El 31 de mayo pasado, durante la segunda reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de esa semana, finalmente le tocó el turno para exponer a la camarista Ana María Figueroa. Expeditiva, ella se mostró muy dueña de la situación en todo momento e hizo gala de su experiencia al hablar ante los senadores. Cuando le tocó intervenir al radical Julio Martínez, comentó la situación que había antecedido a esa audiencia. “Desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”, dijo, enfatizando que en la actualidad “el Senado está paralizado”.

Así, le aseguró que “hoy se mueve; ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”. Figueroa contestó: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

La realidad es que esa semana el Senado había recobrado la actividad para acompañar lo que verdaderamente le interesaba a quien manda en esa Cámara. Tras un mes de junio en el que apenas se reunió una comisión, la actividad volvió en la segunda semana de julio, cuando la fallida sesión del miércoles 12  para aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Figueroa.

Esta semana circuló la posibilidad cierta de insistir con esa sesión pendiente para tratar los pliegos. Previamente a la fecha prevista, se realizó el miércoles pasado una reunión de comisión: la de Minería, Energía y Combustibles. Su sola convocatoria daba a entender que estaba activa la negociación para realizar la postergada sesión. En esa reunión se trataría solamente el proyecto sobre reducción de tarifas reclamado por el senador Edgardo Kueider. Esa era la condición que ponía el legislador entrerriano para dar quórum: su ausencia el 12 de julio, junto a las de sus pares Guillermo Snopek y Alberto Weretilneck, había provocado que la sesión se cayera.

El tratamiento del proyecto de disminución de tarifas del servicio eléctrico se llevó a cabo la mañana del 2 de agosto. No hubo debate: Kueider contó de qué se trataba; el senador José Mayans expuso sus reparos y coincidencias, y terminó anticipando que acompañarían con disidencias. Luego fue el turno de la radical mendocina Mariana Juri, que advirtió que un tema semejante no podía tener dictamen ese mismo día, sin debate ni invitados que dieran su parecer. Por último, se escandalizó porque a “este proyecto que tiene gran costo fiscal, repentinamente se le quitó giro a la Comisión de Presupuesto. Me parece sumamente imprudente que no pase por ahí”.

En efecto, este proyecto presentado el 7 de febrero pasado fue girado originalmente a las comisiones de Minería y de Presupuesto, pero ahora se le quitó el segundo giro, cuestión de agilizar el trámite.

Semejante esfuerzo no alcanzó, aunque es demostrativo del interés absoluto que despierta en el Senado la aprobación de un tema que parece obsesionar a la titular del Cuerpo.

Doblegada la negativa de Kueider y confirmado Guillermo Snopek luego de que se acordara que pueda llevar su lista los nombres de Sergio Massa y Agustín Rossi en el extremo de su boleta, solo quedaba convencer a Weretilneck para revertir las tres ausencias que habían tenido el 12 de julio. Pero el gobernador electo de Río Negro no parece estar dispuesto a mantener a rajatabla su apoyo al oficialismo en estas circunstancias. De hecho, cabe recordar que el líder de Juntos Somos Río Negro muchas veces fue de poner objeciones a los proyectos oficiales, de modo tal de celebrar después cuando sus correcciones tenían eco, como cuando el tratamiento de la ampliación de la Corte Suprema.

Aunque esta vez no parecía dispuesto a dar el brazo a torcer, tal cual anticipó en su momento parlamentario.com, y -tal cual adelantamos- esta última semana se quedó en su provincia. En determinado momento dejaron de insistirle, porque había otro imprevisto en el seno del oficialismo: la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara no podía venir a Buenos Aires por un problema de salud de un hijo. Esta senadora es de máxima confianza de CFK, de modo tal que a nadie se le ocurrió poner en duda tal imprevisto.

En definitiva, fuentes consultadas por parlamentario.com consideraron “improbable” que pueda llegar a haber sesión este martes, en vísperas del cumpleaños de Ana María Figueroa, pues no ha sido activado el mecanismo de convocatoria de los miembros del oficialismo.

El plan B

Así las cosas, la posibilidad con la que diversos medios comenzaron a especular es la de que el oficialismo no se dé por vencido y trasgreda el obstáculo del cumpleaños de la jueza con el argumento de que su pliego ya tiene dictamen. Esto es, avanzar igual con la aprobación del mismo más allá de la fecha del cumpleaños, habida cuenta antecedentes de los tiempos de Cambiemos en el poder.

El exministro de Justicia de la gestión anterior, Germán Garavano, puso reparos. En diálogo con Radio Rivadavia, el exfuncionario sostuvo que “la Corte estableció, interpretando la Constitución, que lo fija claramente, que cuando un juez cumple 75 años, si no tiene en ese momento un acuerdo del Senado que prorroga su mandato por 5 años más, deja de ser juez”.

“De hecho ha sucedido con muchos jueces durante todo este período -enfatizó Garavano-. Incluso yo dicté como ministro de Justicia una resolución cuando salió el fallo de la Corte, el fallo Schiffrin, de cómo se debía solicitar este período de extensión de 5 años. Y ese pedido termina con la aprobación, no solo del Senado, sino que también se requiere un decreto del Poder Ejecutivo”.

Como antecedente actual, puso lo resuelto por el actual Gobierno con el juez Esteban Righi, estableciendo que el mismo día en que cumplía 75 años era el día en que el juez cesaba. “Y utilizó para ello precisamente la resolución que yo dicté hace varios años, cuando era ministro de Justicia, que sigue vigente”, recordó Garavano.

Respecto de antecedentes como el de la jueza Silvia Mora, esposa del doctor Ricardo Recondo –referente de la Asociación de Magistrados y miembro del Consejo de la Magistratura-, que no fue jubilada al cumplir 75 años y, por el contrario, se aprobó luego su continuidad, respondió: “Sí, se dieron varios supuestos”, mas precisó que originariamente los fallos de la Corte habían establecido que a los jueces anteriores a la Constitución no se les aplicaba esta norma. “Lo cual generó un montón de situaciones paradójicas, porque incluso ya había muchos jueces de más de 75 años que estaban cumpliendo funciones -continuó-. Por eso yo dicté en aquel momento esa resolución para tratar de ordenar ese proceso. Y lo que se viene haciendo en el último tiempo es cumplir el reglamento. El juez, cuando cumple 75, queda sin jurisdicción; cualquier cosa que haga ese juez de más de 75 años, si no tiene ese acuerdo del Senado y el decreto del PEN, sería nulo. No tendría validez”.

Consultado Garavano sobre la posibilidad de que el kirchnerismo avance igual con la confirmación de la jueza Figueroa, éste admitió que “ese conflicto se puede dar; seguramente la interpretación que pueden tomar es que más allá de haber cumplido 75 años, con este nuevo acuerdo, la jueza puede seguir. Lo cual ocasionaría que cualquier persona que tuviera un caso donde intervenga un juez con estas características, probablemente cuestione la intervención de ese juez. Con lo cual vamos a tener un juez que no va a poder ejercer la función, por los planteos que le hagan las distintas partes”.

“Se le pediría el apartamiento al juez; de nuevo Argentina entraría en una situación de crisis institucional severa, porque tendríamos una jueza que no estaría claro si puede seguir ejerciendo esa función, y sobre todo en un cargo como ese, en la Cámara de Casación Penal, que es la que tiene los casos más resonantes: de corrupción, casos de lesa humanidad, casos de crímenes del narcotráfico… Esto volvería a generar una incertidumbre y permitiría a los abogados defensores de los condenados a los que no les guste el fallo que pueda dictar la doctora Figueroa, o cualquier otro juez en esas circunstancias, cuestionar la intervención de ese magistrado”, evaluó.

Esperada era la participación del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ante la Comisión de Juicio Político, citado a instancias del oficialismo por la causal del fallo 2×1 dictado por la Corte Suprema en 2017 y que el Frente de Todos tiene la hipótesis de que existió una posible connivencia entre la gestión de Cambiemos y el máximo tribunal detrás de esa decisión que benefició al represor Luis Muiña. 

El oficialismo sospecha sobre una influencia en el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco, a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la magistrada y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

Justamente por este tema lo consultó al exfuncionario la diputada Mara Brawer (FdT), quien le pidió que responda qué opinaba del “cambio de postura en relación al tratamiento de los delitos de lesa humanidad” de la jueza y Garavano respondió: “Nunca hablé con la doctora Highton del caso Muiña, en general no hablé de ningún caso”. Según él, en las “pocas charlas” que tuvo con la jueza solo abordaron temas acerca de “cómo mejorar el sistema de justicia”. 

Además, el exministro rechazó “ el vapuleo que se le está haciendo a la jueza que no está acá”, cuando él considera que se trata de “una de las mejores juezas, junto con Carmen Argibay, que ha tenido la Corte Suprema de Justicia”. 

En otro tramo de la reunión, el exministro durante la gestión Cambiemos enfatizó que “este juicio político no contribuye en nada”. “Estamos poniendo el ojo para ver cómo atacamos una institución que es una de las instituciones básicas de la democracia. El rol de la Corte es ponerle un freno a los otros dos poderes”, subrayó. 

También ratificó su postura en contra de la Ley 24.390 al sostener que “no correspondía” en el fallo Muiña, “así como no corresponde el 2×1 en delitos donde hubo violaciones o asesinatos”. “Es una norma que yo critiqué siempre. Por eso me duele más esta situación”, añadió.

Y criticó que el juicio impulsado por el oficialismo “no sigue el debido proceso como marca la Constitución y se pregunta sobre cualquier cosa”. “No interesa el juicio político a la Corte sino hacer un circo político y eso genera mucha preocupación. Tenemos jueces serios y tenemos que generar un Poder Judicial independiente”, resaltó. 

“Lamento las circunstancias pero un gusto estar en la casa del pueblo”, arrancó el exfuncionario antes de las preguntas y aclaró: “No tengo con los jueces de la Corte una situación de amistad, que afecte mi testimonio, pero sí se da una circunstancia que tengo que poner en conocimiento de esta comisión”. En ese sentido, señaló que “muchos de los hechos que incluyen los expedientes” contra los magistrados han originado distintas causas en las que él fue “falsamente denunciado en sede penal”. “Esto genera un problema con el artículo 18 de la Constitución Nacional y me pone en una situación difícil a la hora de prestar testimonio”, dijo. 

Además, resaltó que algunas de esas denuncias en su contra fueron hechas “por miembros de esta Cámara y de esta comisión particularmente”. Luego, expresó: “Me produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político y es algo que me afecta personalmente en términos de preocupación por las instituciones de nuestro país”. Más allá de reafirmar lo “condicionado” que podría estar en su testimonio, procuró “decir la verdad”. 

El primero que arrancó con las preguntas fue el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, quien recordó un “dictamen del relator de la ONU” Diego García Sayán que “describe la existencia de un plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales” durante los años del gobierno de Cambiemos. 

Entonces, el kirchnerista enumeró situaciones como “las persecuciones a la procuradora general Alejandra Gils Carbó” y “la decisión de desistir frente a la acción de amparo que beneficiaba a la doctora Elena Highton de Nolasco para que pudiera mantenerse en su cargo en la Corte”, y le consultó: “¿Fueron todas medidas previamente debatidas y decididas en el ámbito de la denominada mesa judicial, que según la información que tenemos el exministro integraba?”. 

Antes de que responda Garavano, el macrista Pablo Tonelli aclaró que “el relator García Sayan le pidió explicaciones al Gobierno argentino, pero nunca jamás existió un dictamen que concluyera en las cosas que ha dicho el diputado Moreau”. 

“Yo soy inocente de todos los cargos, estoy señalando que es una falsa denuncia y que hay una declaración constitucional de no declarar en contra bajo juramento”, manifestó Garavano. 

Moreau también le preguntó al exministro por el traspaso por decreto de la Oficina de Escuchas a la Corte Suprema, ni bien asumió Mauricio Macri; el caso de la “Gestapo antisindical” en la provincia de Buenos Aires; y hasta una reunión que mantuvo con testigos de identidad protegida, como Leonardo Fariña. 

Haciendo referencia al testimonio que dio oportunamente el exsenador Mario Cimadevilla, Moreau apuntó: “Lo imputó severamente respecto a su forma de actuar en el proceso de la causa judicial de encubrimiento del atentado a la AMIA”. Y recordó que el testigo denunció que Garavano “había desarrollado una tarea muy intensa para buscar la absolución de dos fiscales, (Eamon) Müllen y (José) Barbaccia”. 

“Es una denuncia penal que fue desestimada por la Justicia”, aseguró el exministro y agregó: “Las afirmaciones de Cimadevilla son falsas”. “¿Y las de (Mariana) Stilman?”, retrucó el diputado en alusión a la actual legisladora de la Coalición Cívica, pero el testigo dijo que desconocía las declaraciones. 

A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade lo consultó sobre el caso Schiffrin, por cual la Corte restableció el límite constitucional de 75 años de edad para la función judicial, y Garavano reveló: “Me enteré cuando salió el fallo”. “Lo que nos ocasionó fue un problema futuro muy fuerte y a lo que nos tratamos de abocar con una resolución que dicté tiempo después”, recordó.

En cuanto a la decisión del Ministerio de no apelar el amparo presentado por Elena Highton de Nolasco para continuar en la Corte, dijo: “Yo tomo la decisión, estando de licencia, básicamente en torno al antecedente Petracchi”. Y, sobre la función que tuvo Horacio Diez -quien ya concurrió a la comisión- Tailhade consultó: “¿Le dejó la responsabilidad de contestar la demanda por la continuidad de una jueza del máximo tribunal a un abogado del Ministerio, y usted y su secretario no participaron?”.

“Es un informe, el Estado tiene que informar al juez para que el juez resuelva y yo creo que no hay mejores manos en el Estado argentino que las del doctor Diez”, argumentó. 

Más adelante, Garavano remarcó que “nosotros (por Cambiemos) éramos una minoría muy débil en el Congreso en aquel momento”, y tras el caso Schiffrin recuerda “haber hablado con el senador (José) Mayans y (Miguel Ángel) Pichetto por la situación de muchas personas mayores de 75 años que venían a solicitar el acuerdo del Senado. El Senado tenía una posición bastante dura, se lo pueden preguntar a Mayans, respecto a los mayores de 75 de años en términos de renovar el mandato”.

“No recuerdo haberlo hablado con (José) Torello el caso Schiffrin y en el caso de (Fabián “Pepín” Rodríguez) Simón tampoco tengo claro si era asesor del presidente”, sostuvo y reconoció haberlo visto en la Casa Rosada “alguna vez”. “No tengo claro si era asesor, lo he visto algunas veces, varias veces, pero yo no le pregunto a la gente qué hace acá”, contestó. 

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), reanudará sus audiencias con testigos este martes 11 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, a cuya reunión fue citado el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien por cuestiones de agenda no había concurrido el pasado 21 de marzo.

Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.

A pedido del Frente de Todos, los exfuncionarios fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

La intención del oficialismo es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

Además de Garavano fueron citados un conjunto de periodistas, que durante esa época relataron sobre el fallo. Si bien se había resuelto llamar a declarar a Jorge Lanata, éste no figura en la lista que se conoció, integrada por Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se refirió al juicio político contra los miembros de la Corte Suprema que se lleva adelante en la Cámara de Diputados y opinó que “parece puramente un show político a algo que tenga la debida seriedad”.

Luego de enterarse que será citado a declarar en la comisión, el exfuncionario de la gestión Cambiemos anticipó que la semana próxima tiene programado un viaje de trabajo. “Cuando me notifiquen seguramente pediré que se fije una nueva audiencia”, dijo.

No obstante, aclaró que concurrirá: “Más allá del mal uso que se le esté dando a este instrumento, corresponde en mi caso que soy un abogado de a pie, que ejerce la práctica privada y no tengo ningún cargo público, presentarme como cualquier ciudadano”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Garavano sostuvo que “es muy triste en términos de país y en términos institucionales ver cómo se intenta remover o condicionar a la Corte Suprema de Justicia, en esta especie de proceso que hay en la Cámara de Diputados”.

“Los hechos (causales) tienen que ver con sentencias judiciales, que son el corazón de la independencia del Poder Judicial”, señaló y recordó: “Mientras nosotros fuimos gobierno tuvimos numerosos fallos adversos de la Corte Suprema, fallos con los que no estuvimos de acuerdo, pero jamás pensamos en avanzar de este modo”.

En alusión a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien también el oficialismo quiere que comparezca, el exministro no consideró que esté prófugo, sino que “está con un pedido de refugio en la República Oriental del Uruguay hace ya bastante tiempo, y es una discusión jurídica” que se está dando en el país vecino.

“No es una persona que esté ni escondida ni escapada, sino que está ejerciendo sus derechos en Uruguay, más allá de que uno pueda discutir o no el camino que tomó”, agregó sobre el operador judicial.

Respecto de los motivos por los que fue citado, Garavano expresó: “Es llamativo lo del 2×1 porque, como en todos los fallos, uno como ministro de Justicia no tiene ninguna relación. Incluso yo en su momento fui bastante crítico de ese fallo de la Corte”.

“La ley del 2×1 fue la mayor aberración en términos de política criminal que ha hecho el Congreso en su historia. Cualquier uso de esa ley, no solo en los casos de lesa humanidad, para mí es desacertada”, completó.

La Coalición Cívica presentará una ampliación del pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, por “obstruir la labor legislativa de manera fraudulenta, mediante un engaño a sus interlocutores”, expresaron a través de un comunicado.

“Esta conducta constituye un alzamiento contra el orden institucional”, señalan los dirigentes de la CC entre las causales de la iniciativa.

Según los dirigentes de la Coalición Cívica, “el interlocutor es el operador de cuarta categoría y exministro de Justicia Germán Garavano (al que ya le pedimos el juicio político), a quien Lorenzetti le manifestó que todos los jueces de la Corte están de acuerdo en no integrar Consejo de la Magistratura, lo cual es una absoluta mentira”, relataron.

“Lo mismo le comunicó al gobernador de Jujuy Gerardo Morales, quien rechazó de forma taxativa los dichos de Lorenzetti”, añadieron los dirigentes de la CC.

En consecuencia, agregaron, “tomaremos todas las medidas judiciales, entre ellas una denuncia por alzamiento contra el orden institucional al camarista Juan Ramos Padilla, quien estaría actuando en connivencia con Lorenzetti”.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) y el exministro de Justicia Germán Garavano denunciaron el “desmantelamiento” de programas que mejoraban la asistencia a las víctimas de delitos y el acceso a la Justicia desde que el presidente Alberto Fernández llegó al gobierno. “Por el contrario, el kirchnerismo está empecinado en lograr la impunidad en todas las causas de corrupción”, subrayaron la legisladora y el exfuncionario nacional.

Elías de Pérez dialogó este martes con el exministro de Cambiemos a través de la plataforma Zoom y la charla fue transmitida en vivo por sus redes sociales. “El Gobierno debería estar ocupado y preocupado por una Argentina con 19 millones de pobres; con 4,5 millones de indigentes y más de 2 millones de personas desocupadas; por una pandemia que arrasa con la vida de muchos argentinos; por el 60% de los chicos debajo de la línea de pobreza. Además, los niveles de inseguridad en Tucumán y en muchas provincias son récord. Pero vemos que la agenda del Gobierno nacional en el Congreso no tiene nada que ver con los temas que les duelen a los argentinos”, sostuvo al inicio Elías de Pérez.

Tanto la senadora como el exministro Garavano fueron muy críticos con los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal, que tildaron de inconstitucionales. Ambas iniciativas tienen media sanción del Senado y el Frente de Todos espera avanzar ahora con ellas en Diputados.

“Están empecinados en lograr la impunidad, que las causas de corrupción queden en una especie de pantano, que tiendan a desaparecer o cerrarse”, manifestó el exministro de Justicia, y agregó: “Hay una estrategia de dominar la Justicia, de apropiarse de ella. Los Kirchner lograron esto en Santa Cruz, incumplieron un fallo de la Corte Suprema, nunca repusieron al procurador de la provincia. Lograron tener una Justicia adicta que les permitió gobernar sin controles, con altísimos niveles de impunidad e inseguridad. Ahora intentan replicar este esquema de Santa Cruz a nivel nacional. Esto es lo peligroso de la ofensiva que lidera la vicepresidenta de la Nación y hoy tiene en el nuevo ministro Martín Soria un brazo ejecutor”.

“Los tucumanos sabemos lo que es la Justicia adicta, lamentablemente. En Tucumán este proceso va unos pasos adelante que a nivel nacional”, acotó Elías de Pérez, quien luego le preguntó por el “enorme retroceso” que se ha producido en la gestión de Fernández en materia de Justicia.

Garavano repasó el deterioro de varios programas “insignia” de su gestión. “Uno de los más críticos es el programa de Asistencia a las Víctimas de Delitos, donde se ayudaba a las víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales, a las de la trata de persona y de todos los demás delitos. Este programa tenía funcionamiento en todos los Centros de Acceso a Justicia que hay a lo largo y ancho del país, pero está discontinuado”, dijo.

Según el exministro, “el Observatorio de Víctimas tuvo que trasladarse al Congreso para funcionar desde ahí, con el empuje que dieron María Luján Rey o Alberto Lebbos”.

También sostuvo que se le “quitó prioridad” a la Ley de Acceso a la Información Pública. “Esta ley creó una Agencia de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública. Hoy, a quien era su director, una persona muy capacitada, se la corrió. Y quieren poner a cargo a una persona sin ningún antecedente que va a garantizar que el Gobierno siga sin compartir información pública”, sostuvo Garavano.

El exfuncionario de Macri también puntualizó que se han desarticulado los programas de la Oficina Anticorrupción que tenían como fin ejercer el rol de querellante en muchas causas. También hizo referencia a la “parálisis” en la construcción de cárceles. “Con el exgobernador Alfredo Cornejo logramos avanzar en la construcción de la Cárcel Federal de Cuyo, que la inauguramos en Mendoza. Lo mismo con cárceles en provincia de Buenos Aires, para reemplazar la cárcel de Devoto, que debe ser cerrada. Avanzamos en la construcción de la cárcel de Coronda en Santa Fe. Todos estos proyectos están en un limbo. Por el contrario, vimos una liberación masiva de presos, en lugar de trabajar en una mejor rehabilitación y tener lugares más adecuados”.

“El Programa de Justicia 2020, que fue reconocido por la OCDE, por las Naciones Unidas, también ha sido discontinuado. Tenía más de 60 mil participantes en todo el país, era un programa participativo y federal y ha quedado de lado. Lo único que vemos es la colonización de la Justicia y no de la mejora”, finalizó Garavano.

La senadora Elías de Pérez concluyó: “Lo que han discontinuado y dejado de lado son los programas que necesita la gente. Con respecto a las cárceles, vemos esto en Tucumán, donde hay colapso del sistema penitenciario, y en las comisarías tienen a los presos en situaciones catastróficas. Es un círculo vicioso. Lejos de poder reinsertar a alguien, se termina con lo opuesto”.