Los mismos, como así también 13 impulsados contra su vice y ministros, podrán ser puestos a consideración cuando se abra el debate por las denuncias contra los integrantes de la Corte.
Por José Angel Di Mauro
El Gobierno está muy decidido a avanzar con el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Aunque sabe de sus carencias, lo hará este verano, con la certeza de contar con el número -ajustado, pero suficiente- para arrancar con el dictamen de acusación. Bastante para el objetivo de ocupar la primera parte del año en un tema bien distinto a los problemas que acucian a esta gestión en particular y a los argentinos en general. Pura táctica y estrategia.
Lo hará hasta donde puede: los albores de la sesión para la cual necesitaría 2/3 de los votos para llevar el proceso a la instancia del Senado. Esa barrera no la pasan, pero hasta ahí consideran que les alcanza.
La oposición, por su parte, buscará “contraatacar” con armas similares. Esto es, dándole centralidad a los pedidos de juicio político que Juntos por el Cambio ha presentado en estos tres años contra la administración de Alberto Fernández. De hecho, hay más de una docena de pedidos de juicio político presentados por la oposición contra el presidente de la Nación.
No solo eso: hay 3 impulsados contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y casi una veintena contra los ministros de esta gestión. Veamos el detalle puntual de los mismos, que Juntos por el Cambio podría poner a consideración, si lo decide, en la comisión que preside Carolina Gaillard.
El último pedido de juicio político contra el presidente Fernández es “por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, y fue presentado por la UCR, encabezada por Mario Negri. Lleva las firmas de todos los integrantes de esa bancada; se trata del pedido de juicio político que había anunciado el radicalismo ni bien el presidente dijo que no aceptaría el fallo de la Corte Suprema favorable a CABA. Lo dejaron en stand by cuando Fernández pareció reconsiderar su decisión, pero finalmente lo presentaron el 27 de diciembre y el texto alude no solo a la reacción oficial frente al fallo de la Corte, sino también al inicio del juicio político contra el Tribunal Superior. Y en uno de sus párrafos expresa que “es nuestro deber evaluar la falta de idoneidad en el manejo de la cosa pública a más cuando se torna repetitivo el violentar la Carta Magna por parte de quien ejerce uno de los poderes del Estado”.
Un día antes, el diputado Ricardo López Murphy había presentado otro pedido de juicio político contra Fernández, por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Fue con el acompañamiento de los diputados Martín Tetaz y Fernando Iglesias, “ante el anuncio de un posible alzamiento del presidente de la Nación, de consuno con varios gobernadores de distintas provincias del país, contra un fallo del Máximo Tribunal de la Nación”.
Ese mismo 26 de diciembre y por las mismas causas José Luis Espert (Avanza Libertad) presentó su propio pedido de juicio político contra el primer mandatario, y otro tanto hizo también el diputado del Pro Pablo Tonelli, para quien resulta evidente que “el Congreso Nacional no puede asistir pasivamente ante los hechos de público y notorio conocimiento que denotan el mal desempeño y la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones de, nada más ni nada menos, que el presidente de la Nación”.
Más atrás en el tiempo, los jefes del interbloque Juntos por el Cambio encabezados por Cristian Ritondo, presentaron el 25 de agosto de este año otro pedido de juicio político contra el presidente por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Fue luego de que Alberto Fernández se refiriera al fiscal Diego Luciani, durante una entrevista en A Dos Voces, diciendoque “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”.
Junto a Ritondo, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer, y buena parte del interbloque JxC, consideraron “temerarias y amenazantes” tales declaraciones con las que interpretaron que el presidente pareciera querer “limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley”.
Por esa misma razón la diputada Graciela Ocaña presentó su propio pedido de juicio político contra Alberto Fernández. “El peso de estas palabras cobra mayor gravedad al recordar que lo que conecta a estos fiscales es su trabajo exponiendo los ilícitos de un gobierno del mismo signo político que el del presidente”, señaló la diputada.
También en esos días, el diputado Ricardo Buryaile presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández. Lo acompañaron varios correligionarios, pero también de otros bloques, como José Luis Espert, Margarita Stolbizar y Pablo Torello. Fue por las declaraciones presidenciales en las que salió a respaldar a su vicepresidenta luego de que la fiscalía pidiera 12 años de cárcel para ella en la causa Vialidad. “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el presidente. Para Buryaile, eso denotaba “un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada uno de los poderes de gobierno”.
El 25 de julio José Luis Espert presentó su primer pedido de juicio político contra el mandatario. Acompañado por su compañera de bloque, Carolina Piparo, le endilgaban al mandatario haberse sumado a su vicepresidenta en lo que se define como “un constante ataque a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial y, especialmente, a la Corte Suprema de Justicia. El presidente, señaló Espert, “apoya cada ataque hacia está institución, lo cual conlleva una grave violación al artículo 109 del texto fundamental”, cuestionándole también “la interferencia en el Poder Judicial jujeño por parte del presidente”, por haber definido a Milagro Salas como una “perseguida política” y reclamarle a los tribunales jujeños y a la Corte que empiecen a “enmendar las barrabasadas que se hicieron”.
Más atrás en el tiempo están los pedidos de juicio político que se impulsaron contra el presidente Alberto Fernández por su desempeño durante la pandemia y, sobre todo, la fiesta en Olivos. El 17 de agosto de 2021 el diputado Mario Negri, acompañado por Cristian Ritondo, Gustavo Menna y Omar De Marchi, entre otros, presentaron uno en el que detallaron todos los decretos presidenciales registrados durante la pandemia, hablaron de las fuertes restricciones a la movilidad aplicadas por el Gobierno y terminaron detallando lo que se conocería como el Olivosgate. “La situación desenmascara la hipocresía del presidente -advirtieron-. Para entonces, regía una estricta cuarentena que prohibía reuniones sociales y limitaba la circulación de los esenciales. El, quien ordena cumplir lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano. Esta gota rebalsó el vaso”.
El mismo día la entonces diputada Beatriz Avila (ahora senadora) promovió un pedido de juicio político contra Alberto Fernández en el mismo sentido. Con fecha 13 de agosto, el exdiputado Jorge Enríquez, acompañado por Waldo Wolff y Fernando Iglesias, presentaron su pedido de juicio político al presidente por haber “incurrido en mal desempeño en la gestión de la pandemia producto del Covid-19”, reprochándole una política en materia de salud “llanamente mala y cargada de irregularidades que el tiempo y la justicia terminarán por aclarar en los correspondientes tribunales”.
Le endilgaron a Fernández el vacunatorio VIP; la “utilización política de la vacuna”; falta de vacunación de menores con comorbilidades, opacidad en contrataciones del Estado; y “especulación política de la compra de vacunas”, entre otras cosas.
Los restantes dos pedidos fueron hechos por José Luis Patiño (27 de julio de 2021) por el contenido de la carta enviada por la funcionaria Cecilia Nicolini al representante del Fondo Ruso de Inversión Directa Anatoly Braverman que revelaba un interés especial del Gobierno argentino en promover la vacuna Sputnik, como así también “el incumplimiento sistemático ruso”. Asimismo hablaba de “violaciones a derechos humanos”, generadas durante la pandemia.
Finalmente llegamos a lo que en realidad fue el primer pedido de juicio político contra Alberto Fernández. Se presentó el 28 de junio de 2021 y fue contra el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner; lo impulsó Alvaro de la Madrid, quien les atribuyó a ambos haber atentado contra el orden democrático. Para el exdiputado radical, el presidente había demostrado hasta entonces “atentar contra la independencia del Poder Legislativo y Judicial para someterlo a los intereses personales y políticos -especialmente a los de su vicepresidente- menosacabando el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático”.
Fue por un proyecto de ley presentado por el Gobierno que buscaba otorgarle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para tomar y sumar restricciones hasta el 31 de diciembre de ese año. Se trataba del proyecto conocido como “Emergencia Covid”.
Como dijimos, el anterior proyecto incluyó a la vicepresidenta de la Nación, pero el primero impulsado contra ella fue presentado el 17 de diciembre de 2020 por diputados de la Coalición Cívica encabezados por Juan Manuel López. Fue por haber “desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”.
Le atribuían “un plan orquestado por Cristina F. de Kirchner -y ejecutado por funcionarios vinculados a ella- que tiene por finalidad garantizar su impunidad”. Citaban puntualmente la desarticulación del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores; la reforma judicial; y la modificación de la Ley de Ministerio Público.
El tercer pedido de juicio político que la involucró fue presentado el 16 de diciembre pasado por Ricardo López Murphy, con motivo de su condena en la causa Vialidad. “Entiendo que la gravedad de los hechos acreditados, sin disidencias, en la instancia del juicio oral y público, aunque la condena aún no se encuentre firme, justifica plenamente la destitución de la vicepresidente de la Nación, señora Cristina Elizabet Fernández de Kirchner”, argumentó el líder de Republicanos Unidos.
El ministro que más pedidos de juicio político acumula en su contra es el de Seguridad, Aníbal Fernández. Tres de ellos tuvieron que ver con el acto de intimidación cometido contra el humorista gráfico Nik. El primero de los seis pedidos de juicio político que acumula Aníbal fue presentado por ese tema por el senador radical Pablo Daniel Blanco; el segundo es del 14 de octubre de 2021 y lo promovió el diputado Fernando Iglesias junto a otros diputados del Pro por “haber amenazado con metodología mafiosa” a Nik, como así también “haber injuriado al expresidente de la Nación Mauricio Macri”. En un reportaje el ministro se había referido al exmandatario como “el hijo de puta de Macri”.
El tercer pedido de juicio político -de nuevo sobre el caso Nik- fue del diputado de la CC Juan Manuel López.
También desde la CC vino otro pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, en este caso de la diputada Mónica Frade, por su papel en la seguridad de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el fracasado atentado que la tuvo como blanco móvil. Frade habló de “acciones, omisiones y negligencias configuradas por el ministro de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”.
El 13 de diciembre pasado el diputado del Pro José Carlos Núñez (Santa Fe) hizo otra presentación contra Aníbal Fernández, por sus declaraciones del 7 de diciembre de 2022, en ocasión de la visita que realizó a Rosario, donde atribuyó los gravísimos hechos delictivos que azotan diariamente a esa provincia a “casos entre bandas”, en su mayoría. Para el legislador, “los dichos del ministro ubican a la provincia en una completa indefensión, ya que si quien es el encargado de velar por su seguridad minimiza la actual y real situación, la pregunta obligada es cómo podremos frenarla”.
Por el mismo motivo otro diputado del Pro, Federico Angelini, acompañado por el otros legisladores de JxC de esa provincia, promovió otro pedido de juicio político contra Aníbal por haber evidenciado desconocimiento de “los objetivos del ministerio”, como así también “la articulación necesaria con los funcionarios municipales y provinciales”, además de “faltar a la verdad con sus declaraciones, ya que en cifras, de los últimos años solo se logró contrarrestar el índice de homicidios en el período 2017-2019, según datos del Ministerio Publico de Acusación de la provincia de Santa Fe”.
La antecesora de Aníbal Fernández, Sabrina Frederic, acumuló durante su gestión 3 pedidos de juicio político. El primero es del 3 de enero de 2020 y lo promovió Elisa Carrió, por su posicionamiento respecto del rol del Estado en relación al terrorismo internacional y su financiamiento, en referencia a la agrupación Hezbollah; más la revisión de la actuación de Gendarmería en la pericia judicial del caso Nisman.
El segundo pedido contra Frederic lo presentó el neuquino Francisco Sánchez (Pro-Neuquén) el 1 de septiembre de 2020, por su “no intervención” en el conflicto mapuche en el sur, ante actos de vandalismo y violencia como incendios a propiedades y agresiones a vecinos. Y particularmente por haber presentado la entonces ministra una denuncia penal ante la Justicia contra los organizadores de una manifestación realizada por vecinos de Villa Mascardi contra la ocupación de tierras por parte del lof Lafken Winkul Mapu.
El tercer pedido de juicio político fue presentado el 1 de septiembre por el ahora exdiputado José Luis Patiño por haber declarado ante ocupaciones de terrenos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el resto del país que “la toma de tierras no es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional”.
También acumuló hasta ahora 3 pedidos de juicio político Santiago Cafiero. El primero es del 26 de abril de 2021, cuando era jefe de Gabinete, y lo impulsó el diputado Federico Angelini, por no cumplir con el mandato constitucional de presentar sus informes ante el Congreso. “Ha trascurrido plazo considerable desde el inicio del periodo de sesiones ordinarias de 2021 y no hay estipulada una agenda tendiente a efectivizar la visita del ministro a esta Cámara, lo que resulta preocupante y grave desde el punto de vista institucional”, señaló el diputado del Pro.
Ya en su condición de canciller, Cafiero recibió un pedido de juicio político el 21 de marzo de 2022 por parte del diputado Waldo Wolff, por mostrar “un desinterés absoluto en la búsqueda de la verdad y la justicia respecto de uno de los hechos más trágicos que sufrió nuestro país, que se traduce en un nuevo ataque a las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA”.
Al respecto, le reprocharon que “por desidia, omisión y/o incompetencia de la Cancillería, otro iraní con pedido de captura internacional por planificar el atentado contra la AMIA DE 1994 salió de su país y no fue preso”, en referencia a Ahmad Vahidi, ministro del Interior de Irán. También mencionaron el caso en el que el embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, asistió al acto de reasunción del presidente nicaragüense Daniel Ortega, ceremonia a la que asistió el vicepresidente de Asuntos Económicos Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní durante el atentado a la Embajada y a la AMIA. “El embajador Capitanich, en cumplimiento de su cargo, tenía el deber y la obligación de denunciar, ante el gobierno de Nicaragua, la presencia de un prófugo de la Justicia Argentina con orden de captura internacional y alerta roja de Interpol, acusado de haber participado en el mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país, pero no lo hizo. Es decir, ilegalmente omitió o se rehusó hacerlo, a sabiendas de quien era el invitado que él tenía a pocos metros, y en un acto oficial donde representaba al gobierno argentino”, denunciaron los legisladores del Pro.
El tercer pedido contra Cafiero es también de Waldo Wolff, por el caso del exembajador argentino en Israel Sergio Uribarri, quien a pesar de estar renunciado presidió en ese país el acto conmemorativo por el 212° aniversario de la Revolución de Mayo. “Resulta imperdonable el daño que este gobierno le ha generado a nuestro país designando como funcionario para representar a nuestro país internacionalmente a una persona que se encontraba denunciada y procesada, luego imputada, y que, mantienen en sus funciones encontrándose ya condenada por el delito referido”, señaló Wolff.
Uno de los temas que más controversias despertó durante la cuarentena fue la cuestión de la educación, por las escuelas cerradas. Así fue como el 28 de diciembre de 2020, el diputado Alberto Asseff presentó un pedido de juicio político contra el entonces ministro de Educación, Nicolás Trotta, “por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones; atento a considerarlo responsable de desplegar conductas de enorme gravedad institucional alterando la educación y el futuro de nuestros jóvenes”.
Para Asseff, el ministro había desarrollado “un conjunto de acciones y omisiones que atentan contra el correcto ejercicio de sus funciones y al interés supremo de la educación argentina”. En ese marco se quejó porque estaba vacante la Secretaría de Educación de la Nación, que consideró “casi el corazón pedagógico del ministerio nacional”.
Entre otras cosas, le endilgó a Trotta haber defendido “la no apertura de las aulas por el simple hecho de manifestar que resulta una situación compleja”. También justificó su pedido de juicio político en “el adoctrinamiento que el ministro de Educación ha permitido durante su año de gestión”.
“El Gobierno no tiene motivo alguno para utilizar los recursos públicos para hacer propaganda de actos de gobierno y pensamiento partidario”, sostuvo, y consideró además “inadmisible y repudiable que se haya permitido el izamiento de la bandera cubana y entonar una marcha homenajeando a Ernesto ‘Che’ Guevera, en un acto escolar”.
El segundo juicio político contra Nicolás Trotta fue presentado por Maximiliano Ferraro y otros diputados de la CC el 16 de abril de 2021, “por el daño irreparable que su impericia, falta de planificación e irrazonabilidad viene causando en el sistema educativo argentino”. Y como ejemplos pusieron, entre otras cosas, “la irrazonable decisión de cerrar todo el sistema educativo del país sin ningún tipo de distinción y análisis epidemiológico por provincias o localidades durante 2020; que ante la evidencia científica e indicadores educativos no privilegió la modalidad presencial y a la escuela como el lugar más seguro que podemos ofrecer a los estudiantes, docentes, no docentes y familias. También por “la decisión de ceder la gestión y la política educativa en algunos sectores gremiales y corporativos; erráticas, improvisadas e incongruentes decisiones y políticas educativas que agravaron la desigualdad y los niveles de aprendizaje, que le fueron advertidas por diferentes actores del mundo científico y pedagógico y nunca tomó en cuenta; y desconocer que la virtualidad tiene un límite y es complementaria a la presencialidad, y más aún cuando se observa que un 19% de los alumnos de educación primaria no tiene acceso a internet”.
Por supuesto, el exministro de Salud Ginés González García tuvo su propio pedido de juicio político. Fue el 18 de diciembre de 2020 y lo impulsó el radical tucumano José Cano, que reprochó la falta de acuerdo con Pfizer, el único laboratorio que había logrado tener para entonces una vacuna que completara con éxito la fase III de ensayos clínicos; las falencias de la vacuna Sputnik V; y haber incurrido en omisiones graves en su labor en el Ministerio de Salud reflejada en la demora en la que habría incurrido el Estado Nacional en adoptar las medidas relativas a evitar la magnífica propagación del Covid-19 en nuestro territorio y también en las demoras actuales de realizar convenios con otros Estados para la adquisición de la vacuna contra el Covid-19”.
Hubo también un pedido de juicio político conjunto para Eduardo “Wado” De Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta, ministros del Interior y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presentado el 2 de marzo de 2022 por Gerardo Milman, por la visita oficial que le hicieron el 18 de enero a Milagro Sala. “Reviste de suma gravedad institucional que funcionarios nacionales defiendan delincuentes condenados en tribunales de distintas instancias y desconozcan las sentencias del Poder Judicial, en una clara violación del principio de división de poderes”, señalaba el proyecto, que consideraba “otro botón de muestra del embate al Poder Judicial para lograr la impunidad de los propios y alimentar el sueño de la suma del poder público”.
Por último, no se iba a quedar sin un pedido de juicio político el ministro de Justicia, Martín Soria, a quien el 3 de agosto de 2022 la diputada radical Soledad Carrizo le impulsó un pedido de juicio político por “las graves expresiones vertidas en ejercicio de su función”. ¿Qué había dicho el rionegrino? El día anterior a la presentación del juicio político, Soria había dicho que “hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”.
“Sin perjuicio de la claridad de estas expresiones, se vuelve necesario interpretarlas en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen: el Ministro de Justicia de la Nación ha puesto de resalto su deseo de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en una pretensión ideológica personalista”, expresó la diputada radical, para quien “estas expresiones no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el estado de derecho, sino que se vuelven aún más graves en relación a su responsabilidad como autoridad nacional, y el evidente mal desempeño que trae aparejado, con más la posible configuración de una conducta delictual tipificada en nuestro código penal como delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de la Nación”.
En definitiva, son 13 pedidos de juicio político contra el presidente de la Nación; 3 contra su vice; 6 contra Aníbal Fernández; 2 contra Santiago Cafiero; uno contra Martín Soria y otro contra Wado De Pedro. 27 presentaciones que podrán ponerse en consideración cuando se ponga en marcha la Comisión de Juicio Político.
Los pedidos presentados contra Sabina Frederic (3), Nicolás Trotta (2), Santiago Cafiero (1) Elizabeth Gómez Alcorta (1) y Ginés González (1) ya devienen en abstracto pues ya dejaron el cargo que ocupaban.
La impulsó el diputado nacional del Pro Jorge Enríquez, que atribuye a “la incapacidad del Gobierno” el millón y medio de contagios y las 41 mil muertes.
El diputado Jorge Enríquez de JxC presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación y los ministros de Salud y Seguridad, por abandono de persona en la gestión del Covid, según lo establece el art. 106 del Código Penal, que impone penas de hasta 15 años, por “poner en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte”(…) y de ello resulten muertes, como es el caso. Jurídicamente, se aplica la teoría de la infracción de un deber, porque la conducta está claramente tipificada y la omisión es evidente.
Enríquez sostuvo que “un millón y medio de contagios y 41.000 muertes no son el resultado de la letalidad del virus, sino de la incapacidad del Gobierno para implementar la cuarentena anunciada, que hubiera disminuido enormemente la cantidad de muertos.
La gestión de la vacuna, principal herramienta para el combate de la enfermedad ha demostrado que la incapacidad de este gobierno pone a la población en una situación de abandono de persona.
En múltiples apariciones públicas, tanto Alberto Fernández como el ministro Gines anunciaron presuntos convenios con diversos laboratorios para la provisión de vacunas. Pero finalmente ninguna de estas opciones se concretó”.
Enríquez, concluyó: “la gravedad de la incapacidad del Gobierno está llevando exponencialmente a mayores muertes. Y espero que la justicia atribuya las responsabilidades que le caben a los funcionarios, como fueron los casos de Cromañón y del Sarmiento.
El organismo que preside el senador radical Mario Fiad volvió a reunirse con la presencia de los titulares de las comisiones de Salud de ambas cámaras y los de todas las legislaturas del país.
Encabezado por su presidente, el senador nacional Mario Fiad, el Consejo Federal Legislativo de Salud se reunió por tercera vez en el año, con la presencia del ministro de Salud, Ginés González García; el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso; Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de Diputados y legisladores de 18 provincias.
El COFELESA es un organismo deliberativo que tiene por objeto la articulación y promoción de políticas legislativas comunes en materia de salud en todo el territorio nacional, integrado por los miembros de las comisiones de Salud del Senado de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Nación, de cada una de las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La reunión contó con la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, quien se refirió a la situación de la pandemia del Covid-19 en las distintas regiones del país, y luego respondió las preguntas de los legisladores nacionales y provinciales, que mostraron su compromiso de seguir trabajando para superar la crisis sanitaria causada por la pandemia.
Al respecto, el legislador jujeño, expresó que “este es el espacio más federal que tenemos en el ámbito de la salud, por eso es muy importante la presencia del ministro, sobre todo en este contexto de pandemia, dónde todas las provincias tenemos distintas realidades”.
Luego, la reunión continuó con el panel de especialistas sobre cannabis medicinal, encabezado por la Sonia Tarragona, subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación; Roberto Caraballo, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Garraham, y Gastón Morales, presidente del directorio de Cannava SE de la provincia de Jujuy.
Al respecto, Fiad expresó: “En la última reunión habíamos acordado abordar el tema del cannabis medicinal, y hoy pudimos escuchar las voces de personas que están abocadas de lleno en este tema que nos brindaron información y herramientas para generar un marco legal acorde a este ámbito”.
La doctora Terranova se refirió al marco normativo y explicó las modificaciones de la reglamentación de la Ley 27.350 sancionada por el Congreso en el año 2017. El doctor Caraballo relató la experiencia del Hospital Garraham en relación al uso de cannabis en los tratamientos para casos con epilepsia. Por último, el doctor Gastón Morales, presidente del directorio de Cannava SE, expuso en detalle el proyecto que se está desarrollando en la provincia de Jujuy, primer proyecto estatal de producción de derivados medicinales de cannabis en Argentina.
Cannava SE surgió a partir de la iniciativa del Gobierno de Jujuy, y muestra importantes avances desde su creación en el año 2017 a la actualidad. Además de la creación de puestos de trabajo a medida de la expansión del proyecto y aportar para la transformación de la matriz productiva de Jujuy, generó acuerdos estratégicos con empresas, universidades y ONG nacionales y extranjeras, que le otorgan una proyección global.
Por último, Mario Fiad reflexionó sobre la importancia de este espacio: “Encontramos en el COFELESA un ámbito transversal para trabajar, sin distinciones partidarias, apuntando a mejorar la salud de los argentinos. Es una herramienta muy importante para tender a lograr un sistema de salud más equitativo y justo para los argentinos”.
En el marco de una audiencia pública con trabajadores de la salud, Romina del Plá y Gabriel Solano alertaron sobre la situación sanitaria en el AMBA.
La diputada Romina Del Plá y el legislador Gabriel Solano participaron de una audiencia pública con más de cien trabajadores de la salud del AMBA de instituciones públicas y privadas. Fue convocada por los bloques del FIT-PO del Congreso y la Legislatura para relevar las denuncias de los trabajadores, que alertan sobre un colapso creciente del sistema de salud.
En ese marco, Del Plá afirmó: “Vamos a presentar un pedido de interpelación al ministro de Salud de la Nación para que responda sobre las graves denuncias que recogimos de primera mano de los trabajadores. La situación del sistema sanitario dista mucho de la que nos pintan en las amistosas conferencias de prensa de Fernández, Larreta y Kicillof. Muchos hospitales grandes ya están colapsados, como el Posadas o el Evita de Lanús, que cerró la admisión de nuevos pacientes por falta de personal. Lo mismo ocurre en CABA en el Santojanni, el Piñero o el Ramos Mejía”.
Según Del Plá, “esto obedece a que el reforzamiento hospitalario que anunciaron no es tal. Por ejemplo, en el caso de las terapias intensivas, las camas que se sumaron no cuentan con el equipamiento y, sobre todo, con el personal necesario para su funcionamiento. En la audiencia los trabajadores de las terapias fueron muy claros respecto a que el número de enfermeros, kinesiólogos y médicos terapistas por cama tiene un impacto decisivo en las posibilidades de recuperación de los pacientes. Este faltante hace que en muchos hospitales haya una mortalidad cercana al 90% entre los pacientes que ingresan a UTI, como en el Hospital Piñero de Flores”.
“Por otra parte, el personal de salud está mermado por los contagios y los aislamientos preventivos. Sólo en Provincia hay más de 6000 trabajadores de la salud contagiados por falta de elementos de protección personal de la calidad y en la cantidad que se necesita”, agregó la diputada del Partido Obrero. Esta situación, agregó, “se agrava porque flexibilizaron la cuarentena en el peor momento de la pandemia, por presión de las patronales que quieren continuar con la explotación de los trabajadores, cuando estamos con una cantidad creciente de contagios y fallecidos, y en los últimos días se bate récord tras récord”.
Solano afirmó por su parte que “la pandemia puso de relieve un sistema de salud fragmentado, privatizado y con trabajadores de la salud completamente precarizados. El Gobierno desoyó nuestro reclamo de centralización estatal del sistema de salud, una necesidad de primer orden. Las consecuencias están a la vista: un sistema de salud colapsado, que no puede disponer de la información y los recursos para enfrentar la situación. Por eso hay una crisis por las derivaciones del PAMI, la obra social de los jubilados, que es el sector más sensible a la enfermedad del Covid-19”.
“También se les niega a los trabajadores de la salud sus reivindicaciones, como el pase a la carrera profesional para enfermería, el salario para los concurrentes y el pase a planta para los residentes que egresan. Los salarios del sector rondan la canasta de pobreza y sin embargo les congelaron la paritaria. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley por un bono de 20.000 pesos para todos los trabajadores de la salud, del ámbito público y privado, que sea mensual hasta que termine la emergencia sanitaria”, sostuvo el legislador porteño.
“En la audiencia se resolvió apoyar las luchas y reclamos de todos los trabajadores, especialmente del Sanatorio Plaza de Escobar, que fue cerrado por sus dueños y se encuentra ocupado por sus trabajadores, en defensa de los puestos de trabajo y de la atención de la población en medio de la pandemia”, agregó el diputado porteño.
Con críticas, un senador radical fueguino pide saber qué medidas está adoptando la cartera de Salud ante la expansión de esa enfermedad originada en China.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando que el Ministerio de Salud de la Nación informe qué medidas de control se adoptaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a fin de impedir que pasajeros afectados ingresen al país.
Asimismo, solicita que informe si el ministerio responsable solicitó una partida presupuestaria especial o la ampliación de una existente para atender, en forma local y preventiva posibles casos de coronavirus 2019-nCOV; cómo se implementaron las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud respecto de este virus, luego de ser declarado epidemia; si hay infraestructura adecuada en los hospitales nacionales para atender posibles casos en nuestro país y si el protocolo de actuación es conocido y de efectiva puesta en práctica.
Por último, requiere que se detalle si se implementó alguna campaña de información, prevención, concientización o difusión para nuestra población.
“El Gobierno hasta la fecha no tomó conciencia de lo que significa esta epidemia, ello queda demostrado en la nula campaña pública, todo lo referente a este flagelo sólo se ve reflejado en los medios de comunicación”, advirtió el legislador radical, para quien resulta “evidente que a nivel mundial este nuevo coronavirus supera a los anteriores en rapidez para propagarse, número de infectados y víctimas fatales, estando ya frente a una catástrofe sanitaria”.
“Es importante para el Senado que el Gobierno informe con la mayor celeridad, exactitud y claridad todos los puntos peticionados, tratándose esta de una epidemia a nivel mundial, a la cual el Gobierno actual parece estar ajeno”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.
