El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ordenó la apertura de un sumario militar para investigar posibles irregularidades en los gastos del Comando Nacional Electoral de las PASO.
El senador fueguino de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, mediante un proyecto de comunicación le solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre la posición que adoptó el Poder Ejecutivo y los Ministerios de Interior, Defensa y Seguridad frente al sumario que ordenó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para investigar posibles irregularidades en los gastos del Comando Nacional Electoral de las PASO.
También solicitó concoer cuál es el monto presupuestario asignado y transferido para el Comando General Electoral; en qué estadio se encuentra la rendición de gastos y si se han requerido informes presupuestarios preliminares; y cómo se ha dispuesto proceder presupuestariamente para los comicios del 14 de noviembre en atención a los hechos denunciados.
Con respecto a la investigación iniciada en el seno de las fuerzas armadas el senador Blanco manifestó que “de confirmarse la presunción de los denunciantes, estaríamos ante un delito grave cometido por quienes tienen el deber de destinar esos fondos al cuidado de la elección”.
“Es por eso que el Poder Ejecutivo Nacional no puede hacerse el distraído y debe brindarle a la ciudadanía las explicaciones del caso. El dinero que se destina al Comando Electoral es fundamental para garantizar la seguridad y la transparencia del acto eleccionario”, manifestó.
“Con este antecedente abierto, cuya investigación llevará un tiempo que excede al 14 de noviembre, me parece que tenemos todo el derecho del mundo a preguntarnos qué mecanismos urgentes dispondrá el gobierno para que este tipo de actos de corrupción no tengan el más mínimo resquicio para ser cometidos. Desviar plata cuya finalidad es garantizar el normal desenvolvimiento de un acto comicial, atenta contra la democracia y echa uno cono de sombras sobre posibles manipulaciones “, finalizó el senador fueguino.
La diputada de JxC presentó un pedido de acceso a la información pública para que se informe sobre los gastos públicos de la primera dama Fabiola Yáñez, que no fue respondido en tiempo y forma.
El pasado 5 de agosto la diputada nacional Karina Banfi (JxC) realizó un pedido de acceso a información pública en el que solicitó a la Secretaría General de Presidencia información sobre diversas cuestiones vinculadas con la primera dama Fabiola Yáñez y el entrenador de Dylan, el perro del presidente.
Vencidos los plazos estipulados por la Ley 27.275 y ante la falta de respuesta, Banfi presentó un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, encargada de tutelar los derechos de dicha ley.
“La Agencia se encuentra acéfala desde enero, y -Santiago- Cafiero quiso poner a una persona no idónea en el cargo. ¿Qué podemos esperar con -Juan- Manzur? El funcionamiento y la aplicabilidad de la 27.275 están en riesgo. El acceso a la información pública es un derecho humano que hoy es vulnerado”, declaró Banfi, impulsora de la ley aprobada en 2016.
En el pedido que realizó ante la Secretaría General de Presidencia solicitaba, entre otras, una copia de agenda de actividades y reuniones de la primera dama desde el 20 de marzo al 31 de agosto del 2020. Además, pedía la nómina de empleados de la Secretaría General de la Presidencia asignados a las actividades y desempeño de Fabiola Yáñez. Requería, también, precisiones para determinar si las 19 visitas del peluquero Federico Abraham a la Quinta de Olivos fueron en calidad personal o profesional. Y, si fue profesional, qué trabajo realizó y si fue pagado con fondos públicos.
En el mismo pedido de Acceso a la Información pública solicitó saber cuántas veces ingresó a la Quinta de Olivos entre el 20 de marzo y el 31 de agosto de 2020 el entrenador canino Ariel Alonso Zapata, el motivo de estos ingresos y si sus honorarios fueron pagados con fondos públicos.
Ante la falta de respuesta y vencidos los quince días hábiles que establece la Ley para responder, Banfi mandó una nota el 2 de septiembre a la Agencia de Acceso a la Información Pública detallando que no se le había precisado la información requerida ni pedido la prórroga correspondiente.
“Está vencido el plazo que tienen para responder. La Ley establece que deben entregar la información en 15 días hábiles o solicitar una prórroga por otros 15 días. Ninguna de las dos cosas sucedió. El silencio se entiende como denegatoria injustificada. Queda claro que intentan ocultar información que tiene que ver directamente con el uso de fondos públicos y con la violación de las propias normas de aislamiento que dictó en presidente”, concluyó Banfi.
