La senadora provincial respondió al ser interrogada sobre la situación en la que se encuentra la provincia que desde fines de 2022 no considera Presupuesto General y el gobierno discurre entre prórrogas tras prórrogas a la ley de leyes llevando a un punto crítico e inédito desde el comienzo de la continuidad democrática.

En ese sentido, la reconocida y experimentada legisladora dijo que “a mí lo que me parece inteligente, lo que haría yo, sería enviar el presupuesto del año 2026, el endeudamiento, la fiscal impositiva y poner en el mismo plano de discusión todos los temas”.

Con la expresión “todos los temas” por caso la senadora oficialista se refiere a “si va a haber fondo para los municipios, decir cuánto, hablarlo con la oposición adelante, con el gobierno y con el bloque del oficialismo”.

Y aclaró “a veces me asombro de las cosas que dicen sobre nosotros, te juro, parece que fuéramos un equipo tira bomba y no es verdad; nosotros hemos votado, salvo la ley de la empresa de traslados para salud y medicamentos, hemos votado todo lo que mandó el Ejecutivo. Todo, absolutamente todo”.

Luego la legisladora habló de las elecciones próximas pasadas y resaltó la idea que “el peronismo es una concepción nacional, digamos, tiene un discurso nacional, una narrativa nacional a la que no se le puede ofrecer cuestiones locales, digamos”, dijo como para ir entrando en calor de una elíptica crítica al desdoblamiento de las elecciones nacionales de las provinciales, en la provincia.

Y en ese sentido afirmó que “la provincia es nación dependiente, esto es inexorable, dependemos de que nación nos considere como no nos ha considerado estos dos años”.

Y continuó “la verdad que ganar concejales está muy bueno para el territorio, ganar legisladores provinciales está muy bien para la provincia; el problema es que al ser nación dependientes no nos alcanza con discutir el cordón cuneta o la rotonda, nosotros tenemos que discutir las cuestiones nacionales que impactan en la provincia de Buenos Aires”.

“Por ello la concurrencia del poder local, el poder provincial y el poder nacional para mí era tan importante para enfrentar un gobierno de derecha como es este, un gobierno un poquito más atrevido que de derecha, un gobierno exterminador, diría yo”.

Por lo que para la senadora García “una lista nacional, además, tiene que representar justamente esto, la discusión con este gobierno y con este modelo económico, político y social que va a impactar en la provincia de Buenos Aires”.

Y advirtió que “cuando se haga la reforma laboral, esta que ya han anunciado y han enviado el proyecto, o la reforma jubilatoria, comprende a los trabajadores y los jubilados viven en la provincia de Buenos Aires”.

De todas formas, más allá de las criticas solapadas respecto del desdoblamiento, emitidas por la senadora y presidente de la bancada oficialista Teresa García, consideró, en términos generales, la elección legislativa nacional y dijo que “estamos analizando, para mi gusto, equivocadamente una derrota, digamos, con todas sus variantes; cuando en verdad hemos sacado el 40% de los votos de la provincia de Buenos Aires”.

Si tenemos en cuenta que el proyecto de ley en cuestión ingresó en el Senado provincial en los primeros días de mayo de este año y que rápidamente se quiso poner en discusión pero que no hubo avances significativos al respecto, se puede concluir que algo está pasando en torno de la iniciativa.

En principio, el dato nuevo, es que en la reunión de Labor Parlamentaria para intentar llevar la iniciativa al recinto se escuchó decir a la presidente del bloque de senadores de UP, Teresa García que el abordaje de la iniciativa implicaba una discusión mucho más amplía, “tenemos que discutir todo” dijo la líder parlamentaria.

Es un poco lo que vienen diciendo a su manera, y de diferentes formas, los legisladores que integran las bancadas opositoras, aunque por momento algunos parecen estar dispuesto a prestar apoyo por “un todo más chico” del que da a entender García.

Quien se tomó el trabajo de dejar en claro, punto por punto, su posición, tal como lo viene manifestando desde las negociaciones frustradas de los últimos meses del año pasado, es el diputado radical Diego Garciarena, presidente del bloque de diputados de UCR+CF.

El diputado marplatense, en primer lugar, el gobernador solicita autorización para endeudar nuevamente a la provincia en pesos equivalentes hasta U$S 1045 millones y declarar emergencias en muchas áreas del gobierno, “lo que implica relajar el control de los procedimientos en función de la celeridad”.

En ese sentido “es prácticamente imposible verificar la necesidad de esa deuda y las declaraciones de emergencia sin contar con los datos de la ejecución presupuestaria y del programa de toma de deudas del año 2025 (hasta la fecha), así como el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026”, detalló y luego también agregó que ambas cosas deberían considerarse conjuntamente con el proyecto de Ley Fiscal para el año 2026”.

Diego Garciarena, el presidente de uno de los bloque opositores que más insisten ampliar el contexto para discutir el proyecto de endeudamiento que pide el gobernador Kicillof.

También la senadora García en la reunión de labor como Garciarena remarcaron la necesidad de establecer un fondo de libre disponibilidad para los municipios, “distribuibles por CUD y que tenga un monto determinado, actualizable y con plazos de desembolso concretos”, según apuntó el diputado.

El legislador marplatense opositor y la senadora de San Isidro consideraron que buscar consensos necesarios para lograr la integración de la Suprema Corte de Justicia, que funciona en minoría, con 3 de sus 7 miembros, como la normalización del directorio del Banco Provincia, así como de todos los organismos que requieran acuerdo de la Legislatura.

Para terminar, el diputado opositor Diego Garciarena sostuvo “siempre lo dijimos y hoy lo reiteramos: el diálogo es el único camino para lograr acuerdos y avanzar. Sin diálogo no hay política y sin política la provincia se estanca”.

La aprobación por parte de los diputados de un proyecto de ley que crea una empresa mixta de emergencias médicas bonaerense promovió un debate entre legisladores provinciales y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que para la senadora y presidente de la bancada de UP Teresa García "no conoce la Provincia".

En diálogo con la radio pública de la provincia, en AM 1270, Teresa García destacó que el proyecto de ley enviado por el gobernador para crear una empresa mixta pública bonaerense de emergencias médicas “tuvo una votación complicada porque ni el radicalismo ni el Pro nos acompañaron” y en ese escenario estimó que “será lo mismo en el Senado. Vamos a tener que construir el número para que sea votado”.

Asimismo, se refirió al posicionamiento que adoptó la vicepresidenta Victoria Villarruel y aclaró “se equivoca, no es un proyecto de ley que beneficia al gobernador, porque él no se traslada en ambulancia. La verdad es que beneficia al pueblo de la provincia” ya que “hoy tenemos muchísimas complicaciones con los traslados y hay mucha asistencia del Estado a las empresas privadas”.

En ese sentido expresó que “es lógico discutir el alcance de la salud pública y privada y cómo se complementan” y reflexionó que “la Vicepresidenta desconoce las distancias, la idiosincrasia y cómo funciona la salud pública y privada en la Provincia”.

Por ejemplo, “en muchos municipios hay una clínica privada y varios efectores sanitarios del Estado, o solo establecimientos públicos con lo cual es bastante entendible que el traslado lo haga el sector público. Y este proyecto lo que intenta es coordinar esta situación”.

En ese contexto, García consideró que las expresiones públicas de Victoria Villarruel criticando la iniciativa y a los legisladores "fue una intervención desacertada de la Vicepresidenta” analizó y denunció que “hay una presión coercitiva sobre los legisladores de La Libertad Avanza” para que no acompañen la iniciativa que ahora deberá trata el Senado provincial.

En contacto con la radio pública de la Provincia, por AM1270, la legisladora oficialista consideró que el presidente de YPF está extorsionando al gobierno de Axel Kicillof con el proyecto para construir una planta de GNL en Bahía Blanca que permita vender el gas no convencional de Vaca Muerta al exterior.

Las declaraciones se dan luego de que Horacio Marin le advirtiera al Gobernador que si la provincia de Buenos Aires no adhiere al RIGI la planta que se proyecta construir junto a Petronas, se instalará en Río Negro.

La presidenta del bloque de senadores de UP informó que días atrás recibió “en la Legislatura bonaerense al intendente de Bahía Blanca (Federico Susbielles) a todos los actores sociales de la ciudad por lo que significa esta inversión” y aseguró que “los técnicos explicaron que Río Negro no tiene infraestructura y otras cuestiones necesarias que Bahía Blanca tiene resueltas”.

Al respecto, consideró que “lo del presidente de YPF es una extorsión clara y abierta”, y aclaró que “la Provincia va a resistir ser rehén y seguirá peleando por la atribución que tiene Bahía Blanca para quedarse con este emprendimiento”.

Seguido, la legisladora denunció que “hay una manipulación de la información y una sobreactuación con el apriete a la Provincia”, debido a que “no solamente es la inversión en materia de infraestructura” que se debería realizar en Río Negro, sino “también la necesidad de contar con recursos humanos” que actualmente no dispone.

Por otra parte, Teresa García describió la situación que atraviesa la provincia producto del ajuste del gobierno nacional. Al respecto, sostuvo que el territorio bonaerense “tiene 17 millones de habitantes, un conurbano muy empobrecido y una situación social acuciante”, como consecuencia del impacto que significa en la economía de Buenos Aires la caída de los haberes de los jubilados, la merma de la recaudación por la falta de pago de impuestos, la eliminación de programas nacionales y las obras públicas paralizadas.

En ese marco, enfatizó que “el Gobernador funciona con su propia recaudación y va buscando alternativas en el litio, en offshore y otras economías que ayudan al ingreso”, así como cuestionó que “si Nación cumple con el precepto de Milei de ahogar a los gobernadores y ser un topo que destruya el Estado, bien nos podemos imaginar cuál es el destino”.

Al referirse a las distintas situaciones que se conocieron alrededor del tratamiento de la Ley Bases, denunció que “es gravísimo que se naturalicen los acuerdos que se hicieron para conquistar votos de senadores a cambio de prebendas en el Ejecutivo”, y recordó que “por mucho menos que esto se generaron escándalos institucionales”.

En tal sentido, agregó que la actuación del ministro del Interior, Guillermo Francos, en este caso “es una vergüenza”.

Asimismo, advirtió que le da “mucha vergüenza que un candidato a presidente de nuestro espacio como Daniel Scioli, hoy pertenezca a un gobierno que hambrea a nuestra gente”, aunque señaló que el exgobernador “tiene la condición de ser integrante del Ejecutivo”.

Seguido, en referencia a Lucila Crexell, Camao Espínola y Edgardo Kueider, subrayó: “Me parece mucho más grave lo que pasó con los senadores que cambiaron su voto a cambio de una prebenda institucional, porque fueron electos por la boleta del peronismo”.

Por lo tanto, adelantó que “como interventora del PJ de Corrientes, le avisamos a Espínola que si no votaba en contra de la Ley Bases iba a pedir su desafiliación y futura expulsión del partido, cosa que estamos haciendo esta semana, ingresando el pedido de desafiliación en la justicia”.

En diálogo con la radio pública de la provincia, en AM1270, la presidenta de la bancada de senadores del oficialismo Teresa García, recordó que la provincia de Buenos Aires “es productora de recursos como para mantener una parte de sus responsabilidades”, sin embargo, afirmó que “Kicillof está dando otra pelea”.

Y en ese sentido, la senadora detalló que el gobernador apunta al Ejecutivo nacional porque “no pueden abandonarnos” con la restricción de partidas que “son de todos los argentinos; no puede haber una decisión arbitraria de cortar recursos”.

Seguido, García indicó que “la batalla que da Axel Kicillof es muy responsable y la tenemos que acompañar porque la Nación no puede desproteger” al territorio bonaerense, “donde viven 17 millones de habitantes”.

En relación al modelo que se promueve desde el gobierno nacional, indicó que  “vienen haciendo, desde la campaña, una construcción de una fantasía con sectores peligrosos con Caputo y Sturzenegger porque ya sabemos a dónde nos llevaron en otra oportunidad”.

Por otra parte, en relación a la suba de los precios, señaló que “decir que la inflación es de 25% este mes es un chiste, porque cuando uno va a un almacén o carnicería se da cuenta de que es del 45%”.

La senadora advirtió que “están intentando congelar la economía a costa del cierre de pymes y de que los trabajadores pierdan el trabajo” porque “cuando la gente no tiene plata en el bolsillo no puede comprar y algún punto de la inflación va a bajar” producto de la caída del consumo.

Por último, al ser consultada sobre la incorporación de Daniel Scioli como secretario de Ambiente, Turismo y Deportes del gobierno de Milei, opinó que “es un despropósito que un dirigente de fuste del peronismo y que fuera candidato a presidente, sea parte de un gobierno que va a hambrear a la gente”.

Miembros del oficialismo se mostraron sorprendido por el cambio de posición de la principal fuerza opositora y presentaron la situación como parte de un debate amplio que implica la discusión integral de las normas laborales en el país.

Legisladores del FdT brindaron este miércoles una conferencia de prensa junto a Pablo Moyano, que tuvo lugar en el salón Antonio Cafiero de la Legislatura bonaerense, para ratificar su intención de avanzar en la creación del Registro repartidores de apps.

No obstante, los senadores y diputados, junto a representantes gremiales, aportaron precisiones sobre el proyecto aprobado en el Senado y que está en tratamiento en Diputados que crea un Registro de Trabajadores y Trabajadoras de aplicaciones, donde coincidieron en que el objetivo de la iniciativa es que haya un registro de la actividad que realizan mayoritariamente jóvenes en la provincia de Buenos Aires.

“Las plataformas también generan un derecho laboral que no se reconoce", explicó el senador Omar Plaini, coautor del proyecto que ya recibió media sanción en la Cámara de Senadores y debe ser aprobado en Diputados.

"Hay entre 80 mil y 100 mil trabajadores que ponen el músculo y no se les reconocen sus derechos, no se encuentran registrados y son monotributistas."

“Es tiempo de que haya un registro provincial único y obligatorio para determinar quiénes son los jóvenes que vemos todos los días en la calle, muy habitualmente con accidentes de tránsito, que no tienen ART y nadie se hace cargo”, subrayó Plaini.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados del FdT, Celso Valicenti aseguró que la iniciativa es muy importante porque “los trabajadores son voces anónimas que quedan invisibilizadas, parece que acá el problema son los trabajadores y nunca las empresas”.

Dijo además que los repartidores “generalmente son jóvenes y humildes” que “están expuestos a una infinidad de problemas” y que como legisladores “tenemos que trabajar por la igualdad de derechos de los que trabajan en las plataformas”.

En esa línea, la titular del bloque de senadores oficialista Teresa García, señaló que “hubo una reacción muy fuerte de la derecha, yo le pongo nombre y apellido: de (Javier) Milei y de Patricia Bullrich, alentando tanto en redes como en noticias en los medios de comunicación a que no se acompañara esto porque iba a haber muchos pibes que iban a quedar en la calle y otros tantos pibes, que les encantaba ser emprendedores o dueños de su propio destino, cuando todos sabemos que no es cierto”.

“No quiero pensar si frente a un proyecto que es un registro de una actividad hay semejante reacción, si esta gente por milagro de su vida llega a tener otro poder de decisión, lo que va a pasar con el resto de los trabajadores”, agregó.

Asimismo, el secretario General de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, remarcó: “Fuimos nombrados esenciales en la pandemia, pero no somos reconocidos como trabajadores”. “Desde la CGT apoyamos este proyecto” señaló el co-secretario General de la CGT, Pablo Moyano, y agregó que “a través de los diputados nacionales vamos a impulsar una Ley para que este proyecto también tenga un alcance nacional”, y así ratificó su decisión de avanzar independientemente de que “Clarín mienta y la nación más”.

De cara a la sesión ordinaria de este miércoles, los jefes de bloques de los senadores bonaerenses del Frente de Todos y de Juntos, Teresa García y Christian Gribaudo, presentaron el proyecto de ley que avanzaría en la modificación del Código de Procedimiento Penal bonaerense.

La Cámara alta se dispone a sesionar este miércoles sin un temario definido, pero en las últimas horas, los presidentes de las dos bancadas que la habitan, empujan este proyecto de ley en conjunto que da cuenta de un reclamo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La iniciativa busca crear una comisión Bicameral para “adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y demás alternativas o morigeraciones a tales medidas cautelares y la legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales”.

El proyecto de ley que lleva la firma de García y Gribaudo pretende que esa comisión avalúe una propuesta final para adecuar la legislación procesal de la provincia de Buenos Aires.

Dicho organismo estará integrado por tres senadoras y por tres diputados los  que  serán  elegidos por  los  presidentes  de  ambas  Cámaras, dos en representación de la mayoría y uno en representación de la minoría.

“La comisión, por intermedio de sus integrantes, nombraran sus autoridades y dictara su reglamento. Deberá confeccionar proyectos de ley que cumplan el objeto del artículo 1º, a tal efecto podrá solicitar los informes que estime convenientes”, según consigna en el texto del articulado.

En la propuesta se establece que “cada seis meses” la comisión producirá “un informe de las tareas y acciones conducentes a la realización del objeto”.

Como no podía ser de otra manera en los fundamentos del proyecto de ley se detalla que la creación de la Bicameral para adecuar la legislación procesal de la provincia responde a un viejo reclamo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, formulado en el fallo “Verbitsky, Horacio – Representante de Centro de Estudios Legales y Sociales s/ Habeas Corpus Recurso de Casación”.

“Corresponde exhortar a la Legislatura provincial en coordinación con el Poder Ejecutivo a la conformación de una Mesa de Trabajo destinada a adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales”, determinaron en su fallo de 2005 los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, a esta bicameral se podría sumar la creación de otra de idénticas característica que estudie el Mapa Judicial de la provincia de Buenos Aries y proponga "mejoras funcionales". Se trata de un organismo que con intermitencias temporales hace tiempo que funciona en la legislatura bonaerense.

Por otro lado, la sesión también serviría para volver a formalizar la titularidad de la Secretaría Administrativa del Senado a Roberto Feletti, al tiempo que se consideraría la renuncia del actual titular, Martín Di Bella. Además, se extendería por otros seis meses la licencia de la senadora provincial del FdT y actual diputada nacional del FdT Agustina Propato.     

La presidenta del Bloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, Teresa García, sostuvo que el debate en torno al proyecto de Boleta Única de papel es “una discusión de oportunismo político” al tiempo que propuso deliberar sobre “el sistema electoral” y no “la parcialidad y el instrumento”.

De esta forma la jefa de los senadores del oficialismo justificó el rechazo en comisión de Reforma Política y Régimen Electoral al proyecto de ley de Boleta Única de papel.

“Esta es una discusión política, no técnica; es un debate sobre el sentido de la oportunidad en que se da y hasta ahora no hay una sola denuncia seria de fraude con el sistema que utilizamos actualmente”, argumentó García.

Una de las voces que se escuchó en la Comisión legislativa del FdT fue la del senador Alfredo Fisher que sostuvo que Juntos quiere “instalar que el actual sistema electoral genera desconfianza”.

En declaraciones a la radio pública de provincia el legislador sureño dijo que “buscamos que sean sinceros con la motivación. Consideramos rico el tema, pero queríamos saber el motivo de intentar una iniciativa similar al ámbito nacional” porque “pensamos que no es ninguno de los que se muestran arriba de la mesa”.

Aseguró en tal sentido que “los motivos son políticos, la oposición ha logrado imponer una agenda y a la boleta como una instancia superadora, como algo moderno y transparente, cuando quedó demostrado que no es así”.

Asimismo, el ex intendente de Laprida puntualizó que “como observador participé en 35 elecciones de distintos países de Sudamérica y se utilizaba la boleta única. Este sistema tiene las mismas potencialidades positivas y negativas que el tradicional”.

Para Fisher, los senadores de Juntos quieren “generar, con los medios, que el peronismo está detrás de un método vetusto que genera desconfianza” y ese “no es un tema que preocupe hoy a la sociedad”.

La presidenta del Bloque de senadoras y senadores del Frente de Todos se refirió al

sobre el rechazo del bloque oficialista al proyecto que esta tarde obtuvo despacho por minoría en la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral.

En esa línea, la legisladora planteó que “según han demostrado estudios de universidades y ONGs, el número del robo de boletas existente en nuestro país no tiene ninguna incidencia en los resultados” y recordó que de acuerdo al artículo 61 inciso 2 de la Constitución Nacional “todos/as los candidatos/as deben estar exhibidos en la boleta” lo que, ejemplificó, podría extender la boleta única hasta el metro cincuenta.

“La ley Sáenz Peña estableció un sistema electoral con un instrumento en el que plantea mucho cruce de fiscalización y auditoría sobre el sistema. Modificar el instrumento que estableció esa ley no es una cuestión menor”, abundó.

Sobre este punto, García puso como ejemplo la Ley de financiamiento de partidos políticos nacional.

“Es una norma tan taxativa, que, ante una denuncia penal sobre aportantes truchos y afiliados al PRO, le costó el cargo a la ex contadora de la provincia de Buenos Aires María Fernanda Inza y la inhabilitación para ejercer la función pública a Miguel Del Sel, en Santa Fe”.