Ante el riesgo cierto que existe respecto del abastecimiento de gas boliviano, la diputada Jimena Latorre pidió conocer los estudios de reservas comprobadas en ese país que garantizaron la construcción de un gasoducto desde ese país al nuestro.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) solicitó que el Gobierno nacional informe sobre diversos puntos de política energética, en especial lo referente a la suspensión del contrato con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB).
Latorre, a quien acompaña en esta iniciativa su par Pamela Verasay, pidió al Ejecutivo que ponga a disposición los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que garantizaron la construcción del Gasoducto del GNEA y que informe cuál será la función del gasoducto GNEA sin abastecimiento de gas boliviano. También, saber el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando usuarios residenciales, comerciales e industriales en la región.
Por otra parte, pidió se comunique qué multas aplicaron a YPFB por incumplimiento de contrato y cuál fue el temperamento y las medidas tomadas por ENARSA ante la notificación de transformar en interrumpible un contrato de abastecimiento en firme como es el vigente y cuáles son las consecuencias de que YPFB deje de entregar gas firme en el próximo pico de consumo invernal.
Además, que se informe el cronograma de licitación y lo previsto para las obras de reversión del gasoducto del norte y los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y centrales térmicas de generación eléctrica de la región centro y norte del país, afectada por la suspensión unilateral del contrato por parte de YPFB del contrato que mantiene con ENARSA.
“Más allá del perjuicio económico, la mayor incertidumbre viene por la seguridad del abastecimiento energético en el centro y norte del país”, sostuvo Latorre y reclamó que se ponga a disposición de la Cámara de Diputados de la Nación el texto de la sexta adenda suscripta entre ENARSA e YPFB.
Fue durante una entrevista que el ministro de Economía tuvo con el Financial Times en la cual sostuvo que “esto le dará a Argentina una capacidad muy sólida para pagar la deuda en 2025, 2026 y 2027”.
Durante una entrevista con el Financial Times, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el auge del gas y la minería “transformará la economía argentina”, y que esto le dará al país una “capacidad muy sólida para pagar la deuda en 2025, 2026 y 2027”.
Según el tigrense, las exportaciones de gas, litio y otros minerales ofrecen a Argentina una “oportunidad de crecimiento fenomenal” y aumentarán enormemente la capacidad de la nación sudamericana, que se encuentra altamente endeudada, para pagarle a sus acreedores a partir de 2025.
“Vamos a iniciar las exportaciones de gas a Chile en los próximos días y podríamos comenzar a exportar gas a Brasil a partir de septiembre”, señaló Massa y sostuvo que, sin inversiones adicionales, la balanza comercial de energía de Argentina pasaría de un déficit de más de 5.000 millones de dólares el año pasado a un superávit de unos 12.000 millones de dólares en 2025 y agregó: “Esto le dará a Argentina una capacidad muy sólida para pagar [la deuda] en 2025, 2026 y 2027”.
En esa línea, asimiló: “Cuando asumimos el cargo, entendimos que estábamos tratando con un paciente que estaba en coma”, y continuó: “Hoy está en cuidados intensivos y tenemos que bajarlo a una sala común y luego salir caminando del hospital. Ese es mi trabajo”.
Para volver a encarrilar la economía argentina, Massa dijo que reduciría la inflación al 60% por medio de mantener el gasto bajo control. Además, resaltó que se cumplió el año pasado todos sus objetivos del FMI de reducir el déficit del gobierno y acrecentar reservas. Según el Ministerio de Economía, Argentina le debe al Fondo 44.000 millones de dólares de un rescate de 2018.
“El objetivo tiene que ser que las tasas de interés, la velocidad de devaluación -del peso- y la inflación vayan de la mano de manera ordenada, porque eso nos va a permitir tener disciplina fiscal con crecimiento económico, con creación de empleo, con recuperación del consumo y una recuperación de los ingresos”, dijo el ministro y agregó: “Para esto, es necesaria mucha disciplina y mucho orden político”.
Una luz de esperanza en la formación de gas de esquisto de Vaca Muerta
Para justificar su optimismo sobre las perspectivas a mediano plazo del país, Massa señaló que después de años de demoras, la inversión finalmente se estaba activando en el depósito patagónico de Vaca Muerta, la segunda formación de gas de esquisto más grande del mundo. Esto abre el camino para que Argentina sea autosuficiente en gas y comience a exportar.
“Un gasoducto que está destinado a impulsar la producción nacional de gas en un 25 por ciento cuando esté construido debería estar terminado para junio, y se comenzará a trabajar en un gasoducto de USD 1.800 millones para poder realizar exportaciones dentro de los próximos 90 días”, explicó.
Y precisó: “Esto será parcialmente financiado por el banco nacional de desarrollo de Brasil BNDES y otros prestamistas multilaterales. Sin embargo, existe la preocupación sobre si toda la infraestructura necesaria cumplirá con esos objetivos y si realmente se construirá”.
La minería también está teniendo un buen desempeño, con 95 proyectos de litio, cobre y otros en curso, desde la etapa de exploración hasta la de desarrollo, según funcionarios del Ministerio de Minería.
Los economistas señalan la necesidad del gobierno de refinanciar $85 mil millones de deuda a corto plazo denominada en pesos este año. También les preocupa que las demandas sindicales de aumentos salariales puedan impulsar una espiral inflacionaria, y han expresado temores de que las ganancias provenientes de la exportación se vean afectadas por una sequía severa que podría afectar los cultivos de soja y trigo.
Massa es optimista sobre los riesgos y dice que el gobierno ha estado refinanciando su cuantiosa deuda interna a medida que fue venciendo y que las previsiones pesimistas para la cosecha de trigo han resultado infundadas. Confía en las negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y las empresas para limitar la inflación.
Massa dijo que incluso después de una amnistía para los activos no declarados en el extranjero en 2016-17, que llevó a 117.000 millones de dólares a regresar, el gobierno estimó que los argentinos todavía tenían 300.000 millones de dólares en Estados Unidos, una suma equivalente a la mitad del PBI del país.
“Si los argentinos ven que somos ordenados en materia fiscal, volverán a creer en su moneda”, estimó el ministro y sumó: “Si creen en su moneda, dejarán de tener sus activos en el exterior”.
Por último, se describió como un “animal político”, pero aclaró que “por el momento tengo que trabajar obsesivamente y concentrarme en cumplir los objetivos que nos hemos fijado”.
Eso expresó el legislador opositor desde Rosario donde se encuentran dos plantas de gas que “están abandonadas en esa ciudad”, por lo que exigió “una pronta respuesta” al Gobierno y advirtió que si no aparecen soluciones directamente irá a la Justicia.
El senador chubutense Ignacio “Nacho “Torres viajó a Rosario para corroborar dónde se encuentran las dos plantas de compresión de gas que deberían estar funcionando en Río Senguer y Río Mayo, tras lo que expresó que “continúan oxidándose en los galpones por falta de decisión política”.
“Vinimos hasta Rosario para corroborar dónde están las dos plantas de compresión de gas que necesita la provincia de Chubut para que el próximo invierno no vuelva a pasar lo que pasó en muchas escuelas de nuestra provincia donde tuvimos serios problemas con el gas”, contó.
Torres reclamó a la secretaría de Energía de la Nación, Flavia Royón, cuando expuso sobre el Presupuesto en el Senado, por la obra de gas que necesitan las familias de la cordillera chubutense para pasar el invierno. La misma funcionaria reconoció que viene demorada, aunque se comprometió a avanzar con las gestiones.
Después de un mes, el senador opositor viajó a la provincia de Santa Fe para verificar qué pasó con esas plantas compresoras, y se encontró con el mismo panorama desolador del invierno pasado. Por eso exigió, una vez más, “una pronta respuesta” al Gobierno y advirtió que si no aparecen soluciones directamente irá a la Justicia.
“Vamos a exigir una pronta respuesta y si es necesario pedirle a la Justicia que actúe de manera inmediata para que instalen estas dos plantas antes de volver a tener los mismos problemas que tuvimos el invierno pasado”, determinó.
Torres ya había presentado al Gobierno Nacional un pedido de informes sobre estas plantas tras reunirse con autoridades de Camuzzi que le confirmaron que hasta que no se ejecute esta obra no se puede instalar un solo medidor más.
Royón, vale recordar, al reclamo de Torres respondió que la obra del gasoducto viene demorada porque hay “detalles técnicos” de la obra civil que tiene que revisar, y se comprometió a reactivarla lo más pronto posible, aunque todavía sigue esperando.
La medida del Poder Ejecutivo fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. También se oficializó otro DNU, que crea un Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Se oficializó este viernes en el Boletín Oficial el DNU 730/22, a partir del cual se extiende el “Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, el Autoabastecimiento Interno, las Exportaciones, la Sustitución de Importaciones y la Expansión del Sistema de Transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país 2023-2028”.
La medida del Poder Ejecutivo faculta a la Secretaría de Energía a “realizar las adecuaciones y cambios necesarios para la instrumentación de dicho Plan”.
Además, se señala que este plan “se asienta en la participación voluntaria por parte de las empresas productoras, prestadoras del servicio público de distribución y subdistribución que hagan adquisiciones en forma directa de las empresas productoras y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)”.
Por otra parte, también se oficializó el DNU 729/22 que dispone la creación de un Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena como organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Además de determinar sus objetivos y funciones, se indica que la conducción de este organismo estará a cargo de un presidente/a, con rango y jerarquía de secretario o secretaria, designado o designada por el Poder Ejecutivo.
Ambos decretos de necesidad y urgencia deberán ser evaluados por la Bicameral del Trámite Legislativo, que este año no tuvo reuniones. La comisión se constituyó el pasado 30 de junio, cuando fue reelegido presidente el diputado Marcos Cleri (FdT).
A instancias de la diputada radical Roxana Reyes, desde la bancada opositora sostienen que esa medida afecta “el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentaron un proyecto exigiendo al Gobierno que desista de imponer a los usuarios de los servicios públicos de gas y energía eléctrica la renuncia a oponer el derecho al secreto fiscal, financiero y bancario en los formularios para tramitar el mantenimiento de los subsidios en el marco del programa “Segmentación Energética”, por afectar el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional e implicar además de una exigencia impuesta aprovechando el estado de necesidad de los usuarios.
“Esta garantía se verá vulnerada por la potestad del Estado Nacional de cruzar los datos consignados en la Declaración Jurada con la base de datos de la AFIP, SINTyS (datos tributarios y sociales), la ANSES, y los registros de propiedad. Tal mecanismo pone en riesgo el efectivo cumplimiento de la ley citada más arriba”, expresaron.
En ese sentido, la diputada santacruceña afirmó que “más allá de que no sabemos hasta qué punto la seguridad informática y el Estado asegurarán el resguardo de nuestra información, nos sometemos a la incertidumbre de lo que podrán realizar los entes gubernamentales encargados del tema, a partir de la recolección, análisis y verificación de la información personal de cada usuario”.
“Ningún beneficio podrá suplantar, vulnerar ni omitir el derecho de un ciudadano, según establece el artículo 19 de la Constitución Nacional que indica: ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”, concluyó Reyes.
Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Karina Banfi, Juan Martín, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Gabriela Lena, Mario Barletta, Lidia Ascárate, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Gerardo Milman, Alberto Asseff, Laura Rodríguez Machado y Héctor Stefani.
En ese contexto, destacó la “contundencia” de la ministra de Economía para avanzar con la medida y remarcó que de esta manera el Gobierno “quiere seguir sosteniendo el subsidio en los hogares donde se necesite todavía la ayuda del Estado”.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (FdT) destacó y celebró la “contundencia” de la ministra de Economía, Silvina Batakis, para avanzar con la segmentación de tarifas y remarcó que el Gobierno quiere seguir “sosteniendo” el subsidio a los servicios de gas y energía eléctrica “en los hogares donde los ingresos necesiten todavía la ayuda del Estado”.
“Había que tomar esta decisión y celebro que Silvina Batakis haya llegado con esta contundencia, que diga el viernes a la mañana va a estar el formulario y eso finalmente sucedió”, resaltó Tolosa Paz sobre la medida anunciada por la ministra para que los usuarios que necesiten mantener los subsidios, soliciten el beneficio.
En diálogo con Radio 10, la diputada aseguró que desde el Gobierno se busca “seguir sosteniendo el subsidio a las facturas de luz y de gas en los hogares donde los ingresos necesitan todavía la ayuda del Estado”.
También, explicó que la segmentación tarifaria implica “tratar de quitar el subsidio”, pero a su vez, garantizar “que no haya una restricción en el consumo de hogares”.
De esta manera, consideró que la aplicación de los subsidios será más “eficiente”, ya que “hace años” que la asistencia estatal se aplica a “toda la Argentina”, cuando hay “hogares con capacidad económica para pagar las tarifas de luz y de gas”.
En tanto, volvió a explicar que “la quita de la asistencia se realiza sobre aquellas viviendas con ingresos superiores a 350 mil pesos por mes en la provincia de Buenos Aires, y advirtió que deberán pagar aquellas personas que tienen capacidad económica para pagar” por la totalidad del servicio”.
De esta manera, se busca que “el subsidio se le entrega a otra persona que en este país va a seguir necesitándolo, no solamente para llegar a fin de mes sino para no restringir el consumo”, agregó.
Consultada por la posibilidad de que se falsifiquen datos en el ingreso de la solicitud, la legisladora remarcó que “la persona está declarando que esa información es verídica” y exhortó a que la carga se realice con “compromiso” y “solidaridad”.
Además, recordó que la medida se va a emplear de forma “progresiva” a partir del mes de agosto, donde las facturas de los servicios le aumentarán a todos aquellos que dejen de percibir el beneficio, a “razón de 1.500 pesos y en tres cuotas hasta llegar a la tarifa plena”.
Así lo enfatizó la diputada Jimena Latorre durante la primera audiencia pública para definir los incrementos en luz y gas.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) participó este martes de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para tratar los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte de Gas (PIST), aplicables a partir del 1ro. de junio de 2022, y destacó “la falta de ‘oportunidad’ en la toma de decisiones de este Gobierno que al parecer necesita un GPS”.
“Llevan más de dos años con los Entes Reguladores intervenidos ilegítimamente, sin ningún resultado ni avance, y vienen a plantear las actualizaciones de las tarifas que mantienen congeladas desde que llegaron al Gobierno en un escenario de mayor consumo estacional (a partir de junio), alza de los precios internacionales de los combustibles que se importan, y falta de divisas para afrontar esas importaciones”, señaló la radical.
Muy crítica de la política energética, la mendocina cuestionó que “repiten como un mantra que ‘no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios'”, cuando “las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación mientras los costos de la energía se incrementan”.
De acuerdo al informe técnico, base de la audiencia, los subsidios cubren más del 75% del costo del gas, situación que empeora en invierno cuando los usuarios pagan menos del 15% del valor total.
“Estos números dicen mucho acerca de la falta de planificación y visión estratégica de este Gobierno”, enfatizó Latorre, y afirmó que “detrás de esos cantos de sirena de tarifas congeladas para cuidar el sueldo de los trabajadores, el gobierno de Alberto Fernández tiró por la ventana el esfuerzo realizado por los usuarios residenciales durante la recomposición tarifaria de 2017-2019″. “En poco más de dos años han logrado que los subsidios energéticos alcancen el récord histórico de 2014”, continuó.
En cuanto al compromiso del Gobierno con el FMI de reducir subsidios en aproximadamente 3 mil millones de dólares, la legisladora de Juntos por el Cambio destacó que, por el contrario, los subsidios energéticos para este año tendrán un piso de 15 mil millones de dólares. En esa línea, preguntó algo que no dice el informe: “¿Cómo se va a financiar esta diferencia de 8 mil millones de dólares que surgen con claridad de la diferencia entre los costos que hoy presenta la Secretaría de Energía y la actualización tarifaria que se propone?”.
“Lo que sí dice el informe es que se necesitaría una partida presupuestaria adicional de 81.059 millones de pesos si se quiere sostener el actual esquema de subsidios al gas, esto es seguir subsidiando 70,9% del costo total de la demanda prioritaria. Si se da este escenario ganan la pulseada (Darío) Martínez, (Federico) Basualdo y el Instituto Patria”, lanzó Latorre.
Aunque analizó que “otro escenario sería posible” si “el albertismo se pone los pantalones largos y (Martín) Guzmán gana esta pulseada; el Estado Nacional cubriría sólo el 44,4% de los subsidios y no se requerirían partidas adicionales, pero el precio del gas debería subir el 91%”. “Algo poco probable cuando anunciaron los topes de los aumentos antes de conocer los costos y de saber de dónde van a sacar la plata. Así que seguramente será más maquinita y, por ende, más inflación”, lamentó.
Finalmente, la diputada sostuvo que “a los usuarios no se los protege atrasando tarifas y aumentando subsidios que se financian con inflación, estancamiento y pobreza. Pueden jactarse de haber congelado tarifas durante más de dos años, lo que no pueden explicar es para qué sirve si en esos dos años hemos acumulado más de un 215% de inflación. Creo que cualquier ciudadano preferiría pagar una tarifa razonable y poder ir al supermercado la última semana del mes”.
En la presentación que realizó el espacio que conduce la diputada Margarita Stolbizer también alertaron sobre la falta de información brindada por el Ejecutivo para que los usuarios opinen sobre los nuevos cuadros tarifarios durante dichas audiencias.
En el marco de las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía de la Nación, los diputados del bloque Encuentro Federal (JxC) elevaron una presentación al secretario de esa cartera, Darío Martínez, en la que proponen reformular los subsidios de las tarifas de gas y electricidad con el fin de favorecer a los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, alertaron sobre la falta de información brindada por el Ejecutivo para que los usuarios opinen sobre los nuevos cuadros tarifarios durante dichas audiencias.
La nota fue presentada por Margarita Stolbizer, presidenta del bloque, y lleva las firmas de Emilio Monzó, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. Los legisladores plantean en ella que “resulta prioritario establecer un esquema de subsidios energéticos que auxilie a quienes menos tienen ya que el esquema actual, que asigna beneficios de manera generalizada a los usuarios, termina favoreciendo a los sectores de mayores ingresos en la medida en que los subsidios que estos reciben son financiados -en parte- por emisión monetaria”.
“El esquema actual profundiza los desequilibrios macroeconómicos que más afectan a los sectores de menores ingresos. Según la información proporcionada por Energía para las audiencias públicas más del 70% de los subsidios en energía eléctrica y en gas natural se destinan a los deciles de población en los cuales menos impacto proporcional tienen los gastos en estos dos servicios”, argumentaron.
En suma, sostuvieron: “Nunca es una buena idea destinar subsidios a quienes no lo necesitan, siempre deberían focalizarse en quienes sí los necesitan. Pero además esta ineficiente asignación de fondos públicos se realiza en el contexto de una fuerte restricción fiscal. Ordenar las cuentas públicas beneficiará a toda la población, pero muy especialmente a los sectores con menor ingreso disponible”.
Por último, llamaron la atención sobre la falta de precisiones respecto a los criterios de segmentación que se utilizarán para establecer el nuevo esquema de subsidios. Si bien en los informes que se brindaron para las audiencias públicas se establece que se aplicarán variables socioeconómicas y espaciales, “los cruces de datos para precisar los alcances en cada región de los criterios de segmentación propuestos por el Estado, aún están sujetos a cruces adicionales de bases de datos y confección de padrones que a esta altura ya deberían estar resueltos”, señalaron los legisladores.
El diputado del Pro se refirió al proyecto que presentó para que el Ejecutivo informe sobre la crisis energética que se prevé. Además, señaló que “el gas vale un precio que la Argentina no está en condiciones de poder pagar”.
Con la llegada del frío hay una gran incertidumbre en torno al suministro de gas en todo el país, ya que advierten un posible faltante del suministro. En ese contexto, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) se refirió a la situación internacional del gas: “El campo ya está reaccionando y si la ciudadanía pasa un invierno crudo vamos a tener a la gente en las calles”, pronosticó.
El dirigente del Pro presentó un proyecto solicitando que el Ejecutivo informe sobre la crisis energética que se prevé para el próximo invierno, respecto de lo cual sostuvo: “Bueno, no lo dije yo, lo dijo el propio secretario de Energía, Darío Martínez, y además eso ya está ocurriendo en los sectores agropecuarios. El consumo de gasoil está parcializado y no se puede comprar más de 15 litros por unidad, por tractor, por cosechadora”, en una entrevista a Grupo La Provincia.
“Está previsto un invierno más frío que los anteriores por efecto de La Niña y lamentablemente en principio hay recortes de gas programados a las industrias, después de esto ya va a ser generalizado y es muy probable que esto termine siendo domiciliario, con las consecuencias que puede traer”, advirtió el diputado.
En ese sentido, agregó: “Un 30% del sistema de energía eléctrica de la Argentina se basa en la industria del gas y entonces también puede traer consecuencias desde el punto de vista eléctrico, cuando las empresas tengan que cerrar van a terminar suspendiendo trabajadores, cuando nos consumamos el stock de las empresas van a faltar productos”.
“Los alimentos van a subir de precio, el Gobierno va a intentar poner Precios Cuidados y los alimentos que tengan Precios Cuidados van a faltar. No van a haber taxis, colectivos, Uber, no vamos a poder llevar a los chicos al colegio, los docentes no van a poder concurrir a los establecimientos. Así como vamos, si no hay una reacción inteligente por parte del Gobierno nacional las consecuencias pueden ser gravísimas”, avizoró.
A su vez, Milman adelantó: “Obviamente el campo ya empezó a tener reacciones. El 27 de abril está previsto un tractorazo en la ciudad de Buenos Aires. Ha habido ya cortes de ruta en nuestra Provincia, en San Pedro y en otras localidades”.
“El Gobierno no tiene otra idea que para ir a buscar los dólares, en vez de liberar las exportaciones, que tocarles el bolsillo a los productores. Lo ha hecho con el complejo sojero y probablemente en el futuro vamos a ver cómo lo hace en el complejo del trigo, con decretos absolutamente inconstitucionales, pero hasta que la Justicia se expida pasa un proceso donde las consecuencias se agravan”, criticó y remarcó: “El campo está reaccionando y si la ciudadanía pasa un invierno crudo, al no tener calefacción y no tener los elementos mínimos para la subsistencia, vamos a tener a la gente en las calles y la situación va a ser muy compleja”.
Respecto al proyecto que presentó, el legislador de JxC comparó: “El Gobierno de Mauricio Macri había dejado un proceso de exportación de gas, llegamos a exportar gas, cambió la matriz energética y ahora nos convertimos en importadores de gas. Tenemos los barcos gasíferos en Bahía Blanca de gas licuado con el proceso de gasificación para ingresar a los gasoductos que llegan a los hogares y a las empresas”.
“Ese cambio en la matriz energética hace que la Argentina, que tiene la tercera reserva de gas en el mundo, en un contexto de crisis, pero donde los países exportadores de este producto están pudiendo colocar a precios nunca vistos en la materia prima del gas, la Argentina lo tenga que importar. Y como tenemos una crisis de la balanza de pagos, de la deuda, la Argentina no tiene reservas y no tiene dólares. El gas vale un precio que la Argentina no está en condiciones de poder pagar”, concluyó el diputado.
Diputados de JxC presentaron un proyecto para solicitar la presencia del titular de la cartera de Economía y del secretario de Energía en el Parlamento para que brinden explicaciones sobre las políticas energéticas.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Pamela Verasay, presentaron un proyecto por el cual se pide que el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Energía, Darío Martínez, den explicaciones ante la Cámara baja respecto al rumbo actual de política energética de la Argentina.
También piden que expliquen sobre “las situaciones coyunturales que de ella se desprenden para el presente ejercicio y sobre situaciones que han trascendido luego de que el secretario de Energía informara al ministro de Economía y al presidente de la Nación que, como consecuencia del ‘Techo de Caja’ impuesto por la Tesorería General de la secretaria de Hacienda, no se lograría cumplir, en el mes de marzo del corriente, el pago del gas que se importa de Bolivia”.
Entre otras cuestiones, solicitan que se den detalles sobre el estado de las negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las condiciones contractuales que se estarían negociando o se hubieran alcanzado a la fecha (particularmente en lo referente a volúmenes del suministro, precios, posibles revisiones contractuales y su periodicidad, vencimientos, etc.
Además exigen que informe sobre “otras alternativas contempladas por la Secretaria de Energía para cubrir el suministro de las centrales térmicas del país, frente a la posible suspensión por incumplimientos en los pagos con los proveedores de GNL importado; y sobre la estimación presupuestaria -frente a los nuevos valores del GLP- para cubrir las compensaciones para los productores de butano y propano de uso doméstico por el descalce entre Precios Máximos de Referencia establecidos mediante Resolución N°49/15 de la Secretaría de Energía y sus modificatorias y los valores actuales de GLP destinado al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR)”.
A su vez, quieren que los funcionarios detallen si, frente al escenario de escasez y caída en el suministro de gas para los meses de invierno, contemplan o estudian implementar cortes temporales en el suministro de algún sector.
“La situación energética en la Argentina es preocupante, y puso una situación de alerta máxima cuando al conocerse que mediante nota NO-2022-24313669-APN-SE#MEC, el Secretario de Energía Sr. Darío Martínez, informó al Ministro de Economía y al Presidente de la Nación que, como consecuencia al ‘Techo de Caja’ impuesto por la Tesorería General de la Secretaria de Hacienda impuesto mediante Nota NO-2022-22867542-APN-DPYCEF no se lograría cumplir, en el mes de marzo del corriente, el pago del gas que se importa de Bolivia, del Barco Metanero de GNL contratado por la estatal IEASA, ni los 17 barcos con gas oil contratados por CAMMESA para abastecer las centrales térmicas”, explicó Verasay.
En el mismo sentido, agregó: “La situación es extremadamente delicada, ya que sin energía no hay industria y sin industria se estaría asestando un duro golpe a la economía y a cualquier posible recuperación. Si bien, la situación de virtual ‘default’ con los proveedores energéticos para el mes de marzo parecería encontrar algún tipo de solución, es de vital importancia que se ponga en conocimiento del Congreso Nacional cuál es la situación para el resto de los meses, y principalmente en el inminente periodo invernal”.
“Este plan de contingencia debería ser informado a este Parlamento, a los sectores productivos y a la opinión pública en general, para la toma de conciencia de la compleja situación que enfrentará el sector energético de nuestro país en los próximos meses. El Gobierno debe dar a conocer de forma urgente su plan de abastecimiento para los próximos meses y establecer un plan de contingencia que incluya diferentes escenarios, medidas de mitigación y la probabilidad de faltantes en determinados sectores de la demanda”, finalizó.
Por más gas y petróleo. El Gobierno presentará una iniciativa que busca un esquema de incentivos con mayores autorizaciones a la exportación garantiza y de disponibilidad de divisas.
El Poder Ejecutivo nacional presentará en los próximos días en el Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el objetivo de establecer un esquema de incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.
Desde la Secretaría de Energía señalaron que el articulado de la iniciativa ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de Inversiones para los próximos 20 años, que “genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal”.
“Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país”, manifestaron al explicar que la futura norma “está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones”.
Para ello “se atienden los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno”, agregaron.
A su vez, trata uno de los históricos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.
Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.
La futura norma comprenderá a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.
En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.
Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.
Además, se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.
El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de US$ 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde US$ 30 millones a 3 años.
Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de US$ 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de US$ 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de US$ 400 millones anuales sostenidos en 5 años.
En este último caso el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad, en tanto que también se contempla proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.
En cuanto a otros beneficios fiscales regulares sólo tenderán a reducir el costo del gasto inicial de los bienes de capital para asegurar la viabilidad de la inversión de los proyectos mejorando la actual estructura, pero una vez en funcionamiento tributarán con las cargas impositivas previstas.
Se trata de beneficios en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles y derechos de importación a bienes de capital, en particular con una mención a los proyectos costa afuera que son más onerosos.
Finalmente, se aborda otro tema sensible para el sector como lo son los derechos de exportación, los que podrán oscilar en tasas del 0% al 8% de acuerdo a una fórmula de cálculo en base al precio internacional del crudo Brent, mientras que se ratifica que los volúmenes adicionales se mantendrán dentro de lo contemplado en el Decreto 488 del año pasado.
De esta manera, se explicó que en conjunto se asegura que se logrará fortalecer el ingreso de divisas y las reservas del BCRA, promoviendo, desarrollando e incrementando el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera.
El esquema apunta a alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino.
La iniciativa prevé dar un impulso al sector promocionando la producción convencional como no convencional -con distintos incentivos y requerimientos- y en todas las cuencas del país, así como todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas.
También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.
El senador radical consideró a la media sanción de la ley de Zona Fría de insuficiente e insistió en dar tratamiento a su proyecto de ley para “llevar alivio” a los consumidores de garrafas.
El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) consideró que a pesar de la media sanción de Diputados del proyecto de Zona Fría para reducir las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas “no queda claro qué sucede con la garrafa” en esos lugares. Por eso, propone que se considere servicio público.
“Más allá del voluntarismo del texto del proyecto aprobado ayer -por este jueves- en Diputados no queda claro qué sucede con la garrafa en las denominadas zonas frías y esto seguirá así si no se declara al GLP como servicio público. Se incluye la garrafa en el Fondo Fiduciario, pero no en el esquema de beneficios de rebaja. Lo que sí queda claro es que quienes están fuera de esas zonas y son usuarios de garrafas, seguirán padeciendo la arbitrariedad y falta de regulación en el precio”, argumentó el exvicepresidente.
El radical, autor del proyecto para declarar el GLP como servicio público, señaló que “el proyecto de subsidios al gas de la red domiciliaria alivia la situación de muchas familias, pero no recorta las diferencias e inequidades con miles de argentinos que utilizan gas en garrafa. Tengamos en cuenta que en Argentina hay más de 16 millones de usuarios de garrafas y que ni el conurbano ni las cuatro provincias que no tienen gas de red, se benefician con este proyecto de ley”.
En el mismo sentido, insistió en “la necesidad de declarar servicio público el Gas Licuado de Petróleo y así intervenir en el precio de las garrafas. El GLP no es servicio público, el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Es una lástima que, a pesar de los proyectos presentados en el Congreso para corregir esta inequidad, no se tengan en cuenta a estas familias”.
“Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Por eso la demanda social de garrafas de gas es muy grande. Frente a esa demanda, la respuesta del Estado resulta insuficiente, inequitativa o directamente inexistente. Queremos que se venda a precio regulado, razonable y uniforme en todo el país”, explicó Cobos.
El senador de la oposición concluyó: “Pido una vez más, que se trate con premura en el Senado mi proyecto número S679/20 para contemplar esta situación y llevar alivio a los consumidores de garrafas lo más pronto posible, más si tenemos en cuenta las bajas temperaturas que ya se hacen presente en nuestro país”.
Al proyecto de ley original presentado por el diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se le harían cambios de común acuerdo con otros bloques parlamentarios. Se sumarían Córdoba Capital y Rosario (Santa Fe). Este lunes exponen especialistas, el miércoles se emitirá dictamen y el jueves se lo incluiría en el temario de la sesión en Diputados.
El proyecto de ley de Zonas Frías, impulsado por el oficialismo junto a bloques aliados, comenzó a ser tratado este lunes en una reunión informativa conjunta -por videoconferencia- de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero luego obtendrá dictamen el miércoles y el jueves llegaría al recinto para obtener media sanción.
Según pudo averiguar parlamentario.com, la iniciativa sería más extensa y abarcará nuevas regiones de las provincias de Córdoba y Santa Fe. También a localidades de Catamarca, Jujuy y La Rioja.
Entre las nuevas localidades que se incluirían en el proyecto de ley, figurarían la ciudad santafesina de Rosario y Córdoba Capital.
Esta modificación le permitiría al oficialismo sumar los votos de los diputados cordobeses que responden al gobernador justicialista Juan Schiaretti y otros del socialismo santafesino, por lo que el proyecto de Zonas Frías tendría mayor respaldo a la hora de contar los votos en el recinto.
El proyecto original proponía la disminución de las tarifas de gas en municipios de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, tiene el beneplácito del Frente de Todos, Consenso Federal y del diputado nacional José Luis Ramón.
Las zonas del proyecto ampliado:
ARTÍCULO 67.- Prorrógase por diez años, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas del artículo 75 de la Ley Nacional N° 25.565, con las siguientes modificaciones, teniéndose como objeto financiar: a) las compensaciones tarifarias para la Región Patagónica y Mendoza.
San Juan: los departamentos de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete;
Salta: los departamentos de Cachi, Cafayate, La Puna, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos, la Región conocida como la “Puna”.
San Luis: departamento de General Pedernera.
Buenos Aires: Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.
Y agrega: “Las localidades que se encuentren dentro de la zona Bioambiental utilizada por ENARGAS, bajo norma IRAM 11603/2012, III, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, que -tengan en la actualidad o- en un futuro sean abastecidas de gas natural y/o gas licuado de petróleo de uso domiciliario, obtendrán en forma automática los beneficios aquí establecidos. Las empresas distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir dicha compensación por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales que se establece en este artículo; b) la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros para las mismas regiones, Provincias, Departamentos, Municipios y Partidos del inciso a) del presente artículo”.
Tratamiento exprés:
Tal como había adelantado parlamentario.com, Zonas Frías tendrá un tratamiento veloz en la Cámara baja.
Lunes 7: reunión informativa virtual del plenario de comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda.
Martes 8: los diputados miembros de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda deberán hisoparse para cumplir con el protocolo debido a la pandemia de coronavirus.
Miércoles 9: reunión plenaria presencial de comisiones de Energía y de Presupuesto para dictaminar favorablemente.
Jueves 10: tratamiento del proyecto en el recinto de Diputados.
La visión de Enargas
El titular del Enargas, Federico Bernal, explicó que “se hizo un estudio teniendo en cuenta información del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas, y se trazó un mapa en el que se incluyeron estas regiones” denominadas “zonas frías”.
Bernal agregó que “sobre el total de los nuevos beneficiarios, 2.300.000 van a recibir un 30% de descuento y 450.000 un 50%, contemplando criterios de vulnerabilidad para recibir la tarifa social”.
El proyecto
El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
¡Dale Gas! La iniciativa presentada por el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner junto a varios aliados tardó casi un mes en llegar a comisones, pero será aprobada con un tratamiento veloz.
El proyecto de ley de Zonas Frías, impulsado por el oficialismo junto a bloques aliados, comenzará a ser tratado el próximo lunes en una reunión informativa conjunta de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero luego obtendrá dictamen el miércoles y el jueves llegaría al recinto para obtener media sanción.
Casi un mes después de ser presentado, Zonas Frías logró tener tratamiento en comisión, por lo que la cita será el próximo lunes 7 a las 15, según pudo averiguar parlamentario.com.
Fuentes parlamentarias adelantaron como será el tratamiento veloz que recibierá el proyecto de ley que impulsa el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
El lunes 7 habrá un plenario informativo de modo virtual en el que participará el titular de Energas, Federico Bernal.
El martes 8 los diputados miembros de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda deberán hisoparse para cumplir con el protocolo debido a la pandemia de coronavirus.
El miércoles 9 habrá reunión plenaria de comisiones de Energía y de Presupuesto para dictaminar favorablemente y llevar el proyecto oficialista con dictamen de mayoría al recinto de la Cámara baja el jueves 10.
El proyecto, que propone la disminución de las tarifas de gas en municipios de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, tiene el beneplácito del Frente de Todos , Consenso Federal y del diputado nacional José Luis Ramón.
La visión de Enargas
El titular del Enargas, Federico Bernal, explicó que “se hizo un estudio teniendo en cuenta información del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas, y se trazó un mapa en el que se incluyeron estas regiones” denominadas “zonas frías”.
Bernal agregó que “sobre el total de los nuevos beneficiarios, 2.300.000 van a recibir un 30% de descuento y 450.000 un 50%, contemplando criterios de vulnerabilidad para recibir la tarifa social”.
El proyecto
El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
Las zonas beneficiadas
Este beneficio se aplicará en Mendoza, en los departamentos de San Juan, de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete.
También en los departamentos de Salta de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos; la Región conocida como la “Puna” y en el Departamento de San Luis General Pedernera
Y en los municipios bonaerenses del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid y Coronel Suárez.
También en Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.
¡Dale gas! Con celeridad, el oficialismo y bloques aliados pretenden avanzar con la iniciativa avalada por Máximo Kirchner para que esté aprobada antes de la llegada del invierno.
El proyecto de ley de Zonas Frías, que busca bajar los costos del servicio del gas en regiones del país que padecen bajas temperaturas, podría ser tratado en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para avanzar con rapidez para que la iniciativa sea aprobada antes de que el clima sea aún más frío.
Así lo aseguró el diputado aliado al Frente de Todos, José Luis Ramón (Unidad y Equidad), quien explicó en Diputados TV que espera que la semana próxima se pueda avanzar en la Comisión conjunta de Presupuesto y Energía en el análisis del proyecto.
“Se trata de un compromiso asumido por el presidente de la Cámara -Sergio Massa- en la presentación”, indicó el legislador mendocino respecto al lanzamiento de realizado este jueves junto al jefe de bloque del FdT, Máximo Kirchner y otros legisladores.
“Esperamos tener rápidamente el dictamen entendiendo que se vienen las bajan temperaturas y que contamos con el apoyo político del oficialismo en el Congreso”, dijo Ramón.
En ese sentido, sostuvo: “La verdad es que luego de mucho tiempo de golpear puertas, valoramos que se concretara este reclamo histórico en un trabajo conjunto porque de aprobarse va a beneficiar a 480.000 familias de mi provincia, ya que es un proyecto que viene a beneficiar directamente al bolsillo familias trabajadoras y de clase media”.
Otro de los que trabajó en el proyecto es el diputado de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien planteó: “Estamos dando un paso importantísimo, que es unificar criterios y lograr el consenso de muchos sectores políticos para dar respuesta a un justo y antiguo reclamo. He dialogado con todos para lograrlo. Volveré a hacerlo las veces que sea necesario, si es en beneficio de Tandil”, remarcó.
Por su parte, la diputada bonaerense del Frente de Todos, Liliana Schwindt, expresó que “el acceso a la calefacción es un derecho y no puede ser que un jubilado, un trabajador independiente que la pelea todos los días en este contexto de pandemia tenga miedo de prender una estufa porque no sabe si lo podrá pagar, al implicar un amplio porcentaje de su salario”.
La iniciativa, consensuada con bloques de la oposición, propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que se sumarían a la Patagonia. Son lo que se denominan “zonas frías”.
Con la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, se presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de tarifas diferenciales de gas para más de tres millones de personas, que amplía el beneficio que actualmente rige para la región patagónica.
La iniciativa propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que por sus bajas temperaturas se consideran “zonas frías”.
El proyecto fue fruto de un trabajo en conjunto con la oposición, por el cual se unificaron propuestas de los diputados Liliana Schwindt (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).
La presentación formal, realizada en el Salón de Honor, fue encabezada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y participaron la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y las diputadas Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Roríguez y Jimena López, además de los autores de los proyectos.
Massa destacó que la iniciativa “implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo”.
Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto significa “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.
“Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.
El oficialista explicó que “lo que (los usuarios) no destinen al gas, lo van a usar para mejorar sus calefactores, que en las zonas más frías además tienen más uso porque la temporada de bajas temperaturas dura más tiempo”.
Para Kirchner, “este proyecto está en línea con el compromiso que asumimos en 2019 junto con el presidente: buscar alternativas para, de a poco y a pesar de la pandemia, en un contexto complejo donde muchos han perdido a seres queridos, ir avanzando y salir del infierno en el que nos dejaron”.
“Es muy saludable que lo hagamos de manera conjunta con otros bloques y vamos a darle tratamiento lo más pronto posible porque es en beneficio de nuestra gente”, concluyó el titular de la bancada oficialista.
El proyecto da respuesta a una demanda histórica por parte de asociaciones de defensa de usuarios y consumidores de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y 54 municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.
Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad -se tomaron quienes están comprendidos en el decreto presidencial 311/20-.
En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.
El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.
Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.
En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.
Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.
Además de la Patagonia, quedarán comprendidos:
El diputado puntano argumentó que la provincia “comparte temperaturas medias anuales con otras zonas beneficiadas por este subsidio”.
El diputado nacional José Luis Riccardo (UCR) presentó un proyecto de modificación del artículo 75 de la Ley de Presupuesto Nacional, referido al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, sobre el financiamiento de compensaciones tarifarias incorporando a la provincia de San Luis a las regiones ya existentes.
En particular, las compensaciones están dirigidas a distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, que deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la Región conocida como “Puna”. El puntano busca agregar aquí a San Luis.
En los fundamentos de su proyecto, el legislador radical señaló que la provincia “comparte temperaturas medias anuales con otras zonas beneficiadas por este subsidio”. “Queremos llevar un alivio en las tarifas para el uso domiciliario del gas en uno de los peores momentos en muchos años para la economía familiar y cuando tenemos el invierno por delante”, sostuvo.
Y continuó: “San Luis tiene temperaturas invernales similares a muchas regiones que hoy tienen el beneficio de zonas desfavorables. Es justo que los beneficios del fondo fiduciario para el gas lleguen también a San Luis para que los puntanos paguen tarifas más bajas en el peor momento de la economía”.
Finalmente, Riccardo solicita la prórroga del plazo de vigencia del Fondo, por 10 años más, en el entendimiento que “las condiciones socioeconómicas de la población no han mejorado y de haber recuperación no será inmediata”.
En ese marco, se advierte sobre el fuerte déficit del sector.
La situación energética del país vuelve a ingresar en el ojo de la tormenta, ya que en los últimos meses se constató caída de producción de petróleo y gas, especialmente en el mes de febrero.
Precisamente, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi adelantó que en ese mes la producción de petróleo y gas del país registró un retroceso del 5,1 y 10,7 por ciento respectivamente.
El informe detalla que en febrero de este año la producción de petróleo mostró además un retroceso del 6,8% acumulado anual.
A su vez, en ese mismo mes, la producción de Gas disminuyó 10,7% interanual y 10,3% acumulada.
“Se redujo en todas las mediciones. En febrero, por quinto mes consecutivo, la producción no convencional disminuyó más que la convencional: se redujo 14,8% interanual”, expresa el informe.
Por otra parte, señala que la cuenca neuquina, donde se encuentran la mayoría de los desarrollos No Convencionales, fue la de mayor caída del país mostrando una reducción del 14,6% interanual y 12,5% acumulada en su producción.
“La producción total acumulada durante los últimos doce meses se redujo 10,3% (13.8 MMm3). Por su parte, en el mismo periodo la producción acumulada de YPF se redujo 21,5% (8.8 MMm3/d) explicando el 64% de la caída de la producción total de gas en el periodo y el 87% de la reducción de las tres principales productoras. YPF y Tecpetrol representan el 60% de la producción de gas de Vaca Muerta, y explican la caída de la producción de esta formación en los últimos doce meses”, detalla el Instituto.
Con relación a la demanda, se puntualiza que en febrero de 2021 las ventas de naftas y gasoil aumentaron 4,8% interanual y disminuyeron 5,8%, respectivamente.
Los diputados del Frente de Todos y Unidad Federal para el Desarrollo expusieron en el encuentro convocado por la Secretaría de Energía. Qué dijeron.
Durante la primera audiencia pública para definir el precio de las tarifas del gas, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó la importancia de este debate “como instancia de participación popular, en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas”.
“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias -continuó-, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.
Al momento de tomar la palabra, dentro de una lista de 42 oradores, la economista remarcó “el impacto favorable que tiene la política de subsidios para los hogares y el sector productivo, después de los años de ajuste y recesión macristas y a un año del inicio de la pandemia”.
“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, resaltó la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados.
La primera audiencia se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y también a determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.
La audiencia empezó a las 10, convocada por la Secretaría de Energía a través de la resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.
Otro punto que abordó Vallejos es la relación entre los “tarifazos” durante la gestión de Macri y la inflación durante ese período: “Lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate, también, sobre la inflación que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión -inducida por la demanda- y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad”.
Vallejos reforzó cómo los “tarifazos” durante el macrismo alentaron los altos niveles de inflación. “La política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo, a pesar de la política monetaria de ‘emisión cero’, con el nivel más alto en 3 décadas: 55% de inflación en 2019”, precisó la diputada oficialista.
Asimismo, cuestionó que durante el macrismo, además de reducirse los subsidios, los argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas. “Durante esos cuatro años, el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero, en cambio, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas, con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Sólo durante los primeros 2 años de gobierno de Macri esa transferencia alcanzó a USD 16.000 millones”, detalló.
Por otro lado, alertó que, lejos de realizar las inversiones necesarias, las empresas de la producción, el transporte y la distribución fueron protagonistas de la fuga de capitales. “Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos, registrados en el balance cambiario del BCRA, entre 2015 y 2019, fue escandalosa”, aseveró, y acto seguido detalló el listado de las mismas.
Por último, en el marco de la pandemia de coronavirus, Vallejos sostuvo que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar el costo real de producción del gas y la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad”.
Representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, abogados y economistas, entre otros, coincidieron en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población. También subrayaron que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo.
“No podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”, planteó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.
En tanto Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos de la era Macri. “Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5.000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó.
En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. “Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó.
A su turno, José Luis Ramón, diputado y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sostuvo que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.
Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. “La justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de USD 3,51. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de USD 7,60″. Y remató: “Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800% del ajuste del valor trasladado a los usuarios”.
Vuelve al ruedo un proyecto de la senadora kirchnerista Pilatti Vergara que había perdido estado parlamentario y que pretende procurar el acceso universal a los servicios públicos.
En su presentación inicial, en tiempos de Cambiemos, el proyecto no pudo avanzar. Ahora, y a manos de su autora, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, la idea regresa con un amplio acompañamiento y en el marco de una pandemia que visibiliza aún más el incumplimiento de las prestadoras, según enfatiza su propia autora.
El proyecto, que había perdido estado parlamentario y fue presentado nuevamente por la legisladora chaqueña, obliga al Estado, a los fines del desarrollo económico nacional y “la más justa distribución del ingreso y de resguardar la salud y dignidad humana”, asegurar que los servicios públicos sean prestados en forma económicamente eficiente y satisfactoria, cumpliendo estándares de calidad y seguridad; procurando el acceso universal a los servicios públicos a los que se hizo referencia.
Asimismo, compromete a fomentar la educación para el consumo responsable, asegurar acceso a la información adecuada y veraz sobre todo lo referente a los prestadores de estos servicios públicos y a adoptar los recaudos necesarios para que se efectúen inversiones que aseguren el suministro de las prestaciones a largo plazo con la más apropiada tecnología, entre otras cuestiones.
En su iniciativa, Pilatti Vergara explica que, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió “reducir considerablemente los subsidios a las empresas prestatarias con sus bien conocidos tarifazos con alzas de hasta el 500 %, anuló la asequibilidad de los servicios para gran parte de la población”.
Además, afirmó que “la garantía de acceso a los servicios no se logra estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición económica privilegiada”.
“Buscamos otorgar a las instituciones y a la ciudadanía en general, una herramienta que sirva para establecer de manera irrefutable el acceso posible de estos servicios esenciales, para protegerlos y garantizarlos. No se trata de una mera prestación de un servicio público, se trata de la dignidad y a la salud de nuestros ciudadanos, de lograr una más justa distribución del ingreso y mayores niveles de equidad social e igualdad de oportunidades. Aquí no pueden primar solamente las leyes del mercado”, señaló al respecto la senadora.
Por Darío Martínez. El titular de la Comisión de Energía de la Cámara baja brinda detalles de una iniciativa que busca promover la inversión y producción del fluido.
El Gobierno está ultimando los detalles finales de la decisión que pondrá en marcha la actividad hidrocarburifera en el país.
En este primer paso, se trata del Esquema GAS 2020/2024, que tiene por objeto promover el desarrollo de la inversión y la producción de gas, motorizando la puesta en funcionamiento de equipos de perforación.
Esta herramienta será compatible con el segundo paso que constituye la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, cuyo proyecto fue anunciado por el Presidente en el mensaje de apertura de sesiones en el Congreso, y quedó demorado por las condiciones internacionales que impuso la crisis económica global generada por la pandemia, pero que sigue en estudio y en la consideración especial del Gobierno.
Este Plan Gas 4, en cuyo diseño venimos colaborando con el ministro Matías Kulfas, y el Subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales, tiene como inicio tentativo el mes de octubre, y busca garantizar la producción nacional necesaria para satisfacer la creciente demanda interna en estos próximos 4 años. El objetivo es evitar la importación de gas en invierno provocando el consiguiente ahorro de divisas, y, simultáneamente, garantizar saldos exportables que permitan la generación de recursos genuinos.
Para ello, se licitará la compra y el abastecimiento del fluido por cuatro años, utilizando como herramienta, la libre competencia de las empresas productoras, que deberán ofertar volúmenes y precios, hasta completar un bloque estable de 70 millones de m3 diarios durante el cuatrienio que dure inicialmente el Plan.
El Estado Nacional garantizará el pago del precio adjudicado, mediante un Fondo Fiduciario que compensará la diferencia que se produzca por la aplicación de las políticas tarifarias que se establezcan, adecuadas a las necesidades de los distintos segmentos de consumidores domiciliarios, comerciales e industriales.
Este diseño de Plan, ofrecerá un horizonte a mediano plazo de precio, demanda y otras condiciones que requieren las empresas productoras para decidirse a invertir y poner en marcha la producción, impulsando la actividad económica de trabajadores y empresas en todas las regiones productoras.
Anualmente, se plantea licitar otro bloque estacional menor para cubrir la demanda invernal.
El mecanismo de licitación y abastecimiento contempla también cupos por cuenca, garantizando la participación de todas las regiones productivas.
La licitación tendrá adicionalmente el atractivo de privilegiar con cupos garantizados de exportación, a las empresas que ofrezcan mayor volumen de gas al menor precio para cubrir el bloque fijo que abastecerá la demanda interna.
Si bien aún se continua estudiando, se podría establecer un precio tope de licitación que podría rondar los 3.40/3.50 U$D el millón de BTU, un valor que se aproxima a la mitad del que hoy establece la Resolución 46 del ex secretario Juan José Aranguren.
Este Plan, que tiene a la cuenca neuquina como principal productora y proveedora, generará sin dudas el movimiento de la economía regional, y el fortalecimiento de las finanzas provinciales por mayor recaudación de regalías e impuestos.
Darío Martínez es diputado nacional del Frente de Todos. Presidente Comisión de Energía
La iniciativa fue presentada por la santacruceña Roxana Reyes, quien solicitó “medidas urgentes” para los usuarios afectados por “sobreprecios” y reclamó por la construcción de un gasoducto.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) presentó un proyecto en el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de ENARGAS, tome “medidas urgentes para ayudar a las familias más vulnerables de la Patagonia que aún no cuentan con redes de abastecimiento de gas natural y pagan sobreprecios por la provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.
La radical enfatizó que “es sumamente necesario y, sobre todo en el actual contexto de pandemia, donde muchas familias vieron disminuidos sus ingresos, que se tomen medidas para equiparar las tarifas a los usuarios de GLP en relación a aquellos que viven en localidades que tienen la suerte de estar conectados al gasoducto nacional”. “Se deben mitigar las consecuencias económicas que significa la no construcción del gasoducto nacional en las provincias patagónicas”, reclamó.
En ese sentido, la santacruceña señaló que “hay una gran desigualdad porque hay hogares humildes en muchas localidades patagónicas que no tienen acceso a la red de gas natural del tendido nacional y no les queda otra solución que pagar cuatro veces más por la única alternativa que tienen, que es utilizar un combustible alternativo, garrafas y tubos de GLP para calefaccionarse o cocinar y otras cuestiones”.
La legisladora insistió en que se deben “mitigar las consecuencias de no tener al día de la fecha en funcionamiento ni en construcción el gasoducto nacional en las provincias patagónicas”, y remarcó que en las últimas semanas hubo vecinos de Río Gallegos, Perito Moreno y Gobernador Gregores que “pagaron facturas por montos que van desde los 4 a los 15 mil pesos”.
“Estamos hablando de zonas donde el clima en invierno es crudísimo, y donde este recurso se vuelve muchísimo más necesario para calefaccionar la vivienda. Necesitamos que el Estado Nacional tome las riendas y ayude a estas familias especialmente en un momento como el actual donde la falta de ingresos se ve profundizada enormemente por el impacto pandémico del Covid-19”, concluyó Reyes.
La senadora Ana María Ianni es autora de un proyecto al respecto, que busca subsanar los “incrementos exorbitantes” que se dieron con la gestión anterior.
La senadora nacional por Santa Cruz Ana María Ianni (Frente de Todos) presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que restablezca el subsidio de gas a los consumos residenciales en las provincias patagónicas, los cuales fueron recortados por el gobierno anterior.
“Los aumentos desmedidos en las tarifas de gas de la pasada gestión perjudicaron a los ciudadanos del sur de nuestro país con incrementos exorbitantes alcanzando montos irracionales en proporción a los ingresos, muchos de ellos quedaron en situación de morosidad”, sostuvo Ianni.
La legisladora reconoció “la complicada situación que está atravesando nuestro país y el mundo por la pandemia del Covid-19”, pero consideró “necesario que los organismos que correspondan busquen una solución para los ciudadanos patagónicos, tan castigados con el gobierno saliente”.
Por otra parte, Ianni acompañó otro proyecto presentado por la chubutense Nancy González que busca que aquellas exportaciones para consumo que se realicen por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, gocen de una compensación adicional a la exportación, tal como ocurría desde el año 1983 hasta que el gobierno de Mauricio Macri lo derogó por decreto.
