Se trata de un proyecto de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu, quien señaló que hay localidades en Río Negro, Chubut y Neuquén donde "no tienen conexión a las redes de distribución de Gas Natural".
La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro) presentó un proyecto para modificar a la Ley 26.020 (Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo -GLP-) y establecer un precio de referencia por región y para cada semestre estacional de invierno y verano.
Se trata de una regulación en el valor de las garrafas de uso doméstico nacional en envases de hasta 45 kilogramos. La medida está dirigida usuarios de bajos recursos, sobre todo, en provincias como Río Negro, Chubut y Neuquén cuentan con amplios porcentajes de la población que no tienen conexión a las redes de distribución de Gas Natural y dependen del GLP envasado para poder calentar sus hogares y cocinar durante todo el año.
Este texto fue presentado seis veces en los últimos once años: Tras la sanción de la Ley 26.020 en 2005, hubo iniciativas para actualizarla en 2014, 2017, 2019, 2021, 2023 y en la actualidad.
En relación al GLP, García Larraburu explicó que “es de gran utilidad para el hogar, industria y comercio, pues es una solución segura y eficaz para usuarios distantes del tendido de Gas Natural”.
“Teniendo en cuenta que es un deber del Estado garantizar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de la comunidad y más aún en lugares en donde las dificultades de las bajas temperaturas hacen muy difícil el desarrollo de la vida en general”, remarcó en el final del proyecto.
Hoy en Argentina hay más de 4 millones de hogares que no cuentan con servicio de gas de red y utilizan gas licuado de petróleo por medio de la garrafa. En ese marco, el diputado Enrique Estévez presentó un proyecto para que puedan ser reguladas por el Estado.
El diputado nacional del bloque Socialista, Enrique Estévez, presentó este jueves un proyecto en el Congreso para que se declare servicio público al conjunto de actividades que comprenden la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en el territorio nacional. “Hoy en la Argentina 1 de cada 3 hogares no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar garrafa para cocinar y calefaccionarse”, manifestó el legislador socialista para explicar la importancia de su proyecto, y acotó: “Por eso resulta urgente que el Estado sea el regulador de las tarifas de las garrafas y que los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado”.
La realidad es que dichos sectores están pagando altos costos por este servicio; por ejemplo, en las estaciones de servicio de YPF ubicadas en la localidad de Moreno (provincia de Buenos Aires) la garrafa de 10kg se vende a $720, cuando -con los aumentos autorizados por la Secretaría de Energía desde el 1 de junio- las garrafas de 10 kilos deberían tener un precio de $435,18.
"La declaración de servicio público implica la posibilidad que el órgano de control fije las tarifas de toda la cadena en función de los costos y de una rentabilidad razonable y principalmente que los pueda controlar", explicó Enrique Estévez, y disparó: "La discusión es simple; al precio de las garrafas o lo fija el Estado o lo siguen haciendo las petroleras".
De esta manera, el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo fije un cuadro tarifario para cada una de las etapas desde la producción hasta la comercialización, pero también será quien deberá establecer un sistema de distribución que garantice la universalidad del servicio.
“Tenemos que equiparar esta enorme desigualdad existente entre los sectores que tienen gas de red, y que además posee subsidios, cuestión que estamos de acuerdo por eso acompañamos el proyecto de Zona Fría, y sectores de menores recursos que carecen de ese beneficio”, indicó el dirigente socialista y contó que “también hay poblaciones enteras en el interior del país que no gozan de dicho subsidio porque no tienen conductos de gas”.
Si bien el Gobierno nacional creó el Programa Hogares con Garrafas, el cual subsidia el precio de las mismas, esta medida alcanza a 2,3 millones de hogares, que representan cerca del 60% de los consumidores de este producto. Es que según el último censo, más de 4.5 millones de hogares de la Argentina utilizan el gas licuado de petróleo.
“El subsidio actual resulta insuficiente, primero porque hay un gran universo de personas que no son beneficiadas con el mismo y segundo porque no estamos trabajando el problema de raíz, que es la necesidad de un Estado presente que se encargue no sólo de regular las tarifas, sino que en muchos casos también se hace fundamental poder garantizar la distribución”, expresó el diputado del Frente Progresista.