Se trata de una nueva herramienta destinada a acercar las políticas de igualdad y diversidad al público en general.
La Cámara de Diputados, presidida por Sergio Massa, lanzó un portal de género que ofrece un buscador para consultar las leyes aprobadas en materia género, así como los proyectos en avance.
Fue diseñado por la Dirección general de Igualdad y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara baja.
En el marco del compromiso con la igualdad de género y la diversidad sexual, se busca garantizar el acceso a la información pública, acercando todas las acciones en materia de género y diversidad a las personas trabajadoras de la institución y a la ciudadanía, según señalaron.
El portal cuenta con la posibilidad de descargar material, contenidos audiovisuales y podcasts, conocer programas y proyectos que se implementaron en la Cámara, acceso a una línea de tiempo con las leyes aprobadas, y una sección con las actividades realizadas junto con la comunidad y organismos de Género de todo el país.
Por otra parte, el sitio ofrece la posibilidad de acceder al Programa de Empleo Trans a través de la carga de CV. Para conocer más detalles se puede ingresar al sitio a través de https://genero.hcdn.gob.ar
“Ahora que sí nos vean”, es una iniciativa que tiene la finalidad de “revertir la desigualdad y visibilizar la historia de las mujeres y personas LGBTIQ+ dentro las salas y espacios comunes de la Cámara baja”.
La Cámara de Diputados, junto a los Ministerios de Cultura, de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, instaló el primer cuadro de una mujer dentro de la Cámara en homenaje a María Remedios del Valle, capitana del Ejército del Norte en las batallas de la independencia.
Luego de un relevamiento que hicieron las áreas de género en los edificios de la Cámara baja presidida por el diputado Sergio Massa, detectaron que los cuadros y obras de arte “representan y valoran a las masculinidades hegemónicas”.
La actividad dio inicio al proyecto “Ahora que sí nos vean” impulsado por la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de Diputados en articulación con la Dirección General de Cultura, la Dirección de Obras y Mantenimiento y la Oficina de Comunicación Interna.
El objetivo, según explicaron desde Diputados a través de un comunicado, es “revertir la desigualdad y visibilizar la historia de las mujeres y personas LGBTIQ+ dentro las salas y espacios comunes de la Cámara de Diputados para seguir trabajando por un espacio libre de todo tipo de violencias de género”.
El acto de este martes estuvo encabezado por Tristán Bauer, ministro de Cultura; Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos; y Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres Géneros y Diversidad.
Al respecto, Bauer consideró que se trata de “un acto de reparación, justicia y celebración”.
“María Remedios del Valle fue injustamente borrada, negada y olvidada por la historia. Por eso, es hermoso lo que estamos haciendo”, remarcó el titular de Cultura.
En relación a la figura histórica conmemorada, Merchán remarcó que la “prioridad es poner en el centro de la política pública la realidad de las personas afrodescendientes y afroargentinas que hoy viven en nuestra tierra”.
También estuvieron presentes las diputadas Jimena López, Cristina Álvarez Rodríguez, Silvia Lospenato, Karina Banfi, autoridades de los ministerios y de la Cámara y referentes de la comunidad afrodescendiente.
En el marco de un nuevo aniversario por la Independencia de nuestra Nación, la primera figura reconocida es la de María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente que nació en 1766 en la capital del Virreinato del Río de la Plata y el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su protagonismo, lucha y valor en el campo de batalla.
Existen en la Cámara muchos proyectos parlamentarios que buscar resaltar y poner en valor esta figura. También, existe la Ley 26.852 que fue sancionada en 2013 e instituye el 8 de noviembre como el “Día Nacional de las/as afro argentinos/as y de la cultura afro” y conmemora a la figura de María Remedios del Valle.
El Ministerio de Cultura de la Nación cedió la imagen para que pueda quedar presente en la Sala 1 del Anexo A, un espacio clave en el debate parlamentario.
“Esta acción además de reivindicar la figura de una mujer de nuestra historia, también permite promover un mayor conocimiento de la diversidad de la herencia y los aportes de las y los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de nuestro país”, consignaron.
Daniel Lovera continúa como presidente, María Belén Tapia vicepresidenta y Oscar Aníbal Castillo secretario.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ratificó este miércoles a sus autoridades en una reunión remota y delineó algunos aspectos de la agenda de trabajo para el año legislativo, que incluye entre otros temas proyectos con perspectiva de género. Continúa entonces en la presidencia de la comisión Daniel Lovera (FdT-La Pampa) y en la vicepresidencia María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz). Permanece además Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social-Catamarca) como secretario.
El presidente de la comisión resumió el período anterior al definirlo como “un año atípico” y señaló que “supimos construir dentro del disenso respetuoso. La pandemia nos marcó prioridades que nadie tenía previstas, nos enfocó en una crisis que nadie conocía, ni aún todavía conocemos”.
Destacó, además, el tratamiento de temas como “cuidado del ambiente, género, equidad” y solicitó “seguir atendiéndolos”. Por último, remarcó que “esta comisión ha estado a la altura de la circunstancia en un contexto tan inédito”.
En cuanto a la vicepresidenta Tapia, realizó una breve intervención al comienzo de la reunión -de la cual luego se tuvo que retirar- para pedir “evitar que al momento de tratar los temas en el recinto nos tuviéramos que enterar de algunas modificaciones, como sucedió con por ejemplo con la fórmula provisional”. Aclaró que esto “es en virtud del trabajo serio que nos pide nuestra sociedad en el contexto de crisis”.
Algunas senadoras también pidieron la palabra para solicitar que sus proyectos se debatan. Fue el caso de Beatriz Mirkin (FdT), que recordó que “hay un proyecto que lo presenté el año pasado y que fue conversado pero no se tomó una decisión. Es una modificación de la ley 24.714 de Asignaciones Familiares”
“No modifica ninguna cuestión presupuestaria ni que tenga que ver con otros problemas. Pero sí modifica una cuestión que tiene que ver con género. La posibilidad de que las mujeres sean las que cobren todas las asignaciones de salarios familiares, independientemente de quién trabaje en relación de dependencia. Que cobre la que se ocupa de los hijos”, explicó la legisladora oficialista.
Inés Blas (FdT) también habló de sus propios proyectos sobre género. Señaló que “yo tengo varios proyectos que tienen que ver con el género, relacionados con la paridad de género, en materia de representación en asociaciones sindicales, en negociación colectiva. Paridad en la integración de las comisiones directivas de los sindicatos. Pedirle que pudiésemos darle tratamiento, si no es a todos, es a algunos”.
A modo de respuesta, Lovera aseguró que “ya he recepcionado los proyectos que tienen intenciones de tratar. Los pedidos de las senadoras y de otros senadores vamos a tratar de ponerlos rápidamente en agenda la próxima semana. Son muchos los proyectos que nos han pedido debatir. Algunos, como por ejemplo las licencias especiales, ya han tenido consenso”.
Por último, la senadora Ana Almiron pidió “agregar a estos temas consensuados las acciones laborales y su imprescriptibilidad, que también hubo consenso en la comisión y no lo pudimos pasar al recinto. Por lo menos ver si en asesores, ahora que estamos cerca del 24 marzo, consensuar algún texto entre asesores. Sería importante sacarla para la semana que viene, antes del 24 de marzo”.
En un encuentro realizado en el marco del 8M en las oficinas del bloque, se acordó impulsar la ley de cupo laboral trans y otra de sistema integral de cuidados, entre otros temas.
Diputados del Frente de Todos encabezados por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner, se reunieron este lunes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para consensuar la agenda legislativa de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque oficialista, en el tercer piso del Palacio Legislativo, y participaron entre otras las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa de la bancada), Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria), Mónica Macha (titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad), Gabriela Cerruti y Paula Penacca.
Gómez Alcorta enumeró los hitos de la gestión del Ministerio, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que busca resolver las desigualdades estructurales de género. También destacó la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, y se refirió a la necesidad de federalizar las políticas vinculadas a las violencias a través de un trabajo conjunto con provincias y municipios.
En cuanto a la agenda legislativa, la ministra y los diputados oficialistas acordaron impulsar la ley de inclusión laboral travesti/trans, que establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado. El proyecto, consensuado entre distintos bloques, ya cuenta con dictamen favorable y está listo para ser tratado en el recinto.
Paralelamente, la bancada del Frente de Todos se comprometió a trabajar en una ley sobre sistema integral de cuidados y a introducir perspectiva de género en una eventual reforma judicial, algo que reclamaron en los últimos días tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por último, la ministra y los diputados dialogaron sobre la necesidad de “repensar” la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.
“Conversamos sobre los ejes de la agenda legislativa de mujeres, géneros y diversidades que vamos a trabajar en Diputados”, expresó Álvarez Rodríguez, y amplió: “Para seguir ampliando derechos, el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo es clave. Vamos por la ley de inclusión laboral travesti/trans y un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.
Más temprano, Gómez Alcorta participó del acto de firma del “Acuerdo Federal por una Argentina Unida Contra las Violencias de Género”, junto al presidente Fernández, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gobernadores, en la previa de una serie de movilizaciones en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados. El documento, firmado en 2019, contempla cómo estas conductas afectan especialmente a mujeres y trabajadores informales.
En una votación unánime, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza.
La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y con su sanción, Argentina se convierte en el tercer país del mundo en adherir a este Convenio, luego de Uruguay y Fiji.
La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos) destacó la perspectiva de género en este convenio, que se aprobó justo el día que se cumplen 69 años desde la primera elección con voto femenino en nuestro país.
Siley recordó que en 1951 se instaló el derecho de las mujeres no solo a elegir, sino también a ser elegidas, y recordó a “las 23 diputadas que por primera vez se sentaron en el recinto y las seis primeras senadoras”.
Respecto del Convenio 190, resaltó el compromiso del presidente pero también mencionó que “muchos diputados habían presentado proyectos” en el mismo sentido.
La oficialista explicó que el texto “armoniza” con tratados internacionales, distintas leyes nacionales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que “refiere a las condiciones dignas de trabajo”. “Un trabajo sin violencia y acoso es un trabajo decente y digno”, dijo.
Siley apuntó que el Convenio “considera a la violencia como una práctica inaceptable, y la define en un marco de actuación muy amplio, incluyendo no solo a asalariados sino también a aquellos que no tienen trabajo, los que buscan empleo, los pasantes y aprendices”.
También señaló que el documento “hace especial hincapié en que el daño que se produce cuando hay violencia laboral, se produce también por la condición de género”.
Para acceder al texto completo del Convenio 190 de la OIT, haga click aquí.
También por el Frente de Todos, Marisa Uceda dijo que “son conductas que además de ser indeseables, atentan contra los derechos humanos, porque el derecho a un ambiente de trabajo sano y sin violencia es un derecho humano”.
En el mismo sentido, su par Silvana Ginocchio sostuvo que “este es un importantísimo paso para avanzar en leyes específicas sobre trabajo decente, asegurando el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.
El radical Albor Cantard destacó otro aspecto del Convenio, la inversión de la carga de la prueba, ya que “este tipo de circunstancias generalmente se da a puertas cerradas”, lo que genera “una gran dificultad para las víctimas en materia probatoria”.
Según explicó Cantard, “la víctima aportará indicios para que el denunciado o denunciada sea el o la que tenga que demostrar que no ha incurrido en violencia o acoso”.
A su turno, Silvia Lospennato (Pro) destacó que “la puesta de este Convenio en la agenda de la OIT en 2018 y 2019 sin dudas vino de la mano del movimiento de mujeres, con el Mee Too y el Ni Una Menos, donde quedó a la vista la urgencia con la que la OIT tenía que abocarse a la adopción de una norma como esta”.
Lospennato recordó que el expresidente Mauricio Macri integró la comisión de trabajo tripartita de gobierno, sindicatos y trabajadores, y “durante ese proceso siempre el Gobierno argentino trabajó para que se concluyera favorablemente”.
La diputada enfatizó que la violencia y acoso “afectan a varones y mujeres, pero no hay dudas de que hay trabajadores más vulnerables que otros: las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los jóvenes y muy especialmente los trabajadores informales, algo que recoge este Convenio dándoles un piso mínimo de protección”.
Por su parte, Dolores Martínez (UCR-Evolución) subrayó que “el mercado de trabajo discrimina a las mujeres solo por el rol social de cuidadoras que se nos asignó, y nos obliga a elegir entre el desempleo, el trabajo precario o el mal trato”.
Graciela Camaño (Consenso Federal) aseguró que este Convenio “no es fruto de un presidente ocasional de un país, sino de un trabajo elevadísimo de expertos y, en el caso de Argentina, de las mujeres sindicalistas y asesoras de dirigentes sindicales que comprometieron sus esfuerzos en este trabajo”.
Por último, Romina Del Plá adelantó el voto afirmativo del Frente de Izquierda al entender que el Convenio “es un herramienta en la cual muchísimas personas, especialmente mujeres y diversidades sexuales, podrán ampararse a la hora de denunciar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral”.
Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera nuestro voto a favor es un cheque en blanco para la OIT o la ONU, organismos que defienden los intereses de los países imperialistas que lo integran y que amparan ataques a los derechos laborales”.
El Convenio -que entrará en vigor el 25 de junio de 2021- considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
En la sesión también se convirtieron en ley un conjunto de acuerdos internacionales, entre ellos uno firmado entre Argentina y la República Popular de China para instalar un centro cultural chino en el país, que fue suscrito en la ciudad de Beijing el 17 de mayo de 2017.
Además, se sancionó un convenio de coproducción cinematográfica entre Argentina y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Jerusalén el 28 de abril de 2014; y un acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de marzo de 2017.
También se aprobó un acuerdo de sede con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná; y el protocolo de 1997, denominado MARPOL, que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, adoptado en Londres, Reino Unido.
Se trata de una propuesta de Diego Weck (UCR-Ev) mediante la cual se buscará que todos los conductores se capaciten en materia de género y violencia de género.
Debido al incremento de los casos de femicidios, el diputado Diego Weck (UCR-Ev) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual prevé modificar el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, a fin de establecer que para obtener la licencia de conducir por primera vez y quienes necesiten renovarlas, deban realizar un curso de capacitación en materia de género y violencia de género.
Al respecto de su iniciativa, Weck explicó que tiene como objetivo “contar con un nuevo espacio para la concientización y prevención respecto de uno de los flagelos que sufre nuestra sociedad como es la violencia de género” y recordó que “en nuestra sociedad las formas de violencia son múltiples, y los ámbitos en los cuales la misma tiene lugar no se circunscriben a los familiares o domésticos. La violencia es perpetrada o tolerada también en el ámbito comunitario, siendo el tránsito y el transporte escenarios comunes de dicho fenómeno”.
“La visibilización de esta problemática ha puesto en evidencia que la violencia de género, los feminicidios y discriminación por género no son ‘naturales’ ni ‘inevitables’, sino más bien la expresión de normas y valores culturales e históricos concretos”, destacó e insistió en que “se trata de un conflicto complejo que demanda múltiples intervenciones para poder erradicarlo, pero por sobre todo demanda un profundo cambio cultural”.
Además recordó que “en los últimos años se ha logrado instalar la cuestión de la violencia de género como un tema de agenda pública en la ciudad, y son muchos los avances en las legislaciones y normativas, ejemplo de ello es la ley 6.208 de Adhesión a la Ley Nacional N° 24.499 – Ley Micaela-“; no obstante, consideró que “queda un largo camino por recorrer para erradicarla”.
Por lo que sentenció que “esta ley apunta a un cambio cultural, buscando erradicar cualquier tipo de prejuicio o ideas basadas en estereotipos o roles de género, así como las relaciones de poder que se constituyen a partir de las diferencias sexuales, estructuradas en los planos simbólicos, normativos e institucionales”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se refirió a la valoración de la perspectiva de género en los concursos e informó sobre la baja cantidad de mujeres en juzgados y fiscalías.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó este martes la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.
En primer lugar, Gómez Alcorta sostuvo, al exponer ante el plenario de comisiones del Senado, que “hay un diagnóstico común sobre el funcionamiento de la administración de Justicia, en particular de la Justicia Federal”, con “respuestas de baja calidad, poca independencia, poca transparencia y lentitud”, lo que deriva en “una credibilidad muy escasa en los jueces”.
A eso sumó los “vínculos promiscuos del Poder Judicial Federal de la Ciudad con los servicios de Inteligencia y el poder político”.
Al referirse al proyecto de ley, resaltó “la autolimitación del Poder Ejecutivo para el envío de las ternas una vez que llegan del Consejo de la Magistratura”, teniendo en cuenta la diversidad de géneros y la valoración de la perspectiva de género en los concursos de oposición y antecedentes.
En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.
La ministra aportó cifras: informó que en los juzgados federales de todo el país, incluyendo los de la Ciudad de Buenos Aires, los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres.
Precisó que hay cifras similares en los tribunales orales federales y en las defensorías, mientras que en las cámaras federales la brecha es “un poco menor” y en las fiscalías es mayor, con un 79,8% de hombres y un 20,2% de mujeres.
Gómez Alcorta puso como ejemplo extremo la Cámara Federal de La Plata, donde “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y agregó que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.
“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.
Si bien reconoció que “no alcanza con la incorporación de mujeres” en el Poder Judicial, destacó que “es una de las herramientas” para mejorar el sistema, acompañada por la Ley Micaela y la mencionada valoración del género en los concursos.
Al finalizar, Gómez Alcorta sostuvo que “se deben transformar algunos aspectos estructurales” de la Justicia, y en ese sentido habló de superar la “cultura institucional androcéntrica”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad expuso en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Sostuvo que hay que pensar al derecho penal como “como reproductor de la desigualdad”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este lunes que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y advirtió que “el sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, al exponer en una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados.
La funcionaria habló por videoconferencia ante las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, presididas respectivamente por Carolina Gaillard y Mónica Macha, a pocos días de que el Gobierno anunciara el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años.
Al abrir el encuentro, Gaillard destacó el trabajo coordinado de ambas comisiones “para elaborar mejores herramientas, miradas integrales y unificar criterios”, y agregó: “Estos encuentros pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales y desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo”.
En el mismo sentido, Macha consideró “central” esta tarea de “poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.
Gómez Alcorta señaló que “al momento no hay ninguna prueba de que el derecho penal previene conductas delictivas” y en ese sentido “el aumento de las penas en sí mismo no va a posibilitar un mejor abordaje” de la problemática.
Por eso, llamó a “salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales va a mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de violencia”, y pidió generar “no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos”.
De todos modos, consideró necesaria una revisión integral del Código Penal por los “parches” que sufrió a lo largo de los años.
La ministra explicó que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en mujeres y diversidades” y advirtió que según estudios, la tasa de comisión de femicidios y travesticidios “se mantiene bastante estable en el tiempo”, con entre 200 y 300 muertes anuales.
También indicó que “la desigualdad estructural en todos los ámbitos de nuestra vida impacta en la autonomía económica, física y política de las mujeres y personas LGBT”.
Asimismo, se refirió a los “obstáculos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia”, no solo a la hora de contar con un abogado, sino también al momento del cumplimiento de las decisiones judiciales.
Gómez Alcorta enfatizó que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y que “pensar el derecho como reproductor de la desigualdad es una tarea urgente”. “El sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, añadió.
Por otra parte, aseguró que “hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de violencia de género” porque “a excepción de la trata de personas, que es un delito federal, todos los otros delitos tramitan en las administraciones de Justicia provinciales” y esto además “dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos delitos”.
En tanto, lamentó la “falta de implementación del sistema acusatorio, que puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos”, y por otro lado advirtió que muchas mujeres víctimas de femicidios no formularon antes la denuncia porque creen que “el Estado no las representa como un lugar de ayuda”, y pidió trabajar para revertir esa situación.
Asimismo, alertó que “cuando la Justicia se enfoca en la investigación de la vida de las mujeres que denuncian en lugar de investigar al imputado de violencia , se está desplazando la responsabilidad hacia ellas”.
La iniciativa, presentada por la oficialista Cristina Alvarez Rodríguez, apunta a “mejorar la seguridad frente a posibles situaciones de acoso por razones de género”.
La diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para que las mujeres, en horarios nocturnos, puedan descender de los colectivos o micros en donde les resulte más seguro, más allá de las paradas oficiales. La iniciativa busca dar a las mujeres una herramienta para prevenir situaciones de inseguridad o acoso por motivos de género.
“Con frecuencia, las usuarias que utilizan las líneas de colectivos para dirigirse a sus trabajos o para volver a sus hogares en horarios nocturnos encuentran las paradas a grandes distancias de su punto de destino. Transitar solas por calles con poca luminosidad puede generar situaciones de peligro, dentro de una sociedad patriarcal”, señaló la legisladora.
La iniciativa establece la obligación por parte de las compañías prestadoras de los servicios de transporte automotor público de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, de incorporar paradas a demanda respetando la ruta oficial, sin entorpecer la prestación del servicio, ni suponer un peligro en el tránsito, debiendo esa alternativa indicarse al conductor al subir al transporte.
En los argumentos del proyecto, la secretaria parlamentaria del FdT mencionó que “medidas como esta son utilizadas en España, en ciudades como Sevilla, Gijón, Bilbao, Granada y Vigo”.
“La implementación de esta iniciativa no requiere grandes aportes de recursos ya que se establece la creación de una parada intermedia a demanda entre dos paradas reglamentarias que permite a las mujeres descender en el punto más próximo a sus hogares”, agregó Alvarez Rodríguez.
Funcionarias y especialistas expusieron en una nueva reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres de Diputados.
Las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados llevaron a cabo este jueves la tercera reunión informativa conjunta sobre justicia penal y género, con la participación de funcionarias y especialistas en la temática.
“El Estado en sus tres poderes debe estar presente, y por ello desde el Legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto”, dijo Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Legislación Penal, al abrir la videoconferencia.
En tanto, Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres, explicó que esta “línea de trabajo conjunto” apunta a “generar una legislación que tenga perspectiva de género, una mirada feminista y transfeminista”.
La abogada feminista Soledad Deza, quien llevó adelante el caso Belén, advirtió que “el derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para ninguna disidencia sexual, al contrario”, ya que se han utilizado “tipos penales para criminalizar decisiones”, como por ejemplo “utilizar la figura del homicidio para castigar abortos”.
Por eso, Deza llamó a ejercer una “crítica feminista acerca de la contradicción que supone apelar al derecho penal, que no solamente es androcéntrico en sus estructura, sino que en la práctica es un fuerte reproductor de estereotipos y subalternidad”.
Sin embargo, Gaillard aclaró que “el derecho penal no necesariamente está para aumentar penas” y que los proyectos presentados en las comisiones en realidad buscan “mejorar dispositivos y herramientas” con perspectiva de género.
Por su parte, María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur y exdiputada nacional de la UCR, consideró que el proceso de acceso a la Justicia muchas veces se transforma en “un campo de espinas”, y se refirió al impacto diferenciado de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres.
Storani indicó que a pesar de que hoy existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la inversión que se hizo en la línea 144, además de la habilitación de tres líneas de WhatsApp y denuncias por Internet, “siguen los femicidios”.
La radical informó que, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema “han disminuido las denuncias e incluso han disminuido las consultas, y esto da un mensaje muy fuerte, porque todas las redes de contención que había fuera de la casa están rotas por la cuarentena”.
Por otra parte, llamó a “denunciar los hospitales que no permiten el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)” durante el aislamiento social.
Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, sostuvo que hay “dos grandes desafíos en las medidas reglamentadas sobre violencia de género y en las que estamos discutiendo en materia penal y de género: cómo reducir la sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las políticas de género”.
En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, señaló que “cuando hay una persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres familiares de detenidos es muy pesado, porque nos transformamos en sostén del hogar y de la persona que está presa”.
También expusieron en la reunión Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Entre Ríos, y Ana Laura Ruffini, de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género de La Pampa.
Se llevó adelante en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Funcionarias de distintas provincias defendieron la necesidad de una ley.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos) realizó este martes la segunda jornada de debate sobre el cupo laboral para travestis y personas trans en el sector público nacional.
El encuentro, moderado por la periodista Amanda Alma, contó con la participación de funcionarias del área de género y diversidad de diferentes provincias que defendieron la necesidad de una ley, mientras diputados de distintos bloques avanzan en un consenso.
Macha adelantó que se buscará un dictamen unificado entre propuestas de Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Estévez, Leonardo Grosso (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá (Frente de Izquierda), entre otros.
“La idea es generar el mejor proyecto, el más eficaz, el que genere la posibilidad de inclusión más rápida para que verdaderamente quien siga en una instancia de prostitución, sea por elección”, explicó la titular de la comisión.
En el mismo sentido, Álvarez Rodríguez -quien propone un cupo del 1,5% en el Estado Nacional, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado- advirtió que “la falta de derechos para la población trans/travesti es una condena a muerte” y por eso “el Estado debe ser el primero en promover la igualdad de oportunidades”.
La primera en exponer en la reunión virtual fue la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, que en el marco del Día Internacional del Orgullo, que se celebró el domingo pasado, pidió que “el orgullo se transforme en reconocimiento sobre nuestros derechos”.
También recordó que el 15 de julio se cumplirán diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina y sostuvo que “una clave fundamental de aquellos años fue que nuestra sociedad no retrocede, sino que nuestras instituciones avanzan y nuestra sociedad se pluraliza cuando se reconocen nuestros derechos”.
Asimismo, señaló que también se celebraron los ocho años de la Ley de Identidad de Género, que “lamentablemente no modifica las condiciones de violencia estructural” que padece la comunidad trans.
“Hay una lucha histórica de este movimiento social, que tiene mucho que ver con el sentido de la democracia”, dijo, y mencionó como referentes a Lohana Berkins, Diana Sacayán y Claudia Pía Baudracco. “Necesitamos personas trans en el Estado para que el Estado cambie”, explicó Rueda.
La funcionaria destacó que “el cupo trans es una prioridad absoluta para nosotres” porque sin esta medida, “no habrá personas trans aportando a los cambios culturales” y esto redundaría en “un futuro en blanco y negro”, sin diversidades.
Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, remarcó “la necesidad de generar políticas públicas de inclusión social que además tengan perspectiva de creación de empleo y que tengan la vocación de abrazar a las compañeras que necesitan de la mano del Estado para acceder a esos derechos”.
Portos sugirió que, mientras se trata en el Congreso la ley de cupo trans, se avance en “construir herramientas estadísticas sobre esta población” ante la falta de datos oficiales.
A su turno, Úrsula Sabarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de Chaco, advirtió que la población travesti/trans “ha sido históricamente el último eslabón de la cadena de políticas públicas de todos los Estados”.
Sabarese puntualizó que Chaco fue “una de las primeras provincias que incursionó en una ley de inclusión laboral, que ha nacido desde un consenso” y que es, a su criterio, más amplia que el cupo. Además, coincidió en que “la pandemia reflotó” la preocupación por “la falta de estadísticas” de esta población.
En tanto, Roxana Rodríguez, de la Dirección de Diversidad y Género de Santa Cruz, admitió que una ley de cupo trans sería “reparatoria” pero consideró que “nos quedamos cortos: es importante insistir en la ley integral trans para que todos los derechos que le corresponden a la comunidad trans sean tenidos en cuenta”.
Rodríguez precisó que según datos relevados por la Federación LGBT, ATTTA y la Fundación Huésped, entre otras entidades, solo el 32% de la población trans concluyó los estudios secundarios; el 80% no tiene obra social, y en el caso del 20% que sí la tiene, no se respeta la Ley de Identidad de Género.
También informó que las personas trans y travestis tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años por sus condiciones de vida “precarias”, y añadió que “recién este año se van a incorporar en el Censo”, ya que antes se calculaba esta población “a partir del error”.
En la reunión también expusieron, entre otros, Nicolás Navarro, del Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy; Victoria Liendro, del área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; y Ema Bejarano, del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego.
La senadora López Valverde apunta a la eliminación de todo tipo de discriminación por razones de género en el ámbito laboral.
La senadora Cristina López Valverde (Frente de Todos-San Juan) presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y varones en el mundo del trabajo.
La propuesta apunta a la eliminación de todo tipo de discriminación por razones de género en el ámbito laboral, tanto para la esfera pública como para la esfera privada, cualquiera sea su modalidad presencial o virtual, asegurando la igualdad en el acceso al empleo, en la formación y capacitación de las trabajadoras y trabajadores en sus condiciones de trabajo.
Se trata de una iniciativa que la legisladora peronista había presentado en 2018 y, en lugar de volver a presentarla, decidió ampliarla.
“En estos años de trabajo en la Banca de la Mujer junto a mis compañeras he sido testigo de la cantidad de batallas que aún debemos conquistar. Falta mucho camino por recorrer, pero tenemos la convicción de hacerlo juntas en defensa de nuestros derechos”, manifestó.
El proyecto ahora incluyó un capítulo de deberes específicos para la administración pública, los organismos descentralizados y las empresas públicas nacionales.
“Yo no creo que el aborto sea un derecho”, planteó Natalia Villa (Pro), que se quejó por la ausencia de expositores en contra de la ley en la Comisión de Mujeres.
La discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volvió a encenderse este martes en la Cámara de Diputados, durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), con la participación de activistas feministas.
Al término de las exposiciones, en las que se plantearon las dificultades para acceder a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, intervino -entre otras- la diputada Natalia Villa (Pro), una de las más férreas opositoras a la ley de aborto.
“El colectivo de mujeres es muy diverso. Tenemos pensamientos distintos. Me da mucha tristeza que hoy muchas mujeres no tuvimos representación en esta charla”, lamentó la bonaerense, y agregó: “Yo soy parte del colectivo de mujeres que no cree que el aborto sea un derecho. Me hubiera encantado tener una oradora que me represente a mi y a muchas mujeres argentinas”.
Villa recordó que “en 2018 vimos un Congreso dividido, una calle dividida, un país dividido. En 2020 pasa exactamente lo mismo”. “Es muy triste que desde esta comisión no le demos la oportunidad a un montón de mujeres de que también estén representadas. Estamos en una comisión donde suena una sola campana”, expresó.
La legisladora del Pro insistió: “Es hora de que podamos convivir aunque no pensemos igual. Soy la única de esta comisión que tiene una posición distinta, pero no soy la única en Argentina que piensa que el aborto no es un derecho humano”.
Sin embargo, Macha respondió que al momento de la convocatoria a la reunión, Villa no propuso a ningún invitado para sumar al programa. “Si había alguna idea de convocar a otra persona, se podría haber hecho en ese momento”, aclaró.
Al cierre de la reunión, Macha reforzó: “Durante muchísimos años, nuestras posiciones -que hoy se ven representadas mayoritariamente en la comisión- han sido minoría, y esa minoría significó la muerte injusta de muchas mujeres”.
“Quienes estamos a favor de la legalización del aborto y en contra del aborto clandestino, no consideramos la posibilidad de obligar a nadie ni a parir ni a abortar”, explicó, y concluyó: “En la medida en que no contemos con esta ley, miles de mujeres siguen muriendo a causa de abortos clandestinos”.
Durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, expusieron integrantes de la Campaña por el Aborto, del colectivo Ni Una Menos y especialistas.
Activistas feministas del movimiento Ni Una Menos, integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y especialistas coincidieron este martes en la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia del Covid-19.
Así se expresaron durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, convocada por Mónica Macha (Frente de Todos).
La legisladora explicó que la reunión virtual tuvo como motivación tres fechas del “calendario feminista”: el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebró el 28 de mayo; los 15 años de la Campaña por el Aborto Legal; y el reclamo del movimiento Ni una menos, que será este miércoles.
La primera en exponer fue Ana Morillo, integrante de la Campaña por el Aborto y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien subrayó que en el marco de la pandemia “se está trabajando fuertemente para acompañar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en cuanto al acceso a derechos reproductivos”.
La especialista agregó que la situación difiere según la provincia y puso como ejemplo el de su provincia, Córdoba, donde recién en septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia habilitó la ejecución del protocolo provincial para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “El fallo tuvo un atraso de siete años”, se quejó.
En ese sentido, Morillo advirtió que “se está obstaculizando y complejizando el acceso” a esta práctica “por diferentes motivos”, entre los que señaló “la falta de difusión”. “No está llegando como queremos que llegue a todas las mujeres del país”, reconoció, y añadió que en muchos casos “los gobiernos locales no están acompañando”.
Por otra parte, señaló que con la pandemia “la virtualidad es un problema, porque llegan solo las mujeres que tienen acceso a Internet y a las redes. Las mujeres de los barrios populares no logran este acceso”.
A continuación, Julia Martino, también integrante de la Campaña por el Aborto, recordó que el proyecto se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados por octava vez, y este año había gran expectativa por la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Cuando ya estaba por mandar el proyecto, vino la pandemia y quedó todo a la espera”, dijo.
Y agregó: “Esperemos que a medida que se pueda ir superando esto y que el Congreso vuelva a sesionar en forma presencial, en la nueva normalidad, podamos sentarnos a hablar y a ver de qué manera despenalizamos y legalizamos el aborto”.
“A pesar de la pandemia, que se lleva todas las noticias y la atención de la salud, las mujeres siguen teniendo embarazos no deseados y abortando”, advirtió Martino, y en ese sentido indicó que “aumentaron muchísimo los llamados al 0800 Salud Sexual” (0800-222-3444), lo que dejó en evidencia “la necesidad de que estos servicios se sigan prestando”.
En tanto, Martino informó que según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, “cada día, seis niñas menores de 15 años son madres”, y por esa razón remarcó la necesidad de que “la ESI (Educación Sexual Integral) se siga impartiendo más allá de las complejidades de la virtualidad, porque es una de las políticas de prevención de las más importantes”.
Por último, reflexionó: “Pensemos que por año hay cerca de 50.000 internaciones en los hospitales públicos por abortos inseguros. Es un número enorme y esas camas ahora adquieren otro valor debido al coronavirus”.
A su turno, Malena Correa, de Casa FUSA, advirtió que “los efectores de primer nivel están teniendo problemas de referencia territorial y de derivación, y esto es restrictivo para cualquier persona que quiere acceder a la ILE”.
La periodista Marta Dillon se refirió a la marcha Ni Una Menos y recordó que “esa primera vez, la presencia de los cuerpos en la calle hablaba de un hartazgo social sobre la violencia de género y patriarcal”.
“La violencia machista es un entramado cultural, político y económico que expone a unas más que a otras, y que tiene secuelas que hacen a la salud, por lo que esta atención tendría que estar entre las prioridades”, consideró, y opinó que “esto está íntimamente ligado con la demanda del aborto legal, fundamental para la autonomía de las mujeres y personas gestantes”.
Por otro lado, se refirió a la “crisis” que genera “la sobrecarga de las tareas de cuidado sobre mujeres, lesbianas y trans” en el contexto del aislamiento social, y en ese sentido pidió “que se reconozcan estas tareas como esenciales”. A su vez, mencionó en cuanto al coronavirus, que “cuando hablamos de higiene y desinfección, siempre recae sobre las mujeres”.
“Aunque ahora estemos en las redes, vamos a volver a las calles a decir Ni Una Menos y Aborto Legal Ya”, prometió Dillon.
En la reunión también expuso la ginecóloga infanto-juvenil Sandra Vázquez, quien llamó a “entender a los adolescentes como sujetos de derecho”, ya que “en general no conocen sus derechos” y es necesario “empaparlos de estos temas”.
Vázquez lamentó que con la pandemia “no existen los adolescentes” dado que “no aparecen como población de riesgo”, a diferencia de los adultos mayores, y por lo tanto “no han estado en el centro de la escena”.
La última disertante en la reunión virtual fue Patricia Rosemberg, exdirectora de la Maternidad Estela De Carlotto, quien advirtió que las instituciones de salud son “reproductoras del machismo y del patriarcado que se instalan en un lugar de control social”, y por eso llamó a “pensar cómo transformar esas organizaciones desde adentro”.
El gremio de empleados legislativos cuestionó a Francisco Sánchez, del Pro, por opinar que la capacitación brindada la semana pasada era un “adoctrinamiento obligatorio” y una “imposición totalitaria”.
La capacitación de género de la Ley Micaela, brindada la semana pasada en la Cámara de Diputados, fue bien recibida por la inmensa mayoría de los legisladores, que destacaron la importancia de la norma surgida del femicidio de Micaela García. Pero hubo unos pocos que cuestionaron el evento, entre ellos el diputado Francisco Sánchez (Pro), quien levantó polémica con una declaración publicada en Twitter.
Mientras exponía en el recinto la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, Sánchez comentó: “En estos momentos estoy escuchando lo más ridículo, infundado y sinsentido que recuerde: el adoctrinamiento obligatorio por la Ley Micaela. Una imposición totalitaria votada el año pasado, repleta de clichés del feminismo berreta”.
El diputado no solo se pronunció en esos términos sobre la ley, que fue sancionada con amplio consenso, sino que anunció que presentará un proyecto para derogarla.
Tras ese episodio, el gremio UPCN Congreso emitió un comunicado de repudio a las expresiones de Sánchez, y denunció que no aceptará “ninguna expresión machista ni en contra de leyes que fueron aprobadas con gran apoyo de todo el arco político”.
“Nuestra organización lucha incansablemente desde hace años para erradicar todo tipo de violencias y desigualdades en el mundo del trabajo. Consideramos que las capacitaciones de los trabajadores y funcionarios de todos los poderes del Estado son una herramienta fundamental para lograr dicho objetivo”, sostuvo el gremio conducido por Martín Roig.
Recordó además que “en los fundamentos de la Ley Micaela se citan varios tratados internacionales sobre la erradicación de las violencias hacia las mujeres a los cuales nuestro país adhiere, por lo tanto no se trata de ‘clichés del feminismo berreta’, tal cual aseveró Sánchez, quien se supone es un ‘representante del pueblo’”.
Para UPC Congreso, “el hecho de que un diputado nacional pida la derogación de una ley aprobada con amplio consenso constituye un ataque hacia todas las personas que trabajan incansablemente a diario para lograr una sociedad más justa y equitativa”.
“No toleraremos ninguna expresión machista ni en contra de leyes que fueron aprobadas con gran apoyo de todo el arco político. Consideramos esas expresiones un atentado contra la democracia y el orden constitucional y allí estaremos cada vez que haya que salir a hacer respetar los derechos conquistados”, concluye el comunicado.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad brindó la capacitación de la Ley Micaela y buscó derrumbar los patrones culturales patriarcales.
El simulacro de sesión virtual en la Cámara de Diputados se realizó con la capacitación de género contemplada en la Ley Micaela, que fue brindada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien apuntó a la cultura patriarcal e hizo un llamado a la reflexión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres.
Ubicada a la izquierda del presidente de la Cámara, Sergio Massa, Gómez Alcorta habló ante el grupo de diputados presentes, luego de que la titular del CONICET, Ana María Franchi, expusiera de manera remota, apoyada por un Power Point.
Al inicio de su discurso, Gómez Alcorta recordó que la Ley Micaela, que lleva el número 27.499, fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y promulgada el 10 enero de 2019, y destacó que todas las provincias adhirieron a la norma, por lo que “el horizonte de proyección del Estado es que todos los funcionarios de todos los poderes provinciales y de la Nación, en un período no muy largo, estén capacitados”.
Luego fue al centro de la cuestión: “El patriarcado como sistema político, económico y social, que organiza nuestras relaciones y organiza el poder, no existió siempre así. Según los historiadores, entre 200.000 y 300.000 años atrás empezó a existir la vida en comunidad, y el patriarcado comenzó a existir hace 6.000 años”.
Por eso, la funcionaria subrayó que “no siempre existieron los mismos patrones culturales vinculados a las relaciones de poder”.
Además, advirtió que “a lo femenino se le ha asignado valores vinculados a lo pasivo, lo irracional, lo emocional, la sensibilidad”, y además esos valores fueron asignados a la condición biológica de las mujeres. “Eso es lo que se espera (de las mujeres) y lo que se deposita en roles y estereotipos”, dijo.
Gómez Alcorta se explayó sobre el “paradigma hetero-cis-normativo” y apuntó que “hay una organización de la sociedad que contempla exclusivamente a mujeres y varones, y relaciones heterosexuales” en “categorías binarias”.
Por esa razón, “categorías como ‘transexualidad’ o ‘intersexualidad’, homosexuales o bisexuales, son pensadas como desviadas o en muchos casos como anormales, incluso en pleno siglo XXI, y cuando hablamos de desvío hablamos de opresión”.
En tanto, la ministra aseveró: “Los varones están absolutamente acostumbrados a que se hable en un plural masculino, y nosotras también nos acostumbramos a eso. Cuando dicen ‘hay reunión de ministros’ yo me siento incluida, pero si dicen ‘hay reunión de ministras’, ningún ministro se siente incluido”.
En relación a esto, defendió el lenguaje inclusivo: “Cuando hablamos de todes, a pesar de algunos lingüistas que se enojan profundamente porque entienden que deformamos el lenguaje, es un hecho político que nos convoca a nombrar a todos, todas y todes aquelles que quedan por fuera del modelo binario”.
Por otra parte, Gómez Alcorta hizo un repaso histórico y recordó que “recién en 1.926, cuando en este recinto solo había varones, se sancionó la primera ley que dictó los derechos civiles de las mujeres”.
Asimismo, mencionó que “hasta 1.921, el Código Penal establecía que si un hombre encontraba yaciendo a su esposa con otro hombre podía matarla y ser eximido de pena”.
En la misma lógica, dijo que “hoy todavía muchos utilizan el concepto de ‘mi mujer’ para referirse a sus parejas; sin embargo, no van a encontrar mujeres que hablen de sus maridos como ‘sus hombres’”.
La ministra destacó que desde la adhesión a la Convención de Belém Do Pará, en 1994, “Argentina viene acompañando una profunda transformación normativa”, y citó la ley de Educación Sexual Integral, la ley contra la trata de personas y la de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
También mencionó el Matrimonio Igualitario, la ley de Identidad de Género y la que incorporó el delito de femicidio al Código Penal, aunque finalmente llamó a “repensar algunas de las leyes dictadas y otras que faltan para empezar a achicar brechas”.
“Nuestro marco normativo nos obliga a pensar todas las políticas públicas y las normas en clave de cuál es el impacto que va a tener en las mujeres” en lugar de pensar que “la cuestión de género es una cosa aparte”, explicó la funcionaria.
Por último, expresó que “hemos aprendido, y a esta altura los números abundan, que las políticas tienen un impacto diferencial en las mujeres y hombres”, y convocó a “entender por qué a las mujeres les cuesta tanto acceder al trabajo formal o a cargos jerárquicos”.
La minitra Gómez Alcorta y la titular del CONICET encabezan el evento, del que participan en total 176 diputados.
Con la participación de 240 diputados -algunos presentes en el recinto y la gran mayoría, conectados por videoconferencia-, la Cámara baja realiza el simulacro de sesión remota, con la capacitación de género de la Ley Micaela.
El presidente de Diputados, Sergio Massa, abrió el evento y destacó que la incorporación de tecnología a la labor legislativa demuestra “la madurez de trabajar para darle soluciones a los argentinos” en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Ubicados en bancas distanciadas para espetar la distancia social, más de 40 diputados de todos los bloques se hicieron presentes para escuchar a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, encargada de la capacitación junto a la presidenta del CONICET, Ana María Franchi, quien expuso por videoconferencia.
También asistieron al recinto las exdiputadas nacionales Araceli Ferreyra y Analía Rach Quiroga, dos de las impulsoras de la Ley Micaela, que apunta a capacitar a funcionarios de los tres poderes del Estado en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Al inicio de la sesión de prueba, Massa invitó a los diputados presentes a retirarse los barbijos “de acuerdo al protocolo médico”, e hizo algunas recomendaciones técnicas, como la de silenciar los micrófonos.
A continuación, resaltó el trabajo realizado en las comisiones, donde “15 ministros, cinco secretarios de Estado y más de 227 diputados trabajaron alrededor de temas centrales como el transporte, las repatriaciones y distintas herramientas que puso el Poder Ejecutivo a disposición” en el marco de la emergencia sanitaria.
Además, Massa sostuvo que la videoconferencia que mantuvieron Alberto Fernández y jefes de bloque el pasado 17 de abril “muestra la voluntad del presidente de escuchar a tofos y tratar de trabajar en conjunto en el marco de la pandemia, que es lo que esperan todos los argentinos”.
“Viene un tiempo en el que pido paciencia, que eliminemos las desconfianzas y trabajemos todos juntos en el aprendizaje de esta nueva herramienta, que demuestra la madurez de trabajar para darle soluciones a los argentinos de manera presencial cuando el contexto lo permite, y de manera remota cuando el contexto no lo permite”, señaló.
Luego, pidió “aprovechar” la capacitación de género para “contarle a la sociedad las herramientas que tienen las mujeres para enfrentar la violencia de género”, y finalmente les dedicó un mensaje: “Quiero decirles no tengan miedo, que está el Estado, que se animen a denunciar y a romper el cerco del temor y la cultura patriarcal”.
Desde su domicilio, Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela García -asesinada en abril de 2017-, participó de la videoconferencia y dio un mensaje a los diputados, acompañado por su esposa, Andrea Lescano.
Néstor García expresó su “orgullo” por el hecho de que “la primera actividad que realiza el Congreso de manera virtual, por esta condición excepcional, sea la capacitación de la Ley Micaela”.
“Capacitarnos es un deber que nos corresponde como parte del Estado. Ese deber no solo esta expresado en la Ley Micaela; es un deber que tenemos como Estado desde 1994 al firmar la Convención de Belém Do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”), explicó.
García indicó quie “la Ley Micaela pretende que los agentes del Estado tomen decisiones con perspectiva de género” y que en cada medida o proyecto “tengan en cuenta cómo afecta a la vida cotidiana de las mujeres”.
El padre de la joven asesinada consideró que “con la Ley Micaela, el femicidio de Micaela se hubiera evitado” y en ese sentido recordó que el autor del crimen, Sebastián Wagner, “que estaba cumpliendo una condena, tenía en ese momento libertad condicional otorgada por un juez sin perspectiva de género”.
Legisladoras de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que se incorpore la perspectiva de género en los comités de crisis que trabajan para afrontar la pandemia.
Diputadas nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que se incorpore la perspectiva de género en los comités de crisis conformados en la Nación y en las provincias para afrontar la pandemia del Covid-19.
En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional creó un comité de crisis del cual participan los Ministerios de Producción, Salud, Seguridad e Interior. Pero las legisladoras advirtieron que se excluyó la participación del actual Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, “sabiendo que las mujeres son uno de los principales grupos perjudicados por la pandemia”.
Por esta razón, el proyecto apunta a “darle voz a las mujeres en la toma de decisiones en situaciones críticas, incorporando la perspectiva de género en el diseño, implementación y monitoreo de políticas adoptadas para afrontar de manera transversal estas crisis”.
Además, la propuesta de ley busca fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento.
La iniciativa es impulsada por las diputadas Adriana Cáceres, Lidia Ascárate, Sofía Brambilla, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Gabriela Lena, Silvia Lospennato, Josefina Mendoza, Claudia Najul, María Luján Rey y Natalia Villa.
“Desde que comenzaron las medidas de aislamiento preventivo, las denuncias de casos de violencia de género en los hogares aumentaron más del 30% y hubo más de 20 casos de femicidios”, declaró Adriana Cáceres (Pro), una de las firmantes.
En esa línea, remarcó que “al no incluir al Ministerio de las Mujeres en el comité de crisis, se olvidaron que la pandemia también nos afecta a todas”.
Por su parte, la radical Carla Carrizo coincidió en que “necesitamos que la igualdad entre varones y mujeres no sea un slogan en Argentina, con o sin pandemia, pero mucho más en esta emergencia. Para eso es clave que los comités de crisis que funcionan hoy en la Nación y en las provincias integren el Ministerio de la Mujer a nivel nacional y las direcciones del área en las provincias, no sólo para cumplir con los organismos internacionales que así lo establecen, sino para garantizar que las políticas de cuidado y protección les lleguen efectivamente a las protagonistas”.
Presentan un proyecto de ley en la Cámara baja bonaerense para establecer un protocolo de género obligatorio en espectáculos masivos.
Se debate en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley que propone la creación y aplicación obligatoria de un “protocolo de acción por razón de género”, en todos aquellos establecimientos de concurrencia masiva, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
El objetivo fundamental de la propuesta es poder resolver, con celeridad y responsabilidad todos los problemas relacionados a cuestiones de género que puedan ocasionarse en circunstancias de eventos, espectáculos y otros lugares de concurrencia masiva.
El proyecto persigue el objetivo, según sus fundamentos, de “aportar una herramienta específica para el abordaje de situaciones de violencia por razón de género detectadas en la realización de los eventos, espacios y establecimientos de concurrencia masiva y brindar pautas de intervención”.
Al respecto, el diputado Maximiliano Abad, autor de la iniciativa, destacó que “es muy necesario tener protocolos específicos en esta temática, porque la proliferación de casos y la relevancia del tema así nos lo exigen. Por eso, el principio rector de este proyecto es la anticipación, la prevención. Por eso proponemos que sea obligatorio que cada organizador de evento o responsable de espacios masivos tenga la previsión sobre cómo actuar y cuente con las herramientas específicas”.
Además, destacó que “el proyecto propone que en el caso de que haya que realizar controles de los asistentes, deberá hacerlo personal policial del mismo género, deberá existir un stand visible donde cualquier persona pueda denunciar una cuestión de género que pudiera sufrir por o en ocasión del evento”.
También, frente a una denuncia, el personal de seguridad debe localizar al agresor, imponerle la mayor distancia de impedimento de contacto y controlar que se cumpla; la obligatoriedad de publicitar y promocionar la Línea 144 que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país; y la exigencia de hacer un seguimiento posterior de la situación que pudiera haberse ocasionado.
El protocolo, finalmente, invita a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la ley y exigir a quienes organizan o son responsables de los eventos a establecer el protocolo de actuación.
“La violencia de género es uno de los aspectos fundamentales de la agenda de la mujer en la sociedad contemporánea, y todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir en definitiva salva vidas. Con ese espíritu trabajamos en esta iniciativa”, concluyo Abad.
La pampeana fue electa por unanimidad para encabezar la comisión integrada por todas las senadoras.
La senadora pampeana Norma Durango (Frente de Todos) fue reelecta este miércoles para unanimidad para presidir la Banca de la Mujer, la comisión permanente que está conformada por todas las integrantes de la Cámara alta.
La reunión se desarrolló en el Salón Illia y como vicepresidenta fue designada Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien estuvo ausente.
Al asumir, Durango resaltó que el año pasado la Banca de la Mujer fue “una de las comisiones que más trabajó”, y adelantó que para la próxima reunión se convocará a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Además, las senadoras formularon propuestas para la agenda del año, algunas de las cuales tienen que ver con la prevención de la violencia de género y de los femicidios, a partir de los casi 70 casos registrados este año.
Se acordó este martes en una reunión encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta y Sergio Massa. La ministra habló ante legisladoras oficialistas.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, pasó este martes por la Cámara de Diputados, donde se acordó realizar una capacitación de género a diputados y diputadas el próximo 3 de marzo, en el marco de la Ley Micaela.
En primer lugar, Gómez Alcorta fue recibida por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en el Salón de Honor, junto al jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau.
En esa reunión se acordó que el 3 de marzo se llevará a cabo en el recinto una capacitación de género destinada a diputados, diputadas y personal del Congreso, dictada por especialistas de acuerdo a la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela.
Asimismo, se abordó la agenda legislativa de género y la necesidad de profundizar el análisis parlamentario sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres.
A continuación, Gómez Alcorta se reunió durante más de tres horas con diputadas oficialistas en las oficinas del bloque, también con la presencia de Máximo Kirchner.
“Fue un encuentro en el que sobre todo pudimos escucharnos con todas las compañeras. Escuchamos las inquietudes, los proyectos, las particularidades que hay en cada territorio y pudimos pensar cómo crear puentes para articular las políticas del ministerio con la agenda legislativa de las diputadas”, expresó la ministra.
Gómez Alcorta estuvo acompañada por la jefa de Gabinete del Ministerio, Lara González Carvajal; Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; y Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad.
