En la última reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en plenario con Presupuesto y Hacienda, avanzaron cinco dictámenes respecto de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que el Gobierno nacional decidió dejar de pagar desde el comienzo de este año.

La oposición no cerró un consenso en torno al tema, mientras que el oficialismo -con sus aliados- rechazó que vuelva a tener vigencia, bajo el argumento del “equilibrio fiscal”, premisa del presidente Javier Milei, quien ya anticipó que le va a importar “tres carajos” vetar leyes que a su consideración atenten contra ese objetivo.

A partir de los distintos proyectos que culminaron en esos dictámenes, la Oficina de Presupuesto del Congreso realizó un informe sobre cuál sería el costo fiscal que tendría la vuelta del FONID únicamente para 2024.

Del estudio elaborado por el organismo de asistencia técnica a los legisladores se desprende que se trataría de un gasto equivalente al 0,21% del PIB, que representa $1.294.770 millones. “Si se realiza el supuesto de no considerar la inflación del último trimestre de 2023 y se aplica la inflación mensual de 2024, el gasto se estima en 0,16% del PIB”, agrega.

Esto tiene en cuenta que las iniciativas, que establecen la prórroga por diferentes plazos para el FONID, hablan de abonar de forma retroactiva los meses pasados y luego continuar con el devengamiento mensual.

La OPC recordó que el FONID fue creado para el “mejoramiento” de las remuneraciones docentes, como un complemento remunerativo y no bonificable, y fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, aún vigente, ambos cubiertos con partidas previstas en el Presupuesto Nacional, pero durante este año no se realizaron pagos por estos conceptos.

“En 2023 los gastos asociados al programa presupuestario Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron una participación de 0,18% del PIB. En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto, entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad”, detalla el informe.

En caso que se restituyera el FONID, según las proyecciones para este año, los importes individuales oscilarían entre $43.994, en enero, y $ 90.786, en diciembre. “Si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PIB cada 100.000 docentes”, sumó el organismo.

La Ley 25.053, promulgada el 10 de diciembre de 1998, estableció la creación del FONID, que tenía como objetivo principal el mejoramiento de la retribución de los docentes de todo el país, tanto de gestión estatal como privada subvencionada.

El FONID fue creado inicialmente por el término de cinco años, aunque fue prorrogado sucesivamente por distintas leyes y decretos de necesidad y urgencia. La última prorroga se realizó mediante el DNU 88/2022 por el termino de dos años a partir del 1ro. de enero.

La OPC indicó que en 2023 los gastos asociados al FONID “tuvieron una participación de 0,18% del PIB”. Durante 2024, al 24 de mayo se devengaron $47.456 millones, de los cuales se pagaron $3.683 millones a las provincias de Santiago del Estero ($1.525 millones), Misiones ($1.476 millones), La Rioja ($397 millones), Catamarca ($227 millones), Corrientes ($47 millones) y Chubut ($12 millones), montos correspondientes a pagos adeudados del año 2023. “Esto implica que, en términos prácticos, durante 2024 no se realizaron pagos ni por FONID ni por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”, aclaró la OPC.

En lo que respecta a los beneficiarios del FONID, según los registros obrantes en la Secretaría de Educación, en el último trimestre de 2023 una media mensual de 1.147.852 docentes (1.558.341 cargos contemplados) recibieron estos fondos pertenecientes a los cuatro niveles educativos: inicial, primario, secundario y superior, cuyo monto promedio mensual por persona en concepto de FONID fue de $25.000.

El intendente de Lanús Néstor Grindetti decretó una serie medidas con el objetivo de limitar el gasto público, entre las que se destacan la restricción del incremento de la planta política, cajas chicas, gastos de representación, viajes al exterior y la compra de vehículos para las secretarías del municipio hasta finales del 2022. 

Esta iniciativa oficial se da en el marco de la nueva mesa de diálogo con los gremios municipales con quienes se llegó a un acuerdo para adelantar el 8% de incremento de septiembre a agosto, un nuevo aumento del mismo porcentaje para las categorías de menores ingresos y la devolución del descuento por el paro realizado el día 7 de junio. 

El decreto n° 3133/22 lleva la firma del jefe comunal, Néstor Grindetti y expone una serie de medidas atentas a limitar el gasto público. 

Asimismo, el jefe comunal está trabajando en un paquete de iniciativas para alivianar la carga fiscal e impositiva de los comercios, industrias y pymes del distrito, continuando con las medidas adoptadas a comienzos del 2022 y que se darán a conocer en los próximos días. 

En sus redes sociales, Grindetti indicó: “Esta iniciativa responde a una serie de medidas que ya tomamos y que seguiremos tomando para paliar y acompañar en el gran esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y los lanusenses en este momento tan delicado desde lo social y económico”. 

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley para que el salario de los diputados y senadores tenga como tope máximo, el aumento previsional que se aplica a los jubilados de todo el país. 

Vidal se refirió a que “en este momento de tanta angustia, en el que muchísimos argentinos no llegan a fin de mes, no se puede seguir sintiendo que el que vive de la política vive mejor que ellos”. 

La exgobernadora bonaerense admitió además que el Congreso debe tener un tope al gasto: “De la misma manera que lo hice cuando fui gobernadora, en donde ya había un tope, pero hice que ese tope fuese muchísimo más bajo, logramos que ese tope sobre el total del presupuesto provincial, fuese más bajo”, agregó. 

Días atrás, Vidal propuso un proyecto de ley donde impulsa eliminar los haberes jubilatorios extraordinarios vitalicios que perciben hasta el momento todos los jefes de estado y sus vices: “No se le puede pedir más ajuste a los argentinos si primero no se ajusta la política”, argumentó Vidal al referirse al proyecto de su autoría y acompañado por una docena de diputados. 

Con el inicio del período electoral, diversos consultores económicos han advertido en las últimas horas sobre la expansión del gasto público, lo que ha llevado a un fuerte crecimiento de la emisión monetaria, lo que generará mayores problemas para el mediano y largo plazo con la evolución inflacionaria.

Sobre estos aspectos, la consultora Castiglioni Tiscornia remarcó en su último informe que “durante la última semana se consolidó el clima preelectoral, marcado por una combinación de mayor liquidez, producto de la política fiscal expansiva, con una tendencia habitual en tiempos de incertidumbre y cepo, que consiste en la tendencia de mayor demanda de dólares”.

El trabajo sostiene que pese a los fuertes controles, durante la última semana se evidenció una presión sobre los tipos de cambio formales, y sobre todo, se volvió a registrar aumento del dólar blue.

“La expansión fiscal ya comenzó en junio, pero se acentuará en estos meses, después de un fuerte ajuste en los primeros cinco meses del año. En junio, con unos $ 89.734 millones de aporte solidario e ingresos record por retenciones, el déficit fiscal fue de $ 153.217 millones”, expresó la consultora.

En ese sentido sostuvo que el aumento de la deuda y la mayor emisión del BCRA para financiar al Tesoro ya comenzó a evidenciarse y consideró que como elemento positivo para contener estas presiones, la vicepresidente dejó entrever que Argentina usaría los DEG para cancelar vencimientos con el FMI de forma tal de seguir ganando tiempo para renegociar con el organismo sin caer en default, algo que estaba en nuestras estimaciones.

“Por su parte, se confirmó la caída de la actividad en mayo, aunque el INDEC revisó al alza varios meses, por el equivalente a 1% anual, por lo que revisamos al alza la estimación de recuperación para este año por esa magnitud, a 6,9%, aunque mostrando una performance mediocre en el año, con alguna leve recuperación en el corto plazo”, enfatizó el trabajo de Castiglioni Tiscornia.

Por otra parte, otra consultora, en este caso Orlando Ferreres, dio detalles de la evolución de la inversión en el país en junio, donde se observa una considerable recuperación, pero las cifras de mejoras interanuales comienzan a ser más acotadas porque a hacia la segunda mitad del 2020 las actividades fueron normalizándose de a poco dentro del cuadro que marcaba la pandemia.

“La inversión mostró una recuperación luego del freno de mayo. Así lo evidencia tanto la suba del índice desestacionalizado, como el aumento en la inversión medida en dólares y el incremento expresado como porcentaje del PIB. Por su parte, la lave desaceleración en la comparación anual responde a que la base ya no es tan baja como en los dos meses anteriores”, puntualizó Ferreres.

El mismo informe recalcó que se destaca particularmente el caso de la inversión en maquinaria y equipos de origen nacional, que en junio del año pasado mostró un fuerte repunte, especialmente en la venta de vehículos comerciales livianos y pesados, por lo que en junio de este año la expansión anual de este apartado fue de “solo” 4,3%, cuando en un mes malo como mayo resultó de 13,2%.

“Para los próximos meses esperamos que continúen mejorando los niveles de inversión de la mano del impulso de la obra pública, y además podría darse un adelantamiento de las decisiones de compra ante la incertidumbre que genera la evolución de la inflación y el tipo de cambio luego de las elecciones”, expresó el informe a modo de conclusión.