El exsenador radical y extitular de la Unidad Especial de Investigaciones del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, denunció este miércoles que “el gobierno anterior no tenía interés en saber qué pasó” en el atentado ocurrido en 1994, y además reconoció la veracidad de un audio donde la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pide protección para un exfiscal de la causa.

Cimadevilla fue convocado a exponer, por videoconferencia, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli, acusado por el juez fallecido Caudio Bonadio de haber formado parte del encubrimiento del atentado junto a la expresidenta Cristina Kirchner, a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Hace unos días, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer un mensaje de Michetti donde le exigía a Cimadevilla que protegiera al exfiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento. “Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”, le decía la exvicepresidenta.

Ante los senadores, Cimadevilla admitió que el audio fue “inapropiado” y dijo desconocer cómo se hizo público, pero de todos modos sostuvo que “no es el hecho más grave que ha ocurrido” ya que durante el gobierno macrista hubo “resoluciones ministeriales y decretos del Poder Ejecutivo que apuntaban a obstruir la labor de investigación que estábamos llevando adelante para determinar las responsabilidades de quienes habían investigado el atentado”.

“El gobierno anterior, pese a que declaraba mucho interés, no tenía interés en saber qué había pasado en la AMIA”, lanzó Cimadevilla, y agregó que “cuando pedían la absolución de algunos imputados”, como Barbaccia, el también exfiscal Eamon Mullen, el expresidente de la DAIA José Beraja y el comisario Jorge “Fino” Palacios, “las razones que se nos daban eran que eran amigos del presidente o del ministro”.

El relato de Cimadevilla

Cimadevilla recordó que fue designado al frente de la Unidad Especial AMIA en enero de 2016, con la supuesta misión de “determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que al obstruir, entorpecer y desviar la investigación procuraron la impunidad de los responsables”.

“No acepté la designación en forma individual, sino consensuada con las autoridades del radicalismo”, aclaró de entrada.

Según comentó, la Unidad “tenía dos funciones: apoyar la investigación de jueces y fiscales durante el atentado, y ser querellante representando al Estado en la causa del encubrimiento, donde se investigaba la responsabilidad del doctor (Juan José) Galeano, funcionarios de su Juzgado, fiscales de la causa, jefes de organismos de Inteligencia, e incluso del propio presidente (Carlos) Menem”.

Por sugerencia de Elisa Carrió, Mariana Stilman -actual diputada de la Coalición Cívica- se incorporó a la Unidad como abogada querellante, tras haber trabajado años atrás en el juicio político contra Galeano.

“A medida que avanzaba la marcha de la querella, empezaron a aparecer los inconvenientes con el ministro (Germán) Garavano y algunos de sus funcionarios”, relató Cimadevilla, y amplió: “Colaboradores del ministro concurrían a las audiencias y permanentemente sugerían cosas a los abogados de la querella, y eso se hizo tan insostenible que terminaron renunciando a representar al Estado por este hostigamiento permanente”.

Según el exsenador, lo que demostraba el Gobierno en los hechos era que en la querella “no había que tener un criterio muy activo, no había que preguntar algunas cosas y no había que interrogar a algunos testigos”. Por ese motivo renunció Stilman, quien habló en ese entonces de los problemas que tuvo con Miguel Inchausti, quien oficiaba de “enlace” con Garavano.

“La actitud de los representantes del ministro impedía búsqueda de la verdad”, insistió Cimadevilla, y recordó que por esa razón Carrió hizo una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que se investigara la conducta de esos funcionarios, y luego pidió el juicio político contra Garavano.

Pero “la pelea total” con el Gobierno, que motivó la salida de Cimadevilla, fue “cuando revocaron el poder de los abogados de la querella, apoderaron a nuevos abogados y pidieron la absolución de algunos imputados”, los mencionados Barbaccia, Mullen y Palacios.

Sobre el audio difundido por Verbitsky, el exsenador afirmó: “Sí, reconozco que es un WhatsApp que me mandó la vicepresidenta Michetti, que tenía interés en saber, tenía algún tipo de amistad con alguno de los imputados y quería saber cómo marchaba la querella”.

Por otra parte, Cimadevilla advirtió que “hace 20 años que la causa del atentado no se mueve, porque en Argentina existe una ‘tradición jurídica’ que dice que si los imputados no están presentes, las investigaciones no pueden avanzar, hay iraníes imputados que se niegan a cumplir con los requerimientos de la Justicia argentina, por lo cual la causa está paralizada”.

Por eso, para el exfuncionario, “la reforma judicial no pasa por reformar un Código o por decir si la Corte va a tener dos o tres salas; pasa por que los jueces puedan actuar con total independencia”.

“Al partido radical nos pueden imputar muchas cosas, pero siempre hemos sido muy respetuosos del Poder Judicial, nunca hemos interferido en ninguna investigación”, concluyó Cimadevilla en su informe ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

A través de la abogada Graciana Peñafort, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció a su antecesora Gabriela Michetti por los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles, a raíz de contratos millonarios por obras que se encuentran inconclusas.

Según se afirma en la presentación, la extitular del Senado habría pagado alrededor de 180 millones de pesos “a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación”.

“(Michetti) hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances”, aseguraron en la denuncia radicada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado.

A través de un comunicado difundido desde el entorno de CFK, se señaló que la empresa a cargo de las obras “no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación”. También, se indicó que durante la gestión anterior “se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares” y esos adelantos “no coinciden” con los avances de obra.

Además de Michetti, Peñafort denunció a Helio Rebot, entonces secretario administrativo; y German De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A..

Gabriela Michetti respondió a través de Twitter. “Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia, toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada”, replicó la exvicepresidenta.

En la presentación judicial, puntualmente se denuncia la “concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Senado de la Nación” y el “posible sobreprecio de obra; ya que los precios determinados por la administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente”.

La directora de Asuntos Jurídicos afirmó que “se han verificado otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna. Dichos anticipos no sólo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada”.

“No se ha podido certificar que dichos anticipos -en todos los casos de un 5 y un 20% del monto total de la obra sin haberse siquiera dado comienzo efectivo a las tareas- hayan sido utilizados para los fines declarados”, agregó y remarcó que se pagaron certificados de obra “por tareas que no han sido ejecutadas”.

Peñafort detalló que el 20 de mayo de 2019 se adjudicó a DINALE S.A. la “readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del HSN”, por un monto de $249.600.000, cuyo plazo de ejecución fue asignado en 9 meses, venciendo el 20 de febrero pasado.

“La empresa solicitó el anticipo financiero correspondiente al 5% del monto total, luego un anticipo financiero extraordinario del 30% -del cual se aprobó un 25% y se otorgó un 20%- y lleva presentados ocho certificados de obra, sumando todo ello un porcentaje total de 84% del total de la obra, de los cuales se abonó un monto total de $181.156.741, correspondiente a un 72,6% del monto de la licitación. La obra se encuentra incumplida y su plazo vencido”, apuntó.

Hace referencia también a otra obra, de “reestructuración de vías de escape, contra incendio, pleno de escalera y nuevo ascensor”, por la cual también se pagaron adelantos, pero a través de “un acto administrativo que no cuenta con fecha y cuya firma (de Michetti) siquiera contiene la aclaración correspondiente”.

Por este último caso, la abogada señaló que, en octubre de 2019, “la empresa presenta una propuesta de readecuación de la obra original, cuya consecuencia directa era la ampliación de los montos de contratación”.

“Se han pagado adelantos porcentualmente importantes respecto del monto total de la obra, y los primeros cuatro certificados de obra, siendo que, a la fecha, conforme los informes de obras incorporados al expediente, la obra se encuentra recién avanzada en un 12,17%”, indicó.

En la denuncia se argumentó además la irregularidad de que “a fecha y pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco gestionó en consecuencia los correspondientes permisos de obra, no se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes”.