sin acudir a una poda de los haberes de nuestros adultos mayores? Sí, es posible, la licuadora que aplicó el gobierno en estos tres meses podó más del 35% el haber previsional”, declaró De Loredo.
La titular de la comisión, Brouwer de Koning (UCR), detalló los alcances del dictamen de su bancada. “Se quiso mejorar el porcentaje de recomposición salarial, teniendo en cuenta que el decreto proponía un 12,5 nosotros proponemos llevarlo a un 20,6%, recomponiendo la inflación que se perdió en enero”, dijo.
Además, especificó que el texto garantiza un haber mínimo que incluya el componente del bono y una cláusula gatillo que “permita optimizar los haberes en caso de que se mejore la situación económica”. Por otra parte, propone eliminar los regímenes especiales para presidente y vicepresidente.
Desde el bloque oficialista, el diputado Julio Moreno Ovalle (LLA) adelantó la presentación de un dictamen que apoya el DNU 274/24 del gobierno nacional. “Tuvieron más de 20 años para arreglar el país y, lamentablemente, nos encontramos con la foto que hoy tenemos, recién ahora se dan cuenta que hay pobreza”, dijo Moreno Ovalle.
“Somos conscientes de que los que están sufriendo son los jubilados y tenemos una gran sensibilidad. Si queremos mejorar la situación de los jubilados, les pido que demos las herramientas necesarias a nuestro presidente para incentivar las inversiones”, añadió el diputado de LLA.
Reunión clave de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la que se espera que se emita el o los dictámenes. Cuál es el problema con el que se topan los diputados.
Entre tantas reuniones de comisiones que se realizarán esta semana, en principio solo dos no serán constitutivas. La primera de esas dos en reunirse esta semana está prevista para comenzar a partir de las 16. Hablamos de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, que buscará dictaminar una reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Fuera de las que intervinieron en el plenario que analizó la ley de Bases, esta es la comisión que más ha trabajado hasta ahora en lo que va del año. Tras un accidentado arranque en el que no pudo nominar a su titular por no formar parte de la comisión, razón por la cual se tuvo que hacer cargo de manera provisoria la radical Karina Banfi, este trabajo que desarrollan los jubilados para armar una nueva fórmula jubilatoria arrancó con un intento de sesión convocada por diputados de Hacemos Coalición Federal que no tuvo quórum, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria existentes.
Tras esa primera reunión fallida del 13 de marzo, recién dos reuniones después pudo asumir la cordobesa Brouwer de Koning. El 21 de marzo se reunieron sin la presencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y armaron un cronograma de trabajo.
Pero antes de Semana Santa salió el DNU por el cual se creaba la nueva fórmula jubilatoria, que no conformó a la oposición.
El 4 de abril armaron una reunión de la comisión a la que asistieron funcionarios de la ANSeS y expuso una treintena de invitados.
Unión por la Patria Pidió dictaminar el martes siguiente, para apurar el tema, pero lo hará finalmente este miércoles, con la expectativa de dictaminar.
A través del DNU 274/24, se dispuso que las prestaciones previsionales serán actualizadas todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC. El aumento extraordinario que el Gobierno da para compensar la pérdida ante la inflación es de 12,5%, que contraría lo que reclama la oposición, por arriba de los 20 puntos.
Ese es el eje de la discusión. Y en ese marco fue que sobre el fin de semana pasado se conoció el proyecto de UP para mejorar las jubilaciones y pensiones, brindando un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses.
Desde el oficialismo, la diputada Lilia Lemoine replicó a la propuesta del bloque de Germán Martínez señalando que si bien “estaría buenísimo”, ese pregunto “cómo lo van a pagar”. “¿Con emisión/inflación? ¿Con deuda para arruinar a las futuras generaciones? ¿Más impuestos a los 6 millones que se bancan TODO EL GASTO PÚBLICO?”, agregó.
Lemoine advirtió entonces: “Ustedes quieren ser los buenos… no lo son. Ojalá se pudiera triplicar las jubilaciones”.
Cabe consignar que muchos dialoguistas coinciden con esa apreciación, pero así y todo avanzarán este martes con el dictamen correspondiente.
Lo cual no garantiza todavía que el proyecto vaya a llegar al recinto ya. Sucede que todavía falta que lo trate Presupuesto y Hacienda, cuyo titular José Luis Espert no está dispuesto a convocar a su comisión para algo que no pueda llegar a dominar.
¿Cuál es la estrategia opositora en ese caso? En la próxima sesión buscarán hacer un emplazamiento a esa comisión.
Legisladores del oficialismo y la UCR recibieron a la comitiva finesa, que estuvo acompañada por la embajadora de ese país.
Con el objetivo de afianzar vínculos bilaterales, un grupo de diputados nacionales recibió este jueves a la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento de Finlandia en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo.
La comitiva estuvo compuesta por los diputados Marcela Coli (UCR), Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Lorena Villaverde (LLA) y Nicolás Mayoraz (LLA), acompañados de Julio Mercado, director de Asuntos Parlamentarios de Cancillería argentina, y de Luciana Términe, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento de Finlandia presentes en la reunión fueron Markku Siponen, Ari Koponen; Aleksi Jäntti, Eva Biaudet, Juho Eerola, Pia Hiltunen, Mari Kaunistola, y Maria Ohisalo.
Asimismo, formó parte de la reunión Nicola Lindertz, embajadora de Finlandia ante la República Argentina, y los asesores parlamentarios Mikko Monto y Marja Toukila.
Durante el encuentro, la diputada Villaverde consideró “un honor darles la bienvenida a nuestra Casa” y celebró la reunión bilateral, al considerar que “es fundamental el intercambio de experiencias para seguir afianzando los lazos que nos unen”.
Consultada sobre las políticas contra la corrupción, Villaverde sostuvo: “Es la decisión de nuestro gobierno atender con toda la fuerza a todo aquello que tenga que ver con investigar los actos de corrupción y aplicar las políticas de transparencia”.
Sobre las políticas públicas de Finlandia, la diputada Brouwer de Koning dijo que admiraba “su sistema democrático, su índice bajísimo de corrupción, cómo defienden la educación pública y su inversión en educación”.
“Una de las causas más importantes que tenemos que trabajar juntos es reforzar la educación, que es la única herramienta para generar un ascenso social y generar oportunidades. Defendemos que haya una educación pública y de calidad”, dijo Brouwer de Koning. “Me gustaría poder trabajar junto a ustedes; que nos enseñen para poder saber todo lo que han desarrollado y tratar de replicarlo en nuestro país”, agregó.
En una reunión con más de una decena de expositores, hubo cuestionamientos y críticas al presidente Milei y a los DNU 70/2023 y 274/24. Brouwer de Koning confirmó la fecha de la próxima reunión.
Presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para continuar el debate respecto a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Este tercer encuentro, de carácter informativo, se llevó a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C y contó con la presencia de diferentes invitados académicos y especialistas en la materia.
Entre los invitados estuvieron: Jorge García Rapp, Javier Couly, María Lucila Colombo, Olivia Ruíz, Leiza Centurión Olguín, Daniel Elías, Mario Sioca, Eduardo Martínez, Liliana Lagormarsino, Inés Halm, Sandra Zapatero, Ana María Verde, Rosa Sorsaburo y Adrián Trócoli.
En el cierre de la reunión, la titular de la comisión confirmó que el próximo martes 16 de abril a las 16, el dictamen unificado con la modificación de la Ley 24.241 sobre Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones estará listo para llegar al recinto de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Asociación Argentina de Derecho de la Seguridad Social, Jorge García Rapp, señaló que la fórmula previsional “es un triángulo de sustentabilidad del sistema, cobertura y suficiencia de las prestaciones”. “La movilidad debería ser ascendente”, cuestionó.
Luego, el abogado especialista en Previsión Social y asesor de la UCR en la Cámara de Diputados pampeana, Javier Couly, expresó que “el fin de la movilidad es para preservar el poder adquisitivo de los jubilados en el tiempo”, pero advirtió: “Debemos evitar litigiosidad y tiene que ser uniforme para todos”.
Asimismo, al igual que posteriores invitados, exigió que “la inflación tendría que estar como cláusula gatillo y no como variable a considerar”.
Por su parte, María Lucila Colombo sostuvo que “las moratorias no son gratuitas”, y recordó que “la de Néstor Kirchner fue la más extraordinaria en cuestión de género”. “Actualmente hay una enorme dificultad de las mujeres para adquirir trabajo remunerado”, cerró.
La representante de la CTA Autónoma, Olivia Ruiz, cuestionó al DNU 70/2023 y aseveró: “Nos pronunciamos en contra de las AFJP porque queremos un mejoramiento del sistema previsional”. También, indicó que “antes de una nueva ley, hay que sancionar algo que equipare la canasta de alimentos de los adultos mayores y los beneficiarios de ANSES”.
Las críticas al Gobierno Nacional no se hicieron esperar: la gremialista afirmó que “vamos camino a los 90 con las AFJP”, y relató que “$60.000 gana una persona colgada por las AFJP”.
Del mismo modo, señaló que “el DNU 274/ 24 (aumento de jubilaciones) se tiene que bajar”, y exigió que “debe haber un ajuste de las jubilaciones para tener una movilidad real y garantizar el buen vivir”.
La abogada y miembro del Instituto de Previsión Social de Corrientes, Leiza Centurión Olguín, manifestó: “Habría que delinear si se quiere defender la previsión de la capacidad de consumo, ahorro o las dos cosas”. Se vanaglorió del sistema correntino y cuestionó que “han recibido poca ayuda financiera de ANSeS”, en los últimos años.
A su vez, el abogado rosarino, Daniel Elías, afirmó que “la capacidad de consumo de los jubilados está por debajo de la de 2022”. “Arrancamos mal con la 24.241 porque la determinación del haber inicial es el 1.5% por cada año de aporte de los 35, tomando como base los últimos 10”, añadió.
En tal sentido, consideró que “los jubilados siguen perdiendo cada vez que se cambia la fórmula de movilidad”, y cerró: “Un reordenamiento de la movilidad jubilatoria y la reparación de lo perdido son urgentes porque sin seguridad social no hay paz social”.
En representación del Sindicato de Trabajadores Pasivos, Mario Sioca, afirmó que “con el DNU 70/2023 venimos padeciendo un genocidio violento”. También, el integrante del plenario de jubilados de CABA, Eduardo Martínez, criticó que “un jubilado cobra 200.000 pesos y la miseria multiplicada por miseria da más miseria”.
“Estamos discutiendo el sexo de los ángeles y no estamos discutiendo que muchos no pueden acceder a una pensión. Si ese DNU sigue vigente, los jubilados no vamos a ningún lado”, enfatizó.
La exgerente previsional de la ANSES, Liliana Lagormasino, fue por otro lado y señaló que “debemos aumentar la recaudación”. En esa línea cuestionó a los regímenes diferenciales por cuánto se debe aportar para jubilarse.
La asesora técnica legislativa en seguridad y previsión social, Inés Halm, reclamó que “los recursos de la seguridad social deberían estar blindados para dar jubilaciones, pensiones, AUH y seguros de desempleos”. “Todo el resto de subsidio debe ir a otra caja”, explicó.
Desde la CTA de los trabajadores, Sandra Zapatero, señaló que “toda persona tiene derecho a la seguridad social”, y agregó: “La sustentabilidad de la seguridad social es una decisión política”
La jubilada y miembro de UTJEL (Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha), Ana María Valverde, cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y amplió: “Con la base de 130.000 pesos, pongan el ítem que quieran, nos van a llevar a la indigencia”. “¿Ustedes podrían vivir con $204.000? Este Gobierno pretende que nos quedemos en una suma congelada en julio”, cuestionó.
Desde las agrupaciones de jubilados pidieron por la derogación del DNU 70/2023 y el 274/24.
Además, apuntó que “los jubilados somos los que el Gobierno quiere llevar más rápido a la tumba y al crematorio”. En el final, le envió un mensaje a la Cámara de Diputados: “Deben ser derogados los DNU del Gobierno que atacan a los jubilados”.
Por la Asociación Bancaria, Rosa Sorsaburo, pidió una fórmula de movilidad jubilatoria para “recuperar lo perdido” y remarcó, al igual que varios expositores, “establecer clausula gatillo para que se compense con la inflación”.
Finalmente, desde la Asociación Previsionalista, Adrián Trócoli, presentó unos gráficos y afirmó que “la Ley debe cambiar la fórmula de movilidad”. Tomando como referencia una acordada de la Corte Suprema de Justicia explicó que “el objetivo de la movilidad debe ser mantener el poder adquisitivo de las prestaciones”.
En el final, sostuvo que “Argentina no cumple tratados internacionales”, y concluyó: “Hay que aumentar un 100% las jubilaciones porque hoy los jubilados están cobrando menos de la mitad de lo que cobraban en 2017”.
De cara al dictamen, la presidenta de la comisión Brouwer de Koning anunció una reunión para el martes próximo (16 de abril) a las 16. La idea es que ese día el proyecto con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria avance hacia el recinto.
El diputado nacional Christian Castillo (FIT- U – Buenos Aires) señaló que “debemos dictaminar la recomposición”, y anticipó que desde su bloque “vamos a elaborar nuestro dictamen para replantear esta cuestión con el índice que dé mejor”.
Antes de terminar, cargó contra el jefe de Estado e ironizó: “Discutimos jubilaciones, mientras el ‘gatito mimoso’ está de viaje en Miami”.
También, el diputado nacional Itaí Hagman (UP – CABA) relató que “hemos presentado un proyecto de ley planteando una serie de puntos para establecer un nuevo piso de la jubilación mínima y segundo, plantear una recomposición de haberes”. También, cuestionó que el DNU de movilidad jubilatoria “haya sido ahora y no enero”
En el cierre, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le consultó a las autoridades de la comisión respecto a las posibilidades de sacar el dictamen en esta reunión. Desde la Presidencia, le confirmaron que “no se pasará de la próxima reunión”.
Será la tercera reunión, la cual tendrá nuevos invitados que expondrán respecto la iniciativa de modificación de la Ley 24.241.
A cargo de la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR), la Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunirá este miércoles 10 de abril a las 16.30 en el Anexo “C” del segundo piso para continuar el debate y las exposiciones respecto a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
En esta tercera reunión, nuevamente, fueron invitados académicos y especialistas en la materia para dar testimonios a la iniciativa de modificación de la Ley 24.241, la cual establece que las jubilaciones y pensiones serán expresadas en unidades de valor adquisitivo (UVA), excepto las provenientes de regímenes especiales.
En el encuentro del jueves pasado, estuvo presente el director de ANSES, Mariano de los Heros, quien defendió el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual el Gobierno Nacional modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.
En contraposición, expusieron en la segunda reunión de esta comisión, más de una veintena de invitados, quienes en su amplia mayoría se opusieron al aumento por DNU y consideraron avanzar en una nueva fórmula. Varios de los invitados criticaron que el aumento por decreto “hunde al décimo subsuelo los haberes jubilatorios”.
El periodista Ismael Bermúdez advirtió que “el DNU 268/24 va a dejar a las jubilaciones en el décimo subsuelo de por vida”. Por otra parte, el abogado previsionalista González D’Alessandro señaló que “es una falta de respeto” que varios diputados se hayan ido antes de que termine la reunión.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, recibió este miércoles a más de una veintena de invitados -funcionarios y especialistas- para debatir acerca de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
La presencia del titular de la ANSeS se conoció poco antes del comienzo de la reunión, pues al principio parecía que nadie iba a asistir por el Gobierno. Pero además de Mariano De los Heros, por el Poder Ejecutivo asistió el abogado Alejandro Chiti, exdirector General de la ANSeS durante el último año del gobierno de Mauricio Macri. Su participación despertó el fuerte reclamo de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien advirtió que no está designado en ningún cargo.
Primer orador, Chiti explicó el DNU y señaló que “en la transición” de abril, mayo y junio, el jubilado recibirá “lo mejor de las dos fórmulas, la que dé más”. Al referirse al concepto de “movilidad”, sostuvo que “la movilidad no es para recomponer jubilaciones, la movilidad es para mantener el valor de las jubilaciones. Los jubilados no tienen que ganar con la movilidad, tampoco perder”.
“Si hay que recomponer no se hace con la movilidad, sino se hace recomponiendo en el período puntual que hubo pérdida o deterioro del haber”, agregó sobre una postura que despertó los cuestionamientos posteriores desde UP.
Chiti manifestó que la fórmula sancionada durante el gobierno del Frente de Todos era “desastrosa” y “llevaba a los jubilados a jugar a la ruleta cada tres meses”, mientras que el nuevo cálculo adoptado por DNU “es excelente, probablemente la mejor que hayamos tenido, porque garantiza que los jubilados nunca más van a perder contra la inflación”. “Hoy la tienen gracias a un DNU del presidente, sería excelente y un gran alivio para los jubilados que la tengan ratificada en una ley”, completó sobre la fórmula.
Ante preguntas respecto de la pérdida de los jubilados en sus haberes y una puntual de la diputada macrista María Eugenia Vidal sobre el descalce, que a juicio del Pro generaría una pérdida para los jubilados de 8%, Chiti ratificó que “la movilidad es para mantener, no para recomponer”. Luego ejemplificó que la inflación desde enero a junio va a ser, según el Banco Central, de 108% y “los aumentos por movilidad que va a dar el Gobierno van a dar 107%”, con lo cual estimó que la pérdida estaría bastante compensada. “Lo mejor es dar (una compensación por) inflación, y garantizar para siempre que no va a haber más pérdida de poder adquisitivo”, sumó.
A su turno, el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que “acá no nos estamos ahorrando nada”. En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.
En el arranque de su exposición, el funcionario mencionó que con la fórmula que se acaba de anular el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. “Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, señaló.
Por otro lado, cuestionó las jubilaciones que se dieron por moratoria y detalló que “de 45.000 jubilaciones promedio que otorga ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”. No obstante, aclaró que estas jubilaciones “son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado”; al tiempo que “la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años”, sugirió.
Tras dos horas de exposiciones de Chiti y De los Heros, comenzó el desfile de invitados. El primero en hablar fue Rafael Rofman, licenciado en Economía, quien afirmó que hay temas que requieren resoluciones de fondo. “Hay que pensar en el tema fragmentación; alguien habló de los regímenes de privilegio, a mí ni me gusta hablar de los regímenes de privilegio -porque si en algo estamos de acuerdo es que ‘los privilegiados son los otros, no yo’-, me gusta hablar de régimen de excepción. Del régimen general, que es lo que estamos discutiendo acá, menos de la mitad se jubilan por ese régimen”, apuntó.
En ese sentido, enumeró que “tenemos régimen diferencial; regímenes especiales; regímenes provinciales; retiros militares y de fuerzas de seguridad; pensiones no contributivas; cajas profesionales… todo eso aumenta el ruido. Hay que ordenar el sistema, que es muy caótico y sale muy caro”. “En general los economistas decimos que no hay cosas gratis, pero lo que sí hay en la economía es grados de ineficiencia que hay que resolver”, continuó y explicó que “el sistema argentino es muy ineficiente, gasta mucho en función de los resultados que tenemos. Argentina podría hoy pagar beneficios que fuesen en promedio cerca de un 50% más de lo que son con el mismo nivel de gasto agregado. ¿Cómo? Pagándole menos a gente joven, porque tenemos muchísima gente joven cobrando por estos regímenes de excepción; no pagando beneficios duplicados -más de un millón que cobran más de un beneficio-. Si ordenamos todo eso, mágicamente tenemos plata para contener el gasto y al mismo tiempo mejorar la calidad del sistema”. No obstante, admitió que esto “es difícil, requieren acuerdos políticos”.
Más tarde fue el turno del defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, quien enfatizó en relación a los jubilados que “nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejemonos de joder. No existe. ¿De qué estamos hablando? O con el reajuste de 40 mil pesos de este mes, mil pesos por día, no llegan a comprar medio yogur”.
“El problema que vemos nosotros es que todo esto está en el marco de una catástrofe humanitaria. Los viejos como yo se mueren, no ahora, hace tres meses, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no puede tener una habitación. Y no hay tiempo de la recomposición y vamos a ver…”, expresó.
El exdiputado nacional y jubilado del gremio gráfico, Néstor Pitrola, cargó contra el Gobierno y señaló que “estamos ante los reyes de confiscar a los jubilados en cada empalme de fórmula”. Asimismo, agregó que “la prueba más nítida del continuismo de esta política capitalista, es que ahora Milei se vale de la formula peronista ruinosa extendiéndola hasta julio”.
Al igual que varios invitados de esta reunión, hizo hincapié en que “en el ajuste brutal de enero y febrero, hubo una caída del 39% en las jubilaciones”, y le pegó de lleno al Gabinete Nacional: “Mienten cuando dicen que el Estado financia a los jubilados porque son los jubilados los que financian al Estado”. “Los jubilados siempre pierden y el FMI siempre cobra”, cerró.
El economista y periodista, Ismael Bermúdez, habló por más de 15 minutos y presentó un detallado análisis previsional de los últimos 40 años. En primera instancia, recordó sus críticas hacia las fórmulas de movilidad jubilatoria en los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner –sin nombrarla-, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
A todo esto, afirmó que “el DNU es engañoso y pidió atención”, y cuestionó: “¿Dónde está el engaño? Los 200.000 jubilados docentes están excluidos. Hay un 1.4 millones, con 30 años de aportes que tienen derecho al 82% por una ley del 2018, que van a cobrar solo un 2,11% por encima de lo que cobraron en marzo”.
En esa línea, señaló que “el Gobierno se olvidó o se avivó y no convocó al Consejo del Salario Mínimo”. “Hay 5.400.000 jubilados que van a cobrar entre 0 y como máximo un 18% de aumento”, aseveró el periodista, mientras Brouwer de Koning le remarcaba que el tiempo de exposición se terminaba.
El periodista señaló que el aumento por DNU “va a dejar a las jubilaciones en el décimo subsuelo de por vida”.
Sin embargo, siguió mucho más: “Nada que ver con el 27,4% que surge del DNU porque a raíz de esto, estuve indagando con jueces que me dijeron que esto es ilegal”. “Lo llamé al expresidente de la Cámara de Seguridad Social René Herrero y me dijo que ‘es inconstitucional otorgar aumentos diferenciados hacia arriba o hacia abajo’”.
También, añadió que “está lleno de juicios porque se estuvo otorgando aumentos diferenciados hacia arriba o hacia abajo”, y explicó que “hacia abajo es más grave porque perjudicas a personas en situación de pobreza”.
Asimismo, indicó que “el DNU dice que la fórmula de Alberto Fernández se mantiene hasta junio y con eso, habrá un período de 3 meses donde van a coexistir ambas fórmulas”.
Basado en números del Banco Central, Bermúdez anticipó que “los haberes en abril van a estar con una suba del 62%, pero la inflación (acumulada) va a ser del 72,4%. Quiere decir que las jubilaciones van a caer en abril”. A su vez, añadió: “En mayo, la suba será del 83,58, pero la inflación en el 89,7%”.
Así las cosas, advirtió que “en junio, podrían estar casi empatados”, pero dilucidó: “Es ahí cuando viene el DNU y dice ‘acá paramos’ y es el momento donde más bajo van a estar las jubilaciones”. “El DNU va a dejar a las jubilaciones en el décimo subsuelo de por vida”, sentenció.
Para Bermúdez, este decreto trae “una pérdida vitalicia” y pidió que “las formulas del Alberto y la de IPC convivan en el tiempo”. “Este DNU logra, primero, que sigan cayendo haberes hasta julio y, segundo, que se perpetúe de por vida la caída monstruosa que viene del 2011”.
Para culminar su análisis, Ismael Bermúdez criticó al máximo tribunal de justicia: “La Corte Suprema debe tener, guardados bajo candado, fallos de segunda instancia y sigue sin pronunciarse”, respecto a los aumentos anteriores que no lograron recomponer haberes jubilatorios.
En medio de las exposiciones de los invitados, el diputado nacional Juan Marino (UP – Buenos Aires) pidió la palabra para denunciar que “un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le arrojó gas pimientas durante la represión a jubilados en las afueras del Congreso”. El legislador presentaba una mancha en su cabeza.
Por otra parte, Marisa Graham, la defensora de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la necesidad de imponer fórmula de movilidad a la Asignación Universal por Hijo y explicó que “la seguridad social es un derecho humano, no un plan asistencial”.
Con el tiempo compartido, Facundo Hernández, defensor adjunto de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la misma cuestión, pero dirigida a la Tarjeta Alimentar. “Pedimos que se amplíe hasta los 17 años –actualmente es hasta los 40-”. Además, planteó que “el Programa Progresar también debería tener un componente de actualización”. Más tarde, el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, se refirió al mismo tema.
El vicepresidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas, Federico Despoulis, intervino como orador y dejó clara su postura frente al DNU: “Que el Poder Ejecutivo no se entrometa y que esto sea un tema a resolver en el Congreso de la Nación”. En esa línea, afirmó que “nadie va a estar en contra de qué un jubilado gane 700.000 pesos, pero el Congreso tiene la obligación de que eso sea proporcional”.
También, cuestionó que “en los últimos 40 años de democracia, en solo nueve no hubo inflación y esta ley debe tener un tope cada seis meses”, en relación a la recomposición. “Lo mejor que pueden hacer es englobar estos proyectos a efectos de mejorar los ingresos jubilatorios”, consideró.
La abogada y procuradora María Susana Bossa remarcó que “necesitamos un cambio de fórmula”, cuestionó que “la inflación de enero fue del 20% y el aumento del decreto del 12,5”. Así las cosas, exigió que “debemos recomponer, como mínimo, desde 2017”.
Antes del cierre de la reunión, el abogado previsionalista, Christian González D’Alessandro¸ cuestionó a los diputados nacionales que se habían retirado antes: “Es una falta de respeto. Después se quejan de los trabajadores ñoquis. Después no juzguen y señalen con el dedo a los trabajadores del Estado”.
Del mismo modo, agregó: “Tienen la llave para llevarle dignidad a los jubilados”, y enfatizó que “la propuesta de Milei consolida la pérdida de poder adquisitivo que no esperan recuperarse hacia adelante. Se estima que la pérdida (irrecuperable) rondará entre los 30 y 33 por ciento”.
“Javier Milei le está destruyendo el bolsillo a los jubilados. Hoy 8 de cada 10 jubilados no logran solventar la canasta básica y les hace pagar el ajuste a quienes trabajaron toda la vida”, aseveró el abogado. “No sean cómplices, acá no hay grises. Si no derogan el DNU 70/2023 serán responsables de condenar a la miseria a quienes pueden ser sus padres y sus abuelos”, cerró.
Finalmente, la licenciada en Economía Política, Emilia Eugenia Roca, cuestionó “la falta de seguridad jurídica”, y enfatizó que “la jubilación es un derecho y nace desde nuestra situación como trabajadores”. Terminadas las exposiciones, la presidenta de la comisión Gabriela Brouwer de Koning dio por terminada la reunión.
La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados aseguró que hay “mucha predisposición” en la oposición para “lograr puntos en común” y sacar un dictamen, e insistió que no coinciden con el Gobierno en el “empalme”.
Gabriela Brouwer de Koning (Foto: HCDN)
Luego de la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto -y establecer un esquema de aumentos para abril, mayo y junio-, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Gabriela Brouwer de Koning, aseguró que la oposición insistirá con la reforma del cálculo por ley ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes”.
“La idea es mejorar el haber jubilatorio y darle mayor previsibilidad en el tiempo a los jubilados. Hay mucha predisposición (en los distintos bloques) para poder lograr puntos en común”, sostuvo la radical en diálogo con parlamentario.com y en la antesala de la reunión informativa con especialistas que se realizará luego de Semana Santa.
La legisladora de la UCR observó como “positivo” que el Poder Ejecutivo haya contemplado el índice de inflación en la nueva fórmula de movilidad, porque “es algo que está en la mayoría de los proyectos” presentados por diferentes espacios, pero igualmente “en este tema tiene que jugar el Congreso”.
“El Gobierno toma un 12,5% de incremento excepcional en abril, pero la inflación de enero fue del 20,6%. Nosotros queremos mejorar el tema del empalme porque consideramos que es insuficiente. Hay proyectos muy interesantes, que incorporan otras variables a analizar”, expresó. En ese sentido, ejemplificó que la iniciativa presentada por la macrista María Eugenia Vidal prevé qué salida tomar en caso que la inflación (a futuro) descienda y el IPC torne entonces nuevamente una fórmula de pérdida para los jubilados. “Vamos a analizar todas las variables, todo está en discusión”, afirmó.
Brouwer de Koning destacó ante este medio que “hay mucha predisposición para poder lograr puntos en común”. “Creo que trabajando de la forma que lo estamos haciendo, con mucha seriedad y profesionalismo, el resultado que logremos va a tener mucha legitimidad como para que no lo traten en la Comisión de Presupuesto, y va a tener su propia fuerza también, si logramos mayorías, para una posible sesión”, amplió.
“Hubiera sido importante haber tenido un plenario con Presupuesto”, la comisión que preside el libertario José Luis Espert, reclamó y recordó: “Nosotros nos habíamos comprometido en comenzar de manera urgente y por eso empezamos la discusión y la vamos a continuar, porque independientemente que esté el DNU, nosotros vamos a seguir trabajando y ver si encontramos puntos en común”.
Por otra parte, consultada por parlamentario.com por el anuncio del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa de eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente, la diputada señaló que “es un tema que tiene que estar en la agenda, pero las jubilaciones de privilegio del presidente y vicepresidente es ínfimo a comparación de otras jubilaciones excepcionales. Por ejemplo, en el sistema judicial hay más de 7.000”.
“En las jubilaciones del Poder Judicial y el servicio exterior de la Nación no le vemos la razón o el motivo para que tengan tanta diferencia con las demás. Me gustaría que lo discutamos para tratar de hacer un sistema previsional más justo”, sumó.
También opinó sobre la idea del Poder Ejecutivo de promover una reforma laboral a la par de una reforma previsional. “El sistema previsional es muy amplio, tiene muchas aristas y obviamente depende de los aportes del trabajador que está formalizado. Y es hoy una realidad que el trabajo informal en Argentina es del 40%. Hay que hacer una reforma laboral para tratar de incorporar a todos a un trabajo formal. Desde el radicalismo siempre dijimos que estamos a favor de una reforma laboral; es un tema a debatir para que verdaderamente las leyes ayuden a los trabajadores”, completó.
Una de las iniciativas de la diputada radical propone incorporar al Código Penal la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el otro granizar la transparencia para un “buen gobierno corporativo en las Empresas y Sociedades del Estado”.
En medio de la crisis de una nueva denuncia de corrupción en el país y en el marco de una serie de acciones que viene acompañando como Ficha Limpia, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba) presentó dos proyectos de ley para combatir la corrupción: un proyecto de ley para incorporar al Código Penal de la Nación la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y otro sobre transparencia para un buen gobierno corporativo en las Empresas y Sociedades del Estado.
Entre los fundamentos, la radical informó que, según el índice de Transparencia Internacional de 2023, Argentina obtuvo solo 37 puntos sobre 100 asignados al país más transparente, retrocediendo 4 lugares en el ranking global que mide la corrupción en el último año. Entre sus vecinos de la región, Argentina aparece muy atrás de Uruguay que obtuvo 73 puntos y se ubicó en el puesto 16; de Chile, que con 66 puntos quedó en el lugar 29 del ranking; e incluso de Colombia (40 puntos, puesto 87).
“Los efectos de la corrupción recaen principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan de la acción social del estado en materia de sanidad, educación y asistencia”, denunció la cordobesa.
Así, sostuvo que “la corrupción implica escuelas que no se abren, hospitales sin insumos, caminos que no se construyen, alimentos que no llegan a destino o trenes a los cuales no le funcionan los frenos”.
“Estamos completamente de acuerdo con el presidente que hay que combatir la corrupción, con estos proyectos pretendemos dar un mensaje claro a la ciudadanía y al mundo: En Argentina, quienes cometan delitos de corrupción van a ser perseguidos y sancionados penalmente sin que el transcurso del tiempo o las demoras en el sometimiento de aquéllos a juicio garantice su impunidad”, afirmó la diputada nacional.
Proyecto de ley Imprescriptibilidad
Brouwer de Koning recordó que en 1994 la reforma constitucional estableció una cláusula específica para combatir de raíz este flagelo. Según explicó, su proyecto propone incorporar al artículo 62 bis del Código Penal, el siguiente artículo: “La acción penal será imprescriptible para toda persona que de cualquier modo hubiere participado de los siguientes delitos:
El presente proyecto también contempla la imposibilidad de aplicación de beneficios procesales, esto es que, la acción penal y la pena impuesta a funcionario público y a toda persona que de cualquier modo hubiere participado en el mismo hecho, no se puedan extinguirse por amnistía, indulto, ni tampoco podrán ser conmutadas.
La iniciativa lleva también la firma de los diputados nacionales Danya Tavela, Marcela Antola, Pablo Cervi, Lisandro Nieri, Mariela Coletta, Julio Cobos, Fernando Carbajal, Gerardo Cipolini, Melina Giorgi, Atilio Benedetti, Marcela Coli, Manuel Ignacio Aguirre, Jorge Rizzotti, Roberto Antonio Sánchez, Mario Barletta y Juan Carlos Pollini.
Según Transparencia Internacional Argentina se encuentra en el puesto 98 en materia de lucha contra la corrupción, muy por debajo del promedio mundial y regional. La corrupción desvía los recursos de todos hacia los bolsillos de unos pocos, deteriora nuestra democracia, promueve… pic.twitter.com/M0Pf9mxDQm
— Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) March 13, 2024
Transparencia en la gestión de Empresas Públicas
Al referirse a dicha iniciativa, la legisladora radical explicó que algunos de los aspectos que refleja el proyecto en sus deferentes artículos son: “Directrices de transparencia para un buen gobierno corporativo de empresas públicas, composición de los directores, conflicto de intereses, mecanismos de prevención y forma de abordar determinadas situaciones conflictivas, ficha limpia, articulación con la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la implementación de políticas de transparencia, informe anual de desempeño”.
“El buen gobierno corporativo en las empresas públicas se ha convertido en una propuesta transformadora en la agenda internacional”, planteó y sostuvo: “Tanto en el caso de que la intención sea mantener bajo la esfera estatal o privatizar este tipo de empresas, la implementación de prácticas de transparencia en materia de gobierno corporativo mejora la eficiencia en la gestión, la optimización en el uso de recursos, fortalece la confianza de los socios y de la sociedad en general, revaloriza la empresa y crea un entorno neutral para la competencia entre empresas públicas y privadas, impulsando un sector empresarial sólido y competitivo”.
Entre los fundamentos, la cordobesa explicó que “el proyecto se alinea a las intenciones de nuestro país de incorporarse a la OCDE y por eso adopta como referencia las buenas prácticas que este organismo internacional de referencia en la temática recomienda para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país”.
“Tomamos en cuenta la necesidad de responder ante dos de las más importantes problemáticas que impactan en las empresas del estado: por un lado, el intervencionismo e interferencias debido a motivaciones políticas y la dilución de la responsabilidad en la gestión”, sostuvo la diputada.
El proyecto incluye herramientas concretas para trabajar en 5 ejes principales, teniendo en cuenta los lineamientos de la OCDE:
“Buscamos con estos proyectos de ley contribuir al debate y la definición de medidas concretas que se cumplan y promuevan la transparencia en la gestión de las empresas y sociedades del Estado”, explicó.
En tanto, concluyó: “Entendemos que nuestra propuesta no es una medida mágica, ya que la lucha contra la impunidad requiere de variadas medidas preventivas y, además, la disuasión no se logra solamente con la falta de limitación temporal para imponer sanciones, sino con la efectiva aplicación de las leyes de transparencia y ética pública correspondientes, pero estamos convencidos que es una importante herramienta para continuar luchando contra la corrupción”.
Cuenta con el acompañamiento de diputados nacionales de Carla Carrizo, Danya Tavela, Marcela Antola, Pablo Cervi, Melina Giorgi, Julio Cobos, Mario Barletta, Luis Picat, Gerardo Cipolini y Mariano Campero.
Fue a raíz de la resolución del Ministerio de Capital Humano que puso en revisión la creación de cinco universidades. Participaron además el intendente de la ciudad y el secretario de Educación.
A raíz de la puesta en revisión de cinco universidades nacionales por parte del Gobierno, la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR) mantuvo una audiencia este miércoles con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Del encuentro participaron además el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer; Pablo Yannibelli, quien se desempeñó hasta hace unos días como rector normalizador de la Universidad Nacional de Río Tercero; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
A través de una resolución firmada por Pettovello, cinco universidades nacionales creadas por ley el año pasado se pusieron en revisión, además se dejó sin efecto la designación de rectores normalizadores y la posibilidad de comenzar con el dictado de las actividades académicas. Entre esas universidades se encuentra la de Río Tercero que, debido a dicha medida, se ha visto imposibilitada de iniciar el ciclo académico 2024.
La decisión generó preocupación en toda la comunidad que impulsó la creación de la universidad como una medida de reparación histórica ante el atentado sufrido en Fábrica Militar Río Tercero en 1995, planificado y ejecutado en el seno del mismo Estado nacional.
En la audiencia, Brouwer de Koning, junto a Ferrer y Yannibelli, expusieron su preocupación y una pormenorizada y detallada presentación de todas las acciones destinadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Educación Superior, que han sido llevadas adelante desde la sanción de la ley por parte del Congreso.
Entre estas acciones se puede mencionar la confección y aprobación del estatuto, la presentación del proyecto y el plan institucional, en el que en 2.400 páginas se expone la oferta académica (con 22 carreras), 150 perfiles de docentes, 52 convenios marco de cooperación entre la UNRT e instituciones de la sociedad civil, gremios, colegios profesionales, cámaras empresariales, empresas locales y regionales, otras Universidades Nacionales, organismos públicos y privados. “Un trabajo sólido que marca el apoyo de toda la sociedad, el profesionalismo con el que se ha trabajado y la articulación con otras instituciones”, destacaron.
Y sumaron que “es trabajo sólido que construyó legitimidad mediante el apoyo de diversos sectores de la sociedad, el profesionalismo con el que se trabajó, la articulación interinstitucional e intersectorial y el fiel cumplimiento de las exigencias establecidas para garantizar la misión del sistema de educación superior”.
Sobre la reunión, la diputada radical informó: “Nos recibieron muy bien. Nos agradecieron que hayamos ido a defender la universidad y el proceso que llevamos adelante. Con la información recabada se comprometieron a evaluar si los pasos que dimos son acordes a la ley, por lo que esperamos se continúe a la brevedad el proceso”.
“Es facultad del Gobierno controlar el proceso administrativo; estamos de acuerdo con que todas las áreas del Estado nacional sean auditadas, funcionen correctamente y lleven adelante los objetivos para los cuales han sido creadas”, sostuvo.
La legisladora cordobesa resaltó que tienen “la certeza de haber demostrado que lo actuado hasta el momento cumplió con todos los estándares de transparencia, idoneidad y responsabilidad requeridos por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior”.
“Creemos que es necesario revertir la resolución administrativa del Ministerio. Y además proponemos reafirmar la relevancia que tiene para nuestra sociedad el sistema de educación superior, que debe aspirar a la construcción de propuestas académicas innovadoras, con docentes concursados, calidad en los programas de estudio, modernización y vinculación con el sector productivo. Para esto se necesita poder seguir trabajando y un presupuesto universitario que garantice dar cumplimiento a las metas propuestas”, concluyó Brouwer de Koning.
La diputada de UP señaló que “esta decisión representa un nuevo ataque a la educación pública y a Córdoba, especialmente, a la comunidad de Río Tercero”. Además, Brouwer de Koning detalló 10 puntos en favor de la casa de altos estudios.
La diputada nacional Gabriel Estévez (UP – Córdoba) criticó la resolución 45/24 firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que propone la revisión de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, la cual fue impulsada por la legisladora y fue aprobada en el 2023.
La creación de la casa de altos estudios en la localidad cordobesa se convirtió en ley el pasado 29 de septiembre. La iniciativa fue impulsada por Estévez y la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning
“Esta decisión representa un nuevo ataque a la educación pública y a Córdoba, especialmente, a la comunidad de Río Tercero que luchó por la creación de la Universidad como una medida de reparación por el atentado a la Fábrica Militar de 1995”, aseveró la diputada de UP.
Del mismo modo, advirtió que “vamos a tomar todas las medidas para evitar que (Javier) Milei y Pettovello frenen la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero (y de las otras 4 incluidas en la resolución). Por la memoria de las víctimas del atentado y por el presente y el futuro de todos los riotercerenses”.
La resolución del Poder Ejecutivo afecta a la creación de las cinco universidades que se aprobaron el 29 de septiembre del 2023 en el Senado, y el 20 de ese mismo mes en Diputados. En aquella ocasión, los entonces diputados nacionales Milei y Victoria Villarruel fueron parte de los 89 votos negativos.
Por su pàrte, la otra autora del proyecto, Gabriela Brouwer de Koning, se descargó con un hilo en X, ampliando 10 puntos: “Nos encontramos ante una resolución ministerial que no puede dejar sin efecto el cumplimiento de una ley del Congreso. Vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”.
“La Universidad Nacional de Río Tercero fue creada por la Ley 27.730 que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva institución”, remarcó, y siguió: “El presidente no puede decidir incumplir las leyes que no les gustan o dejar sin efecto aquellas leyes que se aprobaron sin su acompañamiento”.
Del mismo modo, señaló que “esto no nos sorprende ya que se identifica con una visión cargada de preconceptos sobre el rol del estado. Tenemos que mejorar la calidad educación pública y su alcance a los sectores más vulnerables. Eso no se resuelve vaciando ni desfinanciando”.
ACERCA DE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DE REVISAR UNILATERALMENTE LA LEY DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO TERCERO (🧵) pic.twitter.com/z4xrEO0haZ
— Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) February 27, 2024
También, manifestó que el decreto pretende iniciar una “revisión del proceso de creación”, facultad que solo tiene el Congreso cuando sanciona las leyes de creación de universidades, y además remueve al Rector Normalizador que fue designado hace tan solo tres meses.
Por último, la diputada radical expresó que “esperamos la reconsideración de la medida tomada por el gobierno, ya que obstaculiza el proceso de funcionamiento de una institución que va a aportar desarrollo, trabajo y mayor producción a nuestra región”.
A través de un proyecto, la diputada de la UCR propuso mejorar la determinación periódica del Salario Mínimo Vital y Móvil e incorporar la variación del índice de precios al consumidor como criterio para definir el quantum.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba) presentó un proyecto de ley para fortalecer el proceso de construcción de acuerdos en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, mediante la reforma a la Ley 24.013 de Empleo.
La legisladora radical expresó que “la razón de la presentación de esta iniciativa tiene que ver con la situación económica y con la necesidad de fortalecer los mecanismos para el funcionamiento periódico y el cumplimiento de la función social que cumple el SMVM”.
“Este sueldo básico tiene un impacto enorme en las dinámicas de convivencia económica argentina, es utilizado como referencia para diferentes programas sociales como el programa Potenciar Trabajo (Equivale al 50% de un salario mínimo, vital y móvil) o se utiliza como límite en otros programas administrados por ANSES como las Becas Progresar (el grupo familiar del solicitante no debe superar tres SMVM) o la AUH”, explicó.
Entre los fundamentos del texto, propone: Modificar el inciso a) del artículo 135 de la Ley de empleo para establecer que la determinación periódica del Salario Mínimo Vital y Móvil sea prevista para todos los meses del año y de esta forma evitar la no determinación por falta de convocatoria a sesión, especialmente en el receso, como ha sucedido en el pasado mes de enero.
También, modificar el artículo 137 de la Ley de empleo a fin de especificar el proceder en materia de plazos en caso de no lograrse la mayoría requerida para la toma de una decisión en una primera sesión. Para esto se especifica que debe convocarse a una nueva sesión en un plazo no mayor a 10 días, la cual debe tener carácter presencial. Ante el fracaso de la segunda reunión el presidente del cuerpo tiene el deber de laudar, sin embargo, la ley no se establece un plazo para ello, por lo cual la propuesta aquí vertida fija una tiempo límite de 7 días.
Y finalmente, incorporar la variación del índice de precios al consumidor como criterio para definir el quantum del SMVM. En este caso, existen antecedentes en países de la región como en el artículo 17 de la Ley 10.449 de la República Oriental del Uruguay o en el artículo 8 de la Ley 278/96 de la República de Colombia.
El proyecto lleva también la firma de los diputados nacionales Danya Tavela, Marcela Antola, Carla Carrizo, Pablo Cervi, Julio Cobos, Pedro Jorge Galimberti, Marcela Coli, Gerardo Cipolini, Mario Barletta, Manuel Ignacio Aguirre y Mariela Coletta.
En tal sentido, Brouwer de Koning cerró: “Con esta propuesta pretendemos que SMVM cumpla con el objetivo por el cual fue creado, esto es garantizar un ingreso mínimo por trabajador que le permita acceder a una canasta mínima de bienes y servicios, como asi también, ser una herramienta en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso”.
Las radicales Gabriela Brouwer de Koning y Carla Carrizo participaron de un encuentro denominado “Mujeres que Hacen”.
Las diputadas de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning y Carla Carrizo expusieron en un evento sobre el proyecto de ley de “Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras (VUME)”, presentado como una herramienta que busca fomentar y fortalecer la autonomía económica, la inclusión financiera y el liderazgo de las mujeres.
“La iniciativa surge a partir del diagnóstico de las profundas brechas existentes entre las mujeres y los varones. En Córdoba, los emprendimientos fundados por, al menos, una mujer, recibieron menos apoyo financiero que los fundados solo por varones. En las 23 incubadoras de la provincia, el 62 por ciento de los equipos de trabajo son mujeres, pero sólo el 35 por ciento de las entidades tiene alguna de ellas en puestos de dirección ejecutiva”, señaló Brouwer de Koning.
Además, apuntó que “según datos de la UNC, el 47% de las emprendedoras reporta que necesita mejores condiciones de acceso al financiamiento para iniciar, continuar o expandir su negocio, el 30% necesidad de capacitación y un 23% asistencia técnica”.
“Si bien las mujeres están teniendo cada vez mayor participación, son pocas las que lideran proyectos de alto impacto, éstos son los que tienen potencial de escalar, generar empleo y exportar, siendo su participación preponderante en iniciativas sociales y de necesidad”, sumó la legisladora.
El proyecto se abordó durante un encuentro denominado “Mujeres que Hacen”, en el marco de la semana del emprendedor y el evento “Feria 21”, de la Universidad Siglo 21, que a través de su Centro de Emprendimiento e Innovación e Insight 21, organizaron la jornada con el apoyo de Fundación Argentina Porvenir, Fundación Mujeres que Avanzan, Fundación FLOR, Bolsa de Comercio de Córdoba, Fundación Potentia y Banco Ciudad.
Además de las diputadas, expusieron Ivana Cavagliasso, gerente de Calidad e Inocuidad de Prodeman, empresa familiar dedicada a la siembra y procesamiento del maní; Silvina Farias, fundadora de Mona Curvas XL, la primera marca de indumentaria en shopping y que brinda hasta el talle 64, logrando desarrollar una comunidad de 65.000 seguidores, a través de la cual no solo vende, sino que también inspira y enseña; María Gabriela Tomassoni, fundadora de Mamá Construye, obrera de la construcción que cuenta con una comunidad de más de 100.000 personas; Sofía Gallerano, fundadora de SG Cosmética Capilar y creadora de La Cordobesa, primer nutrición capilar a base de Fernet. Además, estuvieron presentes Ana Dusssauf e Ignacio Aznarez del Banco Ciudad y Emmanuel Peña, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de Siglo 21.
La diputada radical participó de una jornada en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se abordó la problemática contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) participó del conservatorio “Caso Lucio: testimonio de su abuelo. Relato en primera persona de Ramón Dupuy”, organizado por la profesora Alicia García de Solavagione (cátedra A de Derecho de Familia) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Entre los invitados a exponer, además de Ramón Dupuy y Brouwer de Koning estuvo el concejal electo de Córdoba capital Javier Fabre. Dicha actividad se organizó con la finalidad de visibilizar y poner en discusión la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en el país.
El abuelo de Lucio expuso sobre el caso y habló acerca de las causas y consecuencias de la falla en los dispositivos institucionales destinados proteger los derechos del niño. A su vez, manifestó su opinión sobre la importancia del involucramiento de los diferentes actores de la sociedad y contó detalles sobre el trabajo realizado para lograr la sanción de la Ley Lucio (N° 27.709), que implementa el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destinado a funcionarios y empleados del Estado nacional.
Por su parte, Fabre se refirió a su proyecto de creación de “Servicios interdisciplinarios de prevención e intervención temprana en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”. Dicha iniciativa propone la implementación de un sistema de protocolos de actuación por medio de equipos interdisciplinarios especializados en este tipo de delitos, con registros de información y elaboración de estadísticas. Actualmente, la iniciativa se encuentra presentada en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba bajo la denominación “Infancias Cuidadas”.
“Este proyecto cumple con el mandato de impulsar la visión infantocéntrica en el abordaje de la violencia infantil. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y no objetos de protección, por lo cual el sistema debe estar diseñado para responder a este nuevo paradigma”, dijo Fabre.
Brouwer de Koning, miembro de la Comisión de Niñez, Familia y Juventudes e impulsora activa de la Ley Lucio, realizó su exposición sobre “Dimensiones de la violencia contra NNyA y propuestas legislativas”. “La violencia contra los NNyA se manifiesta de diversas maneras, sin embargo una de las más atroces es la violencia sexual y aquí Argentina incumple sistemáticamente ya que, de acuerdo a un informe de The Economist, ocupa la posición número 50 de 60 países relevados en materia de políticas de prevención y acceso a la justicia”, señaló la legisladora.
Además, la radical agregó: “¿Las leyes son necesarias? Sí. ¿Pero son suficientes? Seguramente no. Por eso necesitamos el compromiso de toda la comunidad en su conjunto, porque cada uno desde nuestro rol, como vecino, docente, profesional, político, comerciante y demás, podemos salvar a un niño, niña o adolescente del sufrimiento que implica cualquier tipo de violencia”.
Para concluir, la diputada se refirió a tres proyectos de ley que ya ha presentado en el Congreso sobre la temática: la reforma a la Ley de Víctimas, que tiene por objetivo incorporar la perspectiva de derechos de NNyA a este cuerpo normativo; la ley del “Derecho al Tiempo” que trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra NNyA y reemplazar la denominación abuso sexual en el Código Penal por la de violencia sexual.
“Lo que proponemos en materia de imprescriptibilidad ya se encuentra en leyes de otros países como Suiza, Ecuador, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En el Reino Unido la imprescriptibilidad se aplica para todos los casos de violencia sexual sin importar la edad de la víctima”, destacó Brouwer de Koning.
Y, en tercer lugar, informó sobre la ley de creación de la “Comisión investigadora independiente de la verdad y reparación sobre delitos de violencia sexual padecidos en la infancia y/o adolescencia”. Aspirando a un enfoque centrado en las víctimas y basado en la participación, la transparencia y la protección de derechos, dicha comisión tendría por fin escuchar y acompañar a las y los sobrevivientes, ofreciendo un espacio seguro y confidencial. La meta es generar una investigación a gran escala, como también en otros países se impulsa.
Participaron de la jornada legisladores, concejales electos, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, autoridades de la Facultad de Derecho y de la UNC, miembros de la SENAF, docentes y estudiantes universitarios, organizaciones de la sociedad y miembros de la comunidad en general.
La cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, impulsora de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, defendió su presencia desde el arranque de la sesión y dijo que el FdT “ya tenía el quórum”.
Tras la crítica del expresidente Mauricio Macri a los cuatro diputados de Evolución Radical que aportaron al quórum en la sesión de este martes, donde se trató el proyecto sobre impuesto a las Ganancias y la creación de universidades nacionales, entre otros temas, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning le respondió.
Al ser consultado por medios locales en la ciudad de Villa Carlos Paz sobre la decisión de un puñado de legisladores que se referencian en Martín Lousteau, de estar presentes desde el arranque de la sesión, Macri expresó: “Me parece que no estaba hablado. El populismo es muy contagioso”.
“Yo respeto mucho a quien fue expresidente de la Nación, pero acá no hay ningún populismo, acá estamos hablando de educación, de educación de calidad, de darles oportunidades a un montón de jóvenes”, sostuvo este miércoles Brouwer de Koning.
La radical, impulsora de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, afirmó que desde el oficialismo “ya tenían el quórum y la cantidad necesaria para sesionar”.
No obstante, en una entrevista con Radio Futurock, afirmó que en el hipotético caso de que su presencia hubiera sido determinante, “hubiese estado ahí” por su ciudad. “La creación de esta universidad era trascendental, para nosotros tuvo un valor histórico”, señaló.
“Para mí la educación es inversión. Vengo de un partido que defendió constantemente la educación pública y de la provincia donde se dio la reforma universitaria”, resaltó y, nuevamente sobre las declaraciones de Macri, opinó que “decir populismo es simplificarlo”.
Al recordar que el expresidente estuvo en Río Tercero, la legisladora manifestó: “Es muy difícil quizás que pueda sentir la importancia que tenía para nosotros esta reparación. A nivel personal siento una falta de respeto hacia mi ciudad y toda mi gente”.
El proyecto fue presentado por la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, quien consideró que esta patología requiere de “un abordaje especial”.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical-JxC) presentó un proyecto de ley con el objetivo de garantizar la cobertura integral total, acorde a la edad y con renovación conforme a la necesidad de uso de lentes de contacto o anteojos, para pacientes pediátricos con diagnóstico de afaquia.
La afaquia es la ausencia de cristalino en el ojo. El cristalino es una estructura situada tras el iris y su propósito principal consiste en permitir enfocar objetos situados a diferentes distancias. Además, su capacidad para refractar la luz ayuda a la córnea a formar imágenes sobre la retina. En ciertas ocasiones esta patología se genera de manera congénita, presentándose por ende desde el nacimiento. Esto exige intervención quirúrgica de carácter urgente a fin de garantizar una mínima recuperación de agudeza visual.
“Resulta imperioso para la continuidad del tratamiento, la utilización de una prótesis externa especial de rehabilitación que sustituya al tejido y que permita desarrollar la visión; dado que por indicación médica no es viable la implantación de una lente intraocular a edades tempranas. Por lo cual, sin prótesis visuales, los pacientes pediátricos no pueden ver”, resaltó la legisladora en los fundamentos de la iniciativa.
El proyecto surgió de “la movilización de padres y madres que se ven expuestos a la realización constante de acciones administrativas o judiciales y se propone revertir dos tendencias de abordaje de la afaquia en pacientes pediátricos”, apuntó. El primero relacionado a que los efectores de salud que no consideran a las lentes de contacto o anteojos como prótesis externas removibles que reemplazan al cristalino; y, segundo, no se toma en consideración que quienes utilizan esos lentes son niños/as por lo cual se ve limitada la reposición ante pérdidas o destrucción. Se busca entonces que el Programa Médico Obligatorio y, por ende, que todas las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661 contemplen esta situación.
“Con el proyecto proponemos la resolución de una laguna normativa que, debido a la excepcionalidad de la patología abordada, requiere de un abordaje especial y conforme a la realidad del sistema sanitario”, expresó la cordobesa.
También señaló que se busca que “niños y niñas puedan continuar con sus tratamientos médicos indicados y la recuperación visual, por medio del reintegro total o la autorización para la compra de las lentes/anteojos indicados, porque de lo contrario corren el riesgo de perder la visión de por vida”.
Además, remarcó que “la Convención de los Derechos del Niño dispone que se le debe garantizar a los niños el más alto nivel de salud posible, y nosotros, como Estado parte, debemos esforzarnos para garantizarle a nuestros niños y niñas el mejor servicio sanitario y de salud posible”.
Fue durante una jornada que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de la campaña “Derecho al Tiempo”.
En el marco de la campaña “Derecho al Tiempo”, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical), en un trabajo conjunto con la asociación civil ARALMA, presentó un proyecto de ley para que los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, no prescriban.
La iniciativa, que es acompañada por la firma de una veintena de legisladores, fue debatida durante una jornada de reflexión denominada “Imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual padecidos en la infancia y/o adolescencia”, que tuvo lugar en el Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba.
En la actividad se resaltó que este proyecto “tiene como finalidad saldar una deuda pendiente que el sistema jurídico argentino tiene con las niñeces y adolescencias que han sido víctimas de violencia sexual”.
“La complejidad de este tipo de delitos y lo dificultoso que es para las víctimas acceder a la justicia, sumado el tiempo que requiere muchas veces procesar estas vejaciones para luego animarse a denunciarlo, hacen de ésta violación a los derechos humanos una de las más graves y atroces de la violencia contra las personas. Es por eso que venimos a plantear su imprescriptibilidad”, sostuvo Brouwer de Koning.
El Estado argentino ya suscribió a diversos tratados internacionales sobre DD.HH. antes del 2011, que se han incorporado a la Constitución, siendo el más específico para este tipo de casos la Convención sobre los Derechos del Niño, afianzando el derecho de las personas a merecer del Estado respuestas adecuadas ante la vulneración de derechos, haciendo surgir un concepto elemental: la “bilateralidad de las garantías”, que tiene como objetivo equilibrar derechos, brindando por un lado las garantías de un debido proceso al imputado en una causa penal, pero por otro lado, asegurarle a las víctimas, el acceso a la justicia. “No estamos condenando a nadie, sino habilitando la posibilidad de que miles de personas que sufrieron violencia sexual antes de 2011 puedan obtener justicia”, aclaró la legisladora radical.
La cordobesa sostuvo que “el proyecto surge como respuesta a la necesidad de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, por los inexcusables actos a los que las víctimas se ven sometidas y el daño causado a sus vidas”. “La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en cualquiera de las diferentes formas en que se producen, constituyen la manifestación más monstruosa de la violencia ejercida hacia la infancia. Esta dolorosa problemática requiere un abordaje transversal e interpartidario”, afirmó.
La jornada contó con la presencia de concejales, legisladores, integrantes de la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia), profesionales en derecho penal y, además, se hizo presente la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López. Disertaron Gabriela Brouwer de Koning, Sonia Almada, Iván Mochkofsky y Gabriela Coloccini.
La diputada de Evolución Radical encabezó una jornada en la Universidad Católica de Córdoba y contó con la presencia de especialistas. La iniciativa es de la autoría de la radical Carla Carrizo.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) junto al defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, llevó a cabo el encuentro “Desafíos en Discapacidad y Educación: Impulsando un proyecto de ley para la capacitación docente en discapacidad”.
El encuentro tuvo lugar en la Universidad Católica de Córdoba y se abordó la problemática que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en todo el país, con el fin de impulsar un proyecto de ley, presentado por la diputada radical Carla Carrizo que busca capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa en todos los niveles obligatorios y modalidades del Sistema Educativo Nacional en relación con la discapacidad y las dificultades del aprendizaje.
El evento, contó con la presencia de referentes de la educación y en psicopedagogía, ONGs, personas con discapacidad, legisladores provinciales y especialistas en derecho. También disertaron especialistas en discapacidad y derecho como la abogada Dra. Romina Núñez (TEA Padres Autoconvocados); Dra. María Lia Redondo, (Fundación Denles la Palabra); Cdra. Marcela Rosado (Federación Converger- Fundación Iram- Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad); psicopedagoga Florencia Barros y madre de niño con autismo; Evangelina Carrión (persona sorda bilateral y estudiante de Pedagogía Social); Silvina Felice (UCC), Lic. en Pedagogía; María Valeria Stefani (Coordinadora de Gabinetes municipales, DAI en instituciones educativas de modalidad estatal y privadas); Verónica Prieto, Psicopedagoga y profesora (Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Río Tercero); Lic. en Pedagogía Carina Suárez, (Directora Nivel Primario del Instituto Juvenilia).
“En el país hay unos 6 millones de personas con discapacidad, por lo cual necesitamos situar en la agenda pública y parlamentaria el tema”, expresó Brouwer de Koning y remarcó que la discapacidad “no es un problema de las personas, sino de los obstáculos y barreras que encuentran en el entorno”.
En ese sentido, sostuvo que “la educación es un derecho y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla. Más aún en tiempos en los que se habla de arancelarla, un tema que en Argentina fue, es y debe seguir siendo, política de estado. A esa política de estado, se le debe sumar la inclusión real de las personas con discapacidad”.
“Estamos abriendo un debate federal sobre la educación inclusiva. Que no solo quede entre las paredes del Congreso, sino que se extienda hacia todos los puntos cardinales del país, para que todas las personas y especialmente los protagonistas tengan la posibilidad de comunicar lo que piensan, sienten y necesitan. De esto se tratan las políticas basadas en evidencia y participación ciudadana. No se puede diseñar una reforma legislativa sin escuchar la opinión y la experiencia de sus destinarios”, argumentó la diputada cordobesa.
El evento se realizó en la Ciudad de Córdoba y lo hizo junto a Soledad Laciar, madre del joven asesinado en 2020 por policías en un control vehicular. Los puntos principales de la iniciativa.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) junto a Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correa -joven asesinado por policías en un control vehicular-, presentaron en el Museo de Antropologías de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, el proyecto de ley “Blas” que tiene por objeto modificar el Código Penal de la Nación.
En el lugar, estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales y locales, organizaciones no gubernamentales, familiares de víctimas y personas interesadas en el proyecto.
La iniciativa, que fue fruto de un trabajo conjunto de equipos interdisciplinarios, tiene tres objetivos primordiales. En primer lugar, agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias.
En segundo lugar, incorporar un nuevo tipo penal específico que sancione a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación. En tercer lugar, incorporar a este nuevo tipo penal como delito habilitante para aplicar la figura de la Ley 27.304 del Arrepentido.
Al respecto, Brouwer de Koning aclaró que “La iniciativa nace de las experiencias vividas por Soledad y su familia durante todo este proceso. La escuché como mamá y también como ciudadana que cree en el estado de derecho, y al igual que a la gran mayoría de la sociedad me generó indignación todo lo que estaba viviendo. Desde ahí, empezamos a trabajar en equipo, se sumaron académicos, especialistas en derecho penal y seguridad y hoy estamos dando el primer paso de muchos más que habrá que dar”.
Desde el entorno del equipo de trabajo confirmado, aseguran que “hechos de esta naturaleza, tan corrosivos del tejido social, deben tener una respuesta política contundente y sin titubeos. Ningún modelo de seguridad pública, sea del signo político que sea, tiene viabilidad si se avalan estas oscuras prácticas, o se mira para otro lado cuando los jueces advierten en fallos, una y otra vez, sobre esta realidad muchas veces negada o invisibilizada, pero por todos conocidas”.
“Hoy damos este paso, ahora necesitamos generar una fuerza colectiva y transversal donde se sumen todos y que se haga escuchar en el recinto del Congreso de la Nación. Con Soledad Laciar los invitamos a que sean parte y logremos que la Ley Blas se haga realidad”, cerró la diputada cordobesa.
PL-Ley-BlasEl evento será en la Ciudad de Córdoba y será encabezado por la diputada radical Brouwer de Koning. El crimen del joven fue en 2020 y por el cual hay once condenados.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba), junto a Soledad Laciar -madre de Blas Correa, joven asesinado por policías en un control vehicular- dará a conocer los detalles del proyecto de ley Blas el próximo jueves en el Museo de Antropologías de la Ciudad de Córdoba.
Tal iniciativa fue ideada junto a los familiares de Blas Correa, víctima de la violencia institucional por parte de la Policía de la provincia de Córdoba. “Consideramos que es un valioso aporte para construir una sociedad más segura y justa”, señalaron.
Lucas Gómez y Javier Alarcón, los oficiales que le dispararon y mataron al chico de 17 años, fueron condenados a prisión perpetua. Además, otros nueve efectivos de la fuerza provincial fueron declarados culpables de los delitos de encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público y recibieron penas que van desde los dos años y medio de cárcel condicional a los cuatro años y 10 meses de encierro.
Para asistir a la presentación del proyecto impulsado por diputada radical, quienes deseen hacerlo deberán enviar un email confirmando asistencia a gbouwerdek@hcdn.gob.ar
La diputada cordobesa de Evolución Radical se reunió con el jefe de Gabinete, quien se comprometió a que se pueda acelerar ese proceso.
La diputada nacional de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning mantuvo una audiencia con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. En el encuentro, la cordobesa le trasladó los reclamos de más de diez mil damnificados por el atentado que sufrió Río Tercero el 3 de noviembre de 1995, y que aún no han encontrado respuesta por parte del Estado Nacional.
En ese sentido, la cordobesa recordó que actualmente se está incumpliendo la Ley 27.179 que obliga a la Nación a indemnizar a las víctimas. Según reveló la legisladora, Rossi “se comprometió a generar las acciones como jefe de Gabinete para que se pueda acelerar el proceso y así finalmente cumplir con el pago y cerrar una etapa de 27 años de impunidad”.
El encuentro se suma a múltiples audiencias que la radical viene teniendo tanto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como con el Ministerio de Defensa. En dichas reuniones se pudieron identificar ciertas trabas burocráticas que dificultan el cobro de las indemnizaciones y que las autoridades se comprometieron a remover.
“Este es un compromiso que asumí desde mi primer día como diputada. Cada paso que doy, cada oportunidad que tengo, sigo y seguiré defendiendo nuestro reclamo de reparación histórica integral”, sostuvo Brouwer de Koning.
Y agregó: “En este caso, bregando para que se paguen a los más de 10.000 damnificados su justa indemnización. La predisposición es siempre agradecida, pero ya es hora de que se pase a la acción de una vez por todas”.
La iniciativa fue presentada por Gabriela Brouwer de Koning ante “la necesidad de que el Congreso genere nuevas herramientas legales para proteger a los niños, niñas y adolescentes”.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) presentó un proyecto de ley que propone reformar la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, con el fin de incorporar una perspectiva en niñez.
“En los últimos meses, el caso Lucio Dupuy evidenció las nulas respuestas institucionales frente a estos aberrantes hechos y la necesidad de que el Congreso de la Nación genere nuevas herramientas legales para proteger a los niños, niñas y adolescentes”, consideró.
La cordobesa señaló que actualmente esta norma “no contempla la perspectiva de los derechos de la niñez”, por eso es necesario “modificarla y adecuarla a la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporando la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos publicados por UNICEF, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS) y la Asociación por los Derechos Civiles”.
En sus fundamentos, la iniciativa indica que según la Encuesta Nacional de Niños/ niñas y Adolescentes, llevada a cabo por UNICEF en 2019-2022, un 59% de los NNA han sufrido prácticas violentas en la crianza. La cantidad de niñas y niños que fueron víctimas de violencia familiar y sexual aumentó a un 54% a raíz del aislamiento en pandemia. Además, resalta el hecho de que la mayoría de los actos violentos se consuma en ámbitos de intimidad y en muchas ocasiones no quedan evidencias físicas que sirvan como prueba ante un consecuente proceso, ni existen testigos presenciales de los hechos.
La legisladora radical explicó que el proyecto tiene como fin “fortalecer la aplicación del principio de enfoque diferencial previsto en dicho cuerpo normativo” y “delinear un sistema nacional que proteja por igual a todos los niños y niñas del país, respetando la legislación en cada provincia que ya lo prevé y complementando ó mejorando aquellas en las que no está previsto”.
Concretamente, el articulado propuesto por la diputada dispone, por ejemplo, garantizar que las declaraciones sean tomadas por profesionales con capacitación específica y siendo videograbadas para evitar la repetición del proceso, conforme a estrictos protocolos. Además, contempla la realización de un único examen pericial físico para evitar la revictimización del niño/a. Otro punto importante del proyecto es el que establece que nunca se confronte a la víctima con el/la supuesto/a agresor/a.
“Esto servirá para que la reacción del Estado ante estos casos sea la adecuada. El crimen de Lucio nos duele y nos interpela como sociedad y, lamentablemente, no es el único. Es muy importante seguir trabajando en un Estado que realmente cuide de manera adecuada a nuestros niños, niñas y adolescentes”, cerró Brouwer de Koning.
Oriunda de esa ciudad, la diputada de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning impulsa un proyecto para declarar Día de la Memoria y Solidaridad al 3 de noviembre.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning impulsa un proyecto para instituir el 3 de noviembre como “Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del Atentado contra la Fábrica Militar Río Tercero”, en coincidencia con la fecha en la que tuvo lugar el atentado perpetrado en esa misma fecha de 1995.
La iniciativa sugiere que cada año ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios y lugares públicos en los que se promoverá la realización de actividades alusivas.
También el Poder Ejecutivo realizará en la semana del 3 de noviembre actividades y campañas en pos de sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la corrupción, el tráfico ilegal de armas y a favor de la paz y la no violencia. Se dispondrán además los medios necesarios a fin de que los establecimientos primarios y secundarios de gestión pública y privada organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha.
El 3 de noviembre de 1995 a las 8.55 de la mañana, la ciudad de Río Tercero se vio conmovida por las explosiones registradas en la Fábrica Militar de esa ciudad, recuerda la diputada de Evolución Radical en los fundamentos de su proyecto, donde da precisiones muy vívidas de lo ocurrido ese día y a posteriori.
Alrededor de las 9 de la mañana se produjo la primera gran explosión. La denotación fue escuchada a decenas de kilómetros y destruyó con su onda expansiva todos los vidrios del sector urbano, y en los barrios más cercanos afectó seriamente a las estructuras de las viviendas.
Había estallado la planta de carga de la industria, donde operarios acomodaban proyectiles que se llenaban en la fábrica con un montacargas. A la distancia, la gente que trataba de escapar de la ciudad veía un enorme hongo de humo elevándose sobre la fábrica.
A las 9.15 se produjo otra gran detonación en los depósitos de expedición y suministros, galpones sin ninguna protección, repletos de proyectiles de guerra y pegados a uno de los barrios, Las Violetas. Las viviendas en los sectores más cercanos comenzaron a derrumbarse y los proyectiles allí acumulados volaban sobre la ciudad.
A las 9.30 se produjo la tercera detonación, tal vez la más potente, que devastó a las viviendas ya dañadas que aún se mantenían en pie en los barrios más cercanos, mientras en el resto de la ciudad había diferentes daños. Ya se comenzaba a hablar de personas fallecidas. Las heridas se contabilizan de a cientos.
Miles de habitantes se marchaban del golpeado Río Tercero. Las calles, terrenos, aceras, estaban cubiertas de proyectiles de guerra, millones de esquirlas, pedazos de mampostería y de vidrios, que también se habían convertido en esquirlas. Llegaba personal de las fuerzas de seguridad federales, provinciales y bomberos de distintos cuarteles. Decenas de aviones y helicópteros sobrevolaban el cielo cubierto de humo de Río Tercero. Las explosiones, ya de menor intensidad, proseguían. Se conocía de las primeras víctimas fatales. Las poblaciones de la región se habían convertido en sitios de recepción de miles de personas. En ese contexto, otras miles buscaban a sus seres queridos, que no conocían en dónde estaban. Hubo familias que recién pudieron reunirse luego de una semana de acontecido aquel desastre.
Por la mañana habían llegado funcionarios nacionales y provinciales. Cuando aún no se había podido conocer el origen de aquella calamidad, arribaba el entonces presidente, Carlos Menem. En una conferencia brindada en la municipalidad, el mandatario aseguró ante la consulta de un periodista que era “un lamentable accidente”. Aún la Justicia Federal, a cargo de la investigación, no se había pronunciado.
La ciudad quedó dividida por zonas, según el nivel de riesgo, de acuerdo a la cercanía con la industria de los barrios. Había una denominada “zona roja”, en donde nadie podía ingresar por estar dicho sector regado de proyectiles de guerra. Los mismos eran retirados, tanto desde ese lugar por efectivos de la policía provincial y personal de las fuerzas federales, como del resto de la ciudad.
Con los días, se permitía ingresar a las familias que vivían en esos barrios, para que retiraran objetos que habían dejado, cuando se habían colocado a resguardo del bombardeo. Al llegar encontraban a sus casas totalmente destruidas, a punto de desplomarse o inhabitables.
El director del establecimiento, Jorge Cornejo Torino, en un programa televisivo, aseguró que en la industria nada quedaba que pudiera inferir un riesgo para la población. Sin embargo, se conocería luego, que los proyectiles que se habían esparcido en el interior del predio estatal, habían sido llevados al polígono de tiro de la misma, junto a la costa del río Tercero.
El viernes 24 de noviembre en horas de la tarde, dos semanas después del hecho, ese cúmulo de proyectiles comenzaba a estallar. Nuevamente, como en la mañana del viernes 3, se producía una gran detonación y otro enorme hongo de humo se elevó sobre la ciudad. Miles de personas escaparon de Río Tercero nuevamente.
Las víctimas fatales directas, quienes murieron en aquella mañana del viernes 3, fueron siete vecinas y vecinos. Se especula, también, que las víctimas fatales indirectas, pueden contarse por decenas, considerando el estrés que sufrieron muchas personas que padecían enfermedades preexistentes. Así detalla la diputada radical los nombres de las víctimas fatales y la manera como fallecieron:
Aldo Aguirre, de 25 años, trabajaba en cercanías de la terminal de ómnibus, en la conservación de espacios verdes. Estaba a unos 700 metros de la planta estatal. Lejos de escaparse, en aquella mañana, había acompañado a una mujer con dos criaturas a cruzar una de las calles. Estaba ayudando, luego, a una joven que se había caído en su ciclomotor, con la segunda gran explosión. Un pedazo de metal acabó con su vida.
Elena Rivas, de 52 años en su casa de barrio Monte Grande, luego de la primera explosión, le había señalado a su esposo Manuel: “Voy a la casa de ‘Pocho’ para conocer como están”. Manuel le dijo que no lo hiciera, pero tomó su bicicleta y se dirigió a la vivienda de ese familiar, en barrio El Libertador, uno de los más afectados. Nunca llegaría. Una esquirla la golpeó, quedando mal herida en una de las arterias cercanas al edificio de Tribunales. Falleció en un hospital de Córdoba.
Leonardo Solleveld, de 32 años, en su casa de barrio Cerino, le señaló a su esposa Silvia que se quedara con los chicos, que iba a buscar un vehículo para sacarlos de ese infierno. No retornaría.
Silvia, ante la demora, salió de la vivienda y lo encontró tendido en el piso, en una esquina, ya sin vida. Una esquirla había impedido que prosiguiera.
Hoder Dalmasso, “El Rayo” de 52 años, luego de evacuar con otras y otros docentes a la ENET, se había dirigido a su casa, para conocer como estaban sus dos pequeñas hijas. En el camino, un ataque cardíaco terminaba con su vida. El estrés había sido demasiado. “Rayo”, nunca conocería, o tal vez desde algún lugar sí lo haría, que su esposa, Ana “Coca” Gritti, sería la abogada que evitó que la causa judicial se cerrara como un simple accidente. La Justicia, en 2014, le otorgó la razón.
Romina Torres, “La Romi”, de 15 años, estudiante del Nacional José Hernández, con una compañera, corrían por barrio Escuela hacia la casa de la hermana de su amiga. Allí se abrazaron, intentando protegerse. Una esquirla golpeó a “Romi”, quitándole la vida.
Laura Muñoz, de 27 años, corrió por las calles de barrio Escuela, con su mamá, abrazada con su hermano, Fabián, cuando una esquirla la golpeó. Fabián hizo todo para salvarla, detuvo a un vehículo, la llevó en el mismo a una clínica, pero ya nada podía hacerse.
José Varela, de 51 años operario de Fábrica Militar, el “sanjuanino”; “el Cacho”, como lo llamaba su mamá Ramonita en su pueblo, Corralito, había estado protegiéndose a metros de los estallidos, en la casa de un militar, que le dijo que se quedara. Allí permaneció, soportando aquello entre las 9 y las 18. Luego, lo buscaban un primo y un amigo, para retornar a su pueblo, para ver a su madre. El estrés había sido demasiado. Falleció de un ataque cardíaco al llegar.
La causa, instruida por la Justicia Federal de Río Cuarto, se mantuvo desde el inicio sobre el presunto del “accidente”. Con la insistencia de Ana Gritti, querellante penal, eso cambiaría. Fue el juez subrogante de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi, quien, luego de que dejara la sede riocuartense el primer magistrado instructor, Luis Rodolfo Martínez, y pasara por la causa un conjuez, Diego
Estévez, se había hecho cargo de la instrucción, determinando que se había tratado de un hecho intencional, además de dictar procesamientos. En el año 2011, los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega, solicitaban al ya designado juez titular, Carlos Ochoa, la elevación a juicio.
En el año 2014 fueron juzgados por el delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”, cuatro exmilitares, que habían tenido, al momento del atentado, cargos jerárquicos, tanto en la industria como en la Dirección General de Fabricaciones Militares: el entonces director de la Fábrica Militar, Jorge Antonio Cornejo Torino; el director de Producción, Carlos Franke; y el entonces director de Coordinación Empresaria, Edberto Gónzalez de la Vega. Recibieron 13 años de prisión.
Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica de la industria, recibía 10 años. El expresidente Carlos Menem, beneficiado con una falta de mérito, no estuvo en aquel juicio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó luego firmes las condenas. Quienes habían sido sentenciados ya estaban cumpliendo la mismas. Con este fallo, quedaba confirmada la certeza judicial de que se trató de “un atentado explosivo intencional” que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem. Vale recordar que Argentina era garante de la Paz en el conflicto entre Perú y Ecuador y en Croacia formaba parte de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz mediante el envío de cascos azules bajo el mandato de la ONU.
El juicio se había realizado en 2014 en el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba. Los integrantes del tribunal, habían concluido en sus fundamentos (…) Las conclusiones a las que hemos llegado en los apartados precedentes (…) nos han llevado inexorablemente al pleno convencimiento que se trató de un atentado explosivo provocado de modo intencional, organizado y direccionado, para concretar el móvil de lograr el ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices (…) Se reitera, por si acaso, lo señalado por los jueces: (…) se trató de un atentado explosivo (…) Aún con esto, es importante recordar, que aún se sigue mencionando, también en los medios de comunicación, cuando se alude a lo sucedido en Río Tercero como “las explosiones” o “la voladura”. Sólo eufemismos.
Claro que fueron “las explosiones” y “la voladura”, pero las mismas surgieron de un plan diseñado perversamente para destruir pruebas de un ilícito, con todo lo que eso significa socialmente para la ciudad y el país. Se trató de “un atentado”, uno de los más atroces de la historia argentina. Seguir en esa línea discursiva-informativa, es minimizar lo ocurrido en aquel 1995.
En febrero del año 2021, se había fijado la primera audiencia de la prosecución del juicio de 2014, ya con Carlos Menem, imputado como “autor mediato” de lo sucedido, en el TOPE 2 de Córdoba.
El expresidente había sido procesado nuevamente. Falleció pocos días antes de iniciarse el juicio.
a diputada nacional por Córdoba presentó un proyecto para modificar el Código Penal y agregar como circunstancia punible de 3 meses a 4 años de prisión para quienes afecten una zona rural con los fines de perjudicar el sembrado.
La diputada nacional por Córdoba de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning presentó un proyecto para modificar el Artículo 184 del Código Penal de la Nación, agregando como circunstancia punible de 3 meses a 4 años de prisión para quienes afecten una zona rural con los fines de perjudicar el sembrado, los granos de cereal acopiado y/o el ganado.
“La modificación que venimos a plantear no es solamente referido a lo punitivo y delictual, sino también preventivo, dando un mensaje inequívoco a la sociedad, por medio del cual se entienda que cada vez que se agrede un cultivo, se rompe un silobolsa y/o se daña el ganado, se comete un delito contra la propiedad privada”, argumenta la Diputada en los fundamentos del proyecto.
“Además de existir legislación y resoluciones vigentes, que el propio Gobierno Nacional alguna vez creó, pero parece haber olvidado, necesitamos que los comúnmente llamados ‘actos vandálicos’, estén enmarcados en la legislación pertinente como delitos graves”, señaló la diputada.
Desde el equipo legal de la diputada Brouwer aseguran que no solo se perjudica al propietario como víctima directa, sino que estos actos vandálicos lastiman la cadena de producción y el mercado de nuestro país. Es decir, “a todos los argentinos, quienes resultan de manera indirecta perjudicados por el accionar ilegítimo de algunos sujetos”.
El proyecto de ley se enmarca en una serie de acciones que la legisladora por Córdoba viene realizando, tal como la presentación de un pedido de informes acerca de la Resolución Conjunta 4/2020. Allí, se designó una comisión en la que un Grupo de Trabajo Sobre Seguridad Rural con representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Seguridad y de las provincias deberían encargarse de: Elaborar una guía con pautas para la actuación policial ante hechos vinculados a rotura de silo bolsas y/o sustracción de la producción agrícola; evaluar la posibilidad de instrumentar mecanismos ágiles para la denuncia de los hechos de referencia; y efectuar el seguimiento de la información del Relevamiento estadístico sobre éstos, creado por el Artículo 2°, entre otros artículos.
“El desabastecimiento de combustibles es algo inconcebible en nuestro país. Un campo que no cosecha, es un país que no crece”, manifestó la diputada Brouwer de Koning.
Ante la situación de emergencia en la provisión de combustibles, la diputada nacional por Córdoba Gabriela Brouwer de Koning presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que disponga el cumplimiento del art. 8 de la Ley 27.640 ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, y eleve el porcentaje obligatorio de biodiesel en los combustibles líquidos como el gasoil con el objetivo de conseguir una mayor disponibilidad de uno de los insumos más importantes para el campo.
En el proyecto de resolución, la diputada del bloque Evolución Radical plantea que el Poder Ejecutivo debe promover el aumento del cupo de biodiésel al mayor porcentaje que las normas técnicas permitan. De esa manera habría mayor disponibilidad de combustible y ahorro de divisas ante la consecuente baja en la importación de dicho insumo, que esto produciría. “Esta posibilidad, está disponible y prevista en la legislación vigente, para poder brindar soluciones ya mismo a los sectores afectados, sin perjuicio de que haya que buscar soluciones a largo plazo, siendo necesario discutir una nueva ley de biocombustibles”, expresó Brouwer de Koning al respecto.
Cabe destacar que casi el 30% del combustible en Argentina lo consume el sector agropecuario y que un 20% de la demanda de gasoil se cubre con importaciones. Incluso si las refinerías de Ensenada y Dock Sud trabajaran al 100% de su capacidad, la dependencia externa de gasoil continuaría siendo crítica, como consecuencia de la guerra en Ucrania.
En este sentido, la diputada nacional expresó “Córdoba es uno de los pilares agroindustriales de la Argentina. Y es por ello que vamos a encargarnos de que, a nuestro campo, no le falte éste ni ningún otro insumo para la producción”, dijo.
“El desabastecimiento de combustibles es algo inconcebible en nuestro país, ya que golpea directamente al campo y a todos los sectores productivos en su conjunto. Un campo que no cosecha, es un país que no crece”, finalizó la legisladora de Evolución.
Un fuerte sentimiento de culpa por los faltazos hizo que la oposición terminara sobreactuando la derrota, cuando en realidad había conseguido forzar una modificación del mínimo no imponible que de lo contrario el gobierno no hubiera hecho.
Por José Angel Di Mauro
Justo cuando los casos de Covid-19 mantienen un paulatino pero sostenido incremento y muchos ya se inquietan temiendo que el espejo que adelanta que representa Europa se haga realidad más temprano que tarde en estas tierras, la vicepresidenta de la Nación se mostró con artistas, periodistas y demás figuras de la cultura en un salón de eventos de Pilar. La fiesta fue multitudinaria, según pudo observarse en las imágenes que ella misma difundió en sus redes sociales, que estuvieron bien activas en la previa de la celebración navideña.
Siempre diferenciándose del Presidente, que a la misma hora organizaba el lunes pasado en la residencia de Olivos un encuentro con el bloque de diputados oficialistas, y se cuidó muy bien de que no trascendieran imágenes. Oficialmente se la presentó como una reunión de trabajo, en vísperas de una sesión muy trascendente como sería la convocada por la oposición para debatir la modificación de Bienes Personales. Fue más bien un asado, no muy distinto del encuentro que celebró el año pasado, esa vez de día y en tiempos de aislamiento más sin cumplirlo. Y como los que hacía también a fin de año Mauricio Macri con diputados y senadores.
En este caso fueron solo diputados, que debieron entregar sus celulares al llegar, como establece el protocolo de los presidentes, que Alberto Fernández no hacía cumplir hasta ahora. No fuera cosa que trascendieran fotos incómodas. Por eso no hubo imágenes del encuentro en las redes sociales de los propios legisladores, ni Presidencia difundió ninguna.
Tampoco estaba el clima como para mostrar festejos, después de la severa derrota que habían sufrido tres días antes. Al día siguiente tenían la oportunidad de resarcirse, aunque en rigor de verdad ningún proyecto muestra equivalencia con el Presupuesto. Que pregunten sino en el Fondo Monetario, donde tomaron nota del duro traspié.
El panorama no era prometedor, tratándose de una sesión convocada por la oposición y luego de los resultados de las dos votaciones que había perdido el oficialismo el jueves y viernes anterior; un resultado distinto tendría sabor a revancha y cambio de clima para el Frente de Todos.
Fue lo que en definitiva sucedió, pero en la sesión hubo mucho más que la ausencia de tres diputados. En primer lugar, el oficialismo se manejó bien esta vez. En principio, se aseguró el voto de los cinco diputados del interbloque Provincias Unidas -dos rionegrinos, dos misioneros y un neuquino-, que si bien siempre serán cercanos al oficialismo y el viernes habían votado con el FdT, habían apoyado el pedido de Juntos por el Cambio para forzar el tratamiento del proyecto sobre Bienes Personales. Debía asegurarse además que todos los miembros del bloque que conduce Máximo Kirchner estuvieran en sus bancas, requisito que los oficialismos suelen cumplir, y el actual lejos está de ser una excepción. Por último, jugó sus cartas hábilmente.
Era de manual que no terminarían oponiéndose, ni tampoco podían hacer seguidismo de la movida opositora; el fin de semana trascendió entonces que presentarían un proyecto alternativo, y el lunes altas fuentes del oficialismo lo confirmaron e hicieron trascender detalles: la iniciativa comprendería elevar de 1,25 a 1,5% la alícuota para bienes que superan los $18 millones. Para el día siguiente, fuentes de JxC aclaraban que no les había llegado el proyecto del oficialismo, pero por lo que había trascendido no les gustaba y apostarían a que en el recinto ganara la media sanción proveniente del Senado, sin modificaciones. El interbloque Federal garantizó también su apoyo a ese proyecto.
El Frente de Todos recién mostró sus cartas al inicio de la reunión de la Comisión de Presupuesto, cuando el titular de la misma, Carlos Heller anunció que no habría nuevo proyecto sino que harían modificaciones a la media sanción proveniente del Senado, con ese aumento de la alícuota, más otro que le sumaron en el transcurso de la reunión: la elevarían a 1,75% para quienes tuvieran patrimonios por encima de los 300 millones de pesos. Esos aumentos de alícuotas representan más impuestos y trasgrede un compromiso electoral de JxC: nunca avalarán esas medidas, de ahí el obvio rechazo que anticiparon. Pero sin necesidad de escuchar los discursos de sus miembros, desde la principal oposición entendieron que el oficialismo se garantizaba así los votos de la izquierda, siempre de acuerdo con gravar más sobre los que más tienen.
En Juntos por el Cambio ya no contabilizaban a Alvaro González para la sesión del Presupuesto. Diputado de confianza de Horacio Rodríguez Larreta, de larga experiencia y muy respetado al punto de haber sido vicepresidente de la Cámara el primer año de la gestión Fernández, nadie le había reprochado que se tomara licencia desde el 13 al 31 de diciembre para asistir al casamiento de su hija en Alemania. Se fue sabiendo que no estaría para votar el Presupuesto, pero Juntos por el Cambio siempre dio por sentado que no obstruirían su aprobación, así que no lo necesitaban. Cuando la oposición en su conjunto terminó rechazándolo, la diferencia fue tan holgada que nadie reparó en su ausencia.
Impulsora de esa sesión especial pedida por la oposición, Silvia Lospennato lo llamó el sábado a Alemania para ver si le era posible volver, mas ya no había tiempo. Pasado el mediodía del martes se supo de la baja inesperada de Camila Crescimbeni -extitular de la Juventud PRO y cercana a María Eugenia Vidal-, en este caso por haber dado positivo su test de Covid. Secretaria Parlamentaria de Juntos por el Cambio y por lo tanto encargada del “poroteo”, Lospennato ya tenía conocimiento de otra ausencia “por viaje”, la de la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning. Demasiada ventaja para ganarle a un oficialismo necesitado de victorias.
El triunfo oficialista resultó ser un bálsamo para el Frente de Todos, equiparable a la mejora electoral entre las elecciones de septiembre y noviembre. Un resultado distinto hubiera ahondado la crisis soterrada que anida en el bloque oficialista. Pero no oculta datos que no hicieron más que verificarse: el número que pueden llegar a sumar en la Cámara baja es muy exiguo y no les alcanza siquiera para el quórum. Solo pueden confiar en el interbloque Provincias Unidas y en el santacruceño de origen kirchnerista Claudio Vidal, integrante de un bloque de dos que completa el riojano Felipe Alvarez, que hasta ahora es mirado con lupa, pero pareciera estar privilegiando su relación con Rodríguez Larreta y viene votando junto al resto de la oposición.
Con 123 voluntades, ni siquiera puede depender el oficialismo de los cuatro de la izquierda: no llegan al quórum y solo pueden ganar por mayoría simple si se dan en la oposición ausencias como las del martes.
Precisamente el mal de ausencias tuvo tal repercusión para Juntos por el Cambio que en adelante todos se cuidarán mucho más. Venían relajados luego de dos años de haber puesto el tema de las asistencias en las votaciones en un segundo plano. Lo de la cordobesa del bloque Evolución Radical es inaceptable y las facturas se las pasarán a Rodrigo De Loredo por no haber garantizado la presencialidad de toda su bancada: los argumentos de ella en su defensa son cuanto menos ingenuos; dijo que su familia se había ido el 16 y ella viajó al día siguiente porque no sabía de la sesión que ella misma había votado durante una reunión que terminó a las 10.21 del viernes. La oposición pidió la sesión para el martes venidero antes del mediodía y a las 12.57 la HCDN la confirmaba a los medios. Antes de llegar a Ezeiza Browuer de Koning ya debía estar enterada.
Lo de la diputada con Covid es un llamado de atención: nadie sugiere que vayan a diagnosticar falsos positivos para diezmar a la oposición, pero en JxC reclaman una auditoría ante el temor de que para una sesión con final ajustado puedan llegar a omitir casos en el oficialismo.
Como sea, con un fuerte sentimiento de culpa la oposición terminó sobreactuando la “derrota”, cuando consiguió forzar una modificación del mínimo no imponible que el gobierno tenía decidido no cambiar este año. Así como tienen que unificar liderazgos, deberían ordenar el discurso. Si bien el gobierno anticipa que habrá llamado a extraordinarias, nadie espera que vaya a haber sesiones este verano salvo por temas relacionados con el acuerdo con el Fondo. Gabriela Cerruti anticipó que “en algún momento del verano” será presentado el Plan Plurianual. No es lo que confió a este medio una encumbrada fuente oficialista del Congreso, que sin descartarlo lo puso en duda: “Faltó el primer escalón, que era el Presupuesto. Ese rechazo te condiciona los demás escalones”, advirtió.
La diputada de UCR Evolución, una de las apuntadas durante el debate sobre Bienes Personales, justificó su ausencia y pidió disculpas a los cordobeses que la votaron.
Apuntada por ser una de las legisladoras que le faltó a Juntos por el Cambio en la sesión convocada por ese espacio, junto a otros bloques, para tratar el proyecto sobre Bienes Personales, la diputada Gabriela Brouwer de Koning justificó su ausencia y dijo que pensó que se “había terminado el año con la sesión del Presupuesto”.
La cordobesa, que integra el bloque UCR Evolución, fue una de las tres bajas que tuvo la principal bancada opositora, además de los macristas Álvaro González -también de viaje, desde antes de la votación del Presupuesto- y Camila Crescimbeni, que dio positiva de Covid antes de la sesión.
En caso de haber tenido asistencia perfecta, la oposición podría haberse impuesto en la votación, que resultó a favor del oficialismo que, acompañado por la izquierda y aliados, se impuso con 127 votos a favor frente a 126 en contra, es decir solo por un voto, en la aprobación del proyecto con modificaciones.
En diálogo con Radio Mitre de Córdoba, la radical sostuvo: “No es el ánimo justificar sino pedir disculpas a los cordobeses que me votaron, fue un error mío. Pensé que se había terminado el año con la sesión del Presupuesto”.
“Toda la semana yo trabajé en comisión y el día 16 que fue la sesión (por el Presupuesto) mi familia se fue y yo me quedé pensando que ya me iba a quedar”, relató.
En relación a esa maratónica jornada de la semana pasada, Brouwer de Koning recordó que “fue una sesión en donde estuvimos más de 20 horas, termina la sesión y se vota, donde ganamos la votación. Todos entendimos que terminaba la sesión legislativa, yo sentí alegría porque dije ‘voy a volver a ver a mi familia'”.
“Entonces no dudé y dije me voy a reencontrar con mi familia, y conseguí vuelo y me fui. En el trayecto, cuando llego al exterior, me llega la noticia de que el martes iba a haber una sesión especial, lamentablemente traté de volver y no pude, se me hizo imposible. Y pasó lo que pasó”, agregó en referencia a su viaje a Disney.
Lo llamativo es que antes de que culminara esa extensa sesión por el Presupuesto, pasadas las 10 de la mañana del viernes pasado, la diputada del Pro Silvia Lospennato, quien había propuesto la moción para exigir el tratamiento de Bienes Personales, había anunciado: “Vamos a pedir que la comisión sea convocada una hora antes de la sesión especial que vamos a pedir para el próximo martes a las 14 horas”.
Durante la entrevista radial, la cordobesa aclaró que no tiene pensado renunciar, sino “al contrario”. “Quiero redoblar esfuerzos para resarcir esto que ha pasado. Quiero seguir adelante para trabajar y tratar de cumplir con mi mandato. Voy a redoblar mi esfuerzo para intentar que vuelvan a confiar en mí”, expresó.
Y añadió: “Me siento mal, esto no es indolencia, desidia, realmente me pone muy mal, por eso doy la cara y doy mis sinceras disculpas”.
La joven legisladora cordobesa Gabriela Brouwer de Koing quedó en el ojo de la tormenta por haber sido una de las tres ausencias de JxC en la sesión del martes.
Por un voto apenas perdió la oposición ante el Frente de Todos la votación sobre Bienes Personales: 127 a 126. Y los tres diputados que le faltaron a Juntos por el Cambio rápidamente ganaron espacio en las redes. No necesariamente Camila Crescimbeni, quien dio positivo de Covid, pero sí Alvaro González y Gabriela Brouwer de Koning. En el caso del diputado del Pro, su argumento fue que viajó a Alemania porque se casaba su hija, a la que no veía desde hacía dos años. En el de la legisladora de Evolución Radical, no hizo declaraciones, pero por lo que pudo saberse, viajó a Miami por vacaciones con su familia.
¿Pero quién es esta diputada que ocupó el sexto lugar en la lista de Juntos por el Cambio de la provincia de Córdoba? De 41 años, era hasta el 10 de diciembre presidenta del Concejo Deliberante de Río Tercero y es tercera generación de una destacada familia política del departamento Tercero Arriba.
Según el sitio Córdoba Interior Informa, el abuelo paterno de Brouwer de Koning fue un destacado médico y dirigente radical que ocupó una banca en la década del 50, en pleno auge del peronismo, derrotando al oficialismo provincial y nacional. Julio Brouwer de Koning se sumó luego a la UCRI de Arturo Frondizi y fue diputado nacional entre 1960 y 1962, siendo luego interventor de la provincia de Misiones. Murió prematuramente, con lo que se truncó su promisoria carrera política.
Gabriela es hija de Luis Brouwer de Koning, quien fue intendente de Villa Ascasubi y dos veces en Río Tercero. Fue además senador y legislador provincial por la UCR.
Gabriela Brouwer de Koning es la primera mujer diputada nacional oriunda de Río Tercero, a cuyo intendente Marcos Ferrer aspiraba a suceder en 2023. Ferrer es su jefe político y ambos fueron responsables de que Juntos por el Cambio lograra el 14 de noviembre pasado el mejor porcentaje electoral de la provincia.
Referenciada en Rodrigo de Loredo, en el Congreso de la Nación es una de las 22 diputadas del bloque Evolución Radical.
