Un dato saliente respecto de los proyectos presentados en lo que va del año lo da el hecho de que la mayoría de los rubros en ambas cámaras están encabezados por senadores y diputados que concluyen este año sus mandatos. Al menos así sucedió hasta el mes de octubre, que es donde parlamentario.com ha hecho este corte parcial para reseñar quiénes son los legisladores más prolíficos del año en cada uno de los rubros.

Recordemos, a los efectos estadísticos, que este medio hace esos informes, para su Índice de Calidad Legislativa, contabilizando el período legislativo que va desde marzo a febrero, por lo que el que refiere la actividad del presente año concluye recién en febrero de 2026. Esto es, restan contabilizar 40 días para los diputados y senadores que ya concluyeron sus mandatos y el resto del verano para todos.

Lo cierto es que las senadoras kirchneristas Silvina García Larraburu y Eugenia Duré, cuyos mandatos concluyeron el 9 de diciembre, encabezaron en materia de proyectos de ley y de resolución, respectivamente. Lo mismo sucede con los proyectos de declaración, donde figuró el ahora exsenador radical Víctor Zimmermann. En cuanto a los proyectos de resolución, quien encabeza es la senadora fueguina Cristina López, quien renovó su mandato el pasado 26 de octubre.

En cuanto a la Cámara baja, en proyectos de ley figura primero, al mes de octubre, el exdiputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño. Otro diputado (MC), Gerardo Milman, es el que más proyectos de declaración presentó, mientras que el socialista Esteban Paulón figura al tope en proyectos de comunicación.

A continuación, detallamos los diez primeros diputados y senadores en cada uno de los rubros, al 31 de octubre:

CÁMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

Proyectos de Declaración

Proyectos de Comunicación

Proyectos de Resolución

CÁMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

Proyectos de Declaración

Proyectos de Resolución

FUENTE: ÍNDIDE DE CALIDAD LEGISLATIVA

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de repudio a las expresiones de la diputada nacional electa Romina Del Plá y el legislador bonaerense electo Ariel Romero, quienes al momento de la jura pronunciaron la consigna “del río al mar” a favor de Palestina "en una clara negación a la existencia del Estado de Israel".

Este miércoles, durante la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados de la Nación, todos los diputados del Frente de Izquierda mencionaron la causa Palestina, pero Del Plá dijo: "Por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar".

Milman señaló que la consigna “desde el río hasta el mar” es "ampliamente reconocida como un llamado implícito a la destrucción del Estado de Israel y a la negación de la autodeterminación del pueblo judío”. “Dicha consigna abarca geográfica e históricamente el territorio que hoy conforma el Estado de Israel, así como Cisjordania y la Franja de Gaza, despojando al Estado judío de su derecho a existir”, añadió.

“El hecho de que dicha expresión haya sido pronunciada en el acto solemne de jura, momento institucional en el que los representantes del pueblo argentino se comprometen a respetar la Constitución Nacional y el sistema democrático, agrava notablemente la situación”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, enfatizó que “pedir implícitamente la destrucción de un Estado soberano y desconocer el derecho de un pueblo a existir en el momento de jurar bajo la premisa de 'cumplir y hacer cumplir la Constitución', es incompatible con el artículo 75 inciso 22 que incorpora instrumentos internacionales que obligan a nuestro país a combatir toda forma de discriminación, odio étnico o religioso, incluyendo expresiones antisemitas”.

“El antisemitismo constituye una violación directa a los valores fundantes de nuestra Nación, que ha sido históricamente refugio y hogar del pueblo judío y reconoce al Estado de Israel desde 1949. Por ello, que dos legisladores recurran a una consigna asociada a un llamado explícito de exterminio resulta política e institucionalmente inaceptable”, denunció Milman.

En los argumentos de su iniciativa, indicó que "no se trata de impedir la libertad de expresión, se trata de reafirmar que la misma no ampara discursos de odio, llamados a la violencia ni expresiones que, en su contexto histórico, significan el aniquilamiento de una comunidad. Permitir que semejantes expresiones se pronuncien impunemente en el recinto equivaldría a relativizar el antisemitismo, normalizar el extremismo y degradar los estándares democráticos que deben regir en esta Cámara".

"Nuestra responsabilidad institucional nos exige marcar un límite claro e inequívoco: en la democracia argentina no hay espacio para consignas que avalen la destrucción de ningún Estado, la negación de ningún pueblo ni la promoción de ningún odio étnico o religioso” cerró categóricamente el diputado.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de declaración en el que expresa beneplácito por la postulación de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, cargo que se renueva a partir del 1ro. de enero de 2027.

“Es una gran noticia la postulación de Grossi porque es una figura de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria diplomática de excelencia y con valores democráticos y multilaterales que lo respaldan a lo largo de su carrera profesional”, señaló.

El legislador expresó que "hay que valorar especialmente su destacada labor al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde ha demostrado capacidad de liderazgo, solvencia técnica, rigor diplomático y compromiso con la paz, la seguridad internacional y la no proliferación nuclear”.

Además, Milman destacó que “su firmeza en la aplicación de los mecanismos de verificación del OIEA lo ha llevado a enfrentar presiones, amenazas y campañas de hostigamiento provenientes del régimen iraní, especialmente ante los informes críticos emitidos por la agencia sobre la falta de cooperación plena del Estado persa con el sistema de inspecciones internacionales”.

“Pese a las presiones, siempre mantuvo una postura de integridad institucional, reafirmando la independencia técnica del organismo y la responsabilidad del OIEA en resguardar la seguridad nuclear internacional”, resaltó y agregó que “su conducta constituye un ejemplo de profesionalismo, valentía diplomática y compromiso con los principios fundacionales del sistema multilateral”.

Para el diputado, "su candidatura posibilita que un funcionario con probada independencia, solvencia técnica y fortaleza ética asuma la conducción de la organización en un contexto global marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas y riesgos crecientes derivados de tecnologías sensibles”.

“Celebramos el respaldo manifiesto del presidente de la Nación, Javier Milei, y del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quienes han apoyado activamente esta postulación como parte de la estrategia de reinserción internacional de la Argentina, basada en la defensa del orden internacional, la cooperación y los valores de la libertad y la paz”, completó.

Integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con Polonia y la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto mantuvieron un encuentro con Marcin Bosacki, vicecanciller polaco, para impulsar proyectos conjuntos en energía, comercio y cooperación académica.

La reunión se realizó en la Cámara de Diputados y contó con la participación de los presidentes de ambos espacios, Gerardo Milman y Fernando Iglesias, quienes destacaron la importancia de profundizar los vínculos entre Argentina y Polonia.

Milman subrayó la potencialidad del país en materia energética: “Nuestro país tiene todas las energías posibles, convencionales y no convencionales, renovables y no renovables”. Iglesias, por su parte, celebró la visita y remarcó la necesidad de sostener una agenda común: “Nos enorgullecemos de poder recibirlos”.

Bosacki coincidió en la relevancia del encuentro y planteó la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos: “Queremos trabajar mucho más que en las últimas décadas. Vamos a tener mucho trabajo por delante, necesitamos de su actividad como parlamentarios para aprobar la nueva ley de hidrógeno, necesaria para muchos proyectos que se llevarán a cabo en Argentina”.

Del encuentro participaron los diputados Ana Clara Romero y Ricardo López Murphy, junto a miembros de la delegación polaca: Maciej Zietara, subdirector del Departamento de América en el Ministerio de Asuntos Exteriores; Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios de la Embajada de Polonia en Argentina; y Maciej Bernatowicz, también subdirector del área de América.

La relación entre Argentina y Polonia se apoya en una historia compartida que comenzó con las oleadas migratorias de fines del siglo XIX. Hoy, la comunidad polaca en Argentina se estima entre 250.000 y 500.000 personas, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, con aportes significativos en sectores como la industria petrolera y el comercio.

El Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Polonia, presidido por Gerardo Milman (Pro), recibió a legisladores polacos en la Cámara de Diputados, en el marco de un encuentro destinado a fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre ambos países.

El encuentro contó con la presencia de una delegación del Sejm —la Cámara baja del Parlamento polaco— y del vicepresidente de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, Pawel Pudlowski. Durante la reunión, Milman destacó la complementariedad de las economías y llamó a “reunir esfuerzos para un intercambio comercial importante”.

“Argentina tiene un caudal de recursos naturales como pocos países del mundo, muchos aún ni desarrollados e incluso no explorados, como las tierras raras, con minerales demandados para las nuevas tecnologías”, señaló el legislador. En la misma línea, la diputada Ana Clara Romero (Pro) subrayó las oportunidades en energías limpias: “En Chubut existen condiciones específicas que permiten la producción de hidrógeno verde, que funciona como vector energético”.

Por su parte, Marek Suski, integrante de la delegación polaca, agradeció la recepción y expresó la voluntad de “promover las relaciones económicas, el intercambio académico y cultural” entre ambas naciones. “Agradecemos que tengan en cuenta a los inversionistas polacos y el desarrollo de hidrógeno verde”, agregó.

También participaron los legisladores Rafal Komarewicz, Adam Dziedzic, Krzyszof Gadowski y Tomasz Piotr Nowac, todos miembros del Sejm.

La relación entre Argentina y Polonia tiene raíces históricas profundas: desde fines del siglo XIX, oleadas de inmigrantes polacos se establecieron en el país, conformando una comunidad que hoy se estima entre 250.000 y 500.000 personas. Esta diáspora, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, contribuyó al desarrollo nacional en sectores como la industria petrolera en la Patagonia y el comercio de yerba mate, mucho antes de que se formalizaran las relaciones diplomáticas en 1920.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley que propone modificar el régimen vigente de portación de armas de fuego, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes ya están registrados como legítimos usuarios y cumplen con los requisitos legales, psicofísicos y de antecedentes.

La iniciativa, titulada “Ley del Usuario Responsable de Armas de Fuego”, plantea sustituir el artículo 35 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 e incorporar un nuevo artículo 35 bis, que establece condiciones específicas para acceder a la portación. Entre ellas, haber renovado al menos una vez la condición de legítimo usuario, no tener procesos penales en trámite ni sanciones disciplinarias, aprobar un curso de actualización en uso racional de la fuerza y cumplir con las normas de almacenamiento y transporte del arma.

La autorización, según el proyecto, se inscribirá en el Registro Nacional de Portaciones de Armas de Fuego (RENPAF), será personal e intransferible, y tendrá una vigencia de dos años, renovable previa reevaluación. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) podrá revocar la portación ante cualquier incumplimiento.

En los fundamentos, Milman señala que el régimen actual, vigente desde la década del 70, genera una duplicación de controles y trámites para usuarios que ya están bajo inspección estatal, lo que deriva en una burocracia “sin sentido racional”. El proyecto busca racionalizar la gestión, optimizar recursos de la ANMaC y fortalecer la seguridad pública mediante un sistema informatizado y trazable.

Además, se destaca que la propuesta no amplía el número de armas en circulación, sino que reconoce la trayectoria de los usuarios que cumplen con la ley. El texto cita modelos internacionales como los de Suiza, República Checa, Italia, Estados Unidos y Uruguay, donde se combinan controles estatales con reconocimiento del usuario responsable.

“La sanción de esta ley permitirá modernizar una norma de más de 50 años, adaptándola al siglo XXI y al paradigma de usuario responsable y control estatal inteligente”, concluye el proyecto.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que propone crear la Agencia Nacional de Seguridad Fronteriza (ANSF), organismo descentralizado y autárquico, que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de coordinar, planificar, supervisar y ejecutar políticas integrales de control y seguridad en las fronteras terrestres, fluviales, marítimas y aéreas de la República Argentina.

"La defensa, control y vigilancia de las fronteras constituyen una prioridad estratégica del Estado argentino", señalo el legislador y añadió que "en un contexto regional marcado por el incremento del crimen organizado transnacional, el tráfico de personas, drogas, armas y divisas, y el uso fraudulento de documentos de identidad o viaje, resulta necesario establecer un mando unificado que coordine los esfuerzos de todas las fuerzas federales y organismos civiles con competencia en la materia".

Según el bonaerense, la ANFS serviría para "centralizar la planificación y coordinación de todas las acciones vinculadas a la protección de las fronteras nacionales".

"Nuestra frontera terrestre y fluvial posee más de 9.000 kilómetros que nos vinculan con cinco países limítrofes (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay) y múltiples pasos internacionales", resaltó y apuntó que "es en estos espacios donde proliferan delitos de carácter transnacional, como el narcotráfico, el contrabando de mercancías, el tráfico de divisas, el ingreso y egreso irregular de personas y la trata de seres humanos".

El legislador bullrichista argumentó que "la creación de esta agencia se inspira en modelos de eficacia comprobada, como el de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), pero adaptado al sistema federal argentino, sin generar una nueva fuerza armada, sino racionalizando el empleo de las ya existentes".

El proyecto contempla una modificación del artículo 296 bis, del Código Penal, agravando las penas para quienes ingresen al país con documentación adulterada.

"El agravamiento de las penas por el uso de documentación apócrifa busca cerrar uno de los principales flancos del crimen organizado transnacional, que utiliza identidades falsas para el tráfico de personas, el narcotráfico y la evasión fiscal", sostuvo Milman.

Y añadió: "La protección de las fronteras es una cuestión de soberanía, desarrollo y seguridad nacional. Con este proyecto proponemos fortalecer el control estatal sobre el territorio y garantizar una presencia federal coordinada, moderna y eficiente".

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley para derogar los fueros legislativos y limitar las inmunidades parlamentarias únicamente a las contempladas en la Constitución Nacional, con el objetivo de “eliminar privilegios que atentan contra la igualdad ante la ley y la transparencia republicana”.

La iniciativa propone derogar la Ley 25.320, que regula actualmente el alcance de los fueros, y establecer que los legisladores solo conserven las inmunidades de opinión —por las expresiones vertidas en el ejercicio de su mandato— y de arresto, salvo en caso de ser sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito, tal como lo establece la Carta Magna.

El texto aclara que el procesamiento penal de los legisladores no estará limitado por ninguna inmunidad, y que no será necesaria la autorización de las cámaras para que la Justicia pueda investigarlos o dictar medidas procesales que no impliquen su detención. Asimismo, dispone que cualquier pedido de arresto deberá tratarse en sesión pública dentro de los 30 días hábiles de recibido el requerimiento judicial.

En los fundamentos, Milman sostuvo que los fueros “han sido históricamente utilizados en forma distorsionada, transformándose en muchos casos en un manto de impunidad que obstruye el accionar de la Justicia y vulnera la confianza ciudadana”.

El diputado recordó que ya en 2015 promovió una acción judicial contra la concesión de fueros a los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, y citó el fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró inconstitucional su extensión, al considerar que “las inmunidades reconocidas por la Constitución son de interpretación restrictiva y no pueden ser ampliadas por ley”.

“La ausencia de una regulación clara alimenta vacíos legales y diferentes interpretaciones que afectan la transparencia institucional. Los fueros no deben ser una herramienta para la impunidad, sino una garantía funcional limitada”, argumentó Milman.

Por último, el proyecto dispone que el Congreso deberá adecuar sus reglamentos internos en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma, y subraya que el objetivo es reafirmar el principio republicano de que ningún representante del pueblo está por encima de la ley.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley que apunta a reforzar el papel institucional de los partidos políticos y reducir el protagonismo personal en los procesos electorales. La iniciativa modifica varios artículos del Código Electoral Nacional (Ley 19.945), prohibiendo el uso de nombres, apodos, imágenes o referencias personales en las listas y campañas.

Según la propuesta, las alianzas y partidos deberán basarse en coincidencias programáticas y doctrinarias, y las listas de candidatos deberán reflejar la “identidad institucional” de la fuerza política que las postula. “Queda prohibida la utilización de denominaciones, símbolos, lemas, nombres o imágenes que refieran directa o indirectamente a personas”, señala el texto.

Milman plantea además que los candidatos actúen “en todo momento como representantes del partido o alianza, y no a título personal”, y que en los actos de campaña prevalezca la identificación partidaria sobre la figura del postulante. Los medios y la publicidad electoral también deberán priorizar la difusión de plataformas y programas por encima de las imágenes individuales.

El proyecto introduce modificaciones en los artículos 37 bis, 60, 60 bis, 62, 64 quater, 71, 128 ter y 61 del Código Electoral, estableciendo incluso sanciones para la propaganda digital que contravenga el principio de institucionalidad partidaria. Además, en caso de renuncia, fallecimiento o inhabilitación de un candidato, se precisa que el reemplazo se hará conforme al orden de la lista, preservando la representación del partido o alianza que obtuvo los votos.

En los fundamentos, Milman advierte que el proceso electoral argentino “ha derivado en una creciente personalización de las listas, donde los nombres de los candidatos se transforman en marcas políticas por sí mismos, relegando a los partidos políticos a un rol secundario”. Considera que esta tendencia “ha debilitado la institucionalidad democrática” y propone “volver a fortalecer a los partidos como representantes legítimos de la voluntad popular”.

El diputado cita precedentes de la Corte Suprema —como los fallos Partido Justicialista s/intervención y Partido Río Negro s/reconocimiento— y ejemplos internacionales en España, Uruguay y Alemania, donde el voto se emite por listas partidarias y no por personas.

La iniciativa también mantiene el principio de paridad de género establecido por la Ley 27.412, garantizando la alternancia entre mujeres y varones en las listas de titulares y suplentes.

Milman define su proyecto como una “medida de salud democrática” que busca devolver al ciudadano “la certeza de que su voto sostiene un proyecto político colectivo, más allá de las circunstancias personales de los candidatos”.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de declaración en el que expresa su “más profundo y desgarrador homenaje” a las víctimas del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, al cumplirse dos años de aquella masacre.

“A dos años de este atroz ataque seguimos reclamando la inmediata e incondicional liberación de todos los secuestrados que aún permanecen cautivos en Gaza”, señaló Milman, quien respaldó los esfuerzos internacionales por alcanzar un acuerdo de paz que garantice la seguridad de Israel y la liberación de los rehenes. “Reafirmamos el compromiso con la defensa de la vida, la libertad y la dignidad humana frente al terrorismo que atenta contra la civilización”, agregó.

El legislador sostuvo que “el horror no ha sido amortiguado por el tiempo, el mismo permanece, como un grito sin voz, reclamando justicia, recuerdo y acción”. Y añadió: “En esos instantes de terror, lo que fue masacre se convirtió en símbolo del odio absoluto, del asesinato ritualizado, de la deshumanización sistemática. Y en ese símbolo late también una advertencia: que la libertad debe estar siempre alerta, que la civilización no puede dar tregua”.

Milman remarcó que el ataque del 7 de octubre “no fue una escaramuza, ni un choque entre ejércitos. Fue un crimen total. Hamas no atacó estratégicamente un objetivo militar, irrumpió en comunidades civiles, disparó misiles indiscriminadamente, invadió poblaciones, prendió fuego, destruyó hogares, mutiló cuerpos. Familias, niños, ancianos: todas víctimas. Se trató de un diseño de horror”.

En ese contexto, el diputado consideró que “el plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza aparece como una posibilidad concreta de transformar la tragedia en una senda política”. Y argumentó: “Una paz legítima no puede descansar en el vacío: debe ser un contrato ético. No basta con cesar el fuego; la paz debe estructurarse sobre pilares de dignidad, justicia, seguridad y responsabilidad”.

Finalmente, Milman concluyó: “Debemos tomar la voz de quienes no tienen voz, de los muertos que exigen memoria y los cautivos que exigen libertad. Y hacerlo con coraje, porque en política también arde el alma. No estamos ante un mero gesto diplomático ni ante una declaración simbólica, estamos defendiendo el valor supremo de la vida, la libertad y la memoria frente a la barbarie. Vamos a seguir exigiendo la liberación de los cautivos y afirmar, ante el mundo, que la Argentina se alinea con la civilización, la democracia y la libertad”.

Los diputados nacionales Gerardo Milman (Pro), Sabrina Ajmechet (Pro) y Karina Banfi (UCR) presentaron un proyecto de declaración en repudio a los cánticos antisemitas de alumnos de la Escuela Humanos y de un coordinador de la empresa Baxtter, registrados en un video que se viralizó. El hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre, durante el viaje de egresados en Bariloche.

“Estas conductas constituyen un atentado intolerable contra la dignidad humana, la igualdad de los ciudadanos y los valores democráticos de la República Argentina”, señalaron los legisladores y consideraron que “los involucrados deben participar en programas de formación y visitas a espacios de memoria, como el Museo del Holocausto de Buenos Aires, comprometiéndose con los valores de respeto, tolerancia y convivencia democrática”.

Los firmantes de la iniciativa expresaron que "estos hechos no son meras 'travesuras juveniles', ni actos aislados. Reflejan una falla estructural en la transmisión de valores fundamentales, un déficit en la formación en derechos humanos y memoria histórica, y un desprecio inadmisible por la dignidad de los individuos y la comunidad judía”.

“El antisemitismo, además de su carácter histórico, es un fenómeno que atraviesa dimensiones culturales, sociales y políticas. La banalización de la violencia hacia la comunidad judía no puede entenderse como un acto inocuo o anecdótico. La Shoá, el Holocausto, es el ejemplo más extremo de los resultados de la deshumanización sistemática, de la propagación del odio y del desprecio por la vida humana”, sostuvieron.

Milman, Ajmechet y Banfi enfatizaron que "la gravedad de este episodio se amplifica por la contradicción entre la identidad declarada de la escuela y los hechos concretos". "Proclamarse 'Embajadora Mundial de la Paz' mientras se permite y, en cierto modo, se participa en cánticos que glorifican la violencia, revela un fallo institucional profundo y exige una intervención inmediata y de carácter correctivo”, cuestionaron a la institución ubicada en Canning, que publicó un comunicado rechazando la acción de sus alumnos.

“Los actos antisemitas no solo reflejan un problema educativo, sino que también constituyen un síntoma de fallas sociales más amplias. La persistencia de manifestaciones de odio y discriminación en distintos espacios culturales y educativos requiere respuestas consistentes, sistemáticas y ejemplares y el papel de los adultos en este contexto es central", enfatizaron.

En ese sentido, remarcaron que "la participación del coordinador de la empresa Baxtter no puede ser justificada como un acto de camaradería o permisividad. Su conducta evidencia la necesidad de estándares claros de responsabilidad y conducta, así como programas de capacitación obligatoria en memoria histórica, derechos humanos y ética profesional, orientados a quienes tienen a su cargo la supervisión y formación de jóvenes”.

“Nuestro país no tolera el antisemitismo ni ninguna forma de odio o discriminación, y está comprometida a intervenir en todos los niveles para garantizar que los principios de igualdad, libertad, respeto y memoria histórica se respeten plenamente. La educación, la conciencia y la memoria constituyen los instrumentos fundamentales para prevenir la repetición de tragedias históricas y para consolidar una sociedad verdaderamente democrática, libre y plural”, concluyeron los legisladores.

Con motivo del mes de celebración del Día del Colono Polaco, y en el marco del 80°aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Dirección de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional, junto a la embajada de Polonia, organizaron el conversatorio: “Los destinos de los polacos en la segunda guerra mundial”, a cargo del vicepresidente de la Unión de los Polacos en Argentina, Andrés Chowanczak.

El presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con ese país, Gerardo Milman (Pro), expresó: “Venimos trabajando mucho junto a nuestros hermanos polacos, me une a esta historia un personal compromiso”.

“En nombre de este Casa me toca recibirlos con respeto y honor a todos aquellos polacos que llegaron a nuestro país”, dijo el diputado nacional.

Por su parte, la Encargada de Negocios de la embajada de Polonia, Bogna Ruminowicz, manifestó su agradecimiento “por abrir las puertas de esta institución que representa la democracia”.
“La Argentina desde el siglo XIX ha sido el refugio de los polacos que huían en busca de un futuro mejor. Muchos de ellos hicieron de Argentina su nuevo hogar”, sostuvo.

Ruminowicz también se refirió a la muestra “Rutas de la Esperanza. Odisea de la libertad”, que se encuentra expuesta en el foyer del Auditorio del Anexo de la Cámara baja. “La exposición recuerda la historia de varios polacos que encontraron aquí una segunda patria. La muestra subraya, además, los profundos lazos que unen a los polacos con Argentina”, destacó.

En tanto, Andrés Chowanzak, en representación de la Unión de los Polacos en la Argentina, consideró que “Argentina fue extremadamente generosa: recibió a todos los inmigrantes que querían venir”. “Argentina daba enormes posibilidades de progreso a quienes querían venir”, valoró.

En la jornada también estuvieron presentes la cónsul de la embajada, Monika Perendyk, y la encargada de la diplomacia pública y cultural de la embajada, Urszula Kropiwiec.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que busca garantizar la recuperación rápida y efectiva de la propiedad privada en casos de ocupación ilegítima o incumplimiento grave de obligaciones contractuales, respetando en todo momento el derecho de defensa de los ocupantes.

"La propiedad privada ha dejado de ser un mero tema técnico-jurídico para convertirse en el eje central de la disputa política, económica y cultural de nuestro país", observó el legislador, al tiempo que remarcó que "la propiedad no es solo un derecho subjetivo de los individuos, sino también un pilar de la convivencia social, la prosperidad económica y la vigencia misma del Estado de Derecho".

En esa línea, el bullrichista explicó que la iniciativa "busca subsanar un problema constante para quienes reclaman la restitución de una propiedad privada: la lentitud, ineficacia y, en muchos casos, la inoperancia del sistema judicial para restituir con rapidez la posesión a quien es titular legítimo de un inmueble".

"La demora judicial en restituir inmuebles usurpados constituye una forma de expropiación fáctica por vía de la tolerancia, donde la ley se vuelve cómplice de la ocupación ilegal", señaló y agregó que "allí donde el Estado fracasa en garantizar la propiedad, lo que se erosiona no es solamente la economía, sino la libertad misma".

Milman sostuvo que "no insistimos en la defensa de la propiedad por un capricho elitista ni por ni un resguardo patrimonialista, sino porque es la condición mínima para el ejercicio de cualquier proyecto de vida autónomo y nuestra República se sostiene sobre la igualdad ante la ley".

"Sabemos que el problema de la vivienda es complejo y que existen déficits habitacionales en la Argentina, pero la justicia social no puede edificarse sobre la injusticia particular de despojar", expresó el diputado aliado de La Libertad Avanza.

Para el bonaerense, "no podemos seguir tolerando un régimen donde usurpar resulta más rentable que invertir. La democracia argentina tiene hoy la oportunidad de elegir entre dos caminos: o la convalidación de la ilegalidad bajo el pretexto de la sensibilidad social, o el restablecimiento de un orden de libertad donde la ley ampare al justo y no al injusto".

Mediante el proyecto se crea un "procedimiento de desalojo exprés aplicable a los casos de ocupación ilegítima de inmuebles, cuando el propietario acredite de manera fehaciente la titularidad del dominio o un título que le otorgue derechos ciertos sobre la propiedad, debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble".

El procedimiento especial tendrá carácter sumarísimo y se aplicará con preferencia a cualquier otro trámite ordinario o especial.

De acuerdo a la iniciativa, el ocupante será notificado dentro de los 5 días corridos desde la admisión del procedimiento y se otorgará un plazo de 5 días hábiles para que el ocupante presente descargo y ofrezca pruebas documentales que avalen su derecho. Vencido este plazo, el juez deberá dictar sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Si se confirma la ocupación ilegítima o el incumplimiento contractual, el juez ordenará la restitución inmediata del inmueble al propietario, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. "La ejecución del desalojo deberá respetar la integridad física y los derechos básicos de los ocupantes, incluyendo la derivación a servicios sociales cuando corresponda", agrega el texto.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un ambicioso proyecto de ley que apunta a derogar la legislación actual en materia de inteligencia (Ley 25.520 y modificatorias) para reemplazarla por un sistema integral y modernizado: el Sistema Integral Nacional de Inteligencia de la República Argentina (SINIRA). La propuesta pretende dar un giro profundo en el modo en que el Estado organiza, administra y controla la información estratégica, en un marco donde la seguridad nacional convive con la desconfianza histórica hacia los servicios de inteligencia por su uso político.

El proyecto de Milman estructura el SINIRA con cuatro direcciones nacionales especializadas:

➣ Dirección Nacional de Inteligencia Exterior, para el análisis de amenazas y dinámicas internacionales.

➣ Dirección Nacional de Inteligencia Militar, destinada a acompañar a las Fuerzas Armadas en materia de defensa.

➣ Dirección Nacional de Inteligencia Interior y Criminal, con foco en el crimen organizado, el terrorismo y fenómenos transnacionales.

➣ Dirección Nacional de Ciberinteligencia, concebida para proteger infraestructura crítica, detectar ciberataques y combatir campañas de desinformación.

A ello se suma la Unidad de Información Financiera (UIF), integrada al esquema como órgano especializado en la detección de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El diseño se completa con un Consejo Nacional de Inteligencia, órgano colegiado que definiría las prioridades estratégicas, y un Órgano Técnico Permanente, pensado como instancia de análisis profesionalizada para coordinar la información entre todas las áreas.

Formación y profesionalización

Un punto clave es la creación del Instituto Nacional de Inteligencia (INI), que tendría la tarea de profesionalizar a los futuros agentes bajo criterios académicos y técnicos, con estándares internacionales. Según Milman, la formación profesionalizada es “la única manera de desterrar prácticas improvisadas y usos discrecionales del aparato de inteligencia”.

El INI prevé una currícula que abarcaría desde idiomas, análisis político y geoestratégico, hasta ciberseguridad, tecnologías emergentes e inteligencia financiera.

Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta es el fortalecimiento de los mecanismos de control. El proyecto fija la supremacía constitucional y prohíbe expresamente el espionaje político interno. Plantea que el Congreso, a través de una comisión bicameral, deberá recibir informes periódicos, controlar presupuestos y auditar el funcionamiento del sistema.

En paralelo, se establecen sanciones penales muy severas para agentes o funcionarios que incurran en prácticas ilegales: el espionaje sobre partidos políticos, periodistas, magistrados o cualquier actor social sería penado con condenas de hasta 20 años de prisión.

Contexto internacional y desafíos

En los fundamentos, Milman advierte que el sistema vigente “ha sido ineficaz para prevenir amenazas estratégicas y, en ocasiones, se ha desviado hacia prácticas de espionaje interno con fines políticos”. El diputado plantea que la Argentina necesita un marco institucional moderno frente a un escenario global multipolar, en el que confluyen conflictos bélicos, narcotráfico transnacional, terrorismo, organizaciones criminales y ciberataques cada vez más sofisticados.

La iniciativa cita como referencia a países que ya reformaron sus servicios de inteligencia, incorporando órganos colegiados y agencias especializadas en ciberseguridad y finanzas. El objetivo es evitar que la Argentina quede rezagada frente a dinámicas globales que ya no responden a lógicas tradicionales de espionaje.

El proyecto de Milman promete abrir una discusión política de alta tensión. Desde el oficialismo libertario y parte de la oposición podría verse como un paso hacia la modernización institucional; pero en sectores críticos se anticipan reparos sobre la concentración de funciones y la posibilidad de reproducir viejas prácticas bajo nuevos nombres.

La propuesta tensiona dos ejes clásicos: por un lado, la necesidad de contar con un sistema de inteligencia eficaz, con capacidad real de prevención y análisis; por el otro, el riesgo de que esas estructuras se transformen en herramientas de control político o persecución interna.

Con este proyecto, el diputado busca instalar en la agenda parlamentaria una de las deudas históricas de la democracia argentina: la redefinición del rol y los límites de los servicios de inteligencia, en un país donde la sombra del espionaje ilegal ha atravesado gobiernos de distinto signo.

El diputado Gerardo Milman presentó un proyecto de ley que busca derogar la llamada “veda electoral”, las disposiciones del Código Electoral Nacional que prohíben la difusión de encuestas, actos proselitistas y propaganda política durante las 48 horas previas a los comicios y el propio día de la votación.

En los fundamentos, Milman sostiene que esas normas ya no cumplen función alguna en la defensa de la democracia y que, por el contrario, limitan la libertad de expresión y distorsionan el debate público. “La veda es una ficción legal: los medios callan, pero la información circula en redes sociales sin control ni verificación, generando más rumores y operaciones políticas”, argumenta.

El legislador considera que el esquema vigente responde a “un contexto cultural y tecnológico del siglo XX” y que hoy resulta ineficaz frente a la dinámica de Internet y las plataformas digitales. También señala que la prohibición afecta con más fuerza a las fuerzas políticas pequeñas, que dependen de la visibilidad mediática, mientras los partidos con grandes estructuras logran sortearla.

En su comparación con otras democracias, Milman destaca que en países como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido no existen restricciones previas a la elección. A su juicio, la Argentina debería alinearse con esa tendencia y confiar en “la madurez cívica del ciudadano”.

El proyecto propone derogar los artículos 64 bis y 71 de la Ley 19.945, que regulan la veda, y plantea que su eliminación reforzaría la transparencia, la equidad y la participación ciudadana en el proceso electoral.

En un contexto donde los derechos individuales ya no alcanzan para enfrentar los abusos del poder —sea estatal o corporativo—, el diputado nacional Gerardo Milman presentó el proyecto de ley 4868-D-2025, que propone la creación de una Ley Nacional de Procesos Colectivos. La iniciativa busca regular las acciones judiciales destinadas a proteger derechos difusos, de incidencia colectiva y de intereses individuales homogéneos.

“Durante años un ciudadano se presentaba individualmente ante un juez para un reclamo estrictamente personal, porque así garantizaba la protección de sus derechos individuales ante la tiranía del poder político”, señaló Milman. “Pero hoy los abusos provienen también de grandes corporaciones, del Estado burocrático o de prácticas masivas que afectan a millones de consumidores o usuarios de servicios públicos. En ese escenario, la herramienta individual se vuelve insuficiente”.

El proyecto apunta a garantizar la tutela judicial efectiva, la uniformidad de decisiones, la economía procesal y la eficacia de las sentencias, en casos donde los reclamos individuales se fragmentan y terminan favoreciendo la impunidad.

Milman ejemplificó: “Allí donde una tarifa abusiva de una empresa de telecomunicaciones afecta a millones de usuarios, donde una cláusula contractual idéntica lesiona a miles de consumidores, o donde una catástrofe ambiental destruye el patrimonio común, la acción colectiva se convierte en un mecanismo indispensable”.

La iniciativa define tres tipos de derechos que podrían ser objeto de acciones colectivas:

• Derechos de incidencia colectiva: aquellos que pertenecen en común e indivisiblemente a una pluralidad de personas ligadas por una relación jurídica común.
• Intereses individuales homogéneos: derechos individuales divisibles que derivan de un hecho, acto, contrato o práctica común que afecta de modo similar a un conjunto de personas.
• Derechos difusos: aquellos indivisibles que pertenecen a una comunidad indeterminada de personas.

Además, establece quiénes podrán promover este tipo de acciones: el Defensor del Pueblo de la Nación y de las Provincias, el Ministerio Público, asociaciones civiles y organizaciones sociales con objeto relacionado con el derecho afectado, y personas afectadas, cuando no exista una asociación que represente adecuadamente los intereses colectivos.

“Tenemos la oportunidad de saldar una deuda histórica con la democracia argentina”, sostuvo Milman. “Este proyecto no es un triunfo del estatismo: es una victoria de la libertad organizada. Permite a los ciudadanos, actuando en comunidad, enfrentar a poderes que de otro modo quedarían impunes”.

El legislador cerró con una reflexión de tono filosófico: “Cuando entre el viejo y el nuevo mundo aparecen los monstruos del claroscuro, como decía Gramsci, nos damos cuenta de que nuestra quimera es el vacío legislativo que permitió abusos y desigualdades. Con esta ley damos un paso decisivo hacia la consolidación de un orden más justo y libre. No hay república sin justicia, y no hay justicia sin acceso colectivo a ella”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió este viernes a responderle a su par Gerardo Milman y periodistas de TN, luego que cuestionaran la citación a Karina Milei a la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, la cual él preside.

Durante el programa que conduce Jonatan Viale se pasó un fragmento de una entrevista a Ferraro, donde señala que al ser funcionaria pública, en caso de negarse, se podría pedir auxilio a la fuerza pública para que la secretaria de la Presidencia y hermana de Javier Milei, concurra a la comisión, de acuerdo al reglamento aprobado.

Tras ello, la mesa debatió sobre lo que esto implicaría y Milman expresó: "La explicación va a estar el domingo. En el resultado del domingo va a estar la explicación de por qué necesita cámara y hacer cosas grandilocuentes".

Este viernes, a través de un extenso posteo, Ferraro salió a responder. "Derecho a réplica y a no faltar a la verdad", tituló el cívico, quien rechazó: "Ayer, en televisión, el diputado Milman junto a los periodistas @JonatanViale @morandolucas y @guadavazquez hablaron de la Comisión LIBRA y de mi rol como presidente de ella, acusándome de arrogarme facultades judiciales, mentiras y de montar un show político y electoralista".

"No puedo dejar pasar esas afirmaciones sin contestar. Corresponde ejercer el derecho a réplica y, sobre todo, a no faltar a la verdad. Esto nada tiene que ver con el caso Spagnuolo, como se afirmó antes de la presentación del recorte de la entrevista", explicó para diferenciar los casos, aunque en ambos esté implicada Karina Milei.

El presidente del partido de la CC a nivel nacional indicó que "las comisiones investigadoras son un instrumento constitucional de la función de contralor del Congreso" y "es absolutamente falso que estemos arrogándonos atribuciones judiciales, vamos a determinar responsabilidades políticas. Esta comisión no es ni será la excepción: sigue a rajatabla los antecedentes de otras comisiones investigadoras, como la de Antilavado, la del ARA San Juan, u otras".

"En la Coalición Cívica no somos oportunistas ni republicanos intermitentes y de ocasión", resaltó e insistió que "lejos de ser una excepción, la Comisión LIBRA se inscribe en una tradición política de contralor institucional republicano: hemos promovido una gran cantidad de comisiones investigadoras, desde la comisión Antilavado en 2001, pasando por el vaciamiento y venta de YPF, el suministro de vacunas en pandemia, la corrupción en obra pública de De Vido, el encubrimiento del narcotráfico, la corrupción en los subsidios al gasoil, el reparto irregular de fondos de vivienda y Sueños Compartidos, el negocio de los juegos de azar, el atentado a la AMIA, las restricciones a la libertad de expresión, etc.".

Al reivindicar la tarea de su espacio, recordó: "También promovimos juicios políticos a los principales funcionarios responsables de los más graves atropellos y casos: Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, De Vido, Lorenzetti, Trotta, Frederic, Gils Carbó, Timerman y otros".

"En plena pandemia, mientras muchos solo bravuconeaban en televisión, yo fui de los poquísimos -me sobran dedos de una mano- que, con Mónica Frade y Rubén Manzi, viajamos a Santiago del Estero y Formosa para denunciar las violaciones a los DD.HH.", lanzó contra sus exsocios de Juntos por el Cambio. Y agregó: "Impulsé la apertura de las escuelas y el juicio político al ministro Trotta, y además presentamos amparos y rechazos a los DNU inconstitucionales que imponían prohibiciones excesivas durante el aislamiento".

Yendo a la cuestión, el legislador subrayó que "Karina Milei está obligada por sus deberes de funcionaria pública con absoluto respeto del debido proceso". "La Comisión cumple con su deber al requerir su presencia, ni más ni menos. No existe un 'tratamiento especial' para nadie: todos somos iguales ante la ley. Que los funcionarios del Gobierno se nieguen a concurrir al Congreso para brindar explicaciones políticas es inaceptable", sostuvo.

"Siguiendo la doctrina de especialistas como Schinelli, Badeni, Solá, Midón y Manili, en el reglamento de la Comisión LIBRA fuimos más estrictos que en otras antecedentes: toda medida que requiera del auxilio de la fuerza pública debe contar con autorización judicial previa. Nos autolimitamos expresamente para resguardar las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional", aclaró.

Además, Ferraro indicó que a la hermana del presidente "no se la cita por supuestas coimas, sino por sus responsabilidades políticas en el caso LIBRA. Nunca hablé de Spagnuolo en la entrevista, pero aprovecho, no tengo la culpa si este señor tuvo más ingresos y reuniones en Olivos con Javier Milei que varios ministros del propio gabinete".

"No hay especulación ni 'timing' electoral. Si la Comisión LIBRA está trabajando ahora y no antes, es consecuencia de la decisión del Gobierno, de La Libertad Avanza y de sus aliados, que durante tres meses bloquearon la investigación", afirmó.

Finalmente, expresó que desde la CC "lo único que nos interesa es la verdad, son 25 años denunciando la corrupción y reclamando justicia, sea quien sea el gobierno de turno. No vamos a cambiar por el clima de época, por intereses electorales, por plata ni por cargos. Los hechos son sagrados. Good show".

La absolución del diputado nacional Gerardo Milman en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner reconfiguró el tablero político. El peritaje realizado por Gendarmería sobre su celular descartó cualquier vínculo con el ataque de 2022, lo que llevó al presidente Javier Milei a reivindicar al legislador.

HOY SE CAYÓ LA OPERETA KUKA A MILMAN... EN EL MEDIO LE HICIERON LA VIDA IMPOSIBLE.
KIRCHNERISMO NUNCA MÁS https://t.co/AGtIDq93UC

— Javier Milei (@JMilei) September 3, 2025

“Hoy se cayó la opereta kuka a Milman. En el medio le hicieron la vida imposible. Kirchnerismo nunca más”, escribió Milei en redes sociales, marcando el tono de su intervención. En declaraciones posteriores, durante el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno, el mandatario afirmó que durante tres años “la casta lo calumnió e injurió” y denunció que existe un mecanismo sistemático para “ensuciar” a opositores.

Gracias Presidente!!! @JMilei
La verdad siempre sale a la luz!! pic.twitter.com/FQG7vvUV9y

— Gerardo Milman (@gmilman) September 3, 2025

El informe forense determinó que el iPhone 14 Pro de Milman, adquirido después del atentado, no contenía registros ni mensajes que lo incriminaran. Tampoco se hallaron rastros de la supuesta frase que un asesor legislativo dijo haber escuchado en el bar Casablanca: “cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. La jueza María Eugenia Capuchetti elevó el resultado a la Cámara Federal, pese a la insistencia de la querella de Cristina Kirchner en sostener la acusación.

Desde la Casa Rosada, la lectura es política: para Milei, el caso expone “la forma en que opera la casta para destruir reputaciones”. En el Congreso, mientras tanto, el fallo alimenta la tensión entre oficialismo y kirchnerismo, que continúa sosteniendo la hipótesis de una trama macrista detrás del atentado.

Mirá vos! No hay ninguna prueba contra Milman y los copitos se escapaban ante las narices de la Policía Federal que comandaba Anibal Fernández. Total surprise!

Terminó el peritaje al celular de Milman y no encontraron pruebas para acusarlo https://t.co/5BjhJbapfP

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 3, 2025

Sí, ya sabíamos que @gmilman era inocente y que fue una opereta de medios armada por los radikukas, Castrobianchi, Bindi, Tomas Memdez, Jorge Rial y LOS MISMOS DE SIEMPRE, como la que armaron ahora contra @KarinaMileiOk. https://t.co/Ojoxoca17e pic.twitter.com/af25A6M5lx

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 3, 2025

El diputado nacional de Pro Gerardo Milman presentó en la Cámara baja un ambicioso proyecto titulado “Reforma Integral del Régimen Laboral para la Formalización y el Empleo”, que plantea cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y en la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551).

La iniciativa crea el Contrato Único de Trabajo (CUT), una modalidad optativa para empleadores y trabajadores que garantiza aportes previsionales, obra social y demás beneficios, pero elimina la indemnización por despido prevista en el artículo 245, reemplazándola por un fondo individual de cese laboral. Este fondo sería alimentado por el empleador con un aporte mensual equivalente al 8% del salario bruto y de libre disposición para el trabajador al finalizar la relación laboral “por cualquier causa”.

El CUT podrá ser por tiempo determinado o indeterminado, con jornada adaptable dentro de los límites legales (8 horas diarias o 48 semanales), y convivirá con los contratos actuales durante un período transitorio de cinco años, con incentivos fiscales para su adopción.

El texto también incorpora nuevas figuras contractuales:

■ Contrato por proyecto, con duración máxima de 12 meses (renovable una sola vez).

■ Contrato temporal, para actividades estacionales, de hasta 6 meses.

Ambos incluyen aportes previsionales y obra social, pero no indemnización por finalización a término.

En materia sindical, Milman propone libre afiliación y desafiliación, eliminación de la obligatoriedad de aportes salvo consentimiento expreso, competencia sindical plena y fin de la personería gremial exclusiva, habilitando múltiples asociaciones representativas por sector o empresa.

El proyecto también incorpora un procedimiento de conciliación administrativa obligatorio previo a la vía judicial, con un plazo máximo de 30 días para resolver conflictos, y fija que los juicios laborales no podrán extenderse más de 180 días hábiles. Además, plantea digitalizar todos los registros laborales y que el Estado financie programas de capacitación y reconversión para mejorar la empleabilidad.

En sus fundamentos, Milman sostiene que la legislación vigente “se ha convertido en un entramado legal que ahoga la iniciativa privada, desincentiva la contratación y perpetúa una economía dual”, y cita a la OCDE para argumentar que la rigidez normativa y los altos costos de despido fomentan la informalidad.

Defiende que el nuevo sistema no busca quitar derechos, sino “proteger al trabajador y no al puesto de trabajo”, en línea con modelos internacionales como el seguro de cesantía en Chile, la flexicurity danesa o la reforma laboral de Nueva Zelanda.

El legislador afirma que la reforma permitirá “aumentar la tasa de formalización, incrementar la movilidad laboral, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad”, y que se trata de “un paso hacia una Argentina donde la libertad de trabajar y de contratar sea real, no retórica”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó dos proyectos de ley para asegurar que los recursos del Estado en materia de pagos por desarraigo a empleados estatales y el cobro de asignaciones adicionales por zona desfavorable en el sistema previsional sean asignados a quienes efectivamente cumplan los requisitos para acceder a ellos.

“No estamos en contra que cobren el desarraigo los empleados del Estado ni las asignaciones previsionales adicionales quienes hayan trabajado en zonas desfavorables. Nuestro objetivo es establecer normativas para una correcta asignación de los recursos públicos y que estos lleguen efectivamente a quienes en realidad lo merecen”, señaló el legislador, al asegurar que “existió en los últimos años un abuso en el destino de los recursos que eran distribuidos en forma arbitraria a quienes cumplieron tareas en zonas desfavorables”.

Sobre sus iniciativas, el bullrichista explicó: “Establecemos una serie de requisitos para acceder a ambos beneficios en forma transparente, como por ejemplo que el empleado que cobre desarraigo presente una declaración jurada que certifique su trabajo a una distancia tal que le altera su vida familiar, social y económica, pero con la salvedad de que el falseamiento de dicho instrumento público tendrá consecuencias penales directas".

"Por otra parte -continuó-, pedimos que quien reclame un beneficio previsional adicional demuestre que trabajó por lo menos cinco años en una zona denominada desfavorable antes de solicitar el pago correspondiente. También con la aplicación de sanciones penales y administrativas en caso de comprobarse la falsedad de la información suministrada para aplicar al cobro del adicional previsional".

Milman enfatizó que "no cercenamos derechos" sino que "los protegemos ante los abusos de los oportunistas que se han aprovechado de mecanismos de contralor deliberadamente ineficientes". "Los pagos ilegales de desarraigo derivan en el reclamo de beneficios previsionales que favorecen a empleados que no han trabajado en zonas alejadas de su domicilio real en detrimento de aquellos que, durante años, desempeñaron tareas en zonas desfavorables para su vida social y económica", subrayó.

El diputados sostuvo que “gobernar bien implica asignar recursos con justicia, mérito y racionalidad. No todos los agentes del Estado están en iguales condiciones y el desarraigo, además de tener costo, también tiene una responsabilidad".

"La consecuencia inmediata de pagar el desarraigo con transparencia y equidad, como proponemos en nuestro proyecto, es ir hacia un sistema previsional más justo, transparente y sostenible, porque en un país donde la credibilidad del Estado está en juego no podemos seguir tolerando regímenes que premian la simulación, castigan el mérito y erosionan los cimientos del sistema jubilatorio”, finalizó Milman.

El diputado nacional del Pro Gerardo Milman reveló este martes que recibió una citación de los tribunales de Teherán para declarar en una causa iniciada por su denuncia contra el avión iraní-venezolano que fue retenido en Argentina en 2022.

La citación forma parte de una demanda presentada por miembros de la tripulación del Boeing 747 de Emtrasur, quienes acusan a Milman y otros funcionarios argentinos y estadounidenses de “acciones ilegales” y exigen una compensación económica.

“Pretenden que comparezca personalmente, en un país donde no existe el Estado de Derecho”, expresó el legislador en su cuenta de X, y agregó: “No me van a intimidar. Mi compromiso con la verdad es inquebrantable. Voy a seguir denunciando cada amenaza, venga de donde venga”.

La audiencia está programada para el 27 de octubre en Teherán, y Milman figura entre los 13 demandados, junto al presidente Javier Milei, el juez Federico Villena, la fiscal Cecilia Incardona, y otros funcionarios y representantes de la comunidad judía argentina.

La denuncia iraní sostiene que durante su estadía en Argentina, los tripulantes fueron víctimas de “toma de rehenes, tortura y maltrato físico y psicológico” durante 150 días. Entre los demandantes se encuentra Gholamreza Ghasemi, piloto del avión y señalado por el FBI como vinculado a la Guardia Revolucionaria Iraní y Hezbollah.

Milman fue uno de los primeros en denunciar el arribo del avión a Ezeiza, alertando sobre posibles vínculos con el terrorismo internacional. En su momento, solicitó que se tomaran las huellas dactilares de los tripulantes y que se cruzaran con bases de datos internacionales.

La citación judicial fue distribuida por la embajada iraní en Argentina y enviada a diversas instituciones, incluyendo la Quinta de Olivos y el Congreso Nacional.

En el día de hoy recibí una citación de los tribunales de Teherán para declarar por mi denuncia al avión iraní-venezolano en Argentina.

La Justicia de la República Islámica de Irán pretende que comparezca personalmente, en un país donde no existe el Estado de Derecho.

No me van… https://t.co/7SM1mpQiqc pic.twitter.com/PK7wdxsDZ8

— Gerardo Milman (@gmilman) August 5, 2025

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para derogar una serie de artículos de la Ley 24.018 y toda otra disposición normativa que establezca un régimen previsional especial para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación, ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás funcionarios allí comprendidos.

“Esta ley, de 1991, otorga asignaciones vitalicias a quienes hayan ocupado los máximos cargos del Poder Ejecutivo bajo condiciones claramente privilegiadas y disociadas de los parámetros del régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino”, señaló.

El legislador del Pro, que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: "Con este proyecto vamos a terminar con ese privilegio inmoral, injustificable e incompatible con los principios republicanos que deben regir una democracia moderna”.

El debate sobre los regímenes previsionales especiales no es nuevo, y de hecho surge recurrentemente cada vez que se discute sobre la situación de los jubilados que se encuentran con bajísimos haberes. Recientemente, el presidente Javier Milei en su discurso en la Sociedad Rural cuestionó al Congreso por no haber avanzado con este tema.

Según Milman, "con el régimen actual al menos 13 expresidentes y exvicepresidentes han percibido montos que superan ampliamente los $6.000.000 en valores actualizados a 2025, y representan un gasto fiscal que se ha vuelto financieramente injustificable en el contexto de una economía contraída y un sistema previsional colapsado”.

“El sistema previsional argentino presenta un déficit estructural que oscila entre el 2% y el 3% del PBI. Dependiendo del año y la metodología de cálculo, sumado a la baja densidad de aportes, alta informalidad laboral, y una marcada regresividad en la distribución de los beneficios, el 65% de los jubilados cobra haberes mínimos o cercanos al mínimo, y las sucesivas reformas estructurales han afectado la movilidad y la previsibilidad del sistema”, apuntó Milman.

SE TERMINA EL TIEMPO DE LOS PRIVILEGIOS

Presenté un proyecto de Ley para derogar el régimen de privilegio que otorga asignaciones vitalicias a expresidentes, exvicepresidentes y jueces de la Corte.

Datos claves:
•13 exmandatarios cobran más de $6.000.000 mensuales.
•El… pic.twitter.com/FZEfTkK0LH

— Gerardo Milman (@gmilman) July 29, 2025

En ese sentido, consideró que "en este contexto crítico, cada peso destinado a jubilaciones de privilegio es un acto de injusticia redistributiva, porque en una Argentina empobrecida, con jubilaciones mínimas que no alcanzan a cubrir la canasta básica de un adulto mayor, con millones de trabajadores informales sin aportes, con generaciones enteras que se preguntan si alguna vez podrán jubilarse, no hay justificación alguna para que quienes detentaron el máximo poder institucional del país se retiren con beneficios millonarios, sin cumplir las condiciones ordinarias exigidas al resto de la ciudadanía”.

“No queremos eliminar el régimen especial por resentimiento, ni es un impulso de revancha, ni siquiera de una mirada punitiva. Surge de una convicción ética, política e institucional", aclaró.

Finalmente, el diputado dijo que "eliminar las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes no sólo aliviará marginalmente el gasto público, sino que además enviará un mensaje contundente a la sociedad: que la ley es pareja para todos, que nadie está por encima de ella, que el tiempo de los privilegios terminó y que empieza, de una vez por todas, el tiempo de la responsabilidad”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de declaración en el que expresa el "beneplácito" por la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, "en el marco del fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, defensa de la democracia y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional".

“La visita de Kristi Noem es de especial trascendencia, no sólo por la jerarquía institucional, sino también por el contexto regional de crecientes amenazas como el crimen organizado transnacional, las ciberamenazas, la trata de personas, el narcotráfico y las amenazas híbridas, entre otras”, manifestó el legislador.

El bonaerense señaló que "la agenda bilateral contempla intercambios en materia de seguridad fronteriza, protección de infraestructuras críticas, cooperación en inteligencia estratégica y control migratorio, incluyendo un tema de particular interés para nuestro país como lo es el avance hacia la futura incorporación de la Argentina al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program-VWP)”.

Sobre este punto, el diputado bullrichista explicó que "este programa permite a ciudadanos de países seleccionados viajar a los Estados Unidos por turismo o negocios hasta 90 días sin necesidad de visa, mediante una autorización previa denominada ESTA (Electronic System for Travel Authorization), programa del cual solo forma parte Chile en América Latina”.

“Esta visita reafirma el compromiso compartido por Argentina y Estados Unidos con la defensa de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, el combate al terrorismo internacional y la promoción de un orden internacional basado en reglas”, afirmó Milman al presentar el proyecto que, además, fue acompañado por el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de repudio por la decisión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de cesantear a 24 efectivos de la Policía Bonaerense, "vulnerando principios institucionales, laborales y democráticos", señaló.

La iniciativa fue acompañada por sus compañeros de bloque Alejandro Finocchiaro, María Sotolano y María Florencia de Sensi, además de la libertaria Lilia Lemoine.

“El gobernador cita el estatuto de la policía para cesantear a los efectivos bonaerenses, pero no consta información que los policías hayan concurrido a algún acto político-partidario y menos que estuvieran preparando un intento de golpe institucional dentro de la fuerza”, expresó el legislador.

En ese sentido, consideró que la medida tomada por el Gobierno bonaerense "es totalmente arbitraria y una afrenta a los principios constitucionales del debido proceso y presunción de inocencia”.

“La cesantía se habría basado, según informaron las autoridades bonaerenses, en una denuncia anónima, sin un proceso judicial firme ni un sumario administrativo, esto termina siendo una sanción por persecución ideológica más que por una falta laboral, y termina perjudicando a todos los bonaerenses que reclaman más seguridad en la provincia”, advirtió.

El diputado bullrichista resaltó que "la situación de la seguridad en la provincia es preocupante. Bajos salarios de los efectivos de la policía y creciente casos de inseguridad con un incremento del 21% de personas privadas de la libertad. Muchas de las privaciones se originan en aprehensiones policiales, no en órdenes judiciales, lo que refuerza el rol operativo de la fuerza en el control del delito”.

“La cesantía masiva de efectivos sin garantías procesales, en un contexto de creciente inseguridad, bajos salarios y presunta motivación política, constituye un agravio a la institucionalidad democrática, al derecho laboral y a la seguridad pública”, afirmó Milman.

El Gobierno bonaerense decidió apartar de la fuerza provincial a 24 efectivos, acusados de "conspirar" contra la gestión de Kicillof, en complicidad con el excomisionario Maximiliano Bondarenko, primer candidato por La Libertad Avanza en la tercera sección electoral.

Al anunciar el desplazamiento de los policías, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, aseguró que los motivos fueron por “confabulación” e intento de dar “un golpe institucional”. En tanto, posteriormente, el Gobierno bonaerense presentó una denuncia formal ante la Justicia por "complot policial".

En medio de una nueva controversia en el Congreso, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de declaración para expresar su “más enérgico repudio” a la solicitud elevada por ocho senadores del bloque Unión por la Patria a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que propusieron restringir el acceso de las fuerzas de seguridad a los espacios comunes y sanitarios del Senado durante operativos desplegados en manifestaciones públicas.

La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados de LLA Lilia Lemoine y Carlos Zapata, más la del Pro Marilú Quiroz, denuncia que la propuesta de los senadores oficialistas constituye un acto de “discriminación institucional” hacia quienes “garantizan la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones democráticas”.

“Pretender restringir el uso de instalaciones básicas como los sanitarios, bajo el argumento de preservar la comodidad del personal legislativo, resulta no solo elitista y despectivo, sino también incompatible con los principios de respeto, dignidad y reconocimiento que deben regir en el trato hacia las fuerzas de seguridad”, sostiene el texto.

Milman advierte que la medida proyecta un “mensaje de desprecio institucional” hacia efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la enmarca en un contexto de “creciente estigmatización” hacia las fuerzas durante manifestaciones sociales, como las que protagonizan jubilados los días miércoles frente al Congreso.

“Debemos cuidar a quienes nos cuidan”, concluye el legislador opositor, al solicitar el acompañamiento de sus pares a la iniciativa.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) anticipó que votará a favor de los eventuales vetos del presidente Javier Milei a las leyes sancionadas recientemente en el Congreso, referidas a aumento de jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

“El Estado no puede gastar mas de lo que ingresa”, expresó y habló de normas que "afectan el equilibrio fiscal". El legislador bullrichista dijo que su decisión será apoyar la medida que tome el Ejecutivo en virtud de "sostener el camino que elegimos los argentinos en el 2023 por el 56% de los votos y que será, sin duda, ratificado en octubre próximo”.

Además, el bonaerense aseguró que "no caben dudas que son leyes violatorias de la Ley de Administración Financiera en su artículo 38”.

“Siempre el peronismo, desde 1983 a la fecha, cada vez que recibe un cachetazo de la voluntad popular, hace intentos desesperados para hacer fracasar a las alternativas democráticas. Pero no pasarán. La mayoría de los argentinos ya no les compran el truco y los descubrieron”, lanzó contra la oposición. Además, llamó "a la reflexión" a quienes pertenecen a partidos "que en el pasado fueron víctimas de la misma estrategia destituyente".

Para Milman, “cualquier vecino sabe hoy que el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa. Eso no significa crueldad con los jubilados o con los médicos, o con cualquier otro sector social que no la está pasando bien, fruto del desastre de las gestiones kirchneristas. Es como gastar con la tarjeta irresponsablemente y echarle la culpa a la empresa de tarjetas de crédito cuando nos manda la factura de lo que gastamos”.

“La estrategia del Gobierno es resolver los temas en el orden correcto para llegar a tener salarios dignos, crecimiento económico, jubilaciones de calidad e inversiones que generen más empleo y pongan a la Argentina en el lugar que, por sus condiciones naturales y de capital humano, podría haber estado hace décadas”, concluyó.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para modificar la denominada Ley Olimpia (N.º 27.736) con el objetivo de incorporar de manera expresa el uso de inteligencia artificial (IA) como una modalidad de violencia digital de género. La iniciativa apunta a cerrar un vacío legal frente a la creciente circulación de “deepfakes” sexuales no consentidos.

“El desarrollo acelerado de herramientas de inteligencia artificial generativa —tales como deepfakes, face swapping, voice cloning— ha posibilitado la creación de imágenes, videos y audios falsos altamente realistas que pueden simular a una persona en escenas íntimas o sexuales sin que ésta haya participado ni consentido”, advierte Milman en los fundamentos.

La propuesta busca tipificar como delito “la creación y difusión no consentida de imágenes sexuales generadas o manipuladas mediante IA”, extendiendo la protección también a personas mayores de edad, un punto que actualmente no contempla la ley vigente. “Hay que suplir un vacío legal respecto a la producción y distribución de imágenes adulteradas, sean reales o ficticias, que atentan contra la integridad de las mujeres”, señaló.

El texto detalla que la violencia digital incluirá conductas como la reproducción y difusión de material íntimo generado con técnicas de IA o cualquier otro medio tecnológico sin consentimiento, así como discursos de odio misóginos, acoso virtual, robo y difusión no autorizada de datos personales.

Casos recientes en Argentina

Milman citó antecedentes judiciales que expusieron la ausencia de normas específicas. Uno de ellos ocurrió en San Juan, donde un joven fue denunciado por crear “desnudos” con IA a partir de fotos de compañeras universitarias y comercializarlas en sitios para adultos. “Ninguna de las damnificadas había prestado su consentimiento y la Justicia no pudo tipificar la conducta como delito”, remarcó el legislador.

Asimismo, mencionó fallos de la Cámara de Apelaciones de Zárate–Campana y de la Justicia cordobesa que, aunque innovadores, dejaron en evidencia la necesidad de una regulación clara sobre imágenes falsas creadas con inteligencia artificial.

Antecedentes internacionales

El diputado recordó que otros países ya avanzaron en este sentido. “España incluyó en su Ley Orgánica 10/2022 la difusión de imágenes generadas digitalmente sin consentimiento como delito contra la libertad sexual; el Reino Unido también penaliza los deepfakes pornográficos sin consentimiento en su Online Safety Act 2023”, subrayó.

Por estas razones, Milman pidió el acompañamiento de sus pares para “adecuar la legislación sustantiva y proteger a las mujeres de una nueva forma de abuso digital”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para que los ciudadanos que resulten electos para cargos legislativos no puedan retornar a sus cargos de funcionarios nacionales, provinciales o municipales a partir que la Justicia Electoral determine que han resultado electos.

“Cada vez que hay elecciones es común que un funcionario nacional, provincial o municipal, sea candidato en una lista legislativa y se especule con que, en caso de ser electo, no asuma su banca. Esto desvirtúa la voluntad popular y los fines republicanos de la representación política”, señalo y añadió: “Con este proyecto buscamos eliminar las denominadas candidaturas testimoniales”.

En esa línea, el legislador sostuvo que "la representación no es una mera formalidad, implica la asunción real del mandato conferido por el pueblo mediante el voto, por lo cual el uso de la candidatura legislativa como herramienta de tracción electoral o de estrategia partidaria, sin la intención de asumir, contradice de manera directa ese principio”.

“Al incorporar el artículo 164 bis al Código Nacional Electoral garantizamos que el acto electoral no sea utilizado con fines ajenos a la representación parlamentaria”, argumentó en su propuesta.

NO LE MIENTAN MÁS A LA GENTE

Cada vez que hay elecciones pasa lo mismo.
Funcionarios nacionales, provinciales o municipales se postulan como si fueran a asumir y después no lo hacen.

Presentarse solo para traccionar votos, sin intención real de ocupar la banca, es una estafa.… pic.twitter.com/mR4lW3ZI4b

— Gerardo Milman (@gmilman) July 11, 2025

El bonaerense diferenció que “distinto es el caso de aquel legislador que asume su banca y, posteriormente, es convocado para un cargo en el Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Judicial Nacional. En ese caso, con la aceptación de la cámara correspondiente, puede dejar su banca para ocupar la función pública”.

“Algunos partidos han utilizado candidaturas testimoniales como una estrategia para atraer votos sin que el candidato realmente asuma el cargo. Esto genera desconfianza en el sistema electoral y afecta la credibilidad de las instituciones, además de generar apatía y bajos niveles de participación en los procesos electorales”, explico el legislador.

Finalmente, Milman expresó: “Con este proyecto que presentamos contribuimos a una mayor transparencia y responsabilidad en el sistema electoral porque el fortalecimiento de la democracia exige erradicar prácticas que socavan el vínculo de representación entre la ciudadanía y sus representantes”.

En el marco de una creciente preocupación por los discursos discriminatorios en los medios de comunicación, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para expresar el “más enérgico repudio” a las expresiones de contenido antisemita vertidas por la conductora Elizabeth Vernaci durante su programa “La Negra Pop”, emitido el pasado 26 de junio por FM POP Radio 101.5.

Según el texto, durante la emisión se aludió de manera “burlesca y discriminatoria” al acuerdo bilateral entre Argentina e Israel en materia de seguridad social, con frases como: “Les regalamos la Patagonia para que hagan de Chubut un kibutz” y “Arca Naguila Arca, la guita va a recaudar”. Para los legisladores firmantes, estas expresiones no constituyen humor, sino que replican antiguos estereotipos antisemitas vinculados con supuestos planes de colonización, dominio territorial o control económico.

El proyecto recuerda que no es la primera vez que Vernaci incurre en este tipo de manifestaciones. En 2013, durante su programa “Negrópolis” en FM Rock & Pop, ya había sido denunciada por la DAIA por comentarios considerados judeofóbicos, como la mención a una “cueva de los judíos” o la propuesta de hacer un “censo” de la colectividad, recuerda el texto.

“En un contexto geopolítico de guerra y alta tensión en Medio Oriente, no podemos dejar pasar dichos comentarios antisemitas y llenos de prejuicios”, señala el documento, que también destaca el compromiso de la Argentina con la lucha contra toda forma de discriminación, tal como lo establece la Ley 23.592 y su adhesión a la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

El proyecto fue cofirmado por los diputados Alejandro Finocchiaro (Pro) y Karina Banfi (UCR), y subraya que el antisemitismo “no es una opinión más”, sino “una forma de violencia simbólica que atenta contra la convivencia democrática y los valores fundamentales de una sociedad plural”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley, junto a su par Marilú Quirós, para modificar el artículo 32 de la Ley 24.660 -de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad-, con el fin de elevar la edad de 70 a 80 años para otorgar la prisión domiciliaria a personas condenadas.

"El umbral de 70 años no debe ser utilizado para eludir una condena firme", consideró el legislador, que impulsa la propuesta tras la efectiva prisión de Cristina Kirchner, con quien está enfrentado por la causa de intento de magnicidio contra la expresidenta.

En los argumentos, el bonaerense señaló que "hay una marcada evolución de la esperanza de vida en la Argentina que fundamenta la modificación del articulado”. En este sentido, agregó: “Hoy el promedio supera los 76 años, siendo considerablemente más alta en ciertos sectores socioeconómicos”.

“Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, dan cuenta que la esperanza de vida al nacer en el país es de 76,6 años para el total de la población, y que en zonas urbanas y especialmente en ciertos estratos sociales, la expectativa de vida supera los 80 años”, apuntó.

Milman ahondó que "está documentado que se han otorgado prisiones domiciliarias, alrededor de un 58% según un informe del Ministerio Público Fiscal del 2021, a mayores de 70 años sin un examen médico independiente. Esto da lugar a percepciones de impunidad, especialmente en casos de delitos de lesa humanidad y corrupción”.

“El mejor ejemplo del mal uso etario, entre varios, es el de la prisión domiciliaria a la que accedió el exgobernador José Alperovich, de 70 años, quien fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, sin una real evaluación de la necesidad del beneficio, pero, además, otorgándosela a un condenado que utilizaba el régimen de visitas higiénicas y/o intimas, según se informó a través de diversos medios de comunicación”, expresó.

El diputado del Pro aseguró que "con este proyecto no se busca restringir derechos humanos ni vulnerar garantías, sino actualizar la legislación penal en función de los parámetros demográficos actuales, priorizando un uso más criterioso, fundado y excepcional de la prisión domiciliaria".

"Con un nuevo umbral de 80 años, preservaríamos el carácter excepcional del beneficio, evitando que sea utilizado por los condenados para eludir el cumplimiento efectivo de la pena”, finalizó.

Diputados nacionales del Pro, encabezados por Gerardo Milman, presentaron un proyecto de declaración a través del cual piden que los fondos de los bienes decomisados en el marco de la causa Vialidad sean destinados al Garrahan y distintos hospitales pediátricos del país.

“Al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que mantiene la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se le suma una sentencia económica. Esa sentencia obliga a los condenados a devolver una suma estimada en 85.000 millones de pesos saqueados de las arcas del Estado”, señaló el bonaerense.

Además, el legislador graficó que "esta cifra equivale a U$S483 millones a los que se le deben sumar intereses que, siendo un 2% anual de tasa del Banco Nación, da un total de u$S502 millones". "Proponemos que esos recursos decomisados sean donados en su totalidad a todos los hospitales pediátricos del país", expresó.

El decomiso se regula a través del artículo 23 del Código Penal, constituyendo una limitación a la propiedad privada en interés público, adoptada por la autoridad estatal. Con la Ley 26.683 del 2011 se introdujo una modificación a este artículo, estableciendo la posibilidad de, en ciertos casos, decomisar sin sentencia condenatoria previa. En nuestro país, para ambos institutos es el juez la autoridad competente que dispone cuáles son los bienes que se han de incautar.

“En el marco de nuestro compromiso con la salud veríamos con agrado que los bienes mal habidos que han sido saqueados a las arcas públicas, generando entre cosas, la falta de presupuesto e insumos médicos que atentan contra la calidad médica e institucional de todos los hospitales pediátricos nacionales vuelvan a los mismos, porque, con el destino de los fondos decomisados, se fortalecen todos los aspectos destinados a mejorar la calidad del servicio de salud a los niños de la República Argentina”, completó Milman, en medio del conflicto entre el Garrahan y el reclamo que existe hacia el Gobierno nacional.

La iniciativa fue acompañada por sus pares María Eugenia Vidal, Laura Rodríguez Machado, Silvia Lospennato, Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, María Florencia de Sensi, Germana Figueroa Casas, Marilú Quiróz, Ana Clara Romero, Javier Sánchez Wrba y María Sotolano.

De acuerdo al proyecto, plantean que los fondos sean destinados "en su totalidad" al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan, el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” (ex Casa Cuna), el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad (Córdoba), el Hospital Pediátrico del Niño Jesús (Córdoba), el Hospital de Niños “Víctor J. Vilela” (Rosario, Santa Fe), el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” (Rosario, Capital), el Hospital Pediátrico Dr. Avelino Lorenzo Castelán (Resistencia, Chaco), el Hospital Sor María Ludovica (La Plata), el Hospital Posadas (Haedo; servicio pediátrico), el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital Pediátrico Juan Pablo II (Corrientes capital) y el Hospital del Niño Jesús (San Miguel de Tucumán).

Uno de los datos salientes de la sesión del miércoles fue la dura embestida de la diputada Florencia Carignano contra su par bullrichista Gerardo Milman. Con el paso de los días el tema fue escalando y este miércoles se supo que la diputada K había denunciado a Milmen por supuestas expresiones intimidatorias.

El bloque Pro emitió este viernes un comunicado en el que repudia el “ataque” de la diputada Carignano y expresa su “total respaldo a Gerardo Milman”. “Desde el bloque de diputados del Pro expresamos nuestro total respaldo a Gerardo Milman frente al ataque artero de la diputada ultra kirchnerista Florencia Carignano”, dice el comunicado del bloque que conduce Cristian Ritondo.

Agrega el mismo que “acusan sin pruebas, insultan, gritan animaladas y luego se victimizan. Pero la justicia siempre pone las cosas en su lugar: las falsas acusaciones caen y los corruptos terminan condenados. La verdad siempre llega”.

Les contestó el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien dijo que “el Pro nunca condenó el intento de asesinato a Cristina. Y estuvieron 33 meses tratando de impedir una investigación seria”.

“Ahora se victimizan. Y se hacen las carmelitas descalzas. Son unos caraduras”, replicó Martínez, que concluyó solidarizándose con Florencia Carignano.

Desde el bloque Liga del Interior, el catamarqueño Francisco Monti expresó su “repudio total” a la denuncia de la diputada Florencia Carignano que para él “se asienta en supuestas ‘miradas intimidantes’. Un DISPARATE sin precedentes que se suma a la batería de operaciones que sufrió el diputado Milman en los últimos años por parte del kirchnerismo”.

El diputado Rodolfo Tailhade expresó a su vez que “las amenazas de Milman a la diputada Carignano (‘no vaya a ser cosa que le pase algo’) son del mismo tenor que las que realizó contra Cristina en un proyecto que presentó el 18 de agosto de 2022, dos semanas antes de que efectivamente intentaron asesinarla. Mi solidaridad y mi absoluto respaldo a Florencia ante las amenazas de este ser siniestro, que se ha convertido en un auténtico peligro para la democracia. Espero que la Justicia esta vez se tome las cosas en serio y preserve la seguridad personal de la diputada”.

Las amenazas de Milman a la diputada Carignano ("no vaya a ser cosa que le pase algo") son del mismo tenor que las que realizó contra Cristina en un proyecto que presentó el 18 de agosto de 2022, dos semanas antes de que efectivamente intentaron asesinarla. Mi solidaridad y mi… https://t.co/bqFQ3ZH8yY pic.twitter.com/ynJ6rphMNI

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) June 6, 2025

También se sumó al debate el exdiputado nacional Alberto Asseff. quien dirigente político y ciudadano le pidió "encarecidamente" que cuide su conducta en la Cámara. "Porque tu discurso del miércoles fue literalmente degradante no solo por su contenido sino por las formas vulgares La Cámara debe ser respetada. Inclusive te convendría a vos que la integrás", agregó.

A su vez, el diputado Fernando Iglesias también participó de la polémica: “La diputada Florencia Carignano, que, como directora de Migraciones, mantuvo secuestrados a miles de argentinos en los aeropuertos durante la pandemia, acaba de denunciar penalmente al diputado Milman por Sarasa, Firulete y coso. No se preocupe, diputada, por la investigación del atentado a Cristina Kirchner. La Justicia está avanzando. Lo saben bien en su propio partido. Por eso están tan nerviosos”.

Después de la explosiva reacción en el recinto, la diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) anunció por X que presentó la denuncia penal contra Gerardo Milman. Según añadió la santafesina, el legislador bullrichista emitió declaraciones que revisten “gravedad penal y jurídica”, las cuales incluyeron expresiones intimidatorias como “Ojalá no le pase nada, por Dios, pero algo tengo que hacer, no puedo dejar las cosas así”.

Como retazo de la intervención viral en redes y medios televisivos, horas después Gerardo Milman habló en medios radiales y expresó: “Si le pasa algo a la diputada Carignano tengo otro problema porque me van a acusar de ser el autor de la amenaza”. “Ha dicho estupideces en la sesión de ayer que le van a traer consecuencias”, había agregado.

Presenté una denuncia penal contra el diputado nacional Gerardo Fabián Milman.

Abro hilo.

— Florencia Carignano (@florcarignanook) June 6, 2025

Por su parte, la exdirectora de Migraciones agregó que “estas declaraciones fueron acompañadas, dentro del recinto parlamentario, de miradas y actitudes desafiantes e intimidatorias (esto fue manifestado por la santafesina en su recordada intervención en la sesión), dirigidas hacia mi persona y a la diputada nacional Gabriela Estévez, como parte de un esquema de amedrentamiento personal y simbólico”.

“Estas expresiones no constituyen simples opiniones ni declaraciones políticas genéricas, son amenazas veladas y tentativas de coacción que insinúan un mal futuro, dirigido a condicionar mi accionar institucional, buscando forzar una retractación pública bajo coacción”, cargó Florencia Carignano en X.

En el final, señaló: “Es por esto que solicité a la justicia federal que se inicie la correspondiente investigación a efectos de determinar la responsabilidad penal de Milman y que se adopten medidas preventivas necesarias para garantizar mi integridad y el libre ejercicio de mis funciones”.

A primera hora de este viernes, el propio Gerardo Milman había mencionado que estaba analizando impulsar medidas contra las acusaciones que le propinó la santafesina en el recinto. "Existen remedios jurídicos e institucionales para corregir y sancionar a la excitada e impertinente exfuncionaria de la Dirección de Migraciones del gobierno de los Fernández, que vamos a llevar adelante en los próximos días”, había señalado.

El cruce en el recinto

Cerca de las 22 horas del miércoles cuando los proyectos previsionales habían logrado la media sanción del Cuerpo, el diputado bullrichista presentó una cuestión de privilegio contra todos los integrantes del gobierno del Frente de Todos y mencionó a tres diputados nacionales: al chaqueño Aldo Leiva, a la entrerriana Carolina Gaillard y a la santafesina Florencia Carignano.

Alineado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el diputado volvió a tener expresiones en el recinto tras más de dos años y medio, luego de haber sido señalado por el kirchnerismo de tener vinculación con el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner el 1ero. de septiembre del 2022.

Así las cosas, la diputada camporista Florencia Carignano le contestó a los pocos minutos y aseveró: “Todavía sigo pensando que la quisiste matar”. Antes, cargó: “Celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían ahí (señalando su banca), dopado como una lechuga durante dos años” e ironizó: “Bien, pudiste hablar… leyendo, pero pudiste hablar”.

Luego, siguió: “Estamos en el marco de la democracia y no nos mandaste a matar, no nos mandaste a gatillar”. “Celebro que hagas una cuestión de privilegio y no que nos hagas una cuestión de privilegio como intentaste hacer con Cristina Kirchner y sí, sigo pensando que la quisiste matar, sigo pensando que tenes que demostrar en la justicia”, enfatizó.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) anticipó este viernes que "en los próximos días" impulsará "medidas para reparar el daño producido y la falta de decoro de la diputada (Florencia) Carignano”, quien le salió duramente al cruce en la última sesión, luego de una cuestión de privilegio presentada por el bonaerense.

“Estoy consultando con las autoridades de la Cámara y mis letrados para tomar medidas, en los ámbitos institucionales que correspondan, contra la diputada Florencia Carignano, por sus dichos improcedentes contra mi persona y la de otros diputados en la sesión pasada, en materia de cuestiones que la han afectado de manera directa en sus acciones”, señaló.

El legislador rechazó: "Se me quiso involucrar con la causa del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el primer momento por los enfrentamientos que he tenido con ella en materia parlamentaria y judicial”. “El problema de los mitómanos es que mienten tanto que se creen sus propias mentiras y ese es el problema de Carignano”, lanzó.

El bonaerense hizo alusión a los dichos de la santafesina respecto de la medicación que toma. "Admito que efectivamente fue y es así ya que tengo, y tuve, diversas enfermedades, como la presencia de un tumor maligno, diabetes e hipertensión. Pero que realmente desconocía que existía una norma que me obligaba a comunicarle mi historia clínica a la diputada Carigliano”, expresó.

Para Milman, "la falta de decoro de la legisladora es una violación concreta a la ética del Congreso que nos exige a los representantes del pueblo un respeto entre pares, que los dichos temerarios de Carignano, respecto de mi persona y otros diputados nacionales, ha violentado de manera explícita".

"Existen remedios jurídicos e institucionales para corregir y sancionar a la excitada e impertinente exfuncionaria de la Dirección de Migraciones del gobierno de los Fernández, que vamos a llevar adelante en los próximos días”, concluyó.

Tras una intervención picante en la sesión de la Cámara baja, la diputada Florencia Carignano ratificó su calificación contra la libertaria Lilia Lemoine, a quien llamó "gato". "Yo a la mujer la recontra respeto, tengo dos hijas mujeres. Ahora, no deja de ser un calificativo de una actividad que ella realiza, que se haga cargo", disparó.

En declaraciones a Radio 10 este jueves, la santafesina diferenció a "la mujer plantada en la calle luchando por sus derechos" con "esta (en alusión a Lemoine) que ni sabe de qué derechos le estás hablando. Le maquillaba la papada a (Javier) Milei, llegó ahí por eso".

Al redoblar sus argumentos, la camporista valoró a "las mujeres que se levantan a las 5 de la mañana para ir a laburar" o "las pibas que esfuerzan por ir a estudiar y además son madres".

"No hablo de prostitución, porque yo respeto a para quienes es un trabajo. Esto es otra cosa. Lo que se decía en su momento trepa. Bueno, gato. No es un tema peyorativo de las mujeres. Y también hay hombres gatos", continuó.

Al ser consultada por su respuesta a Gerardo Milman, quien planteó una cuestión de privilegio vinculada a las acusaciones en su contra por la causa del atentado contra Cristina Kirchner, la legisladora manifestó: "Estaba bastante enojada y la verdad que yo no soy políticamente correcta, no tengo mucho filtro, digo lo que pienso y por suerte se lo pude expresar a Milman".

Según reveló Carignano, anteriormente había tenido un cruce en un pasillo con Milman, a quien le dijo: "Corramos, Jerry (el apodo de él), dale". Y frente a la reacción de él, que se dio vuelta y la miró fijo, ella le devolvió: "¿Qué pasa nos va a matar?". "Por ahora no, pasen", afirmó que le contestó el diputado del Pro.

Se la pasaron diciendo barbaridades y mentiras de todo el mundo. Y por una vez que les dicen las cosas en términos libertarios se ponen sensibles y moralistas. Dejen de llorar

ASESINO, LOCA y GATO.

Fin

— Florencia Carignano (@florcarignanook) June 5, 2025

En cuanto a Lemoine, la camporista señaló que la libertaria "permanentemente se la pasa filmándonos y molestándonos con su celular".

En otro tramo de la entrevista, la diputada lanzó que "el nivel de debate es acorde a lo que tenemos enfrente, y enfrente hay un gaterío... una gente rota que no sabe para qué está ahí. No le podés hablar de filosofía a Lemoine o (Juliana) Santillán porque no lo entienden, entonces tenes que hablarles con el mismo lenguaje".

"Son burras, no tengo drama que estén ahí pero por lo menos que estudien. Son gente burra, ¿con esa gente qué debate vas a tener? Están en contra de los médicos del Garrahan, de los jubilados. No tuviste infancia, no tuviste amor. Son gente rota. Lilia Lemoine está rota", completó.

Además, Carignano consideró que "todos deberíamos salir" ante los ataques de Milei a un nene con autismo, porque eso "es inaudito". "Yo al lado de lo que dice Milei soy Heidi, dice barbaridades", apuntó.

La diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano, quien frecuentemente se caracteriza por hablar "sin pelos en la lengua", tuvo una explosiva intervención en la sesión de la Cámara baja, cuando salió al cruce del legislador del Pro Gerardo Milman y además trató de "loca" y "gato" a la libertaria Lilia Lemoine.

Todo comenzó cuando Milman, quien levantó el perfil en las últimas semanas, planteó una cuestión de privilegio contra varios diputados kirchneristas y la expresidenta Cristina Kirchner, por cuyo intento de magnicidio estuvo involucrado en esa causa.

"Vengo, señor presidente, luego de dos años y medio -y sigue ocurriendo en este momento- a presentar una cuestión de privilegio contra varios diputados de la Nación. Lo voy a resumir en algunos, pero hay más. Contra el diputado (Aldo) Leiva, contra la diputada (Carolina) Gaillard, contra la diputada Carigliano, contra el diputado (Rodolfo) Tailhade, entre muchos otros", comenzó el diputado y la santafesina le contestó desde su banca: "Es Carignano mi apellido". "Perdón diputada. Gracias por la corrección. No le agradezco que me haya dicho asesino hace unos minutos", continuó el bonaerense.

En su alocución, Milman también mencionó a los intendentes y concejales de los 19 municipios que componen la Tercera Sección Electoral, por donde será candidata la presidenta del PJ Nacional. "¿Por qué borraste el teléfono?", le gritaba mientras Tailhade, cuando el exfuncionario de Patricia Bullrich sumaba que la cuestión de privilegio iba contra "el doctor Sergio Tomás Massa, contra el gobernador Axel Kicillof, contra el doctor Alberto Fernández, y la señora Cristina Elisabet Fernández".

En clave electoral, Milman retrató que la situación social en la tercera sección es de "miseria". "Ahí es donde viven cinco millones de habitantes. Ahí es donde nos vamos a preparar para que dejen nuestros compatriotas de vivir en la miseria, en la inseguridad y nos vamos a preparar para lograr una coalición que el 7 de octubre (septiembre) compita contra quienes han llevado adelante este proceso de degradación social", cerró.

"¡Trucho! ¡Sos un trucho!", le gritó Leopoldo Moreau, mientras que más tarde tomó la palabra Carignano: "No quiero plantear una cuestión de privilegio, sino que quiero hacer una aclaración. En primer lugar, celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga y tirado durante dos años. ¡Bien! Pudiste hablar después de dos años; lo hiciste leyendo, pero pudiste hablar. La verdad que es un gran avance".

La santafesina expresó que "el segundo gran avance es que estamos en el marco de la democracia y evidentemente lo estás aceptando porque no nos mandaste a matar a ninguno de nosotros, o sea, no nos mandaste a gatillar y estás haciendo una cuestión de privilegio".

"Celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado como intentaste hacer con Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, sigo pensando que la quisiste matar y sigo pensando que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretarias y con toda esa yunta con la que andabas por ahí", lanzó.

La diputada Carignano es una fiel representante del feminismo K. La transcripción de su vómito de mentiras y veneno va a ser divertida. Hay que sancionar estos comportamientos dentro de la cámara. Creo que es una vergüenza hasta para sus colegas. pic.twitter.com/aKfI5sgcy0

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 5, 2025

La camporista recordó entonces la frase que se le adjudicó a Milman: “Cuando la maten a Cristina yo ya voy a estar yendo a la costa”. Esto provocó la reacción de Lemoine, quien dijo: "¡Eso es falso! ¡Dejen de mentir!". Y Carignano le devolvió: "¡Cállate, loca!".

Entonces, siguió: "Ahora por suerte no haces más proyectos de ley pedorros y haces cuestiones de privilegio. Celebro que plantees esta cuestión de privilegio y no nos amenaces por los pasillos como andás haciendo, mirándonos amenazantemente, y te quejes delante de todos. La verdad que estás mejorando un montón, Jerry, te felicito".

"¡Dejá de mentir! ¡Son una vergüenza!", insistió la libertaria, a lo que Carignano retrucó: "¡Cállate la boca, gato!". Dirigiéndose a Milman, finalizó: "Las cuestiones pendientes las tenés que resolver en la Justicia porque tu teléfono no llegó bien a donde tenía que llegar porque borraste todo. Entonces, vos sabés muy bien que tenés que demostrar todo en la Justicia".

Indignada por los dichos hacia su compañera, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, manifestó estar "harta". "No tengo huevos, pero me los inflaron porque cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza, se quejan que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato... ¡Déjense de joder, loco! Ustedes hablaban de feminismo...", sostuvo.

La neuquina pidió que "discutan las ideas y dejen de agredirnos", y añadió: "No les voy a permitir que se lo digan a la diputada Lemoine ni a ninguna diputada de esta Cámara. Ustedes, que son los que siempre dijeron que defienden a las mujeres, nos están defenestrando porque no tienen argumentos. Use argumentos, señorita, en vez de estar agrediendo sin ellos".

Juro que no tenía opción jajaja https://t.co/hDj6xDtz61

— Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) June 5, 2025

La reacción en redes de Tomás Ledesma, compañero de bancada de Carignano

El diputado nacional Gerardo Milman se presentó este miércoles en el juzgado de la doctora María Eugenia Capuchetti para realizar una declaración testimonial vinculada con el atentado del que fuera víctima el 1 de septiembre de 2022 la entonces vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Lo hizo en el marco de una declaración espontánea en la que solicitó su sobreseimiento por no existir ninguna vinculación suya en la causa en la que fue involucrado a raíz de una declaración de un asesor del exdiputado camporista Marcos Cleri, Jorge Abello, quien sugirió hace dos años y medio la posibilidad de que el legislador nacional supiera de antemano lo que iba a pasar, reportando haberlo escuchado decir dos días antes del ataque la frase: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Eso dio lugar a una investigación en la que Milman pidió ser sobreseído, al cabo de una prolongada exposición de 5 horas ante la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Ante ellos sostuvo que en caso de haber habido uno o varios autores intelectuales del ataque a CFK, deberían buscarlos en las entrañas mismas del poder de la época y no en él.

En el marco de su exposición, según pudo saber parlamentario.com, el diputado del Pro mostró una cronología de sucesos donde hay a su juicio responsables políticos, viendo los hechos concatenados.

Por qué lo involucraron

Según declaró ante la justicia, Milman piensa que hay tres motivos que justificarían que él haya sido vinculado a la causa. Cree que hay gene cercana a Cristina Kirchner que quiso ser “más papista que el papa” y por eso lo pusieron en la mira. El primer motivo lo sitúa en su primera gestión como diputado, cuando se discutía una ley de blanqueo, y él mencionó en pleno recinto la escala “no prevista” que la entonces presidenta había hecho en las islas Seychelles, lugar que definió como un “paraíso fiscal”. Al cabo de la sesión, el entonces titular del bloque FpV, Agustín Rossi, lo acusó de mentiroso, diciendo que esa escala no había existido, ante lo cual Milman le mostró una copia del Boletín Oficial que lo probaba.

Para citar el segundo motivo por el cual habrían querido involucrarlo a él, se remontó a los tiempos en que formó parte de AFSCA en tiempos de la discusión de la Ley de Medios. Cuando en una conferencia de prensa el titular de ese organismo, Martín Sabbatella, anticipó la intención de intervenir el Grupo Clarín, él y  Marcelo Stubrin -que integraban el directorio del AFSCA en representación de la oposición-, emitieron un dictamen en minoría que luego fue usado por Clarín para demostrar la irregularidad del procedimiento y la justicia les dio la razón.

Y el tercer episodio estaba vinculado con el avión venezolano-iraní que pasó por nuestro país en tiempos de Alberto Fernández y fue detenido junto con sus tripulantes a instancias de una denuncia suya realizada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, del doctor Federico Villena. Años después, ya durante la gestión de Javier Milei, luego de que la aeronave fuera remitida a Estados Unidos, donde fue desguazada, él promovió dos denuncias contra el ministro de Seguridad de cuando sucedió el hecho, Aníbal Fernández, y el interventor de la AFI, Agustín Rossi.

Esos tres casos son los que para Milman motivaron que lo hubieran involucrado luego, como revancha, en el ataque a la expresidenta.

Según la información a la que accedió parlamentario.com, el diputado dedicó buena parte de su presentación a argumentar la falsedad de la acusación en su contra y planteó la posibilidad de que en el entorno de la expresidenta existieran vinculaciones con el episodio. Arrancó planteando que la pistola utilizada en el hecho, si bien tenía municiones en el cargador, al no estar los mismos en la recámara no podía ser disparada por más veces que gatillaran. Y citó el discurso por cadena nacional del presidente Alberto Fernández en la medianoche del atentado, donde habló de un “discurso de odio” que atribuyó a “distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos”, lo que lo lleva a pensar que el entonces presidente encontró culpables.

Con relación a la denuncia de Jorge Abello, a quien denunció por “falso testimonio”, Milman señaló entre otras cosas que en caso de haber sido real la frase que se le adjudica, respecto de que cuando la mataran él estaría camino a la costa, sería lógico que el eventual autor intelectual debería permanecer lejos cuando ocurriera el hecho, y, por el contrario, el 1 de septiembre de 2022 él abandonó a las 8 el hotel de Pinamar, adonde había ido y a las 12.15 estaba en CABA.

Los teléfonos borrados

Milman dedicó buena parte de su exposición ante la Justicia a hablar de su teléfono, el cual fue entregado a la justicia. Aclaró que por tener relación con agencias internacionales de origen secreto, y otras cuestiones personales y secretos, suele borrar periódicamente las comunicaciones, en prevención a que el aparato pueda ser extraviado, robado o hackeado. Lo dijo por las especulaciones que se hicieron respecto de lo sucedido con su celular.

Luego relató la persecución periodística que se desató cuando lo involucraron en el hecho, como así también lo que debió pasar en pleno recinto del Congreso, donde colegas oficialistas le gritaban “asesino”. También habló de cómo un medio kirchnerista exhibió sus facturas, violando su secreto fiscal, como así también mostraron en TV resúmenes de su tarjeta de crédito. Esto es, violación a su secreto fiscal y bancario, como así también denunció haber sido víctima de amenazas e intimidaciones a sus hijas. Aseguró por otra parte que lo persiguió la propia AFIP.

También se refirió a la manera como fueron tratadas en los medios las colaboradoras con las que estaba cuando Abella dijo haberlo escuchado decir lo que luego denunciaría. Una de ellas, contó Milman, estaba muy deprimida, lloraba todo el tiempo y le pedía ayuda económica ya que había sido despedida de la Cámara de Diputados por la presidenta Cecilia Moreau. El la ayudó las veces que pudo, pero no siempre, hasta que finalmente ella consiguió un abogado, también dinero para pagar el alquiler y desarrollar un emprendimiento, y finalmente se presentó ante ese juzgado para decir que su teléfono había sido borrado por un perito en oficinas de una ONG de la que él era director ejecutivo. Milman sugirió que le habían pagado para decir eso y que en realidad el teléfono no había sido borrado, pero que si lo hizo fue motu proprio.

Dudas sobre el atentado

Entre las cosas que le llaman la atención del atentado contra Cristina, mencionó la ausencia del jefe de la custodia de la entonces vicepresidenta el día que sucedió el ataque. El comisario general Diego Carbone practica kickboxing y en vísperas del ataque concurrió a Río de Janeiro para participar de un campeonato en el que salió campeón. En el torneo se lastimó una mano y justo el 1 de septiembre de 2022 había resuelto atenderse en esa mano.

Asimismo recordó que en vísperas del atentado, el ministro Aníbal Fernández había resuelto incrementar la custodia personal de la vice, como así también denunció que la Policía de la Ciudad había puesto una cámara adicional apuntándole al domicilio de Cristina Kirchner para espiarla.

Luego se refirió al autor del atentado, Fernando Sabag Montiel, quien no fue detenido por la Policía Federal que cuidaba a Cristina, sino por militantes de La Cámpora. Sabag Montiel también descartó el arma y su teléfono celular, pero no fue la Policía Federal la que los encontró, sino otra vez militantes de La Cámpora. Y cuando en un momento el autor del fallido magnicidio logró zafar de su detención y escapó, lo detuvo la Policía de la Ciudad y no la Federal.

También su novia Brenda Uliarte estaba cerca y sorteó la seguridad para escaparse, lo mismo que el jefe de los copitos. En ningún caso esos cómplices se fueron demasiado lejos.

Milman planteó otro interrogante al alertar sobre otro militante de La Cámpora llamado Cristóbal José Elgueta Collado, quien había grabado el video del intento de asesinato y lo hicieron entrar al edificio donde vivía Cristina. Allí, a él y su amiga llamada Sofía Manusovich -a quien le había mandado el material- les hicieron borrar los videos. Milman se preguntó porqué alguien de civil, supuestamente de la custodia de CFK, había querido borrar la principal prueba de la causa.

Sumó las dudas de Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner, quien tuiteó el 9 de septiembre de 2022 que cuando Cristina lo deseara llevarían a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. También Dalbón aseguró que su olfato le decía que el enemigo es “tropa propia”. Y por último citó el cabo de la Federal sin experiencia tecnológica que terminó borrando el celular de Sabag Montiel, todo lo cual lo lleva a una sumatoria de hechos que hacen pensar que hubo detrás de todo esto algo más. Milman dijo no saber si hubo uno o más autores intelectuales, pero que hay que buscarlos. De lo que sí está absolutamente seguro es de que él es “absolutamente inocente”, les dijo a la jueza y el fiscal.

Si bien hace ya un tiempo que el diputado nacional Gerardo Milman dejó de lado el perfil bajo que venía manteniendo desde que una denuncia lo involucró en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y todo el kirchnerismo duro la emprendió contra él, este miércoles volverá a recuperar un primer plano mediático cuando se presente en los Tribunales de Comodoro Py.

Es que allí se presentará para hacer “una declaración espontánea” referida al atentado contra la expresidenta ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Así lo confirmó el propio legislador nacional a parlamentario.com, al señalar que su presentación tiene que ver con la denuncia que en su momento hicieron contra él mismo y puntualmente con el supuesto intento de magnicidio, aunque él hablará de “autoatentado”. Su presentación planteará “si hubo autores intelectuales y ayudar a la justicia a encontrarlos”.

El grave incidente que involucró a la exmandataria ocurrió el citado jueves 1 de septiembre de 2022, a las 20.52, en el barrio de Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó a la cabeza de la entonces vicepresidenta de la Nación una pistola Bersa calibre 7.65 mm, con munición real en su cargador. Si bien gatilló en dos ocasiones, los disparos no salieron.

En el marco de la investigación, en su momento el supuesto testigo Jorga Abello denunció haber escuchado a Gerardo Milman haber dicho en el bar Casablanca dos días antes del ataque “cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Abello era asesor del diputado camporista Marcos Cleri, y se presentó ante la justicia para afirmar que le había escuchado decir eso a dos empleadas de su despacho con las que estaba en otra mesa.

Ese encuentro fue certificado por las cámaras de seguridad y admitido por las propias colaboradoras de Milman, aunque otras medidas ordenadas no alcanzaron a darle credibilidad a los dichos de Abello. Así y todo, le fue secuestrado el aparato celular al diputado Milman, cosa que también se hizo con los celulares de sus asesoras.

Milman reveló a este medio que “jamás me denunciaron” y remarcó que solo se trató de “un testigo, pero no hay denuncia alguna”.

Lo cierto es que a partir de las de entonces el kirchnerismo la emprendió duramente contra él. En ese contexto, Milman bajó totalmente su perfil, aunque siguió asistiendo a las sesiones. En los últimos tiempos volvió a mostrarse participativo y activo, recobrando su carácter prolífico en materia de presentación de proyectos.

De hecho, este mes lleva presentados 16 proyectos, 4 de ellos de ley.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para derogar la prohibición de allanamiento de domicilios particulares y comerciales de los funcionarios públicos en el marco de investigaciones judiciales, excluyendo los despachos oficiales, de todos los funcionarios comprendidos en la Ley de Fueros sancionada en el año 2000.

“Nuestra propuesta tiene como objetivo acelerar las causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, diputados y senadores nacionales y que éstos no tengan tiempo de eliminar pruebas que los involucren en casos de corrupción y otros”, señaló.

Para el bonaerense, "la prohibición de allanar domicilios particulares y comerciales de los funcionarios no sólo obstaculiza el accionar del Poder Judicial, sino que erosiona la confianza en las instituciones y en el orden jurídico”.

“Los fueros están para proteger al funcionario de una persecución política o judicial que lo priven de la libertad sin una condena, pero no para evitar que la justicia busque pruebas durante el proceso judicial en los ámbitos que crea conveniente”, sostuvo.

Finalmente, el legislador argumentó: “Queremos darle herramientas a la Justicia para que pueda investigar y allanar sin trabas de parte de la corporación política, pero preservando los despachos oficiales del funcionario público".

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para incorporar el sufragio digital y voto por correo postal al régimen electoral nacional, en todas sus instancias, como formas complementarias, optativas y fiscalizables de emisión del sufragio, conforme a los principios de igualdad, universalidad, transparencia, secreto y seguridad.

“La sociedad demanda sistemas electorales modernos para ejercer plenamente el derecho a votar con modalidades que sean eficaces y transparentes”, consideró el legislador, quien argumentó que con la incorporación de estas modalidades "garantizamos, tal como lo estipula el artículo 37 de la Constitución Nacional, el derecho a votar para todos los ciudadanos pero, especialmente, para aquellos que por razones de salud, residencia en el exterior o de cualquier otra índole no pueden votar con el actual sistema presencial”.

El bonaerense explicó que "a pesar que el Código Electoral Nacional no contempla otras formas de votación, el voto por correo ya ha sido utilizado para electores residentes en el exterior, con resultados positivos en acceso y seguridad".

Además, puso como ejemplo la experiencia internacional: "El sufragio digital remoto (e-voting) se ha usado en países como Estonia, donde el votante tiene un DNI electrónico con un PIN secreto asociado que permite que el sufragio emitido esté encriptado para mantener el anonimato, y también ha sido utilizado en algunos estados de Canadá y de Estados Unidos, y representa una innovación necesaria para adecuarse a la nueva era digital bajo estrictos parámetros de seguridad informática, trazabilidad, transparencia y control multipartidario”.

En sus argumentos, resaltó que en las últimas seis elecciones provinciales hubo una significativa merma de la participación electoral, un 55,6% en Santa Fe; un 64% en Jujuy; un 62%, en Salta; un 52% en Chaco; un 60% en San Luis y un 53,3% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“No venimos a reemplazar el sufragio presencial, que a veces excluye electores del sistema, sino que proponemos ampliarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos digitales para incluir a todos los que quieren votar”, afirmó Milman y agregó que con el voto electrónico, presencial o remoto “se reduce el tiempo del comicio, permite mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida y elimina el problema del robo de boletas, la rotura de las mismas y el voto en cadena para favorecer a un determinado partido, permitiendo mayor participación de la ciudadanía”.

Por otra parte, en relación al voto por correo postal, expresó que "es un método utilizado en países como Alemania, Estados Unidos, el Reino de España y Suiza y que debemos implementarlo en Argentina. Con estas modalidades, voto electrónico y voto por correo, vamos a tener una mayor participación ciudadana en los procesos electorales, dándole libertad al elector para ejercer su derecho a sufragar a través del proceso que crea más seguro".

“Desde hace décadas se viene planteando el problema de la baja concurrencia electoral por parte de la ciudadanía. Ya es hora de construir una democracia moderna con procesos electorales que ya han demostrado su eficacia en varios países del mundo. Por eso queremos ofrecerle a nuestros ciudadanos mayores incentivos mediante las propuestas de sufragio por correspondencia postal, como así también la de sufragio digital. El sufragio digital, bien diseñado y gestionado, no reemplaza la democracia, todo lo contrario, la fortalece con una mayor participación de la ciudadanía”, finalizó.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley para establecer el marco regulatorio del uso de armas no letales sónicas en las fuerzas de seguridad que responden al Ministerio homónimo a cargo de Patricia Bullrich. “Tenemos que modernizar y hacer más sofisticado el accionar”, explicó.

Entre los fundamentos, el legislador se basó en la Ley 20.429 sobre Armas de Fuego y Explosivos, sancionada en 1973, la cual regula la tenencia, portación y uso de armas de fuego, pero también contempla aspectos relacionados con armas no letales en ciertos contextos.

“Con la utilización de armas no letales, como las sónicas, habrá mayor capacidad de disuasión por parte de las fuerzas de seguridad ante delitos ordinarios, disturbios y manifestaciones que atenten contra el orden público”, consideró el diputado que integra el bloque Pro, responde a la ministra de Seguridad de la Nación.

Del mismo modo, señaló que “la utilización de estas armas seria menos agresivo que el empleo actual de armas no letales como las balas de goma y gases lacrimógenos que han causado graves lesiones a los manifestantes en algunas ocasiones”, y añadió que “las armas sónicas con un dispositivo acústico de largo alcance que utiliza ondas de sonido de alta intensidad para dispersar multitudes o transmitir mensajes de advertencia”.

“Estoy convencido del empleo de estas porque ofrecen enormes ventajas operaciones no letales y, además, con este proyecto establecemos un marco normativo con estrictos protocolos de aplicación que harán efectivo su uso sin causar daños y lesiones en quienes alteren el orden público”, finalizó Milman.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que propone la "federalización" del registro patentable, al establecer "el derecho de toda persona humana o jurídica a elegir libremente la jurisdicción en la cual registrar el dominio de cualquier bien registrable sujeto a patentamiento".

"Queremos una reforma que permita, a los ciudadanos y a las empresas, elegir en qué provincia quieren registrar el dominio de sus bienes patentables, lo que además permitirá una eficiente descentralización administrativa y fortalecerá el federalismo, llevando a la baja la carga impositiva”, señaló el legislador.

En ese sentido, indicó que "como bien establece la Constitución en su artículo 17, la propiedad es inviolable, y las personas, físicas o jurídicas, deben tener la libertad de gestionar sus bienes de la manera que mejor se adapte a sus necesidades, incluyendo la elección de la jurisdicción para su registro”.

El bonaerense agregó: "También hay, con esta reforma, un respeto por la autonomía personal y la libertad de elección de las personas, empoderándolas y permitiéndoles tomar decisiones informadas que optimicen sus recursos y necesidades específicas”.

“En muchos países existen medidas para que se puedan registrar automotores, bienes industriales y otros, en la región que mejor se adapte a sus necesidades, con bajos impuestos. ¿Por qué no importar estas prácticas exitosas a nuestro país?”, manifestó Milman.

Que puedas patentar donde sea más barato.

Estoy presentando un proyecto de ley para que puedas registrar tu auto, moto o cualquier bien patentable en la provincia que vos elijas, sin importar dónde vivís.
Es una forma concreta de devolverte libertad, hacer que las provincias… pic.twitter.com/cOLEMPdeyI

— Gerardo Milman (@gmilman) May 11, 2025

Para garantizar que el sistema sea coherente y le dé garantías al ciudadano, el diputado nacional propone crear un Sistema Nacional Unificado de Interconexión Registral (SNUIR), que permita la interoperabilidad entre las distintas jurisdicciones y asegure que la información sea consistente y accesible en todo el país. Además, se prevén estándares legales y procedimientos homogéneos en todas las jurisdicciones para garantizar la seguridad jurídica y establecer una reforma que lleve a bajas impositivas para registrar bienes.

“En la actualidad hay una distorsión impositiva significativa para el patentamiento de bienes. Según un informe de la Fundación Libertad, la carga impositiva en algunas provincias, por ejemplo, para el patentamiento automotor es mucho más fuerte que en otras regiones de mundo, incluso, en algunas provincias los valores se triplican en comparación con otras", apuntó el legislador.

Y concluyó: “Con este proyecto lograremos una sana competencia entre las provincias, que mejorará la eficiencia de los servicios de registro y fomentará un desarrollo regional más equitativo. Pero, además, le daremos libertad al ciudadano y a las empresas para que puedan registrar sus bienes en las jurisdicciones que mejor garanticen la protección de su patrimonio e inversiones”.

En la previa del paro de colectivos anunciado para este 6 de mayo por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y que el Gobierno busca desactivar, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que propone declarar al transporte público de pasajeros como un recurso esencial.

“Debemos poner fin a los abusos y extorsiones de ciertos sectores sindicales que, amparados en la fragilidad del sistema de transporte público, convierten a los ciudadanos en rehenes de sus intereses”, enfatizó el legislador.

Además, el bonaerense criticó que "desde hace años vemos como ciertos líderes sindicales han utilizado los paros y medidas de fuerza como instrumentos de presión para obtener beneficios personales y mantener su control sobre las estructuras sindicales”. “Esta situación se ha visto agravada por la opacidad y falta de transparencia en la gestión de los sindicatos, así como por la connivencia de ciertos sectores políticos que han permitido la perpetuación de estas prácticas corruptas", continuó.

Para Milman, "los paros y medidas de fuerza se han convertido en una herramienta de extorsión y chantaje, que además atentan contra el normal desarrollo del país y generan pérdidas importantes en PyMEs y grandes empresas".

Sobre su iniciativa, el diputado sostuvo que "declarar al transporte público como un recurso esencial en los días de paro es un paso que permitirá garantizar la continuidad de los servicios básicos y permitirá que los trabajadores y la población en general puedan acceder a los lugares de trabajo, educación, salud y otros servicios fundamentales, sin quedar a merced de los caprichos e intereses de ciertos líderes sindicales”.

“No buscamos coartar el legítimo derecho de los trabajadores a realizar medidas de fuerza en defensa de sus derechos laborales, sino más bien garantizar que estas medidas se lleven a cabo de manera responsable y sin perjudicar a terceros", aclaró y concluyó: "Al establecer la prestación mínima del servicio de transporte público, estaremos asegurando que los paros sean efectivos y no se conviertan en meros actos de vandalismo y extorsión, fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país”.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley para limitar las reelecciones indefinidas para los cargos de senadores y diputados nacionales limitándolo a solo dos períodos consecutivos.

“La mejor forma de fortalecer la democracia representativa es limitando la reelección indefinida de  legisladores nacionales”, señaló Milman y cuestionó: “¿Si la reforma constitucional de 1994 limitó a dos períodos para el cargo de presidente y vicepresidente porque los diputados y senadores debemos tener reelecciones sin vencimiento?”.

“Al tener la oportunidad de sentarse en una banca continuamente, los legisladores nacionales se convierten en una clase política profesionalizada que, lejos de representar a la ciudadanía, responde a sus propias dinámicas internas, constituyendo una verdadera casta política”, dijo el legislador nacional.

“Con el actual sistema debilitamos la conexión entre representantes y representados consolidando burocracias parlamentarias que perduran en el tiempo y que terminan poniendo piedras en el camino estando ajenos a los cambios que se producen en la voluntad popular, a la renovación generacional o a las transformaciones ideológicas del electorado”, sostuvo el diputado bonaerense.

“Esta modificación permitirá, además, oxigenar los partidos políticos con mayor participación, especialmente de los jóvenes quienes se encuentran subrepresentados en relación con su peso demográfico en el padrón electoral. La participación democrática exige igualdad de oportunidades y sólo admite restricciones basadas en la edad y la aptitud que no tengan carácter de discriminación social o política. La reelección indefinida termina siendo una restricción para la democracia partidaria y política”, dijo Milman.

El legislador del Pro cerró diciendo que “mientras en ámbitos legislativos provinciales la política trabaja para atornillar dirigentes a las bancas, nosotros buscamos dotar de mayor participación ciudadana al Congreso Nacional, fortaleciendo la República con hombres y mujeres comprometidos con una mejor democracia que este a la altura de los cambios que suceden a nivel mundial y de los cuales nuestro país no puede quedar exento”.

El diputado nacional Gerardo Milman, quien ocupa una banca dentro del Pro, presentó un proyecto de ley para prorrogar las facultades delegadas, aprobadas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742), al presidente Javier Milei por el término de un año más. La iniciativa fue acompañada con la firma de la oficialista Lilia Lemoine.

El próximo martes 8 de julio se cumple un año desde la reglamentación de la Ley de Bases publicada en el Boletín Oficial, por lo que a partir del miércoles 9 -feriado nacional- la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética perderá su vigencia.

En defensa de este texto, Milman redactó en los fundamentos que “se trata de una decisión de Estado, consciente y deliberada, enmarcada en un proceso de transformación estructural de la República Argentina que exige coherencia, visión histórica y coraje político”.

A su vez, señaló: “La continuidad del programa de reformas emprendido por el Gobierno Nacional no puede quedar rehén del calendario ni de los intereses sectoriales que pretenden asfixiar el cambio antes de que maduren sus frutos”.

Milman, también, sostuvo que “la delegación de facultades no sustituye al Congreso: lo complementa. Y esta prórroga no implica un retroceso institucional, sino una reafirmación de la voluntad política del Parlamento de acompañar, respaldar y supervisar el rumbo de transformación elegido por la mayoría del pueblo argentino”.

El tablero de la votación en particular sobre declaraciones de emergencia.

La delegación de facultades se aprobó en el articulo 1 de la Ley de Bases en abril del 2024 y la misma logró 134 votos afirmativos, 117 negativos y 1 abstención. En aquella extensa jornada en el recinto se opusieron los 6 diputados de la Coalición Cívica, los 5 del Frente de Izquierda, 4 radicales que hoy integran Democracia para Siempre (Pablo Juliano, Facundo Manes, Fernando Carbajal y Marcela Coli), 4 de Encuentro Federal (Jorge Ávila, Natalia de la Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón), el santacruceño Sergio Acevedo y 97 integrantes de Unión por la Patria (solo Roberto Mirabella, hoy monobloquista, y Guillermo Snopek estuvieron ausentes).

En efecto, los autores de este proyecto, Gerardo Milman y Lilia Lemoine, votaron a favor.

Ibamos camino a una catástrofe económica. La Ley Bases evitó lo peor y hoy vemos los resultados: baja la inflación, orden fiscal, estabilidad
Con @lilialemoine presentamos un proyecto para prorrogarla un año más.
El cambio empezó, la CASTA no lo va a frenar @LuisCaputoAR @JMilei pic.twitter.com/17s3zOTYbt

— Gerardo Milman (@gmilman) April 25, 2025

En el transcurso de este verano, Unión por la Patria propuso un texto para derogar las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo como consecuencia del caso $LIBRA que vincula al presidente Javier Milei por la difusión de una criptomoneda que generó pérdidas multimillonarias, procesos judiciales nacionales e internacionales y la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que propone derogar el aporte solidario obligatorio en el ámbito privado para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). “El objetivo es derogar los aportes solidarios obligatorios que hoy pesan injustamente sobre empresas que no han elegido ser parte de ninguna asociación o cámara empresarial”, explicó.

Sobre el tema, que se encuentra en debate en la Comisión de Legislación del Trabajo junto a iniciativas vinculadas a la “cuota solidaria” sindical, el legislador sostuvo: “En el marco de un espíritu de época, debemos darle libertad a las PyMEs de disponer de sus recursos para poder invertir en el desarrollo de sus empresas, de sus productos o en lo que quieran”.

“Así como los trabajadores tienen que tener la libertad de disponer de sus ingresos, sin estar obligados a aportar a un gremio, las empresas deben tener la misma libertad sin estar obligados a aportar a cámaras empresariales o asociaciones”, agregó.

Milman consideró que con esto “no sólo hablamos de libertad, sino también de igualdad de derechos”. “Las personas físicas tienen derecho a disponer de su dinero, las personas jurídicas también, sin embargo, se viola esta igualdad a través de convenios colectivos u otras disposiciones, donde cámaras empresariales consiguen que se les imponga un ingreso automático, coactivamente cobrado sobre toda la actividad económica de un sector, generando una verdadera renta de posición. Esto es inaceptable”, enfatizó.

Según un relevamiento de prensa especializada, las cuotas solidarias se estiman entre el 1% y el 3 % mensual, en promedio. Sin embargo, hay sectores productivos, como la actividad pesquera, en donde el descuento es del 4%. Los convenios de aceiteros y de tintoreros también incluyen la cláusula.

“La representación genuina debe sostenerse sobre la afiliación libre y el aporte voluntario, no sobre la coacción económica, por eso queremos que se eliminen los aportes solidarios o cuotas a quienes no son afiliados. Solo quienes adhieran a una entidad empresarial deberán sostenerla económicamente, en línea con los principios constitucionales y de respeto a la libertad individual”, finalizó el bonaerense.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto para derogar la Ley N° 27.612, denominada “Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, también conocida como “Ley Guzmán”, en referencia al exministro de Economía de Alberto Fernández Martín Guzmán.

“La Guzmán, es una norma ineficaz que termina siendo riesgosa para la estabilidad macroeconómica del país”, sostuvo Milman al presentar el proyecto y agregó que “con esa ley deberíamos tener una mesa de dinero en el Congreso, más precisamente en Pasos Perdidos”.

“La ley no fortalece el rol del Congreso en el control de la deuda pública y se termina convirtiendo en una norma para generar turbulencias económicas en el lapso en el cual el Congreso aprobaría tomar deuda y el Poder Ejecutivo firmara el acuerdo con los organismos internacionales correspondientes”, señaló el legislador nacional.

El dirigente bullrichista continuó: “Miremos que peligrosa es esta ley que, teniendo en cuenta que el Estado hace operaciones por la deuda todos los días, nosotros como diputados deberíamos conformar una mesa de dinero en el Congreso y decidir diariamente cuantos bonos de la deuda se compran y se venden cuando esta operación está bajo el control del Congreso a través del artículo 2 de la Ley de Administración Financiera. Una ridiculez”.

Así las cosas, Milman no tiene dudas de que “necesitamos derogar de la Ley N° 27.612 y reponer el citado artículo 2 de la N° 24.156, como pasos esenciales para consolidar una política fiscal sólida, una deuda pública sustentable y una Nación verdaderamente soberana. El gobierno evito una hiperinflación, resultado del plan platita, y comenzamos a transitar un camino veloz hacia una economía sana”. Y finalizo afirmando que “este esfuerzo que estamos haciendo los argentinos, que demanda coraje y disciplina, redundará en un océano de oportunidades para nuestro país, por eso resulta imperioso dotar al Estado argentino de instrumentos legales modernos, eficaces y consistentes con el nuevo tiempo que estamos viviendo”.

Diputados constituyó el Grupo Parlamentario de Amistad con la república de Polonia en un encuentro que se realizó en el bajo recinto del Palacio Legislativo siendo designado presidente del mismo el diputado del Pro Gerardo Milman. También participó la Encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz.

A la hora de asumir como titular del Grupo Parlamentario de Amistad, Milman remarcó los vínculos entre ambas naciones y recordó que en la Cámara de Diputados se trabajó en Convenios bilaterales con el país europeo.

“Esperamos poder avanzar en acuerdos comerciales que son muy importantes y fortalecer vínculos entre ambos países, generando intercambio entre los legisladores y la Embajada. Tenemos interés también en trabajar en una agenda cultural”, sostuvo el diputado del Pro.

Por su parte, Ruminowicz agradeció “el compromiso entre ambos países”, y recordó que “la comunidad polaca es bastante grande en Argentina”. “Hay muchas empresas de Polonia que tienen planes de inversiones grandes en Chubut en materia de hidrógeno verde. Esperamos estrechar los vínculos con las empresas polacas en diversas materias”, mencionó.

“Nos interesa tener vínculos con la ciencia y las universidades. Estamos deseosos de apoyar la cooperación con Argentina. Polonia tiene un papel importante en la Unión Europea”, añadió la Encargada de Negocios de Polonia.

El GPA con Polonia se completó con la integración de los diputados Atilio Benedetti (UCR), Florencia Klipauka Lewtak (LLA), Lilia Lemoine (LLA), Mónica Litza (UP), Juan Marino (UP), Francisco Morchio (EF) y Ana Clara Romero (PRO).

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro-Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para liberar la post venta de entradas de todos los espectáculos públicos deportivos y culturales en el país.

La iniciativa tiene como objetivo central darle un marco legal a la post venta de entradas, liberándola a través de los canales que sean habilitados por la autoridad de aplicación nacional, que le dé seguridad al comprador y al vendedor.

“La reventa de entradas se ha incrementado en los últimos años, especialmente con la aparición de plataformas digitales, y ha llevado a que, a través de sitios no oficiales, muchos consumidores se vean perjudicados al ser estafados por comprar entradas falsificadas” señaló el legislador.

Y explicó que el proyecto "establece darle un marco sólido a la post venta de entradas de espectáculos garantizando seguridad jurídica, transparencia, acceso al mercado secundario de post venta para que los consumidores puedan comprar o vender en plataformas habilitadas sin tope de precio y llevar un control para evitar las prácticas abusivas”.

Según su impulsor, la iniciativa garantiza los derechos del consumidor y permite, al vendedor, revender la entrada sin entrar en mercados ilegales que lo perjudiquen puesto que las plataformas habilitadas deberán contar con las herramientas que permitan verificar la autenticidad de las entradas y una política certera y dinámica para los casos de devolución de las mismas.

Ante la postergación del avance del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y su regreso a foja cero, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) informó en X que "presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder ejecutivo que convoque a una consulta popular" y buscar aprobar la iniciativa del presidente Javier Milei con el voto del pueblo de la Nación.

De esta manera, Milman remarcó su pedido basado en el artículo 40 de la Constitución Nacional, a la espera de conocer lo que sucederá con la ley ómnibus durante el período de sesiones extraordinarias, el cual culmina este 15 de febrero, y aun no hay certezas de que sea prorrogado.

En el día de hoy he presentado un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo convoque una Consulta Popular en los términos del Artículo 40 de la CN.
Así mismo presente un proyecto de Ley en el mismo sentido regulado por el segundo párrafo del Artículo 40 @JMilei

— Gerardo Milman (@gmilman) February 7, 2024

El texto que Milman relató presentar en la Cámara de Diputados propone que la iniciativa del Poder Ejecutivo sea sometida a una votación en las urnas, la cual será aprobada o rechazada a partir del resultado del sufragio de la ciudadanía. Es decir, el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

También, está la convocatoria a consulta popular no vinculante donde el voto no es obligatorio y puede ser solicitada por el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias.

El único antecedente del plebiscito en Argentina fue en 1984 cuando el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, sometió a voluntad popular el parecer de la ciudadanía respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle, luego de la mediación del papa Juan Pablo II.

La propuesta fue aprobada por el 82% de los votos, frente al 17% que optaron por la negativa y menos de un 2% de votos en blanco o nulos.

Después de muchos meses de ostracismo, tras ser involucrado por un supuesto testigo en el atentado contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner, volvió a hablar en el recinto el diputado nacional Gerardo Milman. Poco antes de las 16 de este viernes, el legislador del Pro admitió que tal vez el proyecto discutido debió haber pasado por más comisiones. “Quizás todas”, sugirió, pero advirtió que “si hubiese pasado pro todas las comisiones, igual la hubiesen votado en contra. No es ese el problema”.

Para Milman, en la Argentina “conviven dos modelos de país. Y no está mal que haya dos miradas de país. La Argentina tiene un problema de políticas de Estado, de consensos en algunas materias, y que se fueron perdiendo. Hay distintas miradas y ojalá en algún momento podamos arribar a esos consensos aun con miradas distintas en muchísimos temas”.

“Argentina es Mariano Moreno y Saavedra; es Roca, Juárez Celman, Yrigoyen, Alem, Alvear, Rosas, Rivadavia, Urquiza, Derqui, Frondizi, Perón, Illía, Alfonsín, Carlos Menem, De la Rúa, Duhaldel, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri Macri  y Javier Milei. Somos todo eso, nos guste o no nos guste”, afirmó.

Milman observó que “el pueblo a veces vota a uno y a veces vota a otro. Y por eso hay alternancia; no resolvimos cómo se come, cómo se educa, cómo se vive, y esa es nuestra responsabilidad, no de los que están afuera”.

Para Gerardo Milman, “debemos preocuparnos por los que no están en esta ley, cómo vamos a terminar con la inflación, cómo vamos a resolver la pobreza, la segurdad… Me solidarizo con todos los legisladores y el personal de seguridad que sufrieron violencia, pero también con la familia de Uma, y todas las Umas que tienen nuestra Argentina todos los días”.

En un mensaje muy contemplativo, Milman hizo hincapié en las discusiones armadas en torno al dictamen y los cambios sobre el mismo. Por eso llamó a “ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas; no está mal que se modifique el dictamen en distintas reuniones, así funciona. El dictamen está en las bancas, y cuando se discuta en particular, habrá otros cambios, como ha sido siempre. Por lo tanto vamos a acompañar esta ley como acompañamos muchas veces a los diputados antes oficialistas en temas en los que queríamos colaborar”.

Hizo referencia también a que “se nos dice ‘colaboracionistas’” y advirtió que él conoce bien lo que se les quiere decir con ese término. Pero prefiero la definición de la Real Academia Española: ‘colaborar es un verbo intransitivo, trabajar con otra u otras personas para la realización de una obra’. Prefiero esa palabra”.

Recordó que en las elecciones “salimos terceros, pero no importa, estamos para representar al pueblo, y a veces votamos de una manera y a veces de otra. Y no está mal”.

Y cerró: “Trabajemos sobre los problemas reales de la Argentina; muchos problemas no los va a resolver esta ley, pero significa un mensaje político. El presidente tiene derecho a terminar su obra, y si le va mal, el pueblo votará otra cosa como siempre”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Frente Pro) reiteró ante la Justicia que un teléfono celular que se busca peritar en la causa por intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue “extraviado en una mudanza”, al presentar un escrito en el cual puso a disposición el acceso a su vivienda.

"En primer lugar no tengo nada que ocultar en relación a los hechos ventilados en la causa”, sostuvo Milman en el escrito presentado en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene delegada la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo, informaron fuentes judiciales.

En esa línea, manifestó no poseer “el aparato telefónico que se intenta secuestrar, conforme lo ya manifestado en mi anterior presentación, ya que el mismo fue extraviado en una mudanza junto a otros elementos”.

“Vengo a ponerme nuevamente a disposición de la justicia, franqueando el ingreso a mi domicilio”, agregó Milman tras mencionar que el 1 de noviembre pasado se ordenó peritar todos sus teléfonos celulares a pedido de la querella y la fiscalía.

Todo esto es consecuencia del reclamo de la querella de la vicepresidenta, tras detectar que entregó a la Justicia un aparato adquirido después de los hechos y que no era el que utilizaba al momento en el cual según un testigo habría pronunciado la frase “cuando la maten, yo voy a estar en la Costa”, dos días antes del intento de homicidio.

El diputado sostuvo que con ello busca “evitar de esta forma daños en mi propiedad y mayor alteración de la tranquilidad de mi seno familiar el cual, por la actuación o excursión de pesca de la acusadora, pese a la orfandad probatoria incriminante, se ve nuevamente alterado”.

Por último, pidió que no se secuestre un teléfono celular que dijo haber comprado el día en que entregó su móvil en el juzgado “para no quedar incomunicado” y por su “actividad laboral”, y adjuntó el comprobante de esa adquisición.

A principios de mes la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un pedido de autorización del juzgado para allanar el domicilio de Milman en busca de tres teléfonos que según la querella usaba al momento de los hechos.

La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Ivana Bohdziewicz), que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.

A principios de noviembre, la Cámara Federal porteña ordenó el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado Milman no entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato acaecido el 1 de septiembre del año pasado.

El tribunal le ordenó a la jueza Capuchetti que avance con la medida pedida por la querella y por el fiscal Rívolo, para lo cual debió solicitar la autorización de la Cámara de Diputados, tal como establece la Ley de Fueros invocada en la resolución.

La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, tras detectar que el acusado había entregado a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max que apareció en el mercado después de la fecha en el que se produjo el atentado.

Días atrás, la Gendarmería Nacional le informó a la jueza Capuchetti que la tecnología de la que dispone esa fuerza no es suficiente para extraer información de ese teléfono por lo que la magistrada le consultó a la defensa de Milman si el diputado está dispuesto aportar el patrón de desbloqueo, informaron fuentes judiciales.

En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados aprobaron autorizar un oficio remitido por la jueza María Eugenia Capuchetti que solicitó la entrega por parte del diputado nacional Gerardo Milman de su celular para investigar algún tipo de relación suya con el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022 por la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

La solicitud fue realizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refería a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).

Se autorizó así a allanar el domicilio del diputado nacional para buscar dos celulares viejos del legislador. En ese marco el titular de la comisión, el pampeano Hernán López Araujo (Frente de Todos) pidió disculpas porque al convocar a la reunión no había girado a los integrantes de la comisión el expediente que iba a ser abordado, y lo justificó en la duda que tenían de que el mismo estuviera bajo secreto de sumario. Por eso, luego de hacer las consultas pertinentes, recién este lunes adjuntaron el expediente para que lo vieran los legisladores.

Por la oposición, el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo que de acuerdo con lo asumido oportunamente darían su aprobación para la autorización requerida por la jueza, aunque se encargó de aclarar que el diputado Milman no había eludido la acción de la justicia. Lo aclaró porque -dijo- “alguien desprevenido podría interpretar que está prófugo o algo por el estilo, y la verdad que nada más alejado de la verdad”.

Tonelli destacó que apenas se inició la causa, su compañero de bancada se había presentado espontáneamente y cuando se le requirió el teléfono, él mismo lo entregó. “Lo que ocurrió fue que era nuevo, y como suele suceder con cualquiera de nosotros cuando cambiamos el teléfono, el anterior él lo dispuso”, aclaró, insistiendo en que “el diputado Milman nunca ha eludido la acción de la justicia; siempre ha estado (atento) a lo que la juez dispusiera”.

A continuación intervino el diputado Juan Manuel López, quien aclaró que la Ley de Fueros solo dispone inmunidad de arresto, no de proceso. “En tanto y en cuanto la Cámara no autorice nuestro arresto, esa inmunidad de proceso está reglamentada por la Ley de Fueros”, planteó, recordando que ya hubo casos de allanamientos y acciones en ese sentido, como sucedió anteriormente con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, o Julio De Vido, y siempre tuvieron el mismo comportamiento. Además, recordó que el pedido era hecho por la Cámara Federal a través de los jueces Bruglia y Bertuzzi, cuya independencia él destacó. “Lo vamos a acompañar”, aprobó, admitiendo que “por ahí tendría que revisarse esta Ley de Fueros, que ha quedado un poco vieja, fue pensada hace 20 años, cuando algunos resabios de privilegios quedan”.

Y como al pasar, López deslizó que “también a veces los diputados pueden ser víctimas de inteligencia”, y en ese sentido citó lo conocido en las últimas horas y que involucraba al diputado oficialista Rodolfo Tailhade, mas aclaró que eso lo hablarían más tarde en la Comisión de Juicio Político. “En algún momento aclarará porqué llegaban a su celular causas de la diputada Carrió”, apuntó.

Intervino luego el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró que no tenía problema en tratar el tema que acababa de aludir Juan Manuel López, y adelantó que eso que acababa de decir marcaba claramente “la actitud con la que van a venir todo el día de hoy… Ven algunos programas televisivos a la noche y se excitan con los contenidos”, ironizó.

Luego Leopoldo Moreau se quejó porque el procedimiento que se estaba haciendo era “tardío” y acusó a Milman de haber incurrido en una “estafa procesal, porque entregó un celular que no tenía nada que ver. Puede aducir que lo había cambiado… Ahora, es muy extraño que haya sucedido eso. Hay muchos de nosotros que tenemos celulares hace mucho tiempo. Espero que (los celulares que ahora entregue) no estén borrados, como los de sus secretarias, una de las cuales denunció que había sido borrado en el local del Pro, en presencia de la que todavía no era candidata presidencial”, dijo en relación a Patricia Bullrich.

Por último, la diputada Carla Carrizo aclaró sobre la ley vigente que los fueros de los que gozan los legisladores no representan “un privilegio”, sino que son “un recurso que se nos brinda contra la arbitrariedad del poder, aun en democracia. No hay que reformarla”, reiteró, aunque sí sugirió que debían revisar que se les hubiera dado fueros a funcionarios y algunos magistrados.

El traspaso presidencial

Pero aprovechó la ocasión para recordar que junto a la diputada Margarita Stolbizer habían presentado una solicitud para ver si podían tratar antes de fin de año la regulación del traspaso presidencial. Recordó que Brasil lo reguló en 2002, Estados Unidos en 1968, y en la Argentina “necesitamos coordinar cómo se recibe el poder. Lo hicimos con el debate presidencial, y ahora nunca va a haber más una silla vacía. A ver si en estos 40 años de democracia podemos votarlo ahora y dejar el legado para la próxima gestión”.

Adelantó en ese sentido que harían un emplazamiento en la próxima sesión, ante lo cual el presidente de la comisión admitió que habían recibido la solicitud de tratamiento de varios proyectos sobre el traspaso presidencial y expresó su compromiso para empezar a debatirlo en sucesivas reuniones. Empero, aclaró que no lo harían en esta ocasión, atento al “carácter especialísimo de esta convocatoria”.

Entre las múltiples reuniones de comisión previstas para este martes, llamó particularmente la atención una de Asuntos Constitucionales, convocada por su titular, el pampeano Hernán Pérez Araujo. La misma fue llamada a reunirse para tratar un oficio judicial impulsado por Cristina Fernández de Kirchner.

Dicho documento oficial corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refiere a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).

La causa es la del intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación en septiembre de 2022. Al ser consultado por parlamentario.com sobre la intención de esta reunión, el presidente de la comisión no contestó, en tanto que el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo desconocer el origen de la convocatoria porque no habían podido ver el oficio del juez. “El presidente de la comisión tiene el expediente remitido por la justicia, pero no nos permite verlo, bajo el argumento de que es secreto”, observó.

Todo indicaría que el objeto de la reunión es tratar la situación del diputado del Pro Gerardo Milman, a quien la querella de la causa del atentado contra la vicepresidenta quiere imputar, a partir de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que el mismo ocurriera. "Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado pronunciar a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto de 2022.

¿Qué dice el artículo 1° de la Ley de Fueros al que se hace referencia? “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, re moción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyen do causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclaran do los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

Cabe recordar que la querella de la vicepresidenta de la Nación ha mostrado interés en dos dispositivos que Milman tenía registrados previamente al atentado contra Cristina Kirchner. Lo cierto es que Casación había ordenado retener un celular que según la defensa fue adquirido con posterioridad al hecho.

Esta instancia a desarrollarse en Asuntos Constitucionales apuntaría a tratar de resolver esta controversia planteada en torno a los celulares del legislador, previéndose entonces una fuerte polémica en la citada comisión.

A cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la Cámara de Casación Penal ordenó este viernes la apertura de uno de los teléfonos celulares del diputado nacional Gerardo Milman (Pro) en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el 1ero. de septiembre del 2022.

A principios de mes, la jueza había rechazado un recurso presentado por la defensa del diputado. Por otro lado, el abogado de la vicepresidenta, Marcos Aldazabal, expresó que “no van a encontrar nada en el celular, tenemos la esperanza de que en otros sí”.

“Acá hubo un engaño manifiesto de Gerardo Milman, ya que ese dispositivo -que abrieron un año tarde- el diputado lo entregó directamente cuando la Cámara Federal ordenó el secuestro de teléfonos”, continuó el letrado.

Del mismo modo, señaló que “a raíz de la información que aportaron diversas compañías telefónicas que recabó la fiscalía, podemos ver que el celular aportado es un teléfono que él no tenía al momento del atentado, sino que lo adquirió tres meses después, y además es un modelo que ni siquiera existía en ese entonces. Salió después del hecho”.

Esta referencia se debe a que el móvil aportado por Milman es un modelo iPhone 14 Pro-Max, el cual "es un dispositivo que las maquinarias disponibles no pueden abrir sin tener la contraseña, que el diputado tampoco otorgó”, agregó Aldazabal.

De todas formas, el abogado que representa a CFK se mostró confiado en “encontrar algo", ya que todavía “hay dos celulares más que sí tenía al momento del atentado y todavía los jueces no los secuestraron”.

Con relación al secuestro y peritaje del celular, Aldazabal expresó que "no creo que lo den por cerrado, ya que el juez dijo que debían secuestrarse todos los teléfonos".

“El problema es que el secuestro de los celulares lo pedimos hace un año, es decir, está claro que hoy todos los dispositivos -si todavía conserva alguno- están vacíos. Obviamente confiamos en los peritos y que se pueda extraer algo, pero obviamente es difícil en la complicidad que hubo para que Milman pueda borrar toda la información que tenía disponible", concluyó.

El diputado Gerardo Milman comenzó a ser observado en la investigación, cuando el 23 de septiembre pasado un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y relató que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

La frase que Abello le cargó a Milman fue “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, la cual declaró haberla oído en el bar Casablanca el 30 de agosto, dos días antes de que ocurra el hecho contra CFK. En aquel momento, el legislador se encontraba acompañado de sus dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

A la hora de hablar de seguridad durante el segundo Debate Presidencial 2023, el candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, explicó los tres ejes centrales de su política que aplicó en Tigre cuando fue intendente. Fue la exministra de Seguridad y presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien le salió al cruce recordándole que “hace 4 años estás en el Gobierno”, y le enrostró el conflicto con Martín Insaurralde, pero Massa le replicó: “Yo le pedí la renuncia, vos nunca pediste la renuncia de Gerardo Milman”.

En los 2 minutos de exposición, Massa expresó: “Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día”.

En esa línea, propuso: “Lo voy a hacer sobre 3 ejes muy claros”, y detalló: “El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes financiada desde el Estado Nacional”.

“Además, vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Un FBI argentino instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales, corrupción, narcotráfico y además la trata de personas”, planteó y contó: “Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan”.

Por último, manifestó como tercer eje “exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir, con un cambio en la ley, el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad”.

Fue Patricia Bullrich (JxC) la única que pidió derecho a réplica para recordarle que “hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre. Parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace 4 años que estás con el Gobierno que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina”.

¿Tus números quién te los da, Insaurralde? que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró. No podes hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y son delincuentes”, lanzó Bullrich y le enrostró: “Vos defendiste a Scapolán un fiscal del narcotráfico, lo defendiste así, de cara, entonces no hables de seguridad porque no tenes autoridad moral para hacerlo”.

Massa le respondió: “Yo quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano, pero que además vinieron de distintos lugares del mundo para copiar el modelo que había, que hayamos desarrollado, móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio, cámaras en todas las esquinas de los barrios y además el botón de pánico en el celular de cada ciudadano”.

“Yo no hablo de acusaciones falsas y respecto a Insaurralde, cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo. Yo le pedí la renuncia, pero vos nunca le pediste la renuncia a Milman”, remató.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la orden del secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman (Pro-JxC), en el marco de la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión fue adoptada por el voto de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, de la Sala II, quienes de esta manera declararon inadmisible el recurso presentado por el abogado del legislador, que reclamaba en contra de esta medida. 

No obstante, días atrás, la defensa de la presidenta del Senado advirtió que Milman entregó a la Justicia un celular que fue adquirido después del hecho ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022, y por el cual se encuentran presos y elevados a juicio Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. 

Uliarte comprometió también a Milman, cuando en un escrito presentado hace dos semanas por su abogada asegura: "Yo no sé por qué Nando (su novio detenido Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner". 

"También en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina (Gómez Mónaco, secretaria de Milman), y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces", agregó. 

La denominada “pista Milman”, que la querella insiste con investigar y no desechar, surgió a raíz del testimonio de un asesor del Congreso que habría escuchado decir a Milman “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, horas antes del hecho, cuando se encontraba con dos asesoras suyas -Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz- en el bar Casablanca, ubicado frente al Palacio Legislativo. 

En su declaración, ambas mujeres negaron haber escuchado al diputado decir eso. No obstante, Bohdziewicz contó ante la Justicia que ella junto a Milman y Gómez Mónaco fue convocada a las oficinas de Patricia Bullrich para que un perito elimine información de sus celulares. 

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal reclamaron, en el marco de la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, que el diputado del Pro Gerardo Milman entregó a la justicia un celular adquirido posteriormente al ataque sufrido por la vicepresidenta, el 1ro. de septiembre de 2022.

"La demora de V.S. en actuar ha hecho que, luego de un año, solo tengamos un celular de Gerardo Milman que ahora sabemos que no tiene relevancia y que es sólo uno de cuatro dispositivos que tiene el diputado nacional", resaltaron en el escrito.

Para la querella, "volvió a quedar claro que las dilaciones causadas por el accionar jurisdiccional han permitido el borrado de prueba y obstruido la búsqueda de la verdad".

Según los letrados, Milman "entregó un dispositivo que no tenía (o, al menos, no tenía en uso vinculado con esa línea) antes del atentado y que tampoco utilizó en las diez semanas posteriores (ya que el impacto fue recién el 18 de noviembre de 2022). De esta forma, su actitud supuestamente colaborativa es una burla a la justicia".

"Es interesante notar que el iPhone 14 Pro es un dispositivo que no puede ser analizado por la tecnología de análisis celulares disponible si no se conoce el patrón de seguridad, tal como quedó demostrado cuando se quiso peritar el celular de (Carolina) Gómez Mónaco", apuntaron en referencia a una de las asesoras del legislador.

Y detallaron que "de acuerdo con lo que surge de la página de Apple, el iPhone 14 Pro salió a la venta en Estados Unidos recién en septiembre de 2022. Esto quiere decir que Milman compró el último dispositivo disponible luego del ataque contra la vicepresidenta, en el evidente conocimiento de que ese aparato era inexpugnable tecnológicamente. Que este teléfono haya salido a la venta después del atentado muestra que, más allá del impacto de IMEI, nunca puede haber sido el que usó en las fechas previas y posteriores al ataque".

"Esta circunstancia es concordante, también, con el relato de Ivana Bohdziewicz respecto a lo sucedido en las oficinas de Patricia Bullrich, cuando le dijeron a Gómez Mónaco que compre un nuevo celular: ahora sabemos que también era un iPhone 14 Pro y que, tal como le dijeron en esa reunión, el celular no pudo ser abierto por los peritos. Es evidente que tanto a Milman como a su círculo se los puso en conocimiento de que deberían comprar los últimos aparatos disponibles para preservar su contenido, más allá de los procesos de borrado", apuntaron.

En esa línea, los abogados insistieron en que "Milman entregó un celular que no tenía al momento del atentado y que sabe que no se puede abrir sin el patrón de desbloqueo, que no aportó" y además "de lo informado por Telecom surge que Milman tendría, al menos, tres dispositivos más. Milman tiene tres celulares que no entregó. Dos de ellos son los que habría usado al momento del atentado".

"Lógicamente, Milman, como imputado, no tiene obligación de entregar sus teléfonos. Aun así, su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación. Quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora sólo la ha estorbado", cuestionaron sobre el rol de María Eugenia Capuchetti, a quien sin éxito CFK había reclamado apartar de la causa.

Tras recordar que la Cámara baja autorizó el secuestro de los celulares de Milman, aclararon que "el recurso en trámite por la defensa de Milman ante la Cámara de Casación no obsta al secuestro de los dispositivos". "Solicitamos que la jueza ponga a disposición de las partes la información en su poder relativa a las llamadas y mensajes entrantes y salientes de Milman", pidieron Ubeira y Aldazabal.

En otro cuestionamiento a Capuchetti, sostuvieron: "Rogamos que, por una vez, la jueza siga lo que marca la prueba y el ordenamiento jurídico, y no intereses políticos o animadversiones personales. Lo que ha hecho Milman al entregar un celular posterior al atentado y ocultar la existencia de otros tres dispositivos es una burla a la jueza, al fiscal y a la víctima. La única respuesta posible es la que se deriva del rigor de la ley".

También solicitaron que se preste declaración a Nadia Ayelén Mir, quien en una denuncia habría complicado el rol de Gómez Mónaco; y reiteraron que se lleven a cabo acciones para investigar si existió efectivamente el encuentro en el Instituto de Estudios Estratégicos, que dirige Patricia Bullrich y del que también es parte Milman, del cual habló Ivana Bohdziewicz, respecto de que habrían ido allí para que un perito informático borre los contenidos de sus celulares.

Incluso, los abogados de CFK consideraron que "es importante saber quién es el chofer que habría llevado a las asesoras de Milman luego del borrado de celulares, con el fin de que preste declaración testimonial". "Para eso, será necesario oficiar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el fin de que envíe la nómina de chóferes que trabajan para este cuerpo legislativo y especifique aquellos asignados al diputado Gerardo Milman. Además, deben especificarse los modelos y colores de los autos de la Cámara", agregaron.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recordó este viernes el aniversario del intento de magnicidio que sufrió el 1ero. de septiembre del 2022 al compartir un video, titulado “Testimonios documentales”, en el que Juan Grabois narra lo acontecido, el avance de la investigación y pregunta “¿Quién atentó contra Cristina? ¿Y por qué?”.

El video compartido por la exmandataria es un fragmento de un informe que Grabois subió a su canal de YouTube este jueves y aborda el hecho “para comprender las causas, responsables y motivaciones del intento de magnicidio, que, junto al atentado financiero del Fondo y el atentado jurídico de la mafia judicial, fueron moldeando la situación política actual”.

“Se cumple un año del atentado a CFK. En este video vamos a exponer hechos concretos que demuestran la vinculación objetiva entre la célula operativa que perpetró el atentado, los amablemente llamados ‘Copitos’; el grupo político de superficie llamado Revolución Federal, junto a otros grupos satélites, ciertos dirigentes muy relevantes de la actual oposición política como el señor (Gerardo) Milman y la principal estructura de financiamiento, por lo menos la que está comprobada el grupo Caputo, de evidentes vinculaciones con el macrismo”, expresa el ex precandidato a presidente en el video.

Del mismo modo, agrega que “los elementos vinculados al hecho se entrelazan con los dos principales candidatos de la ultraderecha argentina, son comandos de campaña, sus entornos de acción política, con Javier Milei y con Patricia Bullrich”.

Por otro lado, Grabois afirma que “nosotros somo querellantes en la causa llamada Revolución Federal y lo somos porque yo estaba en la lista negra de las personas que ellos iban supuestamente a matar y a partir de eso conformamos un equipo de investigación para comprender lo que realmente estaba sucediendo en dos expedientes: el de Revolución Federal y el de los ligeramente llamados ‘Copitos’”.

A su vez, señala que “en esos expedientes que parecieran no avanzar hacia una profunda investigación para dilucidar no solamente autores materiales, sino conexiones políticas, financistas y autores intelectuales”.

“Frente a la negligencia o complicidad de jueces y fiscales, nosotros que queremos dilucidar las dos preguntas fundamentales: ¿Quién atentó contra Cristina? ¿Y por qué?”, termina el video.

También, la exmandataria había reposteado un tuit de La Cámpora que presentaba el documental “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá, un año de impunidad”, que muestra con imágenes reales la peregrinación de la militancia en la puerta de la casa de CFK.

A casi un año del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo consideró que por parte de la Justicia "no hay intención de perseguir la pista política". "Descreo mucho de las posibilidades de esclarecer esta cuestión con esta jueza (María Eugenia Capuchetti) y con la inactividad que viene llevando", criticó a la magistrada a cargo de la causa.

Consultado en AM530 sobre la autorización que aprobó la Cámara baja para que la Justicia abra el celular del diputado Gerardo Milman, mencionado en la causa por un testigo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales observó que "probablemente sea tarde, probablemente ese teléfono este vaciado de contenido y comunicaciones, que es lo que se necesita encontrar".

En ese sentido, el pampeano recordó la declaración de una de las colaboradoras de Milman, Ivana Bohdziewicz, quien dijo que el contenido de su celular "fue borrado por expertos en tecnología en la fundación de la candidata a presidenta Patricia Bullrich".

Independientemente de lo que pueda encontrarse, "la pericia sí puede dilucidar si algo del teléfono fue borrado", indicó el legislador y sobre Milman expresó: "Las implicancias políticas son claras y concretas, no solo para él, sino también para su jefa".

"La vicepresidenta queda indefensa por la jueza y la Cámara (Federal porteña) que le ha tocado, más allá de que hayan sido (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi quienes autorizaron abrir el teléfono de Milman", agregó.

El primer pedido de apartamiento de reglamento de la sesión de este miércoles fue presentado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para aprobar la autorización de la Cámara de Diputados para que la Justicia secuestre el o los teléfonos móviles del diputado nacional Gerardo Milman que había tenido dictamen en horas de la mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El pedido judicial se da en el marco de la investigación sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Estamos a ocho días del primero de septiembre y hay una manda judicial que llegó a este Congreso para poder avanzar”, explicó el jefe de bancada del FdT, y amplió: “la pista Milman surgió de la investigación del atentado contra CFK a partir de una persona que escuchó a las asesoras del diputado decir 'cuando la metan voy a estar en la costa'”.

Del mismo modo, agregó: “Efectivamente Milman viajó a la costa y posteriormente en este recinto habló de “falso ataque” contra la vicepresidenta”. “A pesar de eso la jueza se negó a secuestrar el teléfono de Milman y las asesoras vuelven al juzgado y declaran que el celular fue borrado”.

Sin embargo, Martínez remarcó que “en mayo una de las asesoras de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró por tercera vez”. “Luego la otra asesora, Carolina Gómez Mónaco, la citó para ir a una oficina de Patricia Bullrich con peritos informáticos para borrar contenidos de todos los teléfonos (asesoras y diputados)”, aseveró.

Para terminar el pedido de apartamiento, Martínez afirmó que “el caso es gravísimo”, y lanzó: “Bienvenido el accionar de la Justicia y el dictamen de consenso de esta mañana en la Constitución de Asuntos Constitucionales”.

Luego, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) reafirmó que la oposición votaría a favor del tema “como fue planteado” en la reunión de comisión, pero advirtió que “es oportuno decir que Milman ya había entregado voluntariamente su teléfono a la Justicia”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, llevó adelante la votación y confirmó el resultado afirmativo con el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas.

La diputada nacional Myriam Bregman (PTS –CABA) cuestionó: “Vamos a acompañar, pero no me parece un funcionamiento muy democrático que solo los dos bloques mayoritarios opinen del tema”.

A continuación estalló el clima calmo que había hasta el momento. Fue cuando llegó el turno del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, quien cuestionó fuertemente que el tema fuera tratado al inicio y no al final como habían acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.

“Quiero aclarar que nosotros no nos vamos a prestar a nada para que se caiga la sesión porque estamos decididos a que se lleve a cabo, pero esto no fue lo que habíamos acordado. Pactamos que se trataría al final”, aseveró.

En defensa del radical, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) expresó que “aquellos que nos llaman 'la casta' nos dieron un gran aleccionamiento en la última elección porque perdimos los códigos de la política y el funcionamiento”. En esa línea, añadió: “En este recinto se expresa constantemente porque estamos buscando viendo como nos sacamos ventaja, como nos primereamos”. “La moción de Negri fue para que se votara cuando hubiera tiempo”, indicó Camaño.

No obstante, la diputada de Identidad Bonaerense afirmó que “algunos de los que estamos acá vinimos con un objetivo claro que es darle una respuesta a la problemática de alquileres que hemos creado nosotros”, y cerró: “En nombre de la cordura, y si queremos que nos dejen de decir “casta”, dejemos este tema, como es uso y costumbre en este recinto, para cuando concluyamos el debate para el cual fuimos convocados”.

Sobre el final, la presidenta del cuerpo admitió que lo habían hecho así para evitar que la oposición fuera a retirarse antes del final, abortando la posibilidad de aprobar la medida.

Convocada a último momento del martes, se reunió este miércoles por la mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para tratar sendos oficios judiciales enviados por la jueza María Eugenia Capuchetti para solicitar el secuestro del celular o los celulares del diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), mientras que en el segundo caso se notificaba que el legislador había adjuntado un teléfono y solicitaba a la Cámara que se le diera la autorización pertinente a proceder con la apertura del celular.

“Los oficios llegaron esta semana y entendimos que era atinado tratarlos de manera rápida y aprovechando la presencia de todos los diputados, por la sesión convocada por la oposición”, aclaró el presidente de la comisión, Hérnán Pérez Araujo (FdT – La Pampa), abriendo el paraguas ante los reproches que pudiera haber de parte de la oposición por la rapidez con la que había sido convocado la reunión.

El pedido encontró disposición de parte de todos para proceder con el pedido formulado por la justicia y se firmó entonces el dictamen correspondiente.

Poco después de la reunión, el presidente del bloque oficialista, Gerardo Martínez, celebró a través de X la autorización brindada por la comisión para acceder a información y/o comunicaciones contenidas en el celular de Milman, de acuerdo al requerimiento judicial, y anunció que el oficialismo pediría que se apruebe en la sesión de este miércoles.

Así lo expuso de parte de Juntos por el Cambio el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien aclaró que el primer oficio devenía en abstracto, pues Milman ya había entregado el celular. “Queda pendiente la autorización que nos pide la jueza”, comentó el legislador, recordando que quedaba pendiente la autorización solicitada, atento a la Ley de Fueros que obliga a que ese procedimiento deba ser autorizado por la Cámara. “Estamos totalmente de acuerdo con esa autorización, vamos a votar favorablemente”, confirmó Tonelli, aunque aclaró que harían un par de salvedades, pues la cuestión había sido apelada por la defensa de Milman. “La Cámara Federal ha fijado ciertos términos que deberíamos respetar y deberían constar en nuestra resolución”, señaló el legislador, que aclaró que la extracción del celular debería limitarse a analizar los hechos investigados, preservándose toda información que no guarde relación con el caso. Dijo entonces que votarían a favor, pero pidió que la efectiva apertura quedara supeditada a los términos de la Cámara Federal.

Fiel a su conocida postura, la diputada Graciela Camaño se mostró dispuesta a no darle “ningún tipo de impunidad” a los legisladores respecto de la presentación ante la justicia y máxime frente a un hecho probatorio, y hasta pidió eliminar el artículo 1° de la Ley de Fueros, porque “es una trampa que le hemos dado a la ley”, dijo. A su criterio, no se debe obstaculizar de ninguna manera el accionar de la justicia cuando se trata de un diputado nacional. “No podemos objetar absolutamente nada, no tenemos que poner ningún tipo de restricción en el tema”, y se manifestó contra la postura expuesta por la defensa del legislador respecto de que la verificación del celular se hiciera al momento de que hubiera un fallo final. “Es una argucia que va a seguir llevándonos al fondo de la cuestión –dijo-. En algún momento debemos sentarnos a derogar ese infine que excede las atribuciones que la Constitución nos da cuando tenemos que definir fueros”.

A continuación, Pérez Araujo rechazó la observación de Pablo Tonelli respecto de que se tornara el primer oficio “abstracto”, pues si bien Gerardo Milman había entregado uno, bien podía haber más de un celular. Y el oficio habla del “celular o celulares”, enfatizó, y aclaró que el oficio mismo decía estar “conforme a los términos fijados por el Ministerio Público Fiscal, que es lo que dice la resolución de los jueces Bruglia y Bertuzzi”.

Finalmente intervino el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, quien manifestó el obvio acompañamiento al pedido de autorización dela jueza Capuchetti, aunque cuestionó que “esto se debería haber resuelto mucho tiempo antes, inmediatamente después de que el diputado Milman fue involucrado en la investigación del atentado”.

Además, Tailhade criticó a su colega, diciendo que “ha demostrado una actitud absolutamente impropia de su condición. Me parece demasiado tiempo que ha transcurrido para que el diputado Milman ponga a disposición del juzgado este elemento de prueba”. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de investigar si  había más celulares que le pertenecieran al legislador, para ser peritados también.

“Tampoco podemos hacer silencio respecto de algunos antecedentes que tiene esta situación. En particular un hecho gravísimo que está siendo investigado, como la eliminación de todos los datos que tenían los teléfonos de Milman y dos asesoras, en una sede de una fundación que hasta hace poco presidía la candidata presidencial Patricia Bullrich”, apuntó el legislador camporista, que concluyó quejándose de una investigación judicial del atentado que definió como “bochorno”, por cuanto “estamos a diez días de cumplirse un año del intento de asesinato y estamos dando vueltas con el secuestro de un celular de alguien que apareció involucrado al mes del hecho”.

En el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner del primero de septiembre, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) puso este martes su teléfono a disposición de la justicia federal, pero lo adjuntó a una petición para que no sea revisado interiormente.

El abogado del diputado, Manuel Barros, llevó personalmente el dispositivo móvil a la jueza María Eugenia Capuchetti, donde anunció que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador, previa autorización de la Cámara de Diputados.

No obstante, desde la Justicia deben aguardar la autorización de la Cámara baja para avanzar con la apertura del teléfono celular, el cual fue guardado en una caja fuerte en el despacho de Capuchetti.

La Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del teléfono celular el jueves 17 de agosto y había sido solicitado por la querella de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, aunque quedaba sujeta a la autorización de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, a menos de diez días de cumplirse un año desde que ocurrió el hecho, la expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja.

Los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que votaron por autorizar la medida, explicaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal (abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023)”.

La búsqueda de información en el teléfono de Milman deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, agregaron.

Por último, sostuvieron que “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo - imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

Tan cuestionados por Cristina Fernández de Kirchner, los jueces que componen la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, habilitaron este miércoles el secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), una medida solicitada en su momento por los abogados de la vicepresidenta de la Nación y la fiscalía, en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato contra ella registrado el 1° de septiembre del año pasado.

Originalmente esa medida había sido desechada por la jueza María Eugenia Capuchetti, y fue reclamada a partir de los dichos de un supuesto testigo que dijo haber escuchado en el bar Casablanca que Milman le contaba a unas colaboradoras que “cuando la maten” él iba a estar camino a la costa.

Por la Ley de Fueros, la Cámara de Diputados de la Nación que Milman integra deberá autorizar la entrega del celular por parte de ese diputado.

Para Bruglia y Bertuzzi, “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023”, como así también enmarcarse estrictamente “al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.

El tercer integrante de la Cámara, Mariano Llorens, no acompañó a sus pares al considerar que no había material probatorio suficiente que habilitara avanzar con esa medida. “No encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”, escribió el juez en su fallo.

Este reclamo de la querella surge de la presentación realizada por Jorge Abello, un asesor del diputado Marcos Cleri, quien se presentó ante la justicia para contar que el día previo al atentado él había escuchado a Gerardo Milman decirles a dos asesoras la siguiente frase: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.

Cabe consignar que ese encuentro fue certificado por las cámaras de seguridad y admitido por las propias colaboradoras de Milman, aunque otras medidas ordenadas no alcanzaron a darle credibilidad a los dichos de Abello.

Finalmente, el fallo de los camaristas indica que “el secuestro del aparato celular del diputado Milman encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos. Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) designó al abogado Manuel Barros como su defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y así podrá acceder al expediente en el que no está formalmente imputado. Se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso.

Milman presentó espontáneamente un escrito en salvaguarda de sus derechos y pidió tener acceso a las actuaciones que llevan adelante el fiscal Carlos Rívolo por delegación de la jueza María Eugenia Capuchetti. Así, el jueves 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado.

Capuchetti se negó a disponer esta medida pedida por la querella de Cristina Fernández de Kirchner, dado que Milman no está imputado en la causa. Esta decisión fue apelada por la vicepresidenta y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado.

La decisión del legislador opositor fue tomada después de una serie de episodios que lo pusieron en el radar periférico de la investigación, especialmente los señalamientos de la querella de la propia Cristina Kirchner y la declaración de una ex colaboradora que lo situó en una escena de borrado de teléfonos.

Todo ello se suma a la denuncia formulada por un funcionario del Congreso quien aseguró haber escuchado al dirigente del Pro decir, dos días antes del intento de magnicidio en el restaurante Casablanca: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.

Las dos mujeres que lo acompañaban en aquella ocasión, Ivana Bohdziewicz (quien semanas atrás reconoció que su teléfono fue borrado en oficinas que pertenecen a Patricia Bullrich) y Carolina Gómez Mónaco (quien aún trabaja con el diputado) negaron haber escuchado aquella frase.

Milman, después de aquella versión sobre un diálogo, entregó un escrito en el que negó los hechos.

Ahora, la Justicia deberá resolver si acepta a Milman en calidad de imputado y, en ese caso, concederle acceso al expediente digital para que pueda ejercer su derecho de defensa y controlar la prueba que se produce en el marco de la investigación.

En una carta enviada a la Cámara Federal desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde está detenido, Fernando Sabag Montiel –el hombre que quiso matar a la vicepresidenta- desmintió cualquier vínculo de Milman con el intento de homicidio.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti denegó este lunes la solicitud de secuestro del teléfono del diputado nacional Gerardo Milman, en el marco de la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Carlos Rivolo había solicitado esta medida como parte de la llamada "pista Milman".

La resolución de la jueza también incluyó la extracción de información de otro teléfono que pertenece a Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado del Pro, con el objetivo de buscar pruebas relacionadas con la posible conexión del diputado con el ataque a la exmandataria.

La decisión de rechazar el secuestro del teléfono de Milman se basa en el hecho de que el diputado no está imputado en la causa del atentado, tal como consta en el expediente. La jueza destacó que, para llevar a cabo esa medida, debería presentarse una solicitud ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, en caso de existir una imputación penal contra el legislador. La falta de imputación contra Milman fue mencionada también en el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

La solicitud del fiscal Rivolo surgió luego de que una exsecretaria de Milman declarara ante los tribunales federales de Comodoro Py, ampliando su testimonio y mencionando que había entregado su teléfono a un "perito", supuestamente proporcionado por Milman, para que borrara información personal que no deseaba que se hiciera pública.

Además del secuestro del teléfono, la fiscalía también había solicitado un cruce de llamadas entre Milman, su exsecretaria Ivana Bohdzewicz y su asesora Gómez Mónaco, así como con los imputados del caso. Sin embargo, la jueza consideró que, por el momento, no corresponde llevar a cabo esa diligencia, ya que en el expediente se encuentran registradas las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados durante el período solicitado por el fiscal.

La resolución de la jueza permite la extracción forense de la información del teléfono de Gómez Mónaco por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta información será analizada con el objetivo de encontrar cualquier referencia a los dichos atribuidos a Gerardo Milman y cualquier otra mención relacionada con el atentado contra la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El análisis se limitará al período comprendido entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2022 y se realizará con estricta confidencialidad, eliminando cualquier información no relevante una vez finalizado el estudio.

El oficialismo volvió a la carga contra la figura del diputado del Pro Gerardo Milman, a partir de la declaración de Ivana Bohdziewicz, exasesora del macrista, en el marco de la causa sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"La conducta de Milman es una conducta que efectivamente esta vez la Cámara de Diputados tendrá que considerar", opinó Moreau este lunes, y anticipó que seguramente esta semana habrá reuniones de la bancada del Frente de Todos "para ver qué se hace". En diciembre pasado, un grupo de diputadas habían presentado un proyecto para excluir a Milman del Cuerpo.

El radical K enfatizó que "es una conducta muy grave, más allá de lo que se tenga que dilucidar en la justicia" sobre si fue "beneficiado en la maniobra del borrado de los celulares", lo que significaría "un encubrimiento gravísimo".

Según publicó este fin de semana el diario Página/12, Bohdziewicz se presentó espontáneamente a declarar en los tribunales de Comodoro Py, donde aseguró que sufrió presiones para entregar su celular y que le fuera borrada toda información. Eso habría ocurrido en las oficinas de Patricia Bullrich, actual precandidata a presidenta y por ese entonces presidenta del Pro.

De acuerdo relató la exasesora, se habría hecho lo mismo con los teléfonos de Milman y de Carolina Gómez Mónaco, la otra mujer que aparecía en el vídeo en el bar de Casablanca junto al diputado, horas antes del intento de magnicidio contra CFK y cuando alguien lo habría escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

Para Moreau, "ya no estamos solamente frente a una deliberada desidia por parte del Poder Judicial de investigar, sino que aquí estamos ante la posible complicidad entre funcionarios judiciales y quienes debían ser investigados".

En ese sentido, se preguntó: "¿Cómo se enteró la excompañera de trabajo de esta chica que ella iba a ir a declarar si no es por información que le dio la misma fiscalía? Es increíble que cuando se presentó a declarar espontáneamente le hayan dicho que se presente más adelante porque el fiscal estaba por salir de vacaciones".

"O son unos irresponsables o lo hicieron deliberadamente", manifestó el legislador del FdT, quien sospechó que "la citaron para el 10 de mayo" a Bohdziewicz, porque "le estaban dando tiempo a los que han participado en este atentado para que la coaccionaran e intimidaran para que no fuera a declarar".

Además, el oficialista apuntó contra la Corte Suprema: "¿Qué va a hacer la Corte, en este retazo de Corte que queda, también va a mirar para otro lado en el intento de asesinato de una vicepresidenta? ¿O se van a dejar ganar por el rencor contra Cristina que tienen en la Corte, particularmente (Juan Carlos) Maqueda? ¿O van a seguir haciendo empandas a ver cómo se protegen frente a los chancullos que se están descubriendo?" en alusión al juicio político.

El diputado afirmó que "la Corte se tendría que pronunciar en 48 horas separando a (María Eugenia) Capuchetti de esta investigación". "¿Qué esperan para separar a Capuchetti, qué otra evidencia de que no quieren investigar?", agregó en declaraciones a Radio 10.

Cuestionando a la jueza que lleva adelante la causa, Moreau se quejó de que "se negó a unir la causa con la de Revolución Federal, que sin dudas tuvo un papel preponderante en la preparación del atentado, en términos de opinión pública, con todos los actos que llevó adelante e intimidación y en algunos casos explícitos de amenazas contra Cristina" y "se negó durante un mes a abrir los celulares". "Fue para darles tiempo a lo que ahora sabemos que hicieron", remató.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió este lunes, a través de su Twitter, a la nueva información que surgió en la causa que investiga el atentado en su contra, ocurrido en la puerta de su departamento de Recoleta el pasado 1ro. de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cabeza.

En su tuit, la presidenta del Senado citó declaraciones del diputado brasileño Alencar Santana, quien advirtió que "en Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición (Pro) y preandidata a la presidencia, @PatoBullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner @CFKArgentina”.

“La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los países ¡Vergonzoso!”, enfatizó el legislador del PT.

A continuación, la vicepresidenta expresó: "Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de @pagina12, el testimonio de una exasesora del diputado Milman".

"Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre", aseveró CFK en relación a la información que surgió este fin de semana.

Según reveló Página/12, Ivana Bohdziewicz, exasesora de Gerardo Milman, una de las dos mujeres que aparecía en el vídeo junto al diputado en el bar Casablanca, frente al Congreso, donde se lo habría escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, justo antes del intento de magnicidio, se presentó de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py el pasado viernes. Allí habría manifestado haber recibido presiones y contó que fue llevada a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito informático se dedicó a borrar la información de su celular durante cuatro horas, y también los de Milman y Carolina Gómez Mónaco.

Al igual que lo hizo la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, el interbloque de senadores oficialistas salió también este lunes con un comunicado en torno a la nueva información que surgió en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el pasado 1ro. de septiembre.

Los legisladores comandados por el formoseño José Mayans le pidieron a la justicia que "profundice todas las líneas de investigación en relación al atentado". "Nos parece particularmente grave y digno de atención lo que surge de las declaraciones de Ivana Bohdziewicz, exasesora del diputado del Pro Gerardo Milman, acerca de que recibió presiones para borrar el contenido de su teléfono celular, procedimiento que habría realizado un experto informático en oficinas de la dirigente macrista Patricia Bullrich, según una información periodística conocida en las últimas horas", señalaron.

Los senadores continuaron: "De acuerdo a la misma publicación, la excolaboradora del exjefe de campaña de Bullrich reconoció también que en esa ocasión, posterior al intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación, se vaciaron de igual forma los celulares de Carolina Gómez Mónaco, otra asistente del diputado, y del propio Milman". "Se trata de un hecho de profunda gravedad que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias", consideraron.

Para los oficialistas, "es necesario que la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo investiguen todas las pistas vinculadas al intento de magnicidio, ocurrido hace ya más de ocho meses. Se deben conocer quiénes son los autores materiales, intelectuales y, eventualmente, los financistas del atentado".

"También, es preciso determinar la veracidad de los hechos relatados por la exasesora del diputado Milman y, en tal caso, saber quién fue el referido perito informático que, según la testigo en su declaración ampliatoria ante la fiscalía, vació los tres celulares, quién ejerció presiones sobre su persona para que entregara su teléfono móvil y cuál fue la razón de todo este proceder", subrayaron.

Finalmente, desde el interbloque FdT sostuvieron que "el pueblo argentino merece conocer todo lo ocurrido" y "el país necesita contar con una justicia que cumpla con su función y que no sea cómplice ni encubridora de un hecho tan aberrante como un intento de magnicidio".

Los diputados del Frente de Todos expresaron este domingo su “enorme preocupación a partir de conocer la información periodística que asegura que Ivana Bohdziewicz, una de las colaboradoras del actual diputado nacional Gerardo Milman (Pro), no actuó espontáneamente a la hora de borrar el contenido de su celular tiempo después del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, expresaron a través de un comunicado.

Los legisladores de la bancada que encabeza Germán Martínez alertaron que las fuentes periodísticas indican que la colaboradora de Milman volvió a presentarse a declarar en la causa sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta y allí reveló que fue citada a una oficina vinculada a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, para que personal especializado elimine toda la información de su teléfono, del de Carolina López Mónaco y del propio Gerardo Milman.

En efecto, según un despacho de la agencia estatal Télam, Bohdziewicz habría sido despedida a principios de este año, y era quien lo acompañaba el 30 de agosto pasado en el bar Casablanca cuando un testigo de la causa dice haberle escuchado decir que "cuando la maten voy a estar camino a la costa".

El viernes pasado, Bohdziewicz se presentó de manera espontánea en los tribunales federales de Comodoro Py acompañada de un abogado "manifestando su intención de prestar declaración testimonial en el día de hoy, en virtud de haber recibido presiones". Ella estaba citada para declarar el 10 de mayo.

Para los diputados del FdT, “la situación es extremadamente grave porque, a pesar de los pedidos de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, esta línea de investigación nunca fue profundizada por el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti”.

Así las cosas, para los legisladores “urge que ambos funcionarios judiciales investiguen a fondo las actuaciones y no abandonen ninguna línea de análisis”. Consideran “imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias. La justicia no puede seguir mirando para el costado”.

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, José Ubeira y Marcos Aldazábal, reafirmaron este jueves ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación por el intento de magnicidio que sufrió el primero de septiembre del 2022.

En la exposición de los abogados ante el camarista Leopoldo Bruglia desarrollaron las nuevas razones por las que buscan recusar a la magistrada en la causa por el atentado que sufrió CFK y por la que están detenidos Fernando Sabag Montiel, quien gatilló frente a la vicepresidenta, y Brenda Uliarte, la persona que lo acompañó esa noche.

Ubeira definió como “incompatible” que la jueza Capuchetti continue al frente de la investigación por tener un nexo con estamentos de formación de la Policía de la Ciudad, donde está registrada como “investigadora”. En la causa es la fuerza policial porteña la que debe ejecutar diferentes procedimientos de la investigación.

“Nos parece incompatible que perciba un salario como investigadora violando el reglamento interno de la Justicia Nacional, que sólo autoriza a los jueces a ejercer la docencia en universidades”, enfatizó Ubeira. A su vez, el abogado aclaró que es una cuestión “funcional”, pero consideró que hubo “una actitud omisiva” de la Policía porteña en torno al atentado que sufrió la vicepresidenta.

Capuchetti había delegado la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, tras rechazar la recusación afirmando que tal vínculo con la Policía de la Ciudad no afectaba a su imparcialidad ni comprometía sus decisiones en el marco de la investigación.

De todos modos, Ubeira insistió: “Nos parece incompatible que pueda investigar a la Policía de la Ciudad siendo parte de ese poder político”. Tras la audiencia de este jueves, la Cámara debe resolver si ratifica la continuidad de Capuchetti en el expediente o si dispone su apartamiento como los abogados de la vicepresidenta solicitaron.

Así también, Ubeira afirmó: “No tendremos justicia con esta mujer”. Tras sostener que la jueza Capuchetti no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.

Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon en esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esta causa: antes había ocurrido otra en la cual se discutió el alcance de una medida dispuesta en la investigación.

"Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, lanzó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada. “La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”, indicó.

El abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP “no es una universidad” sino un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que consideró que no es una actividad habilitada para jueces.

En tal sentido, Aldazabal señaló: “Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando. Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación es una violación inédita a la independencia de poderes”.

En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada “pista Milman”, que es aquella que indaga si el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) hizo referencias al atentado fallido antes de que ocurriera.

Esa pista se investigó a partir de que un asesor de un diputado oficialista relató haber oído una conversación de Milman con dos mujeres en la que se habría referido a un potencial ataque (posiblemente contra la vicepresidenta) antes de la noche del jueves primero de septiembre, día que ocurrió el intento de magnicidio.

Tras la aparición de esa pista fue que se produjo la ruptura de la relación entre la querella y la Capuchetti. A partir de ahí, rechazó un planteo de los abogados de la vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, habló del ataque.

Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos. Por su parte, los abogados pretenden que se analicen los teléfonos desde el primero de julio y no, solo del 30 de agosto, día en el que oyeron a Milman referirse al hecho.

De tal modo, Aldazabal planteó: “Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional”.

las asesoras de Milman habían declarado como testigos y negaron haberse reunido con el legislador el 30 de agosto en la confitería Casablanca, pero luego, una filmación de las cámaras de seguridad confirmo que si estuvieron reunidos.

“Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no, y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga”, cerró el abogado Ubeira.

Denunciado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, luego de revelar contenido de conversaciones del funcionario del Pro con diferentes personas, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade aseguró que "el bullrichismo se cobró venganza con la filtración de chats", en referencia a la interna dentro del partido amarillo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

"Si tuviera la capacidad de armar eso me dedicaría a otra cosa", expresó el legislador al ser consultado por los dichos de D'Alessandro sobre que Tailahde inventó esas conversaciones.

En diálogo con AM750, el bonaerense enfatizó: "Lo que hay que hacer acá es bombardear con denuncias a todo este esquema de corrupción que ha quedado claramente revelado por los chats. Después se verá si sirven como prueba o no".

“No hay que perder de vista que cada conversación es un delito", remarcó y afirmó que "lo peor de todo es que está absolutamente cotejado con la realidad de las cosas que pasaron. Me estoy dedicando a comparar o analizar cada cosa que se decía en el chat con lo que pasaba en la realidad en ese momento. Todos tienen un correlato en la realidad".

Al recordar lo sucedido con los primeros mensajes filtrados, en relación al viaje a Lago Escondido entre jueces, empresarios de Clarín, exagentes de la AFI y funcionarios porteños, Tailhade indicó: "Decían que era todo mentira y hoy están todos hasta las manos, y simplemente sin recurrir a los chats". En ese sentido, apuntó que la fiscal que lleva adelante la investigación se basa en "los vídeos del aeropuerto, los pasajes del avión".

"En la denuncia que me hace este ridículo me voy a presentar", dijo sobre la presentación judicial que le impuso D'Alessandro y desafió que al juez Daniel Rafecas, a cargo de la misma, le va a decir que "no" tiene "nada que ver". "Si la discusión es que yo lo difundí, lo viralicé, bueno, soy culpable. Pero de ninguna manera participé del armado, del hackeo o de ninguna de esas pavadas", sostuvo.

Para el legislador, "hay que mirar al rival interno de Horacio Rodríguez Larreta en toda esta guerra". En esa línea, observó que "el caso de Lago Escondido surge cuando estalla el caso (Gerardo) Milman". Sobre el diputado del Pro, del cual el bloque oficialista pidió su expulsión, el camporista señaló que además de estar "apuntado en el intento de asesinato a Cristina (Kirchner), empezaron a saltar todos sus curros y corrupción".

Al relatar un incidente que Milman tuvo con su auto, que fue detenido cuando lo manejaba una asesora suya, Tailhade relató que Milman hizo una denuncia por el hecho: "Esa denuncia que hace Milman contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad termina en la fiscalía de (Augusto) Troncoso, que desestima la denuncia, pero, con una vueltita más de tuerca, comunica a Diputados que Milman había tenido una inconducta bastante seria”.

"Nos enteramos seis meses después porque alguien cajoneó el oficio de Troncoso en la Cámara de Diputados, nunca nos enteramos", denunció el oficialista, quien agregó que "este hecho es el que genera la catarata de reacciones internas" porque "Troncoso es íntimo amigo de D'Alessandro".

Y completó: "Uno ahora asocia que aquella notificación a la Cámara de Diputados en realidad fue una picardía/operación de D'Alessandro y Troncoso contra el bullrichismo, que se cobró venganza con la filtración de los chats".

El bloque de Diputados del Frente Pro, comandados por Cristian Ritondo, emitieron este jueves un comunicado para respaldar a su par Gerardo Milman, luego de que el oficialismo presentara un proyecto pidiendo la exclusión del legislador de la Cámara baja por “inhabilidad moral” al estar implicado en la causa que investiga el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta de la Nación.

En el texto denunciaron que “el kirchnerismo está montando un show electoralista” porque “dictamina, de antemano, una condena al margen de la Justicia contra el diputado nacional Gerardo Milman y la diputada provincial Florencia Retamoso, a los fines de equiparar el sistema de corrupción que se investiga en los Tribunales y que los jueces, en sus respectivas instancias, han condenado a numerosos funcionarios del partido gobernante, incluida la actual vicepresidenta”.

“No vamos a cometer el agravio institucional de los kirchneristas que son maestros en violar la Constitución”, aclararon y sumaron: “Vamos a seguir respetando el funcionamiento independiente de los tres poderes, y cuando algún integrante de la oposición que componemos, sea citado por la Justicia, confiaremos en ella, para que cada uno de los acusados ejerza su legítimo derecho a la defensa”.

Por último, manifestaron: “Acompañaremos siempre el esclarecimiento de cualquier tema reñido con la ley, salvaguardando los procedimientos ajustados a derecho”, y le recordaron al oficialismo que “para legislar al servicio del bien común y de la República, primero hay que hacer lo que manda la Constitución y no el interés mezquino que divide, corrompe y miente”.

Lejos de encaminarse las relaciones entre el oficialismo y la principal oposición en la Cámara baja, este jueves diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley con el objetivo de “excluir al diputado nacional Gerardo Milman del seno de esta Honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto, firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic asegura que “los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.

Dentro de los argumentos para tal solicitud, se expresan “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”; el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco que en el año 2017, tiempos en los que Milman se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer semejante rol institucional, como así también el de su hermana, Daniela Gómez Mónaco, designada jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, con acceso a importantes fondos reservados. En simultáneo, en septiembre de ese mismo año, Gomez Mónaco creó con Fernando Daga, otro asesor del diputado Milman, la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. A su vez, en la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, detenidos desde el mes de septiembre por el ataque contra la vicepresidenta de la Nación.

Asimismo, se enumeran una serie de supuestas “inconductas”  del diputado Milman fueron traídas a la atención de la Cámara previo a lo develado a partir del atentado del 1 de septiembre. El proyecto señala que en abril de 2022, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 55 envió una nota al entonces presidente del cuerpo, Sergio Tomás Massa, en relación con la causa N° 15690/202 caratulada “FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 CABA S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y HURTO AGRAVADO FUERZAS SEGURIDAD ART. 163 BIS DENUNCIANTE: MILMAN, GERARDO FABIAN Y OTROS”, para que se tome conocimiento acerca de la actitud asumida por el diputado Milman a los efectos disciplinarios que estime corresponder.

Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado, que para las denunciantes merecen especial atención. Señalan que el 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”. “Las facturaciones “Las Malvinas son argentinas” recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos entran en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”, expresa el proyecto.

En suma, suman la reciente denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernandez, contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Se trata de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el Gobierno de Mauricio Macri. “En todos los casos se trataría de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, precisa la denuncia.

Finalmente, se destacan contratos de alquiler del diputado Milman, que consideran “sospechosos”, por “resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”. Entre los mismos mencionan “una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes. Además se conoció que el valor de su casa en Adrogué es de $4.232.135 y que las expensas están a nombre de Alberto Miguel Herrmann, uno de los socios de Service Corporation International (SCI), empresa que controla los principales cementerios privados del país y las más reconocidas compañías de servicios fúnebres”.

La diputada nacional Paula Penacca (FdT) expresó este miércoles que hay "una oposición irracional que ha decidido que no funcione la Cámara de Diputados" en alusión al interbloque Juntos por el Cambio y las sesiones fallidas durante este mes.

Para la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, la "obturación del funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado es culpa y es un plan de la oposición"; mientras que, por otro lado, "tenemos una mafia que funciona en el Poder Judicial".

En relación al proyecto de plan de pago de deuda previsional, la camporista lamentó: "Tenemos una oposición que decide que 800 personas en Argentina no tengan una herramienta para acceder a una jubilación porque no dan quórum". "No le generan un perjuicio al bloque oficialista, sino a los argentinos y argentinas", agregó.

Por otra parte, la legisladora se refirió al fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la restitución de fondos copartipables, y recordó que el expresidente Mauricio Macri "por decreto simple" le dio "una proporción brutal - a la Ciudad- en relación al resto de las provincias".

Y acusó que en el Pro, "con (el presidente de la Corte, Horacio) Rosatti están intentando desde la Ciudad recuperar el Gobierno nacional. Le están pagando la campaña (a Horacio Rodríguez Larreta)".

"Yo soy porteña, soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no me hace ciega, y puedo ver que la realidad económica de las otras provincias claramente dista mucho de la de la Ciudad", enfatizó.

Además consideró que el 2,95% dispuesto por el máximo tribunal es "un número ridículo, arbitrario, sin justificación de por qué. ¿De dónde pretenden que lo saquemos? Es un atropello brutal el que está llevando adelante la Corte Suprema".

Durante una entrevista en Radio El Destape, Penacca también habló sobre las acciones que desde el Frente de Todos podrían impulsar contra el diputado del Pro Gerardo Milman, no solo por "su vinculación con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner", sino "por un posible recibimiento de dádivas, una vinculación impropia con una empresa" cuando era funcionario del Ministerio de Seguridad e "irregularidad en relación a contrataciones".

"Tenemos una mirada clara por parte de nuestro bloque de que, si es cierto todo lo que se viene denunciando en los medios en relación a las actitudes de este diputado, está teniendo una conducta impropia a cuales son las normas que rigen de cómo debería ser un diputado y que efectivamente tendría que dejar de serlo", sostuvo.

Tras la mención que CFK hizo sobre Milman en su último discurso, la diputada kirchnerista afirmó que quieren "investigar, tener acceso a la información, tener los debates dentro de los ámbitos institucionales y si tenemos la comprobación de las versiones" presentarán el pedido de expulsión.

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que están “avanzando” en una investigación para determinar si el legislador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman incurrió en alguna "inhabilidad moral", pero advirtió que se debe analizar "cada uno de los elementos" del caso, luego de que el diputado del Pro quedara involucrado en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación.

“Estamos siguiendo cada uno de los elementos que aparecen de Milman para que eso pueda sustanciar un expediente en Diputados que cuente con los análisis necesarios. Tenemos que seguir las leyes vigentes porque una arbitrariedad del pasado no se soluciona con otra en el presente o futuro”, sostuvo en declaraciones en Radio 10.

A su vez, recalcó: “Yo no puedo impulsar la destitución de un diputado porque lo nombra un determinado diario en la Argentina porque ese mismo nivel de arbitrariedades después se utiliza sobre nuestros diputados”.

La respuesta de Martínez surgió a raíz de la mención que hizo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto que encabezó en Avellaneda sobre Milman: "Han desaforado a algún diputado como a Julio De Vido que estuvo dos años preso por una causa que se descubrió que el delito era trucho y el informe por el cual se lo llevaron preso también era trucho".

Y continuó: "¿Qué pasa cuando nos enteramos por medios de comunicación que el señor Milman, siendo integrante de la comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad?". “Hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y para todo aquel que lo sea se le inventan cosas", expresó la vicepresidenta.

El diputado nacional del Pro se encuentra bajo investigación en la causa que se sigue por el intento de asesinato contra la titular del Senado, luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa", dos días antes del atentado en un bar ubicado a metros del Palacio Legislativo.

En ese marco, Martínez sostuvo que "desde la tercera semana de noviembre han surgido noticias todos los días respecto al tema Milman", y que hay un grupo de diputados "trabajando sobre cada una de las cosas que van apareciendo".

"Estamos generando un cumulo de información que nos permita avanzar con la única herramienta que tiene la Cámara de Diputados que es la inhabilidad moral de un legislador. Para eso, se necesita una mayoría agravada", puntualizó el santafecino Martínez.

Además, aseguró que se van a tomar las acciones necesarias para "que esto quede clarísimo de cara a la sociedad", y sostuvo que también esa información eventualmente va a permitir investigar "si se trata de un caso aislado o si pasan otras cosas".

"Tenemos que respetar todos los pasos de nuestro reglamento y las leyes vigentes porque una arbitrariedad del pasado no se soluciona con otra del presente o del futuro", subrayó el titular del bloque oficialista en la Cámara baja.

Martínez explicó que "para avanzar en la sanción de un diputado por su conducta es importante meterse en profundidad" para echar luz sobre sus acciones "no solo de un legislador en particular, sino en la trama de intereses alrededor de su figura".

"Hay elementos que están siendo llevados adelante por la justicia y, en función de eso, en Diputados tenemos que ver cómo hacer para que se nutra un expediente propio”, remarcó, pero aclaró y reiteró: “No puedo impulsar la destitución de un diputado porque lo nombra un determinado diario en la Argentina. Algunos quieren venganza; yo no: quiero que hagamos las cosas bien”.

La diputada y secretaria general del sindicato de los trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, reclamó este viernes que se acepte la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que realizó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa de la investigación del intento de magnicidio y se mostró “preocupada” por el diputado Gerardo Milman (Pro) y su supuesta vinculación con el caso.

“Lo de Milman me preocupa porque es diputado de la Nación, de quien se comprobó que estuvo ahí con sus asistentes y dijo lo que el testigo denunció”, afirmó Siley en declaraciones a radio AM 750, donde remarcó que la jueza Capuchetti "no lo llamó a declarar, por lo que necesitamos que se acepte la recusación para que se investigue”.

Para Siley, la magistrada “está demorando una investigación central para la República”. Asimismo, la diputada planteó que “se necesita que se esclarezca” el intento de asesinato a la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre en el ingreso de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta y pidió que “la justicia actúe con celeridad”.

Además, Siley reiteró que Milman "nunca fue llamado a declarar", por lo que "se tiene que aceptar la recusación de Capuchetti porque está demorando la investigación”.

Sobre la situación del sistema judicial, la gremialista sostuvo que “no es cierto que todo el Poder Judicial es corrupto o ejerce corrupción, pero con que haya uno es grave y en Comodoro Py hay varios”. “Los buenos magistrados y magistradas tienen que salir a hablar. No pueden permitir que el Poder Judicial tenga estos niveles de legitimidad. No es todo lo mismo”, exhortó. “La Corte le está haciendo un daño grande a la democracia”, consideró Siley, quien continuó: “Hay una inclinación política en este sector del Poder Judicial que es garantizarle la impunidad a (Mauricio) Macri y perseguir al kirchnerismo en cabeza de Cristina o cualquiera que se atreva a defender a los más humildes”, concluyó

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que consideró “infundadas las acusaciones” por parte de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contra los diputados Gerardo Milman y Francisco Sánchez, ambos del bloque Pro.

En el texto, señalaron que “una vez más”, la titular del Senado “utiliza un hecho de suma gravedad institucional para acusar sin fundamentos, y haciendo elucubraciones ridículas, a los diputados nacionales Gerardo Milman y Francisco Sánchez”.

“Nuevamente, y como ya es costumbre por parte del kirchnerismo, montan relatos infundados para atacar a miembros de la oposición, de la prensa independiente y cualquier institución que no forme parte de su estructura de poder”, denunciaron.

En ese contexto, llamaron a la “responsabilidad de todos los dirigentes para dejar trabajar a la Justicia en paz y con independencia y no hacer acusaciones infundadas que suman gravedad y vulneran los fundamentos de nuestra democracia”.