Ante la postergación del avance del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y su regreso a foja cero, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) informó en X que “presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder ejecutivo que convoque a una consulta popular” y buscar aprobar la iniciativa del presidente Javier Milei con el voto del pueblo de la Nación.

De esta manera, Milman remarcó su pedido basado en el artículo 40 de la Constitución Nacional, a la espera de conocer lo que sucederá con la ley ómnibus durante el período de sesiones extraordinarias, el cual culmina este 15 de febrero, y aun no hay certezas de que sea prorrogado.

En el día de hoy he presentado un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo convoque una Consulta Popular en los términos del Artículo 40 de la CN.
Así mismo presente un proyecto de Ley en el mismo sentido regulado por el segundo párrafo del Artículo 40 @JMilei

— Gerardo Milman (@gmilman) February 7, 2024

El texto que Milman relató presentar en la Cámara de Diputados propone que la iniciativa del Poder Ejecutivo sea sometida a una votación en las urnas, la cual será aprobada o rechazada a partir del resultado del sufragio de la ciudadanía. Es decir, el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

También, está la convocatoria a consulta popular no vinculante donde el voto no es obligatorio y puede ser solicitada por el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias.

El único antecedente del plebiscito en Argentina fue en 1984 cuando el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, sometió a voluntad popular el parecer de la ciudadanía respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle, luego de la mediación del papa Juan Pablo II.

La propuesta fue aprobada por el 82% de los votos, frente al 17% que optaron por la negativa y menos de un 2% de votos en blanco o nulos.

Después de muchos meses de ostracismo, tras ser involucrado por un supuesto testigo en el atentado contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner, volvió a hablar en el recinto el diputado nacional Gerardo Milman. Poco antes de las 16 de este viernes, el legislador del Pro admitió que tal vez el proyecto discutido debió haber pasado por más comisiones. “Quizás todas”, sugirió, pero advirtió que “si hubiese pasado pro todas las comisiones, igual la hubiesen votado en contra. No es ese el problema”.

Para Milman, en la Argentina “conviven dos modelos de país. Y no está mal que haya dos miradas de país. La Argentina tiene un problema de políticas de Estado, de consensos en algunas materias, y que se fueron perdiendo. Hay distintas miradas y ojalá en algún momento podamos arribar a esos consensos aun con miradas distintas en muchísimos temas”.

“Argentina es Mariano Moreno y Saavedra; es Roca, Juárez Celman, Yrigoyen, Alem, Alvear, Rosas, Rivadavia, Urquiza, Derqui, Frondizi, Perón, Illía, Alfonsín, Carlos Menem, De la Rúa, Duhaldel, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri Macri  y Javier Milei. Somos todo eso, nos guste o no nos guste”, afirmó.

Milman observó que “el pueblo a veces vota a uno y a veces vota a otro. Y por eso hay alternancia; no resolvimos cómo se come, cómo se educa, cómo se vive, y esa es nuestra responsabilidad, no de los que están afuera”.

Para Gerardo Milman, “debemos preocuparnos por los que no están en esta ley, cómo vamos a terminar con la inflación, cómo vamos a resolver la pobreza, la segurdad… Me solidarizo con todos los legisladores y el personal de seguridad que sufrieron violencia, pero también con la familia de Uma, y todas las Umas que tienen nuestra Argentina todos los días”.

En un mensaje muy contemplativo, Milman hizo hincapié en las discusiones armadas en torno al dictamen y los cambios sobre el mismo. Por eso llamó a “ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas; no está mal que se modifique el dictamen en distintas reuniones, así funciona. El dictamen está en las bancas, y cuando se discuta en particular, habrá otros cambios, como ha sido siempre. Por lo tanto vamos a acompañar esta ley como acompañamos muchas veces a los diputados antes oficialistas en temas en los que queríamos colaborar”.

Hizo referencia también a que “se nos dice ‘colaboracionistas’” y advirtió que él conoce bien lo que se les quiere decir con ese término. Pero prefiero la definición de la Real Academia Española: ‘colaborar es un verbo intransitivo, trabajar con otra u otras personas para la realización de una obra’. Prefiero esa palabra”.

Recordó que en las elecciones “salimos terceros, pero no importa, estamos para representar al pueblo, y a veces votamos de una manera y a veces de otra. Y no está mal”.

Y cerró: “Trabajemos sobre los problemas reales de la Argentina; muchos problemas no los va a resolver esta ley, pero significa un mensaje político. El presidente tiene derecho a terminar su obra, y si le va mal, el pueblo votará otra cosa como siempre”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Frente Pro) reiteró ante la Justicia que un teléfono celular que se busca peritar en la causa por intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue “extraviado en una mudanza”, al presentar un escrito en el cual puso a disposición el acceso a su vivienda.

“En primer lugar no tengo nada que ocultar en relación a los hechos ventilados en la causa”, sostuvo Milman en el escrito presentado en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene delegada la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo, informaron fuentes judiciales.

En esa línea, manifestó no poseer “el aparato telefónico que se intenta secuestrar, conforme lo ya manifestado en mi anterior presentación, ya que el mismo fue extraviado en una mudanza junto a otros elementos”.

“Vengo a ponerme nuevamente a disposición de la justicia, franqueando el ingreso a mi domicilio”, agregó Milman tras mencionar que el 1 de noviembre pasado se ordenó peritar todos sus teléfonos celulares a pedido de la querella y la fiscalía.

Todo esto es consecuencia del reclamo de la querella de la vicepresidenta, tras detectar que entregó a la Justicia un aparato adquirido después de los hechos y que no era el que utilizaba al momento en el cual según un testigo habría pronunciado la frase “cuando la maten, yo voy a estar en la Costa”, dos días antes del intento de homicidio.

El diputado sostuvo que con ello busca “evitar de esta forma daños en mi propiedad y mayor alteración de la tranquilidad de mi seno familiar el cual, por la actuación o excursión de pesca de la acusadora, pese a la orfandad probatoria incriminante, se ve nuevamente alterado”.

Por último, pidió que no se secuestre un teléfono celular que dijo haber comprado el día en que entregó su móvil en el juzgado “para no quedar incomunicado” y por su “actividad laboral”, y adjuntó el comprobante de esa adquisición.

A principios de mes la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un pedido de autorización del juzgado para allanar el domicilio de Milman en busca de tres teléfonos que según la querella usaba al momento de los hechos.

La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Ivana Bohdziewicz), que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.

A principios de noviembre, la Cámara Federal porteña ordenó el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado Milman no entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato acaecido el 1 de septiembre del año pasado.

El tribunal le ordenó a la jueza Capuchetti que avance con la medida pedida por la querella y por el fiscal Rívolo, para lo cual debió solicitar la autorización de la Cámara de Diputados, tal como establece la Ley de Fueros invocada en la resolución.

La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, tras detectar que el acusado había entregado a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max que apareció en el mercado después de la fecha en el que se produjo el atentado.

Días atrás, la Gendarmería Nacional le informó a la jueza Capuchetti que la tecnología de la que dispone esa fuerza no es suficiente para extraer información de ese teléfono por lo que la magistrada le consultó a la defensa de Milman si el diputado está dispuesto aportar el patrón de desbloqueo, informaron fuentes judiciales.

En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados aprobaron autorizar un oficio remitido por la jueza María Eugenia Capuchetti que solicitó la entrega por parte del diputado nacional Gerardo Milman de su celular para investigar algún tipo de relación suya con el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022 por la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

La solicitud fue realizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refería a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).

Se autorizó así a allanar el domicilio del diputado nacional para buscar dos celulares viejos del legislador. En ese marco el titular de la comisión, el pampeano Hernán López Araujo (Frente de Todos) pidió disculpas porque al convocar a la reunión no había girado a los integrantes de la comisión el expediente que iba a ser abordado, y lo justificó en la duda que tenían de que el mismo estuviera bajo secreto de sumario. Por eso, luego de hacer las consultas pertinentes, recién este lunes adjuntaron el expediente para que lo vieran los legisladores.

Por la oposición, el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo que de acuerdo con lo asumido oportunamente darían su aprobación para la autorización requerida por la jueza, aunque se encargó de aclarar que el diputado Milman no había eludido la acción de la justicia. Lo aclaró porque -dijo- “alguien desprevenido podría interpretar que está prófugo o algo por el estilo, y la verdad que nada más alejado de la verdad”.

Tonelli destacó que apenas se inició la causa, su compañero de bancada se había presentado espontáneamente y cuando se le requirió el teléfono, él mismo lo entregó. “Lo que ocurrió fue que era nuevo, y como suele suceder con cualquiera de nosotros cuando cambiamos el teléfono, el anterior él lo dispuso”, aclaró, insistiendo en que “el diputado Milman nunca ha eludido la acción de la justicia; siempre ha estado (atento) a lo que la juez dispusiera”.

A continuación intervino el diputado Juan Manuel López, quien aclaró que la Ley de Fueros solo dispone inmunidad de arresto, no de proceso. “En tanto y en cuanto la Cámara no autorice nuestro arresto, esa inmunidad de proceso está reglamentada por la Ley de Fueros”, planteó, recordando que ya hubo casos de allanamientos y acciones en ese sentido, como sucedió anteriormente con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, o Julio De Vido, y siempre tuvieron el mismo comportamiento. Además, recordó que el pedido era hecho por la Cámara Federal a través de los jueces Bruglia y Bertuzzi, cuya independencia él destacó. “Lo vamos a acompañar”, aprobó, admitiendo que “por ahí tendría que revisarse esta Ley de Fueros, que ha quedado un poco vieja, fue pensada hace 20 años, cuando algunos resabios de privilegios quedan”.

Y como al pasar, López deslizó que “también a veces los diputados pueden ser víctimas de inteligencia”, y en ese sentido citó lo conocido en las últimas horas y que involucraba al diputado oficialista Rodolfo Tailhade, mas aclaró que eso lo hablarían más tarde en la Comisión de Juicio Político. “En algún momento aclarará porqué llegaban a su celular causas de la diputada Carrió”, apuntó.

Intervino luego el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró que no tenía problema en tratar el tema que acababa de aludir Juan Manuel López, y adelantó que eso que acababa de decir marcaba claramente “la actitud con la que van a venir todo el día de hoy… Ven algunos programas televisivos a la noche y se excitan con los contenidos”, ironizó.

Luego Leopoldo Moreau se quejó porque el procedimiento que se estaba haciendo era “tardío” y acusó a Milman de haber incurrido en una “estafa procesal, porque entregó un celular que no tenía nada que ver. Puede aducir que lo había cambiado… Ahora, es muy extraño que haya sucedido eso. Hay muchos de nosotros que tenemos celulares hace mucho tiempo. Espero que (los celulares que ahora entregue) no estén borrados, como los de sus secretarias, una de las cuales denunció que había sido borrado en el local del Pro, en presencia de la que todavía no era candidata presidencial”, dijo en relación a Patricia Bullrich.

Por último, la diputada Carla Carrizo aclaró sobre la ley vigente que los fueros de los que gozan los legisladores no representan “un privilegio”, sino que son “un recurso que se nos brinda contra la arbitrariedad del poder, aun en democracia. No hay que reformarla”, reiteró, aunque sí sugirió que debían revisar que se les hubiera dado fueros a funcionarios y algunos magistrados.

El traspaso presidencial

Pero aprovechó la ocasión para recordar que junto a la diputada Margarita Stolbizer habían presentado una solicitud para ver si podían tratar antes de fin de año la regulación del traspaso presidencial. Recordó que Brasil lo reguló en 2002, Estados Unidos en 1968, y en la Argentina “necesitamos coordinar cómo se recibe el poder. Lo hicimos con el debate presidencial, y ahora nunca va a haber más una silla vacía. A ver si en estos 40 años de democracia podemos votarlo ahora y dejar el legado para la próxima gestión”.

Adelantó en ese sentido que harían un emplazamiento en la próxima sesión, ante lo cual el presidente de la comisión admitió que habían recibido la solicitud de tratamiento de varios proyectos sobre el traspaso presidencial y expresó su compromiso para empezar a debatirlo en sucesivas reuniones. Empero, aclaró que no lo harían en esta ocasión, atento al “carácter especialísimo de esta convocatoria”.

Entre las múltiples reuniones de comisión previstas para este martes, llamó particularmente la atención una de Asuntos Constitucionales, convocada por su titular, el pampeano Hernán Pérez Araujo. La misma fue llamada a reunirse para tratar un oficio judicial impulsado por Cristina Fernández de Kirchner.

Dicho documento oficial corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refiere a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).

La causa es la del intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación en septiembre de 2022. Al ser consultado por parlamentario.com sobre la intención de esta reunión, el presidente de la comisión no contestó, en tanto que el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo desconocer el origen de la convocatoria porque no habían podido ver el oficio del juez. “El presidente de la comisión tiene el expediente remitido por la justicia, pero no nos permite verlo, bajo el argumento de que es secreto”, observó.

Todo indicaría que el objeto de la reunión es tratar la situación del diputado del Pro Gerardo Milman, a quien la querella de la causa del atentado contra la vicepresidenta quiere imputar, a partir de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que el mismo ocurriera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello dijo haberle escuchado pronunciar a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto de 2022.

¿Qué dice el artículo 1° de la Ley de Fueros al que se hace referencia? “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, re moción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyen do causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclaran do los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

Cabe recordar que la querella de la vicepresidenta de la Nación ha mostrado interés en dos dispositivos que Milman tenía registrados previamente al atentado contra Cristina Kirchner. Lo cierto es que Casación había ordenado retener un celular que según la defensa fue adquirido con posterioridad al hecho.

Esta instancia a desarrollarse en Asuntos Constitucionales apuntaría a tratar de resolver esta controversia planteada en torno a los celulares del legislador, previéndose entonces una fuerte polémica en la citada comisión.

A cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la Cámara de Casación Penal ordenó este viernes la apertura de uno de los teléfonos celulares del diputado nacional Gerardo Milman (Pro) en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el 1ero. de septiembre del 2022.

A principios de mes, la jueza había rechazado un recurso presentado por la defensa del diputado. Por otro lado, el abogado de la vicepresidenta, Marcos Aldazabal, expresó que “no van a encontrar nada en el celular, tenemos la esperanza de que en otros sí”.

“Acá hubo un engaño manifiesto de Gerardo Milman, ya que ese dispositivo -que abrieron un año tarde- el diputado lo entregó directamente cuando la Cámara Federal ordenó el secuestro de teléfonos”, continuó el letrado.

Del mismo modo, señaló que “a raíz de la información que aportaron diversas compañías telefónicas que recabó la fiscalía, podemos ver que el celular aportado es un teléfono que él no tenía al momento del atentado, sino que lo adquirió tres meses después, y además es un modelo que ni siquiera existía en ese entonces. Salió después del hecho”.

Esta referencia se debe a que el móvil aportado por Milman es un modelo iPhone 14 Pro-Max, el cual “es un dispositivo que las maquinarias disponibles no pueden abrir sin tener la contraseña, que el diputado tampoco otorgó”, agregó Aldazabal.

De todas formas, el abogado que representa a CFK se mostró confiado en “encontrar algo”, ya que todavía “hay dos celulares más que sí tenía al momento del atentado y todavía los jueces no los secuestraron”.

Con relación al secuestro y peritaje del celular, Aldazabal expresó que “no creo que lo den por cerrado, ya que el juez dijo que debían secuestrarse todos los teléfonos”.

“El problema es que el secuestro de los celulares lo pedimos hace un año, es decir, está claro que hoy todos los dispositivos -si todavía conserva alguno- están vacíos. Obviamente confiamos en los peritos y que se pueda extraer algo, pero obviamente es difícil en la complicidad que hubo para que Milman pueda borrar toda la información que tenía disponible”, concluyó.

El diputado Gerardo Milman comenzó a ser observado en la investigación, cuando el 23 de septiembre pasado un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y relató que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

La frase que Abello le cargó a Milman fue “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, la cual declaró haberla oído en el bar Casablanca el 30 de agosto, dos días antes de que ocurra el hecho contra CFK. En aquel momento, el legislador se encontraba acompañado de sus dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

A la hora de hablar de seguridad durante el segundo Debate Presidencial 2023, el candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, explicó los tres ejes centrales de su política que aplicó en Tigre cuando fue intendente. Fue la exministra de Seguridad y presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien le salió al cruce recordándole que “hace 4 años estás en el Gobierno”, y le enrostró el conflicto con Martín Insaurralde, pero Massa le replicó: “Yo le pedí la renuncia, vos nunca pediste la renuncia de Gerardo Milman”.

En los 2 minutos de exposición, Massa expresó: “Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día”.

En esa línea, propuso: “Lo voy a hacer sobre 3 ejes muy claros”, y detalló: “El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes financiada desde el Estado Nacional”.

“Además, vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Un FBI argentino instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales, corrupción, narcotráfico y además la trata de personas”, planteó y contó: “Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan”.

Por último, manifestó como tercer eje “exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir, con un cambio en la ley, el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad”.

Fue Patricia Bullrich (JxC) la única que pidió derecho a réplica para recordarle que “hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre. Parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace 4 años que estás con el Gobierno que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina”.

¿Tus números quién te los da, Insaurralde? que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró. No podes hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y son delincuentes”, lanzó Bullrich y le enrostró: “Vos defendiste a Scapolán un fiscal del narcotráfico, lo defendiste así, de cara, entonces no hables de seguridad porque no tenes autoridad moral para hacerlo”.

Massa le respondió: “Yo quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano, pero que además vinieron de distintos lugares del mundo para copiar el modelo que había, que hayamos desarrollado, móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio, cámaras en todas las esquinas de los barrios y además el botón de pánico en el celular de cada ciudadano”.

“Yo no hablo de acusaciones falsas y respecto a Insaurralde, cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo. Yo le pedí la renuncia, pero vos nunca le pediste la renuncia a Milman”, remató.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la orden del secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman (Pro-JxC), en el marco de la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión fue adoptada por el voto de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, de la Sala II, quienes de esta manera declararon inadmisible el recurso presentado por el abogado del legislador, que reclamaba en contra de esta medida. 

No obstante, días atrás, la defensa de la presidenta del Senado advirtió que Milman entregó a la Justicia un celular que fue adquirido después del hecho ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022, y por el cual se encuentran presos y elevados a juicio Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. 

Uliarte comprometió también a Milman, cuando en un escrito presentado hace dos semanas por su abogada asegura: “Yo no sé por qué Nando (su novio detenido Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner”. 

“También en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina (Gómez Mónaco, secretaria de Milman), y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces”, agregó. 

La denominada “pista Milman”, que la querella insiste con investigar y no desechar, surgió a raíz del testimonio de un asesor del Congreso que habría escuchado decir a Milman “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, horas antes del hecho, cuando se encontraba con dos asesoras suyas -Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz– en el bar Casablanca, ubicado frente al Palacio Legislativo. 

En su declaración, ambas mujeres negaron haber escuchado al diputado decir eso. No obstante, Bohdziewicz contó ante la Justicia que ella junto a Milman y Gómez Mónaco fue convocada a las oficinas de Patricia Bullrich para que un perito elimine información de sus celulares. 

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal reclamaron, en el marco de la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, que el diputado del Pro Gerardo Milman entregó a la justicia un celular adquirido posteriormente al ataque sufrido por la vicepresidenta, el 1ro. de septiembre de 2022.

“La demora de V.S. en actuar ha hecho que, luego de un año, solo tengamos un celular de Gerardo Milman que ahora sabemos que no tiene relevancia y que es sólo uno de cuatro dispositivos que tiene el diputado nacional”, resaltaron en el escrito.

Para la querella, “volvió a quedar claro que las dilaciones causadas por el accionar jurisdiccional han permitido el borrado de prueba y obstruido la búsqueda de la verdad”.

Según los letrados, Milman “entregó un dispositivo que no tenía (o, al menos, no tenía en uso vinculado con esa línea) antes del atentado y que tampoco utilizó en las diez semanas posteriores (ya que el impacto fue recién el 18 de noviembre de 2022). De esta forma, su actitud supuestamente colaborativa es una burla a la justicia”.

“Es interesante notar que el iPhone 14 Pro es un dispositivo que no puede ser analizado por la tecnología de análisis celulares disponible si no se conoce el patrón de seguridad, tal como quedó demostrado cuando se quiso peritar el celular de (Carolina) Gómez Mónaco“, apuntaron en referencia a una de las asesoras del legislador.

Y detallaron que “de acuerdo con lo que surge de la página de Apple, el iPhone 14 Pro salió a la venta en Estados Unidos recién en septiembre de 2022. Esto quiere decir que Milman compró el último dispositivo disponible luego del ataque contra la vicepresidenta, en el evidente conocimiento de que ese aparato era inexpugnable tecnológicamente. Que este teléfono haya salido a la venta después del atentado muestra que, más allá del impacto de IMEI, nunca puede haber sido el que usó en las fechas previas y posteriores al ataque”.

“Esta circunstancia es concordante, también, con el relato de Ivana Bohdziewicz respecto a lo sucedido en las oficinas de Patricia Bullrich, cuando le dijeron a Gómez Mónaco que compre un nuevo celular: ahora sabemos que también era un iPhone 14 Pro y que, tal como le dijeron en esa reunión, el celular no pudo ser abierto por los peritos. Es evidente que tanto a Milman como a su círculo se los puso en conocimiento de que deberían comprar los últimos aparatos disponibles para preservar su contenido, más allá de los procesos de borrado”, apuntaron.

En esa línea, los abogados insistieron en que “Milman entregó un celular que no tenía al momento del atentado y que sabe que no se puede abrir sin el patrón de desbloqueo, que no aportó” y además “de lo informado por Telecom surge que Milman tendría, al menos, tres dispositivos más. Milman tiene tres celulares que no entregó. Dos de ellos son los que habría usado al momento del atentado”.

“Lógicamente, Milman, como imputado, no tiene obligación de entregar sus teléfonos. Aun así, su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación. Quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora sólo la ha estorbado”, cuestionaron sobre el rol de María Eugenia Capuchetti, a quien sin éxito CFK había reclamado apartar de la causa.

Tras recordar que la Cámara baja autorizó el secuestro de los celulares de Milman, aclararon que “el recurso en trámite por la defensa de Milman ante la Cámara de Casación no obsta al secuestro de los dispositivos”. “Solicitamos que la jueza ponga a disposición de las partes la información en su poder relativa a las llamadas y mensajes entrantes y salientes de Milman”, pidieron Ubeira y Aldazabal.

En otro cuestionamiento a Capuchetti, sostuvieron: “Rogamos que, por una vez, la jueza siga lo que marca la prueba y el ordenamiento jurídico, y no intereses políticos o animadversiones personales. Lo que ha hecho Milman al entregar un celular posterior al atentado y ocultar la existencia de otros tres dispositivos es una burla a la jueza, al fiscal y a la víctima. La única respuesta posible es la que se deriva del rigor de la ley”.

También solicitaron que se preste declaración a Nadia Ayelén Mir, quien en una denuncia habría complicado el rol de Gómez Mónaco; y reiteraron que se lleven a cabo acciones para investigar si existió efectivamente el encuentro en el Instituto de Estudios Estratégicos, que dirige Patricia Bullrich y del que también es parte Milman, del cual habló Ivana Bohdziewicz, respecto de que habrían ido allí para que un perito informático borre los contenidos de sus celulares.

Incluso, los abogados de CFK consideraron que “es importante saber quién es el chofer que habría llevado a las asesoras de Milman luego del borrado de celulares, con el fin de que preste declaración testimonial”. “Para eso, será necesario oficiar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el fin de que envíe la nómina de chóferes que trabajan para este cuerpo legislativo y especifique aquellos asignados al diputado Gerardo Milman. Además, deben especificarse los modelos y colores de los autos de la Cámara”, agregaron.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recordó este viernes el aniversario del intento de magnicidio que sufrió el 1ero. de septiembre del 2022 al compartir un video, titulado “Testimonios documentales”, en el que Juan Grabois narra lo acontecido, el avance de la investigación y pregunta “¿Quién atentó contra Cristina? ¿Y por qué?”.

El video compartido por la exmandataria es un fragmento de un informe que Grabois subió a su canal de YouTube este jueves y aborda el hecho “para comprender las causas, responsables y motivaciones del intento de magnicidio, que, junto al atentado financiero del Fondo y el atentado jurídico de la mafia judicial, fueron moldeando la situación política actual”.

“Se cumple un año del atentado a CFK. En este video vamos a exponer hechos concretos que demuestran la vinculación objetiva entre la célula operativa que perpetró el atentado, los amablemente llamados ‘Copitos’; el grupo político de superficie llamado Revolución Federal, junto a otros grupos satélites, ciertos dirigentes muy relevantes de la actual oposición política como el señor (Gerardo) Milman y la principal estructura de financiamiento, por lo menos la que está comprobada el grupo Caputo, de evidentes vinculaciones con el macrismo”, expresa el ex precandidato a presidente en el video.

Del mismo modo, agrega que “los elementos vinculados al hecho se entrelazan con los dos principales candidatos de la ultraderecha argentina, son comandos de campaña, sus entornos de acción política, con Javier Milei y con Patricia Bullrich”.

Por otro lado, Grabois afirma que “nosotros somo querellantes en la causa llamada Revolución Federal y lo somos porque yo estaba en la lista negra de las personas que ellos iban supuestamente a matar y a partir de eso conformamos un equipo de investigación para comprender lo que realmente estaba sucediendo en dos expedientes: el de Revolución Federal y el de los ligeramente llamados ‘Copitos’”.

A su vez, señala que “en esos expedientes que parecieran no avanzar hacia una profunda investigación para dilucidar no solamente autores materiales, sino conexiones políticas, financistas y autores intelectuales”.

“Frente a la negligencia o complicidad de jueces y fiscales, nosotros que queremos dilucidar las dos preguntas fundamentales: ¿Quién atentó contra Cristina? ¿Y por qué?”, termina el video.

También, la exmandataria había reposteado un tuit de La Cámpora que presentaba el documental “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá, un año de impunidad”, que muestra con imágenes reales la peregrinación de la militancia en la puerta de la casa de CFK.

A casi un año del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo consideró que por parte de la Justicia “no hay intención de perseguir la pista política”. “Descreo mucho de las posibilidades de esclarecer esta cuestión con esta jueza (María Eugenia Capuchetti) y con la inactividad que viene llevando”, criticó a la magistrada a cargo de la causa.

Consultado en AM530 sobre la autorización que aprobó la Cámara baja para que la Justicia abra el celular del diputado Gerardo Milman, mencionado en la causa por un testigo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales observó que “probablemente sea tarde, probablemente ese teléfono este vaciado de contenido y comunicaciones, que es lo que se necesita encontrar”.

En ese sentido, el pampeano recordó la declaración de una de las colaboradoras de Milman, Ivana Bohdziewicz, quien dijo que el contenido de su celular “fue borrado por expertos en tecnología en la fundación de la candidata a presidenta Patricia Bullrich“.

Independientemente de lo que pueda encontrarse, “la pericia sí puede dilucidar si algo del teléfono fue borrado”, indicó el legislador y sobre Milman expresó: “Las implicancias políticas son claras y concretas, no solo para él, sino también para su jefa”.

“La vicepresidenta queda indefensa por la jueza y la Cámara (Federal porteña) que le ha tocado, más allá de que hayan sido (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi quienes autorizaron abrir el teléfono de Milman”, agregó.

El primer pedido de apartamiento de reglamento de la sesión de este miércoles fue presentado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para aprobar la autorización de la Cámara de Diputados para que la Justicia secuestre el o los teléfonos móviles del diputado nacional Gerardo Milman que había tenido dictamen en horas de la mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El pedido judicial se da en el marco de la investigación sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Estamos a ocho días del primero de septiembre y hay una manda judicial que llegó a este Congreso para poder avanzar”, explicó el jefe de bancada del FdT, y amplió: “la pista Milman surgió de la investigación del atentado contra CFK a partir de una persona que escuchó a las asesoras del diputado decir ‘cuando la metan voy a estar en la costa’”.

Del mismo modo, agregó: “Efectivamente Milman viajó a la costa y posteriormente en este recinto habló de “falso ataque” contra la vicepresidenta”. “A pesar de eso la jueza se negó a secuestrar el teléfono de Milman y las asesoras vuelven al juzgado y declaran que el celular fue borrado”.

Sin embargo, Martínez remarcó que “en mayo una de las asesoras de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró por tercera vez”. “Luego la otra asesora, Carolina Gómez Mónaco, la citó para ir a una oficina de Patricia Bullrich con peritos informáticos para borrar contenidos de todos los teléfonos (asesoras y diputados)”, aseveró.

Para terminar el pedido de apartamiento, Martínez afirmó que “el caso es gravísimo”, y lanzó: “Bienvenido el accionar de la Justicia y el dictamen de consenso de esta mañana en la Constitución de Asuntos Constitucionales”.

Luego, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) reafirmó que la oposición votaría a favor del tema “como fue planteado” en la reunión de comisión, pero advirtió que “es oportuno decir que Milman ya había entregado voluntariamente su teléfono a la Justicia”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, llevó adelante la votación y confirmó el resultado afirmativo con el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas.

La diputada nacional Myriam Bregman (PTS –CABA) cuestionó: “Vamos a acompañar, pero no me parece un funcionamiento muy democrático que solo los dos bloques mayoritarios opinen del tema”.

A continuación estalló el clima calmo que había hasta el momento. Fue cuando llegó el turno del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, quien cuestionó fuertemente que el tema fuera tratado al inicio y no al final como habían acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.

“Quiero aclarar que nosotros no nos vamos a prestar a nada para que se caiga la sesión porque estamos decididos a que se lleve a cabo, pero esto no fue lo que habíamos acordado. Pactamos que se trataría al final”, aseveró.

En defensa del radical, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) expresó que “aquellos que nos llaman ‘la casta’ nos dieron un gran aleccionamiento en la última elección porque perdimos los códigos de la política y el funcionamiento”. En esa línea, añadió: “En este recinto se expresa constantemente porque estamos buscando viendo como nos sacamos ventaja, como nos primereamos”. “La moción de Negri fue para que se votara cuando hubiera tiempo”, indicó Camaño.

No obstante, la diputada de Identidad Bonaerense afirmó que “algunos de los que estamos acá vinimos con un objetivo claro que es darle una respuesta a la problemática de alquileres que hemos creado nosotros”, y cerró: “En nombre de la cordura, y si queremos que nos dejen de decir “casta”, dejemos este tema, como es uso y costumbre en este recinto, para cuando concluyamos el debate para el cual fuimos convocados”.

Sobre el final, la presidenta del cuerpo admitió que lo habían hecho así para evitar que la oposición fuera a retirarse antes del final, abortando la posibilidad de aprobar la medida.

Convocada a último momento del martes, se reunió este miércoles por la mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para tratar sendos oficios judiciales enviados por la jueza María Eugenia Capuchetti para solicitar el secuestro del celular o los celulares del diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), mientras que en el segundo caso se notificaba que el legislador había adjuntado un teléfono y solicitaba a la Cámara que se le diera la autorización pertinente a proceder con la apertura del celular.

“Los oficios llegaron esta semana y entendimos que era atinado tratarlos de manera rápida y aprovechando la presencia de todos los diputados, por la sesión convocada por la oposición”, aclaró el presidente de la comisión, Hérnán Pérez Araujo (FdT – La Pampa), abriendo el paraguas ante los reproches que pudiera haber de parte de la oposición por la rapidez con la que había sido convocado la reunión.

El pedido encontró disposición de parte de todos para proceder con el pedido formulado por la justicia y se firmó entonces el dictamen correspondiente.

Poco después de la reunión, el presidente del bloque oficialista, Gerardo Martínez, celebró a través de X la autorización brindada por la comisión para acceder a información y/o comunicaciones contenidas en el celular de Milman, de acuerdo al requerimiento judicial, y anunció que el oficialismo pediría que se apruebe en la sesión de este miércoles.

Así lo expuso de parte de Juntos por el Cambio el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien aclaró que el primer oficio devenía en abstracto, pues Milman ya había entregado el celular. “Queda pendiente la autorización que nos pide la jueza”, comentó el legislador, recordando que quedaba pendiente la autorización solicitada, atento a la Ley de Fueros que obliga a que ese procedimiento deba ser autorizado por la Cámara. “Estamos totalmente de acuerdo con esa autorización, vamos a votar favorablemente”, confirmó Tonelli, aunque aclaró que harían un par de salvedades, pues la cuestión había sido apelada por la defensa de Milman. “La Cámara Federal ha fijado ciertos términos que deberíamos respetar y deberían constar en nuestra resolución”, señaló el legislador, que aclaró que la extracción del celular debería limitarse a analizar los hechos investigados, preservándose toda información que no guarde relación con el caso. Dijo entonces que votarían a favor, pero pidió que la efectiva apertura quedara supeditada a los términos de la Cámara Federal.

Fiel a su conocida postura, la diputada Graciela Camaño se mostró dispuesta a no darle “ningún tipo de impunidad” a los legisladores respecto de la presentación ante la justicia y máxime frente a un hecho probatorio, y hasta pidió eliminar el artículo 1° de la Ley de Fueros, porque “es una trampa que le hemos dado a la ley”, dijo. A su criterio, no se debe obstaculizar de ninguna manera el accionar de la justicia cuando se trata de un diputado nacional. “No podemos objetar absolutamente nada, no tenemos que poner ningún tipo de restricción en el tema”, y se manifestó contra la postura expuesta por la defensa del legislador respecto de que la verificación del celular se hiciera al momento de que hubiera un fallo final. “Es una argucia que va a seguir llevándonos al fondo de la cuestión –dijo-. En algún momento debemos sentarnos a derogar ese infine que excede las atribuciones que la Constitución nos da cuando tenemos que definir fueros”.

A continuación, Pérez Araujo rechazó la observación de Pablo Tonelli respecto de que se tornara el primer oficio “abstracto”, pues si bien Gerardo Milman había entregado uno, bien podía haber más de un celular. Y el oficio habla del “celular o celulares”, enfatizó, y aclaró que el oficio mismo decía estar “conforme a los términos fijados por el Ministerio Público Fiscal, que es lo que dice la resolución de los jueces Bruglia y Bertuzzi”.

Finalmente intervino el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, quien manifestó el obvio acompañamiento al pedido de autorización dela jueza Capuchetti, aunque cuestionó que “esto se debería haber resuelto mucho tiempo antes, inmediatamente después de que el diputado Milman fue involucrado en la investigación del atentado”.

Además, Tailhade criticó a su colega, diciendo que “ha demostrado una actitud absolutamente impropia de su condición. Me parece demasiado tiempo que ha transcurrido para que el diputado Milman ponga a disposición del juzgado este elemento de prueba”. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de investigar si  había más celulares que le pertenecieran al legislador, para ser peritados también.

“Tampoco podemos hacer silencio respecto de algunos antecedentes que tiene esta situación. En particular un hecho gravísimo que está siendo investigado, como la eliminación de todos los datos que tenían los teléfonos de Milman y dos asesoras, en una sede de una fundación que hasta hace poco presidía la candidata presidencial Patricia Bullrich”, apuntó el legislador camporista, que concluyó quejándose de una investigación judicial del atentado que definió como “bochorno”, por cuanto “estamos a diez días de cumplirse un año del intento de asesinato y estamos dando vueltas con el secuestro de un celular de alguien que apareció involucrado al mes del hecho”.

En el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner del primero de septiembre, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) puso este martes su teléfono a disposición de la justicia federal, pero lo adjuntó a una petición para que no sea revisado interiormente.

El abogado del diputado, Manuel Barros, llevó personalmente el dispositivo móvil a la jueza María Eugenia Capuchetti, donde anunció que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador, previa autorización de la Cámara de Diputados.

No obstante, desde la Justicia deben aguardar la autorización de la Cámara baja para avanzar con la apertura del teléfono celular, el cual fue guardado en una caja fuerte en el despacho de Capuchetti.

La Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del teléfono celular el jueves 17 de agosto y había sido solicitado por la querella de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, aunque quedaba sujeta a la autorización de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, a menos de diez días de cumplirse un año desde que ocurrió el hecho, la expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja.

Los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que votaron por autorizar la medida, explicaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal (abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023)”.

La búsqueda de información en el teléfono de Milman deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, agregaron.

Por último, sostuvieron que “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo – imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

Tan cuestionados por Cristina Fernández de Kirchner, los jueces que componen la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, habilitaron este miércoles el secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), una medida solicitada en su momento por los abogados de la vicepresidenta de la Nación y la fiscalía, en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato contra ella registrado el 1° de septiembre del año pasado.

Originalmente esa medida había sido desechada por la jueza María Eugenia Capuchetti, y fue reclamada a partir de los dichos de un supuesto testigo que dijo haber escuchado en el bar Casablanca que Milman le contaba a unas colaboradoras que “cuando la maten” él iba a estar camino a la costa.

Por la Ley de Fueros, la Cámara de Diputados de la Nación que Milman integra deberá autorizar la entrega del celular por parte de ese diputado.

Para Bruglia y Bertuzzi, “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023”, como así también enmarcarse estrictamente “al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.

El tercer integrante de la Cámara, Mariano Llorens, no acompañó a sus pares al considerar que no había material probatorio suficiente que habilitara avanzar con esa medida. “No encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”, escribió el juez en su fallo.

Este reclamo de la querella surge de la presentación realizada por Jorge Abello, un asesor del diputado Marcos Cleri, quien se presentó ante la justicia para contar que el día previo al atentado él había escuchado a Gerardo Milman decirles a dos asesoras la siguiente frase: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.

Cabe consignar que ese encuentro fue certificado por las cámaras de seguridad y admitido por las propias colaboradoras de Milman, aunque otras medidas ordenadas no alcanzaron a darle credibilidad a los dichos de Abello.

Finalmente, el fallo de los camaristas indica que “el secuestro del aparato celular del diputado Milman encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos. Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) designó al abogado Manuel Barros como su defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y así podrá acceder al expediente en el que no está formalmente imputado. Se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso.

Milman presentó espontáneamente un escrito en salvaguarda de sus derechos y pidió tener acceso a las actuaciones que llevan adelante el fiscal Carlos Rívolo por delegación de la jueza María Eugenia Capuchetti. Así, el jueves 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado.

Capuchetti se negó a disponer esta medida pedida por la querella de Cristina Fernández de Kirchner, dado que Milman no está imputado en la causa. Esta decisión fue apelada por la vicepresidenta y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado.

La decisión del legislador opositor fue tomada después de una serie de episodios que lo pusieron en el radar periférico de la investigación, especialmente los señalamientos de la querella de la propia Cristina Kirchner y la declaración de una ex colaboradora que lo situó en una escena de borrado de teléfonos.

Todo ello se suma a la denuncia formulada por un funcionario del Congreso quien aseguró haber escuchado al dirigente del Pro decir, dos días antes del intento de magnicidio en el restaurante Casablanca: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.

Las dos mujeres que lo acompañaban en aquella ocasión, Ivana Bohdziewicz (quien semanas atrás reconoció que su teléfono fue borrado en oficinas que pertenecen a Patricia Bullrich) y Carolina Gómez Mónaco (quien aún trabaja con el diputado) negaron haber escuchado aquella frase.

Milman, después de aquella versión sobre un diálogo, entregó un escrito en el que negó los hechos.

Ahora, la Justicia deberá resolver si acepta a Milman en calidad de imputado y, en ese caso, concederle acceso al expediente digital para que pueda ejercer su derecho de defensa y controlar la prueba que se produce en el marco de la investigación.

En una carta enviada a la Cámara Federal desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde está detenido, Fernando Sabag Montiel –el hombre que quiso matar a la vicepresidenta- desmintió cualquier vínculo de Milman con el intento de homicidio.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti denegó este lunes la solicitud de secuestro del teléfono del diputado nacional Gerardo Milman, en el marco de la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Carlos Rivolo había solicitado esta medida como parte de la llamada “pista Milman”.

La resolución de la jueza también incluyó la extracción de información de otro teléfono que pertenece a Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado del Pro, con el objetivo de buscar pruebas relacionadas con la posible conexión del diputado con el ataque a la exmandataria.

La decisión de rechazar el secuestro del teléfono de Milman se basa en el hecho de que el diputado no está imputado en la causa del atentado, tal como consta en el expediente. La jueza destacó que, para llevar a cabo esa medida, debería presentarse una solicitud ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, en caso de existir una imputación penal contra el legislador. La falta de imputación contra Milman fue mencionada también en el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

La solicitud del fiscal Rivolo surgió luego de que una exsecretaria de Milman declarara ante los tribunales federales de Comodoro Py, ampliando su testimonio y mencionando que había entregado su teléfono a un “perito”, supuestamente proporcionado por Milman, para que borrara información personal que no deseaba que se hiciera pública.

Además del secuestro del teléfono, la fiscalía también había solicitado un cruce de llamadas entre Milman, su exsecretaria Ivana Bohdzewicz y su asesora Gómez Mónaco, así como con los imputados del caso. Sin embargo, la jueza consideró que, por el momento, no corresponde llevar a cabo esa diligencia, ya que en el expediente se encuentran registradas las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados durante el período solicitado por el fiscal.

La resolución de la jueza permite la extracción forense de la información del teléfono de Gómez Mónaco por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta información será analizada con el objetivo de encontrar cualquier referencia a los dichos atribuidos a Gerardo Milman y cualquier otra mención relacionada con el atentado contra la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El análisis se limitará al período comprendido entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2022 y se realizará con estricta confidencialidad, eliminando cualquier información no relevante una vez finalizado el estudio.

El oficialismo volvió a la carga contra la figura del diputado del Pro Gerardo Milman, a partir de la declaración de Ivana Bohdziewicz, exasesora del macrista, en el marco de la causa sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“La conducta de Milman es una conducta que efectivamente esta vez la Cámara de Diputados tendrá que considerar”, opinó Moreau este lunes, y anticipó que seguramente esta semana habrá reuniones de la bancada del Frente de Todos “para ver qué se hace”. En diciembre pasado, un grupo de diputadas habían presentado un proyecto para excluir a Milman del Cuerpo.

El radical K enfatizó que “es una conducta muy grave, más allá de lo que se tenga que dilucidar en la justicia” sobre si fue “beneficiado en la maniobra del borrado de los celulares”, lo que significaría “un encubrimiento gravísimo”.

Según publicó este fin de semana el diario Página/12, Bohdziewicz se presentó espontáneamente a declarar en los tribunales de Comodoro Py, donde aseguró que sufrió presiones para entregar su celular y que le fuera borrada toda información. Eso habría ocurrido en las oficinas de Patricia Bullrich, actual precandidata a presidenta y por ese entonces presidenta del Pro.

De acuerdo relató la exasesora, se habría hecho lo mismo con los teléfonos de Milman y de Carolina Gómez Mónaco, la otra mujer que aparecía en el vídeo en el bar de Casablanca junto al diputado, horas antes del intento de magnicidio contra CFK y cuando alguien lo habría escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

Para Moreau, “ya no estamos solamente frente a una deliberada desidia por parte del Poder Judicial de investigar, sino que aquí estamos ante la posible complicidad entre funcionarios judiciales y quienes debían ser investigados”.

En ese sentido, se preguntó: “¿Cómo se enteró la excompañera de trabajo de esta chica que ella iba a ir a declarar si no es por información que le dio la misma fiscalía? Es increíble que cuando se presentó a declarar espontáneamente le hayan dicho que se presente más adelante porque el fiscal estaba por salir de vacaciones”.

“O son unos irresponsables o lo hicieron deliberadamente”, manifestó el legislador del FdT, quien sospechó que “la citaron para el 10 de mayo” a Bohdziewicz, porque “le estaban dando tiempo a los que han participado en este atentado para que la coaccionaran e intimidaran para que no fuera a declarar”.

Además, el oficialista apuntó contra la Corte Suprema: “¿Qué va a hacer la Corte, en este retazo de Corte que queda, también va a mirar para otro lado en el intento de asesinato de una vicepresidenta? ¿O se van a dejar ganar por el rencor contra Cristina que tienen en la Corte, particularmente (Juan Carlos) Maqueda? ¿O van a seguir haciendo empandas a ver cómo se protegen frente a los chancullos que se están descubriendo?” en alusión al juicio político.

El diputado afirmó que “la Corte se tendría que pronunciar en 48 horas separando a (María Eugenia) Capuchetti de esta investigación”. “¿Qué esperan para separar a Capuchetti, qué otra evidencia de que no quieren investigar?”, agregó en declaraciones a Radio 10.

Cuestionando a la jueza que lleva adelante la causa, Moreau se quejó de que “se negó a unir la causa con la de Revolución Federal, que sin dudas tuvo un papel preponderante en la preparación del atentado, en términos de opinión pública, con todos los actos que llevó adelante e intimidación y en algunos casos explícitos de amenazas contra Cristina” y “se negó durante un mes a abrir los celulares”. “Fue para darles tiempo a lo que ahora sabemos que hicieron”, remató.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió este lunes, a través de su Twitter, a la nueva información que surgió en la causa que investiga el atentado en su contra, ocurrido en la puerta de su departamento de Recoleta el pasado 1ro. de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cabeza.

En su tuit, la presidenta del Senado citó declaraciones del diputado brasileño Alencar Santana, quien advirtió que “en Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición (Pro) y preandidata a la presidencia, @PatoBullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner @CFKArgentina”.

“La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los países ¡Vergonzoso!”, enfatizó el legislador del PT.

A continuación, la vicepresidenta expresó: “Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de @pagina12, el testimonio de una exasesora del diputado Milman”.

“Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre”, aseveró CFK en relación a la información que surgió este fin de semana.

Según reveló Página/12, Ivana Bohdziewicz, exasesora de Gerardo Milman, una de las dos mujeres que aparecía en el vídeo junto al diputado en el bar Casablanca, frente al Congreso, donde se lo habría escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, justo antes del intento de magnicidio, se presentó de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py el pasado viernes. Allí habría manifestado haber recibido presiones y contó que fue llevada a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito informático se dedicó a borrar la información de su celular durante cuatro horas, y también los de Milman y Carolina Gómez Mónaco.

Al igual que lo hizo la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, el interbloque de senadores oficialistas salió también este lunes con un comunicado en torno a la nueva información que surgió en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el pasado 1ro. de septiembre.

Los legisladores comandados por el formoseño José Mayans le pidieron a la justicia que “profundice todas las líneas de investigación en relación al atentado”. “Nos parece particularmente grave y digno de atención lo que surge de las declaraciones de Ivana Bohdziewicz, exasesora del diputado del Pro Gerardo Milman, acerca de que recibió presiones para borrar el contenido de su teléfono celular, procedimiento que habría realizado un experto informático en oficinas de la dirigente macrista Patricia Bullrich, según una información periodística conocida en las últimas horas”, señalaron.

Los senadores continuaron: “De acuerdo a la misma publicación, la excolaboradora del exjefe de campaña de Bullrich reconoció también que en esa ocasión, posterior al intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación, se vaciaron de igual forma los celulares de Carolina Gómez Mónaco, otra asistente del diputado, y del propio Milman”. “Se trata de un hecho de profunda gravedad que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias”, consideraron.

Para los oficialistas, “es necesario que la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo investiguen todas las pistas vinculadas al intento de magnicidio, ocurrido hace ya más de ocho meses. Se deben conocer quiénes son los autores materiales, intelectuales y, eventualmente, los financistas del atentado”.

“También, es preciso determinar la veracidad de los hechos relatados por la exasesora del diputado Milman y, en tal caso, saber quién fue el referido perito informático que, según la testigo en su declaración ampliatoria ante la fiscalía, vació los tres celulares, quién ejerció presiones sobre su persona para que entregara su teléfono móvil y cuál fue la razón de todo este proceder”, subrayaron.

Finalmente, desde el interbloque FdT sostuvieron que “el pueblo argentino merece conocer todo lo ocurrido” y “el país necesita contar con una justicia que cumpla con su función y que no sea cómplice ni encubridora de un hecho tan aberrante como un intento de magnicidio”.

Los diputados del Frente de Todos expresaron este domingo su “enorme preocupación a partir de conocer la información periodística que asegura que Ivana Bohdziewicz, una de las colaboradoras del actual diputado nacional Gerardo Milman (Pro), no actuó espontáneamente a la hora de borrar el contenido de su celular tiempo después del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, expresaron a través de un comunicado.

Los legisladores de la bancada que encabeza Germán Martínez alertaron que las fuentes periodísticas indican que la colaboradora de Milman volvió a presentarse a declarar en la causa sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta y allí reveló que fue citada a una oficina vinculada a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, para que personal especializado elimine toda la información de su teléfono, del de Carolina López Mónaco y del propio Gerardo Milman.

En efecto, según un despacho de la agencia estatal Télam, Bohdziewicz habría sido despedida a principios de este año, y era quien lo acompañaba el 30 de agosto pasado en el bar Casablanca cuando un testigo de la causa dice haberle escuchado decir que “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

El viernes pasado, Bohdziewicz se presentó de manera espontánea en los tribunales federales de Comodoro Py acompañada de un abogado “manifestando su intención de prestar declaración testimonial en el día de hoy, en virtud de haber recibido presiones”. Ella estaba citada para declarar el 10 de mayo.

Para los diputados del FdT, “la situación es extremadamente grave porque, a pesar de los pedidos de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, esta línea de investigación nunca fue profundizada por el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti”.

Así las cosas, para los legisladores “urge que ambos funcionarios judiciales investiguen a fondo las actuaciones y no abandonen ninguna línea de análisis”. Consideran “imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias. La justicia no puede seguir mirando para el costado”.

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, José Ubeira y Marcos Aldazábal, reafirmaron este jueves ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación por el intento de magnicidio que sufrió el primero de septiembre del 2022.

En la exposición de los abogados ante el camarista Leopoldo Bruglia desarrollaron las nuevas razones por las que buscan recusar a la magistrada en la causa por el atentado que sufrió CFK y por la que están detenidos Fernando Sabag Montiel, quien gatilló frente a la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, la persona que lo acompañó esa noche.

Ubeira definió como “incompatible” que la jueza Capuchetti continue al frente de la investigación por tener un nexo con estamentos de formación de la Policía de la Ciudad, donde está registrada como “investigadora”. En la causa es la fuerza policial porteña la que debe ejecutar diferentes procedimientos de la investigación.

“Nos parece incompatible que perciba un salario como investigadora violando el reglamento interno de la Justicia Nacional, que sólo autoriza a los jueces a ejercer la docencia en universidades”, enfatizó Ubeira. A su vez, el abogado aclaró que es una cuestión “funcional”, pero consideró que hubo “una actitud omisiva” de la Policía porteña en torno al atentado que sufrió la vicepresidenta.

Capuchetti había delegado la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, tras rechazar la recusación afirmando que tal vínculo con la Policía de la Ciudad no afectaba a su imparcialidad ni comprometía sus decisiones en el marco de la investigación.

De todos modos, Ubeira insistió: “Nos parece incompatible que pueda investigar a la Policía de la Ciudad siendo parte de ese poder político”. Tras la audiencia de este jueves, la Cámara debe resolver si ratifica la continuidad de Capuchetti en el expediente o si dispone su apartamiento como los abogados de la vicepresidenta solicitaron.

Así también, Ubeira afirmó: “No tendremos justicia con esta mujer”. Tras sostener que la jueza Capuchetti no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.

Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon en esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esta causa: antes había ocurrido otra en la cual se discutió el alcance de una medida dispuesta en la investigación.

“Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, lanzó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada. “La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”, indicó.

El abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP “no es una universidad” sino un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que consideró que no es una actividad habilitada para jueces.

En tal sentido, Aldazabal señaló: “Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando. Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación es una violación inédita a la independencia de poderes”.

En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada “pista Milman”, que es aquella que indaga si el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) hizo referencias al atentado fallido antes de que ocurriera.

Esa pista se investigó a partir de que un asesor de un diputado oficialista relató haber oído una conversación de Milman con dos mujeres en la que se habría referido a un potencial ataque (posiblemente contra la vicepresidenta) antes de la noche del jueves primero de septiembre, día que ocurrió el intento de magnicidio.

Tras la aparición de esa pista fue que se produjo la ruptura de la relación entre la querella y la Capuchetti. A partir de ahí, rechazó un planteo de los abogados de la vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, habló del ataque.

Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos. Por su parte, los abogados pretenden que se analicen los teléfonos desde el primero de julio y no, solo del 30 de agosto, día en el que oyeron a Milman referirse al hecho.

De tal modo, Aldazabal planteó: “Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional”.

las asesoras de Milman habían declarado como testigos y negaron haberse reunido con el legislador el 30 de agosto en la confitería Casablanca, pero luego, una filmación de las cámaras de seguridad confirmo que si estuvieron reunidos.

“Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no, y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga”, cerró el abogado Ubeira.

Denunciado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, luego de revelar contenido de conversaciones del funcionario del Pro con diferentes personas, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade aseguró que “el bullrichismo se cobró venganza con la filtración de chats”, en referencia a la interna dentro del partido amarillo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Si tuviera la capacidad de armar eso me dedicaría a otra cosa”, expresó el legislador al ser consultado por los dichos de D’Alessandro sobre que Tailahde inventó esas conversaciones.

En diálogo con AM750, el bonaerense enfatizó: “Lo que hay que hacer acá es bombardear con denuncias a todo este esquema de corrupción que ha quedado claramente revelado por los chats. Después se verá si sirven como prueba o no”.

“No hay que perder de vista que cada conversación es un delito”, remarcó y afirmó que “lo peor de todo es que está absolutamente cotejado con la realidad de las cosas que pasaron. Me estoy dedicando a comparar o analizar cada cosa que se decía en el chat con lo que pasaba en la realidad en ese momento. Todos tienen un correlato en la realidad”.

Al recordar lo sucedido con los primeros mensajes filtrados, en relación al viaje a Lago Escondido entre jueces, empresarios de Clarín, exagentes de la AFI y funcionarios porteños, Tailhade indicó: “Decían que era todo mentira y hoy están todos hasta las manos, y simplemente sin recurrir a los chats”. En ese sentido, apuntó que la fiscal que lleva adelante la investigación se basa en “los vídeos del aeropuerto, los pasajes del avión”.

“En la denuncia que me hace este ridículo me voy a presentar”, dijo sobre la presentación judicial que le impuso D’Alessandro y desafió que al juez Daniel Rafecas, a cargo de la misma, le va a decir que “no” tiene “nada que ver”. “Si la discusión es que yo lo difundí, lo viralicé, bueno, soy culpable. Pero de ninguna manera participé del armado, del hackeo o de ninguna de esas pavadas”, sostuvo.

Para el legislador, “hay que mirar al rival interno de Horacio Rodríguez Larreta en toda esta guerra”. En esa línea, observó que “el caso de Lago Escondido surge cuando estalla el caso (Gerardo) Milman“. Sobre el diputado del Pro, del cual el bloque oficialista pidió su expulsión, el camporista señaló que además de estar “apuntado en el intento de asesinato a Cristina (Kirchner), empezaron a saltar todos sus curros y corrupción”.

Al relatar un incidente que Milman tuvo con su auto, que fue detenido cuando lo manejaba una asesora suya, Tailhade relató que Milman hizo una denuncia por el hecho: “Esa denuncia que hace Milman contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad termina en la fiscalía de (Augusto) Troncoso, que desestima la denuncia, pero, con una vueltita más de tuerca, comunica a Diputados que Milman había tenido una inconducta bastante seria”.

“Nos enteramos seis meses después porque alguien cajoneó el oficio de Troncoso en la Cámara de Diputados, nunca nos enteramos”, denunció el oficialista, quien agregó que “este hecho es el que genera la catarata de reacciones internas” porque “Troncoso es íntimo amigo de D’Alessandro”.

Y completó: “Uno ahora asocia que aquella notificación a la Cámara de Diputados en realidad fue una picardía/operación de D’Alessandro y Troncoso contra el bullrichismo, que se cobró venganza con la filtración de los chats”.

El bloque de Diputados del Frente Pro, comandados por Cristian Ritondo, emitieron este jueves un comunicado para respaldar a su par Gerardo Milman, luego de que el oficialismo presentara un proyecto pidiendo la exclusión del legislador de la Cámara baja por “inhabilidad moral” al estar implicado en la causa que investiga el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta de la Nación.

En el texto denunciaron que “el kirchnerismo está montando un show electoralista” porque “dictamina, de antemano, una condena al margen de la Justicia contra el diputado nacional Gerardo Milman y la diputada provincial Florencia Retamoso, a los fines de equiparar el sistema de corrupción que se investiga en los Tribunales y que los jueces, en sus respectivas instancias, han condenado a numerosos funcionarios del partido gobernante, incluida la actual vicepresidenta”.

“No vamos a cometer el agravio institucional de los kirchneristas que son maestros en violar la Constitución”, aclararon y sumaron: “Vamos a seguir respetando el funcionamiento independiente de los tres poderes, y cuando algún integrante de la oposición que componemos, sea citado por la Justicia, confiaremos en ella, para que cada uno de los acusados ejerza su legítimo derecho a la defensa”.

Por último, manifestaron: “Acompañaremos siempre el esclarecimiento de cualquier tema reñido con la ley, salvaguardando los procedimientos ajustados a derecho”, y le recordaron al oficialismo que “para legislar al servicio del bien común y de la República, primero hay que hacer lo que manda la Constitución y no el interés mezquino que divide, corrompe y miente”.

Lejos de encaminarse las relaciones entre el oficialismo y la principal oposición en la Cámara baja, este jueves diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley con el objetivo de “excluir al diputado nacional Gerardo Milman del seno de esta Honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto, firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic asegura que “los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.

Dentro de los argumentos para tal solicitud, se expresan “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”; el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco que en el año 2017, tiempos en los que Milman se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer semejante rol institucional, como así también el de su hermana, Daniela Gómez Mónaco, designada jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, con acceso a importantes fondos reservados. En simultáneo, en septiembre de ese mismo año, Gomez Mónaco creó con Fernando Daga, otro asesor del diputado Milman, la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. A su vez, en la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, detenidos desde el mes de septiembre por el ataque contra la vicepresidenta de la Nación.

Asimismo, se enumeran una serie de supuestas “inconductas”  del diputado Milman fueron traídas a la atención de la Cámara previo a lo develado a partir del atentado del 1 de septiembre. El proyecto señala que en abril de 2022, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 55 envió una nota al entonces presidente del cuerpo, Sergio Tomás Massa, en relación con la causa N° 15690/202 caratulada “FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 CABA S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y HURTO AGRAVADO FUERZAS SEGURIDAD ART. 163 BIS DENUNCIANTE: MILMAN, GERARDO FABIAN Y OTROS”, para que se tome conocimiento acerca de la actitud asumida por el diputado Milman a los efectos disciplinarios que estime corresponder.

Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado, que para las denunciantes merecen especial atención. Señalan que el 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”. “Las facturaciones “Las Malvinas son argentinas” recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos entran en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”, expresa el proyecto.

En suma, suman la reciente denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernandez, contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Se trata de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el Gobierno de Mauricio Macri. “En todos los casos se trataría de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, precisa la denuncia.

Finalmente, se destacan contratos de alquiler del diputado Milman, que consideran “sospechosos”, por “resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”. Entre los mismos mencionan “una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes. Además se conoció que el valor de su casa en Adrogué es de $4.232.135 y que las expensas están a nombre de Alberto Miguel Herrmann, uno de los socios de Service Corporation International (SCI), empresa que controla los principales cementerios privados del país y las más reconocidas compañías de servicios fúnebres”.

La diputada nacional Paula Penacca (FdT) expresó este miércoles que hay “una oposición irracional que ha decidido que no funcione la Cámara de Diputados” en alusión al interbloque Juntos por el Cambio y las sesiones fallidas durante este mes.

Para la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, la “obturación del funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado es culpa y es un plan de la oposición”; mientras que, por otro lado, “tenemos una mafia que funciona en el Poder Judicial”.

En relación al proyecto de plan de pago de deuda previsional, la camporista lamentó: “Tenemos una oposición que decide que 800 personas en Argentina no tengan una herramienta para acceder a una jubilación porque no dan quórum”. “No le generan un perjuicio al bloque oficialista, sino a los argentinos y argentinas”, agregó.

Por otra parte, la legisladora se refirió al fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la restitución de fondos copartipables, y recordó que el expresidente Mauricio Macri “por decreto simple” le dio “una proporción brutal – a la Ciudad- en relación al resto de las provincias”.

Y acusó que en el Pro, “con (el presidente de la Corte, Horacio) Rosatti están intentando desde la Ciudad recuperar el Gobierno nacional. Le están pagando la campaña (a Horacio Rodríguez Larreta)”.

“Yo soy porteña, soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no me hace ciega, y puedo ver que la realidad económica de las otras provincias claramente dista mucho de la de la Ciudad”, enfatizó.

Además consideró que el 2,95% dispuesto por el máximo tribunal es “un número ridículo, arbitrario, sin justificación de por qué. ¿De dónde pretenden que lo saquemos? Es un atropello brutal el que está llevando adelante la Corte Suprema”.

Durante una entrevista en Radio El Destape, Penacca también habló sobre las acciones que desde el Frente de Todos podrían impulsar contra el diputado del Pro Gerardo Milman, no solo por “su vinculación con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner“, sino “por un posible recibimiento de dádivas, una vinculación impropia con una empresa” cuando era funcionario del Ministerio de Seguridad e “irregularidad en relación a contrataciones”.

“Tenemos una mirada clara por parte de nuestro bloque de que, si es cierto todo lo que se viene denunciando en los medios en relación a las actitudes de este diputado, está teniendo una conducta impropia a cuales son las normas que rigen de cómo debería ser un diputado y que efectivamente tendría que dejar de serlo”, sostuvo.

Tras la mención que CFK hizo sobre Milman en su último discurso, la diputada kirchnerista afirmó que quieren “investigar, tener acceso a la información, tener los debates dentro de los ámbitos institucionales y si tenemos la comprobación de las versiones” presentarán el pedido de expulsión.

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que están “avanzando” en una investigación para determinar si el legislador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman incurrió en alguna “inhabilidad moral”, pero advirtió que se debe analizar “cada uno de los elementos” del caso, luego de que el diputado del Pro quedara involucrado en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación.

“Estamos siguiendo cada uno de los elementos que aparecen de Milman para que eso pueda sustanciar un expediente en Diputados que cuente con los análisis necesarios. Tenemos que seguir las leyes vigentes porque una arbitrariedad del pasado no se soluciona con otra en el presente o futuro”, sostuvo en declaraciones en Radio 10.

A su vez, recalcó: “Yo no puedo impulsar la destitución de un diputado porque lo nombra un determinado diario en la Argentina porque ese mismo nivel de arbitrariedades después se utiliza sobre nuestros diputados”.

La respuesta de Martínez surgió a raíz de la mención que hizo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto que encabezó en Avellaneda sobre Milman: “Han desaforado a algún diputado como a Julio De Vido que estuvo dos años preso por una causa que se descubrió que el delito era trucho y el informe por el cual se lo llevaron preso también era trucho”.

Y continuó: “¿Qué pasa cuando nos enteramos por medios de comunicación que el señor Milman, siendo integrante de la comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad?”. “Hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y para todo aquel que lo sea se le inventan cosas”, expresó la vicepresidenta.

El diputado nacional del Pro se encuentra bajo investigación en la causa que se sigue por el intento de asesinato contra la titular del Senado, luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, dos días antes del atentado en un bar ubicado a metros del Palacio Legislativo.

En ese marco, Martínez sostuvo que “desde la tercera semana de noviembre han surgido noticias todos los días respecto al tema Milman”, y que hay un grupo de diputados “trabajando sobre cada una de las cosas que van apareciendo”.

“Estamos generando un cumulo de información que nos permita avanzar con la única herramienta que tiene la Cámara de Diputados que es la inhabilidad moral de un legislador. Para eso, se necesita una mayoría agravada“, puntualizó el santafecino Martínez.

Además, aseguró que se van a tomar las acciones necesarias para “que esto quede clarísimo de cara a la sociedad”, y sostuvo que también esa información eventualmente va a permitir investigar “si se trata de un caso aislado o si pasan otras cosas”.

“Tenemos que respetar todos los pasos de nuestro reglamento y las leyes vigentes porque una arbitrariedad del pasado no se soluciona con otra del presente o del futuro”, subrayó el titular del bloque oficialista en la Cámara baja.

Martínez explicó que “para avanzar en la sanción de un diputado por su conducta es importante meterse en profundidad” para echar luz sobre sus acciones “no solo de un legislador en particular, sino en la trama de intereses alrededor de su figura”.

“Hay elementos que están siendo llevados adelante por la justicia y, en función de eso, en Diputados tenemos que ver cómo hacer para que se nutra un expediente propio”, remarcó, pero aclaró y reiteró: “No puedo impulsar la destitución de un diputado porque lo nombra un determinado diario en la Argentina. Algunos quieren venganza; yo no: quiero que hagamos las cosas bien”.

La diputada y secretaria general del sindicato de los trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, reclamó este viernes que se acepte la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que realizó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa de la investigación del intento de magnicidio y se mostró “preocupada” por el diputado Gerardo Milman (Pro) y su supuesta vinculación con el caso.

“Lo de Milman me preocupa porque es diputado de la Nación, de quien se comprobó que estuvo ahí con sus asistentes y dijo lo que el testigo denunció”, afirmó Siley en declaraciones a radio AM 750, donde remarcó que la jueza Capuchetti “no lo llamó a declarar, por lo que necesitamos que se acepte la recusación para que se investigue”.

Para Siley, la magistrada “está demorando una investigación central para la República”. Asimismo, la diputada planteó que “se necesita que se esclarezca” el intento de asesinato a la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre en el ingreso de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta y pidió que “la justicia actúe con celeridad”.

Además, Siley reiteró que Milman “nunca fue llamado a declarar”, por lo que “se tiene que aceptar la recusación de Capuchetti porque está demorando la investigación”.

Sobre la situación del sistema judicial, la gremialista sostuvo que “no es cierto que todo el Poder Judicial es corrupto o ejerce corrupción, pero con que haya uno es grave y en Comodoro Py hay varios”. “Los buenos magistrados y magistradas tienen que salir a hablar. No pueden permitir que el Poder Judicial tenga estos niveles de legitimidad. No es todo lo mismo”, exhortó. “La Corte le está haciendo un daño grande a la democracia”, consideró Siley, quien continuó: “Hay una inclinación política en este sector del Poder Judicial que es garantizarle la impunidad a (Mauricio) Macri y perseguir al kirchnerismo en cabeza de Cristina o cualquiera que se atreva a defender a los más humildes”, concluyó

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que consideró “infundadas las acusaciones” por parte de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contra los diputados Gerardo Milman y Francisco Sánchez, ambos del bloque Pro.

En el texto, señalaron que “una vez más”, la titular del Senado “utiliza un hecho de suma gravedad institucional para acusar sin fundamentos, y haciendo elucubraciones ridículas, a los diputados nacionales Gerardo Milman y Francisco Sánchez”.

“Nuevamente, y como ya es costumbre por parte del kirchnerismo, montan relatos infundados para atacar a miembros de la oposición, de la prensa independiente y cualquier institución que no forme parte de su estructura de poder”, denunciaron.

En ese contexto, llamaron a la “responsabilidad de todos los dirigentes para dejar trabajar a la Justicia en paz y con independencia y no hacer acusaciones infundadas que suman gravedad y vulneran los fundamentos de nuestra democracia”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) se defendió de las acusaciones impartidas en su contra por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por el intento de asesinato en la puerta de su departamento, en el barrio porteño de Recoleta, y afirmó que la exmandataria “está viendo una película de ficción”, y lo calificó como una “actitud fascista de perseguir opositores”.

En diálogo con Radio Mitre, el dirigente opositor calificó como “un delirio” la acusación en su contra, pero consideró que “lo peor de esto es que ahora se ha subido la vicepresidenta de la Nación recusando a la jueza de la causa -María Eugenia Capuchetti- por no investigar esta locura”.

“Nunca dije esa frase, pero si viajé a Pinamar por una actividad pública con el intendente -Martín Yeza- y volví a Buenos Aires el 1 -de septiembre- al mediodía. El atentado se produjo en horas nocturnas, es decir que cuando ocurrió yo estaba en Buenos Aires”, se defendió Milman, luego que la vicepresidenta publicó un video en el que se plantea que un testigo habría escuchado decir al diputado “cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa”.

​En ese sentido, opinó: “Me parece una actitud fascista de perseguir opositores intentando encontrar lo que no hay. Me parece que intentan vincularlo políticamente, porque no se aguantan que estos jóvenes lúmpenes puedan ser parte de un complot insignificante contra la vida de la vicepresidenta”.

Milman puso como comparación lo sucedido con el caso Maldonado: “Yo fui viceministro de Seguridad de la Argentina con Bullrich y vivimos el caso Maldonado. Durante varios meses se juntaron en plazas multitudinarias por un testigo que también dijo que vio con binoculares cómo se lo habían llevado gendarmes”.

“Ese falso testimonio hizo que muchos argentinos creyeran que lo habían desaparecido, con la connotación que esta figura tiene para todos nosotros después de la década de los ’70”, completó. Además, el dirigente del Pro aseguró que lo primero que hizo cuando se enteró de esta acusación fue ponerse “a disposición de la Justicia”.

A su vez, remarcó que presentó “tres pedidos de informes previos al atentado preguntando por la custodia de Cristina Kirchner, de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, además de algunos periodistas por el clima que había por la causa Vialidad”.

En ese punto, el diputado puntualizó: “Me preocupé porque honestamente podía pensar que ese clima podía llevar a que cualquier loquito hiciera lo que hizo. Hoy hay personajes que me insultan a mí, a mis colaboradoras, que pasan por las direcciones que conocen y tocan el timbre amenazando. Se crean climas q no tienen nada q ver con lo que debe ser un proceso judicial”.

Respecto de su relación con Carolina Gómez Mónaco, una de las colaboradoras que acompañaba a Milman el día que el testigo dijo haber escuchado una conversación sospechosa, el diputado desmintió que la joven haya sido “directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina” en 2017.

“No fue ese cargo y yo cerré la escuela de inteligencia criminal, porque hay una escuela de la AFI que se llama ENI. Pero no puedo dar muchos más detalles porque estamos hablando justamente de secretos de inteligencia. Ella no ocupó ese cargo y se cerró en mi gestión”, sentenció.

Tal cual hiciera días atrás, el bloque Pro de la Cámara de Diputados, presidido por Cristian Ritondo, sacó un comunicado en defensa de Gerardo Milman y, en esta oportunidad, también de Francisco Sánchez, ante el vídeo que publicó este jueves la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Repudiamos las acusaciones infundadas por parte de la vicepresidente contra miembros de este bloque legislativo. Una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, utiliza un hecho de suma gravedad institucional para acusar sin fundamentos, y haciendo elucubraciones ridículas, a los diputados nacionales Gerardo Milman y Francisco Sánchez”, señalaron en el texto los legisladores macristas.

Luego que en el vídeo subido por CFK se apuntara de lleno contra Milman, al vincularlo con el atentado que sufrió el pasado 1ro. de septiembre, los diputados resaltaron que “nuevamente, y como ya es costumbre por parte del kirchnerismo, montan relatos infundados para atacar a miembros de la oposición, de la prensa independiente y cualquier institución que no forme parte de su estructura de poder”.

“Llamamos a la responsabilidad de todos los dirigentes para dejar trabajar a la justicia en paz y con independencia y no hacer acusaciones infundadas de suma gravedad que vulneran los fundamentos de nuestra democracia”, concluyeron.

En su tuit, Cristina escribió: “A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”. El vídeo se dedica exclusivamente a la figura de Milman, acusado por un testigo de presuntamente conocer lo que iba a pasar con la vicepresidenta. De acuerdo a ese testimonio, se le adjudica al diputado la frase: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció este jueves, a través de sus redes sociales, que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien instruye en la causa que se lleva adelante por el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1ro. de septiembre cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara en la puerta de su casa.

En un vídeo publicado en Twitter, con la voz en off de la periodista Julia Mengolini, la presidenta del Senado apuntó contra el diputado nacional del Pro Gerardo Milman, involucrado en la causa por la declaración de un testigo que, dos días antes del atentado, lo habría escuchado decir: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

La pieza audiovisual arranca recordando lo sucedido y señala que “este hecho fue el más grave de una serie de acciones violentas contra Cristina registradas este año”. Al preguntarse, “¿quién estuvo detrás del atentado?”, se revela que “un testigo se presentó ante Capuchetti y declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: ‘Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa'”.

“Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo”, se asegura, al enumerar que “el testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó”, Milman también “estaba en el bar”. “Se comprobó que las mujeres eran sus asesoras”, se agrega y remata que “al otro día Milman viajó a la costa. A los dos días quisieron asesinar a Cristina”.

Luego se resalta que las asesoras primero negaron la reunión y después lo admitieron, pero que pese a haber mentido en un primer momento, “la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando” y “Milman todavía no fue citado a declarar en la causa”.

A través del vídeo, CFK recuerda que Milman “fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la mesa del Pro y es diputado nacional por el mismo partido”.

Pero también se precisan datos sobre Carolina Gómez Mónaco, una de sus asesoras, quien fue “Miss Argentina en el año 2012” y “en 2017 Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal”.

Además, Gómez Mónaco “es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria” y socia de María Mroue, panelista de Crónica TV, donde “llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabag Montiel y Brenda Uliarte semanas antes del atentado”.

“¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina?”, se pregunta, para indicar después que “el 18 de agosto, 13 días antes del atentado” Milman “presentó un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los co-firmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina”.

Esa iniciativa “finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase: ‘Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina'”, agrega.

Finalmente, se escucha en el vídeo que “pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política con el ataque la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación”. “Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o muerta”, cierra.

Los abogados que representan a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el atentado perpetrado en su contra, aportaron a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, datos extraídos del programa de C5N “Argenzuela” en el que se busca reforzar la línea de investigación que vincularía al diputado nacional Gerardo Milman a la causa.

El citado informe vincula a una vinculación de una de las colaboradoras de Milman con el autor material del intento de homicidio, Fernando Sabag Montiel, y su supuesta pareja, Brenda Uliarte.

En ese marco y ante la insistencia del kirchnerismo en vincularlo a la causa, el diputado nacional difundió una carta abierta en la que advierte sobre una búsqueda de “ensuciar” su imagen y la de su partido, y habla de complicidad de medios kirchneristas.

A continuación, el texto de la misiva firmada por Gerardo Milman:

“Quiero que sepan que no tengo miedo y que toda esta absurda persecución no me va a correr ni un centímetro de mi compromiso por transformar la Argentina. Estoy, como siempre, a disposición de la Justicia para desarmar esta ridícula operación. Que investiguen todo lo que quieran.

Lamento, por todos los que buscan ensuciar mi imagen y la de mi partido, que no van a encontrar nada. Cada falso rumor que se difunde de forma cómplice en los medios kirchneristas es una muestra de la desesperación de un gobierno que se cae a pedazos.

Ya no queda nada por romper, sin embargo, el oficialismo se las ingenia para inventar noticias y correr el eje de la conversación. Intentan distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país, pero no pueden esconder bajo la alfombra lo que está frente a nuestros ojos”.

El senador nacional Oscar Parrilli (UC-FdT) se sumó este viernes a las declaraciones contra el diputado opositor Gerardo Milman, de quien se sospecha que podría haber conocido sobre el atentado que iba a sufrir la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Le estamos reclamando a la Justicia que por lo menos lo investiguen. Hay un racconto de acciones probadas, datos públicos y declaraciones en medios de comunicación que lo relacionan con el hecho”, lanzó el legislador cristinista.

Consultado al respecto en FM La Patriada, el neuquino se manifestó “preocupado” por “la inacción de los jueces en no avanzar sobre Milman”. Lo sostuvo a partir de lo que, a su entender, debió suceder desde el inicio de la investigación.

“No soy parte del equipo de abogados que llevan adelante la querella y, por lo que sé, es que si no fuera por ellos no se hubieran conocido los temas que salieron”, señaló y agregó: “La Justicia debe indagar sobre las conexiones y relaciones políticas entre los autores materiales y Revolución Federal, más algunos integrantes de la familia Caputo”.

Para Parrilli, “la Justicia no quiso y no quiere unificar las causas por el ataque al Instituto Patria, que tiene el juez (Daniel) Rafecas, la de Revolución Federal, a cargo del doctor (Marcelo) Martínez de Giorgi ni la del atentado contra Cristina Kirchner, que lleva adelante la jueza (María Eugenia) Capuchetti”. “Los jueces deberían aclarar por qué no lo hacen”, reclamó.

De vuelta sobre Milman, quien en diálogo con parlamentario.com aseguró que la acusación se trata de una “operación berreta y desesperada del oficialismo”, el senador K apuntó que el macrista “siempre” tenía presente un conflicto contra la vicepresidenta. “Diez días antes del atentado salía a pedir que le recortaran la custodia. Al otro día del hecho salió a culpar a la seguridad por el ataque”, resaltó.

Además, asoció al dirigente del Pro con Revolución Federal por haber participado en “la marcha de las antorchas” portando “bolsas mortuorias” en contra de Cristina y Máximo Kirchner. “Él fue parte del clima de violencia cuando procesaron a Revolución Federal. Siempre utilizaron frases como ‘va a desaparecer el kirchnerismo’”, acusó.

En el cierre, afirmó: “Los argentinos tenemos el derecho a saber si un dirigente político estuvo involucrado o tuvo conexiones con un atentado de semejante magnitud”. A su vez, insistió que “la jueza y el fiscal deberían avanzar rápidamente y tomar medidas de pruebas para que podamos saber a ciencia cierta lo que ocurrió”.

Desde el bloque Frente Pro rechazaron las “acusaciones infundadas” al vicepresidente de esa bancada en la Cámara de Diputados, Gerardo Milman. “Desde que ocurrió el atentado a la vicepresidente, el oficialismo ha estado intentando vincular a los responsables materiales de este hecho de suma gravedad institucional con espacios políticos de la oposición y con el periodismo”, afirmaron desde el bloque que conduce Cristian Ritondo.

“Acusar de esta manera, con rumores, para generar sospechas, afectando el buen nombre y honor de un representante destacado de la oposición, es un golpe bajo a la credibilidad de las instituciones de la República”, lanzaron desde el Pro.

A través de un comunicado, expresaron su confianza en el trabajo de la Justicia para “el esclarecimiento del caso y que se investigue con celeridad a los verdaderos responsables”.

Comunicado del Pro

La conducción nacional del PRO también rechazó “las acusaciones infundadas” contra Milman, y a través de un comunicado expresó que “el oficialismo no detiene su difamación desde que sucedió el atentado a la vicepresidenta de la Nación, intentando vincular a los responsables materiales del gravísimo hecho con la oposición y el periodismo”.

“La generación de rumores, sospechas y acusaciones falsas son una afrenta al buen nombre y honor de un representante del pueblo. Esperamos que la Justicia esclarezca pronto el caso, a partir de una investigación responsable”, agrega el comunicado.

Luego que diputados del kirchnerismo salieran a revelar que en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner se abrió una investigación sobre su par Gerardo Milman, el legislador del Pro aseguró que se trata de “una operación berreta y desesperada del oficialismo”.

Según se conoció, un testigo con identidad reservada, que trabaja como asesor del Frente de Todos en la Cámara baja, habría escuchado decir a Milman que “cuando la maten” él “iba a estar en la costa”, en horas previas al ataque que sufrió la titular del Senado.

De acuerdo a la declaración, esta persona lo escuchó a Milman decir esa frase ante dos mujeres con las que se encontraba en el restaurante Casablanca, ubicado en diagonal al Congreso de la Nación.

En diálogo con parlamentario.com, el macrista dio su versión de los hechos: “Esto ocurrió en una confitería donde concurrimos muy seguido. Mostrar imágenes en las que me encuentro allí como parte de un involucramiento personal en lo sucedido a la vicepresidente es una payasada y es totalmente absurdo creer que yo podía tener algún conocimiento sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Sí es cierto que me fui a la costa al día siguiente”, afirmó el diputado de JxC, pero señaló que “no tiene ningún tipo de sentido, desde la lógica y desde lo legal, que alguien argumente haber escuchado una conversación en un bar en la que yo hacía mención a dicho ataque antes de que sucediera. Su única prueba es que estábamos ambos en el lugar”.

Para Milman, “queda bastante claro que es una jugada berreta y desesperada del oficialismo para correr el eje de la conversación e intentar distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país”.

“Espero que la Justicia llegue hasta el fondo y esclarezca esta grave situación. Quienes realizan estas falsas afirmaciones solo buscan generar ruido mediático y deberán responder ante la Justicia por sus injurias. Nada de esto nos va a desviar de nuestro objetivo de devolverle a la gente la esperanza de vivir en un país con futuro”, completó el legislador.

Este jueves, en declaraciones radiales el diputado oficialista Leopoldo Moreau advirtió que “la posibilidad de que haya estado involucrado el diputado (Milman) es una cuestión delicada. En la investigación, la pista tiene que ser tratada con mucho cuidado”.

Muy crítico de cómo lleva adelante la causa la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el diputado Rodolfo Tailhade consideró que “a esta altura la jueza ya debería haber citado a Milman. Es un diputado de la Nación, no cualquier persona. No se puede estar dando vueltas alrededor de un tema tan serio. Si tiene miedo que lo llamen como testigo, pero no puede pasar tanto tiempo”.

“La jueza tomó medidas porque ratificó la reunión de Milman con estas dos mujeres y todo lo que dijo el testigo que había pasado, aparentemente ya lo tiene demostrado”, apuntó el kirchnerista.

Incluso, en declaraciones a Radio El Destape, se manifestó sobre la cuestión el propio ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien calificó como “grave” la acusación y dijo: “No nos imaginábamos que la violencia política podía volver a Argentina. Es muy serio y muy grave la denuncia que dice que un diputado como (Gerardo) Milman tenía conocimiento de este hecho”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) solicitó este jueves un informe al Poder Ejecutivo sobre “los elementos encontrados” en las estructuras que edificaron las integrantes de la agrupación “Lafken Winkul Mapu, entre las que “afirma” haber: proyectiles de distintos calibres; bombas molotov; bidones con combustible; computadoras de Conectar Igualdad; y varias tarjetas bancarias, algunas de ellas para el cobro de planes sociales.

El legislador opositor exigió que “se indique el detalle completo de los objetos y elementos encontrados en las edificaciones derrumbadas”, y pidió que se indague “cual es la relación que podrían tener con el conflicto mapuche, tanto en Villa Mascardi como en Bariloche”. Además, pidió saber “si la AFI tenía conocimiento sobre posibles atentados planeados por el lof Lafken Winkul Mapu, la RHAM o cualquier otro grupo autodenominado mapuche”

También, requirió en el informe sobre “las tarjetas bancarias, las computadoras encontradas y la compatibilidad con las de CONECTAR IGUALDAD, y en tal caso, aporte todos los elementos para identificar el titular beneficiado oportunamente”.

“El lof Lafken Winkul Mapu es una autodenominada comunidad mapuche que a la fecha no posee personería jurídica ni se encuentra en proceso para obtenerla. Desde 2017 ocupan ilegal y violentamente dichas tierras y asedian constantemente a lugareños y personal de Parques Nacionales. En resumidas cuentas, no se reconocen argentinos y por ende tampoco nuestra soberanía ni leyes”, expresó Milman.

Por otro lado, sostuvo que “no resulta extraño el combo de objetos encontrados en las edificaciones de los usurpadores”. A su vez, remarcó que “en sucesivos pedidos de informes recientes viene solicitando que desde el Gobierno le remitan información acerca de posibles beneficiarios, pertenecientes a esta agrupación pseudo mapuche u otras, de planes sociales en cualquier modalidad y jurisdicción”.

En tal sentido, Milman concluyó: “Pareciera que las pruebas acreditan que funcionarios nacionales dan apoyo logístico a estos grupos que operan por fuera de la ley e impartiendo violencia y temor. Que expliquen a la ciudadanía qué compromisos tiene el gobierno nacional con estos delincuentes”.

Acompañan el proyecto, los legisladores de Juntos por el Cambio: Alfredo Schiavoni, Héctor Stefani, Francisco Sanchez, Marcela Campagnoli, Pablo Torello, Mónica Frade, Alberto Asseff, Karina Bachey y Aníbal Tortoriello.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un pedido de informes por la posible existencia de permisos para circular otorgados a la agrupación autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu.

¿Qué otros beneficios y excepciones fueron gestionados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el INAI u otro organismo del estado, a favor de agrupaciones autodenominadas mapuches con o sin personería jurídica efectiva o solicitada?, pregunta en el proyecto ingresado este miércoles.

También plantea saber “si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el INAI, brindaron y si brindan en la actualidad, asistencia a la agrupación autodenominada Lafken Winkyl Mapu o a cualquier otra agrupación que, como la mencionada, carece de personería jurídica o solicitud en trámite”.

“El lof Lafken Winkul Mapu es una autodenominada comunidad mapuche que a la fecha no posee personería jurídica ni se encuentra en proceso para obtenerla. Se ubicaron en la región de Bariloche y deciden, por medio de sus ritos espirituales, que la tierra que les corresponde se encuentra en Villa Mascardi, propiedad de Parques Nacionales. Desde 2017 ocupan ilegal y violentamente dichas tierras y asedian constantemente a lugareños y personal de Parques Nacionales”, aseguró Milman.

“Ante el primer decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio Decreto 297/2020, con fecha 19 de marzo de 2019, y que se prorrogó ininterrumpidamente hasta el 31 de enero de 2021. Los términos que definieron los sucesivos decretos eran rígidos y punitorios. No obstante, se solicitó oficialmente excepción para el grupo. En dicho marco de violencia y secesión reciben asistencia, gestiones de privilegios y apoyo de las autoridades del INAI”, agregó el diputado del Pro.

Acompañan el proyecto Alejandro Finocchiaro, Héctor Stefani, Francisco Sanchez, Aníbal Tortoriello y Carlos Zapata.

El diputado nacional Gerardo Milman solicitó información al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre diversas situaciones de acosos y abusos sexuales, que se estarían desarrollando dentro de áreas dependientes de la seguridad aeroportuaria compleja y cómo estarían actuando los protocolos de actuación del Centro Integral de Género. 

Entre las incógnitas se encuentran en qué situación actual se halla el oficial inspector Eduardo Ariel Medina, señalado como “uno de los principales victimarios potenciales” y si la falsa alarma del día martes 11 de octubre en el aeropuerto Ministro Pistarini, “fue una cortina de humo para tapar las denuncias penales de acoso sexuales de la PSA”. 

Se habrían presentado al menos tres denuncias en el Juzgado Federal Nro 11, registrada baja el numero CFP 3529/2022, denuncias realizadas por mujeres oficiales que relatan diversas situaciones de “hostigamientos, abusos de poder y acoso sexual de los más variados”. 

Al respecto de esta situación, Milman sostuvo que “sería bueno saber, si desde el Ministerio de Seguridad, se han activado los protocolos de violencia de género y de violencia institucional, que tanto predican y han venido vociferando a los cuatro vientos desde la asunción de la presidencia de Alberto Fernández”. 

“Pareciera ser que solo son declamaciones al viento, sin mucho peso institucional, ya que cuando se han producido casos de abusos de poder y acoso hacia el personal femenino, estas han estado desamparadas y libradas a su suerte”, agregó. 

“¿Podría ser, que uno de los motivos ocultos de la renuncia la entonces ministra de Mujeres, Genero y Diversidad? ¿Estaría al tanto de esta situación dentro de áreas dependientes del Ministerio de Seguridad y la pasividad ante los hechos consumados?”, preguntó Milman. 

Acompañan el proyecto Graciela Ocaña, Héctor Stefani, Francisco Sánchez , Ana Clara Romero, Pablo Torello, Alberto Asseff y Mónica Frade. 

El diputado nacional Gerardo Milman pidió que se cite al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre el operativo de las fuerzas federales en Villa Mascardi.

Los diputados solicitan saber cuántas personas resultaron detenidas por el mencionado operativo; si se han podido detener a las personas vinculadas a las usurpaciones de tierras, actos vandálicos y atentados a la seguridad pública; si hubo violación de los derechos humanos -como asegura la exministra Elizabeth Gómez Alcorta-, si el Ministerio cataloga el accionar de estos grupos como terroristas, delincuentes ordinarios, o pueblos originarios en reclamo legítimo de sus tierras y hasta cuándo estarán desplegadas las fuerzas de seguridad federales bajo el Comando Unificado, y cuáles son las funciones, misiones y objetivos del Comando Unificado al respecto.

Además, consultaron si desde la órbita del Estado Nacional se tiene pensado asistir y resarcir a los vecinos damnificados por el accionar violento de estos terroristas, por las pérdidas materiales y espirituales que han sufrido los habitantes de Villa Mascardi como de otros zonas.

“Es llamativo, al menos a mi criterio, que habiéndose desplegado 250 efectivos, solo se arrestaron a siete mujeres y cinco menores, según los informes de prensa al respecto, no sabiéndose nada sobre los líderes de la usurpación, ni tampoco se conocieron detalles sobre la presencia de al menos 5 integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radicalizada mapuche que es considerada terrorista en Chile, bajo el actual gobierno del presidente Gabriel Boric”, explicó Milman.

“Creo que estamos en presencia de otra ‘obra de teatro’, orquestada por el ministro de Seguridad de la Nación, el abogado y contador Aníbal Fernández. Lo dramático de esta situación es la denuncia y renuncia de una ministra que acusó al operativo de haber violado los derechos humanos de las detenidas. Organizaciones de derechos humanos y dirigentes de La Cámpora se expresaron en similar sentido. Todo esto debe ser aclarado, ya que no es un tema menor para la memoria colectiva de los argentinos”.

Acompañan el proyecto Cristian Ritondo, Waldo Wolff, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Francisco Sanchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Federico Angelini, Aníbal Tortoriello, Karina Bachey, José Nuñez, Alberto Asseff, Matías Taccetta y Sabrina Ajmechet.

El diputado nacional Gerardo Milman solicitó al Poder Ejecutivo que, mediante el Ministerio de Seguridad de la Nación, brinde información sobre el procedimiento que las fuerzas federales realizaron en la localidad de Villa Mascardi.

Milman, junto a varios diputados de la oposición, se preguntaron por qué con semejante despliegue logístico de fuerzas federales no se logró detener a los líderes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, responsables de la mencionada usurpación, y solo se retuvo a mujeres y niños.

También consultaron sobre las medidas que se han tomado para prevenir futuros atentados y/o represalias sobre la comunidad de Villa Mascardi y zonas aledañas. Haciendo referencia a la vandalización de la iglesia de la Capilla de la Asunción, en Villa La Angostura.

“No cabe duda, que la llegada de un número significativo de efectivos de las fuerzas federales en la comunidad de Villa Mascardi, ha puesto a todos en alerta, especialmente, aquellos a quienes se deberían haber detenidos”, explicó Milman. “Los líderes de la autopercibida comunidad mapuche, no se encontraban en el sitio, sino tan solo mujeres y menores de edad, para dar la imagen de una comunidad pacífica y desprotegida”.

“Es llamativo, al menos a mi criterio, que habiéndose desplegado 250 efectivos, solo se arrestaron a siete mujeres y cinco menores, según los informes de prensa al respecto, no sabiéndose nada sobre los líderes de la usurpación, ni tampoco se conocieron detalles sobre la presencia de al menos cinco integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radicalizada mapuche que es considerada terrorista en Chile”, agregó.

“Creo que estamos en presencia de otra ‘obra de teatro’, orquestada por el Ministro de (in)Seguridad de la Nación, el abogado y contador, Aníbal Fernández”,agregó Milman.

Acompañan el proyecto Cristian Ritondo, Aníbal Tortoriello, Hernán Lombardi, Alfredo Schiavonni, Pablo Torello, Ana Clara Romero, Karina Bachey, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Laura Rodriguez Machado, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Sabrina Ajmechet, Victoria Morales Gorleri y Carlos Zapata.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro-Buenos Aires) aseguró que el operativo que llevaron a cabo las fuerzas federales durante el día martes “fue una simulación”. También agregó que el mismo estuvo “acordado con los líderes usurpadores”.

Milman explicó que “no se detuvo a ningún cabecilla y el Ministerio de Seguridad ordenó a las fuerzas federales abandonar la zona”.

Por último sentenció: “Una farsa del Gobierno nacional cómplice de los terroristas”.

Este martes, fuerzas de seguridad realizaron martes un operativo en las cercanías de Villa Mascardi para desalojar a miembros de la comunidad mapuche que ocupaban terrenos fiscales y privados.

Las fuerzas de seguridad cortaron la ruta 40, donde al menos seis mujeres fueron detenidas por los agentes. Previamente la policía había retirado piedras del camino arrojadas por desconocidos.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 2 de la Ley 20.744 con el objetivo de que los presos estén exentos de la Ley de Contrato de Trabajo al igual que los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, el personal de casas particulares y los trabajadores agrarios.

Respecto de la iniciativa, que acompañan los diputados salteños Virginia Cornejo y Carlos Zapata, Milman explicó que “no toda relación laboral está regida por la ley de contrato de trabajo. Nadie consideraría que los trabajadores del servicio doméstico o los agrarios o los del estado o los de la construcción no son trabajadores, simplemente no se les aplica la ley de contrato de trabajo”.

“En el caso de las personas privadas de su libertad ocurre de igual manera. Las especiales características inherentes al trabajo, derecho y deber del interno, dentro del régimen penitenciario –antes apuntadas-, nos permiten indicar que, como faceta sustancial dentro del tratamiento de progresividad del régimen penitenciario, no puede ser igualado en tal sentido al de las personas en libertad”, plantea en el proyecto.

Además, señala que “las características especiales del trabajo dentro del tratamiento penitenciario en cuanto, tendiendo a la resocialización del interno, tiene como primordial objetivo el de propender a la formación y mejoramiento de los hábitos laborales y a procurar la capacitación para desempeñarse en la vida libre”.

Por último, el diputado del Pro aclaró que el trabajo de las personas privadas de su libertad bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, está regulado por la Ley 24.660 y el Decreto 303/96.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro – JxC) pidió la condena y, el no reconocimiento ante los organismos internacionales pertinentes, a los referéndums “ilegales e inválidos” organizados por la Federación Rusa en los territorios invadidos de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia, pertenecientes al Estado soberano e independiente de Ucrania.

El diputado explicó que “la invasión ilegal fue condenada el 2 de marzo del corriente año por la Asamblea General de las Naciones Unidas, falsamente denominada ‘operación militar especial’, de la Federación Rusa con el objetivo de ‘desnazificar’ a Ucrania, donde configuraría el delito de genocidio y donde se cometieron varios crímenes de guerra”.

“Bajo la orden del Kremlin, el país agresor ha organizado cuatro referendos ilegales e inválidos en los territorios invadidos de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia. Este pasado fin de semana se manufacturó una consulta a la población amenazada sobre su anexión a la Federación Rusa. Esta ‘farsa’ no es sólo una teatralización de consulta, sino que es tan ilegal como lo es la invasión”, sostuvo Milman.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó este martes un proyecto ante la Cámara de Diputados para solicitar información respecto de los hechos ocurridos en la ciudad de Villa Mascardi, provincia de Rio Negro, cuando un grupo de desconocidos atacaron e incendiaron una casilla móvil de la Gendarmería Nacional.

El pedido solicita saber cuál ha sido el despliegue de la Gendarmería y/o otras fuerzas de seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. También indaga sobre si es cierto que el mencionado ataque incendiario fue realizado con armas de fuegos. En ese caso, piden indicar si las pericias criminalísticas determinaron el calibre de los impactos de balas.

Si hay faltantes de equipamiento de seguridad, armas de fuegos, municiones, chalecos antibalas, o cualquier otro equipamiento de seguridad de la GNA, piden saber también los diputados encabezados por Gerardo Milman, como así también si en el mencionado ataque criminal se detectó la presencia de menores de edad participando de los hechos.

¿Cuál es el plan de seguridad estratégico del Ministerio de Seguridad sobre la problemática de usurpaciones ilegales de terrenos y ataques vandálicos premeditados al respecto?, pregunta también Milman, como así también qué hipótesis de seguridad estaría trabajando las dependencias de la Secretaria de Seguridad de la Nación como así también en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ante la sucesión de hechos delictivos ocurridos en gran parte de la Patagonia.

Además, “si desde el Ministerio de Seguridad de la Nación están trabajando sobre la probabilidad de involucramiento de Jonas Huala y sus secuaces en los actos vandálicos anteriormente referidos”, y qué medidas de intervención ha formalizado a posteriori del ataque, por parte de la fiscalía interviniente.

“Nuevamente, asistimos azorados a un episodio de violencia inusitada en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río de Negro, cuando este fin de semana último atacaron a palazos, piedras y, según los transcendidos del día de la fecha, también mediante disparos de armas de fuegos a una casilla móvil de la Gendarmería Nacional que estaba apostada allí para resguardar a los vecinos que han sufrido todo tipo de ataques criminales en los últimos tiempos”, manifestó Milman en su presentación.

Y continuó: “Hay que mencionar que la custodia fue dispuesta por orden judicial emitida por la Fiscalía Federal de Bariloche, es decir, por una orden judicial. Vemos que esta problemática violenta en el sur de nuestro querido país viene in crescendo y que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo no se hacen eco ni emiten ningún tipo de comentario o  respuestas efectivas  frente a la amenaza creciente de estas organizaciones transnacionales”.

Acompañan el proyecto los diputados Juan Martín, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Pedro Galimberti, Alberto Asseff, Fabio Quetglas, Germana Figueroa Casas, Francisco Monti, Ana Clara Romero, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Mario Barletta y Francisco Sánchez.

En las últimas horas se conoció que un puesto de Gendarmería Nacional en Villa Mascardi, provincia de Río Negro fue incendiado, presuntamente por grupos mapuches. El diputado nacional Gerardo Milman (Pro – JxC) repudió el hecho y le atribuyó responsabilidad directa al Gobierno nacional y al prófugo Jones Huala, líder mapuche.  

A través de su cuenta de Twitter, el legislador mencionó a “la pasividad y el abandono del Gobierno” como causa del ataque y agregó que “es muy probable que el recrudecimiento de la violencia en la Patagonia Norte sea consecuencia de la presencia de Jones Huala en la región”.

Jones Huala es el líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien desde febrero de este año está prófugo de la Justicia, y en 2013 fue condenado por el incendio de una vivienda habitada y tenencia de armas de fuego.

El lugar incendiado ya había sido vandalizado el pasado primero de agosto, por lo que Milman remarcó que “estos hechos son muy graves en nuestro país”, y concluyó: “El sur está en peligro”.

El diputado nacional Gerardo Milman volvió a exigir la presencia del ministro de Seguridad Aníbal Fernández en la Cámara de Diputados.

“Estamos cansados de invitarlo. Por enésima vez, venga a la Comisión de Seguridad para tener una discusión con altura”, planteó Milman ante las recientes declaraciones del ministro. “No convierta a la seguridad en una charla de café”, agregó.

Aníbal Fernández ya había sido citado para explicar el fallido accionar de la Policía Federal en el intento de atentado a la vicepresidenta. Sin embargo, tampoco se presentó.

Milman también exigió su inmediata presencia en el Congreso luego de las amenazas vertidas contra los fiscales de la causa “Vialidad”. “No se pueden volver a hacer los distraídos como hicieron con Nisman”, afirmó en esa ocasión.

“En junio se le pidieron explicaciones por la presencia del vuelo venezolano-iraní y tampoco apareció”, añadió el diputado. “Discutamos los temas que le interesan a la gente y deje de inventar evasivas a sus responsabilidades”, enfatizó.

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal con el fin de aumentar las penas ante cualquier atentado o intimidación pública hacia las más altas investiduras del Poder Ejecutivo.

El legislador aseguró que “en nuestro Código Penal, el verdadero Bien Jurídico que se intenta tutelar es que se pone en peligro con el delito de Intimidación Pública es el Orden Público, ya que un intento de atentado o un atentado real hacia cualquiera de las dos figuras más altas e importantes del Poder Ejecutivo ocasionarán estupor, y conmoción pública”.

La modificación del Capítulo III, sobre intimidación pública del artículo 211, en el Código Penal Argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.

ARTÍCULO 211 bis. – En el caso de que dicha intimidación pública, tipificada en el Artículo 211 de esta Ley, afectara a la seguridad física de las altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, presidente/a y/o vicepresidente/a respectivamente, será reprimido con prisión de siete a quince años. Cuando para ello se empleare armas de fuegos, explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de diez años a reclusión perpetua.

El diputado justificó esta modificación debido al “clima de peligrosa inestabilidad institucional y que afecta a la tranquilidad pública y en su conjunto, al Orden Público imperante”.

El diputado nacional Gerardo Milman solicitó al Poder Ejecutivo que brinde información acertada sobre el ciudadano Juan Miguel Prado, a quien se le imputa de manera errónea haber estado realizando actividades de filmación sobre los manifestantes que se reunieron en el domicilio de la vicepresidente el fin de semana del 26 al 28 de agosto.

Este martes tres diputados del Frente de Todos presentaron una denuncia para que se determine si hubo “violación a la Ley de Inteligencia” ante la presencia de “policías en distintos lugares tomando imágenes de los manifestantes”.

En ese marco, el 29 agosto trascendió que se había logrado identificar a uno de los hombres que filmó a los manifestantes desde una terraza o balcón. El apuntado sería el ciudadano Juan Miguel Prado, “que fue agente de la SIDE, después trabajó con Patricia Bullrich“.

Sin embargo, Milman desmintió esta versión y aseguró que “Juan Miguel Prado ha informado que llegó al país en un vuelo internacional, que aterrizó ayer (por el lunes) por la mañana, siendo bastante difícil, por no decir, imposible, que pueda estar en dos lugares distintos, al mismo tiempo, mediante miles de kilómetros de distancia entre ambos puntos geográficos”.

“Es llamativo que tanto la AFI, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones, no hayan realizado algún tipo de chequeo o constatación si el mencionado señor Juan Miguel Prado estaba en el país en el momento que se le imputan haber sacado fotos o haber realizado espionaje”, argumentó el diputado. “También es llamativo que periodistas cercanos al actual gobierno, como Pablo Duggan y Raúl Kollman, dieran por cierto la identidad de una persona por las fotos registradas en los días de los incidentes”.

Además, agregó que “lo más grave de todo es que el propio Juan Miguel Prado denuncia que ha recibido amenazas de muerte por las notas periodísticas que lo difaman y lo escrachan por algo que no ha sucedido y no está absolutamente implicado en el hecho que se le atribuye”.

“Todo huele a una pésima operación de prensa, barata y vulgar, que con solo chequear los ingresos y egresos en la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones podrían haber constatado lo afirmado en este pedido. Al mismo tiempo, me llama poderosamente la atención, que ni el Ministerio de Seguridad de la Nación ni la AFI hayan salido a desmentir la fake news, cuando poseen herramientas para ello”, sentenció Milman.

La presidenta del Pro junto a un numeroso grupo de diputados de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente al presidente de la Nación Alberto Fernández y a la vicepresidente Cristina Elizabeth Fernández, por los delitos de sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública.

La denuncia incluye además a los ministros Eduardo De Pedro y Aníbal Fernández, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y a Luis D’Elía y Hebe Pastor de Bonafini.

La impulsan, además de Patricia Bullrich, los diputados nacionales Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, Alberto Asseff, Karina Bachey, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Florencia Klipauka Lewtak, Alvaro Martinez, Graciela Ocaña, Graciela Marilú Quiroz, Claudio Poggi, María Lujan Rey, Dina Rezinovsky, Laura  Rodriguez Machado, Ana Clara Romero, Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez  y Virginia Cornejo.

La denuncia se refiere a la ejecución de un supuesto “plan de impunidad” respecto de los graves delitos de corrupción denunciados entre 2003 y 2015, que se ventilan en las causas “Vialidad”, “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos¨, entre otras.

Según la denuncia, el plan se habría orquestado a partir de las expresiones registradas por diferentes miembros del oficialismo, particularmente los denunciados; las amenazas a jueces y fiscales; la versión sobre indultos y los permanentes ataques a la Justicia como institución.

La denuncia enumera “una campaña de desprestigio de la Justicia y de banalización de los hechos, a partir de la instalación de la idea del ‘lawfare’ como una forma de persecución política; al mismo tiempo, al asumir el actual Gobierno se colocaron militantes a cargo de áreas estratégicas para desactivar las denuncias: la Oficina Anticorrupción, con Félix Crous, UIF, (Juan Carlos Otero); la Procuración del Tesoro (Carlos Zanini), AFIP (Mercedes Marcó del Pont), quienes desistieron de las querellas oportunamente promovidas en esos procesos”.

Finalmente mencionan “la promoción de acciones de hecho con la movilización de militantes a modo de amenaza contra los jueces y fiscales que tienen que tomar las decisiones en las causas de referencia, instalando la idea que en caso de ser condenada Cristina Fernández de Kirchner se producirán graves disturbios sociales”.

Tales acciones conforman para los denunciantes el delito de sedición contemplado en el art. 22 de la Constitución Nacional, tendiente a apañar hechos que el mismo texto constitucional califica como de traición a la patria (art. 36) y violan los compromisos asumidos por el país en las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción.

El diputado nacional Gerardo Milman, acompañado por Waldo Wolff, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Martín Tetaz, María Soledad Carrizo y Alberto Asseff, expresó su enérgico repudio y preocupación ante la oleada de expresiones autoritarias que “intentan coartar la libertad de expresión” a los periodistas independientes Jonatan Viale, Eduardo Feinmann, Jorge Lanata, Alfredo Leuco y Luis Majul.

“Días atrás la censurada fue Viviana Canosa, hoy los ‘escrachados’ por la intolerancia kirchnerista son los Jonatan Viale, los Lanata, los Majul, los Leuco, los Feinmann, y los menciono con sus apellidos haciéndolos representativos de todo un colectivo de periodistas que ejercen dignamente su vocación”, planteó el diputado del Pro.

“Hay cada vez más gente que piensa que otros no simplemente hacen mal, sino que son el mismo mal, al que hay que suprimir”, explicó Milman.

A través de un comunicado, Milman hizo propias las palabras escritas por el constitucionalista Daniel Sabsay: “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo”, y acotó: “Nunca tan vigente esta frase de Voltaire que deberían leer y releer quienes están empeñados en destruir la libertad de expresión en la Argentina”.

“La libertad de expresión es la piedra angular no solo de la democracia sino del progreso”, sentenció finalmente.

En el Senado, el radical fueguno Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para repudiar las amenazas realizadas por Roberto Navarro. La iniciativa del senador fueguino fue acompañada por sus pares Víctor Zimmermann; Silvia del Rosario Giaccoppo, Daniel Kroneberger, Mario Fiad, Flavio Fama, Edith Terenzi, Eduardo Vischi, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Juan Carlos Romero, Stella Maris Olalla y María Belén Tapia.

“El pasado 15 de agosto, el periodista de El Destape Radio, Roberto Navarro, profirió duras y amenazantes críticas contra periodistas de LN+ y TN. Dijo que hay que pararlos, que ‘algo hay que hacer con ellos’. ‘Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara’”, sostuvo al aire Navarro.

“Estas declaraciones repudiables nos hablan de un país donde pretende imponerse la intolerancia y no se soporta la diversidad. El periodista Navarro tiene toda la libertad del mundo para informar, pero no para agredir o amedrentar a colegas. Uno de los pilares máximos de la democracia es la diversidad y el respeto hacia quienes piensan distinto. El modelo por el que pregona el señor Navarro es el del pensamiento único, el de la ‘historia oficial’”, afirmó Blanco.

“La democracia que queremos hace del libre ejercicio del periodismo uno de sus pilares institucionales básicos. Sin prensa libre no hay pluralismo, control social del poder ni sano ejercicio de la tolerancia. Cuando un miembro del gobierno o un periodista descalifica a colegas, calla frente a intimidaciones y promueve operaciones de los “sótanos de la democracia” que se comprometió a clausurar, no hace más que fomentar el miedo, intentar forzar silencios y anhelar la censura”.

El que también sumó su repudio fue el diputado nacional (MC) Jorge Enríquez, quien la emprendió contra Roberto Navarro, quien estos días que “algo hay que hacer con ellos”, en referencia a los periodistas Jonatan Viale, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Luis Majul, Eduardo Feinmann y Angel Etchecopar, a los que expresó todo su apoyo, acotando que le recuerdan “una etapa oscura que los argentinos dejamos atrás, son sus palabras las que están llenas de odio”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) elevó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Federal de Inteligencia para que brinden datos sobre las cuatro personas de presunta nacionalidad iraquí, detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 8 de agosto con pasaportes falsos.

“Cuando aún el Gobierno nacional no ha podido responder de manera fehaciente, clara y precisa sobre el accionar del vuelo de Emtrasur, y tampoco ha podido dar explicaciones contundentes sobre el ‘falso iraquí’ detenido en Entre Ríos, nos encontramos de nuevo con supuestos ‘ciudadanos iraquíes’ que deambulan por nuestro territorio sin el debido control, sin la constatación fehaciente de que los ciudadanos que estaban por salir de nuestro país son quienes dicen ser”, explicó Milman.

En su solicitud, el legislador requiere información sobre los movimientos de los cuatro detenidos en el país, por dónde entraron, si tienen algún tipo de vinculación con la tripulación del avión iraní-venezolano que están bajo investigación, si poseen algún tipo de vinculación con organizaciones militares y si poseen algún grado de vinculación con el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos, Asan Azad.

Por último, consultó si el Ministerio de Seguridad de la Nación ha podido vincular y/o relacionar los episodios del avión iraní-venezolano, el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos y la amenaza al periodista especializado George Chaya.

“Les pido por favor que no nos tomen el pelo, que no nos mientan más, diciendo que las fronteras son porosas”, reclamó el macrista, y agregó: “Como exsecretario de Seguridad de la Nación, y como director a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, bajo la conducción de la Dra. Patricia Bullrich, pudimos controlar nuestras fronteras ante la realización de eventos de transcendencia internacional”.

Finalmente, sentenció: “Mientras los funcionarios a cargo de cuidarnos y protegernos esgrimen explicaciones que bordean lo absurdo, lo irrisible y burdo de sus argumentaciones, exigimos que desde el Gobierno nacional nos brinden a los representantes del pueblo las debidas explicaciones”.

El diputado nacional Gerardo Milman, acompañado por algunos de sus pares de Juntos por el cambio, le solicitó al Gobierno Nacional que se le exija al presidente de Venezuela Nicolás Maduro disculpas por la escalada de declaraciones agraviantes hacia la Argentina.

“No podemos permitir agravios de este tipo hacia nuestra democracia. Le pedimos al Gobierno que retire al embajador argentino en Venezuela hasta que Maduro brinde las disculpas pertinentes. Si esto no ocurre, será oportuno romper relaciones con la dictadura venezolana”, manifestó Milman.

En la presentación hecha por Milman y sus pares Waldo Wolff, Alejandro Finocchiaro, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Héctor Stefani, José Nuñez, Ana Clara Romero, Pablo Torello, Francisco Sánchez y Alberto Asseff, se expresa: “El Gobierno venezolano lanza por estas horas en las acaloradas voces de Maduro, (Diosdado) Cabello y un parlamentario, del Parlamento inexistente, una batería de declaraciones teñidas de colores rojos tropicales, prepotentes amenazas y agravios hacia nuestras instituciones y particularmente a la figura del presidente de la nación”.

“Una vez más queda en claro la visión que tiene el chavismo autóctono de nuestra coalición gobernante, es decir el peronismo kirchnerista: lo ven como sus pares, creen que en Argentina, como espejo de Venezuela, también funciona una dictadura que avasalla la división de poderes, que en la mano del peronismo y los movimientos sociales están los resortes de todas las instituciones, incluyendo a la justicia”, continúa la presentación ante la Cámara de Diputados.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Aduanas informen sobre las declaraciones del ex narcotraficante colombiano, Francisco Javier Cardona Ramírez, alias “Jota”, emitida a un medio de prensa.

En la entrevista que el diario La Nación le realizó al ex narcotraficante y luego colaborador de la DEA Francisco Javier Cardona Ramírez, vuelve a posarse un manto negro de sospechas sobre el accionar de los carteles del narcotráfico, en este caso el temido y poderoso Cartel de Sinaloa. Según la nota periodística, “el Cartel de Sinaloa es el responsable a nivel mundial de la distribución de cocaína y parte de la heroína y, especialmente, el fentanilo. Y es quien está manejando el narcotráfico en la Argentina”.

Milman se detuvo en esta declaración y recordó que “hace catorce años, el 7 agosto del 2008, se produjo el Triple Crimen de General Rodríguez, que desnudó una compleja y extensa red de conexiones entre el mundo del hampa, del financiamiento de la campaña política de Cristina Fernández de Kirchner, la mafia de los medicamentos, y las vinculaciones con carteles mexicanos”.

“Hoy, 14 años después, el tráfico de fentanilo, carfentanilo, heroína, por parte del Cartel de Sinaloa, lo encuentra a Aníbal Fernández, nada menos ni nada más, que como ministro de Seguridad de la Nación… será ¿casualidad o causalidad?”, se preguntó Milman.

El pedido incluye los antecedentes, procedimientos e incautaciones de fentanilo, carfentanilo y otros opiáceos derivados realizados durante enero-julio 2022 por parte de las fuerzas federales. También consulta sobre el avance de investigación hay dentro de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, y al Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, sobre el tráfico de fentanilo, carfentanilo y otros opiáceos. Pregunta además qué información posee el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el accionar del Cartel de Sinaloa en nuestro país, y si hay algún tipo de vinculación entre los grupos narcotraficantes mexicanos que intervinieron en el tráfico de efedrina con el trasiego de fentanilo, carfentanilo y opiáceos derivados.

“Los tentáculos del narcotráfico y su onda expansiva de corrupción vuelven a demostrar cómo los diversos carteles del narcotráfico, bolivianos, brasileros, colombianos, mexicanos, paraguayos, vuelven a operar impunemente en nuestro territorio nacional”, sentenció el diputado, que es acompañado en este proyecto por sus pares Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Virginia Cornejo, María Sotolano, Alberto Asseff y Carlos Zapata.

El diputado nacional Gerardo Milman, acompañado por otros diputados de Juntos por el Cambio, convocó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, a que comparezca ante la Cámara de Diputados a los efectos de informar acerca de diferentes aspectos de las actividades administrativas que ha desarrollado la Administración de Parques Nacionales (APN) durante 2022 y que a juicio de los legisladores “chocan con el objeto de preservación de territorios naturales bajo su tutela”.

“Corresponde al Congreso no solo el control de las políticas públicas, sino también facilitar el conocimiento a la sociedad de qué manera se cuida el patrimonio de todos los argentinos”, explicó el diputado.

Entre las cuestiones que el ministro deberá responder se encuentran las relacionadas al cierre del sumario administrativo que buscaba determinar la responsabilidad de los guardaparques del Parque Nacional Los Glaciares en la construcción de un puente sin autorización en dicha jurisdicción, así como la escrituración a nombre del empresario Lázaro Báez de 5 hectáreas de tierra pertenecientes al mencionado parque.

De la misma manera, reclaman aclarar cuál fue la ponderación realizada por su cartera al momento de la firma de la respecto a la Resolución N° 484 del 3 de agosto, mediante la cual se declaró “Sitio Natural Sagrado Mapuche al Volcán Lanín”, en la provincia de Neuquén. También si le ha solicitado o solicitará la renuncia al presidente del Directorio de Parque Nacionales, Lautaro Erratchu, por las irregularidades antes descriptas o si ha habido un pedido de disculpas formal por parte del Ejecutivo

Nacional a las autoridades de la Provincia de Neuquén por tal farragoso acto administrativo.

Milman considera que el territorio argentino “puede ser puesto en riesgo por las decisiones y la desidia con la que vemos manejan los reclamos de tierras en el sur argentino”. Además, “va cediendo y concediendo a organizaciones con un dudoso sustento jurídico la autoridad y potestad sobre estos territorios”.

“Hoy la Patagonia argentina y sus habitantes están siendo atacados permanentemente por bandas de delincuentes que se autodenominan mapuches y que pasan por encima sobre las normas más básicas de la Constitución Nacional y el derecho vigente”, agregó.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro), junto a Martín Tetaz, Miguel Bazze, Pablo Torello y Laura Rodríguez Machado, solicitaron a la presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que convoquen al ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, a sus respectivas comisiones.

La invitación tiene como objetivo que el recientemente nombrado ministro brinde información sobre los siguientes puntos:

• La posible implementación de un mecanismo de liquidación excepcional de divisas para sectores exportadores, a qué tipo de cambio se realizaría en función de la transparencia pública de los acuerdos;
• El establecimiento de un régimen de cancelación de deudas (no corrientes) con títulos denominados en moneda extranjera y sujetos a ley extranjera;
• La unificación en la regulación del control de inversiones en Comisión Nacional de Valores;
• La modificación del acuerdo con el FMI, suscripto por el Gobierno Nacional, conforme los efectos en el cambio de precios internacionales post acuerdo;
• La hipótesis de establecer mecanismos de recompra de deuda pública con repo (contrato de transacción de un activo con pacto de recompra);
• La posible implementación de cuentas especiales en el Banco Central de la República Argentina para operaciones de exportación en hidrocarburos, minería, conocimiento. bío y nano tech;
• La instrumentación de un mecanismo de “blanqueo” para construcción e inversiones con estacionamiento de bonos;
• La intención de llevar adelante la renegociación swaps y alquiler de degs (derechos especiales de giro)
• La adecuación del mercado cambiario en el sentido de la unificación de las variantes de dólares bolsa; mep; entre otros, en un solo dólar financiero.
• La posible readecuación del flujo de financiamiento multilateral, sobre qué base de préstamos se haría, si ya otorgados y a qué monto asciende o próximos a acordar, en qué momento y modalidad de desembolsos.
• Bajo qué modalidad el Banco Central afrontará los vencimientos perentorios de las Leliq, Letis, etc. Que en su momento absorbió un gran volumen de pesos pero que deberá desembolsar al momento de sus vencimientos.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó una solicitud de informes al Poder Ejecutivo para que, mediante las diversas dependencias gubernamentales como Ministerio de Seguridad, Administración Fiscal de Ingreso Público, la Unidad de Información Financiera, la Dirección Nacional de Migraciones y la Inspección General de Justicia suministren información pertinente sobre los ciudadanos argentinos Gustavo Marano Fuentes y Darío Damián Pereyra Torres, y todo lo vinculado sobre operaciones de tráfico de cocaína y maniobras de lavado de activos desde y hacia España.

Milman consultó si “Gustavo Marano Fuentes y Darío Pereyra Torres poseen pedido de captura internacional de Interpol, sus actividades comerciales y financieras en nuestro país”.

Asimismo, pidió información sobre el “asesinato de Diego “Dolarín” Guastini, muerto en el municipio de Quilmes en octubre 2018, cuando en calidad de arrepentido declaro sobre una red de narco criminales que traficaban cocaína hacia el Reino de España”.

“En el año 2018, durante una investigación llevada a cabo por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Guastini mencionó a un grupo de traficantes que habían armado una ruta náutica rumbo a España. Días después de eso, Guastini seria asesinado en Quilmes sin que hasta la fecha se tuviera mayores novedades investigativas sobre el leit motiv y los responsables”, explicó Milman.

También agregó que “los supuestos responsables de la operación ‘Atlantis’ denunciada por Guastini serían reconocidos empresarios gastronómicos, han contado con algún tipo de connivencia policial y/o política al respecto, por su estilo de vida suntuoso y ostentoso, sin que hayan despertado sospecha alguna”.

Acompañan el proyecto con su firma los diputados Héctor Stefani, Karina Bachey, Francisco Sánchez, Ana Clara Romero, Pablo Torello y Carlos Zapata.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro), junto a un grupo de colegas de JxC, presentaron un proyecto en repudio por la provocación lanzada, “por grupos de organizaciones sociales afines al gobierno nacional, que manifestarán en las inmediaciones de La Rural, durante la inauguración formal de la muestra, con el objeto de protestar por, lo que a su criterio es, especulación del sector agropecuario al no liquidar divisas al mercado”.

Según Milman se trata de “una nueva extorsión a la democracia realizada por organizaciones sospechadas del uso de fondos públicos para su sostenimiento y movilización. Es por esto que manifestamos nuestro más enérgico repudio y preocupación antes esta provocación a la que, lamentablemente, ya nos tienen acostumbrados”.

El diputado consideró también que “fuimos testigos de la arenga setentista del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, que tuvo conceptos agraviantes tanto para el presidente de la Nación como para su compañera vicepresidente. Al presidente en ejercicio Alberto Fernández le dedicó palabras de desprecio hasta llevarlo a la vergüenza, aunque a estas alturas al presidente no le deben preocupar demasiado. En cambio, a la vicepresidente le dijo que ya no debía solo preocuparse por su agenda, la judicial”.

“Son aquellos que se llenan la boca de democracia y derechos humanos, los mismos que proponen “poner el cuerpo” y derramar sangre”, agrega en la iniciativa el legislador del Pro.

Además, señala que “a la cabeza de la convocatoria está Somos Barrios de Pie, la organización que conduce Daniel Menéndez, Subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, la cartera que conduce Juan Zabaleta, y en estos términos: ‘Estamos en asamblea, muy preocupados por la especulación. Lo más probable es que el sábado, a las 11, nos manifestemos en inmediaciones de La Rural para plantear el esquema de especulación que lleva a un proceso inflacionario en alimentos que no es neutro. Gana el campo y pierden los barrios populares’”.

“Desde el gobierno, y diría principalmente desde el kirchnerismo y sus agrupaciones afines, se instalan conceptos falaces que quedan grabados a fuego y que a fuego y sangre pareciera quieren sostener. Particularmente, y a raíz de la pésima gestión de la economía y a la ausencia de un plan o rumbo sensato, por la falta de ingreso o liquidación de divisas es señalado el campo, enemigo ancestral, como uno de los hacedores de la desgracia actual”, continuó Milman.

Y cerró: “Esperemos que esta amenaza, una más lanzada por un grupo piquetero, de presentarse a protestar y provocar en la rural no se convierta en una noticia que haya que lamentar. Recordemos que en la Exposición Rural asisten no solo productores del agro sino además de economías regionales, máquinas industriales y ganaderas, emprendedoras y principalmente familias que tradicionalmente disfrutan de la exposición”.

El diputado nacional Gerardo Milman, acompañado de diputados de la oposición, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre las recientes 191 incorporaciones a la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto emitida el día 22/07/2022.

Milman planteó una serie de preguntas entre las cuales figura qué tan imprescindible era para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto la contratación de 7 secretarios, 5 bibliotecarios archivistas, 104 asistentes de soporte administrativo, 8 asistentes de servicios generales, 13 asistentes de atención al público, 6 asistentes de mantenimiento, 2 choferes, 8 asistentes de administración y gestión de personal, precisando así solo algunos de los cargos que se adjudicaron.

Preguntó también qué cantidad de empleados públicos en cualquiera de sus formas de contratación tenía el estado Nacional el 10/12/2019 y cuál es la cantidad existente al 22/07/2022; como así también la cantidad de empleados que fueron pasados a planta permanente en el Estado Nacional entre el 10/12/2019 y el 22/07/2022.

El diputado aseguró que este tema es parte de “la problemática que está viviendo nuestro país en materia económica y política”. “Analizando la resolución para la contratación de personal para el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, es muy difícil creer que son indispensables”, observó.

También hizo mención a la contradicción con otro decreto publicado el mismo día y que prohíbe sumar personal al sector público hasta el 31 de diciembre de 2023.

Además, explicó que “a lo largo de este gobierno vemos cómo se ha incrementado la contratación de personal y se ha aumentado el gasto público de manera exponencial acompañando por la necesidad de financiar estas medidas y muchas otras que van en el mismo sentido con emisión monetaria que está poniendo a la Argentina en una situación inflacionaria muy cercana a momentos de la historia económica de nuestro país que no querríamos reeditar”.

“Vemos asiduamente cómo muchos sectores de la administración pública pierden de vista la institucionalidad de su representación y se convierten cada vez más en establecimientos partidarios”, sentenció. “No podemos permitir que se utilice al estado como parte de la campaña electoral del oficialismo, sobre todo aquellos que buscamos la construcción de un estado eficiente, eficaz y profesional preparado para afrontar y darle solución a los problemas de nuestra gente”.

Acompañan el proyecto los diputados Graciela Ocaña, Alfredo Schiavoni, Paula Omodeo, Héctor Stefani, Matías Taccetta, Karina Bachey, María Sotolano, Pablo Torello, Ana Clara Romero, Virginia Cornejo, Alberto Asseff,  Laura Rodríguez Machado, Gerardo Cipolini, Lidia Inés Ascarate y Carlos Zapata.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) se refirió a la presentación de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y sostuvo que “tenemos que hacer cosas, sin caer fuera del marco normativo, que hagan llamar la atención del Gobierno”.

“Manzur es simbólicamente quien representa al Gobierno frente a la Cámara de Diputados”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia, y recordó que esta herramienta constitucional “no tiene antecedentes de haber sido usada”.

El legislador explicó la diferencia con el juicio político, para cual se “necesitan dos tercios de la cámara, una situación que por la propia composición hoy se vuelve abstracta”. Mientras que la moción de censura, para interpelar al funcionario, abre “la posibilidad de un mecanismo que resulte efectivo”.

“Tenemos que hacer cosas, sin caer fuera del marco normativo, que hagan llamar la atención del Gobierno, que hagan que cambie, que tome otras decisiones y que, sin son incapaces de tomar otras decisiones en el sentido de que la gente deje de sufrir, bueno, lo admitan, y ellos mismos tomen los recursos que la Constitución Nacional les otorga”, expresó.

Milman resaltó que para votar esta moción “se necesitan 129 diputados”, un número que Juntos por el Cambio junto a otros bloques de la oposición han conseguido en distintas oportunidades. “Es un número mucho más posible que los dos tercios que establece el juicio político”, insistió.

Sin embargo, sobre el juicio político que el liberal José Luis Espert anticipó que presentará contra el presidente Alberto Fernández, el diputado del Pro consideró que “deberíamos incluir a la vicepresidenta” porque “no es solo la incapacidad de gobernar del presidente, sino la hostilidad, los palos en la rueda y solo sostener sus problemas personales con la Justicia por encima del bien común”, en alusión a Cristina Kirchner.

Cabe recordar que desde que asumió, el 20 de septiembre de 2021, Manzur todavía no asistió a la Cámara de Diputados a brindar un informe de gestión. Sí lo hizo el pasado 2 de junio al Senado. Sin embargo, el viernes pasado, el jefe de Gabinete envió una nota a Sergio Massa en la que confirmó su disposición para asistir durante el mes de agosto.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman instó al Gobierno a “tomar medidas y hacerse cargo de la situación”, porque si no “se lo van a llevar puesto”, y consideró que el propio Ejecutivo “está tomando la oportunidad de estrellarse”.

Durante una entrevista con el programa “¿Cómo la ves?”, que conduce Gabriel Sued y se emite por Futurock.FM, el exsecretario de Seguridad nacional remarcó que “en julio estamos atravesando una situación gravísima, pero en agosto se van a venir cosas más complejas. Hay una serie de condicionantes de fechas de vencimiento y cosas que van a ocurrir que si el Gobierno no toma medidas se lo va a llevar puesto la situación. No lo digo desde el punto de vista institucional, lo digo desde el punto de vista económico y de la salud de la gente. Me guste o no me guste, a este gobierno lo eligió el 48 por ciento de los argentinos”.

Milman reconoció que “es un momento amargo y hay gente que está fuera de sí, como (Juan) Grabois o (Aldo) Rico, que proponen un escenario de violencia extrema que no va. Vociferar violencia es muy peligroso en una situación muy delicada. El presidente de los argentinos también lo hizo, encontrando un enemigo en el campo con las silobolsas”.

“Si vos no generás gestos de confianza, no la vas a recibir tampoco esa confianza. No me gusta el dolor, me gusta la teoría del dolor. Los argentinos tenemos dolor, porque no estamos bien”, expresó.

El vicepresidente del bloque Pro en Diputados comentó que “hay una oportunidad de que se equivoque el peronismo, aunque no sé si esto es peronismo, pero es una mala oportunidad, porque el Gobierno está tomando esa oportunidad de estrellarse. Yo no quisiera que se estrelle, quiero que llegue al 2023 y compitamos los distintos partidos para mejorar. Esa es una democracia que avanza, ofrecer mejores políticas”.

El diputado nacional Gerardo Milman, junto a Cristian Ritondo y otros diputados anunciaron la presentación de una moción de censura contra el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luis Manzur, “por causales que determina la Constitución Nacional”, tal cual describió Milman en sus redes.

Según el diputado de Juntos por el Cambio, “el jefe de Gabinete de Ministros es quien representa al Gobierno ante la Cámara de Diputados y no puede distanciarse del vergonzante enfrentamiento de egos que se produjo desde las PASO del 2020 hasta nuestros días. Este vacío de poder que provocaron solo trae deterioro del tejido social y de toda la economía de nuestro país”.

La moción de censura está contemplada en el artículo 101° de la Constitución Nacional que establece el mandato para que el jefe de Gabinete concurra todos los meses al Congreso y además establece que “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras”.

En la presentación ante la Cámara de Diputados, el proyecto manifiesta que “al ser responsable de la administración del Estado, el jefe de Gabinete debe también hacerse responsable de las consecuencias de los  actos de sus dos jefes directos como lo son el presidente y la vicepresidente de la Nación”. Agregan que Manzur, al asumir el cargo en la Jefatura de Gabinete, “también asumió la misión de encauzar no solo un gobierno, sino también la coordinación política de las dos máximas figuras que esperamos que gobiernen hasta el 9 de diciembre del 2023”.

En ese marco sostiene Milman que este funcionario “no solo falló como dirigente político, sino que también falló como administrador de la cosa pública. No detuvo los ataques a la prensa, al campo, a los jueces, a la Corte Suprema; no fue capaz de coordinar a 22 ministros para que asuman un rumbo claro. No supo ser el vocero o comunicador de las medidas más importantes que supuestamente tomó este gobierno durante su mandato, sino que ‘saraseó’ con encomendarnos a Dios para salir adelante; prometió solucionar la falta de gasoil de una semana a la otra sin tener en cuenta que jugaba con la esperanza de los transportistas y sus familias, encareciendo aún más los productos por los costos de logística provocada por la crisis energética generada por la imprevisión del mismo Gobierno”.

Y continuó: “No supo ordenar la inseguridad, ni siquiera estuvo encima de su ministro de Seguridad para que lo hiciera, que más que combatir el delito parecía un panelista de 6-7-8 comentando una realidad inexistente”.

Agregan que “el jefe de Gabinete no protegió a la industria nacional, no promovió exportaciones, permitió que el país fuera un colador de agentes del terrorismo internacional, pero por sobre todas las cosas, no fue un firme y eficiente defensor de la Constitución Nacional”.

La extensa presentación del bloque de Juntos por el Cambio finaliza manifestando que “este es un aporte valioso que, en el marco de nuestra carta magna, que permitirá descomprimir la figura vapuleada, por su propio partido, del presidente Alberto Fernández y le dará una oportunidad para usar la lapicera y redactar un rumbo esperanzador que nos lleve al puerto de elecciones democráticas que permitan el surgimiento de una nueva esperanza al pueblo argentino en el año 2023”.

El diputado nacional Gerardo Milman, acompañado por diputados de la oposición, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 9° de la Ley 25.246 que designa al presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

El proyecto pretende crear una comisión ad hoc para elegir a los funcionarios en cuestión y que será integrada de la siguiente manera: dos miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios de los presentes; dos funcionarios/as del Ministerio Público, elegidos por el Procurador General

de la Nación; dos miembros del Senado de la Nación elegidos por sistema D’ Hont; dos miembros de la Cámara de Diputados elegidos por sistema D’ Hont; un miembro designado por el Ministerio de Economía.

“Recientemente fue noticia la actuación de la UIF que pidió absolver a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad que la tiene como imputada de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado en 46.000 de pesos millones para favorecer a Lázaro Báez con contratos viales. La UIF, que actualmente es manejada por Juan Carlos Otero, muy cercano a Máximo Kirchner, también pidió la absolución de Báez y de los ex funcionarios Julio De Vido, José López., Néstor Carlos Kirchner, Abel Fatala y Néstor Periotti“, agregó el diputado.

El legislador del Pro sostuvo que “las instituciones destinadas a combatir los delitos como aquellos que le competen a la UIF, deben ser equilibradas y fundamentalmente profesionales en su conformación directiva y, de ser posible, lo más independiente del poder político gobernante. De nada sirve tener una cascara formal, que atienda las exigencias de estándares internacionales, una fachada ridícula y costosa, si no se atienden sus objetivos fundamentales”.

Milman sostuvo que el cambio en la forma de elección de la conformación futura de la Unidad de Información Financiera mediante una comisión ad hoc y ad honorem pluri-institucional, “brindará jerarquía y equilibrio a la institución de tal forma que en el futuro sea un organismo que aporte a la conformación de una sociedad más justa y democrática, y no nos avergüence nunca más”.

Acompañan el proyecto los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Alfredo Schavoni, José Núñez, Héctor Stefani, Karina Bachey, Laura Rodríguez Machado, Alfredo Asseff, Virginia Cornejo, Lidia Inés Ascarate y Carlos Zapata.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, junto a otros legisladores, elevó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Turismo y Deportes para que expliquen los graves acontecimientos de violencia en los estadios que involucran a las barras bravas del fútbol. 

El pedido llega tras el trágico enfrentamiento entre las barras de Alem y simpatizantes de Luján que dejó como saldo varios heridos de bala y un joven de 18 años muerto. 

“La sociedad vive atónita cómo se van multiplicando los hechos de violencia alrededor del fútbol, pero mucho más sorprende la quietud que parece haber en los responsables del Gobierno que deberían encargarse de que estas situaciones no se repitan una y otra vez llegando a las tapas de los diarios tiroteos y muertos que dejan en la ciudadanía la sensación que estamos ante zonas liberadas”, explicó Milman. 

“Vemos cómo las barras se citan y amenazan por las redes sociales y daría la impresión que los únicos que no se enteran son los encargados de la seguridad en la Argentina”, agregó. 

También pidió saber “en qué situación está el programa Tribuna Segura que tan buenos resultados dio durante la gestión de la ministra Patricia Bullrich”.  

Con respecto al Mundial de fútbol de Catar que se avecina, consultó si hay algún tipo de trabajo coordinado con los organizadores del evento para impedir el visado y la participación de las barras bravas argentinos. 

“No nos gustaría ser exportadores de violencia como ya lo hemos sido en otros Mundiales de fútbol con inventos como Hinchadas Unidas Argentinas auspiciadas por el gobierno de turno”, sentenció.  

Acompañan el proyecto los diputados: Héctor Stefani, Alberto Asseff, Ingrid Jetter, Karina Bachey, Francisco Sánchez, Claudio Poggi, Gabriela Lena y Carlos Zapata. 

El diputado nacional Gerardo Milman mantuvo contacto con los representantes del país trasandino a raíz de la investigación a los vuelos de la empresa Conviasa que utilizó una aeronave vetada por el Gobierno de los Estados Unidos. El avión marca Airbus A340-642 fue transferido por la aerolínea iraní Mahan Air hace pocos meses.

El escándalo argentino, denunciado por los diputados nacionales Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, y Franco Rinaldi con el vuelo venezolano-iraní, también tuvo sus consecuencias en Chile y derivó en esta presentación judicial, iniciada por una comisión del Senado y a la que luego se incorporó la fiscalía. El país vecino está preocupado por el posible vínculo de los vuelos entre Santiago y Caracas con una red de terrorismo y ataques de ciberseguridad y con la llegada de los servicios de inteligencia venezolanos e iraníes a la región.

Tras la denuncia y el comienzo de esta investigación, la aerolínea venezolana Conviasa suspendió sus vuelos hacia Chile atribuyéndolo a causas de “fuerza mayor” y que “no se pudo evitar”.

Gerardo Milman, quien es uno de los principales impulsores de las denuncias presentadas en la Argentina manifestó que “cada vez hay más indicios de la presencia de inteligencia iraní-venezolana en la región”.

“El presidente (Nicolás) Maduro hizo alarde de su arsenal militar en la reciente celebración de la independencia de Venezuela con un desfile de camiones con drones fabricados con tecnología y partes iraníes. En la empresa participan como socios Conviasa y Entrasur, dueñas del 747 detenido en Ezeiza. Se comprueba lo que denunciamos sobre los drones artillados con partes adquiridas en Querétaro, México, y luego armados, bajo convenios de su autoría, en el estado Falcón que gobernaba la actual embajadora de Venezuela en la Argentina Stella Lugo”, declaró también el diputado nacional.

Y concluyó: “El dictador Maduro continúa demostrando al mundo su alineamiento con Irán y en la Argentina Alberto Fernández y Cristina Fernández les abren las puertas a la región”,

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció ante la Justicia a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, a quienes acusó de haber revelado nombres y cargos de agentes de inteligencia y “haberlos puesto en peligro”.

La presentación judicial se realizó ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, donde se tramita la causa que investiga a la tripulación del avión venezolano-iraní.

Según publicó la agencia Télam, una denuncia que conforma el expediente fue “reproducida” íntegramente en un medio de comunicación, lo que expuso cargos e identidades de agentes.

La revelación del nombre de un agente “afecta directamente su función”, el desenvolvimiento de las tareas del organismo y el ámbito de la seguridad e intimidad de sus vidas privadas, explicó una fuente al tanto de la presentación.

Además, la difusión de esa información puede exponer parte de la estructura organizativa de la AFI, lo que hace públicos los intereses estratégicos del organismo y atenta contra la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación.

La denuncia apunta también contra el consultor aeronáutico Franco Rinaldi, el tercero de los firmantes de aquella presentación que hicieron Milman y López Murphy en la causa del avión, con el patrocinio de los abogados Yamil Santoro y María Eugenia Talerico.

Fuentes judiciales señalaron que en la denuncia se resalta que la autoría penal por los hechos no es de quienes la hubieran publicado en medios periodísticos, ni tampoco se busca limitar el ejercicio de esa función y el derecho a la libertad de expresión.

Un grupo de diputados de JxC, encabezados por Gerardo Milman (Pro), presentaron un proyecto de resolución para solicitarle al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Agencia Federal de Inteligencia que brinden toda la información de interés sobre el ciudadano Asan Azad, quien el viernes 24 de junio quiso comprar un pasaje de ómnibus con un documento de un ciudadano argentino, razón por la cual fue demorado en un primer momento en la provincia de Entre Ríos.

En el documento, Milman planteó interrogantes acerca de si el Ministerio de Seguridad recibió algún tipo de alerta por parte de agencias de seguridad y/o policiales respecto a Asan Azad, si la embajada de Irán en el país ha proporcionado o solicitado alguna comunicación, si se ha podido confirmar que el mencionado ciudadano extranjero tendría vinculación alguna con el cuerpo de elite Quds, con Hezbollah o con agentes del ala salafista yihadista.

“Habían pasado menos de veinte días del escandaloso y aún no resuelto affaire del avión iraní-venezolano con su tripulación de espías iraníes, que en la localidad de Concepción del Uruguay se detuvo a un ciudadano iraní con documentación de un ciudadano correntino”, explicó Milman.

En ese sentido, el legislador de Juntos por el Cambio enfatizó sobre el detenido: “Hasta el día de la fecha, no sabemos bien cómo se llama, su nacionalidad, ni a que vino al país”.

“No hay dudas que la Argentina se ha convertido en un escenario de lo que se denomina terrorismo híbrido”, aseguró el diputado tras la presentación del proyecto de resolución en el Congreso de la Nación. “Creo que, en estas últimas semanas, hemos asistido a demasiadas evidencias sobre el accionar del régimen iraní en nuestro país, la gravedad institucional que esto conlleva, y creo que, a mi juicio, no ha sido debidamente ponderada, sobre la gravedad del asunto”, agregó.

Además, pidió que las autoridades a cargo de la seguridad en el país den las explicaciones pertinentes, “si no, pareciera ser que son incompetentes, ineficaces o lo que es más grave aún, cómplices de todo esto”, completó.

Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio solicitó al Gobierno definiciones sobre las políticas económicas a partir de la nueva conducción que tiene el Palacio Legislativo.

El proyecto de resolución presentado este martes por la mañana por el diputado nacional Gerardo Milman fue acompañado por los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Karina Bachey, Francisco Sánchez, Ana Clara Romero, Sobrina Ajmechet, Pablo Torello, Héctor Stefani y Carlos Zapata y plantea una serie de interrogantes para el Poder Ejecutivo Nacional.

Allí expresan que de acuerdo con la reciente designación de Silvia Batakis, que indique, de forma detallada, el plan económico que llevaría adelante en su gestión a cargo del Ministerio de Economía de la Nación.

Asimismo piden que informe si considera pertinente la implementación de un “salario universal”, y en cuyo caso indicar cuál sería el universo alcanzado por la medida.

Que detalle las medidas que considera llevar adelante para frenar la inflación, e indique las medidas que analiza para generar las condiciones económicas propicias para la generación de empleo formal.

De acuerdo con los niveles de pobreza e indigencia, los diputados piden que indique las medidas económicas que tiene planificadas a efectos de atender dicha situación.

Transcurrido el primer semestre del año, en el cual se expandió el gasto público en términos reales (por encima de la inflación), los diputados de JxC quieren que Batakis indique pormenorizadamente las medidas que se adoptarán para el cumplimiento de la meta de déficit fiscal que el Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional.

Entre tantos otros temas piden conocer en detalle, el nivel y composición de las reservas del Banco Central de la República Argentina. A su vez, determine las medidas que en conjunto con la Entidad llevarán adelante conforme las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.

Según manifestó el diputado Milman, “el primer fin de semana de Julio del corriente año será recordado como los días que la economía estuvo a la deriva, parece el título de una comedia, pero en realidad es una tragedia griega, donde los actores principales, que nos gobiernan, juegan al oficio mudo y cuando hablan es solo para pronunciar improperios”.

Y continuó en su presentación: “En las butacas nos encontramos millones de argentinos que observamos cómo la posibilidad de tener un país normal se nos escapa nuevamente en manos de un gobierno populista. Un pueblo argentino muy noble que se resigna a perdurar hasta las próximas elecciones donde elijamos a un equipo de gobernantes que le brinden racionalidad y republicanismo que nos posibilite resurgir entre las cenizas”. Y finalizó ironizando sobre el fanatismo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la serie Juego de Tronos: “su personaje favorito, dicho por ella, era Kalhesi, una heredera legítima al trono que tenía la virtud de dominar a 3 dragones y aparentar un corazón noble para con su pueblo. Para llegar al trono, no tuvo miramientos de usar a sus dragones para quemar a la ciudad estado con sus habitantes dentro, con tal de alcanzar su objetivo, el Trono, el Poder”.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley “con el fin de dotar a las fuerzas policiales y de seguridad federales de la normativa actualizada para ejercer debidamente sus funciones. Resulta menester el dictado de una norma que legisle de manera uniforme el empleo de las armas”, sostuvo el diputado.

“Elevamos este proyecto de ley sobre el protocolo de empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, con el objetivo de poder brindar un marco normativo adecuado para cuidar de aquellos que nos cuidan”, explicó Milman.

“Este proyecto de ley retoma aquello que fue unas de las primeras derogaciones efectuadas por la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien en su visión antropológica, y en su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, dejó desprotegidos a los funcionarios policiales y de seguridad de las cuatros fuerzas que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la Nación”, agregó.

El proyecto es acompañado por los diputados Héctor Stefani, Manuel Aguirre, Mario Barletta y Alberto Asseff. Allí se indica que “resulta necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, cuando se encuentren en una situación de peligro inminente, como así también velar por la protección de los derechos fundamentales de todas las personas”.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente Pro, Cristian Ritondo, y la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, compartieron un encuentro en la sede partidaria de esa fuerza política, para darle impulso al proyecto de ley que propone la creación de una Agencia Federal Antinarcotráfico. La iniciativa cuenta con el apoyo de un amplio consenso tanto de legisladores de Juntos por el Cambio como de otros espacios parlamentarios.

El diputado Ritondo la defendió así: “La lucha contra el flagelo del narcotráfico debe ser una política de Estado, que supere grietas y diferencias partidarias, porque en casi todos los delitos hay un componente ligado a esta mafia y nos jugamos el destino como nación. Lamentablemente, el Gobierno kirchnerista abandonó la pelea y está ausente en este tema, lo que nos lleva a impulsar una propuesta superadora para que la sociedad comprenda de qué lado estamos los que luchamos contra el crimen organizado y de qué lado quedan los que por acción, omisión o complicidad permiten el avance de los narcos”.

“Por todo esto, tenemos un proyecto de ley, que contó con la colaboración de otros referentes del Pro como Patricia Bullrich, para crear una fuerza federal especializada”, agregó el jefe del bloque Pro.

Para Patricia Bullrich, “es importante trabajar para la creación de estructuras eficientes en la lucha contra el narcotráfico para lograr impedir su avance en nuestro país”.

A su vez, el diputado Gerardo Milman sostuvo que “necesitamos detener el avance del narcotráfico, antes de convertirnos en un ‘narco Estado0 como ocurrió en otros países del mundo. Esta agencia es un enorme aporte y contribución hacia una política de Estado, para esta pelea que nos necesita a todos por el futuro de la Argentina”.

Acompañan el proyecto, además de Ritondo y Milman, los diputados Mario Negri, Juan Manuel López, Rodrigo De Loredo, Ramiro Gutiérrez, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Carolina Píparo, María Eugenia Vidal, Federico Angelini, María Luján Rey, Waldo Wolff, Victoria Morales Gorleri, Aníbal Tortoriello y Diego Santilli.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de resolución para “traer un poco de luz al recinto acerca de cómo se distribuyen los planes sociales en la Argentina en función de la apertura de investigaciones judiciales sobre el otorgamiento de los mismos y ante la necesidad de la concreción de políticas de generación de empleo genuino”.

Esto se produce a pocos días del “sincericidio” de dirigentes del Polo Obrero que admitieron quedarse con un 2% de lo que reciben en planes sociales los integrantes de esa organización. “Ese aporte involuntario realizado por todos nosotros con el pago de los impuestos debía ser investigado -aseguró Milman-. Y así fue. El fiscal (Guillermo) Marijuan tomó cartas en el asunto y los denunció por amenazas y extorsión. Esta decisión judicial se produce en un momento en que el Gobierno bicéfalo analiza traspasar a municipios y provincias parte de los planes que maneja el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras”.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal.

El jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur se presentó ante el Senado a principios del mes de junio, pero “no se explayó en nada acerca del rol de los movimientos sociales en la administración de los planes sociales”, explicó Milman. “Es por dicha razón que tomo muchos de los interrogantes que no fueron respondidos de manera explícita para que, en una próxima comparecencia, tenga la oportunidad de informarnos cuál es el rol de estas organizaciones piqueteras, qué cariz quieren otorgarle a los planes al traspasarlos a los municipios y cuándo se implementarán programas capacitación para búsqueda de empleos genuinamente creados por el mercado”, concluyó.

Acompañan el proyecto de Milman sus pares de JxC Laura Rodríguez Machado, Francisco Sánchez, Ana Clara Romero, María Sotolano, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Francisco Monti, Manuel Aguirre, Gabriela Lena, Lidia Ascarate, Gerardo Cipolini, Gabriela Brouwer de Koning, Juan Carlos Polini y Carlos Zapata.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro-JxC), junto a su colega Ricardo López Murphy (RU-JxC) y el politólogo experto en aviación Franco Rinaldi, con el patrocinio letrado de los abogados María Eugenia Talerico y Yamil Santoro, le solicitó a la autoridad de la Unidad de Información Financiera que ordene el congelamiento administrativo de fondos y activos de toda la tripulación del avión venezolano-iraní que fue retenido en Ezeiza.

En los argumentos, el legislador macrista recordó que “el 18 de julio de 2019, fecha en la que el país recordaba los 25 años del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la UIF ordenó el congelamiento de activos de la organización terrorista Hezbollah, sus principales líderes, y entidades específicas que integran la misma”.

Además, “el 6 de agosto de 2019, la UIF dispuso también el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero de siete personas imputadas por su vinculación con el atentado terrorista a la AMIA sobre los que pesaban y pesan aún alertas rojas de Interpol”.

Por eso, su pedido para que la UIF actúe en forma similar a esas ocasiones -durante el gobierno anterior- se basa en que ahora “hay sospechas fundadas de que el vuelo de EMTRASUR, matrícula YV3531, de origen iraní, se trató de un viaje tendiente a dar soporte material o de otro tipo, a la organización terrorista Hezbollah por parte de las Fuerzas Quds e Irán”.

Milman alertó que “Mahan Air, o su filial Qeshm Fars Air, operan para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y en particular para la Fuerza Quds, ambas sancionadas por EE.UU. como organizaciones terroristas y están vinculadas con el apoyo material a la organización terrorista Hezbollah”. “La operación del vuelo a través de una filial de la empresa estatal venezolana simplemente corrobora la complicidad de la dictadura venezolana con el terrorismo iraní, y las tácticas de evasión de este último a través de la simulación y el engaño”, apuntó.

Por último, el opositor sumó que “el comandante de la aeronave, Gholamreza Ghasemi, es un hombre vinculado tanto al Cuerpo de las Guardias Revolucionarias Islámicas como a las Fuerzas Quds”.

Un grupo de diputados de JxC, encabezados por Gerardo Milman (Pro,) presentaron un proyecto para modificar la Ley de fueros 25.320, puntualmente su artículo 1, debido a que “excede el espíritu” y es “contraria al artículo 16 de la Constitución Nacional” porque hace “extensivas inmunidades a miembros del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que no se encuentran plasmadas la Constitución”.

“Mantener este régimen de inmunidades es visto por nuestros conciudadanos como un régimen de impunidades y es algo que debemos cambiar para que la política siga siendo una herramienta de cambio y no un estamento de privilegiados que están más allá de la justicia”, justificó.

La iniciativa pretende modificar el artículo 1° de la ley 25.320 y quitar el impedimento de “ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores y la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

Milman ejemplificó su postura con el conocido caso de Julio De Vido que “amparado en sus fueros pudo evitar el allanamiento a su domicilio cuando se lo acusó de enriquecimiento ilícito”. Y agregó que “estamos dando un mensaje claro a la ciudadanía de que no vamos a propiciar ningún privilegio más allá de aquellos que están establecidos por nuestra constitución y que no es potestad nuestra modificarlos per se”.

En palabras de Elisa Carrió, “si las inmunidades son expresas en la Constitución para los legisladores, no puede haber inmunidades implícitas para el resto de los funcionarios y magistrados. En la Argentina es preciso subrayar lo obvio: el vicepresidente integra el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo. Más allá de su rol de presidente del Senado, está claro que no ha sido elegido legislador. Incluso, para el caso de llevarse adelante la acusación en juicio político contra el presidente de la Nación, el Senado sería presidido por el presidente de la Corte Suprema, y ello no convierte en ‘senador’ a un magistrado”.

“La ley 25.320 al extender las inmunidades a: …’legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político’ … excede el espíritu de la Constitución haciendo extensivas inmunidades a miembros del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que no se encuentran plasmadas en nuestro texto constitucional. Es de destacar que la constitución fue reformada en 1994 y sin embargo los constituyentes no establecieron estas inmunidades en la constitución reformada sosteniendo las que ya establecía la constitución de 1853 indicadas en los artículos 68, 69 y 70 para los legisladores nacionales. Considero que la ley 25.320 es contraria al artículo 16 de la Constitución”, fundamenta en la iniciativa.

Acompañan el proyecto con su firma los diputados Pablo Torello, Héctor Stefani y José Núñez.

Los diputados nacionales Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, junto a Franco Rinaldi, presentaron una denuncia para que se impute por encubrimiento al ministro de Seguridad Aníbal Fernández y al titular de la AFI Agustín Rossi, además de que se avance contra la tripulación del avión venezolano con tripulación de ese país y de Irán, por vinculaciones con el terrorismo internacional, según previsto en el artículo 306 del Código Penal.

Según se lee en la denuncia, ingresada en la noche del sábado “está demostrado que el avión es propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por temas vinculados al terrorismo, de acuerdo con los denunciantes. “No caben dudas, por ende, que el leasing a favor de Conviasa (consorcio venezolano) para que la aeronave sea explotada por Emtrasur, enmascara la operatoria de organizaciones terroristas al servicio o patrocinadas por Irán (Fuerza Quds, Hezbollah u otras) con el fin que puedan permear cielos y realizar operaciones que Mahan Air con matrícula iraní, tiene restringidos”, expresa la denuncia.

Además, según los denunciantes, “el comunicado realizado por la embajada de Israel nos permite tener sospechas fundadas de que se trató de un viaje tendiente a dar soporte material o de otro tipo a la organización terrorista Hezbollah por parte de fuerzas Quds e Irán”.

“Ante estos sucesos de extrema gravedad que ponen en jaque la paz y la seguridad de la región y de nuestro país, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, han intentado desde un primer momento no solo ocultar las verdadera dimensión de esta misión en nuestro país, sino que han ensayado excusas con relación a la tripulación del avión con clara intención de encubrir este desembarco, en definitiva, de un avión al servicio de organizaciones terroristas y la identidad de un miembro vinculado directamente con las Fuerzas Quds. En efecto, el comandante del avión, Gholamreza Ghasemi, pertenece sin lugar a duda a la organización terrorista Quds que se desempeña al servicio de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cuerpo que participa en actividades terroristas en todo el mundo”, continúa la denuncia.

La denuncia concluye expresando que “nuestros funcionarios, no sólo han observado en público un comportamiento tendiente a ocultar toda la operación que tiene vínculos con organizaciones terroristas globales, sino a uno de los miembros de la organización”.

Este martes estaba prevista la presencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, en una reunión informativa en la Comisión homónima para hablar sobre la problemática de los subsidios al transporte de pasajeros en el interior. Sin embargo, este lunes por la tarde trascendió que el funcionario no se presentará por “temas de agenda”, lo cual despertó el enojo de diputados del Pro que vincularon su repentina ausencia por el avión venezolano.

“El ministro de Transporte tenía que concurrir a la comisión respectiva mañana a las 14hs. Acaban de informarnos que por problemas de agenda no concurrirá. Alexis Guerrera ¿Se asustó por el avión?”, manifestó el diputado Gerardo Milman en su red social de Twitter.

En el mismo sentido y por la misma vía se expresó su par Waldo Wolff: “justo que íbamos a aprovechar la vista del ministro de transportes a la comisión del Congreso para hacerle preguntas del avión iraní suspendió mañana su visita ‘por temas de agenda’. Incorregibles”.

“El ministro de transporte, Alexis Guerrera, iba a venir a exponer en la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados por el tema subsidios, pero se bajó porque se le complicó la agenda. ¿O se le habrá atravesado en la agenda lo del avión iraní?”, chicaneó Fernando Iglesias.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) se refirió al caso del avión de Emtrasur demorado en Ezeiza y sostuvo: “Yo creo que estamos ante una posible operación de inteligencia venezolana e iraní en Argentina”.

Para el macrista, que presentó una denuncia penal junto a su par Ricardo López Murphy, el episodio “de misterioso tiene poco”.

“El argumento del avión es que venía a traer autopartes para una multinacional automotriz argentina. Eso no resiste análisis; ninguna automotriz multinacional va a negociar con las empresas venezolanas o iraníes, observadas por los Estados Unidos y no poder vender una tuerca más”, señaló en diálogo con radio La Red.

Asimismo, agregó que “no hay ninguna automotriz en Argentina que haya reconocido hacer esta operación”, mientras que “un avión de carga tiene 4 o 5 tripulantes, jamás ese número de 19, y además tenía 29 previamente cuando aterrizó en Ciudad del Este”.

El legislador opositor consideró que “hay distintos objetivos posibles, uno es recuperar tecnología vinculada al proceso nuclear que lleva adelante Irán”. “Y muchos otros objetivos que podrían ser intereses de la alianza que tienen Caracas-Teherán”, advirtió.

En ese contexto, recordó que desde Irán “Nicolás Maduro felicitó al presidente Alberto Fernández por ser defensor de los derechos de Nicaragua, Venezuela y Cuba” durante su discurso en la Cumbre de las Américas.

Milman aseguró que hubo delitos ante “la violación a la Ley de Migraciones; y por apagar el transponder, eso constituye un delito del orden aeronáutico”.

El diputado dijo que además de denunciar a las autoridades de “la Policía Aeroportuaria, Dirección de Migraciones, ANAC y AFIP”, le pidió a la Justicia que “tome las huellas digitales a toda la tripulación para que de esa manera se pueda constatar si están en bases terroristas”.

“Acabamos de presentar una denuncia contra los funcionarios que permitieron el ingreso de un avión con tripulación iraní, vinculada a fuerzas revolucionarias y terroristas, a la Argentina. El Gobierno debe dar explicaciones de modo urgente”, anunció este domingo el diputado nacional Ricardo López Murphy en relación al avión venezolano inmovilizado este fin de semana en el Aeropuerto de Ezeiza.

La aeronave fue sancionada por los Estados Unidos y se le secuestró el pasaporte a 12 venezolanos y cinco iraníes que iban a bordo.

Los diputados López Murphy y Gerardo Milman y Franco Rinaldi se presentaron ante el juez federal Federico Villenas para que se investigue a los titulares de todos los organismos involucrados y se obtengan los datos dactilares de la tripulación involucrada en el caso. La presentación cuenta con el patrocinio de los abogados María Eugenia Talerico y Yamil Santoro, para que se avance en la investigación contra los funcionarios y tripulantes.

La denuncia es contra el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; la directora nacional de Migraciones, María Florencia Carignano; la administradora nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli; la presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Gabriela Logato; la directora general de Aduanas, Silvia Traverso, y contra quienes resulten penalmente responsables por “la posible comisión de delitos de acción pública”, en virtd de los hechos ocurridos este fin de semana.

El diputado Waldo Wolff tuitetó este domingo: “Un avión Iraní voló con tripulantes de la brigada que depende de un acusado del atentado a la AMIA sin que nuestras autoridades hagan nada. Al mismo tiempo Alberto Fernández defendió la dictadura de Venezuela mientras Nicolás Maduro visitó Irán.  Nada es casual”.

“Hoy la Justicia Argentina tiene la posibilidad de mostrar ante el mundo su vocación. Todos los países democráticos del planeta la observan. Ya el Gobierno argentino ha mostrado su alineación con el eje Teherán/Caracas”, tuiteó por su parte Gerardo Milman.

Luego de que el Gobierno nacional anunciara la implementación de billetes con figuras de la historia en lugar de los animales autóctonos, mas sin imprimir moneda de mayor denominación, desde la oposición se elevaron voces cuestionando tal decisión. El diputado del Pro Gerardo Milman, que ya en su momento reclamó la impresión de $2.000, $5.000 y $10.000, ahora pide que se le quiten dos ceros al peso.

A través de un proyecto de ley presentado, establece en su primer artículo que el Banco Central emita billetes y monedas de curso legal “sobre la paridad de un peso equivalente a cien pesos. La centésima parte del peso se denominará ‘centavo’”.

“Los valores fijados en pesos hasta la fecha de emisión de la nueva denominación, será convertidos a pesos y centavos sobre la base de la paridad establecida en el artículo 1°”, agrega la iniciativa que es acompañada por los diputados Hernán Lombardi, Héctor Antonio Stefani, Aníbal Tortoriello, Karina Bachey, Manuel Aguirre, Claudio Poggi, Gerardo Cipolini y Alberto Assef.

Se aclara que los billetes y monedas expresados en pesos que se encuentren en circulación “mantendrán su curso legal en todo el territorio nacional, por un equivalente en ‘pesos’ y ‘centavos’, hasta tanto se disponga su oportuno canje por el Banco Central de la República Argentina, en el plazo y forma que este último determinase”.

Señala en su iniciativa el diputado Milman que “cada día surgen nuevos inconvenientes por la elevada circulación de billetes que cada vez valen menos, y por ello, vemos comunicaciones como la que se difundió del Banco Galicia a sus clientes, en la que se señala que a partir del 17 de julio próximo, todos los depósitos en efectivo que se realicen ‘tendrán una comisión adicional del 5% si el monto en baja denominación (billetes iguales o menores a $200) supera el 15% del total depositado’”.

“Motiva el presente proyecto de ley el marcado crecimiento de circulación de dinero en efectivo, por el efecto inflacionario que este Gobierno promueve disimular, al no querer emitir billetes de mayor denominación, pero si gastar en emitir billetes con nuevas imágenes. Bueno, dado ese contexto, hoy se propone la quita de dos ceros en nuestra moneda de curso legal”, concluye Milman en los argumentos de su iniciativa.