Las fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) le manifestaron al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, su preocupación por encontrarse al límite de agotar el cupo anual asignado en GLP butano, lo que llevaría al corte de la cadena de envasado de gas en garrafas. “La situación es muy compleja para todas las empresas, tuvimos que adelantar los volúmenes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Solicitamos la asignación de cupos adicionales a los destinados al mercado interno, contemplando la mayor demanda y al precio máximo de referencia establecido en la Ley 26.020”, reclamó Pedro Cascales, director de CEGLA.

Desde la Cámara hemos alertado por el inminente colapso de la cadena de gas envasado ante la falta de actualización de precios. No se está cumpliendo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 26.020. En efecto, el atraso es tan grave que mientras la realidad de los costos obliga a un precio mayorista de $ 360 por cada garrafa de 10 kg. en planta de fraccionamiento de zona central, y de $ 410 en el norte del país, el precio de venta determinado por la Autoridad de Aplicación, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, es de apenas $ 185 de manera uniforme para todo el territorio nacional. Es decir, los precios actuales no alcanzan al 50% necesario para operar con normalidad.

A esta situación crítica se suma ahora la posibilidad cierta de corte en el fraccionamiento por falta de GL P butano para las garrafas. Debido al incremento de la demanda de gas licuado butano destinado al Programa Hogar, las empresas fraccionadoras adelantaron los volúmenes asignados por la Secretaría de Energía para los últimos tres meses del año. “Hay un esfuerzo muy grande de nuestra industria en recursos humanos para cumplir con esta mayor demanda, con adquisición de camiones y acoplados, y, especialmente, de envases para el fraccionado de este mayor volumen”, explicó el director de CEGLA.

Este desabastecimiento de GLP butano al que se enfrentan las empresas fraccionadoras, más la falta de revisión del precio de  referencia del gas envasado que conlleva a un quebranto operativo, podría desembocar en una crisis muy importante para el sector de fraccionado de garrafas.

Con el firme propósito de garantizar el abastecimiento del mercado interno del GLP butano, desde CEGLA se le solicitó a la Autoridad de Aplicación que disponga a la máxima brevedad la asignación de volúmenes adicionales a los ya consignados al mercado interno, que contemple esta mayor demanda que se viene registrando durante el corriente año, y que ese volumen sea entregado al precio máximo de referencia establecido de $ 9.895 más impuestos la tonelada.

Cabe destacar que las industrias asociadas a CEGLA proveen a un mercado de 18 millones de consumidores y que dan empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas. “Todas las empresas fraccionadoras deben tener asegurado el acceso al abastecimiento a precios que cumplan con las reglamentaciones vigentes”, finalizó Cascales.

El senador nacional presentó un proyecto en el Senado de la Nación para que se declare como servicio público el Gas Licuado de Petróleo y así intervenir en el precio de la garrafa de gas.

Cobos explicó que “el Gas Licuado de Petróleo no es servicio público, mientras que el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, una serie de derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Las garrafas, en cambio, suben sus precios sin control real alguno. Queremos que se vendan a precio regulado y uniforme en todo el país y para eso necesitamos que avance este proyecto. Si antes esto lo consideraba necesario, en este contexto creo que es imprescindible”.

El exvicepresidente de la Nación señaló que “Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Por eso, la demanda social de garrafas de gas es muy grande y prioritaria para satisfacer las necesidades básicas de miles de familias. Frente a la demanda de este servicio esencial, la respuesta que hoy brinda el Estado resulta insuficiente e inequitativa”.

“En tiempos de pandemia con la gente aislada en sus casas, la calefacción es prioritaria, por eso el precio de la garrafa de gas debe ser tratado como un servicio público y regulado por el  Estado. El Estado debe preocuparse para que sean precios razonables y no como hoy sucede que, una vez más, se prioriza a quienes están conectados a la red de gas natural y  no  a quienes carecen de la misma”, señaló el senador.

Cobos explicó que “Hay dieciséis millones de usuarios de garrafas de gas. Muchos viven -como en Mendoza- en zonas muy frías del país. Mis comprovincianos de Malargüe pueden dar fe de ello, pese a ser el único departamento patagónico de la provincia y ser una importante fuente de combustibles para el país. El GLP es el combustible que utilizan los sectores más desprotegidos del país a lo que hay que sumar cuatro provincias donde no existe gas por redes en su territorio: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones”.

“Esta desprotección legal se agrava por los abusos que se dan en la red de comercialización de garrafas. Creemos que no alcanza con un precio sugerido. Necesitamos que YPF S.A, como empresa líder en el mercado, tenga una activa participación para garantizar el precio fijado”, explicó el senador y agregó “El mercado de distribución de gas comprimido se encuentra atomizado. El Estado debe actuar como facilitador de una distribución más equitativa y justa del producto, y para ello debe tener un rol central YPF S.A., una empresa de mayoría estatal y con presencia en todo el país. Es un error dejar al mercado lo que el Estado debe garantizar y procurar, velando siempre por la igualdad y bienestar de toda la sociedad”.

Finalmente, Cobos recordó que dicho proyecto “cuenta con el apoyo y el aval de asociaciones de defensa al consumidor y defensorías del pueblo de diferentes partes del país. Por eso buscamos igualar los derechos y permitir que millones de argentinos accedan a una garrafa de gas con una tarifa justa y uniforme en todo el territorio”.