La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados consolidó una victoria legislativa para el oficialismo y el sector minero, pero el análisis de la conversación en redes sociales revela un escenario adverso: casi siete de cada diez menciones expresaron rechazo y la narrativa ambientalista y opositora logró hegemonizar el debate público.
La sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados no cerró la discusión política ni social en torno a la actividad minera. Por el contrario, la trasladó a otro terreno: el de la opinión pública digital, donde el oficialismo aparece en una posición defensiva. Así lo advierte un informe de Enter Comunicación, que monitoreó la conversación en redes sociales entre el 1° y el 9 de abril y detectó una fuerte asimetría entre el resultado parlamentario y el clima de opinión en plataformas digitales.
Según el relevamiento, el debate generó 41.972 menciones impulsadas por casi 24.000 usuarios únicos, con un alcance potencial estimado de más de 16 millones de personas y más de 530.000 interacciones totales. Sin embargo, el volumen no se tradujo en respaldo: el 67,5% de las publicaciones expresó un sentimiento negativo frente a la aprobación de la ley, mientras que solo el 31,4% fue positivo y el resto se ubicó en un terreno prácticamente marginal de neutralidad.
El pico de la conversación se produjo entre el 8 y el 9 de abril, durante el tratamiento parlamentario y en las horas posteriores a la aprobación, aunque el informe señala que ese crecimiento no respondió a nuevos hechos, sino a la amplificación y repercusión del debate ya definido. En ese contexto, la minería quedó parcialmente desacoplada del centro de la escena: el eje de la discusión no fue técnico ni productivo, sino político y ambiental.
Dentro de la negatividad, el daño ambiental concentró más de la mitad de las menciones críticas (56,5%), seguido por los cuestionamientos políticos bajo la idea de “traición” (22,8%), las advertencias sobre una eventual inconstitucionalidad de la norma (10,7%) y la acusación de “entrega de recursos” estratégicos (10%). La ley fue leída mayoritariamente como una amenaza a los glaciares y al agua, más que como una herramienta de desarrollo económico.
En contraste, la conversación positiva se estructuró en torno a argumentos de desarrollo y empleo (32,2%), la defensa del federalismo y la autonomía provincial (28,5%) y la crítica a lo que se presentó como injerencia de actores externos, principalmente organizaciones ambientalistas internacionales (29,6%). Aun así, esos ejes no lograron revertir el predominio de un clima adverso.
El mapa de actores digitales revela otra de las claves del escenario: la oposición política y el ambientalismo concentraron el 38% de la conversación total y dominaron el sentido del debate, mientras que el oficialismo apenas explicó el 14% de las menciones y quedó en un rol reactivo, sin capacidad de imponer un relato propio. El llamado “productivismo”, asociado a la defensa directa de la minería, tuvo una presencia marginal del 8%, lo que refuerza la idea de que la industria no consiguió instalarse como motor discursivo del debate.
Un actor se destacó por encima del resto: Greenpeace. La organización ambientalista apareció mencionada en más de 6.000 publicaciones, el 14% del total, con un alcance estimado de casi 4 millones de usuarios y más de 72.000 interacciones. Su nombre funcionó como disparador simbólico de la discusión, tanto para quienes cuestionaron la reforma como para quienes buscaron desacreditar las críticas ambientales, consolidándose como referencia ineludible del debate.
El informe también advierte que la discusión no se clausuró con la votación. La atención digital comenzó a desplazarse hacia figuras provinciales específicas, en particular gobernadores y diputados que acompañaron la reforma, bajo la acusación de “perjuicio territorial”. En paralelo, se anticipa un nuevo capítulo del conflicto en el plano judicial y en la implementación concreta de la norma en las provincias.
Para Enter Comunicación, el dato más relevante es el cambio de escala en la vigilancia ciudadana. La reforma operó como un catalizador que amplió la participación de audiencias que antes no seguían de cerca el tema minero. En ese escenario de hipertransparencia forzada, la continuidad y viabilidad de futuros proyectos no dependerá solo del marco legal, sino de la capacidad de gobiernos y empresas de construir legitimidad social en un contexto donde la opinión pública decidió fiscalizar cada metro cuadrado de las zonas involucradas.
Activistas intervinieron este miércoles por la mañana el Monumento a los Dos Congresos con banderas y consignas dirigidas a los diputados, en la antesala de una jornada clave en la Cámara baja. Hubo operativo policial, demorados y nuevas convocatorias para protestar.
Un grupo de activistas de Greenpeace protagonizó este miércoles por la mañana una protesta frente al Congreso de la Nación al escalar el Monumento a los Dos Congresos y desplegar carteles contra una eventual modificación de la Ley de Glaciares. La acción, realizada en las primeras horas del día, buscó visibilizar el rechazo de la organización ambientalista al proyecto que el oficialismo impulsa en la Cámara de Diputados.
Sobre la estructura del monumento colocaron dos mensajes dirigidos a los legisladores: “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”. Según informaron fuentes policiales, la intervención comenzó cerca de las 6:30, cuando los manifestantes sortearon el cerco perimetral e ingresaron al predio para colgar una bandera de gran tamaño.
La escena generó un importante despliegue de la Policía de la Ciudad y la intervención de bomberos del Grupo Especial de Rescate, ya que dos de los activistas permanecían en altura. En total participaron nueve personas, que fueron identificadas y demoradas. A los manifestantes se les labraron actas contravencionales y, tras quedar a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, recuperaron la libertad horas más tarde.
El reclamo se inscribe en un clima de creciente tensión política por el tratamiento legislativo de la iniciativa, frente a la cual las organizaciones ambientales advierten un retroceso en la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas de alta montaña. Desde Greenpeace señalaron que la reforma pondría en riesgo el resguardo de los glaciares y el acceso al agua.
En paralelo a la protesta matutina, distintas agrupaciones ambientalistas y sectores de la oposición convocaron a una movilización más amplia para la tarde, a partir de las 17, frente al Congreso. No es la primera vez que la organización recurre a este tipo de acciones: semanas atrás, integrantes de Greenpeace ya habían sido detenidos durante una manifestación en la explanada del Palacio Legislativo por el mismo reclamo.
Se confirmó el listado de invitados que habrá este martes en el plenario de comisiones en el que, al cabo de la jornada, se espera suscriban el dictamen correspondiente.
A partir de las 14 de este martes la Cámara baja se mete de lleno en el debate de la reforma de la Ley de Glaciares, que el oficialismo buscará convertir en ley este miércoles en el recinto de Diputados.
Esto sucederá luego de la maratónica audiencia pública realizada los días 25 y 26 de marzo, para la cual se anotaron más de 102 mil expositores, de los cuales algo menos de 400 pudieron exponer en las dos jornadas -presencial y virtual- habilitadas en el edificio Anexo de Diputados. Parte de los que quedaron sin esa posibilidad, pudieron enviar por escrito o mediante un video sus ponencias.
Ahora el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales recibirá a partir de las 14 expositores entre los que figuran gobernadores, ministros y secretarios.
La lista de invitados se conoció este martes cerca del mediodía y, según pudo saber parlamentario.com, integran del vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico José Caeiro. Todos expondrán de manera presencial.
De forma remota lo harán los gobernadores de San Juan y Catamarca, Marcelo Orrego y Raúl Jalil, respectivamente; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; el coordinador de la Secretaría de Minería de la provincia de Salta, Juan José Martínez; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro Aldazábal; y el coordinador de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Sebastián Varela.
A continuación de las exposiciones se procederá a la firma del dictamen, con el objetivo de llevarlo al recinto este miércoles a partir de las 15.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas interesados en atraer mayores inversiones mineras, tuvo media sanción de la Cámara alta el pasado 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
El bloque de La Libertad Avanza, con 95 miembros, está confiado en contar con los votos para llegar a 129 y sancionar la ley, con la ayuda de sus aliados del Pro, la UCR y distintos bloques provinciales, entre los que están -por ejemplo- Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, integrados por legisladores que responden a dos mandatarios muy interesados en la reforma de la Ley de Glaciares: el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego. Además, a favor de la iniciativa podrían sumarse votos desde Provincias Unidas y el propio bloque Unión por la Patria, como sucedió en el Senado.
El proyecto busca redefinir el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.
Ante versiones sobre una reunión informativa restringida a provincias mineras, el diputado de la Coalición Cívica reclamó que el Congreso convoque también a los gobernadores de las jurisdicciones cuyas cuencas hídricas podrían verse afectadas.
En medio del debate parlamentario por las modificaciones impulsadas respecto del régimen de protección de glaciares, el diputado Maximiliano Ferraro solicitó formalmente a las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que se amplíe la convocatoria a gobernadores provinciales en una eventual reunión informativa sobre el tema.
El planteo surgió luego de versiones periodísticas y trascendidos en el ámbito legislativo que daban cuenta de la posibilidad de convocar únicamente a gobernadores de provincias mineras y cordilleranas. Frente a ese escenario, Ferraro advirtió que una eventual reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial podría tener impactos que exceden a esas jurisdicciones.
En una nota dirigida a los presidentes de ambas comisiones, el legislador argumentó que existen provincias cuyas cuencas hídricas podrían verse comprometidas como consecuencia de cambios en el régimen vigente, aun cuando no cuenten con territorios directamente vinculados a zonas glaciares. Por ese motivo, reclamó que se garantice una participación más amplia y representativa en el debate.
Ferraro fundamentó su pedido en los principios de federalismo, participación y equidad establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en la lógica de los sistemas hídricos compartidos. Señaló que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave en la regulación y provisión de agua que abastece a amplias regiones del país, generando interdependencias que, a su criterio, deben ser consideradas en la toma de decisiones legislativas.
El diputado también subrayó la necesidad de que las exposiciones de los gobernadores estén acompañadas por funcionarios competentes en materia de recursos hídricos y ambiente de cada jurisdicción, con el objetivo de aportar sustento técnico y especializado al análisis parlamentario.
Según sostuvo, una convocatoria amplia y técnicamente fundamentada no solo fortalecería el carácter federal del proceso legislativo, sino que además contribuiría a mejorar la calidad institucional del debate y a garantizar decisiones debidamente informadas sobre una temática de fuerte impacto ambiental, productivo y social.
La diputada nacional Lucía Cámpora destacó la masiva participación ciudadana en el debate sobre la Ley de Glaciares y advirtió sobre intentos de limitar la audiencia. “Lo que está en juego es el agua”, afirmó.
La diputada nacional kirchnerista Lucía Cámpora aseguró que la audiencia pública convocada para debatir posibles modificaciones a la Ley de Glaciares se convirtió en la más masiva de la historia del país, con más de 100.000 personas inscriptas de todas las provincias. “Ayer a la noche cerró la inscripción y hay más de 100.000 inscriptos de todo el país que se anotaron para discutir esta ley”.
En diálogo con Amado Boudou en Somos Radio AM 530, la legisladora sostuvo que la magnitud de la convocatoria refleja una fuerte preocupación social por el tema. “La verdad es histórico, es la audiencia más masiva de la historia de nuestro país. Esto habla de un interés y una preocupación de la ciudadanía que entendió que lo que se está discutiendo es el agua, ni más ni menos”.
Cámpora remarcó que la normativa vigente no prohíbe de manera general la actividad minera y rechazó los argumentos que la presentan como una ley antiminera. “La ley vigente no es antiminera: la actividad está permitida en casi todo el país, excepto en un porcentaje de tierras de glaciares y zonas periglaciares, y nos gustaría que no lo exploten porque es un poco peligroso para las sociedades”.
En ese sentido, explicó que el riesgo no se limita al consumo directo del agua, sino que alcanza a otras actividades productivas. “Es peligroso no solamente porque consumimos ese agua, sino que también porque la usamos para seguir regando terrenos que después se utilizan para la producción”. Y agregó: “Hay alimentos que consumimos todos que se producen en tierras que muchas veces se riegan con aguas que vienen de los glaciares. Hay que explicar un poco que esto es importante para todo el país”.
La diputada también advirtió sobre posibles restricciones a la participación durante la audiencia. “Creemos que van a querer censurar la audiencia: no van a dejar participar, no van a querer que expongan, les van a pedir que lo hagan a través de un videito. Pero nosotros vamos a pedir a todos los que se anotaron que vayan igual”.
Para Cámpora, el debate excede la discusión técnica o sectorial y se vincula con una definición estratégica. “Estamos hablando de defender la patria”.
De cara a la audiencia pública prevista para el 25 y 26 de marzo en la Cámara baja, las autoridades definieron un sistema mixto de exposiciones presenciales y remotas, con cupos, videos cargados en una plataforma digital y restricciones de acceso para garantizar el funcionamiento del encuentro, que ya generó cuestionamientos judiciales.
De cara a la audiencia pública para tratar la modificación de la Ley de Glaciares, prevista para los días 25 y 26 de la próxima semana, se van despejando dudas respecto de la organización de ese evento que ha consagrado tal atención que ya hay anotados para participar casi 100 mil personas.
Recordemos que, teniendo en cuenta la imposibilidad de escuchar a semejante cantidad de expositores en esas dos jornadas, las autoridades de la Cámara idearon un sistema para que todos los anotados puedan cargar en una plataforma digital un video en el cual brinden la exposición que quieren dar en esta audiencia.
Para participar de esta modalidad, los interesados debían suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados, con al menos 24 horas de antelación a la publicación del material. Luego, subir el video con su ponencia a su propio canal de YouTube, ya sea en formato listado o no listado. Finalmente, en la pestaña “Comunidad” del canal oficial debían consignarse los datos del expositor —nombre, provincia y DNI— junto con una breve reseña del contenido de la intervención y el enlace al video correspondiente.
La jornada del miércoles 25 de marzo será con invitados presenciales, mientras que la del día siguiente estará reservada para aquellos que no puedan llegar hasta el Congreso y expondrán entonces de manera remota, a través del Zoom.
De cara a la jornada del miércoles 25, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Nicolás Mayoraz, remitió una nota a todos los legisladores en las que detalla una serie de prerrogativas que todos deberán seguir para garantizar el cumplimiento del aforo establecido para la sala de reuniones del 2° piso del edificio Anexo C.
Argumentando la necesidad de facilitar el trabajo de los diputados y el personal de las comisiones, se adelanta que solo podrán ingresar los diputados integrantes de las comisiones citadas (Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales), pero no se admitirá el ingreso de asesores de cada legislador. En su lugar, podrán ingresar hasta dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del bloque político al que pertenecen, siendo responsabilidad de este último enviar el nombre completo del asesor o de los asesores. Hay tiempo para eso hasta este viernes 20 de marzo a las 19, según reza la nota enviada por el secretario de la comisión de Asuntos Constitucionales Francisco Uriondo.
Se espera que puedan exponer este miércoles y jueves 200 de los miles de inscriptos, a razón de cien cada uno de los días, entre las 10 y las 19 de ambas jornadas. Cabe consignar también que se resolvió acotar las exposiciones a los primeros inscriptos por provincia, cosa que ha despertado voces de rechazo e incluso se ha presentado una medida cautelar contra la Cámara de Diputados, por considerar que la audiencia pública ha sido “acotada” por sus organizadores. La causa está caratulada Fundación Greenpeace Argentina y otros contra el Congreso de la Nación Argentina – Cámara de Diputados, y quedó radicada en el juzgado de Enrique Lavié Pico.
Ante la masiva inscripción de ciudadanos y organizaciones, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales enviaron una nota a sus miembros en la que detallan la modalidad de intervención en la audiencia pública prevista para el 25 y 26 de marzo.
De cara a la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados definieron formalmente los criterios de participación que regirán el proceso. La decisión fue comunicada mediante una carta enviada a los miembros de ambas comisiones, en la que se fundamenta la adopción de un esquema mixto —presencial, virtual y mediante presentaciones escritas o en video— frente a la magnitud inédita de inscriptos.
En la nota, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, señalan que la modalidad se establece en uso de las facultades previstas en el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados y en el marco del plan de trabajo aprobado el pasado 4 de marzo. El esquema será aplicado durante las audiencias públicas convocadas para los días 25 y 26 de marzo, en el tratamiento del proyecto de ley venido en revisión que propone modificar el régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Las autoridades justifican la decisión en la cantidad de personas inscriptas a solo siete días de haberse habilitado el registro de participación y en la necesidad de asegurar la razonabilidad y operatividad del mecanismo participativo. En ese sentido, se resolvió que quienes se encuentren inscriptos hasta el viernes 20 de marzo a las 20 horas podrán enviar sus ponencias por escrito y/o adjuntar un video de hasta cinco minutos de duración, que deberá ser publicado en la sección “Comunidad” del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Ese material quedará registrado de manera permanente como antecedente del debate legislativo.
Asimismo, se dispuso que las exposiciones presenciales del miércoles 25 de marzo y las intervenciones virtuales del jueves 26 estarán reservadas para quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada jurisdicción. El criterio apunta a garantizar la participación de representantes de las 24 provincias, asegurando un enfoque federal en el desarrollo de la audiencia.
La carta también aclara que todas las presentaciones recibidas —ya sean presenciales, virtuales, por video o por escrito— serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración durante el tratamiento del proyecto. Según remarcan las autoridades, este tipo de mecanismos constituye una práctica habitual en audiencias públicas y permite que la totalidad de las opiniones quede formalmente registrada.
Finalmente, los presidentes de las comisiones advierten que la magnitud de las inscripciones hace materialmente imposible que todos los interesados expongan de manera presencial o virtual dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal funcionamiento del Congreso. Por ese motivo, sostienen que la adopción de criterios organizativos resulta indispensable para garantizar un debate ordenado, sustantivo y representativo en una discusión que despierta un alto nivel de interés social y político.
Ante una cifra récord de casi 70 mil personas anotadas para exponer en las audiencias previstas para el 25 y 26 de marzo, la Cámara baja definió un mecanismo alternativo de participación que permitirá escuchar todas las voces sin extender el debate durante meses.
De cara a la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados anunció este lunes una nueva modalidad de participación para dar respuesta a la cantidad inédita de personas inscriptas para exponer. La intención de las autoridades de la Cámara baja, es garantizar que todos los interesados puedan expresar su postura sin que el proceso parlamentario se prolongue indefinidamente.
La discusión sobre la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial está prevista para los días 25 y 26 de marzo. Sin embargo, el volumen de participación superó ampliamente las previsiones: ya son casi 70 mil las personas que se anotaron para intervenir en las audiencias públicas, un número sin precedentes para este tipo de instancias. De hecho, las solicitudes de inscripción al 16 de marzo suman 2.236 páginas.
Frente a este escenario, la Cámara de Diputados difundió este lunes una alternativa que complementará las exposiciones presenciales. Bajo el título “Una nueva forma de participar en las audiencias públicas”, se informó que quienes deseen intervenir podrán hacerlo a través de un video grabado, que será incorporado formalmente al debate legislativo.
Para participar de esta modalidad, los interesados deberán suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados, con al menos 24 horas de antelación a la publicación del material. Luego, deberán subir el video con su ponencia a su propio canal de YouTube, ya sea en formato listado o no listado.
Finalmente, se indicó que en la pestaña “Comunidad” del canal oficial deberán consignarse los datos del expositor —nombre, provincia y DNI— junto con una breve reseña del contenido de la intervención y el enlace al video correspondiente.
Desde la Cámara baja señalaron que este mecanismo permitirá ordenar la discusión, ampliar la participación ciudadana y asegurar que todas las opiniones queden registradas en el marco del tratamiento parlamentario de una norma clave para la política ambiental del país. La reforma de la Ley de Glaciares es uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa, tanto por su impacto ambiental como por los intereses económicos y productivos involucrados, lo que explica el alto nivel de interés social que despertó la convocatoria.
En un plenario de comisiones de Diputados hubo asentimiento para llevar a cabo la audiencia forma presencial el 25 de marzo y, vía remota, el 26 para “garantizar el federalismo”. El horario será de 10 a 19 con la flexibilidad de extenderlo si así lo requiere. Habrá un plazo entre la audiencia y el dictamen del proyecto.
El Congreso abrió formalmente el trabajo durante el período de sesiones ordinarias este miércoles en la Cámara de Diputados, en el marco del debate del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Fue en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humando; y de Asuntos Constitucionales que resolvieron convocar a una audiencia pública previo al dictamen.
La reunión se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo “A” luego de que el oficialismo puso a consideración el reclamo que elevó el interbloque Unidos para que haya una audiencia pública basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Esto llevó a un reordenamiento en el cronograma del tratamiento.
En esa línea, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, informó que se incorporaron las propuestas de cambio de la diputada Sabrina Selva (UP), de Maximiliano Ferraro (CC-ARI) que consideró “atinadas”, y precisó:
Mayoraz afirmó: “Queremos respetar Escazú y queremos que se cumpla. No vamos a dejar a nadie sin participación”.
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En su intervención, el diputado nacional Maximiliano Ferraro ratificó el pedido de una audiencia pública que “no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”.
“Al estar, no solo comprometida una cuestión jurisdiccional de provincias que pueden tener desarrollo minero en particular, sino comprometidas otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentran dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, planteó.
Ferraro había propuesto que la audiencia “tiene que realizarse distintos días, tiene que tener un claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas. La audiencia pública no puede ser solo un día en la Cámara. Queremos un debate interjurisdiccional”. Así, pidió que sea desarrollada en una cierta cantidad de días en Buenos Aires y, en virtud del artículo 106, la realización de audiencias o plenario de comisiones se hagan en alguna de las provincias que están comprometidas con esta cuestión.
A su turno, la diputada Sabrina Selva (UP) coincidió en llevar a cabo una audiencia pública, pero marcó diferencias en la forma de llevarla a cabo y plantearon una propuesta alternativa porque “no alcanza con que la audiencia sea pública, tiene que ser federal tal como comentó Ferraro. Nuestra propuesta es que sea una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares. Que la participación sea totalmente abierta para que puedan participar, no se puede cercenar la participación. Si tienen que ser hasta 10 días de audiencias, debe darse”.
Selva ponderó la “buena predisposición política para que la discusión se lleve como marca la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú”, y pidió poner a consideración ambas propuestas con la participación federal en virtud del 114 bis del Reglamento para “garantizar que todos los ciudadanos puedan tener voz en el debate”.
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Al pedir la palabra, la diputada Silvana Giudici explicó que corresponde, por el artículo 114 del Reglamento, que se debe considerar la propuesta de la comisión, si tiene asentimiento, se girará a la presidencia de la Cámara para formalizarla y, en base a ello, pueda tener la publicidad suficiente por todos los medios para que la audiencia sea federal y pidió que se ponga a consideración la propuesta de la comisión.
De forma breve, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, le solicitó al oficialismo que, además del plazo fijado para la audiencia del 25, le den un desarrollo federal para “estar cerca de los lugares y comunidades donde este tema tiene un debate más intenso”.
Mayoraz aclaró que “el plan de trabajo propuesto no es menos federal. El federalismo se garantiza escuchando a todas las voces desde cualquier punto, no es necesario trasladarse. Va a ser mucho más amplio y federal si lo hacemos con el mecanismo de la tecnología”.
“La situación ideal es que no haya audiencia pública”, manifestó la diputada de izquierda Romina Del Plá cuyas palabras llamaron la atención de los presentes, pero aclaró: “Entiendo que no se tendría que debatir esto. Esta media sanción no tendría que entrar en debate, y que lo haya hecho el Senado… es ironía lo que dije. El Senado no tiene la menor idea de lo que han votado porque hemos escuchado senadores que dijeron que los glaciares son rocas congeladas allá arriba lejos. Quiere decir que no tienen ni idea de lo que han votado”.
“Es una tarea fundamental de Diputados impedir que se haga semejante desastre avanzando en permitir la destrucción de los glaciares y que se pongan en peligro las cuencas. La Cámara de Diputados lo que debería hacer es no avanzar con este tratamiento porque lo que hizo el Senado fue una catástrofe. Los Glaciares no se tocan”, apuntó y compartió que la audiencia sea federal.
En tanto, la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) planteó que “con la complejidad técnica, jurisdiccional, jurídica, ambiental y constitucional de la ley, no alcanzan 5 minutos para exponer, mínimo deben ser 10 minutos. Si se quiere realmente garantizar la participación, no importa si son 6 días que dure la audiencia, pero se tiene que garantizar con la mayor participación”.
Muy activo en todo lo que tiene que ver con la modificación de la ley vigente, que cuestiona vivamente, Ferraro pidió incorporar al tratamiento un tema que, dijo, “durante el debate en el Senado escondieron bajo siete llaves”, en referencia a la asamblea extraordinaria del COFEMA, realizada el pasado 23 de febrero, donde se trató el tema de glaciares y que concluyó “empatada”. “No solo el espíritu federal tiene que ver con la participación de las comunidades; tiene que garantizarse la participación federal de todas las jurisdicciones y que se incorpore (lo hablado en) la reunión del COFEMA”.
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Así, el diputado de la Coalición Cívica propuso entonces un cuarto intermedio para tratar de terminar de ver el borrador que había preparado el diputado Mayoraz, quien por su parte rechazó pasar a un cuarto intermedio, pero sí podían conversar después de la reunión las propuestas, pues la resolución final no debía ser resuelta en este encuentro. “Hemos incorporado todo lo que se habló y enriquecido la propuesta”, aclaró.
A su turno, la diputada Lucía Cámpora (UP) cuestionó la extensión de la audiencia pública, señalando que, si se acotaba con el horario propuesto, con 5 minutos cada uno, habría espacio para 107 expositores, a razón de “cuatro o cinco por provincia”, lo cual le pareció exiguo. Y recordó entonces su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires -en la que ella fue legisladora-, donde por la venta de un predio se realizó una audiencia pública “sin límite de tiempo” que se extendió tres meses.
Juan Grabois, por su parte, propuso garantizar la participación de las comunidades originarias afectadas directamente por esa situación, que no tienen acceso a internet y que forman parte del 7% que Nicolás Mayoraz mencionó anteriormente al decir que la gran mayoría de los argentinos sí tienen internet.
El diputado Eduardo Valdés (UP) expresó: “Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. La ley vigente protege a los glaciares como a los peri glaciares. Glaciar es agua y agua es vida”, y advirtió que “las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial a la minería de litio, cobre y tierras raras, y para eso necesitan las empresas la modificación de la ley de Glaciares”.
En ese sentido, precisó que “cada glaciar tiene una formación de por lo menos cien años, no es una roca perdida en la montaña como dijo algún senador. Hay 17 mil glaciares en todo el país. Solo San Juan tiene 4572, Santa Cruz 2420, Jujuy 255 y Tucumán 122, para citar algunas provincias al azar”.
La cordobesa Gabriela Estévez (UP) reclamó la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen para qué quieren este proyecto: “No hablaron en el plan del cronograma de la participación de representantes del Ejecutivo y qué intereses buscan con esta ley. Pongan sobre la mesa cuándo va a venir el ministro a hablar”.
El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.
También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.
El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.
Impulsan una nueva Ley de Gestión Inteligente de Glaciares y Desarrollo Sustentable de Alta Montaña que redefine el régimen ambiental vigente. La iniciativa incorpora tecnologías como monitoreo continuo, inteligencia artificial y blockchain, establece un esquema de categorías para autorizar o prohibir actividades en el ambiente periglacial y crea una Agencia Federal con amplias facultades de control.
La diputada nacional Marcela Marina Pagano presentó un proyecto de ley que propone reemplazar el esquema actual de protección de glaciares por un régimen al que denomina de “gestión inteligente”, basado en monitoreo satelital en tiempo real, sistemas de alerta temprana, auditorías externas y trazabilidad ambiental mediante cadena de bloques. La iniciativa define que los glaciares seguirán siendo áreas de protección absoluta, pero establece un modelo de evaluación técnica caso por caso para las zonas de ambiente periglacial.
El texto propone modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, argumentando que la prohibición general vigente sobre actividades en zonas periglaciales se basó en limitaciones tecnológicas de aquel momento. El proyecto sostiene que hoy es posible implementar un enfoque de “precaución dinámica” apoyado en inteligencia artificial, monitoreo permanente y mecanismos automáticos de suspensión de actividades.
Entre los puntos centrales, la propuesta redefine técnicamente qué se considera glaciar y qué constituye el ambiente periglacial, fijando criterios cuantitativos y verificables. También establece el Mapa de Glaciares y Ambiente Periglacial como instrumento vinculante, elaborado y actualizado por el IANIGLA cada cinco años.
El régimen incorpora un sistema de categorías de impacto: actividades sin impacto significativo (A), impacto moderado mitigable (B) y actividades prohibidas por impacto no mitigable (C). La Agencia Federal de Glaciares y Alta Montaña (AFGAM), creada por la iniciativa, será la encargada de expedir la Certificación Técnica de Categoría, mientras que las provincias mantendrán la potestad de otorgar o denegar la licencia de operación en alta montaña.
El proyecto dispone además un Estándar de Oro Ambiental obligatorio que incluye monitoreo en tiempo real con sensores IoT, modelos predictivos de IA auditados, gestión de agua en circuito cerrado, trazabilidad blockchain de residuos y garantías financieras de remediación equivalentes al 80, 100 o 120% del costo total estimado según la escala del proyecto. También exige seguro ambiental internacional y reportes mensuales de desempeño ambiental de acceso público.
En materia de control, la iniciativa diseña un “Sistema de Semáforo Ambiental” con tres niveles de alerta y un mecanismo de Suspensión Preventiva Automática ante desviaciones significativas en los indicadores. La suspensión puede convertirse en definitiva si no se corrigen las fallas y puede derivar en revocación de la certificación y ejecución de garantías.
La creación de la AFGAM constituye uno de los ejes estructurales del proyecto. El organismo tendrá carácter federal, con representación de las provincias andinas, y será responsable de supervisar el cumplimiento del estándar ambiental, administrar la plataforma de transparencia en tiempo real y gestionar el fondo de remediación glaciológica.
El proyecto también prevé un esquema de participación ciudadana con audiencias públicas obligatorias y consulta previa a pueblos indígenas, además de un mecanismo de “Oposición Ciudadana Significativa” que puede suspender por un año la tramitación de una certificación técnica si reúne criterios cuantitativos estrictos.
La iniciativa agrega un Fondo de Desarrollo Local y Agua, financiado con el 5% de las utilidades netas de los proyectos autorizados, destinado a los municipios afectados, a infraestructura hídrica, a la transición productiva y a investigación glaciológica.
En los fundamentos, Pagano plantea que la Ley 26.639 generó un régimen prohibicionista que responde a un estadio tecnológico previo y que resultó en “parálisis regulatoria” sobre minerales estratégicos como litio y cobre. Sostiene que la nueva propuesta eleva los estándares ambientales, aporta seguridad jurídica y compatibiliza la protección de glaciares con el desarrollo sustentable y la soberanía sobre recursos de alta montaña. Asimismo, asegura que la iniciativa es “equivalente o superior” a los estándares de la OCDE, la Unión Europea y otros marcos ambientales internacionales.
El diputado de Unión por la Patria propuso un nuevo régimen de presupuestos mínimos que amplía definiciones, endurece prohibiciones y fortalece el rol del Inventario Nacional de Glaciares, como respuesta a la iniciativa del Poder Ejecutivo de modificar la Ley 26.639.
En vísperas del tratamiento en el Senado del proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Glaciares, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó una iniciativa alternativa que establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El texto apunta a “fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia” de la ley vigente y a reforzar la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua.
El proyecto declara de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y considera el agua proveniente de estas formaciones como un recurso natural estratégico que debe gestionarse “por encima de cualquier interés económico particular”.
La iniciativa amplía definiciones clave sobre glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de escombros y ambiente periglacial, y robustece el rol del Inventario Nacional de Glaciares, cuya actualización obligatoria deberá realizarse cada cinco años bajo la responsabilidad del IANIGLA, organismo dependiente del CONICET.
El artículo 5 refuerza las prohibiciones absolutas ya establecidas por la Ley 26.639, e impide sin excepciones todas las actividades de exploración y explotación minera —metalífera y no metalífera—, la explotación hidrocarburífera y la construcción de obras de infraestructura que alteren el equilibrio hídrico o geomorfológico de glaciares y periglaciares.
Para toda actividad permitida dentro de estos ambientes, el proyecto exige una Evaluación Ambiental Estratégica previa, pública y vinculante, salvo en casos de rescate, investigaciones científicas no invasivas o actividades deportivas no motorizadas.
El texto también incorpora un régimen detallado de competencias para la autoridad de aplicación, quien deberá coordinar con provincias y organismos científicos, garantizar la fiscalización, promover la participación ciudadana y elaborar informes periódicos para el Congreso. Además, establece un sistema de sanciones que incluye apercibimientos, multas de hasta 100.000 sueldos básicos, suspensión de actividades y cese definitivo, con agravantes en casos de reincidencia.
En los fundamentos, Valdés advierte que la propuesta del Poder Ejecutivo constituye, según organizaciones ambientales, “un retroceso significativo en la protección de los glaciares”, al trasladar a las provincias la definición sobre qué áreas proteger, lo que —argumentan— rompería el carácter nacional de los presupuestos mínimos previstos por el artículo 41 de la Constitución.
El diputado recuerda que la Corte Suprema ratificó en 2019 la constitucionalidad de la Ley 26.639 y rechazó los planteos de empresas mineras y de la provincia de San Juan, al sostener que la preservación de los glaciares es un deber concurrente del Estado nacional y las provincias.
Cita asimismo comunicaciones recientes del IANIGLA, que reafirmaron la importancia del Inventario Nacional y señalaron que el organismo no fue consultado oficialmente sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo. El proyecto incorpora además datos técnicos del Instituto respecto de la pérdida de superficie glaciar registrada en los últimos años y su impacto en cuencas hídricas estratégicas.
Valdés enumera la preocupación manifestada por organizaciones ambientales, la Fundación Vida Silvestre y la red Encuentro Verde por Argentina, y resalta que comunidades cordilleranas, pueblos originarios y ciudades ubicadas aguas abajo dependen directamente del agua proveniente de glaciares y geoformas periglaciares.
“El contexto de crisis climática global exige reforzar, y no debilitar, la protección de estas reservas estratégicas de agua dulce”, concluye el diputado, quien solicita el acompañamiento de sus pares para avanzar con su propuesta.
Comenzó el tratamiento con la exposición de funcionarios nacionales; el plenario continuará este jueves con cámaras empresariales y organizaciones ambientalistas.
Fotos Comunicación Senado
El Senado inició este miércoles el debate sobre el proyecto que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidido por el senador radical Flavio Fama y la chubutense Edith Terenzi (Despierta Chubut), quienes previamente habían sido confirmados al frente de ambas comisiones.
Pasadas las 14, se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a partir de las 10 de la mañana.
Durante el encuentro, funcionarios nacionales presentaron los lineamientos de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y respondieron preguntas de los senadores. El proyecto propone otorgar a las provincias la potestad de evaluar los emprendimientos mineros, condicionada al cumplimiento de los presupuestos mínimos ambientales para la protección de glaciares y zonas periglaciales.
Edith Terenzi y Flavio Fama, titulares de las dos comisiones. (Foto Comunicación Senado)
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que la propuesta “va a contribuir al desarrollo económico nacional, entre otras áreas, a través del desarrollo de la minería”. Explicó que el proyecto persigue dos objetivos principales: clarificar el Régimen de Protección de Glaciares y precisar las competencias en materia ambiental. Señaló además que se mejora la redacción del artículo primero para definir con mayor claridad el objeto de protección, sin alterar su contenido esencial, e incorporar un segundo párrafo vinculado a los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, sobre ambiente sano, uso racional de los recursos y dominio originario de las provincias.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, defendió la necesidad de modificar la norma al afirmar que la ley vigente genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, afectando las competencias provinciales. Durante su exposición, aseguró que la iniciativa busca “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas”, y subrayó que responde a planteos de las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. “El objetivo es restaurar el federalismo”, concluyó.
El debate se retomará este jueves a las 10, cuando será el turno de las cámaras empresariales y de las organizaciones ambientalistas, invitadas a exponer sus posturas sobre el proyecto.