La Federación de Inquilinos Nacional, a través de su presidente Gervasio Muñoz, reclamó ante el plenario de comisiones de Diputados de este martes que el Congreso “le dé de baja al DNU” para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres” porque la derogación de la norma “favorece al mercado inmobiliario”.

En su intervención, Muñoz recordó que “hace pocos meses estuvimos acá las organizaciones inquilinas, los representantes del mercado inmobiliario porque hace pocos meses se votó una ley en el Congreso Nacional. En una ley que estuvo en debate mucho tiempo y que así y todo el año pasado se terminó el debate legislativo y se convirtió en ley”.

“Un poco lo que plantea la democracia es eso. Se presenta un proyecto, lo debaten en las comisiones con los representantes del pueblo para dar su posición y el Congreso sintetiza sus posiciones en una ley”, resumió y cuestionó que “lo que sucedió es que después de 4 meses que se había votado la ley, apareció un DNU que, no solo deroga la ley de alquileres, sino que además reescribe el Código Civil”.

Muñoz denunció que “si nos fijamos en la campaña y los aportantes económicos para la campaña del presidente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria era aportante para la campaña de Milei. Después vino que el DNU derogaba la Ley de Alquileres y que, además, no se sabe quién lo escribió”.

“Si no se sabe quién la escribió, si la Cámara Inmobiliaria puso plata para la campaña, si todo lo que plantea el DNU favorece al mercado inmobiliario ¿habrá sido que esa parte la escribió la Cámara Inmobiliaria? Si escribió el decreto, ¿qué facultades tiene para eso?”, cuestionó y agregó: “El presidente de la Cámara Inmobiliaria defendió el DNU que anula cualquier tipo de regulación”.

El titular de la Federación de Inquilinos resaltó que “no existe país en el mundo en donde no haya ningún tipo de regulación para alquilar vivienda. Es un experimento que se está haciendo acá y tiene consecuencias muy graves”.

“Se firman contratos por tres o seis meses”, denunció y planteó: “Quisiera saber si algún legislador estaría dispuesto a alquilar una vivienda están dispuestos a firmar un contrato por tres meses y no saber si sus hijos van a poder seguir yendo a la misma escuela en los próximos meses o sencillamente no saben a dónde van a ir a vivir en seis meses”.

Así, apuntó: “Es insólito que en privado digan que no están para nada de acuerdo con esto, pero no traten el decreto en el Congreso Nacional”.

También cuestionó a los medios de comunicación porque “hace unos días hubo una campaña en los medios, algo que se llama relato, de que había aumentado la oferta y habían bajado los precios en un 20% los alquileres”.

“Lamentablemente es imposible gobernar a través de operaciones en los medios de comunicación porque la realidad se impone y sucede en todos lados”, disparó.

Muñoz expresó: “Nos sorprende mucho a las organizaciones inquilinas que mientras que hablan de la libertad y democracia por DNU vengan a derogar una ley que tuvo un debate enorme y genera suspicacias que la Cámara Inmobiliaria defienda esto”.

“Nos preocupa mucho que el DNU no sea tratado en el Congreso mientras que hay 10 millones de inquilinos que están desesperados”, alertó y planteó: “Vemos entre un 200 y un 300% en las renovaciones de los contratos de alquiler, ¿ustedes creen que los propietarios como no hay marcos regulatorios van a bajar los precios? En el DNU plantean que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento y eso caracteriza mucho al gobierno nacional. Es muy difícil imaginar las consecuencias de una magnitud como esta que ya no solo son para los que alquilamos, sino que es una consecuencia social. La única forma es que les den de baja al DNU”.

Buscando darle respuesta a la crisis habitacional que atraviesa el distrito, asociación Inquilinos Agrupados presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual se prevé que unas 340 mil viviendas ociosas pasen al sistema de alquileres.

El proyecto en cuestión plantea que los inmuebles que permanezcan vacíos por más de 90 días consecutivos ingresen “de forma obligatoria” a un sistema de alquiler protegido, el cual estará administrado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que deberá fijar un precio de renta equivalente al 1% del valor fiscal de la propiedad.
También define a la vivienda ociosa como “aquella que registre durante el lapso de tres meses consumos de servicios eléctricos por debajo de los 50 kwh/mes”, así como las que “no se hayan registrado su contrato de alquiler”, tal como lo determina la normativa vigente.

Respecto de esta situación, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó en diálogo con la agencia de noticias Télam que “decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la Ciudad” e indicó que “cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo esta la causa fundamental junto con el alquiler turístico”.

Es que, de acuerdo con un estudio elaborado por la Mesa de estudio de viviendas vacías, casi una de cada 10 viviendas de la Ciudad de Buenos Aires permanece sin ocupar y la mayoría de ellas está en barrios como Puerto Madero, Palermo y Recoleta.

“No hay dudas de que el mercado inmobiliario construye viviendas para dejar vacías y las consecuencias sociales y habitacionales son gravísimas”, aseveró y concluyó precisando que “el aumento del valor del suelo, condiciones cada vez más restrictivas para conseguir vivienda, y alquileres que significan más de la mitad de nuestros ingresos. Toda ciudad moderna regula la vivienda vacía y es hora de que aquí también suceda”.

Cabe señalar que desde Inquilinos Agrupados iniciarán una campaña de recolección de firmas para sumar al menos 38 mil adhesiones que obliguen a los diputados a debatir el proyecto.