Presentaron un proyecto para restituir el control estatal sobre el precio del GLP y declarar su comercialización como servicio público. Apunta contra el decreto 446 del Gobierno, al que acusa de dejar a millones de hogares sin protección ante los aumentos.
La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para derogar el decreto 446/2025 —impulsado por el Gobierno nacional— que desreguló el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, eliminando los precios de referencia y reduciendo la intervención del Estado a funciones de seguridad. En su lugar, la iniciativa propone declarar a la comercialización de GLP como servicio público, restaurando el rol del Estado como regulador, fijador de precios y garante del acceso en condiciones justas para los sectores más vulnerables.
“Esta medida del Ejecutivo deja completamente desprotegidos a millones de argentinos que dependen del gas envasado para cocinar o calefaccionarse”, advirtió Osuna, quien también cuestionó que el decreto haya sido dictado “en plena ola de frío y crisis de gas”.
El proyecto no solo propone derogar el decreto vigente desde el 3 de julio pasado, sino también modificar la Ley 26.020, vigente desde 2006, incorporando el artículo 5° BIS, que establece como servicio público la comercialización al consumidor final de garrafas de 10, 12, 15, 30 y 45 kilos.
Un servicio público esencial
La iniciativa pone el foco en el rol social que cumple el GLP envasado para millones de hogares, particularmente aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural. Según datos del Censo 2022, el 41,6% de los hogares argentinos utiliza garrafas para cocinar o calefaccionarse. En provincias como Entre Ríos —de donde es oriunda la autora— sólo el 30% de la población tiene acceso a gas por red.
“Estamos hablando de un servicio esencial para garantizar una vida digna. Por eso es el Estado quien debe regularlo, no el mercado”, sostuvo Osuna. Y recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional, que obliga a las autoridades a proteger los derechos de los consumidores y usuarios, “garantizando la calidad y eficiencia de los servicios públicos, así como su acceso en condiciones de equidad y a precios justos”.
El Decreto 446/2025, promovido por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, suprimió el artículo 34 de la ley vigente, que establecía precios de referencia para el uso domiciliario del GLP, y eliminó toda fijación estatal de precios para la comercialización de garrafas.
Para Osuna, este tipo de medidas “responde a una lógica de libertad de mercado que no contempla las necesidades sociales”, y representa una regresión en términos de derechos adquiridos. “En nombre de la libertad contractual, se habilita un aumento descontrolado de precios que castiga a quienes más lo necesitan”, agregó.
En la misma línea, el proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación deberá fijar precios máximos para la venta minorista de garrafas, tomando como base los valores vigentes al momento de la sanción de la ley y ajustándolos según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Educación, control y participación ciudadana
Además de establecer un precio justo, el proyecto incorpora nuevas funciones al artículo 7 de la Ley 26.020, entre ellas:
◆ Garantizar la publicidad de los precios al público,
◆ Promover programas de educación para el consumo eficiente de GLP,
◆ Establecer protocolos de control estatal para la comercialización y almacenamiento seguro de garrafas.
También obliga a la autoridad de aplicación a realizar audiencias públicas o consultas populares, no vinculantes, que permitan escuchar la voz de los consumidores antes de establecer los precios máximos.
El proyecto se basa en antecedentes como el Programa Hogar, implementado desde 2015 para subsidiar el consumo de GLP en sectores vulnerables, y en el marco legal provisto por la Ley 26.020, que creó un fondo fiduciario para fomentar la expansión de redes de gas y permitir el acceso a una energía vital.
A su vez, Osuna cita al jurista Darcy y al especialista Raúl Bertero para defender la noción de que ciertos servicios públicos —aun cuando sean prestados por privados— deben mantener la regulación estatal como garantía de acceso universal, continuo y económico.
El proyecto, que lleva también las firmas de las diputadas Nancy Sand y Andrea Freites, y de los diputados Jorge Neri Araujo Hernández y Jorge Ricardo Herrera, deberá sortear un escenario legislativo complejo, con un oficialismo que defiende la desregulación como política de Estado.
“No puede haber libertad real cuando el acceso a servicios esenciales como el gas se convierte en un lujo”, concluyó Osuna, en defensa de una iniciativa que busca reinstalar el rol del Estado como garante del derecho a la energía para todos los argentinos.
Le advirtieron al secretario de Energía que el sector se encuentra al límite de agotar el cupo anual asignado en GLP butano.
Las fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) le manifestaron al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, su preocupación por encontrarse al límite de agotar el cupo anual asignado en GLP butano, lo que llevaría al corte de la cadena de envasado de gas en garrafas. “La situación es muy compleja para todas las empresas, tuvimos que adelantar los volúmenes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Solicitamos la asignación de cupos adicionales a los destinados al mercado interno, contemplando la mayor demanda y al precio máximo de referencia establecido en la Ley 26.020”, reclamó Pedro Cascales, director de CEGLA.
Desde la Cámara hemos alertado por el inminente colapso de la cadena de gas envasado ante la falta de actualización de precios. No se está cumpliendo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 26.020. En efecto, el atraso es tan grave que mientras la realidad de los costos obliga a un precio mayorista de $ 360 por cada garrafa de 10 kg. en planta de fraccionamiento de zona central, y de $ 410 en el norte del país, el precio de venta determinado por la Autoridad de Aplicación, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, es de apenas $ 185 de manera uniforme para todo el territorio nacional. Es decir, los precios actuales no alcanzan al 50% necesario para operar con normalidad.
A esta situación crítica se suma ahora la posibilidad cierta de corte en el fraccionamiento por falta de GL P butano para las garrafas. Debido al incremento de la demanda de gas licuado butano destinado al Programa Hogar, las empresas fraccionadoras adelantaron los volúmenes asignados por la Secretaría de Energía para los últimos tres meses del año. “Hay un esfuerzo muy grande de nuestra industria en recursos humanos para cumplir con esta mayor demanda, con adquisición de camiones y acoplados, y, especialmente, de envases para el fraccionado de este mayor volumen”, explicó el director de CEGLA.
Este desabastecimiento de GLP butano al que se enfrentan las empresas fraccionadoras, más la falta de revisión del precio de referencia del gas envasado que conlleva a un quebranto operativo, podría desembocar en una crisis muy importante para el sector de fraccionado de garrafas.
Con el firme propósito de garantizar el abastecimiento del mercado interno del GLP butano, desde CEGLA se le solicitó a la Autoridad de Aplicación que disponga a la máxima brevedad la asignación de volúmenes adicionales a los ya consignados al mercado interno, que contemple esta mayor demanda que se viene registrando durante el corriente año, y que ese volumen sea entregado al precio máximo de referencia establecido de $ 9.895 más impuestos la tonelada.
Cabe destacar que las industrias asociadas a CEGLA proveen a un mercado de 18 millones de consumidores y que dan empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas. “Todas las empresas fraccionadoras deben tener asegurado el acceso al abastecimiento a precios que cumplan con las reglamentaciones vigentes”, finalizó Cascales.
A través de un proyecto, el senador Julio Cobos pide declarar “servicio público” el GLP.
El senador nacional presentó un proyecto en el Senado de la Nación para que se declare como servicio público el Gas Licuado de Petróleo y así intervenir en el precio de la garrafa de gas.
Cobos explicó que “el Gas Licuado de Petróleo no es servicio público, mientras que el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, una serie de derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Las garrafas, en cambio, suben sus precios sin control real alguno. Queremos que se vendan a precio regulado y uniforme en todo el país y para eso necesitamos que avance este proyecto. Si antes esto lo consideraba necesario, en este contexto creo que es imprescindible”.
El exvicepresidente de la Nación señaló que “Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Por eso, la demanda social de garrafas de gas es muy grande y prioritaria para satisfacer las necesidades básicas de miles de familias. Frente a la demanda de este servicio esencial, la respuesta que hoy brinda el Estado resulta insuficiente e inequitativa”.
“En tiempos de pandemia con la gente aislada en sus casas, la calefacción es prioritaria, por eso el precio de la garrafa de gas debe ser tratado como un servicio público y regulado por el Estado. El Estado debe preocuparse para que sean precios razonables y no como hoy sucede que, una vez más, se prioriza a quienes están conectados a la red de gas natural y no a quienes carecen de la misma”, señaló el senador.
Cobos explicó que “Hay dieciséis millones de usuarios de garrafas de gas. Muchos viven -como en Mendoza- en zonas muy frías del país. Mis comprovincianos de Malargüe pueden dar fe de ello, pese a ser el único departamento patagónico de la provincia y ser una importante fuente de combustibles para el país. El GLP es el combustible que utilizan los sectores más desprotegidos del país a lo que hay que sumar cuatro provincias donde no existe gas por redes en su territorio: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones”.
“Esta desprotección legal se agrava por los abusos que se dan en la red de comercialización de garrafas. Creemos que no alcanza con un precio sugerido. Necesitamos que YPF S.A, como empresa líder en el mercado, tenga una activa participación para garantizar el precio fijado”, explicó el senador y agregó “El mercado de distribución de gas comprimido se encuentra atomizado. El Estado debe actuar como facilitador de una distribución más equitativa y justa del producto, y para ello debe tener un rol central YPF S.A., una empresa de mayoría estatal y con presencia en todo el país. Es un error dejar al mercado lo que el Estado debe garantizar y procurar, velando siempre por la igualdad y bienestar de toda la sociedad”.
Finalmente, Cobos recordó que dicho proyecto “cuenta con el apoyo y el aval de asociaciones de defensa al consumidor y defensorías del pueblo de diferentes partes del país. Por eso buscamos igualar los derechos y permitir que millones de argentinos accedan a una garrafa de gas con una tarifa justa y uniforme en todo el territorio”.