Con una nueva composición en el Congreso y ante un cambio de gobierno, parlamentario.com dialogó brevemente con la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) quien avizoró el futuro funcionamiento legislativo: “Creo que habrá muchas más discusiones donde va a primar el diálogo”. Respecto del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto, expresó: “No sabemos nada, no tenemos ninguna seguridad todavía de qué va a pasar”.

Al ser consultada respecto de las primeras medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei y a la espera del envío al Parlamento de “Ley Ómnibus”, la santafecina aseguró: “Para poder dar una opinión me gustaría esperar la llegada de la ‘Ley ómnibus’ o lo proyectos que se mencionan. Hay que esperar ver el funcionamiento de todo porque es pronto para dar una opinión y uno quiere apoyar a la persona que fue elegida por la gente. Estamos esperando cómo se da todo”.

“Con respecto a reducir funcionarios, al tema de bajar la pauta oficial obviamente son señales porque quizás no implica la reducción de déficit que uno necesita, pero son señales de que quieren hacer un gobierno austero que es lo que corresponde en un momento tan duro para el país”, expresó sobre el anuncio de este martes de la quita de pauta a medios de comunicación.

Por otro lado, avizoró la actividad legislativa dentro de la Cámara baja: “Creo que va a ser una cámara que va a tener muchas más discusiones de las que tuvo en los primeros dos años al estar más distribuido el poder, al ser un oficialismo que no tiene tantos diputados creo que va a primar el diálogo y eso es importante”.

“Hay muchos proyectos para tratar. Creo que va a tener mucho que ver la forma en que se plantean como por ejemplo la reforma laboral, tributaria hay mucho de baja de gastos que tenemos que ver y cuáles son las propuestas del Ejecutivo”, manifestó.

En su carácter de contadora pública se refirió al Presupuesto 2024, proyecto que ingresó al Congreso el pasado 15 de agosto y que solo tuvo tratamiento la separata del mismo en una sola reunión informativa que tuvo lugar el 25 de octubre: “Hay distintos rumores, no sabemos, no tenemos ninguna seguridad todavía, algunos dicen que van a reconducir el anterior, otros dicen que van a mandar un Presupuesto nuevo, así que estamos esperándolo”. Cabe recordar que el diputado nacional Carlos D’Alessandro (LLA) anticipó que prorrogarán el Presupuesto 2023.

“Estamos esperando esta Ley ómnibus. Hay algunos proyectos que estamos trabajando, pero le vamos a dar prioridad a esto porque tiene que ser algo factible y posible de que salga, así que esperando a ver qué sucede. Siempre viendo también qué pasa en Santa Fe, tenemos presentando ya y nos gustaría que se tome en cuenta el pedido de seguridad y emergencia para la provincia, pero también esperando a la ministra respecto de qué camino van a tomar. En el corto plazo es apoyo y tratar de construir algo bueno para el futuro”, planteó.

Por otro lado, Figueroa Casas respaldó la medida que tomó el gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, de eliminar la repitencia en las escuelas: “Es una buena medida porque hay que priorizar la educación empezar a prestar atención y muchas veces cuando el chico sigue pasando y pasando se pierde el control de quién le está yendo bien y a quién le va mal porque hay chicos que llegan a la universidad sin tener una buena comprensión de texto y otros que no terminan el colegio y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje y esperemos que sea una prioridad”.

Durante la reunión informativa de este jueves sobre el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias, en la que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo y sindicalistas, diputados de Juntos por el Cambio preguntaron sobre cómo se recaudará lo que se perderá a partir de la reforma y reclamaron que no se aborde un cambio en las escalas. 

En el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que duró más de tres horas, ante las consultas de Martín Tetaz (Evolución Radical), Alejandro Cacace (Evolución Radical) y Germana Figueroa Casas (Pro), la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, afirmó que el costo será “de un billón de pesos, que representaría un 0,28 del PIB para el 2024”. 

“No tenemos que ver eso como una recaudación perdida, sino todo lo contrario”, defendió la funcionaria, que aseguró que habrá un “reflujo” por el “mayor consumo de todos los asalariados”. Además, mencionó con particular atención el proyecto de ley de blanqueo, al sostener: “Es importante porque si pensamos de dónde va a salir la recaudación para que los asalariados tengan la certeza de que el salario no es ganancia, va a salir de un acuerdo de información (con Estados Unidos) realmente efectivo de cuentas no declaradas en el exterior; de homogeneizar el impuesto a los Bienes Personales para que no existan inmuebles en el exterior que tampoco declaran Ganancias; y va a salir de un impuesto mínimo que si no se cobra en Argentina se lo van a llevar las controlantes del exterior”. 

También dejó abierta la posibilidad de gravar a los inmuebles rurales y, por otro lado, de que en el Presupuesto 2024 se incluya nuevamente la propuesta para que magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que se encuentran en sus puestos antes de 2017, paguen Ganancias.

“Yo creo que se va a recuperar adicionando el análisis de otros gastos tributarios, algunos de ellos los habíamos incorporado en la separata (del Presupuesto 2023) cuando hablamos de igualdad, cuando se puso a consideración las rentas de los magistrados y sin embargo no prosperó”, recordó la funcionaria. En efecto, el oficialismo había incluido un artículo en este sentido, pero en la votación en particular fue rechazado.

Avanzada la reunión, Cacace volvió a consultar sobre el impacto que tendrá la medida, a lo que Carlos Heller (FdT), presidente de la comisión, dijo que eso ya había sido mencionado. Allí intervino el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y se produjo el momento más picante que tuvo la reunión. 

“Estamos discutiendo un proyecto de ley donde le vamos a dar beneficios a los trabajadores, la verdad pensé que veníamos a festejar. Sorprendido estoy de encontrar diputados y diputadas que no están de acuerdo con que la gente gane más”, chicaneó el administrador del ente recaudador. 

Y cruzó al radical: “No se haga problema que el 0,28 lo voy a recaudar, no se preocupe por la pérdida tributaria”. En ese sentido, anticipó que “estamos poniendo sobre las tabacaleras un impuesto interno”. “Quédense tranquilos que el año que viene vamos a recaudar más, excepto que ustedes quieran seguir poniendo impuestos regresivos”, agregó. 

A la hora de las preguntas, Tetaz cuestionó que el sistema tributario “debe tener una discusión en profundidad y no a pedacitos”, sino que debe ser “de forma global”. Además, criticó que pretendan “tratar en 48 horas una discusión profunda”, al tiempo que pidió respetar el artículo 16 de la Constitución Nacional.

“La capacidad contributiva no supone la fuente del impuesto, no importa la fuente del ingreso, sino la capacidad de contribuir. El dinero es fungible, entiendo el reclamo de los sindicatos de que el salario no es ganancia, llámenlo como quieran, pero es un ingreso y estamos analizando quién va a contribuir al sostenimiento del Estado y que contribuyan más los que más capacidad de contribución tienen”, planteó el porteño y alertó: “Vamos a cometer el error de eliminar un impuesto que es el más progresivo del sistema tributario”.

El radical afirmó que a él le “gustaría eliminar el impuesto a las Ganancias, ¿a quién no le gustaría? Y me encantaría eliminar el IVA”, pero señaló que “la votación tiene que ser de forma general y no impuesto por impuesto. Nos vamos a quedar sin impuestos para sostener el gasto público, por eso el debate tiene que ser en conjunto”.

Tetaz respaldó que “el impuesto a las Ganancias no rompe el sistema productivo y es uno de los principales impuestos en todos los países del mundo”, pero aclaró que “esto no quiere decir que yo esté a favor de que un docente pague impuesto a las Ganancias, pero tiene que ser en una escala menor de acuerdo a lo que gane. Tenemos que trabajar las escalas, no romper todo”. 

En su intervención, Cacace señaló que “es diferente discutir la actualización para que no queden más trabajadores incluidos o retenidos en el impuesto a cambiar la estructura del impuesto”. Al igual que su compañero de bloque, dijo que se trata del “impuesto más progresivo dentro de la estructura tributaria y muchos países que tienen una distribución igualitaria lo tienen como principal impuesto”.

El puntano le cuestionó al oficialismo que “llevan cuatro años en el Gobierno y nunca se planteó esta reforma, pero dicen que hace meses vienen trabajándolo. Lo que vimos fue 20 subas en impuestos. Lo de Ganancias llega ahora, a tres meses de terminar el mandato y eso como dato es inocultable”.

Cacace también recordó que Mauricio Macri hizo rebajas -en elecciones- en la canasta básica de igual manera que anunció Sergio Massa, pero insistió en que “se está afectando al impuesto más progresivo y el segundo más importante en recaudación para el país. Tiene que ser el impuesto principal si queremos un país más igualitario. Estamos destruyendo el impuesto más importante del país y eso es un error”.

En respuesta a los radicales, Balestrini aclaró que “los principios del derecho tributario siempre hay que tenerlos presentes en cuanto a la eficiencia y la igualdad, y la equidad que significa un trato igual para quienes están en la misma situación”. A su vez, remarcó que el tratamiento “no es preferencial, sino que es justo bajo la premisa de que el salario no es ganancia y que debe tener un tratamiento distinto y diferenciado en cuanto al resto de las rentas que componen este impuesto a las Ganancias”.

“Cuando hablamos de progresividad no se trata solo de impuesto a las Ganancias para personas humanas, sino sociedades que tienen una tasa efectiva de pago que implica la representación del impuesto de rentas inferior al 15%”, explicó la subsecretaria y aclaró que “no se está atentando contra la igualdad”.

También consultó a su turno la diputada Germana Figueroa Casas, quien sostuvo que Ganancias “es un buen impuesto”, pero “realmente a través del tiempo lo que se ha hecho es destruir este impuesto” porque “las escalas quedaron totalmente achatadas” y “las distorsiones son grandes”. 

“¿Por qué no trabajamos como deber ser? Sobre la tabla, la tabla se desvirtuó. ¿Por qué inventar algo nuevo? ¿Por qué no trabajar en esta tabla? Si trabajamos en esta tabla, beneficiamos a los monotributistas cuando se saltan, al que levanta la persiana y tiene empleados y no está teniendo este beneficio, y también a los empleados en relación de dependencia”, apuntó. 

Para la santafesina, “estamos eligiendo un camino errado para dar una solución justa, porque nadie quiere que paguen”, pero añadió: “¿Por qué el monotributista que gana menos de 1.770.000 pesos va a tener que pagar y alguien que gana un millón y medio no?”. 

En el final, el diputado Lisandro Nieri (UCR) consultó sobre cómo contemplarán el tema en el proyecto de Presupuesto 2024 y Heller le respondió que no había visto todavía el proyecto -que debe ingresar este viernes- pero “esta ley será proyectada a futuro con el impacto correspondiente para evitar el déficit fiscal”.

“Los escuché pedir que esto salga por ley y no por decreto de necesidad y urgencia, y que iban a estar a favor de este proyecto. Resulta que ahora, están en contra, obviamente que en todo su derecho”, cargó contra la oposición el oficialista. 

En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, chicaneó a JxC: “¿Por qué no derogan el DNU que ya salió?”. “La ley los complica si son gobierno, nosotros buscamos complementar el DNU con la ley y sostenerlo en el tiempo”, diferenció y expresó que “ustedes no quieren quedar mal con el laburante, pero no quieren aprobar el proyecto y si ganan querrán voltear el DNU. Hablemos de lo que tenemos que hablar y no nos vayamos por la tangente”. 

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) solicitó que se trate el proyecto de su autoría que incorpora una cláusula gatillo para que cuando la inflación anual acumulada supere el 60 por ciento se actualicen automáticamente las escalas del Monotributo sin necesidad de intervención del Poder Ejecutivo.

“Este proyecto no puede esperar, ya que se refiere a un universo que a raíz de la alta inflación se están viendo afectados y en situación de desamparo: los pequeños contribuyentes”, manifestó Figueroa Casas en el recinto de la Cámara de Diputados.

Del mismo modo, sostuvo que “este año el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes cumple 25 años desde su sanción y aún tiene esta gran deuda pendiente que es poder adaptarse al daño que ocasiona la alta inflación”.

En tal sentido, expresó: “Esta ley busca dar respuesta a una gran población de trabajadores que vienen reclamando una respuesta del Estado. Necesitamos darles previsibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes incorporados al monotributo”. “No puede ser que les alcance para cada vez menos y tengan que pagar cada vez más”, concluyó la legisladora.

Finalmente, el pedido fue rechazado los diputados nacionales y el proyecto no fue tratado.

Solicité un apartamiento de reglamento para que se trate la actualización trimestral del Monotributo, un proyecto de mi autoría que incorpora una cláusula gatillo para que la actualización de las escalas deje de ser solo anual o semestral dependiendo de la discrecionalidad del PE

— Germana Figueroa Casas (@germanafc) July 5, 2023

La crisis que vive la provincia de Santa Fe en materia de seguridad generó hasta no hace mucho tiempo la máxima atención del Congreso de la Nación, que derivó en la aprobación de una ley para el fortalecimiento del Poder Judicial de ese distrito. Y la visita del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. No mucho más.

Este martes el tema volvió a la palestra, ante la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien puede hablar también en primera persona por ser santafesino. El funcionario fue interpelado por sus comprovincianos. Arrancaron los socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez.

La primera fue más allá de la cuestión de la seguridad, al preguntarle al funcionario sobre la estructuración de un país federal “con semejante discriminación a las provincias, particularmente a Santa Fe”. En ese sentido, la presidenta del Partido Socialista detalló que la provincia de Buenos Aires recibe para obras en el AMBA 30 mil pesos por habitante, mientras que el conurbano santafesino recibe apenas 20 pesos. Para comedores en CABA, continuó Fein, ese distrito recibe casi el doble de Santa Fe. Y entre otros datos contó que a la Caja de Jubilación  provincial le deben 14 mil millones de pesos mensuales.

Se refirió luego al paro del transporte que se desarrolla este martes en el interior del país, mas no en el AMBA, adonde se destinan fondos por 43 veces más que al interior del país. “Hoy hay paro de transporte en mi provincia”, insistió la diputada, agregando que “en 2022 los municipios santafesinos quedaron en el último puesto en transferencias nacionales: 43.000 pesos por habitante van a otros destinos, mientras que para Santa Fe son 2.227 pesos por habitante”.

Y llegó al tema de la seguridad, donde advirtió que “estamos 19° en cuanto a recursos que el Gobierno nacional destina a las provincias. Para presos federales, siendo que nosotros tenemos la mayor cantidad, nos dan 375 pesos para cada uno para su alimentación”.

Agregó Mónica Fein que “hoy están cerradas todas las escuelas, por haber sido baleadas o amenazadas; el paro es por la inseguridad. Esta realidad que vivimos todos los días me hace preguntarle dónde está el Gobierno nacional, qué está haciendo ante esto”. Y tras detallar uno por uno a todos los legisladores santafesinos que son del mismo signo político que el gobernador Perotti son precandidatos a gobernadores, se preguntó qué estaban haciendo ante ello. “El Gobierno de Alberto Fernández se autopercibe federal; quizá el kirchnerista arrepentido Omar Perotti ha decidido ser más fiel al Gobierno nacional que a su provincia”, disparó, y cerró: “Si no construimos una política realmente federal, no habrá respuesta para ningún argentino”.

A continuación, su par Enrique Estévez se refirió también a la protesta que se estaba dando con escuelas cerradas; habló de comisarías cerradas y valladas por miedo, y cuestionó “la desidia de un Gobierno provincial que no existe en Rosario, y un Gobierno nacional que tiene los recursos y estructura, que nada cumple”. Reclamó, por último, “un plan de seguridad. El pueblo entero pide auxilio por la masacre que estamos viviendo”.

“Háganse cargo”

“Creo que todos estamos preocupados por la situación de Rosario”, arrancó el jefe de Gabinete, que a continuación reiteró que él vive allí, lo mismo que su esposa, que trabaja y vive en Rosario, igual que sus hijos. Entonces contestó a los socialistas de manera “fraternal”, dijo, para no ofenderlos, pero lanzó que “se tienen que hacer cargo: 12 años gobernaron la provincia, tres gobiernos consecutivos; y siguen gobernando Rosario. ¿No tienen ninguna responsabilidad? No digo no hacer críticas, sino bajar un tonito la crítica”.

Rossi agregó que “sabemos que es un problema difícil de resolver, no quiero entrar en ninguna chicana”, pero advirtió que “defendieron a un comisario que estaba acusado, como preso político”.

Aclaró entonces que “el abordaje de la seguridad es complejo; yo estoy permanentemente en el tema, y tenemos semanas mejores, y semanas más complicadas”.

Agustín Rossi admitió que obviamente esas eran cosas que podía decirles a los dirigentes, mas no a un vecino que fue víctima de un robo, o de cualquier caso violento, “porque tiene toda la razón. Pero no podemos mirar hacia el costado. Tiene que haber un acuerdo marco de cómo abordar el tema”.

Por último, Agustín Rossi invitó a “no eliminar la crítica; es parte del debate de la democracia, pero para los que hemos tenido responsabilidad de gestión, que busquemos que el diálogo sea más fraterno, porque sabemos que es una  problemática difícil”, y detalló medidas como cambios en la forma de patrullar, una intensificación de la inteligencia y medidas en las cárceles para obstaculizar los métodos de comunicación de los narcos que están presos.

“No es que me voy de acá y veo que Rosario está lejos…”, dijo para concluir, admitiendo que tenía números para dar, sobre los miles de millones de pesos que han destinado a esa provincia, pero consideró que ya no era necesario hacerlo y reitero que es una lucha constante que tiene semanas malas y semanas un poco mejores.

Figueroa Casas: “Los números no mienten”

Cuando fue el turno de las intervenciones de los diputados de JxC, la primera en hablar fue Germana Figueroa Casas, quien como santafesina retomó el tema para insistir en que su provincia es la que menos recibe en materia de seguridad por habitante: “Hasta ayer, 3.823 pesos”. Y luego advirtió que “los números no mienten”, para reiterar que está en el puesto 19°, “siendo la provincia que más problemas tiene de seguridad”.

“No sé si cargan mal los números, pero realmente necesitamos respuestas. Sus hijos, los míos, le vuelvo a preguntar: si Santa Fe fuera una prioridad, ¿por qué no tendría que ser la que  más recibe en ese sentido? Sé que para usted es importante también, pero necesitamos una respuesta”, señaló Figueroa Casas.

La diputada del Pro cerró pidiendo no olvidar que Santa Fe aporta el 13% de los ingresos de todo el país, y reclamó: “No nos dejen solo. Cada vez estamos peor, realmente queremos que nos den una respuesta y nos expliquen por qué no se ve esa prioridad que se está dando”.

Más adelante le contestaría Rossi que había que contabilizar que las fuerzas de seguridad se estaban movilizando permanentemente y ejemplificó contando que la Villa 1-11-14 es patrullada por el Gobierno nacional. Pero aclaró que “independientemente de los números, el compromiso del Gobierno nacional es irrenunciable por parte de nuestro Gobierno y vamos a  hacer todo lo que esté a nuestro alcance”.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la santafesina Germana Figueroa Casas (Pro), que habían pedido por una actualización de las escalas del monotributo, destacaron el aumento del tope de las categorías por parte del Ministerio de Economía, pero señalaron que la decisión “no hace más que dar una respuesta parcial a un problema sistemático en el Régimen Simplificado”.

En ese sentido, los legisladores de la oposición presentaron este viernes un proyecto de ley “para dar una solución automática al impacto de la inflación sobre el monotributo” al proponer “incorporar una cláusula gatillo para que la actualización de los ingresos en las escalas se realice de manera trimestral cuando la inflación anual acumulada supere el 60 por ciento”.

“Este año el monotributo cumple 25 años desde su sanción y tiene varias deudas pendientes. Una de ellas es poder adaptarse al daño que ocasiona la alta inflación. Esta ley que presentamos busca dar respuesta a una gran población de trabajadores. Necesitamos darle previsibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes incorporados al monotributo”, explicó Figueroa Casas, contadora especialista en finanzas públicas.

El proyecto incorpora al artículo 52 de la Ley 24.977 una cláusula gatillo que determina que cuando la inflación interanual supere el 60 por ciento, las escalas se deberán actualizar de manera automática de forma trimestral sin necesitar que lo decida el Poder Ejecutivo.

“En un contexto de alta inflación todos perdemos pero debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para proteger a los contribuyentes y así evitar que migren a las economías informales. No es justo que cambien de categoría o salgan del sistema solo porque nuestra moneda vale menos”, agregó la legisladora macrista.

La iniciativa contó con la firma de sus pares Silvia Lospennato, Lisandro Nieri, Martín Tetaz, Ximena García, Pablo Torello, Carlos Zapata, Mercedes Joury, Karina Bachey, Alejandro Finocchiaro, Laura Rodríguez Machado, Gabriela Brower de Koning, Sabrina Ajmechet, Lidia Ascárate, Mario Barletta, Héctor Stefani, Marcela Antola, Danya Tavela, Gabriela Lena, Aníbal Tortoriello, Francisco Monti, María Luján Rey e Ingrid Jetter. También lo acompañó el socialista Enrique Estévez.

Desde julio, Alberto Fernández prohibió por decreto la contratación de empleados en el gobierno nacional, sin embargo, consultando el Boletín oficial puede constatarse que se viene eludiendo la prohibición a través de la creación de Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias. Frente a esta evidencia de que la medida no se está respetando, diputados de Juntos por el Cambio, con Germana Figueroa Casas a la cabeza, presentaron un pedido de informes para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brinde explicaciones.

“Están usando la figura de las ‘unidades ejecutoras especiales temporarias’ para burlar la norma que ellos mismos dictaron. Es inaceptable que se siga aumentando el gasto público cuando tenemos tres dígitos de inflación anual, déficit y una presión impositiva insostenible por los sectores productivos”, aseguró Figueroa Casas, especialista en finanzas públicas.

El proyecto pide que se entregue en detalle a quién se contrató, en qué puestos y por qué monto utilizando esta figura de “unidades ejecutoras especiales temporarias”, algo que aparece en varios ministerios, desde la cartera que comanda Victoria Tolosa Paz hasta el propio Sergio Massa. Entre las más polémicas se encuentra la designación de una persona muy cercana al Superministro de Economía, Ezequiel Melaraña, compañero del secundario y presidente del Club Atlético Tigre.

“Sin eficiencia en el ámbito público no es posible el desarrollo económico, social e institucional de nuestro país. Claramente utilizar este tipo de herramientas para eludir la prohibición de tomar personal actúa en detrimento de la eficiencia y entorpece la creación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo. Es necesario contar con explicaciones y mirar cada caso en detalle para terminar con la burocracia estatal”, concluyó Figueroa Casas.

El proyecto contó con las firmas de los diputados nacionales Ingrid Jetter, Paula Omodeo, Ximena García, Marcela Antola, Dina Rezinovsky, Graciela Ocaña, Alberto Asseff, Omar De Marchi, Pamela Verasay, Sabrina Ajmechet, Lidia Ascarate, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Carlos Zapata, Álvaro Martínez, Hernán Lombardi, Pablo Torello y Ricardo López Murphy.

856-D-2023-UNIDADES-EJECUTORAS

La recompra de bonos de deuda de Sergio Massa desató una ola de críticas y demandas judiciales. Frente a la polémica el ministro de Economía solicitó que la Comisión Nacional de Valores investigue, pero para los referentes de JxC los requerimientos fueron “muy superficiales”. Por ese motivo, la diputada nacional Germana Figueroa Casas encabezó un proyecto- acompañada por una veintena de colegas- pidiendo que se amplíe la investigación y se implemente un mecanismo de seguimiento en el Congreso para garantizar la transparencia.

“La medida de Massa fue inexplicable desde un primer momento. En un contexto de bajas reservas del Banco Central el ministro eligió destinar dólares a una operación que no responde a las necesidades productivas del país. Esto hizo sonar las alarmas, es necesario mirar de cerca las consecuencias de la medida”, declaró Figueroa Casas, docente de finanzas públicas.

A través de un pedido de informes, los diputados de Juntos por el Cambio solicitan que se incluyan cuestiones centrales a la investigación requerida por Massa a la CNV. Entre otras, requieren que se informe sobre las cauciones bursátiles realizadas en días anteriores al anuncio, que se solicite a la Caja de Valores el movimiento de bonos desde y hacia el exterior e intercambiar información con el SEC y FINRA.

También le piden al Ministerio de Economía que conduzca una investigación interna para determinar quién tuvo acceso a la información dentro del mismo organismo.

Por último, Figueroa Casas alertó: “Sergio Massa solicitó a la CNV que invite formalmente a los bloques parlamentarios de la oposición para que demos seguimiento a la investigación en curso. Esto aún no se ha instrumentado, necesitamos implementar un mecanismo de seguimiento de manera urgente para garantizar la transparencia”.

El proyecto de ley contó con la firma de los diputados nacionales Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Ana Clara Romero, Mario Barletta, Alejandro Cacace, Karina Bachey, Laura Castets, Pablo Torello, Gabriel Chumpitaz, Ingrid Jetter, Virginia Cornejo, Alejandro Finocchiaro, Ricardo Buryaile, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Alberto Asseff, Rubén Manzi, Florencia Klipauka Lewtak, Jimena Latorre, Marcela Campagnoli, Carlos Zapata y Aníbal Tortoriello.

Este proyecto se sumó a otros dos que trabajaron la temática, una interpelación a Sergio Massa realizada por el diputado del Pro, Fernando Iglesias y otro pedido de informe del monobloquista Ricardo López Murphy que busca echar luz sobre el tema.

6960-D-2022-PI-BONOS

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) hizo referencias a la postura de la oposición respecto a las sesiones extraordinarias y expresó: “Desde el oficialismo están más preocupados por lograr impunidad que por resolver los problemas de la gente”.

Además, dijo que no dar quórum “es la herramienta legislativa” que tiene JxC para “frenar el atropello del kirchnerismo contra la Justicia”. Del mismo modo, agregó: “Presentamos un proyecto para defender la Justicia de Santa Fe con todo lo que pasa (ataques de grupos narcotráficos a jueces) y el oficialismo no lo sumó al temario”.

En declaraciones a Radio Delta, la diputada opositora remarcó que JXC “hasta ahora” decidió no dar quórum en el recinto respecto al tratamiento de los 27 proyectos en las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 23 de enero, pero advirtió: “Esto es dinámico y tal vez, se podría llegar a algún acuerdo, pero sabemos bien que está todo armado para ir contra el sistema judicial”.

Por otro lado, la santafesina mencionó el proyecto que presentó para la derogación del articulo 115 de la Ley 27.701, sobre la tasa aeroportuaria que se creó con el Presupuesto 2023. “Esta tasa es un impuesto que ya existía, y ahora, le agregaron la palabra ‘operacional’. Genera una doble imposición sobre el mismo pasaje”, afirmó.

“Adentro de la Ley de Presupuesto hay más de 50 leyes, como esta tasa que no corresponde, porque uno saca el boleto y vale más en impuestos que su valor real”, explicó Figueroa Casas. “El importe de la tasa que armaron empieza en 260 pesos, pero después va subiendo”, siguió.

En tal sentido, la diputada aclaró: “Hablan de una recaudación de 7.000 millones de pesos anuales, pero no el tema no el importe del impuesto en sí, sino que es otra imposición más que afecta a la presión tributaria del que debe viajar frecuentemente”. Asimismo, señaló: “No debemos seguir cargando con tributos. Esto es una medida en contra del país”.

En el final, la diputada remarcó que el oficialismo “está más preocupado por lograr impunidad que por resolverle los problemas a la gente”. Para ello, concluyó: “Vamos a seguir con nuestro trabajo legislativo para cuando podamos debatir temas importantes como bajar esta tasa que sigue recargando con impuestos”.

Diputados nacionales de Juntos Por el Cambio, encabezados por Germana Figueroa Casas, presentaron un proyecto de ley para que se derogue el artículo 115 de la Ley de Presupuesto sancionada en noviembre del año pasado que crea una nueva tasa aeroportuaria que incrementa los pasajes de avión o como la oposición la calificó “Tasa Milei”, y que se publicó en el Boletín Oficial bajo la resolución 3/2023 del Ministerio de Transporte la semana pasada.

“Lo relevante no es el monto del aumento que no supera los 260 pesos, sino que el Estado sigue sumando nuevos impuestos que afectan a los ciudadanos y lo hace creando una doble imposición. Vivimos en un país extenso, deberíamos fomentar el transporte aéreo en lugar de encarecerlo”, explicó Figueroa Casas, diputada del Pro y especialista en finanzas públicas.

En ese sentido, precisó: “La incorporación del artículo 115 generó la existencia de dos tasas de seguridad algo que podría ser cuestionado judicialmente. No hay diferencia entre la tasa de seguridad que cobra la ANAC, que fue rebautizada de ‘seguridad operacional’, y la nueva tasa de seguridad de la aviación que cobra la PSA. El resultado es que se cobra un impuesto doble sobre un mismo servicio: garantizar la seguridad a los pasajeros”.

“Es fundamental que como Estado garanticemos un sistema de impuestos, tasas y contribuciones ordenado, sin sorpresas, que respeten la ley actual y le dé al ciudadano previsibilidad para programar su vida económica con estabilidad”, concluyó la diputada santafesina.

Entre los fundamentos del proyecto, sostienen que “es una de las tasas más injustas que se ha creado en los últimos tiempos”, y se siguen “creando nuevos impuestos y tasas que afectan directa o indirectamente a todos los ciudadanos”.

El interbloque de JxC calificó este nuevo impuesto como “Tasa Milei” porque en la sesión en Diputados que se trató el Presupuesto 2023 allá en octubre, el diputado liberal Javier Milei no se quedó en su banca para la votación en particular y así lo habilitó al oficialismo a imponer la Tasa de Seguridad de la Aviación por tan solo un voto de diferencia -120 afirmativos contra 121 negativos-.

El proyecto de ley contó con la firma de los diputados  Ricardo López Murphy, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Eduardo Tortoriello, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, María Sotolano, Gabriel Chumpitaz, Florencia Klipauka Lewtak, Graciela Ocaña, Ana Clara Romero, Juan Martin, Dolores Martínez, María de las Mercedes Joury, Virginia Cornejo, Pablo Torello, Claudio Poggi, Susana Laciar, Gabriela Besana, María Laura Machado, Alejandro Finochiaro, Soher El Sukaria, Francisco Sánchez, Ingrid Jetter, Alberto Asseff y María Luján Rey.

6927-D-2022-DEROGACION-TASA-AERONAUTICA

La Comisión de Presupuesto y Hacienda inició su jornada de mucha actividad y protagonismo poco después de las 10.30, con una reunión para tratar cuatro expedientes, que se inició con la reincorporación del diputado Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos) como secretario de la misma.

En primer lugar se abordó un proyecto que modifica el artículo 20 bis del impuesto a las Ganancias (Ley 20.628), modificación del artículo 20 bis, referido a las exenciones a trabajadores de la Salud por los ingresos que excedan las cuatro guardias mensuales en servicios de emergencia.

La iniciativa fue defendida por su autor, el  oficialista Daniel Gollan, quien agradeció en primer lugar la rapidez con la que fue abordado ese proyecto que “intenta resolver  un problema serio”. Planteó en ese sentido que “en la Argentina tenemos 4.600 centros de salud, que tienen internación” y advirtió que las guardias “no se están cubriendo, y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a todos los sectores. Sobre todo las instituciones pequeñas y medianas. Todas las obras sociales son afectadas”.

Al respecto precisó que profesionales y técnicos, al cubrir más de cuatro guardias comienzan a pagar impuesto a las Ganancias, o bien cambian de categoría. “Entonces no las quieren hacer y no se pueden cubrir las guardias”, explicó. Recordó que esta situación se subsanó durante la pandemia, cuando se eximió de pagar impuestos a ese personal.

Ahora, “hay ausentismo; los directores de los hospitales se quedan sin cubrir las guardias, nadie quiere reemplazar; aparecen prácticas de pagar en negro, algo que tampoco es nada sano, pero a veces no queda otra alternativa”.

Gollan aclaró también que el proyecto “prácticamente no tiene ningún impacto, porque hoy no se están haciendo esas guardias”. Y concluyó: “Este proyecto es un pedido y una demanda que hemos recibido en todo el país”.

El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz celebró que el diputado Gollán hubiera descubierto “cómo funcionan los impuestos, que desalientan la actividad profesional. Ese efecto que está denunciando particularmente para el caso de los médicos se verifica en todas las actividades, las fábricas donde los trabajadores no quieren hacer horas extras porque empiezan a pagar ganancias; algunos docentes que no quieren tomar una hora adicional… En todas las actividades económicas se verifica esa misma situación: el impuesto desalienta la actividad”.

Tetaz agregó lo que definió como “un problema adicional”, el del monotributo. Y precisó que “muchos de los médicos que están haciendo guardia, son monotributistas: no quieren hacer guardia porque al facturar un poco más se pasan del mínimo y automáticamente se van a Ganancias. Razón por la cual nosotros presentamos un proyecto hace varios meses para modificar el monotributo”.

En ese sentido, el diputado Tetaz expresó su sospecha respecto de que “son más los monotributistas que hacen guardias que los que pagan Ganancias”. Y en ese marco le expresó su reproche al presidente de la comisión, Carlos Heller, por no haber querido tratar el proyecto de JxC sobre monotributo.

Propuso entonces en lugar de hacer un dictamen en ese momento, traer también “el proyecto nuestro del monotributo y hagamos algo más general”.

El tema se llevó buena parte de la discusión, en cuyo marco Gollan defendió primero su propuesta original diciendo que alcanzaba un tema de “salud pública que afecta a todos”. Y ejemplificó: “En una fábrica puede conseguir un reemplazo si no se hacen horas extras, pero acá es muy limitado, y cuando no hay (personal), no hay. Por otro lado también lo hemos conversado con los gremios que tienen obras sociales: no puede ser que después todos salgan a pedir lo mismo”, dijo, y aclaró que el tema estaba saldado.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró que estaba “fuera de discusión la pertinencia y justicia del proyecto que se plantea. Ha quedado claro, incluso aun desde una mirada distinta como es la del diputado Tetaz, que no ponía en discusión”. Y agregó que “estamos trabajando acotadamente sobre trabajadores vinculados a la salud, no sobre otras actividades, pero me parece que tenemos que ser un poco prácticos: si tenemos un proyecto que aborda un tema específico, avanzar y que no nos impida discutir otros temas en particular”.

Más adelante intervino la diputada del Pro Germana Figueroa Casas advirtió un cambio en la redacción original del artículo 27, que disparó una gran polémica. Es que originalmente se hablaba de “zonas desfavorables” y luego se agregaba “para todo el país” a partir de la quinta guardia. “Las primeras cuatro guardias quedarán exentas, yo pensé que eran para todos los casos”, advirtió la diputada santafesina, ante lo cual Heller planteó que si era un tema de redacción se ajustaría en el camino al recinto.

Lo cual no fue aceptado y finalmente varios legisladores se apartaron para darle precisión a la redacción, antes de pasar a la firma el dictamen.

Mientras tanto, Martín Tetaz siguió insistiendo en la necesidad de incluir la cuestión de los monotributistas, y ante el rechazo oficial, advirtió que analizaría la posibilidad de presentar un dictamen de minoría.

Otros temas

Luego se avanzó con los proyectos de ley por los cuales se transfiere a título gratuito diversos inmuebles propiedad del Estado nacional a la municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

A continuación, también se pasó a la firma el proyecto que declara  Monumento Histórico nacional, a la reserva natural El Destino de la provincia de Buenos Aires.

Y por último también pasó a la firma el proyecto venido en remisión por el cual se acepta la cesión de jurisdicción de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque nacional Aconquija.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) presentó un proyecto de modificación de la Ley de Obras Sociales para que los beneficiarios que ingresen a un nuevo trabajo puedan cambiar la obra social de su actividad. En la actualidad, deben permanecer un año debido a un decreto impulsado por el presidente Alberto Fernández. El objetivo de la iniciativa es favorecer el derecho a la libertad de elección, tanto desde el inicio como durante el transcurso de la relación laboral.

De acuerdo con el proyecto de Figueroa Casas, la voluntad de los trabajadores sobre las obras sociales fue afectada por el Decreto N° 438/21 -publicado el 7 de julio de 2021 en el Boletín Oficial- que estableció que quienes “inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho a la opción de cambio”.

“El Decreto limita el derecho de opción que permitía la libre elección desde el comienzo. Dicha medida perjudica no solo a la decisión de los trabajadores, sino también a la competencia entre obras sociales”, sostuvo la diputada y continuó: “Es arbitraria y contradictoria”.

Por eso, solicita para los trabajadores el derecho de opción de obra social tanto desde el inicio como durante el transcurso de la relación laboral y expresamente establece la prohibición de limitar, suspender o condicionar dicha facultad; indicando que su interpretación será siempre a favor de la libertad de elección. A su vez, la iniciativa vela por el derecho de acceso a un sistema de salud digno que responda a las necesidades.

“Es importante trabajar para permitir la completa libertad de elección de los trabajadores sin límites”, expresó la santafecina y agregó: “No puede ser que permanezcan cautivos por un año de la obra social sindical si es su primer trabajo o cambiaron desde otra rama de actividad”.

En ese sentido, la diputada del Pro señaló: “El derecho a opción está limitado a causa de una medida decretada por el Gobierno Nacional. Solo pueden elegir cambiar de obra social luego de un año de ingresar a un nuevo trabajo”.

Acompañan el proyecto los diputados Fabio José Quetglas, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Florencia Klipauka Lewtak, Gerardo Milman, Mónica Frade, Gabriel Chumpitaz, Laura Rodríguez Machado, Ximena García, Ingrid Jetter, Victoria Morales Gorleri, Ana Clara Romero, María Sotolano, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, Alberto Assef, Paula Omodeo, Virginia Cornejo, Gustavo Santos, Héctor Stefani, Sofía Brambilla, José Núñez, Laura Carolina Castets, Gabriela Besana, Lidia Inéz Ascarate, Pamela Verasay, Pablo Torello, Hugo Romero y Gerardo Cipolini.

Los principales problemas que hoy debate la Cámara de Diputados en busca de mejorar las leyes vigentes remiten siempre a una misma conclusión: la inflación. Es lo que una y otra vez señala la diputada nacional del Pro Germana Figueroa Casas al analizar los proyectos en cuyos debates hoy participa. En su diálogo con parlamentario.com, detalló los cuestionamientos de su espacio al proyecto de ley de Compre Argentino y la reforma de la Ley de Alquileres.

Sus dudas respecto del primer proyecto las grafica en frases como la de por qué se debe beneficiar a las PyMEs que contratan con el Estado “pagándoles más caro”. Respecto de la reforma de la Ley de Alquileres, confiesa que para ella directamente habría que derogarla.

Diputada nacional por Santa Fe, de origen rosarino -ciudad donde fue concejal hasta asumir el 10 de diciembre pasado en el Congreso de la Nación- Figueroa Casas es contadora, especializada en Tributación, y es además docente en la materia Finanzas Públicas. De ahí las características de la mayoría de las 8 comisiones que integra en representación de Juntos por el Cambio. A la que el último martes agregó excepcionalmente una más, Industria, en reemplazo de un colega para suscribir el dictamen de minoría que cosechó 38 firmas sobre el proyecto de ley de Compre Argentino que su interbloque cuestionó durante todas las jornadas del plenario. Cosa que les mereció el reproche del oficialismo, que tras quitar del texto la referencia al PAMI, cuestionó la postura mantenida por la principal oposición.

El oficialismo “no cedió tanto”, aclara la diputada ante parlamentario.com, para hacer hincapié además en que nunca tuvieron tampoco el texto completo del proyecto para ver bien “en qué cedieron”. Y en rigor de verdad, aclara, “en lo más importante no está cediendo”, aunque advierte que en lugar de ceder, el oficialismo debe explicar por qué quiere esa Ley de Compre Argentino.

“¿Por qué pasar a un 20% de las Pymes y las grandes de un 8 a un 15%? De 15 a 20, de 8 a 15, ¿por qué esos números?”, se pregunta la diputada del Pro, entre otras cosas: “¿Tienen las compras que se hicieron en los últimos 2 años? ¿Cuántas PyMEs nacionales, cuántas empresas grandes nacionales se quedaron afuera por precio? ¿De cuánto fue el porcentaje por el que se quedaron afuera? ¿Hicieron encuestas preguntándoles después de la licitación cuál fue el motivo, por qué la diferencia de precios?”.

A mí me parece que el costo argentino tiene más que ver con los impuestos que se pagan y las cargas que tienen las PyMEs”.

“A mí me parece que el costo argentino tiene más que ver con los impuestos que se pagan y las cargas que tienen las PyMEs”, sintetiza Figueroa Casas, que como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda planteó durante el debate “¿por qué beneficiar solo a las PyMEs que contratan con el Estado pagándoles más caro? ¿Por qué no beneficiamos a todas las PyMEs sacándoles un poquito el pie de encima? Me parece que ahí está el tema”. También sostiene que “hay mucho enojo con el compre caro, pero realmente tenemos que ser responsables con un Estado que sabemos que está complicado, con una inflación que crece y no es un momento para comprar más caro para beneficiar a tal…”.

Según la legisladora santafesina, en las reuniones realizadas con las PyMEs, las mismas plantean otras cosas. “No están pidiendo que el Estado les pague más caro: te están pidiendo que el Estado les rebaje los impuestos; tienen problemas para conseguir gente que trabaje, piden capacitación; crédito, baja de impuestos… eso me parece que es lo más necesario”.

Figueroa Casas da por sobreentendido que el acuerdo que no se alcanzó en las comisiones, no llegará en el recinto. “Ellos dicen que es una ley nueva y derogan la anterior; hay partes que son textuales de la ley anterior que se aprobó durante el gobierno de Cambiemos. Es una ley polémica… Pagar algo más caro, tiene que ser por una buena razón”, sostiene, convencida de que lo que debió haberse hecho es ver si la ley vigente funcionó, pero en cambio desde el oficialismo “van por más, agregándole discrecionalidad, porque aparte esto tiene que ser limitado. Por ejemplo, la ley de Cambiemos tenía la posibilidad de cambiar 10 puntos porcentuales hacia abajo; ahora ellos ponen hacia abajo y hacia arriba. Después hay cosas que define la autoridad de aplicación”, lo que resume como la combinación de mayor discrecionalidad y más porcentajes.

“Aparte, se pasaron hablando de las PyMEs durante los plenarios, y a las PyMEs les dan un aumento de 5 puntos, un 33%; y a las empresas grandes les aumentan el margen como un 87%. Es contradictorio, salvo que te dijeran: ‘No, las empresas grandes tienen este problema y entonces les estamos aumentando’… pero ese informe nunca llegó, que es lo que pedimos desde el principio”, enfatiza.

Con todo, aclara que “uno no dice ‘que no haya ley de Compre Argentino’, sino ¿qué es la ley de Compre Argentino? Si la vamos a mejorar, que nos digan por qué”, y agrega: “¿Un fideicomiso, con la cantidad de fideicomisos que ya hay? Un fideicomiso que va a servir para cubrir el problema de financiación que genera el propio Estado porque paga tarde y mal. ¿Por qué no empezamos a pagar bien? Es difícil acompañar algo que no ves como una mejoría sobre lo que está”.

La Ley de Alquileres

Puesto el tema en un impasse desde que acordaron sumar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar los dictámenes suscriptos en Legislación General, la reforma de la Ley de Alquileres es otro de los debates “pesados” que trata en este tiempo la Cámara baja.

Sobre el tema, Germana Figueroa Casas aclara que Juntos por el Cambio no tocó el tema impositivo en la norma porque así estaba acordado previamente, mas no porque no lo consideraran necesario, cosa que ahora harán cuando se discuta el tema en Presupuesto. La diputada cuenta que ella había presentado y acompañado propuestas de incentivos tributarios, como así también confía que “están hablando de confluir con el interbloque Federal, que tiene presentado un proyecto que no es tan diferente (al de JxC) en algunas cosas”.

Ella aclara que personalmente se inclinaría por la derogación. “Si hubiera los votos suficientes para la derogación, a mí me parece que es lo mejor, porque cuando una ley tomó el estado que tomó, seguirla modificando y emparchando, acordando, y viendo que pongo esta parte tuya… me parece que es peor. Para mí habría que derogarla y empezar de nuevo. Esa era mi posición, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto de los incentivos tributarios, que me parece que van más al meollo de la cuestión, que es que hay un problema de oferta, un problema de rentabilidad para los dueños”.

“Lo que vale una propiedad y lo que te da en alquileres no es un incentivo para alquilarla, sino para venderla, por lo que vale en dólares -reflexiona-. Y el inquilino no llega a pagar los alquileres. Pero también el tema impositivo tuvo mucho que ver: una persona que está en Ganancias paga el 35%, enseguida llega a esos números altos. Y lo que yo presenté fue porque estudiando el tema, hablándolo, viendo la situación de los pequeños propietarios”.

Lo que vale una propiedad y lo que te da en alquileres no es un incentivo para alquilarla, sino para venderla, por lo que vale en dólares”.

Pone un ejemplo concreto: “El monotributo no te permite estar ahí si tenés más de tres unidades de explotación. Entonces, una persona que tiene 4 monoambientes, que los alquila en, no sé, 50 mil pesos cada uno, te da 200 mil pesos. Después hay otra persona que tiene una casa que alquila en 200 mil pesos, exactamente los dos iguales, pero uno tiene cuatro unidades y tiene que ir sí o sí a Ganancias, y el que tiene la casa grande, se puede quedar en monotributo. Puede terminar pagando entre 3 y 4 veces más por Ganancias que lo que se paga por monotributo”.

– Los inquilinos defendieron durante las audiencias el tema de los 3 años de contrato. Y un comprovinciano suyo, el diputado Eduardo Tonioli decía que el acortamiento de los plazos a 2 años solo generaría complicaciones, porque la mayor responsabilidad en el alza del precio de los alquileres es por las renovaciones y los nuevos contratos, entonces un acortamiento sería perjudicial.

– Bueno, pero lo que está disparando los alquileres es la inflación. Esa actualización anual que es tremenda. Si una persona hubiera acordado alquileres como se hacía con el Código Civil, que uno fijaba los precios para el primer año, o para los seis meses, y estimaba lo que le parecía iba a ser la inflación, a lo mejor el inquilino estaría pagando mucho menos. El propietario se hubiera perjudicado, no sabemos. Mucho que tiene que ver con el salto que pasó ahora fue porque se incorporó que pagaban los impuestos los propietarios, que sabe que el Estado le aumenta los impuestos a cada rato. Entonces, a lo mejor el inmobiliario estaba en 1.000 pesos por mes, pero el propietario calcula por si acaso en 1.500 y eso lo traslada al precio. A mí me parece que eso no fue bueno y también, al incluir los impuestos en el alquiler, las comisiones y todo se calculan sobre la renta, que ahora incluye los impuestos. Entonces, no sé si el salto se dio solamente porque uno renueva, o por la ley nueva que te hace tener que ajustar al año.

Un tema que viene de la mano con el de los alquileres es el de los créditos UVA, donde la oposición forzó también un tratamiento que aún no se ha iniciado, pero que también se las trae. La diputada del Pro cuenta que para hablar del tema han convocado en el interbloque Juntos por el Cambio a los que como ella integran la Comisión de Finanzas. “Tenemos que hablarlo y ver, hay muchas aristas, porque también hay gente que está cobrando plazos fijos en UVA, hay dos caras de la misma moneda”, observa, sin dejar de tener en cuenta que “somos un país que tiene tan poco crédito hipotecario, que hay que tener ojo… De nuevo, esto es como la ley de alquileres, cuando uno la tocó y se asustan los propietarios. Bueno, en este caso: ¿Otra vez le vamos a decir a los bancos que las cosas cambian? ¿Va a haber crédito después? Hay mucho que analizar. Claro, hay gente que está angustiada, pero el problema principal es la inflación. Eso es lo que genera este problema”.

Las referencias a la inflación llevan a la guerra declarada por el Gobierno que todavía no muestra señales de éxito. “Desde el principio, siempre opiné que los controles de precios no funcionan, porque la experiencia lo muestra. Ojalá hubiera una solución mágica, pero la única forma es ser responsables, bajar el gasto, porque la emisión sin fin genera inflación”, sostiene Figueroa Casas.

La diputada santafesina se admite preocupada y asustada. “Yo he vivido la hiperinflación”, recuerda, aunque no cree que estén dadas las cosas hoy para llegar a ese punto… “Si se toman medidas. Creo que estamos a tiempo”.

Consultada sobre las iniciativas provenientes del kirchnerismo que impulsan de manera independiente de su propio Gobierno iniciativas tales como la moratoria en jubilaciones, acelerar los aumentos de salarios, o salario básico universal, Figueroa Casas cuenta como anécdota la interpretación que estos días le dio una joven de 20 años, que no es economista. “Me decía que no entendía que a vos te dan la plata, pero como el Estado te la da emitiendo moneda, eso ya después te termina valiendo la mitad. Entonces ¿te conviene que te den la plata? Yo la miraba pensando que cómo es que alguien que no tiene nada que ver con la economía empiece a razonar de esa manera. Te empezás a dar cuenta”.

Celebra ese tipo de razonamientos, aunque reconoce que hay que aumentarle a la gente, “porque la inflación hace que el sueldo valga cada vez menos, pero el ‘plan platita’ tiene esa desventaja, que no puede ser eterno”. Y agrega: “En economía uno trabaja a veces hablando de mover solo una variable y que todo quede igual, pero eso no es lo que pasa en la realidad. Entonces, si yo le voy a dar dinero a alguien, pero le genero tal inflación que no le alcance lo que le doy, lo estoy engañando. Cuando yo digo que está bueno endeudarse en pesos y no en dólares, lo que estoy diciendo es que a esa gente le voy a licuar la deuda. Le estoy diciendo a esa gente que no le voy a pagar lo que vale, porque si no me daría lo mismo endeudarme en pesos que en dólares. Bueno, lo mismo pasa con esto, le doy nominalmente, pero realmente no le va a alcanzar para todo lo que necesita. La verdad que asusta porque decís hasta dónde vamos a llegar con esto”.

– Un porcentaje alto de la inflación el gobierno lo atribuye a la guerra. ¿Qué tan cierto le parece esto?

– La inflación que hay en un año en esos países a los que afectó y que están repreocupados, es menos que la que tenemos nosotros en un mes. Obviamente que influye. Influye por ejemplo aumentando las commodities, también aumentando el costo de impuestos, pero también es una oportunidad. Lo que pasa es que si uno ve al campo como enemigo, por ejemplo, entonces va a decir  que le va a ir bien porque los commodities valen más, por otro lado les cobra retenciones, le conviene que se exporte más, pero no ve que les vaya bien. En vez de decir nuestros productos valen más en el mundo, entonces me preocupo porque a nuestra gente no le alcanza. Y yo lo que tendría que pensar es que a la gente le tiene que ir bien y ganar mejor y que haya más empleo, y entonces no me voy a preocupar si no le alcanza para comprar el pan. A todo esto, se habla de la harina, y la harina es un 13% del valor del pan, y un 26% son impuestos. ¿Entonces el problema está en la harina o en los impuestos?