La senadora Silvina García Larraburu (FdT) presentó un proyecto de ley de “Fomento de medidas contra los gases de efecto invernadero e implementación de la huella de carbono”, con el propósito de establecer políticas que impulsen la disminución de la emisión de gases efecto invernadero (GEI) y transición energética de nuestro país.

La iniciativa va en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y está enmarcado en la preservación del ambiente y el fomento de un crecimiento económico-social sustentable.

“El foco está en la protección ambiental, proponemos la implementación de un sistema de medición de los gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro territorio e impulsamos una política de valorización de productos que contengan etiquetado de huella de carbono”, explicó la legisladora.

Además, el proyecto propone un plan de mitigación/compensación de emisiones para combatir el calentamiento global.

“En este contexto global, las políticas de valorización e inclusión de productos que contengan etiquetado de huella de carbono son imperativas, por ello este proyecto se focaliza en acciones de promoción y en la difusión de su consumo en nuestros procesos industriales y productos elaborados. Las acciones concretas en materia de tutela ambiental no pueden esperar”, completó la rionegrina.

El proyecto presentado por el senador bonaerense Andrés De Leo, buscar posibilitar contar en la provincia realizar un registro, monitoreo y estudio de impacto de la actividad dada en el territorio y su correlación y efectos causales vinculados a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

“Desde Bahía Blanca, y con la participación de actores de toda la Provincia, se pueden definir las estrategias necesarias para el buen desempeño de la agencia propuesta”, dijo el autor de la iniciativa.

La propuesta del legislador de Juntos, prevé la creación de una Agencia para el Cambio Climático en la provincia de Buenos Aires, que gestionará, intermediará y tramitará ante el Estado Nacional y/o estados provinciales, las autorizaciones, habilitaciones y convenios que fueran necesarios para contribuir a evitar el cambio climático. También fiscalizará las actividades objeto de la presente Ley.

La Agencia también tendrá como función impulsar y promover la generación de programas y desarrollos provinciales de investigación, monitoreo e impacto vinculados a la emisión y sumideros de gases de efecto invernadero, contemplando la Huella de Carbono como medida internacional para evaluar las contribuciones y aportes ambientales en esta materia.

El proyecto presentado por De Leo también contempla la creación de un Observatorio Provincial del Cambio Climático, que estará a cargo de la Agencia, y que tendrá las funciones de establecer guías de asistencia, tratamiento y financiamiento; colaborar activamente brindando acompañamiento a las personas y entidades bonaerenses que lo requieran para afrontar la etapa de transición hacia energías renovables y prácticas favorables a evitar el calentamiento global.

Además, se busca que el Observatorio pueda proporcionar estadísticas que colaboren con la implementación de políticas públicas; y promover el diseño de programas tendientes a que la provincia genere cero emisión de gases de efecto invernadero o resulte carbono negativa.

“La aprobación de la presente ley demostrará el camino que ambas cámaras están dispuestas a desandar, sin negacionismos, frente a las conclusiones de nuestros científicos sobre el cambio climático, coincidiendo que la transición es también un proceso que requiere de una estrategia consensuada y particular”, fundamentó De Leo.

Y agregó: “por ello se crea un organismo ad hoc, vinculado al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) pero se pretende un abordaje transversal hacia el resto de las carteras y organismos provinciales”.

“En términos de gestión y puesta en funcionamiento, impulsamos el re direccionamiento de fondos, que en el presente ejercicio se afectan a sostenibilidad y medio ambiente, para afectarlos a la puesta en marcha de la agencia, evitando así la generación de un nuevo gasto para el Estado Provincial”, informó el autor del proyecto.

Los GEI son producidos naturalmente y se encuentran en la atmósfera. Permiten, en equilibrio, un ambiente propicio para la vida. No obstante, su emisión viene incrementándose por la actividad antropológica desde la etapa preindustrial. En la actualidad ha provocado la suba de la temperatura global del planeta, generando cambios trascendentales como la retracción de los hielos continentales o sequías, incendios, inundaciones y olas de calor más frecuentes.

Argentina, si bien no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto, ratificó el acuerdo previa aprobación del Congreso Nacional el 13 de julio de 2001, a través de la Ley Nacional 25.438. Por lo tanto, se comprometió con el control y reducción de sus emisiones.

“Debemos estar atentos a las señales que envía el mundo en materia ambiental, pero también a las señales que nos envía el Interior de nuestra provincia, también desde el Conurbano y desde las grandes ciudades, todos sectores con realidades diferentes pero con un futuro común en materia medioambiental”, señaló el legislador bahiense.

En este sentido, De Leo señaló que “es por ello también, su sede se corre del conglomerado de oficinas gubernamentales del Ejecutivo Provincial para asentarse en la ciudad de Bahía Blanca, donde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible cuenta con oficinas y personal profesional desde hace varios años”.

“Argumentan además la elección de Bahía Blanca como sede de la Agencia propuesta, que en esta ciudad se encuentra una importante sede del CONICET con varios institutos científicos, un gran polo petroquímico en expansión, un puerto de envergadura, varias universidades públicas y privadas, reservas naturales y zonas con especies protegidas, un nodo de transporte multimodal”, indicó.

Para finalizar, el senador y presidente de la Coalición Cívica bonaerense expresó que “se trata (Bahía Blanca) de una región con gran número de aerogeneradores, con varias iniciativas en marcha sobre la medición de huella de carbono, con un organismo municipal (Comité Técnico Ejecutivo-CTE) con recursos profesionales y materiales de prestigio vinculado al monitoreo de las industrias de tercera categoría y del medio ambiente, más una población superior a los 300 mil habitantes con una marcada conciencia ambiental”.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) presentó este lunes un proyecto de ley para promover, a través de un régimen de incentivos, la medición, reducción y compensación de la huella de carbono en todo el territorio nacional, a fin de contribuir con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer las políticas climáticas en el marco de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Desde un proceso de construcción colaborativa y de apertura a la ciudadanía, el anteproyecto de esta propuesta fue compartido en el Portal de Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados. En esta plataforma y durante el lapso de un mes, se recibieron 31 aportes y 43 apoyos, que fueron evaluados para integrarlos a la versión final, la que recolectó además el apoyo de más de una veintena de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio.

La propuesta busca, a partir de incentivos fiscales y crediticios, fomentar la participación voluntaria del sector privado en la gestión de su huella de carbono, alentando para ello la transformación de actividades hacia el uso sostenible de los recursos y el desarrollo neutro en carbono, como parte de una estrategia de largo plazo que potencie la acción climática.

En ese sentido, se apunta a impulsar el compromiso climático a nivel individual y corporativo partiendo de la medición y el reporte de la huella de carbono que generan, a través de un registro y un sistema de monitoreo, para así promover la reducción y la compensación a través de diversas alternativas.

“El contexto climático global exige una respuesta sistémica, urgente y decidida. En la Argentina, las emisiones per cápita se encuentran por encima de la media de países del G20, por lo que es imperativo fortalecer las políticas climáticas nacionales y potenciar aún más los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el corto plazo, como una verdadera oportunidad para acompañar una recuperación postpandemia con bajas emisiones y respaldar nuestros compromisos internacionales”, advirtió Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La Argentina, de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo de París, presentó a fines de 2020 su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), por la cual se comprometió a emprender acciones para estabilizar y reducir de manera progresiva las emisiones de cara al 2030 y a elaborar en 2021 el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, además de reafirmar la meta de carbono neutralidad para 2050. Más allá de reportar un avance en términos de su ambición, la nueva NDC es calificada como “insuficiente” para limitar el aumento de temperatura muy por debajo de 2°C y preferiblemente a 1,5°C, como plantea el Acuerdo de París.

“Es necesario y urgente que los compromisos climáticos enunciados en palabras se traduzcan en el corto plazo en acciones concretas y ambiciosas en todos los ámbitos de toma de decisiones públicas. Toda política que pensemos hoy debe considerar los objetivos globales de limitación del aumento de temperatura, abrazando una estrategia de desarrollo que integre el bienestar social, el progreso económico y el cuidado del ambiente desde una perspectiva de equidad intergeneracional”, enfatizó la legisladora cordobesa.

La huella de carbono es un indicador que mide las emisiones de gases de efecto invernadero que generan directa o indirectamente personas, instituciones, organizaciones o empresas en un período determinado. La medición representa un paso fundamental para conocer el impacto que se genera a nivel individual y así evaluar posibles medidas de reducción.

A su vez, esta iniciativa promueve la compensación como último eslabón para equilibrar aquellas emisiones que no pueden reducirse, bajo un enfoque de carbono neutralidad. Desde ese marco, se alienta el desarrollo de proyectos de compensación en la Argentina mediante la conservación y regeneración de ecosistemas que absorben emisiones, como los bosques nativos, y la reducción de emisiones significativas por medio de energías renovables.

El proyecto prevé el establecimiento de un sistema uniforme de medición de emisiones de GEI, basado en estándares internacionales; etiquetas de huella de carbono como una herramienta informativa para reconocer los esfuerzos voluntarios; el diseño de incentivos fiscales y crediticios para la inversión en tecnología, procesos y productos de baja generación de GEI; metas obligatorias de gestión de la huella de carbono del Estado junto a metas de medición para los sectores de mayor participación de emisiones a nivel nacional, entre otras medidas.

Entre los cofirmantes figuran Maximiliano Ferraro, Mario Arce, Federico Zamarbide, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Gonzalo Del Cerro, Albor Cantard, Ana Carla Carrizo, Gabriela Lena, Lidia Ascarate, Camila Crescimbeni,Mariana Stilman, Mónica Frade, Victoria, Morales Gorleri, Alberto Asseff, Ximena García, Federico Frigerio, Mariana Zuvic, Gerardo Cipolini, Diego Mestre, Jorge Enríquez, Claudia Najul y Alicia Terada.