El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, estuvo presente el sábado pasado en el operativo municipal en el que vecinos del distrito pudieron recargar sus garrafas a un precio accesible. La iniciativa se realizó en la plaza Manuel Belgrano ubicada en las calles Salta y Elcano del barrio El Manzanar (9 de abril).

“Sabemos que cientos de familias del distrito, como más de 20 millones de argentinas y argentinos en todo el país, utilizan garrafas y no tienen acceso a la red de gas natural”, expresó Fernando Gray, y agregó: “A las vecinas y los vecinos ya les resultaba más caro el gas envasado. Ahora, con la decisión del Gobierno nacional de desregular el mercado y eliminar los precios máximos de referencia de las garrafas, esta situación se profundizó”.

Asimismo, el jefe comunal explicó que durante la semana hizo una presentación en la Secretaría de Energía de la Nación para que el Gobierno nacional controle y regule el precio del gas envasado. Y señaló: “Desde el Municipio llevamos adelante estos operativos en los barrios para que las familias puedan adquirir las garrafas a un valor social. Acercamos este servicio para que las vecinas y los vecinos no tengan que recorrer varios kilómetros para conseguir mejores precios, ya que en algunos lugares el importe duplica la tarifa de lista”.

Durante el operativo, los vecinos accedieron a la recarga del envase de 10 kilogramos a 8.500 pesos, valor que está por debajo del precio que se consigue en el mercado.

La decisión del Gobierno municipal se lleva adelante en el marco de la liberalización de los precios máximos de referencia de las garrafas dispuesta por la Resolución 216/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Las recientes medidas del Poder Ejecutivo Nacional, y la Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación 216/2024 que desregula en forma absoluta el sector de las garrafas y cilindros de GLP con el consiguiente impacto negativo en los sectores de la población más afectados por el ajuste.

Como consecuencia de ello a partir de este lunes los usuarios de garrafas de gas en el país y especialmente en la Patagonia, quedan con sus precios librados a la suerte del mercado ya que al no haber valores máximos las distribuidoras y comercializadoras de GLP podrán definir libremente para este servicio esencial, que de acuerdo a datos del censo 2022 afecta al 43,9%, unas 20.034.720 personas.

Este es otro golpe de gracia al bolsillo de los argentinos que vienen soportando aumentos y tarifazos en transporte, agua, luz, gas, educación, prepagas y ahora se suma esta nueva desregulación salvaje en el tema garrafas utilizadas principalmente en los barrios más humildes que no tienen acceso a la red de gas natural.

Los sectores más perjudicados por el aumento del precio de las garrafas, son como siempre, los sectores más vulnerables, por esto vemos con preocupación y solicitamos que con la entrada en vigencia de esta resolución se adopten medidas complementarias de parte del Gobierno Nacional que contemplen iniciativas que den respuesta y visibilicen esta problemática a través de la asignación de fondos específicos para los sectores más afectados.

El interior profundo se ve claramente vulnerado una vez más, con medidas que parecieran adaptarse en las peores épocas como en pleno invierno afectando a millones de argentinos y alejándonos cada vez más del federalismo.

Luego de la ola polar que azotó a todo el país, los diputados de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca crear el programa “garrafa accesible”, para que todas las casas de barrios populares puedan acceder a las mismas a precios accesibles.

De esta manera, la iniciativa plantea que estas familias podrán acceder a la compra con precios subsidiados de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10, 12 o 15 kilos, “para la sostenibilidad de los gastos de los hogares más vulnerables que residan en barrios según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)”.

Además, establece que los destinatarios del programa serán los vecinos que acrediten domicilio en listado de barrios según el ReNaBaP y que sean titulares de un hogar con ingresos inferiores a una Canasta Básica Total de un Hogar Tipo 1 o ser titular de espacios de uso social y/o comunitario que demuestren actividades.

Asimismo, se establece que el subsidio será equivalente al 80% del precio máximo de referencia incluidos los gastos de apartamientos, de la cantidad mensual máxima de dos garrafas por hogar y ocho por espacio social y/o comunitario.

En los fundamentos de la iniciativa, los peronistas explicaron que estarían alcanzados por este subsidio -en caso de que la Legislatura porteña lo apruebe- los barrios populares: Rodrigo Bueno, Padre Carlos Mugica (Comuna 1); Saldías (Comuna 2); Zavaleta, El Pueblito, Villa 26, El Campito, Puente Barrracas, Luján 2364, Lamadrid, Agustín de Vedia, Agustín Magaldi, Villa 21-24,La Rotonda, Zanchetti, El Pescadito, (Comuna 4); Villa 13 Bis, Padre R. Ricciardelli (Comuna 7); Obrero, Inta, Calacita, Los Piletones, La Esperanza, Villa 15, Pirelli, Scapino, Fátima, Los Pinos, María Auxiliadora, Villa 20, Bermejo, Emáus, NHT del Trabajo, Ramón Carillo, Santander, La Veredita (Comuna 8); Lacarra, Cildañez, Nuestro Barrio (Comuna 9); Playón de Chacarita, La Carbonilla, Jorge Newbery (Comuna 15); entre otros barrios que aún no tienen nombre.

La iniciativa lleva las firmas de María Bielli, Maia Daer, Claudio Ferreño, Berenice Iañez, Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli, Juan Pablo O’Dezaille, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés y Franco Vitali (UP).

Sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón presentaron esta semana en la Casa de Gobierno un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández, solicitándole una audiencia para reclamarle en persona la pronta reglamentación de la ley de expropiación del sitio donde funcionaba el boliche, para convertirlo en un sitio de memoria de esa tragedia.

Ya hubo pedidos similares entregados a diputados y senadores que impulsaron en su momento el proyecto con vertido en ley el pasado 27 de octubre de 2022.

La misma nota fue dirigida a las titulares de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, y del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, como así también al ministro de Cultura, Tristán Bauer, en cuya órbita funciona la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Se hizo eco del reclamo este martes el diputado de izquierda Nicolás del Caño, quien reclamó al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, saber porqué no se procedió a la expropiación, tal cual se dispuso por ley.

En otro orden, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez recordó a su turno que casi un año atrás el Congreso aprobó la ampliación de zonas frías para el descuento al consumo de gas domiciliario. “La implementación del componente del gas domiciliario ha avanzado con eficacia, y muchos que no tenían ese descuento hoy lo reciben”, reconoció el diputado de Identidad Bonaerense, pero advirtió a continuación que “desde hace dos años no se implementa el descuento en garrafas. Ese déficit de implementación provoca una profunda injusticia social, porque es mucho más caro el gas en garrafas”.

Aclaró el legislador que “la aplicación no es una responsabilidad estricta de la Nación, sino compartida con las jurisdicciones provinciales”, pero pidió entonces que “se hagan los esfuerzos de coordinación para que de inmediato se aplique el descuento para el consumo domiciliario de gas, porque además de constituir una enorme injusticia social, se está incumpliendo una ley de la Nación”.

La respuesta del jefe de ministros para ambos temas fue la misma: “Me comprometo a trabajar en el tema”, dijo sobre la expropiación de Cromañón, dando a entender que recién se enteraba del tema. “Lo mismo que en el descuento en garrafas”, concluyó Rossi.

La senadora nacional Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación para declarar la garrafa como servicio público con el objetivo de garantizar un precio justo en todo el país a quienes no tienen acceso a gas de red.

Esta iniciativa había sido presentada con anterioridad en el Senado por el exsenador y actual diputado Julio Cobos con quién mantuvieron una reunión y coincidieron en impulsar la ley.

Al respecto la senadora sostuvo: “Hoy aproximadamente el 90% de los correntinos no tienen acceso a gas de red y con esta iniciativa queremos igualar los derechos y permitir que millones de familias accedan a una garrafa de gas con una tarifa justa en todo el territorio nacional. Por eso también solicitamos la obligación de YPF S.A de vender el gas en garrafa con un precio uniforme en todo el país, garantizando el derecho de los usuarios que más lo necesitan”.

Entre los fundamentos, señala que “Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero que no llega a todas las localidades ni personas. Debido a esto, la demanda social de garrafas de gas es muy grande y prioritaria. La respuesta que brinda el Estado resulta inequitativa, teniendo en cuenta el contexto de falta de combustible”.

Acompañaron este proyecto los senadores de la bancada de Juntos por el Cambio, Flavio Fama, Daniel Kroneberger, Pablo Daniel Blanco, María Belén Tapia, Stella Maris Olalla, Ignacio Agustín Torres y Victor Zimmerman.

El diputado nacional del bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó este jueves un proyecto en el Congreso para que se declare servicio público al conjunto de actividades que comprenden la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en el territorio nacional. “Hoy en la Argentina 1 de cada 3 hogares no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar garrafa para cocinar y calefaccionarse”, manifestó el legislador socialista para explicar la importancia de su proyecto, y acotó: “Por eso resulta urgente que el Estado sea el regulador de las tarifas de las garrafas y que los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado”.

La realidad es que dichos sectores están pagando altos costos por este servicio; por ejemplo, en las estaciones de servicio de YPF ubicadas en la localidad de Moreno (provincia de Buenos Aires) la garrafa de 10kg se vende a $720, cuando -con los aumentos autorizados por la Secretaría de Energía desde el 1 de junio- las garrafas de 10 kilos deberían tener un precio de $435,18.

"La declaración de servicio público implica la posibilidad que el órgano de control fije las tarifas de toda la cadena en función de los costos y de una rentabilidad razonable y principalmente que los pueda controlar", explicó Enrique Estévez, y disparó: "La discusión es simple; al precio de las garrafas o lo fija el Estado o lo siguen haciendo las petroleras".

De esta manera, el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo fije un cuadro tarifario para cada una de las etapas desde la producción hasta la comercialización, pero también será quien deberá establecer un sistema de distribución que garantice la universalidad del servicio.

“Tenemos que equiparar esta enorme desigualdad existente entre los sectores que tienen gas de red, y que además posee subsidios, cuestión que estamos de acuerdo por eso acompañamos el proyecto de Zona Fría, y sectores de menores recursos que carecen de ese beneficio”, indicó el dirigente socialista y contó que “también hay poblaciones enteras en el interior del país que no gozan de dicho subsidio porque no tienen conductos de gas”.

Si bien el Gobierno nacional creó el Programa Hogares con Garrafas, el cual subsidia el precio de las mismas, esta medida alcanza a 2,3 millones de hogares, que representan cerca del 60% de los consumidores de este producto. Es que según el último censo, más de 4.5 millones de hogares de la Argentina utilizan el gas licuado de petróleo.

“El subsidio actual resulta insuficiente, primero porque hay un gran universo de personas que no son beneficiadas con el mismo y segundo porque no estamos trabajando el problema de raíz, que es la necesidad de un Estado presente que se encargue no sólo de regular las tarifas, sino que en muchos casos también se hace fundamental poder garantizar la distribución”, expresó el diputado del Frente Progresista.

El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) consideró que a pesar de la media sanción de Diputados del proyecto de Zona Fría para reducir las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas “no queda claro qué sucede con la garrafa” en esos lugares. Por eso, propone que se considere servicio público.

“Más allá del voluntarismo del texto del proyecto aprobado ayer -por este jueves- en Diputados no queda claro qué sucede con la garrafa en las denominadas zonas frías y esto seguirá así si no se declara al GLP como servicio público. Se incluye la garrafa en el Fondo Fiduciario, pero no en el esquema de beneficios de rebaja. Lo que sí queda claro es que quienes están fuera de esas zonas y son usuarios de garrafas, seguirán padeciendo la arbitrariedad y falta de regulación en el precio”, argumentó el exvicepresidente.

El radical, autor del proyecto para declarar el GLP como servicio público, señaló que “el proyecto de subsidios al gas de la red domiciliaria alivia la situación de muchas familias, pero no recorta las diferencias e inequidades con miles de argentinos que utilizan gas en garrafa. Tengamos en cuenta que en Argentina hay más de 16 millones de usuarios de garrafas y que ni el conurbano ni las cuatro provincias que no tienen gas de red, se benefician con este proyecto de ley”.

En el mismo sentido, insistió en “la necesidad de declarar servicio público el Gas Licuado de Petróleo y así intervenir en el precio de las garrafas. El GLP no es servicio público, el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Es una lástima que, a pesar de los proyectos presentados en el Congreso para corregir esta inequidad, no se tengan en cuenta a estas familias”.  

“Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Por eso la demanda social de garrafas de gas es muy grande. Frente a esa demanda, la respuesta del Estado resulta insuficiente, inequitativa o directamente inexistente. Queremos que se venda a precio regulado, razonable y uniforme en todo el país”, explicó Cobos.

El senador de la oposición concluyó: “Pido una vez más, que se trate con premura en el Senado mi proyecto número S679/20 para contemplar esta situación y llevar alivio a los consumidores de garrafas lo más pronto posible, más si tenemos en cuenta las bajas temperaturas que ya se hacen presente en nuestro país”.

Las fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) le manifestaron al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, su preocupación por encontrarse al límite de agotar el cupo anual asignado en GLP butano, lo que llevaría al corte de la cadena de envasado de gas en garrafas. “La situación es muy compleja para todas las empresas, tuvimos que adelantar los volúmenes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Solicitamos la asignación de cupos adicionales a los destinados al mercado interno, contemplando la mayor demanda y al precio máximo de referencia establecido en la Ley 26.020”, reclamó Pedro Cascales, director de CEGLA.

Desde la Cámara hemos alertado por el inminente colapso de la cadena de gas envasado ante la falta de actualización de precios. No se está cumpliendo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 26.020. En efecto, el atraso es tan grave que mientras la realidad de los costos obliga a un precio mayorista de $ 360 por cada garrafa de 10 kg. en planta de fraccionamiento de zona central, y de $ 410 en el norte del país, el precio de venta determinado por la Autoridad de Aplicación, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, es de apenas $ 185 de manera uniforme para todo el territorio nacional. Es decir, los precios actuales no alcanzan al 50% necesario para operar con normalidad.

A esta situación crítica se suma ahora la posibilidad cierta de corte en el fraccionamiento por falta de GL P butano para las garrafas. Debido al incremento de la demanda de gas licuado butano destinado al Programa Hogar, las empresas fraccionadoras adelantaron los volúmenes asignados por la Secretaría de Energía para los últimos tres meses del año. “Hay un esfuerzo muy grande de nuestra industria en recursos humanos para cumplir con esta mayor demanda, con adquisición de camiones y acoplados, y, especialmente, de envases para el fraccionado de este mayor volumen”, explicó el director de CEGLA.

Este desabastecimiento de GLP butano al que se enfrentan las empresas fraccionadoras, más la falta de revisión del precio de  referencia del gas envasado que conlleva a un quebranto operativo, podría desembocar en una crisis muy importante para el sector de fraccionado de garrafas.

Con el firme propósito de garantizar el abastecimiento del mercado interno del GLP butano, desde CEGLA se le solicitó a la Autoridad de Aplicación que disponga a la máxima brevedad la asignación de volúmenes adicionales a los ya consignados al mercado interno, que contemple esta mayor demanda que se viene registrando durante el corriente año, y que ese volumen sea entregado al precio máximo de referencia establecido de $ 9.895 más impuestos la tonelada.

Cabe destacar que las industrias asociadas a CEGLA proveen a un mercado de 18 millones de consumidores y que dan empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas. “Todas las empresas fraccionadoras deben tener asegurado el acceso al abastecimiento a precios que cumplan con las reglamentaciones vigentes”, finalizó Cascales.

El senador nacional presentó un proyecto en el Senado de la Nación para que se declare como servicio público el Gas Licuado de Petróleo y así intervenir en el precio de la garrafa de gas.

Cobos explicó que “el Gas Licuado de Petróleo no es servicio público, mientras que el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, una serie de derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Las garrafas, en cambio, suben sus precios sin control real alguno. Queremos que se vendan a precio regulado y uniforme en todo el país y para eso necesitamos que avance este proyecto. Si antes esto lo consideraba necesario, en este contexto creo que es imprescindible”.

El exvicepresidente de la Nación señaló que “Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Por eso, la demanda social de garrafas de gas es muy grande y prioritaria para satisfacer las necesidades básicas de miles de familias. Frente a la demanda de este servicio esencial, la respuesta que hoy brinda el Estado resulta insuficiente e inequitativa”.

“En tiempos de pandemia con la gente aislada en sus casas, la calefacción es prioritaria, por eso el precio de la garrafa de gas debe ser tratado como un servicio público y regulado por el  Estado. El Estado debe preocuparse para que sean precios razonables y no como hoy sucede que, una vez más, se prioriza a quienes están conectados a la red de gas natural y  no  a quienes carecen de la misma”, señaló el senador.

Cobos explicó que “Hay dieciséis millones de usuarios de garrafas de gas. Muchos viven -como en Mendoza- en zonas muy frías del país. Mis comprovincianos de Malargüe pueden dar fe de ello, pese a ser el único departamento patagónico de la provincia y ser una importante fuente de combustibles para el país. El GLP es el combustible que utilizan los sectores más desprotegidos del país a lo que hay que sumar cuatro provincias donde no existe gas por redes en su territorio: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones”.

“Esta desprotección legal se agrava por los abusos que se dan en la red de comercialización de garrafas. Creemos que no alcanza con un precio sugerido. Necesitamos que YPF S.A, como empresa líder en el mercado, tenga una activa participación para garantizar el precio fijado”, explicó el senador y agregó “El mercado de distribución de gas comprimido se encuentra atomizado. El Estado debe actuar como facilitador de una distribución más equitativa y justa del producto, y para ello debe tener un rol central YPF S.A., una empresa de mayoría estatal y con presencia en todo el país. Es un error dejar al mercado lo que el Estado debe garantizar y procurar, velando siempre por la igualdad y bienestar de toda la sociedad”.

Finalmente, Cobos recordó que dicho proyecto “cuenta con el apoyo y el aval de asociaciones de defensa al consumidor y defensorías del pueblo de diferentes partes del país. Por eso buscamos igualar los derechos y permitir que millones de argentinos accedan a una garrafa de gas con una tarifa justa y uniforme en todo el territorio”.

La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR-Juntos por el Cambio/Jujuy) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional -a través de la Secretaría de Energía de la Nación- detalle “cuáles fueron las medidas adoptadas ante el extraordinario aumento de los precios de las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) que se registró en el mercado en los últimos días, pese a los precios de referencia fijados por el Estado Nacional, qué medidas se adoptarán para garantizar que el subsidio social para la compra de garrafas en vivienda fijado por el Programa Hogar resulte suficiente para sus beneficiarios y, además, qué medidas se instrumentarán para garantizarle a la población no alcanzada con el beneficio del Programa Hogar la provisión continua de las garrafas de GLP a precios justos y razonables”.

El pedido, que fue acompañado por otros integrantes del interbloque, destaca que “sabemos que en el país existen más de 20 millones de usuarios de gas licuado de petróleo (GLP), y que la mayoría de ellos se ubican en el interior del país y en los cordones pobres del Gran Buenos Aires y que el gobierno nacional estableció el Programa Hogar Anses a través del cual se conceden subsidios para la adquisición de garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg, conforme el grupo familiar, a todos los usuarios de bajos recursos que residan en zonas sin el servicio de gas natural por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas”.

“Sabemos, también, y según lo informado por ANSeS que los precios máximos fijados para las garrafas de GLP ascienden a $295,37 (10 kg), $354,44 (12 kg), y $443,05 (15 kg); y el valor en efectivo para comprarlas, que recibe cada beneficiario adherido al Programa Hogar por mes, a través de depósito en cuenta o por PIM es de $183”, añade.

“Pese a ello, lamentablemente los especuladores de siempre han colocado el precio de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo a precios irrazonables que duplican, triplican, o cuadriplican, el precio de referencia, ocasionado un enorme daño en especial en los sectores de la población con menores recursos”, señala Giacoppo.

El pedido de informes expresa que “no hay dudas que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaria de Energía debe garantizarle a los beneficiarios del Programa Hogar que el monto subsidiado resulte suficiente para la compra de las garrafas y cilindros de GLP, como así su provisión continua en todos los puntos de distribución; pero también debe proteger a aquellos consumidores de GLP que no se encuentran beneficiados por dicho programa pero deben  adquirir garrafas pues están alejados del servicio de gas natural por redes o que no se encuentran conectados a la red de distribución domiciliaria de gas”.

Giacoppo menciona que “el mercado del GLP es oligopólico cartelizado y que abusa de su posición dominante frente al consumidor, lo que incrementa las desigualdades sociales existentes en la República Argentina”, y que “no olvidamos que el precio también lo determina la intermediación. El acceso a una garrafa de precio razonable y justo solo se conseguirá a través de los controles de Estado para asegurar la competencia y la defensa del consumidor”.

Para finalizar, Giacoppo resalta que “no se puede dejar de soslayar que la legalidad y razonabilidad de ponerle fin a dichas prácticas abusivas adquieren una dimensión de extrema necesidad frente a la inminencia del invierno y ante la pandemia que nos azota y pone en peligro nuestra vida. Hoy más que nunca el acceso a la garrafa de GLP resulta un elemento esencial ya no solo para la vida habitual sino también para la salud de nuestra población, en especial de los sectores más desprotegidos”.

La diputada nacional por la CC ARI Marcela Campagnoli presentó un proyecto de declaración en el que propone que se amplíe el alcance del “Programa Hogares con Garrafa”, a través del aumento del beneficio económico otorgado, así como de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa, mientras persistan los efectos socio-económicos del aislamiento social, preventivo debido a la pandemia de coronavirus.

“En 2015 se creó el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), mediante el que el Estado Nacional subsidia o compensa de manera directa a titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, que residan o estén ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o no se encuentren conectados a la red de distribución de gas de su localidad, para que dichos usuarios cuenten con ingresos adicionales para acceder al mencionado producto”, recuerda la iniciativa.

“Actualmente, el beneficio se otorga a quienes cumplen alguno de los siguientes requisitos: aquellos sin servicio de gas natural y un ingreso mensual de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles ($31.250); aquellos con un familiar con discapacidad y un ingreso mensual es de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles ($46.875); y a quienes viven en la Patagonia con un ingreso mensual de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles ($43.750) o de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles ($65.625) si tiene algún familiar con discapacidad”, agrega.

“Debido al aislamiento, las familias pasan mayor tiempo en su casa lo que implica un mayor consumo de gas así como de los demás servicios. A su vez gran parte de los destinatarios de esta política pública, titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, están sufriendo una disminución en sus ingresos familiares debido a las consecuencias económicas que las medidas sanitarias traen aparejadas”, señala el proyecto de Campagnoli.

“Es por esto que, a través de este proyecto, le pedimos al Poder Ejecutivo que durante el transcurso que considere necesario para paliar los efectos de esta pandemia, amplíe el alcance del Programa Hogares con Garrafa tanto mediante el aumento del monto del beneficio económico otorgado, como de la flexibilización de los requisitos para ser beneficiario del programa para así abarcar a una mayor cantidad de hogares”, propone la diputada nacional por la CC ARI.